Ejecutoria num. 1a./J. 63/2003 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26825101

Ejecutoria num. 1a./J. 63/2003 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 63/2003
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Marzo de 2004
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.DEMANDA. LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, SE CUMPLE CUANDO EL ACTOR HACE REMISIÓN EXPRESA Y DETALLADA A SITUACIONES, DATOS O A LOS CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ELLA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SONORA Y PUEBLA).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 26/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

El Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito al resolver el amparo antes citado, el trece de noviembre de dos mil uno, en la parte que interesa, consider�:

QUINTO. Por cuesti�n de m�todo, los argumentos que sustentan el primer concepto de violaci�n ser�n analizados en un orden diverso al en que fueron formulados. Sostiene la quejosa que no asiste raz�n a la autoridad responsable cuando en su sentencia se�ala que no existe oscuridad en la demanda inicial; que resulta jur�dicamente inaceptable que la omisi�n de narrar en la demanda los hechos base de la acci�n pueda subsanarse por la remisi�n que en aqu�lla se haga a los documentos base de la acci�n. Se�ala que del contenido de los art�culos 250 y 340, fracci�n III, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, se colige que la litis se integra con los escritos de demanda y contestaci�n, mas no con los documentos que se acompa�en a aqu�llos, y que s�lo podr�n ser tomados en consideraci�n al momento de pronunciar el fallo respectivo cuando se refieran a hechos que forman parte del debate. Agrega, que el art�culo 1197 del C�digo de Comercio dispone que ?S�lo los hechos est�n sujetos a prueba ...?, y el numeral 257 del c�digo local de procedimientos civiles establece que ?Ser�n objeto de prueba los hechos controvertidos.?; dispositivos legales que fueron infringidos por falta de aplicaci�n, pues con apoyo en una apreciaci�n inusitada y arbitraria se est� diciendo que las pruebas forman parte de los hechos controvertidos, ?revolucionando? el criterio que hasta ahora existe sobre el particular. Que la autoridad responsable, al estimar que los hechos base de la acci�n quedaron expuestos en los documentos que se acompa�aron a la demanda (certificado de adeudo y contrato base de la acci�n, en su cl�usula quinta, sin especificar a cu�l contrato se refer�a) violent� los preceptos legales citados, dej�ndola en estado de indefensi�n, al determinar que hechos ajenos a los expuestos en la demanda forman parte de la litis, por lo que la reo no pudo combatirlos al desconocer ese criterio novedoso. Se�ala que la parte demandada qued� inaudita, porque no pudo probar cuestiones de hecho que no adujo, tendentes a desvirtuar las pretensiones de la actora, por el simple motivo de que esta �ltima no especific� con claridad en su demanda, sino en los documentos que se anexaron al propio escrito inicial y que no integran la litis, ya que s�lo puede otorg�rseles eficacia probatoria en la medida que sean id�neos para acreditar lo expuesto en el cap�tulo de hechos de los ocursos de demanda y contestaci�n. Aduce que la autoridad responsable tambi�n violent� el art�culo 77 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, ya que con su incorrecta interpretaci�n del art�culo 227, fracci�n VI, de la misma legislaci�n, est� liberando a la demandante de la carga de expresar una relaci�n clara y sucinta de los hechos en que funda su demanda, de tal manera que el demandado pueda preparar y contestar su defensa, y que estableciera cu�l era el t�tulo o la causa de la acci�n ejercitada, sin que tal deficiencia pudiera ser superada por la remisi�n que la demandante hizo en el punto n�mero once de hechos de su demanda al ?certificado de adeudo?, ya que la litis se integra con los escritos de demanda y contestaci�n, como lo ordena el art�culo 250 ya citado. Refiere que la tesis invocada por el tribunal no aplica en el caso, porque el juicio del que deriva el acto reclamado no es hipotecario y la legislaci�n aqu� aplicable no es la del Estado de Yucat�n, porque en el caso que nos ocupa la demandada no fue omisa exclusivamente en indicar las mensualidades que dejaron de pagarse, y aun cuando fuera aplicable, es equivocada, en t�rminos de los criterios jurisprudenciales de rubros: ?ACCI�N. SU DEFICIENCIA NO PUEDE SER SUBSANADA POR EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS APORTADAS EN EL JUICIO.?, ?ACCI�N. NECESIDAD DE PRECISAR LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA.?, ?DEMANDA. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCI�N QUE SE INTENTA DEBEN PRECISARSE Y NO INFERIRSE DE LAS PRUEBAS QUE SE ACOMPA�EN.?, ?PRUEBAS, INEFICACIA DE LAS, SI TIENEN COMO MATERIA HECHOS NO MENCIONADOS EN LA DEMANDA O EN LA CONTESTACI�N.?, ?DEMANDA CIVIL, REQUISITOS DE LA.?, ?PRUEBAS. DEBEN RENDIRSE DE HECHOS MENCIONADOS EN LA DEMANDA.? y ?DEMANDA OBSCURA E IMPRECISA. (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE SINALOA).?. El concepto de violaci�n rese�ado es infundado. Los art�culos 227, 228, 250 y 528 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, disponen lo siguiente: ?Art�culo 227. Salvo los casos en que la ley disponga otra cosa, toda demanda deber� formularse por escrito, en el que se expresar�: I. El tribunal ante quien se promueve; II. El nombre y domicilio del actor; III. El nombre y domicilio del apoderado o representante legal y car�cter con que promueve, en su caso; IV. El nombre y domicilio del demandado, o la expresi�n de que la persona es incierta o desconocida, o bien que el domicilio se ignora; V. Los fundamentos de derecho, procurando citar los preceptos legales, doctrinas o principios aplicables; VI. Una relaci�n clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestaci�n y defensa, y quede establecido cu�l es el t�tulo o la causa de la acci�n que se ejercite, y VII. La enumeraci�n precisa y concreta de las peticiones que se someten al fallo del tribunal.?. ?Art�culo 228. Con toda demanda deber� acompa�arse: I. El poder que acredite la personalidad o representaci�n del que comparece en nombre de otro; II. Los documentos en que la parte interesada funde su derecho. Si el demandante no tuviere en su poder los documentos aludidos, deber� indicar el lugar en que se encuentren, solicitando las medidas tendientes a su incorporaci�n a los autos o a la expedici�n de testimonios de los mismos para ser agregados. Si los documentos obran en poder del demandado, el actor podr� pedir en la demanda que los exhiba, y el J. lo apremiar� por los medios legales, y si a�n se resistiere a hacer la exhibici�n o destruyere, deteriorare u ocultare aqu�llos, o con dolo o malicia dejare de poseerlos, satisfar� todos los da�os y perjuicios que se hayan seguido, quedando, adem�s, sujeto a la correspondiente responsabilidad penal por desobediencia a un mandato de autoridad. Si alegare alguna causa para no hacer la exhibici�n, se le oir� incidentalmente, y III. Tantas copias simples del escrito de demanda y de los documentos que acompa�e, cuantas fueren las personas demandadas. Si los documentos excedieren de veinticinco fojas, podr� el actor no presentar copias y en este caso quedar�n en la Secretar�a para que se instruyan las partes, ampli�ndose el plazo para contestar la demanda de un d�a m�s por cada cinco fojas de copias omitidas. Las copias de la demanda y de los documentos que acrediten la personalidad del promovente no podr�n omitirse.?. ?Art�culo 250. Los escritos de demanda y contestaci�n fijan normalmente el debate. En caso de rebeld�a se entender� fijado por el auto en que se haga la declaraci�n correspondiente.?. ?Art�culo 528. Para que proceda el juicio hipotecario, deber�n reunirse los siguientes requisitos: I. Que el cr�dito conste en escritura p�blica; II. Que sea de plazo cumplido; o que deba anticiparse conforme al contrato de hipoteca, o a la ley, y III. Que la escritura p�blica en que conste sea primer testimonio y est� debidamente registrada. Cuando el litigio sea entre los que contrataron la hipoteca, proceder� el juicio hipotecario sin necesidad del requisito del registro, siendo condici�n indispensable para inscribir la c�dula, que est� registrado el bien a nombre del demandado, y que no haya inscripci�n, embargo o gravamen en favor de tercero.?. El an�lisis integral de los preceptos legales transcritos deja de relieve que, contrario a lo afirmado por la quejosa, no existe prohibici�n alguna para remitirse a los documentos base de la acci�n, ello en relaci�n con los hechos de la demanda y, a�n m�s, el art�culo 228 del C�digo de Procedimientos Civiles vincula a la demanda los documentos en que el actor funde sus derechos, de ah� que fue correcta la determinaci�n de la autoridad responsable cuando estableci� que el J. de primera instancia hab�a infringido en perjuicio de la actora el contenido del art�culo 227 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, pues bastaba la simple lectura del punto n�mero once de hechos de la demanda para advertir que el actor manifest� que el incumplimiento de las obligaciones pactadas se acreditaba plenamente con el estado de cuenta certificado y expedido por el contador facultado por el banco, de donde se desglosaba claramente el n�mero de amortizaciones no pagadas, y del cual se evidenciaba claramente a partir de cu�ndo se dejaron de cubrir las amortizaciones, el tipo de inter�s que se aplic� a la tasa de mercado que se aplic� a cada erogaci�n, el margen diferencial, la actualizaci�n del margen diferencial, acumulaci�n al margen diferencial, la tasa actualizada del margen diferencial, el impuesto al valor agregado sobre cada uno de esos conceptos, el total por pagar, etc. Ahora bien, es cierto que de conformidad con lo establecido en el art�culo 250 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora la litis se establece con los escritos de demanda y contestaci�n, empero, en el caso, la actora vincul� el contenido de los documentos base de la acci�n a la demanda, al remitirse expresamente a su contenido, en los siguientes t�rminos: ?11. Por todo lo anterior, en la octava cl�usula se estableci� que mi representado podr�a dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago del adeudo, adem�s de los casos ordenados por la ley, por las cl�usulas, entre otras, si el cliente no cubriera tres o m�s de los pagos mensuales a que se oblig�, o si se dejaran de pagar los intereses moratorios en que se hubiere incurrido, o por el incumplimiento de las restantes obligaciones contra�das; todo lo cual se acredita plenamente con el estado de cuenta certificado y expedido por el contador facultado de mi representada que, junto con el contrato que al efecto se adjunta, acredit� que mi cliente ha cumplido con lo expresamente obligado.?. Por lo que resulta inconcuso que ello tambi�n form� parte de la demanda y, consecuentemente, de la litis en el juicio ...

El Tribunal Colegiado de referencia al resolver el amparo directo 780/2000, promovido por Banco Nacional de M�xico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex Accival, S.A. de C.V., el veintis�is de abril de dos mil uno, en esencia, se�al�:

QUINTO. ... Son esencialmente fundados los restantes argumentos, pues tal como lo aduce la impetrante del amparo, lo resuelto por la Sala responsable en el sentido de que ?... fue incorrecto el argumento utilizado por el juzgador para declarar la improcedencia de la excepci�n que nos ocupa.?. Esto es as� porque el juzgador afirm� que de acuerdo a lo narrado en el hecho n�mero dos del escrito de demanda el contrato se celebr� el ocho de octubre de mil novecientos noventa y dos; sin embargo, ello no equivale a sostener que esa fue la fecha de firma del contrato, porque el actor no lo dijo as� en su demanda ... no es acorde a lo que se desprende del examen de los autos, en tanto que, como lo refiere la quejosa, de los hechos que se hicieron constar en la demanda, en relaci�n con los documentos anexos a la misma, se desprende cu�l fue la fecha en la que se firm� el contrato base de la acci�n, ello tomando en consideraci�n que en los hechos antecedentes de la demanda se puntualiz� que: ?2. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, el d�a 8 de octubre de 1992, comparecieron ante el Lic. C.C.M.�oz, notario p�blico No. 11, suplente de esta ciudad, Banco Nacional de M�xico, S.A., a quien en adelante nombrar� como el banco y los CC. J.M.�n T.M. y B.I.C.T., a quien adelante designar� como el cliente, con la finalidad de celebrar un contrato de apertura de cr�dito e hipoteca, el cual se llev� a cabo a trav�s de la escritura p�blica 39588, volumen 929, mismo documento que se registr� el d�a 16 de octubre de 1992 ante el Registro P�blico de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, bajo el n�mero 133114, volumen 184 secci�n II, documental que anexo al presente escrito inicial de demanda.? (fojas 3 y 4 del juicio), manifestaci�n que no deja lugar a dudas que la firma del contrato base de la acci�n sucedi� el ocho de octubre de mil novecientos noventa y dos. Adem�s, del contenido de la escritura p�blica exhibida junto a la demanda no aparece que el notario p�blico ante quien se celebr� el contrato de cr�dito haya hecho anotaci�n alguna en el sentido de que la contrataci�n o firma se haya verificado en fecha distinta a aqu�lla en que se compareci� ante �l, y s� por el contrario, al finalizar el documento, apunt� que los comparecientes ratificaron y firmaron el documento en su presencia; atento a ello, debe concluirse que lo referido por la actora, relacionado con el contenido de las documentales exhibidas con la misma, espec�ficamente con la escritura p�blica en la que consta el contrato, permite establecer cu�l fue la fecha en que se firm� el pacto entre las partes; de ah� que lo expuesto por la responsable no es acorde con lo que se desprende de las constancias del juicio. Tambi�n asiste raz�n a la impetrante del amparo al aseverar que es incorrecta la consideraci�n de la juzgadora, en el sentido de que los demandados ignoraban la fecha en la que deb�an hacer sus pagos, y que tal dato no se hab�a proporcionado en la demanda pues, como lo refiere la quejosa, si los demandados no negaron haber hecho pagos a su acreditante en las fechas que refiri� la actora en su demanda, sino que s�lo refirieron que en la demanda no se precisaron las fechas en las que se venc�an los pagos, ni cu�les fueron las mensualidades que se dejaron de cubrir, pero en ning�n momento negaron que se hubieran hechos pagos a la actora por el periodo que �sta indic� en su demanda y en la certificaci�n contable, por ende, es claro que, como lo refiere la quejosa, los demandados ten�an conocimiento de la fecha en que deb�an realizar sus erogaciones, pues esto qued� establecido desde el momento en que se formaliz� el pacto ante notario p�blico, precis�ndose que la primera erogaci�n mensual se realizar�a el d�a h�bil anterior a la fecha en que se cumpliera un mes de haber sido firmado el contrato; y las restantes, en los mismos d�as durante los meses subsecuentes, de manera que s� se estableci� la fecha en la que se ten�a que realizar la erogaci�n mensual, y aun cuando la fecha de corte mensual establecida en la certificaci�n contable no coincide en calendario con los treinta d�as posteriores a la firma del contrato, en tanto en �ste se establece como fecha de pago el d�a h�bil anterior a la fecha en que se cumpliera un mes de haber sido firmado el contrato, tal diferencia s�lo implica un plazo mayor para los deudores para realizar su primer pago, pero de ning�n modo puede afirmarse que esa circunstancia impida a los demandados saber la fecha en la que deben hacer sus pagos mensuales, pues �sta qued� claramente establecida en el contrato. Tambi�n, como lo refiere la quejosa, si en la demanda se se�al� que los demandados s�lo cubrieron sus obligaciones mensuales hasta el mes de enero de mil novecientos noventa y tres, y a partir de esa fecha y hasta el veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y siete, en que elabor� la certificaci�n contable no hicieron ning�n pago, es evidente que la actora est� refiriendo un retraso en el pago de m�s de tres a�os y, en sana l�gica, las tres mensualidades consecutivamente vencidas y no pagadas corresponden o deben computarse a partir de la fecha en que se dijo se hizo el �ltimo pago, esto es, el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y tres, siendo esto una obviedad que la juzgadora dej� de considerar al emitir su fallo. Luego, como lo antes razonado deja de manifiesto que, contra lo afirmado por la Sala responsable, la actora s� satisfizo los extremos se�alados en el numeral 227, fracci�n VI, del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, ello conduce a conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitado para el efecto de que se deje insubsistente el fallo combatido y en su lugar se emita otro en el que tomando en consideraci�n lo expuesto en la presente ejecutoria, resuelva lo que en derecho corresponda ...

El citado Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo 4/2001, interpuesto por L.V.A. y otra, el nueve de agosto de dos mil uno, se�al� en el quinto considerando, despu�s de resumir los conceptos de violaci�n del quejoso, lo siguiente:

QUINTO. ... Es infundada la parte del concepto de violaci�n en que los quejosos aducen que el aspecto relativo a la disposici�n del cr�dito no puede ser materia de prueba, atendiendo a que no fue un hecho de la demanda y que, por tanto, no forma parte de la litis. En efecto, en primer t�rmino, contrario a lo que argumentan los quejosos, la disposici�n del cr�dito s� fue materia de la litis, pues aun cuando no lo haya manifestado expresamente la parte actora, lo cierto es que tal aspecto se desprende impl�citamente, atendiendo precisamente a que la actora ejercit� la acci�n de pago de pesos derivada de un contrato de cr�dito simple con garant�a hipotecaria, lo cual, necesariamente tiene como principio que el cr�dito cuyo pago reclaman haya sido ejercido y, para acreditar su acci�n, la actora exhibi� el contrato de m�rito en el que el notario p�blico asent� que, por una parte, L.V.A. y Mar�a M�nica E.D.M. y, por otra, el Banco Nacional de M�xico, Sociedad An�nima, comparecieron a celebrar un contrato de cr�dito con garant�a hipotecaria para la adquisici�n de vivienda residencial; adem�s, cabe se�alar que con independencia de lo anterior, tal circunstancia forma parte de la litis, precisamente por haber sido negada por los aqu� quejosos en su escrito de contestaci�n a la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 250 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, que establece: ?Art�culo 250. Los escritos de demanda y contestaci�n fijan normalmente el debate. En caso de rebeld�a se entender� fijado por el auto en que se haga la declaraci�n correspondiente.?. Ahora bien, contrariamente a lo que manifiestan los quejosos y tal como lo sostuvo la responsable, la acci�n ejercitada por la actora deriva de un contrato de cr�dito simple con garant�a hipotecaria y no de un contrato de cr�dito, ello en virtud de que tal circunstancia se advierte de la propia escritura p�blica, en la cual, si bien se estableci� que se trata de un contrato de cr�dito con garant�a hipotecaria hasta por quinientos treinta y seis mil pesos, lo cierto es que de su cl�usula tercera se advierte que en el acto del otorgamiento del contrato ambas partes cumplieron con sus obligaciones, sin que por otra parte se desprenda de alguna de sus cl�usulas que se hubiesen fijado plazos para la disposici�n del cr�dito, por lo que la instituci�n bancaria actora no estaba obligada a acreditar la disposici�n del cr�dito, como lo pretenden los quejosos, a trav�s de alg�n medio de prueba distinto al contrato base de la acci�n, en el que consta que en ese acto recibi� el dinero puesto a su disposici�n, otorgando para ello el recibo m�s eficaz que en derecho corresponde, de tal manera que si negaron la disposici�n del cr�dito, luego, ten�an a su cargo probar que lo asentado en la cl�usula tercera del referido contrato es falso y al no haberlo hecho as�, tal como lo expresa la responsable, hace prueba plena en su contra ...

El referido Tribunal Colegiado al resolver elamparo directo 85/2001, formulado por Banco Inverlat, Sociedad An�nima, Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero Inverlat, el veintisiete de septiembre de dos mil uno, en lo que interesa consider�:

QUINTO. En el primer concepto de violaci�n se�ala la parte quejosa, en s�ntesis, lo siguiente: ... Que no hubo la situaci�n de indefensi�n pretextada por la Sala responsable, que de la transcripci�n que ella misma hizo de los puntos de hechos de la demanda apareci� que se imput� a la demandada A.A.M.�oz Ca�ez de E. el incumplimiento de la obligaci�n de invertir el importe del cr�dito en la construcci�n de una casa habitaci�n en el lote que qued� en garant�a del pr�stamo, adem�s de que en el mismo contrato hab�a otorgado por la recepci�n del cr�dito el recibo m�s amplio y eficaz que en derecho corresponda. Que el J. natural estim� que la parte demandada no hab�a quedado en estado de indefensi�n, porque en la demanda se hab�a realizado una relaci�n sintetizada y clara de los hechos, lo que era suficiente al tenor del art�culo 227 del C�digo de Procedimientos Civiles de Sonora, para que la parte demandada pudiera preparar su defensa. Que la determinaci�n revocatoria que tom� la Sala responsable, sobre la base de que era imprecisa la demanda acerca de la disposici�n del cr�dito, no se encontr� acorde con la tesis jurisprudencial obligatoria, mediante la cual se fij� la directriz en cuanto al defecto u oscuridad en la forma de plantear la demanda, que la tesis jurisprudencial que no observ� la Sala responsable, con violaci�n del art�culo 193 de la Ley de Amparo, se consulta bajo la siguiente voz: ?OBSCURIDAD EXCEPCI�N DE. PROCEDENCIA.?. Que la responsable pas� por alto que las disposiciones del cr�dito inicial reclamado deb�an tenerse por admitidas, al tenor del art�culo 237 del C�digo de Procedimientos Civiles de Sonora, violado por falta de observancia, porque el silencio y las evasivas hacen que se tengan por admitidos los hechos sobre los cuales no se suscit� controversia; que no advirti� que en los puntos 2 y 3 de la contestaci�n de demanda, la demandada cantinfle� respecto del otorgamiento y disposici�n del cr�dito, recurriendo a meras evasivas como la supuesta falta de claridad de la demanda. Que la demandada nunca sostuvo en t�rminos categ�ricos que no se le haya entregado el cr�dito, sino que se dedic� a arg�ir que la demanda carec�a de claridad, que al haberse recurrido a meras evasivas en la contestaci�n de demanda deb�a tenerse por admitida la disposici�n, al tenor del art�culo 237 del c�digo procesal civil de Sonora. Que esta circunstancia no fue aquilatada debidamente por la Sala responsable, a pesar de que el art�culo 388, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles de Sonora, establece que no pueden abordarse en la alzada cuestiones no alegadas o consentidas por las partes en primera instancia, salvo la revisi�n forzosa cuya actualizaci�n no acontece en este caso. Que no desvirt�a lo anterior la circunstancia de que la demandada haya negado en t�rminos gen�ricos los puntos 2 y 3 del escrito de demanda, en virtud de que el art�culo 258, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles de Sonora, que dice la quejosa, tampoco fue cumplido por la Sala responsable, establece que cuando la negaci�n envuelva la afirmaci�n expresa de un hecho concreto susceptible de prueba o que se desconozca una presunci�n legal que tenga a su favor el colitigante se requiere de prueba a cargo de la parte respectiva. ... Que las supuestas omisiones de la demanda no pueden ser causa de una absoluci�n de la instancia, por tratarse de cuestiones accesorias que no pueden afectar al cr�dito principal. Que ninguno de los preceptos aducidos en el fallo impide que en la demanda se hiciera remisi�n a los documentos acompa�ados con la misma. Que adversamente a lo resuelto por la Sala responsable, el art�culo 266, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles de Sonora, violado por falta de observancia, ordena que los documentos y pruebas que se acompa�en con la demanda y contestaci�n y escritos adicionales, ser�n tomados como prueba, aunque la parte no los ofrezca. Que esto constituye un desmentido al af�n de la Sala responsable de estimar que solamente la demanda es la que participa en la fijaci�n del debate y no el contrato base de la acci�n y el estado de cuenta certificado que exhibi�. Que el art�culo 250 del mismo c�digo dispone que los escritos de demanda y contestaci�n fijan normalmente el debate, pero dicho precepto dice que eso es normalmente, pero si se relaciona este numeral arm�nicamente con el 228, fracci�n II y con el 266, fracci�n II, del propio c�digo, se arriba a la conclusi�n de que tambi�n los documentos acompa�ados con la demanda participan en la integraci�n del debate. Con apoyo a lo anterior se invoca la tesis: ?JUICIO HIPOTECARIO POR VENCIMIENTO ANTICIPADO. EL HECHO DE QUE EN LA DEMANDA NO SE PRECISEN LAS MENSUALIDADES NO PAGADAS, SE CONVALIDA SI ESTAS APARECEN EN EL ESTADO DE CUENTA RESPECTIVO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE YUCAT�N).?. Que s� es factible que el actor se remita a los documentos que exhibe con la demanda, y que el J. tome en cuenta tales documentos en su sentencia, aunque en la demanda no queden expl�citos datos o informaci�n contenida en tales documentos. Al no existir expresa prohibici�n de que el actor se remita en la demanda al texto de los documentos base de la acci�n cobra cabida el principio de econom�a procesal, por el cual, para evitar repeticiones innecesarias que abulten los expedientes o hagan m�s onerosa la formulaci�n de una demanda, es admisible que el actor en la relaci�n de hechos se remita a dichos documentos fundatorios, de modo que al no haberlo considerado as� la Sala responsable viol� las garant�as consagradas por los art�culos 14, 16 y 17 constitucionales. Es fundado el anterior concepto de violaci�n. En efecto, contrario a lo estimado por la Sala responsable, no se dej� en estado de indefensi�n a la parte demandada en el juicio natural, en virtud de que el escrito de demanda de fecha quince de enero de mil novecientos noventa y ocho s� satisface los requisitos que prev� el art�culo 227 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aunado a que el banco actor acompa�� debidamente los documentos fundatorios de la acci�n demandada, como lo fue el contrato de mutuo con inter�s y garant�a hipotecaria de fecha once de enero de mil novecientos noventa y tres que celebr� con la demandada A.A.M.�oz Ca�ez de E., as� como el estado de cuenta certificado, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 228 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. Ahora bien, del contenido de los preceptos legales citados y contrario a lo se�alado por la responsable, no se advierte prohibici�n alguna que impidiera al banco actor remitirse a los documentos que acompa�� a su demanda, particularmente a las cl�usulas de la primera a la quinta, octava, novena y d�cima del contrato de hipoteca, as� como al estado de cuenta certificado, pues si bien es cierto que la litis se obtiene de la demanda y su contestaci�n, de acuerdo con el art�culo 250 de la citada codificaci�n, tambi�n lo es que la parte actora se remiti� expresamente al clausulado del contrato de hipoteca, as� como al estado de cuenta certificado, vinculando su contenido a los hechos de la demanda. Por otra parte y como lo aduce el banco quejoso, los requisitos de procedencia previstos en el art�culo 528 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora se encuentran satisfechos, en el entendido de que las circunstancias de disposici�n del cr�dito principal y del adicional, as� como la forma en que se generan los intereses, no est�n consideradas como elementos para dicha procedencia, como a continuaci�n se demostrar�. En el escrito de demanda de fecha quince de enero de mil novecientos noventa y ocho, el apoderado legal del banco actor expuso lo que a continuaci�n se escanea: En las cl�usulas primera a la quinta, octava, novena y d�cima del contrato de mutuo con inter�s y garant�a hipotecaria de fecha once de enero de mil novecientos noventa y tres, las partes convinieron en los siguientes t�rminos: (se transcriben). Mientras que en el estado de cuenta certificado, que el banco actor agreg� a la demanda, se obtiene lo que a continuaci�n se escanea: Los art�culos 227, 228, 250 y 528 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, precept�an lo siguiente: (se transcriben). En el considerando s�ptimo de la sentencia reclamada, de fecha veintitr�s de noviembre de dos mil, en la parte que la responsable declar� fundado el quinto agravio hecho valer por la demandada, resolvi� lo siguiente: (se transcribe). En raz�n de lo anterior y contrario a lo se�alado por la autoridad responsable, del contenido del escrito de demanda de fecha quince de enero de mil novecientos noventa y ocho se advierte que el banco quejoso satisfizo los requisitos que para dicho ocurso se�ala el art�culo 227 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, concretamente en lo que aqu� interesa el nombre de la demandada y la acci�n intentada en su contra, siendo la se�ora A.A.M.�oz Ca�ez de E., frente a quien promovi� la acci�n real hipotecaria, reclam�ndole el pago de las prestaciones que puntualiz� en los incisos a), b), c), d), e), f) y g), derivadas de la celebraci�n del contrato de mutuo con inter�s y garant�a hipotecaria, de fecha once de enero de mil novecientos noventa y tres, seg�n escritura p�blica n�mero 25946, volumen 906, levantada ante la fe del notario p�blico n�mero treinta y seis, con residencia en esta ciudad; de igual forma, el banco actor, por conducto de su representante legal, relacion� en once puntos los hechos en que fund� su demanda agregando a �sta los documentos base de la acci�n, como lo fue el citado contrato de mutuo con inter�s y garant�a hipotecaria, as� como el estado de cuenta certificado al d�a treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete, tal como lo dispone el art�culo 228 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. Ahora bien, le asiste la raz�n a la parte quejosa cuando aduce que de los art�culos 227 y 228 del c�digo adjetivo civil del Estado no se advierte prohibici�n alguna que le impidiera remitirse a los citados documentos fundatorios de la acci�n, ello en la relaci�n de los hechos de su demanda, donde concretamente se refiri� a las cl�usulas primera, tercera, cuarta, quinta, octava, novena y d�cima del contrato de mutuo con garant�a hipotecaria, as� como al contenido del estado de cuenta certificado, ello con el objeto, en lo que aqu� interesa, de precisar la disposici�n del cr�dito, tanto inicial como adicional, as� como los intereses moratorios causados, seg�n se advierte en los hechos marcados con los n�meros dos, tres, cuatro y cinco; por tanto, si bien es cierto que de conformidad con el art�culo 250 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora la litis se establece de la demanda y su contestaci�n, tambi�n lo es que la parte actora vincul� el contenido de dichos documentos al remitirse expresamente a su contenido, por lo que resulta inconcuso que ello tambi�n form� parte de la demanda y, consecuentemente, de la litis en el juicio, en el entendido de que la demandada controvirti� los referidos hechos en su escrito de contestaci�n de fecha once de febrero de mil novecientos noventa y ocho, visible a fojas veinticuatro a veintiocho del juicio natural ...

CUARTO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver el amparo directo 492/99, promovido por B., S.A., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero, el doce de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en esencia se�al�:

QUINTO. ... Esto es, independientemente del estudio realizado por la juzgadora de la demanda, su contestaci�n y los documentos base de la acci�n, lo cierto fue que en ning�n momento realiz� el estudio del fondo de la litis planteada con base en las pruebas aportadas para justificar la acci�n imputada y las excepciones opuestas, pues dicho an�lisis, cuando m�s, lo llev� a cabo para declarar la improcedencia de la v�a y acci�n intentadas e, incluso, dej� a salvo los derechos de la parte actora para ejercitarlos en la v�a y forma correspondientes, lo que no hubiera sido posible en caso de efectuarse el estudio de fondo de la demanda y su contestaci�n. Conviene destacar que el hecho de que el C�digo de Comercio o el C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de aplicaci�n supletoria a aqu�l, no establezcan expresamente como excepci�n la oscuridad de la demanda, no quiere decir que �sta no pueda ser oponible en juicio por no contemplarla la ley concretamente en alguno de sus numerales, ya que no debe pasarse por alto que las excepciones son las defensas que la parte demandada hace valer en contra del contenido de la demanda del actor, y dichas defensas pueden ser cualesquiera que el interesado pueda oponer a su contraparte y en protecci�n de sus intereses, m�xime si la misma deriva de alguna disposici�n de ley, como lo es la falta de cumplimiento de los requisitos de demanda que previene el art�culo 229 del referido c�digo procesal civil, aplicado supletoriamente al C�digo de Comercio conforme a su numeral 1054; en apoyo de lo anterior, cabe decir que el art�culo 218 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla establece dos clases de excepciones, las dilatorias y las perentorias, conforme al art�culo 219 son dilatorias la de falta de personalidad de las partes y las dem�s que tengan por efecto impedir que se dicte sentencia en contra del fondo del negocio y, por �ltimo, el diverso 220 establece que las perentorias destruyen la acci�n, de lo que se colige que dicho ordenamiento procesal civil solamente previene en general las clases de excepciones, pero no se�ala expresamente cada una de ellas, pues �stas dependen de cada caso en particular. Por lo que hace al art�culo 1403 del C�digo de Comercio, cabe decir que �ste se refiere �nica y exclusivamente a las excepciones personales que el demandado puede oponer en contra de cualquier documento mercantil que traiga aparejada ejecuci�n, pero no en forma limitativa, sino s�lo enunciativa, habida cuenta que la parte demandada se encuentra en aptitud de hacer valer cualquiera otra defensa que tenga en contra del actor, m�s a�n cuando �sta deriva de alguna disposici�n de ley aplicable, como lo es en el caso concreto en la oscuridad de la demanda, en los t�rminos referidos. Precisado lo anterior, cabe establecer que el art�culo 229, fracci�n V, del C�digo de Procedimientos Civiles establece, entre otros, como requisito de la demanda ?la relaci�n clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda?. Por su parte, los art�culos 1194 y 1197 del C�digo de Comercio se�alan que el que afirma se encuentra obligado a probar, y que ?en consecuencia, el actor debe probar su acci�n y el reo sus excepciones?, y que s�lo los hechos est�n sujetos a prueba. Asimismo, conforme a lo sustentado por el art�culo 263 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, aplicado supletoriamente al C�digo de Comercio en t�rminos de su numeral 1054, previene que: ?El actor debe probar los hechos constitutivos de sus acciones y el demandado los de sus excepciones.?. Del an�lisis relacionado de tales preceptos se colige que si la ley impone la obligaci�n al actor de hacer una relaci�n clara y sucinta de los hechos fundatorios de su demanda y de acreditarlos, es menester que indique expresa y cabalmente todos y cada uno de los extremos expuestos como hechos base de su acci�n, acompa�ar los documentos fundatorios de la misma (art�culo 230, fracci�n II, del c�digo procesal civil en cita, aplicado supletoriamente en los t�rminos mencionados), con la carga procesal de acreditar sus afirmaciones durante la secuela del juicio a trav�s de los medios de convicci�n que aporte para tal fin. En la especie, seg�n consta del escrito de demanda que obra de fojas veintisiete a treinta y cinco del expediente de origen, ciertamente el apoderado legal del hoy quejoso se�al� con exactitud las prestaciones reclamadas a los demandados, hoy terceros perjudicados, como lo fueron las cantidades concretas por concepto de capital insoluto, intereses moratorios, prima de seguro, pagos adicionales no cubiertos y las mensualidades que se siguieran venciendo; en el cap�tulo de hechos, puntos uno a quince, indic� lo relativo a la personalidad del promovente, as� como lo referente al contrato de cr�dito y sus condiciones que originaron el adeudo, pero en el punto diecis�is, al indicar la causa por la cual dio por vencido anticipadamente el plazo del pago del cr�dito, �nicamente se concret� a se�alar lo siguiente: ?16. Debido a que los demandados han dejado de cubrir el capital, intereses moratorios, primas de seguro, pagos adicionales y pagos mensuales del cr�dito a que est�n obligados, se han concretado las hip�tesis de dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago del cr�dito, contenidas en los incisos b), d), y f), de la cl�usula d�cima quinta del contrato, tal como consta en la certificaci�n contable del estado de cuenta que anexo al presente escrito y que en t�rminos del art�culo 68 de la Ley de Instituciones de Cr�dito constituye, junto con el contrato, el t�tulo ejecutivo en que fundo la acci�n que ejercito; motivo por el cual, acudo a esta instancia, a fin de obtener el pago de lo adeudado; no est� por dem�s se�alar que los incisos b), d) y f) de la cl�usula d�cima quinta del contrato de cr�dito a que hizo alusi�n la actora en el juicio de origen, los transcribi� en el punto catorce de hechos del escrito inicial, al tenor siguiente: B) Si el acreditado no cubriere dos o m�s de los pagos mensuales a que estuviera obligado o uno de los pagos adicionales tambi�n convenidos, o dejare de pagar los intereses causados por la mora en que haya incurrido; D) Si el acreditado no pagare a mi representada las cantidades que �sta haya cubierto por su cuenta por los conceptos relacionados en el contrato; y, F) Si el acreditado no pagare a la compa��a de seguros o a mi representada, en su caso, el importe de las primas o de sus intereses.?. De lo antes precisado, se advierte que el hoy quejoso omiti� indicar en su escrito inicial los pagos mensuales (dos o m�s) o el pago adicional que los demandados dejaron de cubrir, las cantidades que dejaron de pagar y que la instituci�n haya cubierto por su cuenta por los conceptos relacionados en el contrato, o cu�les fueron los importes de primas o intereses que no pagaron a la compa��a de seguros o, en su caso, al banco, aun cuando precisamente la procedencia de la v�a ejecutiva y de su acci�n y, por ende, el pago de sus reclamaciones, las hizo derivar de las hip�tesis de vencimiento anticipado del contrato de cr�dito contenidas en la citada cl�usula d�cima quinta incisos b), d) y f) del contrato de cr�dito. Por consiguiente, fue menester que se�alara en los hechos constitutivos de su escrito inicial concretamente cu�les y con qu� fechas se dejaron de cubrir los conceptos correspondientes, para de esta forma no dejar en estado de indefensi�n a la parte demandada y, por otro lado, dar oportunidad al J. del conocimiento de dictar sentencia en t�rminos de ley conforme a los hechos constitutivos de la demanda y de la contestaci�n, sin necesidad de remitirse a diverso documento para la interpretaci�n y comprensi�n de los mismos. No es obst�culo para lo anterior que en su demanda el hoy quejoso se hubiera remitido, como apoyo de sus afirmaciones expuestas en el cap�tulo de hechos, principalmente en el n�mero diecis�is, a la certificaci�n contable que acompa�� con la misma, en cuyo documento se hubiera hecho constar la fecha de vencimiento de los conceptos con base en los cuales se dio por vencido anticipadamente el plazo para el pago del adeudo y la �poca de los interesesgenerados por los pagos omisos. Lo anterior es as�, toda vez que los documentos que se exhibieron con el escrito inicial tuvieron el efecto de cumplir con lo establecido por el art�culo 230, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que impone la obligaci�n al actor de acompa�ar con el escrito de demanda el o los documentos fundatorios de la acci�n, y tambi�n el que en su momento fueran tomados en cuenta para acreditar los extremos de su acci�n, pero no de subsanar la deficiencia o imprecisi�n de los hechos constitutivos del escrito inicial en que de cualquier forma dej� de cumplirse con esta exigencia ante la citada omisi�n u oscuridad del mismo. Al caso tiene aplicaci�n la tesis sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado de este Sexto Circuito, visible bajo el n�mero VI.1o.83 C, en la p�gina ciento setenta y ocho, Tomo IX de marzo de mil novecientos noventa y dos de la Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?DEMANDA. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCI�N QUE SE INTENTA DEBEN PRECISARSE Y NO INFERIRSE DE LAS PRUEBAS QUE SE ACOMPA�EN. Resulta ilegal aceptar, que se tengan como hechos de la demanda, los contenidos en las constancias que se ofrezcan como prueba y se acompa�en a la misma, porque se deja en estado de indefensi�n a la parte demandada.?. Por cuanto a esa cuesti�n, debe indicarse que aun en el supuesto de que la quejosa tuviera raz�n porque el c�lculo de intereses realizado con base en instrumentos o cantidades distintos a los pactados en el contrato de cr�dito sea m�s bien materia de excepciones de la contestaci�n de la demanda y de objeci�n a los documentos base de la acci�n, pero no requisito indispensable para considerarse a la certificaci�n bancaria como t�tulo ejecutivo, y que adem�s la parte demandada en el juicio de origen no hubiera se�alado con precisi�n en su escrito de contestaci�n la ineficacia del certificado contable, precisamente por el hecho de no haberse calculado los intereses con base en lo pactado en el contrato de cr�dito; como quiera que sea, esta raz�n por s� misma ser�a insuficiente para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, habida cuenta que seg�n se estableci� con anterioridad, estuvo en lo correcto la Sala responsable en declarar la improcedencia de la acci�n en la v�a ejecutiva, por no haber precisado el actor en el juicio de origen en los hechos constitutivos de su escrito de demanda en qu� fechas dejaron de cubrirse los conceptos correspondientes que originaron el vencimiento anticipado del contrato de cr�dito, conforme a las hip�tesis establecidas en el mismo, lo que por s� solo es suficiente para fundar el sentido de la sentencia reclamada ...

El tribunal de referencia al resolver el amparo directo 501/99, interpuesto por Banco Bilbao Vizcaya M�xico, S.A., Instituci�n de Banca M�ltiple Grupo Financiero BBV, Probursa, el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve, consider� esencialmente:

QUINTO. Son infundados en parte e inoperantes en lo dem�s los conceptos de violaci�n. ... La quejosa aduce tambi�n que son violatorios de garant�as los argumentos de la autoridad responsable, porque en t�rminos de la demanda planteada y del razonamiento congruente de todos y cada uno de los hechos constitutivos de la acci�n ejercitada se desprende que en la demanda s� se estableci� el hecho concerniente a dar por vencidas anticipadamente las obligaciones, tanto principales como accesorias, derivadas del convenio base de la acci�n, entre las cuales se encuentra el pago de los intereses moratorios, remitiendo para el c�lculo de dichos intereses el estado de cuenta certificado que tambi�n fue exhibido con la demanda, en la que narr� con claridad los documentos fundatorios y les dio forma y validez necesaria a los hechos, para que fueran considerados oportunamente por la responsable y que de una interpretaci�n de lo dispuesto por la fracci�n V del art�culo 229 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla se desprende que �sta no menciona que se deben acreditar los hechos, sino que se refiere a la concatenaci�n l�gica de los mismos; agregando, que si el tribunal responsable confundi� la procedencia de la acci�n con uno de los requisitos de forma, esto lo debi� prever al momento de dictar el primer prove�do del juicio de origen, a fin de desechar la demanda, invocando la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: ?T�TULOS EJECUTIVOS. REQUISITOS PARA QUE LOS INSTRUMENTOS P�BLICOS LOS CONSTITUYAN.?. Son infundados los anteriores conceptos de violaci�n, en virtud de que el art�culo 229, fracci�n V, del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla establece, entre otros, como requisito de la demanda ?la relaci�n clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda?. Por su parte, los art�culos 1194 y 1197 del C�digo de Comercio se�alan que el que afirma se encuentra obligado a probar, y que ?en consecuencia, el actor debe probar su acci�n y el reo sus excepciones?, y que s�lo los hechos est�n sujetos a prueba. Asimismo, conforme lo dispuesto por el art�culo 263 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, aplicado supletoriamente al C�digo de Comercio en t�rminos de su numeral 1054, previene que: ?El actor debe probar los hechos constitutivos de sus acciones y el demandado los de sus excepciones.?. Del an�lisis relacionado de tales preceptos, se colige que si la ley impone a la actora la obligaci�n de hacer una relaci�n clara y sucinta de los hechos fundatorios de su demanda y de acreditarlos, es menester que indique expresa y cabalmente todos y cada uno de los extremos expuestos como hechos base de su acci�n, acompa�ar los documentos fundatorios de la misma (art�culo 230, fracci�n II, del c�digo procesal civil en cita, aplicado supletoriamente en los t�rminos mencionados), con la carga procesal de poder acreditar sus afirmaciones durante la secuela del juicio a trav�s de los medios de convicci�n que aporte para tal fin. En la especie, seg�n consta del escrito de demanda que obra a fojas uno a ocho del expediente de origen, ciertamente el apoderado legal del banco hoy quejoso se�al� con exactitud las prestaciones reclamadas a los demandados, hoy terceros perjudicados, como lo fueron las cantidades concretas por concepto de capital insoluto, intereses ordinarios y moratorios, prima de seguro, as� como los gastos y costas del juicio; en el cap�tulo de hechos, puntos uno a quince, indic� lo relativo a la personalidad del promovente, as� como lo referente al contrato de cr�dito y las condiciones que originaron el adeudo; pero en el punto diecis�is al indicar la causa por la cual solicit� que se diera por vencido anticipadamente el plazo del pago del cr�dito, �nicamente se concret� a se�alar lo siguiente: ?Tal como lo acredito con los dos estados de cuenta certificados, expedidos por el contador facultado por mi representada, seg�n se indica con el instrumento notarial n�mero cincuenta y seis mil novecientos diecinueve de la Notar�a N�mero Ciento Treinta y Siete de las de M�xico, Distrito Federal, mismo que exhibo con la presente demanda para efectos del art�culo 68 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, y mediante el cual se comprueba que los ahora demandados no han hecho pago de las obligaciones pactadas en el convenio, as� como tampoco de las primas de seguros convenidos, mi representada ha tomado la decisi�n de exigir todas y cada una de las prestaciones, tanto principales como accesorias, que se derivan del mismo, ya que no obstante las gestiones extrajudiciales que en lo particular he realizado no he obtenido respuesta alguna por parte de los ahora demandados.?. De lo antes transcrito, se advierte que el hoy quejoso omiti� precisar en su escrito inicial los pagos mensuales (dos o m�s) que los demandados dejaron de cubrir, las cantidades que omitieron de pagar y que la instituci�n haya cubierto por su cuenta por los conceptos relacionados con el contrato, aun cuando precisamente la procedencia de la v�a ejecutiva y de su acci�n y, por ende, el pago de sus reclamaciones, las hizo derivar de las hip�tesis de vencimiento anticipado del contrato de cr�dito. Por consiguiente, fue menester que se�alara en los hechos constitutivos de su escrito inicial concretamente cu�les y en qu� fechas se dejaron de cubrir los conceptos correspondientes, para de esta forma no dejar en estado de indefensi�n a la parte demandada y, por otro lado, dar oportunidad a la J. del conocimiento de dictar sentencia en t�rminos de ley, conforme a los hechos constitutivos de la demanda y de la contestaci�n, sin necesidad de remitirse a diverso documento para la interpretaci�n y comprensi�n de los mismos. No es obst�culo para lo anterior que en su demanda la hoy quejosa se hubiera remitido, como apoyo de sus afirmaciones expuestas en el cap�tulo de hechos, a la certificaci�n contable que acompa��, en cuyo documento se hubiera hecho constar la fecha de vencimiento de los conceptos con base en los cuales se daba por vencido anticipadamente el plazo para el pago del adeudo y la �poca de los intereses generados por los pagos omisos. Lo anterior es as�, toda vez que los documentos que se exhibieron con el escrito inicial tuvieron el efecto de cumplir con lo establecido por el art�culo 230, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que impone la obligaci�n al actor de acompa�ar con el escrito de demanda el o los documentos fundatorios de la acci�n y tambi�n el que en su momento fueran tomados en cuenta para acreditar los extremos de su acci�n, pero no de subsanar la deficiencia o imprecisi�n de los hechos constitutivos del escrito inicial, en que de cualquier forma dej� de cumplirse con esta exigencia ante la citada omisi�n u oscuridad del mismo. Al caso tiene aplicaci�n la tesis sustentada por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver el juicio de amparo directo 492/99, que dice: ?DEMANDA. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCI�N QUE SE INTENTA DEBEN PRECISARSE Y NO INFERIRSE DE LAS PRUEBAS QUE SE ACOMPA�EN.? (se transcribe). En consecuencia, debe decirse que, contrario a lo expresado por la parte quejosa, la sentencia reclamada s� se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que en la misma la autoridad responsable se apoy� en los art�culos 506 y 508 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, de aplicaci�n supletoria al 1054 del C�digo de Comercio, art�culo 1327 de este �ltimo cuerpo de leyes y el diverso 68 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, se�alando en esencia que la juzgadora tiene la facultad de analizar de manera oficiosa la procedencia de la acci�n ejercitada, que la sentencia se ocupar� exclusivamente de las acciones deducidas y excepciones opuestas, por lo que el demandante est� obligado a narrar los hechos fundatorios de sus pretensiones, siendo indebido que se subsane o var�e la materia de la litis por medio de una certificaci�n contable, de lo que se deduce que dicha autoridad s� estableci� la adecuaci�n del caso concreto sujeto a estudio a esas hip�tesis legales.

El citado Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo 294/2000, formulado por B., Sociedad An�nima, Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero, el veintinueve de junio de dos mil, adujo esencialmente:

QUINTO. Son infundados los conceptos de violaci�n expresados en la demanda de garant�as. ... Ahora bien, conviene precisar que en cada juicio el an�lisis de la procedencia de la acci�n debe hacerse conforme a los hechos constitutivos de la misma y conforme a los requisitos que para cada caso establezca la ley; as�, tenemos que el art�culo 229, fracci�n V, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, aplicado supletoriamente al C�digo de Comercio conforme a su art�culo 1054, establece, entre otros, como requisito de la demanda: ?La demanda deber� formularse por escrito, y en ella se expresar�: ... V. La relaci�n clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda.?. Por su parte, los art�culos 1194 y 1197 del C�digo de Comercio se�alan que el que afirma se encuentra obligado a probar y que ?en consecuencia, el actor debe probar su acci�n y el reo sus excepciones?, y que s�lo los hechos est�n sujetos a prueba y, por �ltimo, el art�culo 263 del citado C�digo de Procedimientos Civiles tambi�n aplicado supletoriamente al C�digo de Comercio, previene que: ?El actor debe probar los hechos constitutivos de sus acciones y el demandado los de sus excepciones.?. Del an�lisis relacionado de tales preceptos se colige que si la ley impone la obligaci�n al actor de hacer una relaci�n clara y sucinta de los hechos fundatorios de su demanda y de acreditarlos, es menester que indique expresa y cabalmente todos y cada uno de los extremos expuestos como hechos base de su acci�n, acompa�ar los documentos fundatorios de la misma (art�culo 230, fracci�n II, del c�digo procesal civil en cita, aplicado supletoriamente en materia mercantil en t�rminos del art�culo 1054 del C�digo de Comercio), con la carga procesal de acreditar sus afirmaciones durante la secuela del juicio, a trav�s de los medios de convicci�n que aporte para tal fin. Siendo obviamente necesario que tanto los documentos base de la acci�n como las pruebas que aporte tengan relaci�n con los hechos materia de la acci�n ejercitada. As� las cosas, es con base en tales extremos en que el juzgador estar� o no facultado para determinar lo relativo a la procedencia o improcedencia de la acci�n al momento de emitir la sentencia correspondiente. En ese orden de ideas, independientemente de que la parte demandada haga valer los medios de defensa o excepciones que a su inter�s convengan, como quiera que sea, el juzgador, al analizar la procedencia de la acci�n, debe establecer si los hechos constitutivos de la misma son acordes con los documentos base de la acci�n y, adem�s, si se demostraron por medio de las pruebas ofrecidas para tal fin; sin embargo, ello no significa que por esa raz�n el demandado quede liberado de su carga de oponer las excepciones procedentes que estime convenientes, entre otras, la de oscuridad de la demanda. En la especie, del escrito de demanda del expediente de origen se observa que ciertamente la parte amparista se�al� con exactitud las prestaciones reclamadas a los demandados, ahora terceros perjudicados, que consistieron en el pago de doscientos sesenta y siete mil trescientos diecisiete pesos con veintid�s centavos, como suerte principal de la cantidad de dos mil dos pesos con cuarenta y cinco centavos, por concepto de primas correspondientes a los seguros de vida e invalidez total y permanente, y seguro contra da�os, que la instituci�n bancaria cubri� en t�rminos de las cl�usulas d�cima segunda y d�cima tercera del contrato de apertura de cr�dito, m�s las que se sigan causando hasta la total liquidaci�n del adeudo, como se desprende del estado de cuenta certificado que se acompa�a; de la cantidad de treinta mil ochocientos veinte pesos con sesenta y nueve centavos, por concepto de pagos mensuales vencidos, calculados al d�a dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, m�s los que se sigan venciendo hasta la terminaci�n del asunto, de conformidad con el estado de cuenta certificado que se anex� a la demanda y las cl�usulas quinta y sexta del contrato de apertura de cr�dito fundatorio de la acci�n; de la cantidad de doce mil doscientos cincuenta y cinco pesos con sesenta y dos centavos, por concepto de intereses moratorios, calculados al d�a dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, m�s los que se sigan generando hasta la terminaci�n del asunto, de conformidad con el estado de cuenta certificado y la cl�usula novena del contrato de apertura de cr�dito base de la acci�n; la entrega inmediata de la posesi�n del inmueble hipotecado, en t�rminos de la cl�usula d�cima sexta del contrato de apertura de cr�dito base de la acci�n; y el pago de gastos y costas; y tambi�n es cierto que en el cap�tulo de hechos de la misma se indic� que de acuerdo al instrumento notarial que se acompa��, el dos de enero de mil novecientos noventa y dos, la instituci�n bancaria actora celebr� con Sa�l M.L. e H.R.F. de Madrigal el contrato de apertura de cr�dito simple con garant�a hipotecaria, fundatorio de la acci�n, hasta por la cantidad de cuatrocientos veinte mil pesos, de la cual �stos dispusieron a la firma del contrato; de la cantidad de sesenta mil pesos, quedando como cr�dito adicional la suma de trescientos sesenta mil pesos, con la finalidad de aplicarlo al pago de intereses; que de dicho cr�dito adicional, los enjuiciados han dispuesto de la suma de doscientos siete mil trescientos diecisiete pesos con veintid�s centavos; que los acreditados se obligaron a pagar solidariamente el importe del cr�dito m�s intereses ordinarios y moratorios conforme a las tasas estipuladas en dicho contrato, para lo cual garantizaron su pago mediante hipoteca de determinado bien inmueble de su propiedad. No obstante, tambi�n se aprecia que la propia parte actora apoy� su pretensi�n de dar por vencido anticipadamente el plazo del contrato y, por ende, su derecho de obtener el pago de la suerte principal, intereses pactados y dem�s prestaciones reclamadas, en el hecho de que los demandados dejaron de cumplir con los pagos peri�dicos a que se obligaron, esto conforme a lo precisado en los puntos trece, catorce y quince de hechos, cuyo respectivo tenor literal es el siguiente: ?13. Igualmente se convino, en la cl�usula d�cima quinta del contrato de apertura de cr�dito, que B. podr�a dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago del adeudo y exigir el pago de la suerte principal, los intereses devengados e insolutos y las dem�s cantidades que deban pag�rsele en los t�rminos del contrato, adem�s, en los casos en que la ley as� lo ordene, entre otros casos, si el acreditado dejaba de cubrir puntualmente dos o m�s de los pagos mensuales convenidos, as� como si dejaba de cumplir con cualquiera de las obligaciones derivadas del citado contrato de apertura de cr�dito simple con garant�a hipotecaria. 14. Asimismo, se convino que el acreditado se obligaba a entregar a B. o al depositario que �ste designara la tenencia material o posesi�n del inmueble dado en garant�a, lo anterior en el caso de que, en virtud de los t�rminos contratados, se hicieran exigibles las obligaciones que se derivan del contrato de apertura de cr�dito simple, con base en lo convenido en la cl�usula d�cima sexta. 15. Es el caso de que los ahora demandados han dejado de cumplir con las obligaciones de pago que se acordaron en el contrato de apertura de cr�dito simple e hipoteca, como es el hecho de que dejaron de cubrir puntualmente los pagos mensuales convenidos, tal como se desprende del estado de cuenta certificado que al efecto se exhibe, expedido por el contador facultado por nuestra poderdante, motivo por el cual y en t�rminos de la cl�usula d�cima quinta del citado contrato de apertura de cr�dito simple, es por lo que se est� dando por vencido anticipadamente el plazo para el pago del adeudo y, raz�n por la cual, comparecemos ante su Se�or�a promoviendo juicio ejecutivo mercantil, en virtud de la falta de cumplimiento de las obligaciones que se han estipulado; reclamando todas y cada una de las prestaciones referidas en el proemio de este escrito, as� como todas aqu�llas que por su propia naturaleza se deduzcan del contrato de apertura de cr�dito simple e hipoteca, documento base de la acci�n ejercitada.?. De lo antes precisado se advierte, como de manera correcta lo sostuvo el tribunal de alzada, que efectivamente la parte ahora amparista omiti� indicar en su demanda los pagos que los acreditados dejaron de cubrir y que dieron origen a su pretensi�n de que se hiciera efectivo el cumplimiento del contrato, lo cual resultaba indispensable tomando en consideraci�n que, precisamente, seg�n se mencion�, laprocedencia de su acci�n y el pago de sus reclamaciones las hizo derivar en concreto de la cl�usula d�cima quinta, en virtud de la cual estipularon que pod�a darse por rescindido de plano el contrato base de la acci�n y por vencido anticipadamente el plazo para el pago del mismo y para exigir el pago de capital, intereses y accesorios legales convenidos, en el caso de que los acreditados dejaran de cumplir con su obligaci�n de pago; esto es, si justamente fue la circunstancia de que los demandados en el juicio de origen hubieran dejado de cumplir con su obligaci�n en el pago de las parcialidades estipuladas, en que la instituci�n de cr�dito actora hizo derivar la procedencia de su demanda y el pago de sus reclamaciones, debi� haber se�alado en los hechos constitutivos de su escrito inicial de demanda, espec�ficamente, qu� parcialidades o pagos dejaron de cubrir y de cumplir con su obligaci�n los acreditados del contrato base de la acci�n, para de esta forma no dejar en estado de indefensi�n a la parte demandada; y, lo m�s importante, para dar oportunidad al J. del conocimiento de dictar sentencia en t�rminos de ley conforme a los hechos constitutivos de la demanda, sin necesidad de remitirse a diversos documentos para la interpretaci�n y entendimiento de aqu�llos. Sin que sea �bice para lo anterior que en su demanda la parte ahora amparista se hubiera remitido, como apoyo de sus afirmaciones expuestas en el cap�tulo de hechos, a la certificaci�n contable que acompa�� con la misma, pues aun cuando en ese documento se hubiera hecho constar la fecha de los vencimientos de los pagos y el monto de los pasivos derivados del cr�dito, precis�ndose los intereses generados por cada uno de ellos, conforme a las tasas e intereses en que se calcularon, como quiera que sea, en la demanda omiti� indicar la fecha a partir de la cual los demandados dejaron de cubrir el pago de sus obligaciones, y origin� se diera por vencido anticipadamente el plazo de ese contrato base de la acci�n; y as�, los documentos que se exhibieron con el escrito inicial, cuando m�s, tuvieron el efecto de cumplir con lo establecido por el art�culo 230, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, aplicado supletoriamente en materia mercantil en t�rminos del art�culo 1054 del C�digo de Comercio, que impone la obligaci�n al actor de acompa�ar con el escrito de demanda el o los documentos fundatorios de la acci�n, y tambi�n el que en su momento fueran tomados en cuenta para acreditar los extremos de la misma, pero no de subsanar la deficiencia o imprecisi�n de los hechos constitutivos del escrito inicial, en que, de cualquier forma, dej� de cumplirse con esta exigencia ante la omisi�n de referencia. Al caso tiene aplicaci�n la tesis sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la p�gina 178, Tomo IX de marzo de mil novecientos noventa y dos de la Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, y cuyo contenido hizo suyo este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito al resolver los juicios de amparo directo 492/99 y 501/99, que dice: ?DEMANDA. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCI�N QUE SE INTENTA DEBEN PRECISARSE Y NO INFERIRSE DE LAS PRUEBAS QUE SE ACOMPA�EN.? (se transcribe). ...

El Tribunal Colegiado ya citado al resolver el amparo directo 558/2000, interpuesto por B., S.A., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero, el once de enero de dos mil uno, resolvi� en esencia:

QUINTO. Son infundados en parte e inoperantes en lo dem�s los conceptos de violaci�n antes transcritos. El quejoso se�ala que en t�rminos del art�culo 68 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, para la procedencia de la v�a ejecutiva mercantil, basta con la exhibici�n del estado de cuenta certificado por el contador facultado por la instituci�n de cr�dito, que adminiculado con el contrato de cr�dito correspondiente tienen pleno valor probatorio y constituyen t�tulo ejecutivo y, por ende, no era necesario precisar la fecha a partir de la cual la parte demandada incumpli� con el pago de sus obligaciones. Al respecto, debe decirse que es verdad que conforme al art�culo 68 de la Ley de Instituciones de Cr�dito los contratos o p�lizas en que se hagan constar los cr�ditos que otorguen las instituciones bancarias, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la propia instituci�n, ser�n t�tulos ejecutivos sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito, como tambi�n lo es que al tenor del numeral 1391, fracci�n VIII, del C�digo de Comercio, tales documentos traen aparejada ejecuci�n; sin embargo, independientemente de que tales documentos sean prueba preconstituida de la acci�n, ello no significa que la autoridad judicial al momento de dictar sentencia queda eximida de su obligaci�n de examinar, incluso de oficio, la procedencia de la acci�n, pues de no ser as� se caer�a en el extremo de considerar que s�lo bastar�a la sola exhibici�n de documentos o t�tulos ejecutivos con la demanda, para tener por acreditada la acci�n correspondiente, cuando que es menester del juzgador que en el fallo analice la procedencia de la acci�n y las excepciones opuestas, de acuerdo a la eficacia de los documentos base de la acci�n y de los argumentos y pruebas tendentes a controvertirlos. Ahora bien, la circunstancia de que el juzgador admita a tr�mite la demanda correspondiente en la v�a ejecutiva, conforme a los documentos base de la acci�n, no significa que al momento de dictar sentencia el juzgador no pueda analizar la eficacia de tales documentos o de alguna otra circunstancia que haga improcedente dicha acci�n, toda vez que lo relativo a su procedencia o, en su caso, a la de la v�a, debe entenderse como una cuesti�n que en el auto de admisi�n de demanda establece la forma en que se seguir� el juicio, pero no prejuzga en definitiva lo que corresponde a la procedencia de la acci�n, por ser esto materia de sentencia, independientemente de que se analice o no el fondo de la cuesti�n planteada, pues esto es propio del estudio que se haga de las pruebas ofrecidas por las partes para demostrar sus acciones y excepciones una vez que la autoridad judicial del conocimiento analice la idoneidad de los documentos fundatorios de la acci�n y las dem�s cuestiones de procedencia de la misma, que en �ltima instancia tambi�n puede orillar a que se declare improcedente la acci�n intentada, obviamente aun sin hacer el estudio referente al fondo de la litis. Al caso tienen aplicaci�n las jurisprudencias sustentadas por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicadas bajo los n�meros 260 y 401, respectivamente a p�ginas ciento setenta y seis y ciento setenta y siete, as� como a doscientos sesenta y ocho, del Tomo IV, Materia Civil, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que dicen: ?FORMA DEL JUICIO, NATURALEZA JUR�DICA DEL AUTO QUE LA ESTABLECE.? y ?V�A. NATURALEZA JUR�DICA DEL AUTO QUE LA ESTABLECE.? (se transcriben). Precisado lo anterior, cabe establecer que el art�culo 229, fracci�n V, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla establece, entre otros, como requisito de la demanda ?la relaci�n clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda.? Por su parte, los art�culos 1194 y 1197 del C�digo de Comercio se�alan que el que afirma se encuentra obligado a probar, y que ?en consecuencia, el actor debe probar su acci�n y el reo sus excepciones?, y que s�lo los hechos est�n sujetos a prueba. Asimismo, el art�culo 263 del C�digo de Procedimientos Civiles citado, aplicado supletoriamente al C�digo de Comercio al tenor de su numeral 1054, previene que: ?El actor debe probar los hechos constitutivos de sus acciones y el demandado los de sus excepciones.?. Del an�lisis relacionado de tales preceptos se colige que si la ley impone la obligaci�n al actor de hacer una relaci�n clara y sucinta de los hechos fundatorios de su demanda y de acreditarlos, es menester que indique expresa y cabalmente todos y cada uno de los extremos expuestos como hechos base de su acci�n, acompa�ando los documentos fundatorios de la misma (art�culo 230, fracci�n II, del c�digo procesal civil invocado, aplicado supletoriamente en los t�rminos mencionados), con la carga procesal de acreditar sus afirmaciones durante la secuela del juicio a trav�s de los medios de convicci�n que aporte para tal fin. En la especie, seg�n consta en el escrito de demanda del juicio de origen, aun cuando el apoderado legal del banco quejoso se�al� con exactitud las prestaciones reclamadas en los puntos diecis�is y diecisiete, en donde indic� la causa por la cual dio por vencido anticipadamente el plazo del pago del cr�dito y, por ende, para hacer exigibles los montos derivados de �l, mencion� que en la cl�usula d�cima quinta del contrato fundatorio se estableci� que la instituci�n bancaria podr�a dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago del adeudo, entre otros, si el acreditado no cubriere dos o m�s pagos mensuales a que estuviere obligado o a uno de los pagos adicionales convenidos, y que en el caso concreto la parte demandada ha incumplido con el pago de las prestaciones reclamadas. De lo expresado con antelaci�n se advierte que el hoy quejoso, ciertamente, omiti� indicar en su escrito inicial los pagos mensuales (dos o m�s) o el pago adicional que la demandada dej� de cubrir, aun cuando precisamente la procedencia de la v�a ejecutiva, de la acci�n y, por ende, del pago de sus reclamaciones, las hizo derivar justamente de las hip�tesis de vencimiento anticipado contenidas en el contrato de cr�dito base de la acci�n. Por consiguiente, era menester que se�alara en los hechos constitutivos de su demanda concretamente cu�les y en qu� fechas se dejaron de cubrir los conceptos correspondientes, para de esta forma no dejar en estado de indefensi�n a la parte demandada y, por otro lado, dar oportunidad al J. del conocimiento de dictar sentencia en t�rminos de ley, conforme a los hechos configurativos de la demanda y de la contestaci�n, sin necesidad de remitirse a diverso documento para la interpretaci�n y comprensi�n de los mismos. Al caso tiene aplicaci�n la jurisprudencia VI.2o. J/26, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que, ya especializado en Materia Civil, ahora resuelve, consultable en la p�gina trescientos ochenta y uno, Tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?ACCI�N. NECESIDAD DE PRECISAR LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA. Los actores de un juicio, al ejercitar determinada acci�n y reclamar alguna pretensi�n de los demandados, est�n obligados a precisar los hechos en que se fundan, a fin de que tales demandados puedan preparar sus defensas y excepciones, as� como aportar las pruebas consiguientes para destruir los aludidos hechos; de no proceder en los t�rminos indicados, aun cuando en el curso del procedimiento lleguen a comprobarse hechos no expuestos en la demanda, no puede fundarse una sentencia en ellos, por no haber sido materia de la litis planteada.?. No es obst�culo para lo anterior, que en su demanda el ahora quejoso se hubiera remitido como apoyo de sus afirmaciones expuestas en el cap�tulo de hechos, fundamentalmente en los n�meros diecis�is y diecisiete, a la certificaci�n expedida por el contador p�blico facultado que acompa�� con la misma, en cuyo documento se hubiere hecho constar la fecha de vencimiento de los conceptos con base en los cuales se dio por vencido anticipadamente el plazo para el pago del adeudo; esto es as�, toda vez que los documentos que se exhibieron con el escrito inicial tuvieron el efecto de cumplir con lo establecido por el art�culo 230, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que impone la obligaci�n al actor de acompa�ar con el escrito de demanda el o los documentos fundatorios de la acci�n, y tambi�n el que en su momento fueran tomados en cuenta para acreditar los extremos de su acci�n, pero no de subsanar la deficiencia o imprecisi�n de los hechos constitutivos del escrito inicial, en que de cualquier forma dej� de cumplirse con esta exigencia ante la citada omisi�n. Tiene aplicaci�n al caso la tesis sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo criterio tambi�n ha sustentado este �rgano colegiado al resolver los juicios de amparo directo n�meros 492/99, 501/99 y 294/2000, cuyo texto se observa en la p�gina ciento setenta y ocho, Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y dos, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?DEMANDA. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCI�N QUE SE INTENTA DEBEN PRECISARSE Y NO INFERIRSE DE LAS PRUEBAS QUE SE ACOMPA�EN.? (se transcribe).

El multirreferido Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo 584/2000, promovido por M.C., S.A., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero Inverlat, el dieciocho de enero de dos mil uno, en lo que interesa, consider�:

QUINTO. Son infundados los conceptos de violaci�n. Seg�n se advierte del expediente de origen, en la sentencia de primera instancia la J. del conocimiento determin� que la improcedencia de la acci�n deb�a ser analizada de oficio en t�rminos de la jurisprudencia bajo el rubro: ?ACCI�N. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.?, y consider� que de la cl�usula vig�sima cuarta del contrato base de la acci�n se desprende que se establecieron las causas por las cuales se pod�a dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago del cr�dito otorgado, entre otras, cuando el acreditado dejara de pagar cualquier abono mensual convenido, siendo que, por su parte, el actor en el punto n�mero ocho de hechos manifest�: ?... que la parte acreditada deje de cubrir cualquier abono mensual convenido a que se refieren las cl�usulas del contrato, omisi�n en la que ha incurrido de acuerdo con la liquidaci�n certificada por el contador de la instituci�n ...?. Y concluy� la J. natural que es un presupuesto procesal el que se indique la fecha a partir de la cual la demandada dej� de pagar las erogaciones convenidas, a efecto de la improcedencia de la v�a ordinaria mercantil, originada con motivo del vencimiento anticipado del contrato de cr�dito, y que si en la demanda no se manifest� la fecha a partir de la cual se dejaron de pagar las obligaciones contra�das, la misma resulta oscura y tiene como consecuencia la improcedencia de la acci�n al no estar en posibilidad legal de determinar si la demandada se encuentra en el supuesto de la cl�usula vig�sima cuarta del contrato de m�rito; la juzgadora invoc� como apoyo a su consideraci�n la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que, ya especializado en Materia Civil, ahora resuelve, bajo el rubro: ?ACCI�N. NECESIDAD DE PRECISAR LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA.?. De donde se observa que, independientemente de que la J. del conocimiento hubiera denominado ?presupuesto procesal? a la omisi�n del actor en el juicio de origen, hoy quejoso, de indicar la fecha a partir de la cual los demandados dejaron de pagar sus obligaciones del contrato de cr�dito base de la acci�n, lo realmente importante es que analiz� la improcedencia de la acci�n y declar� improcedente el juicio ordinario mercantil ejercitado, dejando a salvo los derechos de la parte actora para que los hiciera valer en la v�a y t�rminos legales; esto es, como quiera que sea declar� la improcedencia de la acci�n derivada de la omisi�n de la parte actora de precisar la fecha a partir de la cual los demandados dejaron de cumplir sus obligaciones contra�das. En tal virtud, en la sentencia reclamada, el tribunal de apelaci�n suprimi� ese error en que incurri� la J. natural de denominar ?presupuesto procesal? a la referida omisi�n de la demanda, para considerarlo exclusivamente como requisito de procedencia de la acci�n, y as� confirmar finalmente los diversos razonamientos en virtud de los cuales se declar� la improcedencia de la acci�n en los t�rminos de la sentencia de primera instancia. En esas condiciones, es inexacto, como lo asevera el quejoso, que la Sala responsable introdujera cuestiones ajenas a la litis, esto es, a las consideraciones de la sentencia de primera instancia pues, como se dijo, finalmente la J. del conocimiento declar� la improcedencia de la acci�n al no haberse precisado en el escrito de demanda inicial la fecha a partir de la cual los demandados en el juicio de origen dejaron de pagar sus obligaciones, por haber sido esta la causal con base en la cual se hizo derivar la improcedencia del juicio ordinario mercantil generador de los actos reclamados, como tambi�n as� lo determin� la Sala responsable en la sentencia reclamada, quien s�lo elimin� el error en que incurri� la J. natural de denominar ?presupuesto procesal? a dicha improcedencia. En apoyo a lo considerado por la Sala responsable, cabe decir que el art�culo 229, fracci�n V, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, aplicado supletoriamente al C�digo de Comercio en t�rminos de su numeral 1054, establece, entre otros, como requisito de la demanda ?la relaci�n clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda?. Por su parte, los art�culos 1194 y 1197 del C�digo de Comercio se�alan que el que afirma se encuentra obligado a probar, y que ?en consecuencia, el actor debe probar su acci�n y el reo sus excepciones?, y que s�lo los hechos est�n sujetos a prueba. Asimismo, el art�culo 263 del C�digo de Procedimientos Civiles citado, previene que: ?El actor debe probar los hechos constitutivos de sus acciones y el demandado los de sus excepciones.?. Del an�lisis relacionado de estos preceptos se colige que si la ley impone la obligaci�n al actor de hacer una relaci�n clara y sucinta de los hechos fundatorios de su demanda y de acreditarlos, entonces es menester que indique expresa y cabalmente todos y cada uno de los extremos expuestos como hechos base de su acci�n, acompa�ados de los documentos fundatorios de la misma (art�culo 230, fracci�n II, del c�digo procesal civil invocado, aplicado supletoriamente en los t�rminos mencionados), con la carga procesal de acreditar sus afirmaciones durante la secuela del juicio a trav�s de los medios de convicci�n que aporte para tal fin. En la especie, seg�n consta en el escrito de demanda del juicio de origen, aun cuando el apoderado legal del banco quejoso hubiera se�alado con exactitud las prestaciones reclamadas, como lo indica �ste en sus conceptos de violaci�n, lo importante es que en el punto ocho de hechos en que refiri� la causa por la cual demand� judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para el pago del cr�dito y, por ende, para exigir los montos derivados de �l, mencion� que en la cl�usula vig�sima cuarta del contrato fundatorio estableci� que la instituci�n bancaria pod�a dar por vencido anticipadamente el plazo estipulado para el reembolso del adeudo y exigir de inmediato el pago de los cr�ditos inicial y adicional, intereses y dem�s accesorios, entre otros, si la parte acreditada dejara de cubrir cualquier abono convenido a que se refieren las cl�usulas del contrato, incluyendo las primas de los seguros, se�alando que en esa omisi�n incurri� la parte demandada, de acuerdo con el estado de cuenta expedido por el contador facultado que se anex�. De lo establecido, es f�cil concluir que el hoy quejoso efectivamente omiti� indicar en su escrito inicial los abonos mensuales convenidos, incluyendo las primas que dejaron de cubrirse, aun cuando precisamente la procedencia de la v�a ejecutiva, de la acci�n y, por ende, del pago de sus reclamaciones, las hizo derivar precisamente de la hip�tesis del vencimiento anticipado contenida en el contrato de cr�dito base de la acci�n. Por ello, as� las cosas, fue necesario que se�alara en los hechos constitutivos de su demanda,concretamente, cu�l o cu�les conceptos dejaron de cubrirse y las fechas en que dejaron de hacerse, para de esta forma no dejar en estado de indefensi�n a la parte demandada; y, principalmente, para dar oportunidad a la J. del conocimiento de dictar sentencia en t�rminos de ley conforme a los hechos configurativos de la demanda y de la contestaci�n, sin necesidad de remitirse a diverso documento para la interpretaci�n y comprensi�n de los mismos. Esto, de conformidad con la jurisprudencia VI.2o. J/96, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que, ya especializado en Materia Civil, ahora resuelve, consultable en la p�gina trescientos ochenta y uno, Tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?ACCI�N. NECESIDAD DE PRECISAR LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA.? (se transcribe). No es obst�culo para lo anterior que en su demanda el ahora quejoso se hubiera remitido, como apoyo de sus afirmaciones expuestas en el cap�tulo de hechos, a la certificaci�n expedida por el contador p�blico facultado que acompa�� con la misma, en cuyo documento se hubiere hecho constar la fecha de vencimiento de los conceptos con base en los cuales se dio por vencido anticipadamente el plazo para el pago del adeudo; esto es as�, toda vez que los documentos que se exhibieron con el escrito inicial tuvieron el efecto de cumplir con lo establecido por el art�culo 230, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que impone obligaci�n al actor de acompa�ar con el escrito de demanda el o los documentos fundatorios de la acci�n, y tambi�n el que en su momento fueran tomados en cuenta para acreditar los extremos de su acci�n, pero no de subsanar la deficiencia o imprecisi�n de los hechos fundatorios de la misma. Tiene aplicaci�n al caso la tesis sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo criterio tambi�n ha sustentado este �rgano colegiado al resolver los juicios de amparo directo n�meros 492/99, 501/99, 294/2000 y 558/2000, cuyo texto se observa en la p�gina ciento setenta y ocho, Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y dos, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?DEMANDA. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCI�N QUE SE INTENTA DEBEN PRECISARSE Y NO INFERIRSE DE LAS PRUEBAS QUE SE ACOMPA�EN.? (se transcribe). Por otra parte, respecto al argumento esgrimido por el quejoso de que aceptar la obligaci�n de precisar la fecha a partir de la cual los demandados dejaron de cubrir sus obligaciones ser�a tanto como imponer la carga procesal de demostrar un hecho negativo, debe decirse que la Sala responsable de manera acertada expres� en la sentencia reclamada ?... que es necesaria y fundamental la manifestaci�n del accionante en el sentido de precisar el momento en que se genera el impago o incumplimiento, no para que lo demuestre, pues se trata de un hecho negativo (como lo establece el diverso 1195 del C�digo de Comercio), pero resulta necesario para que el J. cierre la litis y proceda en el juicio a estudiar si el demandado cumpli� o no con lo pactado desde el momento en que el actor imputa el incumplimiento; de esta manera, el se�alar el momento y tiempo en que se dej� de cumplir la obligaci�n es de vital importancia para examinar la actualizaci�n de vencimiento anticipado por falta de pago. Toda vez que la ley procesal civil impone que el actor exprese los hechos en que funda sus pretensiones, la l�gica impone que debe manifestar, en el caso concreto, el momento del impago, y as� el juzgador tenga los elementos suficientes para someterlos a prueba, independientemente de que no se haya contestado la demanda, ya que, como qued� asentado, es a cargo de los demandados demostrar el hecho positivo de pago en el tiempo que se�ale el actor en su demanda, y si no lo demuestran, debe procederse a la condena por incumplimiento sin mayores requisitos.?. Esta consideraci�n de la Sala responsable no fue rebatida por el quejoso en v�a de conceptos de violaci�n, lo cual hace que se mantenga firme; y, por otra parte, seg�n se estableci�, este Tribunal Colegiado ha determinado, incluso mediante jurisprudencia obligatoria en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo, que es necesario para la procedencia de la acci�n correspondiente que el actor se�ale en su demanda la fecha a partir de la cual el demandado dej� de cubrir sus obligaciones, por ser dicha omisi�n precisamente en la cual hace derivar la eficacia o legalidad de sus reclamaciones; de ah� que por tales razones, al caso, no tienen aplicaci�n la jurisprudencia y tesis que invoca en su demanda de amparo bajo los rubros: ?PAGO O CUMPLIMIENTO, CARGA DE LA PRUEBA.? y ?APELACI�N EN MATERIA MERCANTIL. NO SE PUEDEN EXAMINAR ELEMENTOS AJENOS AL JUICIO NATURAL.?, ya que no se refieren al caso concreto, a m�s de que este �rgano colegiado comparte los criterios contenidos en ellas ...

El Tribunal Colegiado de referencia al resolver el amparo directo 6/2001, formulado por Bancrecer, S.A., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero, el quince de marzo de dos mil uno, consider�:

QUINTO. Son fundados en parte pero inoperantes, infundados en otra, e inoperantes en lo dem�s, los conceptos de violaci�n expresados en la demanda de garant�as. ... Precisado lo anterior, debe indicarse que los conceptos de violaci�n de que se trata son infundados en parte y fundados pero inoperantes en lo restante; ciertamente, en contra de lo arg�ido, la Sala responsable s� dio respuesta a los agravios en los que se plante� que no se hab�a dejado en estado de indefensi�n a los demandados, as� como a lo esgrimido en torno a que los enjuiciados confesaron, al responder el cuarto punto de hechos de la demanda, que el plazo se hab�a fijado por las partes; a lo argumentado respecto de que el J. de origen viol� lo establecido en el art�culo 229 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de aplicaci�n supletoria en materia mercantil en t�rminos del diverso numeral 1054 del C�digo de Comercio, ya que de la demanda no se advierte que haya reclamado el vencimiento anticipado del plazo para el reembolso del cr�dito y sus accesorios. Lo anterior es as�, pues del examen del fallo combatido se advierte que la Sala responsable sostuvo que en virtud de las deficiencias y vaguedades de la demanda, deb�a reputarse la misma como oscura e imprecisa, en tanto que de conformidad con lo establecido en el art�culo 229 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de aplicaci�n supletoria en materia mercantil en t�rminos del diverso numeral 1054 del C�digo de Comercio, era obligaci�n de la parte actora realizar una relaci�n sucinta y clara de los hechos en que se funda la acci�n, con el prop�sito de que el enjuiciado est� en aptitud de preparar su defensa y, de esta forma, dar cumplimiento al principio de congruencia y equilibrio procesal; y que en virtud de las deficiencias de la demanda y de lo contradictorio de los documentos base de la acci�n, como bien lo hab�a considerado el juzgador a quo, no se satisfac�an las condiciones necesarias para estimar procedente la acci�n ejercitada; y que de concordar con lo pretendido por el quejoso tales condiciones se surt�an, en raz�n de que los demandados admitieron la celebraci�n del contrato fundatorio, ello equivaldr�a a que �stos tuviesen que demostrar hechos que no fueron materia de la demanda, priv�ndoles del derecho de oponer las excepciones respectivas, lo que a su vez originar�a que se convalidaran las deficiencias de la demanda. Y, por otro lado, la Sala responsable sostuvo que de la demanda se advert�a que el contrato base de la acci�n se celebr� hasta por un monto de tres millones setecientos doce mil pesos, dentro de cuyos l�mites no estaban comprendidos los intereses ni los gastos que deb�a pagar la acreditada, y que el actor reclam� diversas prestaciones (mismas que precis�); considerando el tribunal ad quem, que de tal manifestaci�n y reclamaciones se segu�a que se demand� el vencimiento anticipado del contrato y, entonces, era imprescindible que se precisara a partir de qu� momento se dejaron de pagar las obligaciones pactadas y en qu� consist�an �stas, para que de este modo se concediera oportunidad a la parte demandada de demostrar un hecho contrario a la afirmaci�n de la actora, as� como tambi�n para que el juzgador de origen estuviera en posibilidad de determinar si se hab�a dado la causa de vencimiento anticipado, y que ello era as�, porque en t�rminos de lo pactado en la cl�usula tercera del contrato el plazo para pagar el monto del cr�dito ser�a de sesenta meses, incluidos doce de gracia, �nicamente para el pago de capital; de manera que si el contrato fue firmado el trece de enero de mil novecientos noventa y tres, de acuerdo con los pagar�s que a fin de demostrar la disposici�n del cr�dito exhibi� el enjuiciante, se infer�a que la disposici�n del repetido cr�dito ocurri� el veintiocho de enero del citado a�o y as�, por l�gica elemental, los sesenta meses concedidos para realizar el pago correspondiente deb�an computarse a partir de esta �ltima fecha, incluidos los doce meses de gracia para el pago de capital, de suerte que las amortizaciones tendentes a disminuir el monto del cr�dito ten�an que comenzar a considerarse as�, las originadas a partir del mes de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en la inteligencia de que los mencionados doce meses de gracia hab�an sido los primeros a partir de la fecha de la disposici�n del cr�dito; y este aspecto no aparec�a relacionado claramente en la demanda, en virtud de que tanto en el cuarto punto de hechos de la misma como en la cl�usula tercera del contrato base de la acci�n, se se�ala que los doce meses de gracia corrieron a partir del mes de enero de mil novecientos noventa y dos, en tanto que en la tabla de amortizaciones anexa al pacto contractual el aludido plazo para el pago se considera a partir de enero de mil novecientos noventa y cuatro, y no s�lo eso, sino que, adem�s, en los estados de cuenta exhibidos se desprende que los c�lculos para el pago de capital fueron considerados a partir del uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, estimando como el plazo de gracia el transcurrido del dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cuatro al uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, comprendi�ndose en los mismos �nicamente cuarenta y seis amortizaciones para el pago de capital, mismas que van del uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco al uno de mayo de mil novecientos noventa y ocho; y esto �ltimo, el tribunal de alzada consider� que contradice no �nicamente lo expuesto en la demanda, sino tambi�n lo expresamente pactado en la demanda, en raz�n de que si en este acto jur�dico se se�alaron sesenta meses para el pago del cr�dito, periodo dentro del cual se encontraban comprendidos los doce meses de gracia, al haberse dispuesto del cr�dito el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y tres, era l�gico que el plazo venc�a en diciembre de mil novecientos noventa y siete, en el entendido de que los doce meses de gracia para el pago del capital transcurrieron de enero a diciembre de mil novecientos noventa y tres y, en consecuencia, el plazo para pagar el cr�dito se reduc�a a cuarenta y ocho mensualidades, que comenzaron a correr en enero de mil novecientos noventa y cuatro; y en virtud de tales imprecisiones, efectivamente la demanda era oscura e imprecisa. Lo anterior, pone de manifiesto que los agravios antes precisados, adversamente a lo arg�ido por el quejoso, s� fueron atendidos y respondidos por la Sala responsable. En lo restante, debe indicarse que, efectivamente, el tribunal de alzada omiti� ocuparse de los agravios en los que el ahora impetrante del amparo adujo que no existe norma jur�dica alguna que faculte al juzgador natural a estudiar oficiosamente la procedencia de la acci�n ... Sin embargo, la circunstancia de que el tribunal de apelaci�n no se haya ocupado de dar respuesta a tales alegaciones planteadas en v�a de agravio, no conduce a conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitado, por las razones que a continuaci�n se expresar�n: En efecto, en primer lugar, debe indicarse que el juzgador de primera instancia no s�lo est� facultado, sino tambi�n obligado a estudiar de oficio la procedencia tanto de la v�a como de la acci�n ejercitada, puesto que es precisamente en la sentencia donde se debe analizar la procedencia o improcedencia de las acciones o, en su caso, de las excepciones y defensas hechas valer. En este aspecto, tiene aplicaci�n la jurisprudencia n�mero 6, visible a foja 6 del Tomo IV, Materia Civil, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, as� como la d�cima tercera y d�cima s�ptima tesis relacionadas con la jurisprudencia n�mero 2024, publicadas en las p�ginas 3261 y 3262, as� como 3263 y 3264, de la Segunda Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, que respectivamente dicen: ?ACCI�N. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.?, ?V�A EJECUTIVA. ESTUDIO DE SU PROCEDENCIA.? y ?V�A EJECUTIVA, IMPROCEDENCIA DE LA, AUNQUE EL DEMANDADO NO LA RECLAME.? (se transcriben). Ahora bien, conviene precisar que en cada juicio el an�lisis de la procedencia de la acci�n debe hacerse conforme a los hechos constitutivos de la misma y de acuerdo con los requisitos que para cada caso establezca la ley; as�, tenemos que el art�culo 229, fracci�n V, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de aplicaci�n supletoria al C�digo de Comercio en t�rminos de su art�culo 1054, establece, entre otros, como requisito de la demanda: ?La demanda deber� formularse por escrito, y en ella se expresar�: ... V. La relaci�n clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda.?. Por su parte, los art�culos 1194 y 1197 del C�digo de Comercio se�alan que el que afirma est� obligado a probar y que, en consecuencia, el actor debe probar su acci�n y el reo sus excepciones, y que solo los hechos est�n sujetos a prueba; y, por �ltimo, el art�culo 263 del citado C�digo de Procedimientos Civiles estatal previene que: ?El actor debe probar los hechos constitutivos de sus acciones y el demandado los de sus excepciones.?. Del an�lisis relacionado de tales preceptos se colige que si la ley impone al actor la obligaci�n de hacer una relaci�n clara y sucinta de los hechos fundatorios de su demanda y de acreditarlos, es menester que indique, expresa y cabalmente, todos y cada uno de los extremos expuestos como hechos base de su acci�n, acompa�ar los documentos fundatorios de la misma (art�culo 230, fracci�n II, del c�digo procesal civil en cita, aplicado supletoriamente en materia mercantil en t�rminos del art�culo 1054 del C�digo de Comercio), con la carga procesal de acreditar sus afirmaciones durante la secuela del juicio a trav�s de los medios de convicci�n que aporte para tal fin. Siendo obviamente necesario que tanto los documentos base de la acci�n como las pruebas que ofrezca tengan relaci�n con los hechos materia de la acci�n ejercitada. As� las cosas, es con base en tales extremos que el a quo estar� o no facultado para determinar lo relativo a la procedencia o improcedencia de la acci�n al momento de emitir la sentencia correspondiente. En ese orden de ideas, independientemente de que la parte demandada haga valer los medios de defensa o excepciones que a su inter�s convengan, como quiera que sea, el juzgador, al analizar la procedencia de la acci�n, debe establecer si los hechos constitutivos de la misma son acordes con los documentos base de la acci�n y, adem�s, si se demostraron por medio de las pruebas ofrecidas para tal fin. Adem�s, debe decirse que al no haberse indicado en la demanda la fecha a partir de la cual los demandados dejaron de cumplir con su obligaci�n de pago, tal circunstancia no podr�a ser corregida o subsanada con la certificaci�n contable que se acompa�� a la misma, pues aun cuando en ese documento se hubiera hecho constar la fecha de los vencimientos de los pagos y el monto de los pasivos derivados del cr�dito, precis�ndose los intereses generados por cada uno de ellos, conforme a las tasas e intereses en que se calcularon, como quiera que sea, lo cierto es que en la demanda se omiti� precisar la fecha a partir de la cual los demandados dejaron de cubrir el pago de sus obligaciones y que origin� se diera por vencido anticipadamente el plazo del contrato base de la acci�n; y as�, los documentos que se exhibieron con el escrito inicial, cuando m�s, tuvieron el efecto de cumplir con lo previsto en el art�culo 230, fracci�n II, del c�digo adjetivo civil estatal, de aplicaci�n supletoria en materia mercantil, que impone la obligaci�n al actor de acompa�ar con el escrito de demanda el o los documentos fundatorios de la acci�n y, tambi�n, los que en su momento fueran tomados en cuenta para acreditar los extremos de la misma, pero no de subsanar la deficiencia o imprecisi�n de los hechos constitutivos del escrito inicial. Al caso, tiene aplicaci�n la tesis sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la p�gina 178 del Tomo IX, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, Pleno, S. y Tribunales Colegiados de Circuito correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y dos, y cuyo contenido hizo suyo este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, en la jurisprudencia n�mero VI.2o.C. J/198 que dice: ?DEMANDA. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCI�N QUE SE INTENTA DEBEN PRECISARSE Y NO INFERIRSE DE LAS PRUEBAS QUE SE ACOMPA�EN.? (se transcribe). Y as�, resulta evidente que los criterios invocados por el J. de primera instancia, los cuales fueron transcritos por �ste, precisando sus datos de localizaci�n y cuyos rubros son: ?ACCI�N. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.?; ?DEMANDA OBSCURA E IMPRECISA (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE SINALOA).?; ?ACCI�N. NECESIDAD DE PRECISAR LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA.?; ?DEMANDA, HECHOS NO CONTENIDOS EN LA, NI EN SU CONTESTACI�N. NO PUEDEN ESTAR SUJETOS A PRUEBA.?; ?ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO A QUE SE REFIERE EL ART�CULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CR�DITO, DEBE REFERIRSE PRECISAMENTE AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, Y CONTENER DATOS O ELEMENTOS QUE LO IDENTIFIQUEN CON PLENA CERTEZA EL.? y ?EXCEPCIONES. RESULTA OCIOSO EXAMINARLAS, SI NO SE ACREDIT� LA ACCI�N.?; no pueden estimarse inaplicables, puesto que en realidad sirven efectivamente de apoyo a aquellas consideraciones relativas sostenidas en el fallo de primer grado.

El multicitado Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo 316/2001, interpuesto por Banco Uni�n, Sociedad An�nima, el diez de agosto de dos mil uno, consider� esencialmente:

QUINTO. Son infundados en parte, inoperantes en otra e inatendibles en lo restante, los conceptos de violaci�n expresados en la demanda de garant�as. En efecto, el quejoso aduce que la sentencia reclamada es ilegal, porque en ella la Sala responsable, al igual que el juzgador de primera instancia, consider� que en virtud de que en los hechos de la demanda no se precis� en qu� fechas la demandada dej� de cubrir puntualmente las exhibiciones pactadas, la misma no cumple con las exigencias del art�culo 229, fracci�n V, del c�digo adjetivo civil estatal, sin que obste para ello que se hayan anexado a dicha demanda los estados de cuenta correspondientes a los contratos de reconocimiento de adeudo, porque su contenido no puede considerarse como un hecho de ese escrito inicial. Pero, arguye el amparista, que en su demanda se reclamaron tres cr�ditos, que aun cuando se hicieron constar en un solo instrumento, son independientes cada uno de ellos, raz�n por la cual, en los cap�tulos de reclamaciones y de hechos se separ� correctamente su redacci�n; y que, por tanto, ello debi� valorarse de esa manera, en acatamiento a lo previsto en el numeral 1329 del C�digo deComercio, puesto que el tribunal ad quem, para considerar la improcedencia de la v�a, �nicamente se refiri� a uno solo de los estados de cuenta. Que el tribunal de alzada dict� la sentencia combatida en contra de los criterios sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito al resolver el amparo directo n�mero 134/97 y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al fallar el amparo directo 748/99, puesto que, adversamente a lo que sostuvo, en el caso s� se cumpli� con lo dispuesto en el art�culo 229, fracci�n V; pero que aun suponiendo que ello no fuese as�, no causa ning�n perjuicio a la demandada el hecho de que la actora no precisara en la demanda cu�les fueron las mensualidades que dejaron de pagarse, si en el estado de cuenta se consignan claramente los pagos omitidos, dado que con esta circunstancia se purga el vicio de que adolece la misma, pero, como se afirm� en los agravios hechos valer en la apelaci�n, en �sta se hizo una narraci�n que no deja duda de cu�l es la clase de prestaci�n que se exige, cu�l es la causa de pedir y el t�tulo de la acci�n, pues de manera clara se indica que es la falta de pago lo que origina, con base en lo pactado en el contrato, que la instituci�n bancaria opt� por dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago; y es el caso que al contestar la demanda no se hizo notar que la misma tuviera imprecisiones o que los hechos fueran oscuros e imprecisos, puesto que si bien es cierto que se opuso la excepci�n de oscuridad, �sta se hizo consistir en las cantidades reclamadas y en lo ilegible de las copias con las que se corri� traslado, mismas que debieron ser analizadas por el a quo y por la ad quem si hubieran entrado al estudio del fondo del negocio, y no de oficio y de manera indebida suplir la deficiencia de la queja, pues ello contraviene lo previsto en el art�culo 1337 del C�digo de Comercio, m�xime que se trata de un contrato de reconocimiento de adeudo, que constituye un t�tulo de cr�dito. Al respecto, es de indicarse que carece de raz�n la solicitante de amparo, ello es as�, porque si en la especie la Sala responsable, al confirmar la sentencia de primera instancia, calific� la acci�n como improcedente al estimar que en los hechos de la demanda la parte actora no se�al� a partir de qu� fecha los demandados dejaron de cumplir con las obligaciones de pago acordadas en los contratos de reconocimiento de adeudo fundatorio de dicha acci�n; es inconcuso que el referido tribunal de alzada actu� legalmente, pues la falta de tal precisi�n se traduce en la imposibilidad de determinar la exigibilidad del pago del cr�dito o cr�ditos, especialmente si el hecho de que se dejara de pagar una o m�s mensualidades implicaba el vencimiento anticipado del convenio o convenios; exigibilidad que resulta una de las condiciones para la procedencia de la acci�n ejecutiva, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 68 de la Ley de Instituciones de Cr�dito. En efecto, del examen de la demanda que dio origen al juicio natural, concretamente del cap�tulo de hechos de la misma, se advierte que la parte actora apoy� su pretensi�n de dar por vencidos anticipadamente los contratos fundatorios de la acci�n en el hecho de que los demandados dejaron de cumplir con los pagos peri�dicos a que se obligaron, pero en realidad en ninguno de dichos puntos f�cticos precis� a partir de qu� fecha o fechas los mismos dejaron de cumplir con sus obligaciones de pago, sin que pueda considerarse que la simple menci�n en la referida demanda de que los deudores se comprometieron en los contratos fundatorios de la acci�n a ello y que dejaron de cubrir puntualmente las exhibiciones de capital e intereses a que se obligaron en los mismos (puntos de hechos octavo y trig�simo segundo de la demanda), sea suficiente para estimar, claro y preciso, en este aspecto el momento en que se dej� de pagar, pues lo cierto es que en los hechos constitutivos de la demanda la parte actora debi� haber especificado qu� parcialidades o pagos dejaron de cubrir los enjuiciados; de esta suerte, debe concluirse que la omisi�n apuntada efectivamente provoca un estado de indefensi�n en los demandados por imped�rseles oponer las defensas que en este aspecto pudieran tener y, desde luego, ofrecer las pruebas pertinentes para destruir el hecho relativo. Asimismo, debe decirse que aun cuando los estados de cuenta exhibidos por la actora precisen la fecha o fechas a partir de las cuales la parte demandada incumpli� en el pago de sus obligaciones, esta circunstancia no puede subsanar los vicios de omisi�n apuntados con antelaci�n, habida cuenta que el hecho de que en tales certificados por el contador autorizado por la instituci�n bancaria se hubieran hecho constar las fechas de los vencimientos de los pagos y el monto de los pasivos derivados del cr�dito, precis�ndose los intereses generados por cada uno de ellos, como quiera que sea, lo cierto es que en la demanda omiti� la parte actora indicar la fecha a partir de la cual los demandados dejaron de cubrir el pago de sus obligaciones, y que origin� se dieran por vencidos anticipadamente los plazos de los convenios fundatorios de la acci�n; y as�, los documentos que se exhibieron con el escrito inicial, cuando m�s, tuvieron el efecto de cumplir con lo establecido en el art�culo 230, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de aplicaci�n supletoria en materia mercantil en t�rminos del diverso numeral 1054 del C�digo de Comercio, que impone la obligaci�n al actor de acompa�ar con el escrito de demanda el o los documentos base de la acci�n, y tambi�n el que, en su momento y de ser procedente, pudieran ser tomados en cuenta para acreditar los extremos de la misma, pero no de corregir la falta, deficiencia o imprecisi�n de los hechos constitutivos del escrito inicial, ya que de conformidad con lo establecido en el art�culo 229, fracci�n V, del mismo ordenamiento legal supletorio, es justamente en dicho escrito donde se deben relacionar de manera clara y precisa los hechos en que se funda la reclamaci�n. Al caso tiene aplicaci�n la jurisprudencia n�mero VI.2o.C. J/198 de esta potestad federal, publicada en la p�gina 1654 del Tomo XIII, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, correspondiente al mes de febrero de dos mil uno, cuyo tenor literal es el siguiente: ?DEMANDA. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCI�N QUE SE INTENTA DEBEN PRECISARSE Y NO INFERIRSE DE LAS PRUEBAS QUE SE ACOMPA�EN.? (se transcribe).

Los cinco primeros fallos dieron origen a la siguiente tesis jurisprudencial:

"Novena �poca

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, febrero de 2001

"Tesis: VI.2o.C. J/198

"P�gina: 1654

DEMANDA. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCI�N QUE SE INTENTA DEBEN PRECISARSE Y NO INFERIRSE DE LAS PRUEBAS QUE SE ACOMPA�EN. Resulta ilegal aceptar que se tengan como hechos de la demanda, los contenidos en las constancias que se ofrezcan como prueba y se acompa�en a la misma, porque se deja en estado de indefensi�n a la parte demandada.

QUINTO

En primer t�rmino, cabe se�alar que el motivo por el cual, a criterio de la parte quejosa en el juicio de amparo directo 295/2001, se presenta la posible contradicci�n de tesis, es porque el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito al resolver el citado amparo sostiene que forman parte de la demanda y, consecuentemente, de la litis los documentos a cuyo contenido se remite la propia demanda, mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito afirma lo contrario.

SEXTO

Por cuesti�n de orden, conviene determinar si en la especie existe la contradicci�n de tesis denunciada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, ya que s�lo en tal supuesto es dable determinar cu�l criterio es el que debe prevalecer.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n emiti� jurisprudencia en la que determin� que, para que exista materia a dilucidar respecto de cu�l criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que originaron, precisamente, la tesis que sustenta uno de los �rganos jurisdiccionales.

En otros t�rminos, se da la contradicci�n anterior cuando concurren los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

La tesis de jurisprudencia de referencia, obligatoria para esta Sala, cuyos datos de localizaci�n, texto y precedentes son los siguientes:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicci�n de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayor�a de ocho votos. Ausente: J.� de Jes�s G.�o P.. Disidentes: J.V.A.A.�n y G.D.G.�ngora P.. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: F.O.A..

"Contradicci�n de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: J.� de Jes�s G.�o P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: C.M.A..

"Contradicci�n de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: J.C.R.N..

"Contradicci�n de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: G.I.O.M. y J.V.A.A.�n. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: R.D.A.S.��ez.

"Contradicci�n de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayor�a de diez votos. Disidente: H.R.P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: J.L.V.C..

"El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprob�, con el n�mero 26/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno."

S�PTIMO

Para determinar sobre la posible existencia de contradicci�n de criterios entre los citados tribunales se estima necesario mencionar los antecedentes de cada uno de ellos.

  1. El Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito al resolver el juicio de amparo 295/2001 se�al� que del an�lisis integral, entre otros, de los art�culos 227, fracci�n VI, 228 y 250 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, no existe prohibici�n alguna que impida al banco actor en su escrito de demanda remitirse a los documentos base de la acci�n que acompa��, ello en relaci�n con los hechos de la demanda, y a�n m�s, el art�culo 228 citado vincula a la demanda los documentos en que el actor funde su derecho; que la actora vincul� el contenido de los documentos base de la acci�n de la demanda al remitirse expresamente a su contenido, pues indic� que el incumplimiento de las obligaciones pactadas se acreditaban plenamente con el estado de cuenta certificado y expedido por el contador facultado por el banco, en donde se desglosaba claramente el n�mero de amortizaciones no pagadas y del cual se evidenciaba el momento a partir del que se dejaron de cubrir las amortizaciones, el tipo de inter�s que se aplic�, el margen diferencial, el total por pagar, etc.; es decir, la actora vincul� el contenido de dicho documento al remitirse expresamente al mismo; que, por tanto, quedaban satisfechos los elementos constitutivos de la acci�n.

Al resolverse el amparo 780/2000 indic�, en la parte correspondiente, que al narrar los hechos en su demanda, el actor s� se�al� que el contrato respecto del cual se pidi� su cancelaci�n anticipada se hab�a celebrado el ocho de octubre de mil novecientos noventa y dos, por lo que no dejaba dudas que la firma del contrato base de la acci�n hab�a sucedido en esa fecha, situaci�n que se corroboraba al relacionarlo con el contenido de las documentales exhibidas, en forma concreta, con el contrato de cr�dito.

En el amparo directo 4/2001 sostuvo que, contrario a lo afirmado por la quejosa, la disposici�n del cr�dito s� fue materia de la litis, pues no obstante no haberlo manifestado expresamente la actora, ello se desprend�a impl�citamente atendiendo a que la actora ejercit� la acci�n de pago de pesos, derivada de un contrato simple con garant�a hipotecaria que tiene como principio, que el cr�dito cuyo pago se reclama se haya ejercido y, para acreditar la acci�n, se haya exhibido el contrato de m�rito, y, que adem�s, en t�rminos del art�culo 250 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora esa circunstancia formaba parte de la litis, precisamente por haber sido negada por el demandado al dar contestaci�n a la demanda.

En el amparo directo 85/2001, el tribunal de referencia, en esencia, sostuvo las mismas consideraciones jur�dicas que al resolver el amparo 295/2001, resumidas en p�rrafos precedentes.

Todos los amparos resueltos por el �rgano colegiado en cita tuvieron como antecedentes juicios ordinarios mercantiles en los que se reclam� el vencimiento anticipado de los contratos de cr�dito celebrados por las partes y en todos ellos se aplic� supletoriamente al C�digo de Comercio, entre otros, el art�culo 227, fracci�n VI, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.

Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito sostuvo, en esencia, en los juicios de amparo directo 492/99, 501/99, 294/2000, 558/2000 y 584/2000, que del an�lisis relacionado de los art�culos 229, fracci�n V y 266 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicados supletoriamente, as� como de los art�culos 1194 y 1197 del C�digo de Comercio, si la ley impone la obligaci�n al actor de hacer una relaci�n clara y sucinta de los hechos fundatorios de la demanda y de acreditarlos, es menester que indique expresa y cabalmente en su escrito de demanda todos y cada uno de los extremos expuestos como hechos constitutivos de la demanda, concretamente cu�les y en qu� fechas los demandados dejaron de cubrir el pago de sus obligaciones, que origin� se dieran por vencidos anticipadamente los plazos convenidos en el contrato de cr�dito, fundatorios de la acci�n, por lo que si se omite se�alarlos resulta improcedente la acci�n; sin que sea �bice que en la demanda, al narrar los hechos, el actor se remita, como apoyo a sus afirmaciones, al estado de cuenta certificado expedido por el contador p�blico de la instituci�n de cr�dito que acompa�� a la demanda, ya que eso no subsana la omisi�n o deficiencia de se�alar en s�, en el escrito de demanda, los hechos constitutivos de la misma.

Los amparos 492/99, 501/99, 294/2000 y 558/2000, resueltos por el �rgano colegiado en cita, tuvieron como antecedentes juicios ejecutivos mercantiles; el antecedente del juicio 584/2000, lo fue un juicio ordinario mercantil. En todos ellos se reclam� el vencimiento anticipado de los contratos de cr�dito celebrados por las partes y tambi�n en todos se aplic�, supletoriamente al C�digo de Comercio, entre otros, el art�culo 229, fracci�n V, del c�digo adjetivo del Estado de Puebla.

En los amparos 780/2002 y 4/2001 se presentaron las mismas hip�tesis que se precisan en el p�rrafo precedente (juicios ejecutivos mercantiles), a excepci�n de que: los actores fueron omisos en se�alar los hechos constitutivos de su demanda, ni se remitieron o los relacionaron para justificarlos con alg�n documento, por lo que el Tribunal Colegiado determin� que al omitirse precisar la fecha a partir de la cual los demandados dejaron de cubrir el pago de sus obligaciones, no pod�an tenerse como hechos de la demanda los que se infer�an de los documentos acompa�ados a la demanda, porque se dejar�a en estado de indefensi�n a la parte demandada.

De lo anterior se tiene que s� existe contradicci�n de tesis entre los Tribunales Colegiados, pero no se da en relaci�n con todas las ejecutorias que quedaron sintetizadas en p�rrafos precedentes.

En efecto, en el presente caso se actualizan en su integridad los requisitos que se�ala la jurisprudencia transcrita para la existencia de la contradicci�n de tesis entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver los juicios de amparo 492/99, 501/99, 294/2000, 558/2000 y 584/2000, y el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito al resolver los amparos 295/2001 y 85/2001, ya que el primero de los citados sostuvo, en esencia, que para la procedencia del juicio mercantil (ordinario o ejecutivo) el actor debe se�alar necesariamente en su escrito de demanda los hechos constitutivos de la misma, por lo que si omite hacerlo resulta improcedente la acci�n; sin que esa omisi�n pueda subsanarse cuando el actor se remite a los contenidos en un documento que anexe (como lo es el certificado del estado financiero expedido por el contador p�blico que, junto con el contrato de cr�dito correspondiente, constituyen los documentos base de la acci�n), como cu�les y en qu� fechas los demandados dejaron de cubrir el pago de sus obligaciones que origin� se dieran por vencidos anticipadamente los plazos convenidos en el contrato de cr�dito, fundatorio de la acci�n; mientras que el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito sostiene que no existe prohibici�n alguna que impida al actor que en su escrito de demanda se remita expresamente al certificado contable, en donde se desglosaban el n�mero de amortizaciones no pagadas y del cual se evidenciaba el momento a partir del cual se dejaron de cubrir lasamortizaciones (que son los hechos constitutivos de la demanda).

Es conveniente mencionar que el t�rmino "omisi�n" a que alude el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en todas sus ejecutorias no se refiere propiamente a que no se hayan invocado o mencionado los hechos constitutivos en la demanda, es decir, que haya existido abstenci�n o silencio de expresarlos por parte de la actora, sino que se refiere a una omisi�n a las formalidades exigidas por la ley procesal civil, consistente en que toda demanda debe formularse por escrito y en ella debe expresarse una relaci�n clara y sucinta de los hechos en que el actor la funde, sin que esa omisi�n pueda ser subsanada con la remisi�n que el actor haga al certificado del estado financiero expedido por el contador p�blico en que pudieran contenerse esos hechos constitutivos.

En tales circunstancias, es inconcuso que los Tribunales Colegiados examinaron cuestiones jur�dicas iguales y adoptaron criterios discrepantes, criterios que provienen del examen de los mismos elementos, sin que sea �bice para llegar a esa conclusi�n que un tribunal se apoye para sostener su criterio solamente en los art�culos 227, fracci�n VI, 228 y 250 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y el otro se apoye, adem�s de los del C�digo de Procedimientos del Estado Libre y Soberano para el Estado de Puebla (229, fracci�n V y 263), en los art�culos 1194 y 1197 del C�digo de Comercio, ya que, como se precisar� m�s adelante, para la soluci�n del problema jur�dico planteado, que es el mismo, en esencia se basan fundamentalmente en un dispositivo, aplicado de manera supletoria al C�digo de Comercio (227, fracci�n VI y 229, fracci�n V), que se�ala que en la demanda deber� expresarse "la relaci�n clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda", y los Tribunales Colegiados, al citar los restantes dispositivos, lo hicieron a efecto de reforzar sus posturas, respecto de si para la procedencia de la acci�n es o no necesario que el actor se�ale en el propio escrito de demanda los hechos constitutivos de la misma, o bien, al narrarlos, puede remitirse a los que se contienen en el referido certificado contable, disposiciones que se aplicaron supletoriamente en t�rminos del art�culo 1054 del C�digo de Comercio, tanto en los juicios ejecutivos mercantiles como en el ordinario, dado que, al respecto, este �ltimo numeral no se�ala los requisitos que debe contener la demanda en los juicios mercantiles.

OCTAVO

En otro orden de ideas, no se surten los anteriores requisitos en relaci�n con los criterios sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver los amparos 6/2001 y 316/2001, ya que en las hip�tesis que se resolvieron, los actores, adem�s de ser omisos en se�alar los hechos constitutivos en el escrito correspondiente de la demanda, nunca se remitieron al contenido del documento base de la acci�n (certificado contable).

De la misma manera, no se surten los elementos de la posible contradicci�n respecto al amparo 780/2000 del �ndice del Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, pues en la ejecutoria correspondiente, por una parte, en relaci�n con los hechos constitutivos de la demanda, el actor no se remiti� a los se�alados en el documento base de la acci�n y, por otra, se determin� que, si el actor se�al� que el demandado s�lo hab�a cubierto las mensualidades hasta determinada fecha, era evidente que las mensualidades no pagadas deb�an computarse a partir del �ltimo pago se�alado; de ah� que haya estimado que la actora s� satisfizo los extremos del art�culo 227, fracci�n VI, del c�digo adjetivo estatal.

Tampoco se da la contradicci�n respecto al criterio sostenido por el mismo Tribunal Colegiado en el amparo 4/2001, ya que en �l se indic� que por el simple hecho de que el demandado al contestar la demanda haya negado los hechos imputados, �stos formaban parte de la litis.

As�, los temas jur�dicos abordados en los amparos 6/2001, 316/2001, 780/2002 y 4/2001, son distintos al tratado en las ejecutorias en donde s� se da la contradicci�n de tesis.

Sirve de apoyo a la anterior determinaci�n la siguiente tesis jurisprudencial:

"Novena �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XI, junio de 2000

"Tesis: 1a./J. 5/2000

"P�gina: 49

"CONTRADICCI�N DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el art�culo 107, fracci�n XIII de la Constituci�n y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposici�n que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicci�n de tesis, la relativa a que �sta emane necesariamente de juicios de id�ntica naturaleza, sin embargo, es la interpretaci�n que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que s� han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cu�l criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los �rganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si �stas s�lo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposici�n debe darse en la sustancia del problema jur�dico debatido; por lo que ser� la naturaleza del problema, situaci�n o negocio jur�dico analizado, la que determine materialmente la contradicci�n de tesis que hace necesaria la decisi�n o pronunciamiento del �rgano competente para establecer el criterio prevaleciente con car�cter de tesis de jurisprudencia.

"Contradicci�n de tesis 4/89. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del S�ptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito. 6 de octubre de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: S.R. D�az. Ponente: S.H.C.G.�rrez. Secretario: J.R.�l O.G.�a.

"Contradicci�n de tesis 14/98. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: J.� de Jes�s G.�o P.. Secretaria: G.M.O.B..

"Contradicci�n de tesis 56/98. Entre las sustentadas por el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados del Sexto Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: J.� de Jes�s G.�o P.. Secretaria: G.M.O.B..

"Contradicci�n de tesis 60/97. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: C.M.A..

"Contradicci�n de tesis 68/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 7 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: J.V.C. y C.. Secretario: A.A.E..

"Tesis de jurisprudencia 5/2000. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en sesi�n de veinticuatro de mayo de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: presidente J.� de Jes�s G.�o P., J.V.C. y C., H.R.P., J.N.S.M. y O.S.C. de G.�a V.."

NOVENO

Cabe precisar que no obstante que las ejecutorias dictadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver los juicios de amparo 492/99, 501/99, 294/2000, 558/2000 y 584/2000, dieron origen a la tesis jurisprudencial, cuyo rubro se�ala: "DEMANDA. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCI�N QUE SE INTENTA DEBEN PRECISARSE Y NO INFERIRSE DE LAS PRUEBAS QUE SE ACOMPA�EN.", transcrita en la parte final del cuarto considerando de esta resoluci�n, la misma se refiere a que los hechos constitutivos de la acci�n deben precisarse y no inferirse de las pruebas que se acompa�en a la demanda; sin embargo, ese tema no es el que est� en contradicci�n con el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito al resolver los amparos 295/2001 y 85/2001.

D�CIMO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer el criterio sustentado en esta resoluci�n.

Como se indic�, la materia de la contradicci�n radica en determinar si para la procedencia del juicio mercantil (ordinario o ejecutivo), el actor debe se�alar necesariamente en su escrito de demanda los hechos constitutivos de la acci�n o demanda, por lo que si omite hacerlo, resulta improcedente la acci�n, sin que esa omisi�n pueda subsanarse cuando el actor se remite a los contenidos en un documento que anexe (como lo es el certificado del estado financiero expedido por el contador p�blico), como cu�les y en qu� fechas los demandados dejaron de cubrir el pago de sus obligaciones que origin� se dieran por vencidos anticipadamente los plazos convenidos en el contrato de cr�dito, fundatorio de la acci�n; o bien, si para la procedencia, ineludiblemente, deben precisarse esos hechos en el mismo escrito de demanda, sin que sea v�lido remitirse a un documento anexo.

El Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito cit�, para fundar su determinaci�n, entre otros, los art�culos 227, fracci�n VI, 228 (que aunque no se precisa, es la fracci�n II) y 250 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicados supletoriamente al C�digo de Comercio, que disponen:

"Art�culo 227. Salvo los casos en que la ley disponga otra cosa, toda demanda deber� formularse por escrito, en el que se expresar�:

"I. El tribunal ante quien se promueve;

"II. El nombre y domicilio del actor;

"III. El nombre y domicilio del apoderado o representante legal y car�cter con que promueve, en su caso;

"IV. El nombre y domicilio del demandado, o la expresi�n de que la persona es incierta o desconocida, o bien que el domicilio se ignora;

"V. Los fundamentos de derecho, procurando citar los preceptos legales, doctrinas o principios aplicables;

"VI. Una relaci�n clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestaci�n y defensa, y quede establecido cu�l es el t�tulo o la causa de la acci�n que se ejercite, y

"VII. La enumeraci�n precisa y concreta de las peticiones que se someten al fallo del tribunal."

"Art�culo 228. Con toda demanda deber� acompa�arse:

"...

"II. Los documentos en que la parte interesada funde su derecho. ..."

Art�culo 250. Los escritos de demanda y contestaci�n fijan normalmente el debate. En caso de rebeld�a se entender� fijado por el auto en que se haga la declaraci�n correspondiente.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito lo hizo, entre otros, en el art�culo 229, fracci�n V y 263 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, aplicados supletoriamente, as� como en los art�culos 1194 y 1197 del C�digo de Comercio, que disponen:

"Art�culo 229. La demanda deber� formularse por escrito, y en ella se expresar�:

"I. El J. ante el que se promueve;

"II. El nombre y domicilio del actor;

"III. El nombre y domicilio del apoderado o representante legal del actor, o de su abogado patrono, si lo tuviere, quien tambi�n deber� firmar la demanda;

"IV. El nombre y domicilio del demandado o, en su caso, manifestaci�n, bajo protesta de decir verdad, de que ignora ese domicilio o que es persona incierta o desconocida;

"V. La relaci�n clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda;

"VI. El objeto u objetos que se reclamen y sus accesorios;

"VII. El t�tulo o t�tulos de las acciones que se ejercitan;

"VIII. Los fundamentos de derecho, citando los preceptos legales, principios jur�dicos o doctrinas aplicables;

"IX. La jurisprudencia que se estime aplicable, citando el sentido de aqu�lla, y designando con precisi�n las ejecutorias que la integren;

"X. El valor de lo demandado, si de ello depende la competencia del J.;

"XI. Lo que se pide, expres�ndose con toda exactitud en t�rminos claros y precisos."

"Art�culo 263. El actor debe probar los hechos constitutivos de sus acciones y el demandado los de sus excepciones."

"Art�culo 1194. El que afirma est� obligado � (sic) probar. En consecuencia, el actor debe probar su acci�n y el reo sus excepciones."

"Art�culo 1197. S�lo los hechos est�n sujetos � (sic) prueba: ..."

Como se estableci� en el considerando s�ptimo, los Tribunales Colegiados examinaron cuestiones jur�dicas iguales y adoptaron criterios discrepantes que provienen del examen de los mismos elementos; no obstante que un tribunal se apoy� para sostener su criterio, adem�s del art�culo 227, fracci�n VI, del c�digo adjetivo del Estado de Sonora, en los art�culos 228 y 250 del mismo ordenamiento legal; mientras que el otro se apoy�, adem�s del 229, fracci�n V, del C�digo Procesal para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, en el 263 del propio ordenamiento legal y en los art�culos 1194 y 1197 del C�digo de Comercio, ya que para la soluci�n del problema jur�dico planteado se basan esencialmente en los art�culos 227, fracci�n VI y 229, fracci�n V, aplicados de manera supletoria al C�digo de Comercio, de id�ntica redacci�n, en cuanto se�alan que en la demanda deber� expresarse "la relaci�n clara y sucinta en que el actor funde su demanda", y la cita de los restantes dispositivos los tribunales la hicieron a efecto de reforzar sus posturas.

De la lectura de los art�culos 227, fracci�n VI y 229, fracci�n V, antes transcritos, se advierte que las disposiciones legales contienen la misma regla; es decir, las normas jur�dico-procesales interpretadas por los Tribunales Colegiados coinciden al establecer el imperativo de que en la demanda deber� expresarse una relaci�n clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda.

No obstante que el art�culo 229, fracci�n V, del c�digo adjetivo del Estado de Puebla, no indique en su redacci�n que ello es con el fin de que el demandado pueda preparar su contestaci�n y defensa y que quede establecido cu�l es el t�tulo o la causa de la acci�n, como s� lo hace el art�culo 227, fracci�n VI, del c�digo adjetivo del Estado de Sonora, lo cierto es que el primer dispositivo tiene el mismo prop�sito que el segundo, esto es, que el demandado tenga conocimiento de los hechos constitutivos de la acci�n para que se encuentre en posibilidad de preparar debidamente sus defensas y excepciones, as� como aportar las pruebas que estime adecuadas para desvirtuar tales hechos sobre los que repara la litis. Ello tomando en cuenta, evidentemente, lo dispuesto por el art�culo 1194 del C�digo de Comercio que dispone que en los juicios mercantiles el actor debe probar su acci�n y el reo sus excepciones.

En relaci�n con el tema, E.P. se�ala en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, d�cima edici�n, p�ginas 230 a 231, al referirse a las doctrinas modernas sobre la demanda: "El concepto de la demanda en C. ... La demanda debe contener el petitum y la causa petendi, lo que se pide y la causa jur�dica que funda la petici�n. ?Para esta exposici�n, dice C., es tan s�lo esencial la indicaci�n del hecho jur�dico; la indicaci�n de la norma abstracta que se sostiene que es aplicable en el caso concreto, suele ir impl�cita en la demanda, y no es necesario que est� expresa porque el J. conoce el derecho.?. Traducido esto a nuestro lenguaje forense, equivale a lo siguiente: en la demanda deben expresarse los hechos en que se funda la acci�n, pero no es necesario mencionar el derecho que debe ser reconocido por el J.. Nuestra ley sigue sistema diferente porque exige que se digan en la demanda los fundamentos de derecho. Asienta C. que existen en este particular dos sistemas, el de la individualizaci�n y el de la sustanciaci�n. Consiste el primero en exigir que �nicamente se exprese en la demanda el hecho jur�dico que sea necesario para individualizar el derecho que se ejercita, a fin de identificarlo en forma tal, que sea posible determinar los l�mites objetivos de la cosa juzgada. La teor�a de la sustanciaci�n exige m�s: quiere que se exprese con precisi�n el hecho jur�dico que da vida al derecho que se hace valer. La primera se conforma con que no haya incertidumbre sobre lo que se pide al demandado, a efecto de concretar la litis. La segunda quiere precisi�n sobre el hecho mismo generador del derecho que se pretende ejercitar. En algunos casos, la precisi�n en lo que se pide traer� consigo igual precisi�n en el hecho jur�dico base de la demanda. ?As� sucede, por regla general, en el derecho de obligaciones: no basta, por ejemplo, pedir 100 pesos a t�tulo de mutuo, porque esa suma puede deberse por muchos mutuos diferentes; la acci�n no queda identificada sino cuando se indica en virtud de qu� mutuo precisamente es debida la cantidad, y esto ha de decirse en la demanda. El contraste aparece, pues, en aquellos casos en que el derecho puede ser identificado con la simple designaci�n de su naturaleza y del objeto, sin consignar el hecho (t�tulo de adquisici�n) de que el derecho ha nacido, como sucede con los derechos reales.?. Las dos teor�as pueden ser interpretadas con mayor o menor rigor: la de la sustanciaci�n en el sentido de que la demanda s�lo es v�lida cuando ?exprese todas las circunstancias de hecho de que el actor vaya a servirse en el proceso, de tal suerte, que las deducciones posteriores de un hecho no expresado en la demanda, significar�an una modificaci�n de �sta? y deben considerarse como ilegales. En sentido contrario, hay jurisconsultos que sostienen que basta ?indicar el objeto de la demanda sin especificar ninguna causa petendi?, opini�n que debe desecharse porque para constituir v�lidamente una relaci�n procesal es preciso indicar la causa. El C�digo de Procedimientos Civiles mexicano no deja lugar a dudas sobre el sistema que adopt�, que no es otro que el de la sustanciaci�n porque el art�culo 255 exige que se precise: a) Lo que se demanda; b) Los hechos jur�dicos en que se funde la demanda; c) La acci�n que se ejercita; y d) Los fundamentos legales que apoyan la demanda."

De lo anterior se tiene que si determinado hecho constitutivo de la acci�n no es invocado o mencionado en la demanda (omisi�n total), es evidente que no existir�a punto f�ctico que probar y, en consecuencia, no ser�a admisible tomarlo en consideraci�n en el pronunciamiento de la sentencia, por lo que indudablemente no prosperar�a la acci�n intentada.

Sin embargo, se reitera, el punto que motiv� la contradicci�n no fue que el actor omitiera se�alar los hechos constitutivos de la acci�n o de la demanda, sino que, en lugar de precisarlos en el escrito en que se conten�a �sta, se remiti� expresamente a los contenidos en un documento que exhibi� conjuntamente con la demanda y que constituye el documento base de la acci�n (certificado del estado financiero expedido por el contador p�blico), situaci�n que ni los numerales analizados ni ninguna disposici�n de sus codificaciones respectivas aplicables proh�ben.

En efecto, los art�culos 227, fracci�n VI, del c�digo adjetivo del Estado de Sonora y 229, fracci�n V, del C�digo Procesal para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, que seaplicaron supletoriamente a los juicios mercantiles, contienen el imperativo de que en la demanda se expresen con claridad y precisi�n los hechos en que el actor funde su demanda; es decir, los hechos en que se sustente la acci�n que se ejercite; sin embargo, esta Primera Sala estima que tal obligaci�n puede cumplirse cuando el actor hace remisi�n expresa y detallada a situaciones, datos o hechos precisos contenidos en los documentos exhibidos junto con la demanda, aun cuando �sta constituya el documento base de la acci�n, lo que de manera alguna puede implicar omisi�n u oscuridad en la misma, puesto que con esa remisi�n, aunada al traslado que se le corre con la copia de dichos documentos, la parte demandada tendr� conocimiento de esos hechos constitutivos de la acci�n, para estar en posibilidad de preparar adecuadamente su defensa, as� como aportar las pruebas que estime adecuadas para desvirtuar los hechos sobre los que repara la litis que es en s� la finalidad de precisarse los hechos en la demanda, como qued� se�alado en p�rrafos precedentes.

En tal virtud, debe prevalecer con el car�cter de obligatorio, en t�rminos del �ltimo p�rrafo del art�culo 192 de la Ley de Amparo, el criterio sustentado por esta Primera Sala, que se plasma en la tesis que se redacta en los t�rminos que a continuaci�n se indican, debiendo ordenarse su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, para los efectos del art�culo 195 de la propia ley:

DEMANDA. LA OBLIGACI�N DE EXPRESAR LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA ACCI�N, SE CUMPLE CUANDO EL ACTOR HACE REMISI�N EXPRESA Y DETALLADA A SITUACIONES, DATOS O A LOS CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ELLA (LEGISLACI�N DE LOS ESTADOS DE SONORA Y PUEBLA).-Si bien es cierto que los art�culos 227, fracci�n VI, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y 229, fracci�n V, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, de aplicaci�n supletoria a los juicios mercantiles, establecen el imperativo de que en la demanda se expresen con claridad y precisi�n los hechos en que se sustente la acci�n que se ejercite, tambi�n lo es que tal obligaci�n se cumple cuando el actor hace remisi�n expresa y detallada a situaciones, datos o hechos contenidos en los documentos exhibidos junto con la demanda, aun cuando �stos constituyan base de la acci�n, pues con esa remisi�n, aunada al traslado que se le corre con la copia de ellos, la parte demandada tendr� conocimiento de esos hechos para as� preparar su defensa y aportar las pruebas adecuadas para desvirtuarlos.

Por lo expuesto y fundado se

resuelve:

PRIMERO

No existe contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver los amparos 6/2001 y 316/2001 y el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito al resolver los amparos 780/2000 y 4/2001, en t�rminos del considerando octavo de esta resoluci�n.

SEGUNDO

S� existe contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver los juicios de amparo 492/99, 501/99, 294/2000, 558/2000 y 584/2000 y el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito al resolver los amparos 295/2001 y 85/2001, en t�rminos del considerando s�ptimo de este fallo.

TERCERO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparece en la parte final del �ltimo considerando de esta ejecutoria.

CUARTO

Rem�tase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como al Tribunal Pleno, a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito para su conocimiento.

N.�quese; c�mplase y en su oportunidad arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de tres votos de los se�ores Ministros: J.� de Jes�s G.�o P., O.S.C. de G.�a V. (ponente) y presidente J.N.S.M.. El M.J.V.C. y C. vot� en contra. Ausente el M.H.R.P..