Ejecutoria num. 2a./J. 5/2004 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26825110

Ejecutoria num. 2a./J. 5/2004 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 5/2004
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2004
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, TERCERO Y SEGUNDO, TODOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.COMISARIADO EJIDAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA DEMANDAR, EN REPRESENTACIÓN DEL EJIDO, LA NULIDAD DE UN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS A TÍTULO GRATUITO, CELEBRADO ENTRE UN EJIDATARIO Y UN TERCERO AJENO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN, RESPECTO DE PARCELAS EJIDALES DE LAS QUE EL ENAJENANTE TODAVÍA NO ADQUIERE EL DOMINIO PLENO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 113/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, TERCERO Y SEGUNDO, TODOS DEL D�CIMO S�PTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

En el amparo directo 428/2002, promovido por el comisariado ejidal del ejido Labor de Dolores, Municipio y Estado de C., aprobado en sesi�n del veinticuatro de junio de dos mil dos, el Quinto Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito resolvi� lo siguiente:

"QUINTO. Antes de proceder al estudio de la cuesti�n planteada en este juicio de amparo, es menester dejar establecidos los antecedentes de la litis.

"M.F.B., Jes�s M.A.H. y E.A.V., en lo personal como ejidatarios y como presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del comisariado ejidal del ejido Labor de Dolores del Municipio y Estado de C., demandaron ante el Tribunal Unitario Agrario del Quinto Distrito, residente en esta ciudad, a M.�a Dolores A.�n A.�n, M.A.�n A.�n o M.P.A.�n y a H.Q. S�enz, reclamando las siguientes prestaciones:

"La nulidad del contrato privado de cesi�n gratuita de derechos sobre tierras parceladas, coderecho y reserva de crecimiento del ejido en menci�n, celebrado entre J.�n Parada A.�n y H.Q.S.�enz; igualmente demandaron la nulidad de similar contrato, pero respecto del 1.69% de las tierras de uso com�n de ese ejido y la nulidad del poder general para pleitos y cobranzas y de dominio, celebrado por H.Q.S.�enz, como mandante y J.A.R.�guez M.�ndez, como mandatario.

"Admitida la demanda, se se�al� fecha para la audiencia prevista por el art�culo 185 de la Ley Agraria, se orden� el emplazamiento a juicio de los codemandados, lo que se hizo por conducto del apoderado legal, J.A.R.�guez M.�ndez, ante lo cual la autoridad responsable, el d�a se�alado para la audiencia referida, celebr� �sta en los t�rminos a que se contrae dicha audiencia.

"En ella asent� que las codemandadas M.�a Dolores A.�n A.�n y M.P.A.�n quedaron debidamente emplazadas al juicio, por conducto del apoderado legal, pues esta circunstancia la acredit� ante el funcionario judicial, J.A.R.�guez M.�ndez, aun cuando posteriormente dicho poder le fue retirado, seg�n se aprecia de la citada audiencia.

"En el momento oportuno, el Magistrado responsable dict� sentencia, en la cual determin� que la parte actora no acredit� su acci�n y los demandados s�, sus excepciones y defensas.

"Ahora bien, los conceptos de violaci�n vertidos por el ejido quejoso, en donde se�ala sustancialmente que s� tiene legitimaci�n activa para demandar la nulidad de la cesi�n de derechos parcelarios, son infundados por las razones que a continuaci�n se exponen.

"El art�culo 80 de la Ley Agraria, en lo conducente, se�ala: ?Los ejidatarios podr�n enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo n�cleo de poblaci�n.?

"Asimismo, el art�culo 32 del mismo ordenamiento legal, en lo que interesa, dispone: ?El comisariado ejidal es el �rgano encargado de la ejecuci�n de los acuerdos de la asamblea, as� como de la representaci�n y gesti�n administrativa del ejido.?

"Por su parte, el art�culo 33 del propio ordenamiento legal, en lo conducente, establece:

"?Art�culo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I.R. al n�cleo de poblaci�n ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los t�rminos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administraci�n y pleitos y cobranzas.?

"De los citados numerales se advierte que los ejidatarios s� pueden enajenar sus derechos parcelarios que tengan sobre el ejido, con las salvedades a que se refiere el primero de dichos numerales.

"T.�n se advierte que el comisariado ejidal es el encargado de ejecutar los acuerdos de la asamblea y representar �nicamente al n�cleo ejidal en sus intereses colectivos.

"Por tanto, estuvo en lo correcto el tribunal al considerar que el ejido ahora quejoso carec�a de legitimaci�n activa para demandar en representaci�n de los intereses individuales del ejidatario cedente, la nulidad del contrato de cesi�n de derechos sobre tierras parcelarias, celebrado entre los terceros perjudicados, as� como la del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administraci�n y de dominio otorgado sobre dicho inmueble, cuenta habida que se trata de derechos meramente individuales del cedente y, dentro de las facultades que de acuerdo a la Ley Agraria corresponden al comisariado ejidal quejoso, no est� la de representar o defender en juicio los derechos individuales de los ejidatarios en particular.

"Encuentra apoyo lo anterior, por analog�a, en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparece publicada en p�gina 193, Vol�menes 139-144, Tercera Parte, Materia Administrativa, S�ptima �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo rubro y texto dicen:

"?AGRARIO. COMISARIADOS EJIDALES. REPRESENTAN LOS INTERESES DEL N�CLEO EJIDAL Y CARECEN DE INTER�S JUR�DICO RESPECTO DE LOS ACTOS QUE AFECTAN LOS INTERESES PARTICULARES DE CADA EJIDATARIO. En el juicio de garant�as que no es promovido por los ejidatarios que resultan afectados en particular con el acto reclamado, sino por el comisariado ejidal del poblado a que pertenecen, representante del n�cleo ejidal, que est� legitimado para reclamar actos que afectan los derechos agrarios colectivos del propio poblado, pero no los que afectan derechos agrarios individuales de los ejidatarios; al no encontrarse afectados los intereses colectivos del n�cleo ejidal quejoso, resulta correcto decretar el sobreseimiento con fundamento en los art�culos 73, fracci�n V, y 74, fracci�n III, de la Ley de Amparo.?

"De igual forma resulta aplicable la jurisprudencia 208, sustentada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en la p�gina 149, Tomo III, S�ptima �poca, Materia Administrativa, del Ap�ndice de 1995, cuyos rubro y texto dicen:

"?COMISARIADOS EJIDALES. NO LES CORRESPONDE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS CAMPESINOS QUE INTEGRAN EL POBLADO. Los comisariados ejidales s�lo tienen la representaci�n del n�cleo de poblaci�n para defender los derechos colectivos del mismo, pero no les corresponde la defensa de los derechos individuales de los campesinos que lo integran, como lo son los que protege el art�culo 202 de la Ley Federal de Reforma Agraria, contenido en el cap�tulo segundo, denominado �Capacidad individual en materia agraria�, t�tulo segundo, libro cuarto, de la citada ley.?

"Sin que sea obst�culo para lo anterior, lo se�alado por el comisariado ejidal ahora quejoso, en el sentido de que el error del Magistrado responsable era considerar una cesi�n de derechos de parcela ejidal como un asunto particular, porque de una interpretaci�n correcta del art�culo 27 constitucional, fracci�n VII, obligaba a considerar que el titular de la propiedad, era el ejido, no el ejidatario en particular, por lo que no pod�a ceder sus derechos a quien no era ejidatario del mismo, y si ced�a sus derechos contraviniendo la Ley Agraria, era el representante del ejido el facultado para demandar la nulidad, por ser el ejido el perjudicado.

"Lo anterior es as�, toda vez que con independencia de que se hayan o no cedido sus derechos parcelarios a una persona no ejidatario, ni avecindado, �sta es una cuesti�n de fondo que en este momento no es dable abordar. Adem�s, lo cierto es que, como dice el art�culo constitucional citado, se reconoce a los n�cleos ejidales la personalidad jur�dica y representaci�n del n�cleo de poblaci�n, empero, jam�s se�ala que dicho comisariado ejidal represente o pueda defender los derechos individuales del ejidatario cedente.

"Siendo un aspecto que tampoco es analizable ahora, si por no ser el ejidatario, propietario de las tierras ejidales, no pueda ceder los derechos ejidales, porque lo que se estudia aqu� es si el comisariado ejidal tiene legitimaci�n o no, para representar intereses individuales de los ejidatarios.

"Tampoco es �bice a lo anterior, lo que se�ala el ejido quejoso, en el sentido de que no se est� en alguno de los casos de excepci�n de la Ley Agraria, en cuanto a las modalidades de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad que presentan las tierras ejidales, o de que las citadas modalidades a la propiedad ejidal, o lo dispuesto por los art�culos 1o., 23, fracci�n II, 32 y 33, todos de la Ley Agraria, sean medidas de car�cter general establecidas por el legislador para restringir el derecho de usar, disfrutar y disponer de los bienes sujetos a r�gimen ejidal, pues como ya se dijo anteriormente, se trata de derechos individuales que sobre las tierras ejidales tienen los ejidatarios, sin que por ello se atente contra la propiedad del ejido, sino s�lo los derechos individuales de que disfruta el ejidatario cedente en lo particular.

"As� pues, con independencia de que el tribunal responsable haya citado la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, con el rubro: ?ACCI�N, CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA.?, la cual efectivamente se refiere a la acci�n de car�cter civil, cuya naturaleza es diferente de la del derecho agrario, lo cierto es que el comisariado ejidal carece de legitimaci�n para reclamar en juicio agrario, la nulidad de los citados contratos y otorgamiento del poder, pues los mismos s�lo afectan a sus celebrantes, no as� al ejido quejoso, pues en dichos contratos y poder se est�n ventilando derechos individuales del quejoso, no as� del ejido de referencia.

"Sin que se oponga a todo lo anterior lo arg�ido por el ejido quejoso, en el sentido de que la jurisprudencia citada por el tribunal responsable, bajo el ep�grafe: ?COMISARIADOS EJIDALES. REPRESENTAN LOS INTERESES DEL N�CLEO EJIDAL Y CARECEN DE INTER�S JUR�DICO RESPECTO DE LOS ACTOS QUE AFECTAN LOS INTERESES PARTICULARES DE CADA EJIDATARIO.?, sirve para fundar la acci�n ejercitada por los representantes del comisariado ejidal; cuenta habida que seg�n se desprende de tal jurisprudencia, la misma se�ala que los comisariados ejidales �nicamente representan los intereses del n�cleo ejidal, careciendo de inter�s jur�dico para representar los de los ejidatarios en particular.

"Tampoco es obst�culo para ello, que el segundo de los citados numerales, en lo conducente, disponga que sea de competencia exclusiva de la asamblea la aceptaci�n y separaci�n de ejidatarios, as� como sus aportaciones; toda vez que, como se desprende del contrato del cual se pretende su nulidad, en el mismo no se est� otorgando o transmitiendo la calidad de ejidatario, sino que se establece que el cesionario deber� acudir ante el �rgano supremo del ejido a solicitar su cambio de calidad, por lo que estuvo en lo correcto el tribunal responsable al considerar que ese acto jur�dico s�lo pod�a ser impugnado por sus celebrantes.

"Por otra parte, en caso de que el cesionario no obtenga por parte de la asamblea, la calidad de ejidatario, puede impugnar del cedente la celebraci�n del citado contrato, en virtud de que este �ltimo est� obligado al saneamiento para el caso de evicci�n.

"Con independencia de lo anterior, en el caso de que se diera la nulidad absoluta o relativa del citado contrato, lo cierto es que en ninguno de los citados numerales se faculta al comisariado ejidal a impugnar en representaci�n de los intereses del ejidatario cedente, la nulidad de tal contrato.

"Sin que se contraponga la circunstancia de que el art�culo 33, fracci�n II, de la Ley Agraria, en lo que interesa, sostenga que son facultades y obligaciones del comisariado, entre otras, procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios, pues tal disposici�n de ninguna manera tiene el alcance de sustituirse a la voluntad del ejidatario cedente, que fue la de ceder gratuitamente sus derechos sobre esas porciones de tierra.

"En otro aspecto, es inoperante su concepto de violaci�n, en el que aduce que la responsable no resolvi� sobre el incidente de nulidad de emplazamiento que plante� uno de los terceros perjudicados, habida cuenta que tal circunstancia en nada perjudica a la parte aqu� quejosa, pues a quien compete reclamar tal situaci�n es a quien puede resultar directamente afectado por esa omisi�n.

"Lo anterior es as�, pues el incidente de nulidad de emplazamiento que se plante� en autos, con independencia de que el tribunal responsable determin� la improcedencia de �l, al tercero perjudicado que lo hizo valer es a quien la ley faculta para que reclame, de ser el caso, esa conducta, pero no a un tercero, que adem�s en nada beneficiar�a que se resolviera en determinado sentido ese incidente, como en el caso lo es la parte actora en aquel juicio (quejosa), por tanto, al no afectarle directamente el acto motivo del concepto de violaci�n, en t�rminos de lo que dispone el art�culo 4o. de la Ley de Amparo, el argumento vertido al respecto, como se dijo, resulta inoperante.

"Por lo que hace a la impugnaci�n del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administraci�n y de dominio, otorgado por el cedente ejidatario, debe decirse que por las mismas razones dadas por este tribunal respecto al citado contrato, el comisariado ejidal ahora quejoso, carece de legitimaci�n para impugnarlo; cuenta habida que dicho poder fue impugnado de nulidad, no por vicios propios, sino que su nulidad se hizo depender de la nulidad, tanto del anterior contrato, como del de cesi�n de derechos de tierras de uso com�n.

"Adem�s de lo anterior, es menester aclarar que el poder o mandato cuya nulidad se demand� en el juicio natural, no es un poder especial; es decir, que se�ale que se otorga s�lo para que se ejerza respecto de los derechos o bienes que se mencionan en los contratos de cesi�n de derechos (cuya nulidad se demand�), sino que se trata de un poder general, no limitado a determinados actos jur�dicos; lo que tambi�n genera que no pueda tenerse legitimaci�n, como se sostiene en la sentencia, para impugnarse un acto que s�lo afecta a terceras personas, distintas al actor, menos por lo que se est� impugnando ..."

En la sentencia correspondiente al amparo directo 434/2002, promovido por el Nuevo Centro de Poblaci�n Ejidal "Labor de Dolores", aprobado en sesi�n del veintisiete de junio de dos mil dos, el mismo Tribunal Colegiado adujo lo siguiente:

"QUINTO. Son infundados en una parte y fundados en otra, los conceptos de violaci�n.

"En este asunto, la litis natural vers� en determinar si le asiste raz�n a los actores, ahora quejosos, M.F.B., Jes�s M.A.H. y E.A.V., en lo personal, como ejidatarios y como presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del comisariado ejidal del ejido ?Labor de Dolores? del Municipio y Estado de C., para demandar de los enjuiciados, ahora terceros perjudicados, la nulidad de los contratos privados de cesi�n gratuita de derechos sobre tierras parceladas, coderecho y reserva de crecimiento del ejido en menci�n, as� como sobre un 1.69% de las tierras de uso com�n del ejido Labor de Dolores, ubicado en el Municipio y Estado de C., celebrados entre los codemandados G.R.E., como cedente, y H.Q.S.�enz, como cesionario, el primero de junio de dos mil, ante la fe del notario p�blico n�mero nueve de este distrito judicial, licenciado F. de As�s G.�a, y la nulidad del poder general para pleitos y cobranzas y de dominio, con la modalidad de irrevocable, que tambi�n celebraron ambos demandados respecto del inmueble mencionado; o bien, si operan las excepciones de falta de acci�n y derecho, consistente en que la actora carece de legitimaci�n activa necesaria, de falta de inter�s jur�dico, pues los actos cuya nulidad se demandan inciden �nicamente en la esfera jur�dica de las partes que intervinieron en su celebraci�n y de oscuridad y defecto legal de la demanda, opuestas por la parte demandada en su contestaci�n.

"En la sentencia reclamada de fecha diez de abril de dos mil dos, dictada en el expediente n�mero 991/2001, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito N�mero Cinco, con sede en la ciudad de C., declar� procedentes las excepciones de falta de acci�n y derecho e inter�s jur�dico de los integrantes del comisariado ejidal del Poblado ?Labor de Dolores? del Municipio y Estado de C., opuesta por el demandado H.Q. S�enz.

"Ahora bien, en los conceptos de violaci�n, los cuales se estudian de manera conjunta, dada la estrecha relaci�n conceptual que guardan entre s�, se encuentran dirigidos a establecer que el comisariado ejidal quejoso s� tiene legitimaci�n activa para demandar la nulidad de los contratos de cesi�n de derechos celebrados entre G.R.E., como cedente y H.Q.S.�enz, como cesionario, el primero de junio de dos mil, respecto de los derechos parcelarios y del 1.69% sobre las tierras de uso com�n del ejido al que representan los quejosos, respectivamente; de manera que, en primer orden, se estudiar�n los motivos de disenso relacionados con los derechos parcelarios, los que son infundados, por las razones que a continuaci�n se exponen:

"Los art�culos 32, 33, fracci�n I y 80 de la Ley Agraria, en los que aqu� interesa, textualmente establecen:

"?Art�culo 32. El comisariado ejidal es el �rgano encargado de la ejecuci�n de los acuerdos de la asamblea, as� como de la representaci�n y gesti�n administrativa del ejido. ...?

"?Art�culo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado:

"?I.R. al n�cleo de poblaci�n ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los t�rminos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administraci�n y pleitos y cobranzas.?

"?Art�culo 80. Los ejidatarios podr�n enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo n�cleo de poblaci�n. ...?

"De acuerdo con lo anterior, los ejidatarios s� pueden enajenar los derechos parcelarios que tengan sobre el ejido, con las salvedades a que se refiere el �ltimo de los citados numerales y el comisariado ejidal es el encargado de ejecutar los acuerdos de la asamblea y representar al n�cleo ejidal �nicamente en sus intereses colectivos, raz�n por la cual, como bien lo consider� el Magistrado del tribunal responsable, el comisariado ejidal enjuiciante carec�a de legitimaci�n activa para demandar la nulidad del contrato de cesi�n de derechos gratuita, celebrado por los demandados sobre tierras parcelarias, as� como la del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administraci�n y de dominio, otorgado sobre el inmueble materia de la cesi�n de derechos, cuenta habida que se trata �nicamente de derechos individuales del ejidatario cedente, siendo que dentro de las facultades que, de acuerdo a Ley Agraria, corresponden al comisariado ejidal, no est� la de representar o defender en juicio los derechos individuales de los ejidatarios en particular y, aunque es cierto que se encuentra facultado para representar al n�cleo ejidal en sus intereses colectivos, los derechos cuestionados en el juicio natural son, como ya se dijo, derechos individuales del cedente.

"Ello es as�, porque el art�culo 27 de la Constituci�n Federal ordena proteger la tierra de los ejidatarios haciendo propios y definitivos los derechos ejidales, por lo cual, la protecci�n que exige el texto constitucional, a su vez plasmada en el texto del art�culo 80 de la Ley Agraria, impide la enajenaci�n de las parcelas una vez que ha sido convertida en propiedad plena, sin el aval�o autorizado y el examen del notario p�blico sobre la legalidad del acto, adem�s de exigir el respeto a la preferencia por el derecho del tanto que se otorga en favor deejidatarios y avecindados; como as� se desprende de la exposici�n de motivos de la Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n del nueve de julio de mil novecientos noventa y tres, que en su parte conducente, establece:

"?Protecci�n a las tierras ejidales y comunales ...? (se transcribe).

"De manera que, si la intenci�n del legislador es que las tierras parceladas cuyos derechos pertenecen a cada ejidatario, puedan enajenarse una vez que la parcela ha sido convertida a propiedad plena, con la �nica limitante de que se haga con el aval�o autorizado y el examen del notario p�blico sobre la legalidad del acto, adem�s de que debe respetarse la preferencia por el tanto que se otorga en favor de ejidatarios y avecindados, entonces, el comisariado ejidal, ahora quejoso, carece de inter�s jur�dico y de legitimaci�n activa para demandar en el juicio natural, la nulidad de un contrato de cesi�n de derechos sobre tierras parceladas del ejido ?Labor de Dolores? del Municipio y Estado de C., celebrado por un ejidatario, porque se trata de derechos eminentemente particulares del ejidatario cedente y no de intereses colectivos del n�cleo ejidal.

"Apoya lo antes considerado, por igualdad de raz�n, la tesis de jurisprudencia n�mero 137, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 153 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, compilaci�n 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, que dice: ?COMISARIADOS EJIDALES. NO LES CORRESPONDE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS CAMPESINOS QUE INTEGRAN EL POBLADO. Los comisariados ejidales s�lo tienen la representaci�n de los n�cleos de poblaci�n para defender los derechos colectivos de los mismos, pero no les corresponde la defensa de los derechos individuales de los campesinos que los integran, como lo son los que protege el art�culo 202 de la Ley Federal de Reforma Agraria, contenido en el cap�tulo segundo, denominado �Capacidad individual en materia agraria�, t�tulo segundo, libro cuarto, de la citada ley.?

"Igualmente, tiene aplicaci�n, por analog�a, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 193 del Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Vol�menes 139-144, Tercera Parte, Materia Administrativa, que establece: ?AGRARIO. COMISARIADOS EJIDALES. REPRESENTAN LOS INTERESES DEL N�CLEO EJIDAL Y CARECEN DE INTER�S JUR�DICO RESPECTO DE LOS ACTOS QUE AFECTAN LOS INTERESES PARTICULARES DE CADA EJIDATARIO. En el juicio de garant�as que no es promovido por los ejidatarios que resultan afectados en particular con el acto reclamado, sino por el comisariado ejidal del poblado a que pertenecen, representante del n�cleo ejidal, que est� legitimado para reclamar actos que afectan los derechos agrarios colectivos del propio poblado, pero no los que afectan derechos agrarios individuales de los ejidatarios; al no encontrarse afectados los intereses colectivos del n�cleo ejidal quejoso, resulta correcto decretar el sobreseimiento con fundamento en los art�culos 73, fracci�n V, y 74, fracci�n III, de la Ley de Amparo.?

"Luego, no les asiste raz�n a los quejosos cuando argumentan que el error de la autoridad responsable es considerar una cesi�n de derechos de parcela ejidal como un asunto particular, pues dice, una interpretaci�n correcta de la fracci�n VII del art�culo 27 constitucional, obligaba a considerar que el titular de la propiedad era el ejido y no el ejidatario en particular, por lo que no pod�a ceder sus derechos a quien no era ejidatario de �l y si ced�a sus derechos contraviniendo la Ley Agraria, era el representante del ejido el facultado para demandar la nulidad, por ser el ejido el perjudicado; toda vez que, adem�s de que como ya se vio, no est�n en conflicto intereses colectivos del n�cleo ejidal, sino derechos particulares del ejidatario cedente, el que se hayan o no cedido los derechos parcelarios a una persona que no es ni avecindado, ni ejidatario del poblado en cuesti�n, es una cuesti�n de fondo que en este momento no es dable abordar.

"As� las cosas, aun cuando es verdad que en el art�culo constitucional citado se reconoce a los n�cleos de poblaci�n ejidales o ejidos personalidad jur�dica y patrimonio propio y a los comisariados ejidales la representaci�n del n�cleo de poblaci�n, m�s cierto es que ello no implica que las tierras parceladas pertenezcan al ejido y que dicho comisariado represente o pueda defender los derechos individuales del ejidatario cedente, porque los derechos sobre �stas, pertenecen a cada ejidatario, no as� al n�cleo de poblaci�n ejidal y, por ende, lo alegado de que por no ser el ejidatario, propietario de las tierras ejidales, no pueda ceder los derechos ejidales, es un aspecto que tampoco es analizable por ahora, ya que lo que aqu� se estudia es si el comisariado ejidal quejoso tiene o no legitimaci�n para demandar la nulidad de un contrato de cesi�n de derechos parcelarios que son individuales del ejidatario cedente.

"Sin que sea obst�culo para considerar las cosas de esta manera, el que se argumente que no se est� en alguno de los casos de excepci�n de la Ley Agraria, en cuanto a las modalidades de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad que presentan las tierras ejidales, o de que las citadas modalidades a la propiedad ejidal, o lo dispuesto por los art�culos 1o., 23, fracci�n II, 32 y 33, todos de la Ley Agraria, sean medidas de car�cter general establecidas por el legislador para restringir el derecho de usar, disfrutar y disponer de los bienes sujetos a r�gimen ejidal; pues se reitera, se trata de derechos individuales que sobre las parcelas tienen los ejidatarios, sin que con ello se afecte la propiedad del ejido, sino �nicamente derechos individuales del ejidatario cedente, de manera que, con independencia de que el tribunal responsable haya citado la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de rubro: ?ACCI�N, CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA.?, la cual efectivamente se refiere a la acci�n de car�cter civil, cuya naturaleza es diferente de la del derecho agrario, lo cierto es que el comisariado ejidal carece de legitimaci�n para demandar en el juicio agrario la nulidad de la indicada cesi�n de derechos y del poder otorgado, porque en ellos se ventilan derechos individuales del cedente, por lo que s�lo afectan a sus celebrantes no as� al ejido de referencia.

"Al margen de lo anterior, la jurisprudencia citada por el tribunal responsable, de rubro: ?COMISARIADOS EJIDALES. REPRESENTAN LOS INTERESES DEL N�CLEO EJIDAL Y CARECEN DE INTER�S JUR�DICO RESPECTO DE LOS ACTOS QUE AFECTAN LOS INTERESES PARTICULARES DE CADA EJIDATARIO.?, no es id�nea para fundar la acci�n ejercitada en el juicio natural, como se sostiene, porque seg�n se desprende del contenido de dicha jurisprudencia, los comisariados ejidales �nicamente representan los intereses del n�cleo ejidal, pero carecen de inter�s jur�dico para defender los derechos parcelarios de los ejidatarios en particular.

"En otro orden de ideas, el que el segundo de los citados numerales, en lo conducente, disponga que sea de competencia exclusiva de la asamblea la aceptaci�n y separaci�n de ejidatarios, as� como sus aportaciones, no implica que los enjuiciantes est�n legitimados para demandar la nulidad de la cesi�n de derechos que nos ocupa, en tanto que en dicho contrato no se est� otorgando ni trasmitiendo la calidad de ejidatario, sino la transmisi�n de los derechos parcelarios del cedente, adem�s de que en �l se establece, con toda claridad, que el cesionario deber� acudir ante el �rgano supremo del ejido a solicitar la calidad de ejidatario y, por consiguiente, el tribunal responsable estuvo en lo correcto al considerar que el acto jur�dico controvertido s�lo pod�a ser impugnado por sus celebrantes, ya que, en el supuesto de que dicho cesionario no obtenga por parte de la asamblea de ejidatarios tal calidad, puede impugnar del cedente la celebraci�n del citado contrato, en virtud de que este �ltimo est� obligado al saneamiento para el caso de evicci�n.

"De modo que, independientemente que se diera o no la nulidad absoluta o relativa del contrato, lo cierto es que en ninguno de los numerales invocados por la parte quejosa, se le faculta para impugnar la nulidad de un contrato relacionado con los derechos parcelarios de los ejidatarios en particular y el hecho de que en el art�culo 33, fracci�n II, de la Ley Agraria, se establece que son facultades y obligaciones del comisariado ejidal, entre otras, procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios, de ninguna manera implica que �ste pueda sustituirse a la voluntad del ejidatario, de ceder gratuitamente sus derechos sobre esas porciones de tierra, pues a ese respecto s�lo le corresponden facultades de vigilancia.

Por otro lado, respecto de la impugnaci�n que se hace del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administraci�n y de dominio, otorgado por el cedente ejidatario, debe decirse que, por las mismas razones dadas en p�rrafos precedentes con relaci�n en el citado contrato de cesi�n de derechos, el comisariado ejidal ahora quejoso, carece de legitimaci�n para impugnarlo, cuenta habida que la nulidad de tal acto se hizo depender de la nulidad, tanto del anterior contrato, como el de cesi�n de derechos de tierras de uso com�n, pero no se impugna por vicios propios, aunado a que dicho mandato no es un poder especial en el que establezca que se otorga s�lo para que se ejerza respecto de los derechos o bienes que se mencionan en los contratos de cesi�n de derechos cuya nulidad se demanda, sino general, no limitado a determinados actos jur�dicos, lo cual genera que no pueda tenerse legitimaci�n, como se sostiene en la sentencia, para ser impugnado por los miembros del comisariado ejidal, porque constituye un acto unilateral del ejidatario cedente que de ning�n modo afecta los intereses del n�cleo ejidal ...

Las anteriores consideraciones, en cuanto al tema de contradicci�n se refiere, son esencialmente las mismas a las que el propio Quinto Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito sustent� en las sentencias correspondientes a los juicios de amparo directo 436/2002 y 586/2002, ambos promovidos por el comisariado ejidal del poblado Labor de Dolores del Municipio y Estado de C., aprobados respectivamente, en sesiones del veinticuatro de junio y nueve de agosto de dos mil dos, por lo que se estima innecesario transcribirlas.

CUARTO

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, en la sentencia que resolvi� el amparo directo administrativo 65/2002, aprobado en sesi�n del veinticinco de octubre de dos mil dos, realiz� el siguiente pronunciamiento:

"QUINTO. Son fundados en parte y, en otra m�s, infundados los conceptos de violaci�n hechos valer por la parte quejosa.

"En efecto, el n�cleo de poblaci�n denominado ejido Labor de Dolores, Municipio de C., C.. (sic), por conducto de sus integrantes del comisariado ejidal, reclamaron en esta v�a constitucional del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cinco, residente en esta ciudad, la sentencia de fecha veinticinco de abril del a�o dos mil dos, dictada en el expediente 994/2001, que consider� que la parte actora, ahora quejosa, no hab�a probado su acci�n, estimando aqu�lla, que lo resuelto es violatorio de sus garant�as individuales conforme lo expuesto en su libelo constitucional.

"Como primer concepto de violaci�n, la parte quejosa aduce que resulta incorrecta la consideraci�n a la que arrib� el Magistrado responsable, al estimar que el comisariado ejidal del poblado Labor de Dolores, Municipio de C., C.. (sic), carece de legitimaci�n activa para promover el juicio de que se trata, toda vez que conforme a lo preceptuado por el art�culo 27 constitucional, cuya parte transcribe la parte quejosa, el titular de la propiedad es el propio ejido, no el ejidatario en lo particular, menos trat�ndose de tierras de uso com�n; que insisten en que el demandado en el juicio de origen no es ejidatario ni avecindado; que si el ejido es el propietario de las tierras, entonces en su concepto, los ejidatarios son solamente usufructuarios y, por ello, est�n sujetos a ciertas modalidades o limitaciones; que la tesis en que se basa la responsable para resolver en el sentido en que lo hizo no es aplicable, porque en la especie se trata de una cesi�n gratuita de derechos parcelarios y de tierras de uso com�n, adem�s, porque el que recibi� dichas tierras no es avecindado ni ejidatario y que por ello, no puede estimarse que es un asunto entre particulares y derivado de ello negarle legitimidad al comisariado ejidal de demandar su nulidad, resultando que la cesi�n gratuita que, como en la especie se llev� a cabo, es un acto que por su naturaleza desintegrar�a el n�cleo ejidal; que de acuerdo con la tesis que transcribe, bajo el rubro: ?CESI�N DE DERECHOS, VALIDEZ DE LA (NUEVA LEY AGRARIA).?, primero se tiene la calidad de ejidatario o avecindado y luego se adquieren los derechos y no que primero se adquieran los derechos y luego se tramite la adquisici�n de tal calidad; que lo mismo que exponen, puede argumentarse respecto de un poder general para actos de administraci�n y pleitos y cobranzas con el car�cter de irrevocable.

"Previamente al an�lisis y contestaci�n de los anteriores motivos de inconformidad, y para una mejor comprensi�n del asunto, conviene precisar que la parte quejosa, actora en el juicio de origen, demand� ante el Tribunal Unitario Agrario lo siguiente: ?a) La nulidad del contrato privado de cesi�n gratuita de derechos sobre tierras parcelarias, coderecho y reserva de crecimiento del ejido Labor de Dolores, ubicado en el Municipio y Estado de C., que celebraron los demandados C.D.G.�lez, como cedente, y P.C.S.�nchez, como cesionario, el 6 de diciembre del a�o 2000, ante la fe del notario p�blico No. 9 para este Distrito, L.. F. de As�s G.�a. b) La nulidad del poder general para actos de administraci�n, pleitos y cobranzas y de dominio, con la modalidad de irrevocable, que tambi�n celebraron ambos demandados respecto del inmueble mencionado.?.

"Ahora bien, los art�culos 32 y 33 de la Ley Agraria, por su orden establecen: ?Art�culo 32. El comisariado ejidal es el �rgano encargado de la ejecuci�n de los acuerdos de la asamblea, as� como de la representaci�n y gesti�n administrativa del ejido. Estar� constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contar� en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que se�ale el reglamento interno. �ste habr� de contener la forma y extensi�n de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entender� que sus integrantes funcionar�n conjuntamente.?. ?Art�culo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I.R. al n�cleo de poblaci�n ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los t�rminos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administraci�n y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los t�rminos de la ley, as� como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, as� como informar a �sta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso com�n y el estado en que �stas se encuentren; y V. Las dem�s que se�alen la ley y el reglamento interno del ejido.?

"Por otra parte, los diversos preceptos legales 60 y 80 de la propia Ley Agraria, expresamente estipulan: ?Art�culo 60. La cesi�n de los derechos sobre tierras de uso com�n por un ejidatario, a menos que tambi�n haya cedido sus derechos parcelarios, no implica que �ste pierda su calidad como tal, sino s�lo sus derechos al aprovechamiento o beneficio proporcional sobre las tierras correspondientes.?. ?Art�culo 80. Los ejidatarios podr�n enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo n�cleo de poblaci�n. Para la validez de la enajenaci�n a que se refiere este art�culo bastar� la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificaci�n que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deber� expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal deber� realizar la inscripci�n correspondiente en el libro respectivo. El c�nyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozar�n del derecho del tanto, el cual deber�n ejercer dentro de un t�rmino de treinta d�as naturales contados a partir de la notificaci�n, a cuyo vencimiento caducar� tal derecho. Si no se hiciere la notificaci�n, la venta podr� ser anulada.?

"Del an�lisis de los anteriormente transcritos preceptos legales, se puede obtener, que la Ley Agraria establece expresamente en sus art�culos 32 y 33, cuales son las facultades y obligaciones conferidas al comisariado ejidal, quien se encuentra facultado para actuar en aquellos casos que lo precept�e la ley en comento, esto es, a representar el n�cleo de poblaci�n y administrar los bienes comunes del ejido, procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios, convocar a asamblea y cumplir los acuerdos que en la misma se adopten, informar a la propia asamblea acerca de sus labores y los dem�s consignados en la ley y el reglamento interno del ejido.

"Como puede observarse, en principio, de conformidad con los transcritos art�culos 60 y 80 de la propia Ley Agraria, se permite la cesi�n de los derechos sobre tierras de uso com�n, por un ejidatario y la enajenaci�n de sus derechos parcelarios, siempre y cuando exista convenio celebrado al respecto con otros que tengan su misma calidad, esto es, que se trate de ejidatarios o avecindados del mismo n�cleo de poblaci�n, de tal suerte que sin tales requisitos, cualquier convenio en donde se estipule lo contrario, aun cuando sea una cesi�n gratuita, carece de valor.

"En la especie, como puede advertirse de los antecedentes citados, C.D.G.�lez en su car�cter de ejidatario del ejido Labor de Dolores, Municipio de C., C.. (sic), cedi� gratuitamente a P.C.S.�nchez derechos respecto de las tierras parcelarias y de uso com�n, sin que el adquirente de tales tierras tenga o le haya sido reconocida la calidad de ejidatario o avecindado que exige el art�culo 80 de la Ley Agraria.

"Ante ello, contrario a lo que sostiene el Tribunal Unitario Agrario, el comisariado ejidal, como representante del ejido, encargado de vigilar cualquier cuesti�n en donde se pudiera perjudicar las tierras que conforman el poblado, s� tiene la facultad y est� autorizado para defender los intereses que representa cuando se vean afectados derechos de los propios ejidatarios, tal y como lo dispone el art�culo 33, fracci�n II, de la Ley Agraria, precepto legal �ste que qued� debidamente transcrito con antelaci�n. Cabe destacar que si bien es cierto, conforme a la tesis que cita el tribunal agrario, cuyo rubro es: ?COMISARIADOS EJIDALES. NO LES CORRESPONDE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS CAMPESINOS QUE INTEGRAN EL POBLADO.?, los comisariados ejidales s�lo tienen la representaci�n de los grupos de poblaci�n para defender los derechos colectivos de los mismos, no menos verdad es que del texto de la propia tesis se desprende la excepci�n, consistente en que a aqu�llos, como �rgano de representaci�n, no les corresponde la defensa de los derechos individuales, pero de los campesinos que la integran, es decir, cuando se susciten conflictos entre quienes tienen reconocida su calidad de ejidatario en el interior del ejido, mas en la especie, el propio comisariado ejidal, como representante del ejido,defiende los intereses colectivos del mismo, ya que la cesi�n llevada a cabo respecto a la parcela ejidal y tierras de uso com�n se verific� por un ejidatario y otro que es ajeno al n�cleo de poblaci�n, pero no solamente esto, sino que adem�s, la cesi�n de derechos se realiz� de una manera gratuita, pretendiendo eludir con ello que quienes est�n facultados, ejerzan el derecho del tanto respecto de dichas tierras; considerar lo contrario, esto es, que el referido comisariado ejidal no tiene facultades para intervenir en asuntos donde se perjudique al propio ejido, ser�a permitir a los ejidatarios celebrar indiscriminadamente convenios con terceros que tienen intereses ajenos al propio ejido, lo que paulatinamente ocasionar�a un desmembramiento de tierras y como consecuencia, la desaparici�n, aunque sea de hecho, del propio ejido, de tal suerte que para que proceda una cesi�n respecto de tierras ejidales, es necesario, primero, que el adquirente o cesionario sea reconocido por la asamblea ejidal; luego, al autorizarse el convenio correspondiente y no existir oposici�n entre los integrantes del n�cleo, el ejidatario puede libremente convenir con otro la cesi�n de sus derechos, ya sea parcelarios o de uso com�n, pero no como sucedi� en el caso, que primero se llev� a cabo la cesi�n de derechos a trav�s de contratos, para luego solicitar el reconocimiento de los mismos a la asamblea ejidal, pues no debe perderse de vista que es el propio ejido quien administra sus bienes, y que debe ser a trav�s de acuerdos de asamblea donde se debe decidir el destino que se le dar� a las tierras, conforme lo ordena el art�culo 56 de la Ley Agraria.

"En otro orden de ideas, el diverso concepto de violaci�n que hace valer la parte quejosa, donde controvierte la resoluci�n del tribunal agrario que declar� improcedente la acci�n intentada, de que se declare nulo el poder para actos de administraci�n, pleitos y cobranzas y de dominio, los motivos de inconformidad expuestos al respecto resultan infundados, habida cuenta que dicho mandato resulta personal�simo entre quien lo otorga y aqu�l que lo recibe, siendo que con el mismo no se ve perjudicado el ejido en relaci�n con las tierras que le pertenecen.

En m�rito de lo expuesto, al haber resultado fundado el analizado concepto de violaci�n, lo que procede es conceder el amparo y protecci�n que de la Justicia Federal se solicit�, para el efecto de que la autoridad responsable siga los lineamientos de esta ejecutoria en relaci�n con las facultades que le corresponden al comisariado ejidal, particularmente la consignada en el art�culo 33, fracci�n II, de la Ley Agraria, as� como lo expuesto en esta ejecutoria, vuelva a pronunciarse respecto a la acci�n intentada por la parte actora en el juicio agrario; luego, resuelva conforme a derecho corresponda.

Consideraciones que, sobre el tema motivo a la contradicci�n denunciada, reiter� el propio Tribunal Colegiado en sesi�n del diecisiete de octubre de dos mil dos, al resolver el amparo en revisi�n 66/2002, promovido por el ejido e Labor de Dolores, Municipio de C., C.; raz�n por la cual se omite su transcripci�n.

QUINTO

Por �ltimo, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, en la sentencia que resolvi� el amparo directo administrativo 90/2002, promovido tambi�n por el ejido Labor de Dolores, Municipio y Estado de C., en sesi�n del veinticinco de octubre de dos mil dos, en lo que interesa al presente asunto, sustent� las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Los argumentos expresados en v�a de conceptos de violaci�n por la parte quejosa resultan sustancialmente fundados y suficientes para el otorgamiento del amparo. En el caso, M.F.B., Jes�s M.A.H. y E.A.V., presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal del poblado Labor de Dolores, Municipio de C., Estado del mismo nombre, demandaron de M.�a A.O., J.L.U.E. y Guilibaldo P�rez O., ante el Tribunal Unitario Agrario del Quinto Distrito, lo siguiente:

"?... 1. La nulidad del contrato privado de cesi�n gratuita de derechos sobre tierras parceladas, coderecho y reserva de crecimiento del ejido Labor de Dolores, Municipio y Estado de C., celebrado por M.�a A.O. y J.L.U.E., el quince de junio de dos mil, ante el notario p�blico n�mero 9, licenciado F. de As�s G.�a, respecto de la parcela n�mero 30, ubicada en la zona 02, pol�gono 1/1, con una superficie de 27-14-97.62 hect�reas; asimismo, sobre el 1.69% de los derechos de copropiedad sobre los lotes 40, 66, 43, 19 y 20, que se localizan en la zona 02 y reserva de crecimiento del ejido Labor de Dolores, Municipio y Estado de C.; 2. La nulidad del contrato privado de cesi�n gratuita de derechos sobre el 1.69% de las tierras de uso com�n del ejido Labor de Dolores, Municipio y Estado de C., celebrado entre M.�a A.O. y J.L.U.E., el quince de junio de dos mil, ante el licenciado F. de As�s G.�a, notario p�blico No. 9, para este Distrito. 3. La nulidad del poder general para actos de administraci�n, pleitos y cobranzas y de dominio con la modalidad de irrevocable, que celebraron ambos demandados respecto del inmueble mencionado ...?

"Por otra parte, en la audiencia respectiva, en ampliaci�n al escrito de demanda, con relaci�n al hecho n�mero ocho de la misma, la parte demandante se�al�: ?... solicitando tambi�n la nulidad de los poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administraci�n y dominio, otorgado por M.�a A.O., en favor de G.P.O., el quince de junio de dos mil, ante el licenciado F. de As�s G.�a R., notario p�blico n�mero 9, los cuales se refieren al derecho de uso com�n amparado con el certificado 2708, inscrito en el Registro Agrario Nacional en el Estado de C., bajo el folio 08FC00002708, y el otro se refiere a la parcela n�mero 30, ubicada en la zona 02, pol�gono 1/1, amparado con el certificado parcelario 3616, as� como el 1.69% de derechos de copropiedad respecto de los lotes 40, 66, 43, 19 y 20 de la zona 02, y la reserva de crecimiento del ejido Labor de Dolores, Municipio y Estado de C. ...?

"El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Quinto Distrito, determin� que de una correcta interpretaci�n del art�culo 80 de la Ley Agraria, se desprende que la enajenaci�n de derechos parcelarios puede realizarse a favor de otros ejidatarios o avecindados del mismo n�cleo de poblaci�n, pero que en la especie no ocurri�, ejercitando acci�n, alguno de estos sujetos a manifestar su mejor derecho sobre las tierras en disputa, ejercitando acci�n, por lo que, quienes pretenden ejercerla como integrantes del comisariado ejidal evidentemente carecen de ?personalidad?; que m�s a�n, el invocado precepto legal impone la obligaci�n al comisariado ejidal de inscribir la enajenaci�n de que se trate, en el libro correspondiente.

"Que los actos jur�dicos impugnados se refieren a derechos agrarios de M.�a A.O., por lo que no se trata de derechos colectivos del ejido ?Labor de Dolores?, Municipio y Estado de C.; que trat�ndose de derechos parcelarios, de uso com�n y de copropiedad del ejido, la acci�n corresponde a los contratantes, porque en tal supuesto no se modifica el porcentaje asignado a favor de los dem�s ejidatarios; por ello, al demandar la nulidad de actos que aluden a intereses individuales, el comisariado ejidal carece de inter�s jur�dico conforme a lo dispuesto por el art�culo 33, fracci�n I, de la Ley Agraria.

"Que lo mismo sucede con el poder general para actos de administraci�n y dominio celebrado entre M.�a A.O. y G.P.O., porque en nada perjudica al comisariado actor.

"La parte quejosa expresa como conceptos de violaci�n, que la autoridad responsable incurre en un error grave al considerar que una cesi�n de derechos, tanto de una parcela, como de tierras de uso com�n, no son derechos colectivos del ejido, siendo que el art�culo 27, fracci�n VII, de la Constituci�n Federal establece: ?VIII. Se reconoce la personalidad jur�dica de los n�cleos (sic) ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra ...?. ?... El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democr�ticamente en los t�rminos de la ley, es el �rgano de representaci�n del n�cleo ...?; lo que obliga a considerar que el titular de la propiedad es el ejido, no el ejidatario en lo particular y menos trat�ndose de tierras de uso com�n, as� que si no es el ejidatario el propietario no puede ceder sus derechos a quien no es ejidatario del mismo ejido, seg�n el art�culo 80 de la Ley Agraria en vigor; y si cede sus derechos, contraviniendo la ley, es el representante del ejido, por ser �ste el perjudicado, el que est� facultado para demandar su nulidad.

"Que conforme a lo declarado en los contratos de cesi�n gratuita, en la contestaci�n de demanda y su confesional, el cesionario J.L.U.E. no es avecindado ni ejidatario del poblado L.D., pues ning�n elemento id�neo aport� para acreditarlo.

"Que en el Manual del Juicio de Amparo de la Editorial Themis, segunda edici�n, en el t�tulo segundo, p�gina 195, el maestro G.O.M. afirma que en la exposici�n de motivos de la reforma al art�culo 27 de la Constituci�n Federal de mil novecientos noventa y dos, se mantiene la idea de proteger la propiedad ejidal como imprescriptible, inalienable e inembargable, para dar absoluta certeza de permanencia hacia su �nico due�o que es el n�cleo de poblaci�n; que en el mismo sentido, el art�culo 9o. de la Ley Agraria dispone: ?Los n�cleos de poblaci�n ejidales o ejidos tienen personalidad jur�dica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les hayan sido dotadas o de las que se (sic) hubieren adquirido por cualquier otro t�tulo?, lo que implica que el ejido es el propietario y los ejidatarios usufructuarios de la tierra y por ello est�n sujetos a modalidades o limitaciones, como son la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y la inembargabilidad, salvo los casos de excepci�n establecidos en la ley y que no se est� en alguno de ellos.

"Que conforme al art�culo 14 de la Ley Agraria, corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, no refiriendo que puedan disponer de la propiedad y el art�culo 62 de dicho ordenamiento, repite que corresponden a los ejidatarios los derechos sobre uso y usufructo de sus parcelas; con mayor raz�n deben considerarse las restricciones sobre las tierras de uso com�n; por ello, el numeral 74 de la propia ley invocada reitera que la propiedad de las tierras de uso com�n es inalienable, imprescriptible e inembargable y por supuesto el caso a estudio no tiene nada que ver con la excepci�n del art�culo 75 del multialudido cuerpo de normas.

"Que como manifest� en la demanda y en los alegatos, una cesi�n de derechos gratuita es un acto que desintegra el n�cleo ejidal, porque de aceptarlo dar�a lugar a que personas que no forman parte del ejido pudieran llevar a cabo actos contrarios al inter�s de la mayor�a de los ejidatarios, as� como la imposibilidad de obligarlos a cumplir acuerdos tomados por la mayor�a inherentes al ejido, sin sujetarse al reglamento del mismo, ocasionando indisciplina.

"Que cuando la autoridad responsable alude a lo que dispone el art�culo 80 de la Ley Agraria, parece dar a entender que s� autoriza a los ejidatarios a enajenar sus derechos parcelarios (no tierras de uso com�n), en virtud que con ello no se transgreden derechos de los dem�s ejidatarios, cuando se hace la enajenaci�n a quien no es ni avecindado ni ejidatario, va m�s all� de lo que ordena dicho precepto legal; que al respecto existe la tesis: ?CESI�N DE DERECHOS, VALIDEZ DE LA (NUEVA LEY AGRARIA).?, de lo que significa que primero se tiene la calidad de ejidatario o avecindado y luego se adquieren los derechos, y no a la inversa.

"Que el art�culo 1o. dispone que ?La presente ley es reglamentaria del art�culo 27 constitucional en materia agraria y de observancia general en toda la Rep�blica.?, lo que interpretado correctamente significa que la aplicaci�n de la ley y la invalidez de los actos que se hagan contrario a ella, no se sujeta al inter�s particular; si dicha norma se interpreta con relaci�n a lo que ordena el art�culo 23, fracci�n II, de la misma ley, refiri�ndose a que es competencia de la asamblea de ejidatarios la aceptaci�n y separaci�n de �stos y tambi�n en relaci�n al numeral 32 de la ley en comento, que refiere que el comisariado ejidal es el �rgano encargado de la ejecuci�n de los acuerdos de la asamblea y el 33, fracci�n II, del mismo cuerpo de normas, que dice que son facultades y obligaciones del comisariado procurar que se respeten estrictamente los derechos del ejidatario, la conclusi�n es que no tendr�a caso establecer restricciones a la cesi�n de derechos ejidales si s�lo pudieran ser impugnados por quienes ejercieron actos en violaci�n de tales disposiciones.

"Que no pueden entenderse los actos contrarios a la Ley Agraria, como si se tratara de una nulidad relativa del derecho civil, pues en todo caso ser�a m�s equiparable hablar de una nulidad absoluta y, por tanto, con facultades para impugnarlos a otros que no fueron los que directamente lo celebraron.

"Que lo mismo puede argumentarse respecto del poder otorgado por M.�a A.O. en forma irrevocable, por ser una figura de derecho privado con la que se pretende desnaturalizar los l�mites de la disposici�n de los derechos agrarios y la inconstitucionalidad de los actos precisados, importa los de su ejecuci�n, contra los cuales tambi�n procede el otorgamiento del amparo.

"Los argumentos son fundados, porque ciertamente la fracci�n VII del art�culo 27 de la Constituci�n Federal, dispone: ?Art�culo 27. VII. Se reconoce la personalidad jur�dica de los n�cleos de poblaci�n ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas ...?, lo cual significa que la intenci�n del legislador Constituyente fue la de proteger la propiedad de los n�cleos de poblaci�n como el caso del ejido quejoso.

"Por otro lado, la Ley Agraria en el art�culo 79 establece: ?Art�culo 79. El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcer�a, medier�a, asociaci�n, arrendamiento o cualquier otro acto jur�dico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorizaci�n de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo podr� aportar sus derechos de usufructo a la formaci�n de sociedades tanto mercantiles como civiles.?

"Ello, implica que un ejidatario est� en posibilidad legal de transmitir la posesi�n derivada a cualquiera, ya se trate de otros ejidatarios o terceros ajenos al n�cleo ejidal, pero con la limitaci�n de que sea para que la use y disfrute, mediante los actos que precisa la disposici�n legal transcrita o cualquier otro medio jur�dico, pero que no est� prohibido por la ley.

"Por su parte, el art�culo 80 de la Ley Agraria dispone:

"?Art�culo 80. Los ejidatarios podr�n enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo n�cleo de poblaci�n. Para la validez de la enajenaci�n a que se refiere este art�culo bastar� la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificaci�n que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deber� expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal deber� realizar la inscripci�n correspondiente en el libro respectivo. El c�nyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozar�n del derecho del tanto, el cual deber�n ejercer dentro de un t�rmino de treinta d�as naturales contados a partir de la notificaci�n, a cuyo vencimiento caducar� tal derecho. Si no se hiciere la notificaci�n, la venta podr� ser anulada.?

"En la especie, resulta que se cedieron los derechos sobre tierras parceladas y tierras de uso com�n a quien no existe constancia de que sea ejidatario o avecindado del mismo n�cleo ejidal, pues si bien en la cesi�n de derechos se se�ala que J.L.E.U. ha sido reconocido como avecindado, sin embargo la parte quejosa lo niega y en todo caso ello ser� materia de examen y resoluci�n por parte de la autoridad responsable (fojas 9-14 y 19-23 del juicio de origen) y aqu�llos son, entre otros, los requisitos que exige el art�culo 80 de la Ley Agraria para el efecto.

"Ahora bien, si en el caso a estudio no se est� transmitiendo la posesi�n de las tierras ejidales para que un tercero pueda usarlas y disponer de los frutos de las mismas, sino que se est�n cediendo gratuitamente los derechos sobre las tierras parceladas y sobre las tierras de uso com�n, es indiscutible que ello implica una enajenaci�n, que se realiza en contravenci�n del precepto antes transcrito, al celebrarse con un sujeto que no satisface la exigencia legal, es decir, que no es ejidatario ni avecindado del n�cleo de poblaci�n, pues no se desprende ello de autos; innegablemente se afecta al n�cleo de poblaci�n ejidal quejoso, porque con ese tipo de operaciones se pone en peligro la subsistencia del ejido quejoso, ya que si cada ejidatario, a su arbitrio, indiscriminadamente pudiera ceder los derechos sobre sus tierras parceladas y de uso com�n, se podr�a llegar, en un caso extremo, a desintegrar el propio ejido, o en otros casos, en que los extra�os fuesen mayor�a, a que la asamblea, atendiendo a esa integraci�n, acordara cuestiones perjudiciales para el ejido y a favor de los terceros cesionarios.

"De donde debe concluirse que dicho ejido est� legitimado para ejercer, a trav�s de su representante, que lo es el comisariado ejidal, promovente del juicio natural, la acci�n legal encaminada a defender los derechos sobre sus tierras, a fin de conservar su subsistencia, m�xime si se atiende a las caracter�sticas de la transacci�n y, por ello debe concluirse que no solamente est� legitimado quien celebr� los contratos de cesi�n y los ejidatarios o avecindados en lo individual, sino el propio ejido, pues se ven afectados derechos colectivos con esos contratos de cesi�n y por ello pueden ejercer cualquier acci�n en defensa de los intereses de la unidad productiva.

"Otra cosa ser�a si la cesi�n se hubiese celebrado con un ejidatario o avecindado del n�cleo de poblaci�n, como cesionario, pues, en tal caso, al satisfacer ese car�cter, no se pondr�a en riesgo el n�cleo de poblaci�n, careciendo �ste de legitimaci�n para promover acciones como las intentadas.

"Sin que pase inadvertido para este �rgano colegiado que el impetrante de garant�as refiere que el 1.69% de los derechos de copropiedad son relacionados con predios de una zona para el asentamiento humano, lo que implica que la disposici�n relativa supuestamente no afecta al ejido en su esfera jur�dica, porque conforme al art�culo 68 de la Ley Agraria los solares de esa naturaleza son del dominio pleno de sus titulares en lo individual, toda vez que por lo que ello se refiere, ser� materia de examen y resoluci�n por parte de la autoridad responsable (foja 3 del juicio de origen).

"Por tanto, es de concluirse, que el art�culo 80 de la Ley Agraria, al disponer que los ejidatarios pueden enajenar los derechos parcelarios, con la limitante expresa de que los adquirentes deben tener el car�cter de ejidatarios o avecinados, evidentemente se atiende al inter�s de que la titularidad de las tierras ejidales permanezca entre los miembros que conformen el ejido y no a personas extra�as a ellos, ya que si sujetos con intereses ajenos a los propios del ejido obtuvieren esa titularidad, no s�lo no estar�an obligados a participar en sus fines, sino que podr�an adoptar posturas que afectasen directamente la realizaci�n de sus objetivos, as� como la integraci�n y subsistenciadel mismo. Siendo as�, que la adquisici�n de la titularidad de tierras por parte de sujetos que no conforman el ejido, implica la intromisi�n de un extra�o al ejido, por lo que resulta evidente que al realizarse una enajenaci�n de este tipo, es decir, en que se traslade la titularidad de derechos parcelarios a un sujeto que no tenga alguno de los caracteres que establece el art�culo 80 de la Ley Agraria, se afectan intereses del ejido como entidad y no s�lo el inter�s particular de los que intervinieron en el acto traslativo, por lo que el comisariado ejidal est� legitimado para acudir a solicitar la nulidad de dicho acto, por ser el representante legal del ejido, de acuerdo con lo dispuesto por la fracci�n I del art�culo 33 de la propia Ley Agraria.

"Sostener lo contrario, como lo dice la parte quejosa, implicar�a dejar sin efectos reales la restricci�n contemplada en el art�culo 80 de la Ley Agraria, pues no tendr�a caso (ni trascendencia jur�dica) establecer restricciones a la enajenaci�n, entre ellas la cesi�n de derechos parcelarios, si los actos relativos s�lo pudieran ser impugnados por quienes los realizaron, en transgresi�n a la ley.

"Por consiguiente, dada la acci�n intentada y al no estar en conflicto �nicamente derechos individuales, sino colectivos, no resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que cit� la autoridad responsable, bajo el n�mero 208 de la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en el Ap�ndice de 1917-1995, Tomo III, p�gina 149, que tiene por rubro: ?COMISARIADOS EJIDALES. NO LES CORRESPONDE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS CAMPESINOS QUE INTEGRAN EL POBLADO.?

"Resta decir, a mayor abundamiento, que la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se pronunci� resolviendo que la cesi�n de derechos constituye una forma de enajenaci�n, lo que se aprecia de la parte considerativa de la ejecutoria que a continuaci�n se transcribe, que fue sustento de dicha instancia constitucional, para arribar a la tesis de rubro: ?DERECHOS PARCELARIOS. EL DERECHO DEL TANTO S�LO OPERA CUANDO SU TRANSMISI�N SE REALIZA A T�TULO ONEROSO.? ... (m�s adelante transcriben las consideraciones).

"En cuanto a los poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administraci�n y de dominio, otorgados por el ejidatario M.�a A.O., al cesionario J.L.U.E. y a diversa persona G.P.O., respecto de los derechos agrarios que cedi�, por lo que implican, les son aplicables las consideraciones se�aladas para los contratos de cesi�n de derechos sobre las tierras parcelarias y de uso com�n, pues el comisariado quejoso se encuentra legitimado para impugnar su validez mediante la acci�n ejercitada en el juicio agrario de origen, pues est�n relacionados con la cesi�n de derechos de tierras.

En las apuntadas consideraciones, al resultar fundado el concepto de violaci�n en estudio, procede conceder al comisariado ejidal quejoso el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emita otra, en la que considerando que dicho comisariado est� legitimado para ejercitar las acciones intentadas (lo que no constituye una cuesti�n de personalidad, como inexactamente se refiere), resuelva lo que en derecho corresponda.

SEXTO

Previamente al estudio de las cuestiones planteadas en las ejecutorias transcritas, que motivan la denuncia de contradicci�n de tesis, es conveniente establecer cu�les son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposici�n de criterios entre Tribunales Colegiados.

Lo anterior encuentra respuesta en el contenido de los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que dicen a la letra:

"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las S. de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas S., el procurador general de la Rep�blica o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidir� cu�l tesis debe prevalecer.

"La resoluci�n que pronuncien las S. o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos p�rrafos anteriores, s�lo tendr� el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicci�n."

"Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as.

"La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.

La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al interpretar los preceptos transcritos, ha estimado que para la existencia de la materia sobre la cual debe pronunciarse, trat�ndose de contradicci�n de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben concurrir los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

As� se desprende de la jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, consultable a foja setenta y seis del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de dos mil uno, que dice a la letra:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

S�PTIMO

Para establecer si los criterios cuya aparente contradicci�n se denuncia, se ajustan a los requisitos que se contemplan en la jurisprudencia previamente transcrita, cabe se�alar que de lo antes reproducido se advierte, en lo que aqu� interesa, lo siguiente:

  1. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver los juicios de amparo directo n�meros 428/2002, 434/2002, 436/2002 y 586/2002, declar� infundados los conceptos de violaci�n hechos valer por el ejido quejoso, en el sentido de que su comisariado ejidal tiene legitimaci�n para demandar la nulidad del contrato de cesi�n gratuita de derechos sobre tierras parceladas y del poder general especial para pleitos y cobranzas y de dominio, celebrado entre un ejidatario y un tercero extra�o al n�cleo de poblaci�n, al considerar, en s�ntesis:

    1. Que conforme a los art�culos 80 y 33, fracci�n I, de la Ley Agraria, los ejidatarios s� pueden enajenar sus derechos parcelarios que tengan sobre el ejido, con las salvedades a que se refiere el primero de esos numerales.

    2. El comisariado ejidal es el encargado de ejecutar los acuerdos de la asamblea y representar �nicamente al n�cleo ejidal en sus intereses colectivos.

    3. El contrato de cesi�n de derechos celebrado sobre tierras parcelarias, as� como del poder otorgado sobre dicho inmueble, son derechos meramente individuales del ejidatario cedente, por tanto, el comisariado ejidal carece de legitimaci�n activa para demandar su nulidad.

    4. El contrato de cesi�n de derechos no atenta contra la propiedad del ejido, sino s�lo los derechos individuales del ejidatario cedente en lo particular.

    5. No es obst�culo para esas consideraciones, la disposici�n relativa a que es competencia exclusiva de la asamblea, la aceptaci�n o separaci�n de los ejidatarios, as� como de sus aportaciones; toda vez que el contrato no otorga o transmite la calidad de ejidatario.

  2. El Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al fallar los amparos en revisi�n 65/2002 y 66/2002, sostuvo como argumentos:

    1. Que la Ley Agraria, en sus art�culos 32 y 33, establecen expresamente entre las facultades y obligaciones conferidas al comisariado ejidal, representar el n�cleo de poblaci�n y administrar los bienes comunes del ejido, procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios, convocar a la asamblea y cumplir los acuerdos que se adopten en ella, informar a la propia asamblea acerca de sus labores y los dem�s consignados en la ley y el reglamento interno del ejido.

    2. Los art�culos 60 y 80 de la propia Ley Agraria permiten la cesi�n de derechos sobre tierras de uso com�n, por un ejidatario, y la enajenaci�n de sus derechos parcelarios, siempre y cuando exista un convenio celebrado al respecto con otros que tengan su misma calidad; esto es, que se trate de ejidatarios o avecindados del mismo n�cleo de poblaci�n. De tal suerte que sin tales requisitos, cualquier convenio en donde se estipule lo contrario, a�n cuando la cesi�n sea gratuita, carece de valor.

    3. Por lo anterior, el comisariado ejidal, como representante del ejido, encargado de vigilar cualquier cuesti�n en donde se pudiera perjudicar las tierras que conforman el poblado, s� tiene facultad y est� autorizado para defender los intereses que representa cuando se vean afectados los derechos de los propios ejidatarios, tal y como lo dispone el art�culo 33, fracci�n II, de la Ley Agraria.

    4. A�n cuando sea gratuita la cesi�n de derechos por un ejidatario a otro, que es ajeno al n�cleo de poblaci�n, respecto de la parcela ejidal y tierras de uso com�n, pretende eludir que quienes est�n facultados, ejerzan su derecho del tanto en relaci�n con dichas tierras.

    5. Considerar al comisariado ejidal carente de facultades para intervenir en asuntos que perjudiquen al propio ejido, ser�a permitir a los ejidatarios celebrar indiscriminadamente convenios con terceros que tienen intereses ajenos al propio ejido; lo que paulatinamente ocasionar�a un desmembramiento de tierras y, como consecuencia, la desaparici�n, aunque sea de hecho, del propio ejido.

    6. Para que proceda una cesi�n respecto de tierras ejidales, es necesario, primero, que el adquirente o cesionario sea reconocido por la asamblea ejidal; luego, al autorizarse el convenio correspondiente y no existir oposici�n entre los integrantes del n�cleo, el ejidatario puede libremente convenir con otro, la cesi�n de sus derechos, ya sea parcelarios o de uso com�n, pero no al contrario; toda vez que es el propio ejido quien administra sus bienes y debe ser a trav�s de acuerdos de asamblea donde se decida el destino que se le dar� a las tierras, conforme al art�culo 56 de la Ley Agraria.

  3. Por �ltimo, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 90/2002, apunt� lo siguiente:

    1. En t�rminos del art�culo 27, fracci�n VII, de la Constituci�n Federal y 79 de la Ley Agraria, un ejidatario est� en posibilidad legal de transmitir la posesi�n derivada a cualquiera, ya se trate de otros ejidatarios o terceros ajenos al n�cleo ejidal, pero con la limitaci�n de que sea para que la use y disfrute, mediante los actos que precisa la �ltima disposici�n legal o cualquier acto jur�dico que no est� prohibido por la ley.

    2. En el caso, no se est� transmitiendo la posesi�n de tierras ejidales para que un tercero pueda usarlas y disponer de los frutos de las mismas, sino que se est�n cediendo gratuitamente los derechos sobre las tierras parceladas y sobre las tierras de uso com�n; lo cual implica una enajenaci�n que se realiza en contravenci�n al art�culo 80 de la Ley Agraria, al celebrarse con un sujeto que no satisface la exigencia legal de que sea ejidatario o avecindado del n�cleo de poblaci�n, lo que innegablemente afecta al n�cleo de poblaci�n quejoso, porque ese tipo de operaciones pone en peligro la subsistencia del ejido

    3. Por lo anterior, el ejido est� legitimado para ejercitar, a trav�s de su comisariado ejidal, la acci�n legal encaminada a defender los derechos sobre sus tierras, m�xime que la cesi�n de derechos, al celebrarse de manera gratuita, afecta los derechos colectivos y por ello, adem�s de los ejidatarios o avecindados en lo individual, el propio ejido puede ejercer cualquier acci�n en defensa de los intereses de la unidad productiva.

    4. El art�culo 80 de la Ley Agraria, al disponer que los ejidatarios pueden enajenar los derechos parcelarios, con la limitante de que los adquirentes deban tener el car�cter de ejidatarios o avecindados, atiende al inter�s de que la titularidad de las tierras ejidales permanezca entre los miembros que conforman el ejido y no a personas extra�as a ellos.

    5. Al trasladarse la titularidad de derechos parcelarios a un sujeto que no tenga alguno de los caracteres que establece el art�culo 80 de la Ley Agraria, afecta los intereses del ejido como entidad y no s�lo el inter�s particular de los que intervinieron en el acto traslativo, por lo que el comisariado ejidal est� legitimado para acudir a solicitar la nulidad de dicho acto, por ser el representante del ejido, de acuerdo con lo dispuesto por la fracci�n I del art�culo 33 de la Ley Agraria; sostener lo contrario implicar�a dejar sin efectos reales la restricci�n contemplada en el art�culo 80 de la Ley Agraria, ya que no tendr�a caso (ni trascendencia jur�dica), establecer restricciones a la enajenaci�n, entre ellas la cesi�n de derechos parcelarios, si los actos relativos s�lo pudieran ser impugnados por quienes los realizaron en transgresi�n a la ley.

    6. Por consiguiente, al no estar en conflicto �nicamente derechos individuales, sino colectivos, no resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro: "COMISARIADOS EJIDALES. NO LES CORRESPONDE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS CAMPESINOS QUE INTEGRAN EL POBLADO."

    7. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se pronunci� resolviendo que la cesi�n de derechos constituye una forma de enajenaci�n, lo que se aprecia de la parte considerativa de la ejecutoria que dio lugar a la tesis de rubro: "DERECHOS PARCELARIOS. EL DERECHO DEL TANTO S�LO OPERA CUANDO SU TRANSMISI�N SE REALIZA A T�TULO ONEROSO.". Por tanto, la parte quejosa s� tiene inter�s jur�dico y por ello, est� legitimada para ejercitar la acci�n de nulidad que plante�.

    De acuerdo a las anteriores precisiones, debe decirse que no existe la contradicci�n de tesis respecto de los Tribunales Colegiados Tercero y Segundo del D�cimo S�ptimo Circuito.

    En efecto, considerando que para darse una contradicci�n de tesis es necesario que dos o m�s Tribunales Colegiados de Circuito examinen un mismo problema y sostengan criterios divergentes; y que en la denuncia de contradicci�n de tesis, lo que se pretende es que se resuelva si el comisariado ejidal tiene legitimaci�n para demandar la nulidad de un contrato de cesi�n de derechos sobre tierras parceladas, celebrado a t�tulo gratuito, entre un ejidatario y un tercero, que no es ejidatario ni avecindado del ejido; es de concluirse que no existe la contradicci�n de tesis denunciada entre esos Tribunales Colegiados, pues si bien en las ejecutorias transcritas examinaron la misma cuesti�n, a que se ha hecho referencia, no adoptaron criterios discrepantes.

    Esto se afirma porque al resolver los juicios de amparo directo 65/2002 y 66/2002, el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito resolvi� que el comisariado ejidal, como representante del ejido, encargado de vigilar cualquier cuesti�n en donde se pudiera perjudicar las tierras que conforman el poblado, s� tiene facultad y est� autorizado para demandar la nulidad del contrato de cesi�n de derechos celebrado entre un ejidatario y otro que es ajeno al n�cleo de poblaci�n, respecto de la parcela ejidal, pues a�n cuando sea gratuita, la cesi�n de derechos pretende eludir que quienes est�n facultados ejerzan su derecho del tanto en relaci�n con dichas tierras.

    Y que considerar al comisariado ejidal carente de facultades para intervenir en asuntos que perjudiquen al propio ejido, ser�a permitir a los ejidatarios celebrar indiscriminadamente convenios con terceros que tienen intereses ajenos al propio ejido; lo que paulatinamente ocasionar�a un desmembramiento de tierras y como consecuencia, la desaparici�n, aunque sea de hecho, del propio ejido. Siendo que el propio ejido es quien administra sus bienes y debe ser a trav�s de acuerdos de asamblea donde se decida el destino que se le dar� a las tierras, conforme al art�culo 56 de la Ley Agraria.

    Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, en la sentencia correspondiente al amparo en revisi�n 90/2002, estim� que la cesi�n de derechos no s�lo transmite la posesi�n de tierras ejidales para que un tercero pueda usarlas y disponer de los frutos de las mismas, sino que se est�n cediendo, gratuitamente, los derechos sobre las tierras parceladas; lo cual implica una enajenaci�n que se realiza en contravenci�n al art�culo 80 de la Ley Agraria, al celebrarse con un sujeto que no satisface la exigencia legal de que sea ejidatario o avecindado del n�cleo de poblaci�n, lo que innegablemente afecta al n�cleo de poblaci�n quejoso, porque ese tipo de operaciones pone en peligro la subsistencia del ejido.

    Y que por esa raz�n, el ejido est� legitimado para ejercitar, a trav�s de su comisariado ejidal, la acci�n legal encaminada a defender los derechos sobre sus tierras; m�xime que la cesi�n de derechos, al celebrarse de manera gratuita, afecta los derechos colectivos y por ello, adem�s de los ejidatarios o avecindados en lo individual, el propio ejido puede ejercer cualquier acci�n endefensa de los intereses de la unidad productiva.

    Que al no estar en conflicto �nicamente derechos individuales, sino colectivos, no resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro: "COMISARIADOS EJIDALES. NO LES CORRESPONDE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS CAMPESINOS QUE INTEGRAN EL POBLADO."

    Adem�s, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se pronunci� resolviendo que la cesi�n de derechos constituye una forma de enajenaci�n, lo que se aprecia de la parte considerativa de la ejecutoria que dio lugar a la tesis de rubro: "DERECHOS PARCELARIOS. EL DERECHO DEL TANTO S�LO OPERA CUANDO SU TRANSMISI�N SE REALIZA A T�TULO ONEROSO.". Por tanto, la parte quejosa s� tiene inter�s jur�dico y por ello, est� legitimada para ejercitar la acci�n de nulidad que plante�.

    Atento a lo expuesto, toda vez que los Tribunales Colegiados Tercero y Segundo del D�cimo S�ptimo Circuito coincidieron en que el comisariado ejidal s� tiene legitimaci�n para demandar la acci�n de nulidad del referido contrato, debe concluirse que entre ellos no existe la contradicci�n de tesis denunciada.

OCTAVO

Por lo que hace al Quinto Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, debe decirse que s� existe la contradicci�n de criterios, ya que en sus ejecutorias transcritas correspondientes a los juicios de amparo 428/2002, 434/2002, 436/2002 y 586/2002, examin� cuestiones esencialmente iguales a las de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero del mismo circuito; sin embargo, adopt� un criterio discrepante, partiendo del examen de los mismos elementos.

Efectivamente, mientras los Tribunales Colegiados Tercero y Segundo del D�cimo S�ptimo Circuito sostuvieron que el comisariado ejidal, como representante del ejido y encargado de vigilar cualquier cuesti�n donde se pudiera perjudicar las tierras que conforman el poblado, s� est� legitimado para demandar la nulidad del contrato de cesi�n de derechos a t�tulo gratuito de un ejidatario a una persona ajena al n�cleo de poblaci�n, porque con �l se afectan los intereses colectivos del ejido; el Quinto Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito determin� que el contrato de cesi�n de derechos sobre tierras parceladas no atenta contra la propiedad del ejido, sino s�lo los derechos individuales del ejidatario cedente en lo particular; en consecuencia, el comisariado ejidal carece de legitimaci�n activa para demandar su nulidad, por ser el encargado �nicamente de ejecutar los acuerdos de la asamblea y representar al n�cleo ejidal en sus intereses colectivos.

As� se da la contradicci�n de tesis denunciada, pues ante un mismo problema jur�dico, un Tribunal Colegiado, el Quinto del D�cimo S�ptimo Circuito, sostiene un criterio divergente a los de los Tribunales Colegiados Tercero y Segundo del mismo circuito.

No pasa inadvertido para esta Segunda Sala, que aun cuando los criterios que sustentan los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia, ello no resulta ser impedimento para decidir cu�l criterio debe prevalecer, en virtud de que ni la Constituci�n Federal, ni la Ley de Amparo establecen ese requisito; aserto que se corrobora con la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno, cuyo rubro, texto y datos de localizaci�n son los siguientes:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XIII, abril de 2001. Tesis: P./J. 27/2001. P�gina: 77).

En esas condiciones, el punto de contradicci�n estriba en determinar si el comisariado ejidal tiene legitimaci�n para demandar la nulidad de los contratos de cesi�n de derechos sobre parcelas ejidales, celebrados a t�tulo gratuito, entre un ejidatario y otra persona que no es ejidatario ni avecindado del n�cleo de poblaci�n.

NOVENO

A efecto de resolver la contradicci�n planteada, resulta indispensable determinar como una cuesti�n preponderante, si el multicitado contrato por el que un ejidatario cede a t�tulo gratuito, sus derechos parcelarios a un tercero que es ajeno al n�cleo de poblaci�n ejidal, afecta �nicamente los derechos individuales del ejidatario cedente o tambi�n los derechos colectivos del ejido.

Para ello, conviene destacar que el ejido es una instituci�n que cuenta con elementos patrimoniales conformados por las tierras, bosques y aguas de su propiedad, as� como el elemento humano que lo integra.

En nuestro sistema jur�dico, la existencia del ejido se encuentra prevista en el art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, antes de ser reformado en el a�o de mil novecientos noventa y dos, establec�a lo siguiente en la parte que nos interesa:

"Art�culo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los l�mites del territorio nacional, corresponde originariamente a la naci�n, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

"Las expropiaciones s�lo podr�n hacerse por causa de utilidad p�blica y mediante indemnizaci�n.

"La naci�n tendr� en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico, as� como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiaci�n, con objeto de hacer una distribuci�n equitativa de la riqueza p�blica, cuidar de su conservaci�n, lograr el desarrollo equilibrado del pa�s y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci�n rural y urbana. En consecuencia, se dictar�n las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras p�blicas y de planear y regular la fundaci�n, conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n; para preservar y restaurar el equilibrio ecol�gico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer en los t�rminos de la ley reglamentaria, la organizaci�n y explotaci�n colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la peque�a propiedad agr�cola en explotaci�n; para la creaci�n de nuevos centros de poblaci�n agr�cola con tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucci�n de los elementos naturales y los da�os que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los n�cleos de poblaci�n que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su poblaci�n, tendr�n derecho a que se les dote de ellas, tom�ndolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la peque�a propiedad agr�cola en explotaci�n.

"...

"VIII. Se declaran nulas:

"...

"b) Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretar�as de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el d�a primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de com�n repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancher�as, congregaciones o comunidades, y n�cleos de poblaci�n.

"c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el per�odo de tiempo a que se refiere la fracci�n anterior, por compa��as, Jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federaci�n, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de com�n repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a n�cleos de poblaci�n.

"Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, �nicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y pose�das en nombre propio a t�tulo de dominio por m�s de diez a�os cuando su superficie no exceda de cincuenta hect�reas.

"...

"X. Los n�cleos de poblaci�n que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su restituci�n por falta de t�tulos, por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hubieren sido enajenados, ser�n dotados con tierras y aguas suficientes para constituirlos, conforme a las necesidades de su poblaci�n, sin que en ning�n caso deje de conced�rseles la extensi�n que necesiten, y al efecto se expropiar� por cuenta del Gobierno Federal el terreno que baste a ese fin, tom�ndolo del que se encuentre inmediato a los pueblos interesados.

"La superficie o unidad individual de dotaci�n no deber� ser en lo sucesivo menor de diez hect�reas de terrenos de riego o humedad o, a falta de ellos, de sus equivalentes en otras clases de tierras, en los t�rminos del p�rrafo tercero de la fracci�n XV de este art�culo.".

Ese precepto constitucional se reform� mediante decreto publicado el veintis�is de febrero de mil novecientos noventa y dos, en vigor al d�a siguiente. A la iniciativa de reforma se acompa�� la exposici�n de motivos que dice en lo conducente:

"C�mara de Origen: Diputados

"Exposici�n de motivos

"M�xico D.F., jueves 7 de noviembre de 1991

"Iniciativa del Ejecutivo

"Reforma del art�culo 27

"Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la Rep�blica.

"Ciudadanos secretarios de la C�mara de Diputados del honorable Congreso de la Uni�n. Presentes.

"...

"3. La propuesta de la reforma al art�culo 27 constitucional.

"La direcci�n y el sentido de los cambios necesarios est�n claramente definidos por nuestra historia y por el esp�ritu que le imprimieron los Constituyentes al art�culo 27 de nuestro ordenamiento supremo. Esta norma establece la propiedad originaria de la naci�n y somete las formas de propiedad y uso al inter�s p�blico. Por eso, realizar los ajustes que demande la circunstancia nacional es cumplir con el esp�ritu del Constituyente. Esta norma constitucional condensa nuestro sistema agrario, sin precedente en su concepci�n y alcance. No s�lo representa un ideal vigente, sino que ha tenido un efecto formidable en la configuraci�n social de nuestro pa�s. La propiedad originaria de la naci�n sobre las tierras y aguas es norma esencial de los mexicanos.

"En el art�culo 27, el Constituyente de Q.�taro estableci� decisiones pol�ticas fundamentales, principios fundadores de la instituci�n de la propiedad en M�xico. Ratificamos y respetamos estas decisiones hist�ricas para nuestra naci�n. Por ello, se mantiene en el texto del art�culo 27: La propiedad originaria de la naci�n sobre las tierras y aguas, primer p�rrafo, el dominio directo, inalienable e imprescriptible, sobre los recursos naturales que el mismo art�culo establece. En particular, se ratifica y mantiene la decisi�n que da a la naci�n la explotaci�n directa del petr�leo, los carburos de hidr�geno y los materiales radioactivos, adem�s de la generaci�n de la energ�a el�ctrica para el servicio p�blico y nuclear, p�rrafos tercero a s�ptimo. Tampoco se modifica la potestad de ejercer derechos en la zona econ�mica del mar territorial, p�rrafo octavo y a la facultad de expropiar, determinar la utilidad p�blica y fijar la indemnizaci�n correspondiente, p�rrafo segundo y fracci�n VI, parcialmente. Permanecen las obligaciones del Estado de impartir justicia expedida y de promover el desarrollo rural integral, fracci�n XIX y XX.

"3.1. Objetivos de la reforma: Justicia y libertad.

"Ampliar justicia y libertad son los objetivos de esta iniciativa, como lo han sido los de las luchas agrarias que nos precedieron. Busca promover cambios que alientan una mayor participaci�n de los productores del campo en la vida nacional, que se beneficien con equidad de su trabajo, que aprovechen su creatividad y que todo ello se refleje en una vida comunitaria fortalecida y una naci�n m�s pr�spera. Para lograrlo, los cambios deben proporcionar mayor certidumbre en la tenencia y en la producci�n para ejidatarios, comuneros y peque�os propietarios. Parte esencial del prop�sito de justicia es revertir el creciente minifundio en el campo; �ste proviene en gran parte de la obligaci�n de seguir repartiendo tierras y de la falta de formas asociativas estables. Los cambios deben, por ello, ofrecer los mecanismos y las formas de asociaci�n que estimulen una mayor inversi�n y capitalizaci�n de los predios rurales, que eleven producci�n y productividad y abran un horizonte m�s amplio de bienestar campesino. T.�n deben fortalecer la vida comunitaria de los asentamientos humanos y precisar los derechos de ejidatarios y comuneros, de manera que se respeten las decisiones que tomen para el aprovechamiento de sus recursos naturales.

"3.2. Lineamientos y modificaciones.

"a) Dar certidumbre jur�dica en el campo.

"El fin del reparto agrario ...

"...

"La Justicia Agraria ...

"b) Capitalizar el campo.

"Para reactivar la producci�n y establecer de manera sostenida su crecimiento son necesarios los cambios que atraigan y faciliten la inversi�n en las proporciones que el campo ahora demanda. Para lograrlo, se requiere seguridad pero tambi�n nuevas formas de asociaci�n donde imperen equidad y certidumbre, se estimule la creatividad de los actores sociales y se compartan riesgos. Se mantienen los l�mites de la peque�a propiedad, pero se superan las restricciones productivas del minifundio para lograr, mediante la asociaci�n, las escalas de producci�n adecuadas. Por ello, conviene eliminar los impedimentos a las sociedades mercantiles para dar capacidad a los productores de vincularse efectivamente en las condiciones del mercado.

"La peque�a propiedad ...

"...

"Nuevas formas de asociaci�n ...

"c) Proteger y fortalecer la vida ejidal y comunal.

"La reforma se propone reafirmar las formas de tenencia de la tierra derivadas de la gesta agraria de los mexicanos y adecuarlas a las nuevas realidades del pa�s. Cada una de ellas tiene origen y prop�sito en los intereses y la interacci�n entre grupos hist�ricamente conformados. El respeto y protecci�n a su configuraci�n como asentamiento humano es condici�n para la preservaci�n del tejido social. Su base productiva debe ser fuente de bienestar para el campesino y de prosperidad para la naci�n. Por ello se elevan a nivel constitucional el reconocimiento y la protecci�n al ejido y la comunidad. Confirmamos sin ambig�edad al ejido y la comunidad como formas de propiedad al amparo de nuestra ley suprema. Son tierras de los ejidatarios y comuneros, a ellos corresponden las decisiones sobre su manejo. El Siglo XX ratific� al ejido y la comunidad como formas de vida comunitarias creadas a lo largo de la historia. Demos paso a la reforma agraria de los propios campesinos.

"La reforma a la fracci�n VII, que promueve esta iniciativa, reconoce la distinci�n entre la base territorial del asentamiento humano, sustento de una cultura de vida comunitaria y la tierra para las actividades productivas del n�cleo ejidal y comunal en el �mbito parcelario. Reconoce, tambi�n, la plena capacidad de los ejidatarios de decidir las formas que deben adoptar y los v�nculos que deseen establecer entre ellos para aprovechar su territorio. T.�n fija el reconocimiento de la ley a los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas. Estos cambios atienden a la libertad y dignidad que exigen los campesinos y responden al compromiso del Estado de apoyar y sumarse al esfuerzo que ellos realizan para vivir mejor.

"La propiedad ejidal y comunal ser� protegida por la Constituci�n. Se propone la protecci�n a la integridad territorial de los pueblos ind�genas.

"Igualmente, se protegen y reconocen las �reas comunes de los ejidos y el sustento territorial de los asentamientos humanos. En todo caso, el solar en el casco urbano seguir� siendo de la exclusiva propiedad de sus moradores. Las superficies parceladas de los ejidos podr�n enajenarse entre los miembros de un mismo ejido de la manera que lo disponga la ley, propiciando la compactaci�n parcelaria y sin permitir acumulaci�n o la fragmentaci�n excesivas.

"Los poseedores de parcelas podr�n constituirse en asociaciones, otorgar su uso a terceros, o mantener las mismas condiciones presentes. La mayor�a calificada del n�cleo de poblaci�n que fije la ley podr� otorgar al ejidatario el dominio de su parcela, previa regularizaci�n y definici�n de su posesi�n individual. Hay que expresarlo con claridad. Los ejidatarios que quieran permanecer como tales recibir�n el apoyo para su desarrollo. No habr� ventas forzadas por la deuda o por la restricci�n. La ley prohibir� contratos que de manera manifiesta abusen de la condici�n de pobreza o de ignorancia. Sostenemos el ejercicio de la libertad, pero �ste jam�s puede confundirse con la carencia de opciones.

"Nadie quedar� obligado a optar por alguna de las nuevas alternativas; dejar�an de serlo.

"Se crear�n las condiciones para evitar que la oportunidad se confunda con la adversidad.

"El Estado mexicano no renuncia a la protecci�n de los intereses de los ejidatarios y comuneros.

"La reforma propuesta preserva ese mandato pero distingue claramente entre las acciones de protecci�n y promoci�n que s� asume, de aqu�llas que no debe realizar porque suplantan la iniciativa campesina y anulan sus responsabilidades.

"Debemos reconocer la madurez que ha promovido la reforma agraria y la pol�tica educativa, de salud y de bienestar en general, que ha realizado el Estado mexicano durante muchas d�cadas. La reforma reconoce la plena capacidad legal del ejidatario y tambi�n sus responsabilidades.

"A ellos les corresponde resolver la forma de aprovechamiento de sus predios dentro de los rangos de libertad que ofrezca nuestra Carta Magna.

"La capacidad y dignidad de los campesinos, su importancia y la de sus organizaciones, se decisi�n requieren apoyo y no paternalismo; constituyen, por eso, puntos de partida para la modernizaci�n de la producci�n rural. El respeto a la libertad de los productores rurales, la protecci�n de sus comunidades y el reconocimiento pleno de su autonom�a est�n inscritos en la propuesta, sin merma de la obligaci�n del Estado para ordenar y normar el conjunto con equidad, as� como para proteger a los campesinos.

"Debemos combatir la pobreza; estamos luchando por superarla sum�ndonos a la iniciativa de los campesinos que en sus propios t�rminos realizan ya en la vida cotidiana una reforma campesina de gran profundidad. Debemos acercarnos m�s a las preocupaciones y a los intereses verdaderos de los productores rurales con respeto y solidaridad y no pretender que a�n no llega el tiempo para que decidan sobre sus propios asuntos.

"Demos pleno reconocimiento a nuestra historia y a la lucha de los campesinos, a la diversidaden las formas de tenencia y de aprovechamiento de la tierra. Podremos superar los retos como lo hicimos tantas veces en el pasado.

"...

"4. Car�cter integral de la transformaci�n en el campo

"...

"La intenci�n es, sencillamente, m�s justicia: justicia social. Elevar el bienestar de los productores y aumentar la producci�n del campo deben ahora recibir expresi�n concreta. N. y acci�n se unen en la reforma integral que merece y necesita el campo mexicano.

"Por lo antes expuesto y con fundamento en la fracci�n I del art�culo 71 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos secretarios, me permito someter a la consideraci�n del honorable Congreso de la Uni�n, para los efectos del art�culos 135 de la propia Constituci�n, la presente:

"Iniciativa de Decreto que reforma el art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Art�culo �nico. Se reforman el p�rrafo tercero y las fracciones IV, VI, primer p�rrafo; VII, XV y XVII y se derogan las fracciones X a XIV y XVI del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ...

En el dictamen presentado en la C�mara de Diputados respecto de esa iniciativa de reforma al art�culo 27 constitucional, se otorg� especial importancia a su fracci�n VII, como se advierte de la siguiente transcripci�n:

"C�mara de Origen: Diputados

"Dictamen

"M�xico D.F., martes 3 de diciembre de 1991

"Dict�menes de primera lectura

"Art�culo 27 constitucional

"El secretario diputado Domingo Alapizco Jim�nez:

"A las Comisiones Unidas de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el p�rrafo tercero y las fracciones IV, VI, primer p�rrafo; VII, XV y XVII y deroga las fracciones X a XIV y XVI del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el ciudadano licenciado C.S. de Gortari, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

"Estas comisiones con fundamento en los art�culos 72, 73, fracciones XXIX-C, XXIX-E, XXX y 135 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 64 de la Ley Org�nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55 y dem�s relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al an�lisis y estudio de la presente bajo los siguientes

"Antecedentes

"La iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades que se le otorga el art�culo 71, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica, fue presentada ante el Pleno de esta C�mara de Diputados el pasado 7 de noviembre de 1991.

"La presidencia de la mesa directiva conforme al reglamento turn� la iniciativa materia del presente dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria de la honorable C�mara de Diputados.

"Habiendo examinado la iniciativa mencionada y la exposici�n de motivos que la acompa�a y teniendo presente la evoluci�n jur�dica, pol�tica, econ�mica y social del campo en el �mbito nacional, las comisiones con fundamento en el art�culo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, acordaron realizar una serie de audiencias p�blicas que se llevaron a efecto en el seno de las Comisiones Unidas de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria con sede en este recinto legislativo, a las que invit� a participar a intelectuales, expertos en materia agraria, dirigentes de organizaciones, de peque�os propietarios, ejidatarios, comuneros y funcionarios de las Secretar�as de la Reforma Agraria y Agricultura y Recursos Hidr�ulicos y de otras dependencias que ilustraron el criterio de los legisladores respecto a la iniciativa presentada por el presidente de la Rep�blica.

"Durante el desarrollo de estas audiencias y en los trabajos de las comisiones unidas que dictaminan, los diferentes partidos pol�ticos hicieron aportaciones que se incluyen en el presente en la inteligencia de que en los puntos en que no se logr� consenso, proceder�n a presentarlos ante el pleno y que sus planteamientos deber�n ser recogidos como parte de este dictamen.

"Asimismo, es relevante destacar que en dos ocasiones se reuni� un grupo plural integrado por diputados y senadores, para intercambiar puntos de vista sobre esta iniciativa de reformas, encontr�ndose una gran convergencia en los problemas y planteamientos analizados.

"Con base en lo anterior, quienes suscribimos nos permitimos presentar las siguientes consideraciones en relaci�n con este dictamen.

"Consideraciones

"Las luchas por la justicia y reivindicaci�n de libertades en el campo han marcado nuestra historia y contribuyeron a definir los prop�sitos comunes de nuestra sociedad. La Revoluci�n Mexicana naci� en el campo y moviliz�, luego, a la naci�n. La Constituci�n de 1917 recoge los anhelos justicieros de los campesinos y los integra a los derechos sociales que ella establece para todos los mexicanos. Nuestra N. Fundamental consagra la propiedad de la tierra y la regulaci�n de �sta, como instrumentos que han de permitir un mejor logro de los fines superiores del Estado: libertades, democracia, justicia y soberan�a. A. por la fuerza de nuestro nacionalismo y en el horizonte de la Constituci�n, los mexicanos realizamos las grandes tareas que demandaba la construcci�n del M�xico contempor�neo.

"Hoy, al iniciarse esta d�cada que nos lleva al siglo XXI, enfrentamos otros desaf�os. M�xico supera los 82 millones de habitantes. La sociedad ha urbanizado y los nuevos mexicanos que se integran a la acci�n com�n demandan empleo y oportunidades. Las situaciones de pobreza extrema son intolerables. Existen todav�a viejos problemas sin resolver cuando estamos ya ante las nuevas demandas por una mejor calidad de vida. En el contexto mundial, la globalizaci�n econ�mica y la competencia por los mercados nos exigen encontrar caminos in�ditos para engrandecer el pa�s.

"Ante esos desaf�os la modernizaci�n de M�xico es un imperativo social. Una modernizaci�n para lograr una sociedad m�s justa y con mayores niveles de bienestar. Una modernizaci�n fincada en las libertades y en la democracia. Una modernizaci�n sustentada en nuestro nacionalismo y que ha de poner los nuevos cimientos econ�micos del pa�s en un contexto mundial de r�pidas transformaciones.

"En este proceso de modernizaci�n, el campo exige una nueva respuesta para brindar mayores oportunidades de bienestar a sus habitantes, aumentar la productividad y dar bases s�lidas a nuestra econom�a. En el campo hemos de abrir las puertas a los factores del cambio. Un cambio deliberado y atento a la experiencia de nuestra historia. Un cambio que fortalezca y renueve nuestra identidad, nuestra soberan�a y nuestro nacionalismo.

"Los mexicanos queremos que el cambio se asocie con progreso. Aspiramos a una reforma social que garantice a todos los satisfactores esenciales, servicios de calidad y un ingreso m�s elevado y mejor distribuido. Aspiramos a una nueva relaci�n pol�tica democr�tica y madura, a una vida p�blica fincada en los principios �ticos y morales que demanda nuestra sociedad compleja, diferenciada y plural. Quienes menos tienen exigen las reformas con mayor urgencia. La direcci�n principal del cambio es, por ello, la que le otorga el sentido de justicia.

"No queremos cambiar para borrar el pasado, como sucede en otras latitudes, sino para actualizarlo. Hemos de dar al cambio en M�xico nuestro perfil y nuestra medida. Hemos de imprimirle el sello de nuestro nacionalismo. La modernizaci�n nacionalista y popular ha de dar contemporaneidad a nuestra memoria y a nuestros valores, a la ra�z y raz�n de M�xico. As� construimos el futuro de la naci�n en este mundo de r�pidas y desafiantes transformaciones.

"El campo hoy nos exige una nueva actitud y una nueva mentalidad. Nos pide profundizar en nuestra historia y en el esp�ritu de justicia de la Constituci�n para preservar lo valioso que tenemos. Reclama una clara y precisa comprensi�n de la realidad y sus perspectivas futuras para guiarnos en lo que debe cambiar. Requiere una respuesta nacionalista, renovadora de las actitudes, que efectivamente impulse la producci�n, la iniciativa y creatividad de los campesinos, el bienestar de sus familias y, sobre todo, proteja nuestra identidad compartida. Por eso, es preciso examinar el marco jur�dico y los programas que ata�en al agro para que sean parte central de la modernizaci�n del pa�s y de la elevaci�n productiva del bienestar general.

"Lo que hemos hecho en la historia nos permite hoy dar pasos nuevos en el campo. Los campesinos demandan una mejor organizaci�n de su esfuerzo en una perspectiva clara y duradera, que efectivamente los beneficie y que contribuya a la fortaleza de la naci�n. La sociedad justa del siglo XXI a la que aspiramos no puede construirse si perduran las tendencias actuales en el medio rural.

"I. La Constituci�n: Justicia y libertades en el campo ...

"II. Las nuevas condiciones para la justicia y las libertades en el campo.

"...

"11.3 La modernizaci�n del campo.

"Una de las lecciones que podemos sacar de los acontecimientos mundiales de los �ltimos a�os, es que aquellas naciones que no emprenden soberana y responsablemente la reforma de sus instituciones p�blicas y privadas y la modernizaci�n de sus fundamentos productivos, ver�n ensancharse sus diferencias con las naciones desarrolladas. En nuestro pa�s, desde hace varios a�os y en particular en los tres �ltimos, se han emprendido acciones que buscan transformar las estructuras econ�micas que son sustento del desarrollo nacional. La desincorporaci�n de empresas p�blicas, el restablecimiento del sistema mixto de la banca, la apertura de nuestras fronteras al intercambio comercial, son algunas de las acciones emprendidas para abrir cauces a las nuevas iniciativas de la sociedad.

"Lleg� el momento de incorporar decididamente el campo a la modernizaci�n nacionalista y popular de M�xico. Es un reclamo de los ejidatarios, los ind�genas, los peque�os propietarios y de la sociedad en su conjunto. No podemos defraudarlos.

"Hemos de darles respuesta. Como legisladores es nuestro deber y de �l hemos de dar cuenta ante la naci�n. Como lo afirma la iniciativa presidencial ?nuestro nacionalismo no puede quedar atado a formas de asociaci�n o de producci�n determinadas. Est� vinculado con fines superiores: soberan�a, justicia, democracia y libertad.?

"En el marco de las reformas al art�culo 27 de la Constituci�n, las pol�ticas que habr�n de impulsar la modernizaci�n agraria, contemplan acciones que, por un lado, aseguran la permanencia de las formas de vida comunitarias de los campesinos mexicanos y, por el otro, satisfacen la necesidad de elevar la eficiencia en la producci�n. Una mayor justicia en el campo es un objetivo social que hemos de alcanzar si queremos edificar las nuevas bases econ�micas de la naci�n.

"Por ello, la mayor autonom�a de los ejidatarios en la toma de decisiones, no implica el desamparo. Se protege el ejido, el �rea com�n de la vida ejidal y las tierras de las comunidades ind�genas. No conviene al inter�s general mantener formas caducas e inapropiadas que propician injusticias e inhiben la productividad agr�cola.

"Se promueve la asociaci�n de los ejidatarios y comuneros, no su subordinaci�n. Las leyes de fomento agropecuario deben, en consecuencia, contemplar medidas que compensen la asimetr�a entre ejidatarios, comuneros y agentes externos, en los procesos asociativos para la producci�n y comercializaci�n.

"Las reformas y las pol�ticas correspondientes, son la respuesta nacionalista a las necesidades, demandas y aspiraciones de los hombres del campo que son las de la naci�n mexicana. Las reformas no confunden medios con fines. Si se quiere que la justicia en la libertad sea una pr�ctica cotidiana de los hombres del campo, es imperativo emprenderlas. La sociedad mexicana demanda justicia y libertad.

"III. La construcci�n de un nuevo orden jur�dico para el futuro de la justicia y las libertades en el campo mexicano.

"III. 1. Un nuevo orden jur�dico para la potencialidad social en el campo.

"Las transformaciones que ha experimentado la sociedad mexicana y su sector rural, sin ser homog�neas, han propiciado un desfase entre la realidad y el marco jur�dico. En nuestros d�as, la norma debe reconocer las nuevas condiciones existentes y guiar los cambios que vendr�n. Debe atacar los problemas de corto plazo y emprender la construcci�n del marco jur�dico que le permita a la sociedad mexicana cruzar venturosamente el umbral del siglo XXI.

"En esa perspectiva, esta reforma eleva a rango constitucional el reconocimiento y la protecci�n de la propiedad ejidal y comunal. As�, con nueva seguridad y certidumbre, ejidatarios y comuneros tendr�n mayor presencia en el desarrollo nacional. Igual importancia reviste la reforma en lo que toca a la protecci�n de la integridad territorial de las comunidades ind�genas.

"Las reformas que se proponen al art�culo 27 constitucional no traer�n, mec�nicamente, transformaciones s�bitas en la agricultura mexicana, ni el mejoramiento inmediato del nivel de vida de los pobladores de las zonas rurales. Son parte de un todo, son componentes de una reforma m�s amplia de la sociedad mexicana y de sus instituciones jur�dicas, pol�ticas, econ�micas y sociales. Este proceso abarca aspectos laborales, econ�micos, tecnol�gicos, productivos y sociales; las reformas abren nuevas v�as a las potencialidades de la sociedad mexicana en el campo. Con un marco jur�dico actualizado mediante la regulaci�n estatal adecuada y la participaci�n decidida de nuestros campesinos, inversionistas y organismos p�blicos, es posible llevar a buen t�rmino la modernizaci�n de la agricultura mexicana.

"La Constituci�n consagra la justicia en libertad como fundamento de la convivencia pac�fica entre los individuos y grupos que conforman a la naci�n mexicana. �sa es la premisa de su concepci�n en 1917 y la que hoy inspira las reformas propuestas. El nuevo marco jur�dico y las pol�ticas adecuadas y eficaces que se habr�n de aplicar en el campo tiene un solo prop�sito: elevar la calidad de la vida social de los mexicanos, fortaleciendo los lazos de cooperaci�n entre ellos y dando seguridad a los frutos de su esfuerzo.

"Justicia, libertades y trabajo son los fundamentos de la modernizaci�n del campo mexicano. Las reformas dan fe de la capacidad de decisi�n de los hombres del campo ensanchan los �mbitos de su iniciativa y reconocen que la vinculaci�n de ellos y las comunidades con la tierra, ha de descansar s�lo en su experiencia, sus necesidades y sus responsabilidades plenamente asumidas.

"El nuevo marco jur�dico har� que libere toda su potencialidad la relaci�n entre justicia, libertades y trabajo que ha de darse en las tierras de M�xico. La reforma protege los derechos sociales, elimina el paternalismo, ratifica la dignidad integral de la persona y abre nuevas v�as a los esfuerzos individuales y colectivos.

"El reconocimiento de las nuevas potencialidades de la sociedad campesina y la supresi�n de las normas que las inhiben, no implican el abandono de las responsabilidades sociales del Estado en el campo. El Estado refrenda su responsabilidad de defender los derechos de los campesinos. Una concepci�n p�blica de la justicia constituye el rasgo fundamental de una comunidad humana bien ordenada.

"III. 2. Asociaci�n con libertades para la producci�n.

"La asociaci�n de diversos factores productivos e institucionales en el campo s�lo es instrumento modernizador si est� fundada en libertad y justicia. El fin de la sociedad es promover el bienestar de quienes la componen, tanto en su dimensi�n individual como en la colectiva. Es indispensable, por ello, que la conciliaci�n de los diversos intereses individuales y grupales, se alcance preservando las libertades en un marco equitativo para todos.

"Para lograr que libertad y justicia sean una realidad plena para todos y cada uno de los habitantes de las zonas rurales marginadas de M�xico, se requiere convocar a la acci�n a diversas fuerzas y actores. En la acci�n conjunta habr�n de encontrar las soluciones que hagan posible la extensi�n del bienestar a todos aqu�llos que hasta ahora no han disfrutado de sus beneficios.

"Para que esta actividad conjunta se traduzca en acciones eficaces de modernizaci�n, es necesario que los campesinos inicien esta nueva etapa de la reforma agraria con mayor autonom�a, pero con derechos sociales protegidos y pol�ticas que hagan fructificar su tenacidad probada y su trabajo.

"Libertad de los campesinos para determinar su futuro y productividad para dar contenido a la justicia social, son los dos grandes criterios que inspiran las modalidades de asociaci�n de productores que impulsa la reforma al art�culo 27 de la Constituci�n. En la autonom�a, son los campesinos quienes ahora avanzar�n en su propia reforma, construyendo su propio futuro sin paternalismos y sin m�s limitaci�n que los derechos de los dem�s.

"Por ello, adem�s de reafirmar la seguridad en la tenencia de la tierra, el nuevo orden jur�dico abre v�as a la iniciativa de los productores en el campo. Asimismo, promueve el cambio y la modernizaci�n reconociendo nuevas formas de asociaci�n que estimulen la creatividad de los diferentes actores sociales. Con el fin del reparto agrario, la peque�a propiedad ya no necesitar� certificar su inafectabilidad.

"Las reformas crean condiciones que posibilitan la asociaci�n de los factores, productivos en el campo. El elemento productivo m�s disperso y atomizado es la tierra, por eso, la reforma propicia formas de asociaci�n que compacten los precios para la producci�n.

"Con esos prop�sitos, las comisiones unidas recogieron la preocupaci�n de que las nuevas sociedades mercantiles no excedan los l�mites que se fijen a la superficie total que puedan poseer.

"Para lograr la modernizaci�n y la capitalizaci�n del campo, es indispensable ampliar las facilidades para el uso racional de la tierra. Conviene, por ello, hacer posible la participaci�n de las sociedades por acciones en la producci�n y en la propiedad rurales. La reforma permite la constituci�n de sociedades mercantiles y establece los l�mites generales para su funcionamiento. La ley protege al campesino de la concentraci�n indebida y de la especulaci�n con la tierra.

"Al contemplar estas modalidades de asociaci�n, las reformas no pretenden anular la vida ejidal y comunal; por el contrario, la confirman como uno de los aspectos irrenunciables de nuestro legado hist�rico. Con esto se reconoce a los campesinos como titulares con capacidad plena para decidir entre ellos las pautas que seguir�n a fin de aprovechar las potencialidades de sus parcelas y lograr mejores niveles de vida. Se protege as� la integridad de los pueblos ind�genas, las �reas comunes de los ejidos y el territorio donde habitan sus moradores, con lo cual lograremos abrir nuevas posibilidades de aprovechamiento de las �reas que todav�a no han sido parceladas, los grandes agostaderos ociosos y los bosques, en beneficio de ejidatarios y comuneros.

"El �rea parcelada del ejido podr� enajenarse entre sus miembros y sus poseedores podr�n asociarse, ceder su uso a terceros o mantener la situaci�n actual. Ser� la mayor�a calificada la que otorgue el dominio de las parcelas a sus titulares. Los ejidatarios que deseen mantenerse como tales recibir�n apoyo y el Estado mantiene su compromiso de protegerlos. Ser�n ejidatarios y comuneros quienes determinen los medios para construirse un nuevo modo de vida que les permita incrementar su bienestar. En la libertad, las reformashabr�n de permitir que todos los mexicanos saldemos una deuda hist�rica: la de hacer justicia a los campesinos.

"...

"Las reformas.

"Consecuentes con todo lo anterior, ratificando la filosof�a pol�tica de la Revoluci�n Mexicana y fieles a la inspiraci�n justiciera y libertaria del Constituyente de 1917 y con vista en la iniciativa propuesta por el Ejecutivo, plenamente congruentes con los requerimientos de los hombres del campo mexicano, tomando en consideraci�n los puntos de vista de los participantes en las audiencias p�blicas convocadas por estas dos comisiones, recogiendo las propuestas de los partidos pol�ticos y en la inteligencia de que las que no alcanzaron consenso ser�n planteados ante el pleno de esta c�mara, estas comisiones unidas manifiestan:

"...

"En las fracciones V y VII se establecen condiciones para facilitar la reactivaci�n de la producci�n y su crecimiento. Se precisan asimismo, los cambios que atraigan y faciliten la inversi�n. Se requieren seguridad y nuevas formas de asociaci�n donde imperen equidad y certidumbre; se mantienen los l�mites de la peque�a propiedad, pero se superan las restricciones productivas del minifundio, para lograr mediante la asociaci�n, las escalas de producci�n adecuadas.

"...

La comisi�n considera que la reforma a la fracci�n VII incluye las disposiciones que protegen y fortalecen la vida comunitaria de los ejidos y comunidades; reconoce la plena capacidad de los ejidatarios de decidir las formas que deben adoptar y vincular que deseen establecer entre ellos para aprovechar su territorio. T.�n se fija el reconocimiento de la ley a los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas. Se protege, asimismo, la integridad territorial de las comunidades ind�genas. El texto de esta fracci�n funda la nueva etapa de la reforma agraria mexicana. En �l se establece la distinci�n entre la base territorial del asentamiento humano y la tierra para las actividades productivas del n�cleo ejidal y comunal en el �mbito parcelario. En esta misma fracci�n se mantiene la jurisdicci�n federal en todas las cuestiones de l�mite de terrenos comunales y ejidales, creando los tribunales de justicia agraria dotados de autonom�a y plena jurisdicci�n. ...

Aprobado en lo general y en lo particular por 343 votos el proyecto de decreto que reforma el art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se orden� que pasara al Senado, donde se present� y aprob� el siguiente dictamen:

"C�mara Revisora: Senadores

"Dictamen

"M�xico D.F., a 12 de diciembre de 1991

"Decreto que reforma el p�rrafo tercero y las fracciones IV; VI, primer p�rrafo; VII; XV y XVII; adiciona los p�rrafos segundo y tercero de la fracci�n XIX, y deroga las fracciones X a XIV y XVI del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"(Dictamen de primera lectura)

"-El C.S.G.�n Sierra S�nchez:

"(Leyendo).

"Comisiones Unidas Primera de Gobernaci�n; de Puntos Constitucionales; de Fomento Agropecuario, Recursos Hidr�ulicos y F. y del Sector Social Agrario.

"H. Asamblea:

"A las comisiones unidas que suscriben se turn�, para su estudio y la elaboraci�n del dictamen correspondiente, la minuta proyecto de Decreto que reforma el p�rrafo tercero y las fracciones IV; VI, primer p�rrafo; VII; XV y XVII; adiciona los p�rrafos segundo y tercero de la fracci�n XIX, y deroga las fracciones X a XIV y XVI del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, procedente de la C�mara de Diputados, a partir de la iniciativa que por ese conducto present�, el 7 de noviembre �ltimo, a la consideraci�n del Constituyente Permanente, el licenciado C.S. de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

"Con fundamento en los art�culos 135 y 72 constitucionales; 87 y 98 de la Ley Org�nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para su Gobierno Interior, sometemos a la consideraci�n de ustedes el siguiente.

"Dictamen

"1. Antecedentes

"...

"II. Consideraciones generales.

"...

"III. La Constituci�n de 1917 y la reforma agraria.

"...

"IV. La situaci�n actual del campo mexicano y la renovaci�n de la estrategia para la justicia y la libertad.

"...

"V.E. fundamental, es (sic) que permanecen en la reforma.

"Es importante se�alar cu�les son los elementos del articulado constitucional en materia agraria que permanecen con la reforma constitucional propuesta, mismos que se interrelacionan y complementan con los cambios propuestos, a fin de ratificar la continuidad hist�rica de la acci�n gubernamental y legislativa que est� en la sustentaci�n de nuestras consideraciones.

"Permanece en sus t�rminos, la disposici�n inicial del art�culo 27 constitucional en el sentido de que ?la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los l�mites del territorio nacional corresponde originalmente a la naci�n, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada.?.

"Asimismo, se mantiene inalterable el fundamento constitucional de la expropiaci�n por causa de utilidad p�blica y mediante indemnizaci�n. Tampoco se propone modificar la facultad de la naci�n para ?imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico?. En consecuencia, la funci�n social de la propiedad y la preeminencia de los fines del Estado permanecen como una decisi�n pol�tica fundamental. T.�n se conciben sin cambio alguno las disposiciones relativas al dominio directo de la naci�n sobre sus recursos naturales y de las aguas de sus mares territoriales, los que contin�an siendo inalienables e imprescriptibles.

"A su vez, permanece el precepto relativo a que s�lo los mexicanos por nacimiento o por naturalizaci�n y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotaci�n de minas o aguas.

"VI. Las reformas propuestas.

"...

"4. F.�n VII

"En la actual fracci�n VII del art�culo 27 constitucional se establece con claridad el disfrute de tierras, bosques y aguas a los n�cleos de poblaci�n que guardan el estado comunal. A su vez, se se�ala la jurisdicci�n federal para la resoluci�n de las cuestiones relativas a l�mites de terrenos comunales, mediante el establecimiento de un sistema mixto de resoluci�n de controversias, que prev� tanto la intervenci�n del Ejecutivo Federal como, en su caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

"En la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo de la Uni�n que se present� ante la C�mara de Diputados se propone establecer con claridad y plenitud el rango constitucional de las propiedades ejidal y comunal, as� como la protecci�n de la integridad territorial de los pueblos ind�genas. A su vez se propuso dar la base constitucional para la protecci�n territorial del asentamiento humano as� como los principios para regular los derechos de los comuneros sobre la tierra y de los ejidatarios sobre su parcela. Entre �stos se incluye el otorgamiento del uso de sus tierras y, en trat�ndose de ejidatarios, para transmitir sus derechos parcelarios entre s� y el otorgamiento por parte del n�cleo ejidal al ejidatario del dominio sobre su parcela. Por otro lado, se conserva el principio constitucional de procedencia de restituci�n de tierras, bosques y aguas a los n�cleos de poblaci�n en los t�rminos que dispongan las leyes.

"Por otra parte, se mantiene la jurisdicci�n federal para la soluci�n de las cuestiones relativas a l�mites de terrenos comunales, ampli�ndose a la de terrenos ejidales y se propone el establecimiento de tribunales agrarios dotados de autonom�a y plena jurisdicci�n.

"Esta �ltima propuesta se comentar� en distinto ac�pite, toda vez que con motivo de la formulaci�n del dictamen correspondiente por parte de las Comisiones Unidas de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria de la C�mara de Diputados, se determin� la conveniencia de su ubicaci�n como segundo p�rrafo de la fracci�n XIX del propio art�culo 27 constitucional.

"Con motivo del debate que se suscit� en la discusi�n en lo particular de esta iniciativa de reformas constitucionales, se produjeron algunas consideraciones sobre la redacci�n propuesta para la fracci�n VII en cuesti�n. As�, con base en la aspiraci�n de consolidar el rango constitucional de las propiedades ejidal y comunal, se estableci� la pertinencia de se�alar que los n�cleos de poblaci�n ejidales y comunales tienen personalidad jur�dica y que compete a la ley de protecci�n de su propiedad sobre la tierra, ya para el asentamiento humano o para las actividades productivas. En este sentido deseamos destacar que esta cuesti�n fue objeto de un planteamiento espec�fico por parte de la Comisi�n Senatorial que concurri� a los trabajos de conferencia con la comisi�n designada por la C�mara de Diputados, a fin de que con la reforma se sentara claramente el rango constitucional tanto del ejido como de la comunidad.

"A su vez, se precis� en el debate la propuesta de conferir al legislador ordinario el mandato de establecer normas para la protecci�n de la integridad de las tierras de los grupos ind�genas, as� como para la protecci�n de la tierra para el asentamiento humano y para la regulaci�n del aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso com�n y la adopci�n de acciones de fomento para elevar el nivel de vida de comuneros y ejidatarios.

"En lo relativo al mandato que se propone otorgar al legislador ordinario para expedir ordenamientos que normen el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de los ejidatarios sobre su parcela, se reiter� el principio -propuesto en la iniciativa- de respetar su voluntad en cuanto a las condiciones para el aprovechamiento de los recursos productivos. A su vez, se respald� la proposici�n de establecer procedimientos para la asociaci�n entre s� de ejidatarios y comuneros con terceros y para que otorguen el uso de sus tierras, ampliando la posibilidad de asociaci�n con el Estado.

"En el caso de la propuesta para que los ejidatarios puedan transmitir sus derechos parcelarios, se precis� que fuera a miembros del n�cleo de poblaci�n, conforme a los requisitos y procedimientos que establezca la ley y en los cuales compete a la asamblea ejidal otorgar al ejidatario el dominio sobre su parcela. En este sentido se incluye una menci�n espec�fica para se�alar que en caso de enajenaci�n de parcelas se respetar� el derecho de preferencia que prevea la ley.

"En cuanto a este punto, se trata tambi�n de uno de los criterios expresados por los senadores que asistieron a los trabajos en conferencia con la comisi�n designada por la C�mara de Diputados con objeto de que se establecieran en la Constituci�n los derechos de preferencia para el caso de la enajenaci�n de parcelas. Esta previsi�n, aunada a la exclusividad de transmisi�n de derechos parcelarios entre miembros del n�cleo de poblaci�n, constituyen normas que tutelan adecuadamente los derechos de los ejidatarios.

"Por otro lado, en esta misma fracci�n, los debates de la C�mara de Diputados conllevaron a la introducci�n de dos p�rrafos adicionales. En uno de ellos se se�ala la imposibilidad de que cualquier ejidatario pueda ser titular de una proporci�n mayor al 5% del total de las tierras ejidales del n�cleo de poblaci�n que corresponda, siempre y cuando no rebase los l�mites se�alados para la extensi�n de la peque�a propiedad en la fracci�n XV del propio art�culo 27 constitucional.

"En el segundo de los p�rrafos se introdujeron en dicho debate, se otorga jerarqu�a constitucional a los �rganos b�sicos de organizaci�n ejidal y comunal, as� como al principio democr�tico para la elecci�n del comisariado ejidal de bienes comunales.

"En la primera de estas adiciones se establece un principio de justicia y equidad contra la concentraci�n de tierra y la aparici�n del cacicazgo. En la segunda se reitera el rango constitucional del ejido y la comunidad, a partir del se�alamiento de sus �rganos y autoridades. Esta cuesti�n tambi�n fue planteada por los miembros de esta asamblea que concurrimos a los trabajos en conferencia con la comisi�n hom�loga de la C�mara de Diputados.

"Finalmente en esta fracci�n se recoge la propuesta de reforma presentada para que la restituci�n de tierras, bosques y aguas a los n�cleos de poblaci�n se realice en los t�rminos que disponga la ley reglamentaria.

"Conforme a lo expuesto, el texto de esta fracci�n se propone como sigue:

"...

"Al tenor de la adici�n de un p�rrafo a la fracci�n VII que hizo la colegisladora, a fin de otorgar rango constitucional a los �rganos y autoridades de los ejidos y comunidades, se ha hecho innecesaria la propuesta original del art�culo 3o. transitorio para que los comisariados ejidales continuaran funcionando en los t�rminos de las leyes vigentes aplicables.

"...

"Con base en lo expuesto, que se funda en el an�lisis efectuado en la minuta proyecto de decreto que nos ocupa, desde su presentaci�n como iniciativa en la C�mara de Diputados y por considerar que la situaci�n actual del campo y del pa�s requiere una nueva estrategia de apoyo a los campesinos para lograr la justicia social, a partir de la certidumbre jur�dica y el respeto a su libertad, nos permitimos proponer a ustedes la aprobaci�n del siguiente:

"Proyecto de decreto

"Que reforma el art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"Art�culo �nico. Se reforman el p�rrafo tercero y las fracciones IV; VI, primer p�rrafo; VII; XV y XVII; se adicionan los p�rrafos segundo y tercero a la fracci�n XIX; y se derogan las fracciones X a XIV y XVI, del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Art�culo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los l�mites del territorio nacional, corresponde originariamente a la naci�n, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

"...

"La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la naci�n, se regir� por las siguientes prescripciones:

"...

"VII. Se reconoce la personalidad jur�dica de los n�cleos de poblaci�n ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

"La ley proteger� la integridad de las tierras de los grupos ind�genas.

"La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, proteger� la tierra para el asentamiento humano y regular� el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso com�n y la provisi�n de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

"La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que m�s les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regular� el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecer� los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podr�n asociarse entre s�, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, trat�ndose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del n�cleo de poblaci�n; igualmente fijar� los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgar� al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenaci�n de parcelas se respetar� el derecho de preferencia que prevea la ley.

"Dentro de un mismo n�cleo de poblaci�n, ning�n ejidatario podr� ser titular de m�s tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deber� ajustarse a los l�mites se�alados en la fracci�n XV.

"La asamblea general es el �rgano supremo del n�cleo de poblaci�n ejidal o comunal, con la organizaci�n y funciones que la ley se�ale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democr�ticamente en los t�rminos de la ley, es el �rgano de representaci�n del n�cleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

La restituci�n de tierras, bosques y aguas a los n�cleos de poblaci�n se har� en los t�rminos de la ley reglamentaria; ...

De esa transcripci�n se advierte que la reforma al art�culo 27 constitucional, efectuada en mil novecientos noventa y dos, modific� sustancialmente el r�gimen jur�dico al que se encuentran sometidos los ejidos, respecto de su integraci�n y funcionamiento.

En efecto, el art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, antes de la reforma en comento, establec�a que para conformar un ejido deb�a seguirse un procedimiento de dotaci�n; dicho procedimiento, de acuerdo con la entonces vigente Ley Federal de la Reforma Agraria, comenzaba con la interposici�n de una solicitud de dotaci�n de tierras, bosques y aguas de parte de un n�cleo de poblaci�n, las cuales deb�an estar comprendidas dentro de un radio de siete kil�metros, adem�s de ser afectables.

Una vez emitida la resoluci�n definitiva favorable a la solicitud de dotaci�n, esas tierras constitu�an los bienes ejidales, que se divid�an en unidades de dotaci�n o parcelas individuales con una extensi�n de diez hect�reas como m�nimo, destinada a la explotaci�n agr�cola, ganadera o forestal; zona urbana ejidal, la cual ser�a determinada mediante decreto presidencial, de conformidad con las necesidades del n�cleo de poblaci�n de que se tratara; unidad agr�cola para la mujer; aguas y bosques e inclusive, si hubiere, tierras disponibles; y, zonas de agostadero para uso com�n.

En cuanto a los derechos del ejidatario sobre la parcela que le hab�a sido asignada de manera individual, as� como la que le correspondiera sobre los bienes del ejido, ten�an el car�cter de inalienables e inembargables, conforme al art�culo 75 de la propia legislaci�n, que se�ala:

"Art�culo 75. Los derechos del ejidatario sobre la unidad de dotaci�n y, en general, los que le correspondan sobre los bienes del ejido a que pertenezca, ser�n inembargables, inalienables y no podr�n gravarse por ning�n concepto. Son inexistentes los actos que se realicen en contravenci�n de este precepto."

De ah� que antes de la mencionada reforma, se prohib�a la venta de parcelas en cualquiera de sus formas, puesto que la parcela individual, inalienable y transmisible, s�lo por herencia era la forma establecida para el aprovechamiento econ�mico, distingui�ndola de la porci�n com�n e indivisible que serv�a a prop�sitos sociales y econ�micos de la comunidad de los ejidatarios, que tambi�n contaba con los mismos atributos.

Por consiguiente, todos los bienes ejidales eran inembargables, inalienables e intransmisibles por otros medios que no fueran los expresamente previstos por la ley, como la sucesi�n, permuta, fusi�n, en los casos expresamente autorizados por la Ley Federal de la Reforma Agraria, puesto que su naturaleza era definida con base en el car�cter social y p�blico que la Constituci�n reconoci� en esta materia.

No obstante, la reforma aprobada en mil novecientos noventa y dos, al fijarse como objetivo superar las restricciones del minifundio e incrementar la producci�n en el campo, modific� los principios caracter�sticos del r�gimen a que estaban sujetos los bienes ejidales.

De esa manera, el legislador elimin� el procedimiento de dotaci�n de tierras, aguas y bosques, con el prop�sito de brindar una mayor seguridad jur�dica en el campo; por lo que decidi� derogar las fracciones del art�culo 27 de la Constituci�n que conced�an a los campesinos el derecho a solicitar esa dotaci�n y obligaba al Estado mexicano al reparto permanente.

A su vez, la fracci�n VII del mismo precepto constitucionalreformado, si bien reconoce la personalidad jur�dica de los n�cleos de poblaci�n ejidales y comunales, y protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas, otorga al legislador ordinario la facultad para expedir ordenamientos que normen el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de los ejidatarios sobre su parcela, respetando su voluntad en cuanto a las condiciones para el aprovechamiento de los recursos productivos.

Dispone tambi�n el deber del propio legislador de establecer procedimientos para la asociaci�n entre s�, de ejidatarios y comuneros con terceros, adem�s de que puedan otorgar a �stos el uso de sus tierras, existiendo la posibilidad de asociaci�n con el Estado.

Ahora bien, de acuerdo con la exposici�n de motivos y los dict�menes aprobados por los legisladores, esa reforma no pretendi� anular la vida ejidal y comunal; por el contrario, pretendi� fortalecerla, reconociendo la personalidad jur�dica de los n�cleos de poblaci�n ejidales y comunales, as� como la protecci�n de su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano, como para actividades productivas.

As�, aunque otorga al ejidatario la facultad de asociarse, ceder el uso de sus tierras a terceros, e incluso enajenar el �rea parcelada del ejido, adem�s de prever la posibilidad de que la asamblea ejidal otorgue al ejidatario el dominio pleno sobre su parcela; tambi�n estableci� normas que tutelan los derechos de los ejidatarios, como son los derechos de preferencia y la exclusividad de transmisi�n de derechos parcelarios entre los miembros del n�cleo de poblaci�n, que dentro de un mismo n�cleo de poblaci�n, ning�n ejidatario pueda ser titular de m�s tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales; y que, en todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario se ajuste a los l�mites se�alados para la peque�a propiedad.

Asimismo, ratific� el principio de que la asamblea general es el �rgano supremo del n�cleo de poblaci�n ejidal o comunal, y que el comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democr�ticamente, es el �rgano de representaci�n del ejido y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. Conservando tambi�n el procedimiento para la restituci�n de tierras, bosques y aguas a los n�cleos de poblaci�n.

De esa manera, el r�gimen de propiedad ejidal, previsto en el art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se mantiene en nuestro sistema jur�dico bajo las anteriores normas, que pretendieron asegurar la permanencia de las formas de vida comunitaria y que se desglosan en la Ley Agraria que lo reglamenta.

Ciertamente, al igual que el mencionado precepto constitucional, la Ley Agraria que entr� en vigor a partir del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, reconoce la personalidad jur�dica y el patrimonio del ejido, en su art�culo 9o., que dispone:

"Art�culo 9o. Los n�cleos de poblaci�n ejidales o ejidos tienen personalidad jur�dica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro t�tulo."

Conforme a ese numeral, se entiende que las tierras que haya recibido el ejido, a trav�s del procedimiento de dotaci�n o las que adquieran por cualquier t�tulo, son de su propiedad.

Por otro lado, el art�culo 44 de la misma ley dispone que las tierras ejidales se dividen, por su destino, de la siguiente manera:

  1. Tierras para el asentamiento humano;

  2. Tierras de uso com�n; y,

  3. Tierras parceladas.

De igual manera, refiere que la asamblea de ejidatarios es el �rgano supremo del n�cleo de poblaci�n ejidal o comunal, que �sta ser� representada por el comisariado ejidal; y que dicha asamblea tiene, entre otras, la facultad de determinar el destino que deben tener las tierras ejidales, la aceptaci�n y separaci�n de ejidatarios, y el otorgamiento a estos �ltimos del dominio pleno sobre sus parcelas, seg�n se advierte de los art�culos 21, 22 y 23 de la propia Ley Agraria, cuyo texto es el siguiente:

"Art�culo 21. Son �rganos de los ejidos:

"I. La asamblea;

"II. El comisariado ejidal; y

"III. El consejo de vigilancia."

"Art�culo 22. El �rgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios.

"El comisariado ejidal llevar� un libro de registro en el que asentar� los nombres y datos b�sicos de identificaci�n de los ejidatarios que integran el n�cleo de poblaci�n ejidal correspondiente. La asamblea revisar� los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este p�rrafo."

"Art�culo 23. La asamblea se reunir� por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando as� lo determine su reglamento o su costumbre. Ser�n de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:

"I.F.�n y modificaci�n del reglamento interno del ejido;

"II. Aceptaci�n y separaci�n de ejidatarios, as� como sus aportaciones;

"III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, as� como la elecci�n y remoci�n de sus miembros;

"IV. Cuentas o balances, aplicaci�n de los recursos econ�micos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos;

"V. Aprobaci�n de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso com�n;

"VI. Distribuci�n de ganancias que arrojen las actividades del ejido;

"VII. Se�alamiento y delimitaci�n de las �reas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino espec�fico, as� como la localizaci�n y relocalizaci�n del �rea de urbanizaci�n;

"VIII. Reconocimiento del parcelamiento econ�mico o de hecho y regularizaci�n de tenencia de posesionarios;

"IX. Autorizaci�n a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportaci�n de las tierras de uso com�n a una sociedad, en los t�rminos del art�culo 75 de esta ley;

"X.D.�n, asignaci�n y destino de las tierras de uso com�n as� como su r�gimen de explotaci�n;

"XI. D.�n del ejido o su fusi�n con otros ejidos;

"XII. T.�n del r�gimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuradur�a Agraria solicitado por el n�cleo de poblaci�n, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia;

"XIII. C.�n del r�gimen ejidal al r�gimen comunal;

"XIV. I.�n, modificaci�n y cancelaci�n del r�gimen de explotaci�n colectiva; y

"XV. Los dem�s que establezca la ley y el reglamento interno del ejido."

Ahora bien, toda vez que con las reformas al art�culo 27 constitucional, la intenci�n del legislador fue revertir el creciente minifundio y capitalizar el campo para incrementar la productividad, la Ley Agraria en vigor introduce como primera novedad, que las tierras ejidales podr�n ser objeto de cualquier contrato de asociaci�n o aprovechamiento. Lo anterior se advierte de su art�culo 45, que dice:

"Art�culo 45. Las tierras ejidales podr�n ser objeto de cualquier contrato de asociaci�n o aprovechamiento celebrado por el n�cleo de poblaci�n ejidal, o por los ejidatarios titulares, seg�n se trate de tierras de uso com�n o parceladas, respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendr�n una duraci�n acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a treinta a�os, prorrogables."

Asimismo, el art�culo 46 se�ala que el n�cleo de poblaci�n ejidal, por resoluci�n de la asamblea y los ejidatarios en lo individual, podr�n otorgar en garant�a el usufructo de las tierras de uso com�n y de las tierras parceladas, respectivamente, a favor de instituciones de cr�dito o de aquellas personas con las que tengan relaciones de asociaci�n o comerciales, como puede apreciarse del texto de ese numeral:

"Art�culo 46. El n�cleo de poblaci�n ejidal, por resoluci�n de la asamblea, y los ejidatarios en lo individual podr�n otorgar en garant�a el usufructo de las tierras de uso com�n y de las tierras parceladas, respectivamente. Esta garant�a s�lo podr�n otorgarla en favor de instituciones de cr�dito o de aquellas personas con las que tengan relaciones de asociaci�n o comerciales.

"En caso de incumplimiento de la obligaci�n garantizada, el acreedor, por resoluci�n del tribunal agrario, podr� hacer efectiva la garant�a de las tierras hasta por el plazo pactado, a cuyo vencimiento volver� el usufructo al n�cleo de poblaci�n ejidal o al ejidatario seg�n sea el caso.

"Esta garant�a deber� constituirse ante fedatario p�blico e inscribirse en el Registro Agrario Nacional."

En lo que se refiere a las tierras del asentamiento humano, la Ley Agraria dispone en su art�culo 64, que esas tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que el n�cleo de poblaci�n quiera aportar tierras del asentamiento al Municipio o entidad correspondiente para dedicarla a los servicios p�blicos, como puede apreciarse de la siguiente transcripci�n:

"Art�culo 64. Las tierras ejidales destinadas por la asamblea al asentamiento humano conforman el �rea irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo lo previsto en el �ltimo p�rrafo de este art�culo. Cualquier acto que tenga por objeto enajenar, prescribir o embargar dichas tierras ser� nulo de pleno derecho.

"Las autoridades federales, estatales y municipales y, en especial, la Procuradur�a Agraria, vigilar�n que en todo momento quede protegido el fundo legal del ejido.

"A los solares de la zona de urbanizaci�n del ejido no les es aplicable lo dispuesto en este art�culo.

"El n�cleo de poblaci�n podr� aportar tierras del asentamiento al Municipio o entidad correspondiente para dedicarlas a los servicios p�blicos, con la intervenci�n de la Procuradur�a Agraria, la cual se cerciorar� de que efectivamente dichas tierras sean destinadas a tal fin."

Por su parte, el art�culo 74 de la misma ley establece que la propiedad de las tierras de uso com�n es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo en los casos previstos por el art�culo 75, el cual se refiere a los casos de manifiesta utilidad para el n�cleo de poblaci�n, supuesto en el cual, el ejido podr� transmitir el dominio de ese tipo de tierras a sociedades mercantiles o civiles en las que participe el ejido o sus miembros, despu�s de seguir un procedimiento especial, como se puede apreciar de su texto, que dice a la letra:

"Art�culo 74. La propiedad de las tierras de uso com�n es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo los casos previstos en el art�culo 75 de esta ley.

"El reglamento interno regular� el uso, aprovechamiento, acceso y conservaci�n de las tierras de uso com�n del ejido, incluyendo los derechos y obligaciones de ejidatarios y avecindados respecto de dichas tierras.

"Los derechos sobre las tierras de uso com�n se acreditan con el certificado a que se refiere el art�culo 56 de esta ley."

En cuanto a las tierras parceladas, la Ley Agraria contiene las siguientes disposiciones:

"S.�n sexta

"De las Tierras Parceladas

"Art�culo 76. Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas."

"Art�culo 77. En ning�n caso la asamblea ni el comisariado ejidal podr�n usar, disponer o determinar la explotaci�n colectiva de las tierras parceladas del ejido sin el previo consentimiento por escrito de sus titulares."

"Art�culo 78. Los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditar�n con sus correspondientes certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios, los cuales ostentar�n los datos b�sicos de identificaci�n de la parcela. Los certificados parcelarios ser�n expedidos de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 56 de esta ley.

"En su caso, la resoluci�n correspondiente del tribunal agrario har� las veces de certificado para los efectos de esta ley."

"Art�culo 79. El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcer�a, medier�a, asociaci�n, arrendamiento o cualquier otro acto jur�dico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorizaci�n de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo podr� aportar sus derechos de usufructo a la formaci�n de sociedades tanto mercantiles como civiles."

"Art�culo 80. Los ejidatarios podr�n enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo n�cleo de poblaci�n.

"Para la validez de la enajenaci�n a que se refiere este art�culo bastar� la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificaci�n que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deber� expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal deber� realizar la inscripci�n correspondiente en el libro respectivo.

"El c�nyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozar�n del derecho del tanto, el cual deber�n ejercer dentro de un t�rmino de treinta d�as naturales contados a partir de la notificaci�n, a cuyo vencimiento caducar� tal derecho. Si no se hiciere la notificaci�n, la venta podr� ser anulada."

"Art�culo 81. Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en los t�rminos del art�culo 56, la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los art�culos 24 a 28 y 31 de esta ley, podr� resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por esta ley."

"Art�culo 82. Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resoluci�n prevista en el art�culo anterior, los ejidatarios interesados podr�n, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitar�n al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho registro, el cual expedir� el t�tulo de propiedad respectivo, que ser� inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad correspondiente a la localidad.

"A partir de la cancelaci�n de la inscripci�n correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejar�n de ser ejidales y quedar�n sujetas a las disposiciones del derecho com�n."

"Art�culo 83. La adopci�n del dominio pleno sobre las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la naturaleza jur�dica de las dem�s tierras ejidales, ni significa que se altere el r�gimen legal, estatutario o de organizaci�n del ejido.

"La enajenaci�n a terceros no ejidatarios tampoco implica que el enajenante pierda su calidad de ejidatario, a menos que no conserve derechos sobre otra parcela ejidal o sobre tierras de uso com�n, en cuyo caso el comisariado ejidal deber� notificar la separaci�n del ejidatario al Registro Agrario Nacional, el cual efectuar� las cancelaciones correspondientes."

"Art�culo 84. En caso de la primera enajenaci�n de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, los familiares del enajenante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por m�s de un a�o, los ejidatarios, los avecindados y el n�cleo de poblaci�n ejidal, en ese orden, gozar�n del derecho del tanto, el cual deber�n ejercer dentro de un t�rmino de treinta d�as naturales contados a partir de la notificaci�n, a cuyo vencimiento caducar� tal derecho. Si no se hiciere la notificaci�n, la venta podr� ser anulada.

"El comisariado ejidal y el consejo de vigilancia ser�n responsables de verificar que se cumpla con esta disposici�n.

"La notificaci�n hecha al comisariado, con la participaci�n de dos testigos o ante fedatario p�blico, surtir� los efectos de notificaci�n personal a quienes gocen del derecho del tanto. Al efecto, el comisariado bajo su responsabilidad publicar� de inmediato en los lugares m�s visibles del ejido una relaci�n de los bienes o derechos que se enajenan."

"Art�culo 85. En caso de que se presente ejercicio simult�neo del derecho del tanto con posturas iguales, el comisariado ejidal, ante la presencia de fedatario p�blico, realizar� un sorteo para determinar a qui�n corresponde la preferencia."

Art�culo 86. La primera enajenaci�n a personas ajenas al n�cleo de poblaci�n de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, ser� libre de impuestos o derechos federales para el enajenante y deber� hacerse cuando menos al precio de referencia que establezca la Comisi�n de Aval�os de Bienes Nacionales o cualquier instituci�n de cr�dito.

Las disposiciones anteriormente transcritas ponen de manifiesto que el legislador, buscando reactivar la producci�n del campo y facilitar la inversi�n en �l, mediante las reformas constitucional y legal otorg� a los ejidatarios las siguientes prerrogativas:

  1. Decidir las condiciones que m�s les convengan en el aprovechamiento de los recursos productivos;

  2. Asociarse entre s�, con el Estado o con terceros;

  3. Otorgar el uso de sus tierras;

  4. Transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del n�cleo de poblaci�n;

  5. La posibilidad de que la asamblea ejidal les otorgue el dominio sobre su parcela; y,

  6. El respeto de su derecho de preferencia en caso de enajenaci�n de parcelas.

Sin embargo, el ejercicio de esas prerrogativas no comprende actos de pleno dominio sobre sus parcelas, sino exclusivamente el derecho de aprovechamiento, uso y disfrute, tal como lo establece el art�culo 14 de la Ley Agraria, que dice a la letra:

Art�culo 14. Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las dem�s tierras ejidales y los dem�s que legalmente les correspondan.

Disposici�n que se corrobora con lo previsto en el art�culo 76 de la misma ley, transcrito en p�rrafos anteriores, pero que se vuelve a insertar para mayor precisi�n:

"Art�culo 76. Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas."

As� como la tesis 2a. VII/2001, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que reza:

"TIERRAS EJIDALES, SU CONCEPTO Y CLASIFICACI�N. Conforme al contenido de los art�culos 44, 63, 73 y 76 de la Ley Agraria, as� como del art�culo 41 de su Reglamento en Materia de Certificaci�n de Derechos Ejidales y Titulaci�n de Solares, para efectos del derecho agrario, las tierras ejidales, por su destino pueden ser: 1) Para el asentamiento humano, 2) De uso com�n y, 3) Parceladas. Las primeras, son aquellas que integran el �rea necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, como son los terrenos de la zona de urbanizaci�n y fundo legal del ejido, as� como la parcela escolar, la unidad agr�cola industrial de la mujer, la unidad de productividad para el desarrollo integral de la juventud y dem�s �reas reservadas al asentamiento humano. Las aludidas en segundo lugar, son las que constituyen el sustento econ�mico de la vida en comunidad del ejido y pueden ser de tres clases, a saber: a) Las tierras que no han sido especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento humano, b) Las que no han sido parceladas por la misma asamblea y, c) Las as� clasificadas expresamente por la asamblea. Por �ltimo, las tierras parceladas son aquellas que han sido delimitadas por la asamblea con el objeto de constituir una porci�n terrenal de aprovechamiento individual, y respecto de las cuales los ejidatarios en t�rminos de ley ejercen directamente sus derechos agrarios de aprovechamiento, uso y usufructo." (Novena �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XIII, febrero de 2001. Tesis: 2a. VII/2001. P�gina: 298).

Cabe destacar adem�s, que el ejercicio de ese derecho de aprovechamiento, uso y usufructo sobre las parcelas ejidales, lo puede ejercer su titular, directamente o por conducto de otros ejidatarios o terceros, a�n sin autorizaci�n de la asamblea o de cualquier autoridad; y que su libre ejercicio esoponible, incluso, a la asamblea y al comisariado ejidal, seg�n puede apreciarse de los art�culos 77 y 79 de la propia ley, transcritos en l�neas precedentes.

Sin embargo, a pesar de la amplia libertad que el legislador otorg� al ejidatario para explotar y aprovechar las parcelas que le fueron asignadas, no puede disponer libremente de ellas, toda vez que los actos de dominio sobre esas tierras puede ejercerlos a su libre albedr�o, hasta el momento en que la asamblea le otorgue el dominio pleno, conforme al art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 81 de la Ley Agraria; por lo que, en tanto ello no ocurra, la prerrogativa que le concede el art�culo 80 de la misma ley, para enajenar sus derechos sobre las tierras parceladas que posee, puede ejercerla, exclusivamente, entre los ejidatarios o avecindados del n�cleo de poblaci�n, previa observancia del derecho de preferencia entre los miembros �ste; considerando que con esa limitaci�n a los actos de dominio sobre las tierras parceladas, el legislador pretendi� proteger la vida comunitaria de los ejidos y salvaguardar los derechos de sus miembros, como se advierte en la exposici�n de motivos del decreto de reforma constitucional y en los dict�menes aprobados por las c�maras que integran el Congreso de la Uni�n.

En cuanto a la naturaleza del contrato de cesi�n de derechos, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido el criterio de que, a�n cuando sea a t�tulo gratuito, constituye un acto de enajenaci�n. Lo anterior puede advertirse en la parte considerativa de la ejecutoria que resolvi� la contradicci�n de tesis 37/2000-SS, que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 78/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., septiembre de dos mil, p�gina setenta y dos, bajo el rubro: "DERECHOS PARCELARIOS. EL DERECHO DEL TANTO S�LO OPERA CUANDO SU TRANSMISI�N SE REALIZA A T�TULO ONEROSO."

La ejecutoria de m�rito, dice en lo conducente:

"...

"En tal medida, es menester dilucidar el alcance de los t�rminos empleados por el legislador.

"El t�rmino enajenaci�n implica la transmisi�n de dominio o propiedad de una cosa, siendo la forma m�s usual en lo patrimonial, la venta, pero tambi�n puede provenir de otros actos, como la permuta, la donaci�n, la expropiaci�n por causa de utilidad p�blica, la cesi�n, la ejecuci�n judicial, entre otros. De ello se infiere que la transmisi�n de dominio puede ser voluntaria, en tanto que como elemento esencial de los contratos se encuentra el acuerdo de voluntades; o, forzosa, en el caso de la expropiaci�n por causa de utilidad p�blica o de ejecuci�n de una resoluci�n judicial.

"Dentro de las formas adoptadas en la legislaci�n mexicana para transmitir las obligaciones se encuentra la cesi�n de derechos, la que, por tanto, constituye una forma de enajenaci�n.

"Esta figura ha sido definida por M.P., en su obra Teor�a General de los Contratos, p�g. 269, como:

"?La convenci�n por la cual un acreedor cede voluntariamente sus derechos contra el deudor a un tercero, quien llega a ser acreedor en lugar de aqu�l. El enajenante se llama cedente; el adquirente del cr�dito, cesionario, el deudor contra quien existe el cr�dito objeto de la cesi�n, cedido.?.

"En los c�digos sustantivos civiles se regula la cesi�n como una transmisi�n inter vivos que puede ser originada por voluntad de las partes o impuesta por la ley. La cesi�n requiere de una causa que sirva de fundamento al negocio jur�dico por virtud del cual se le da origen, el que puede ser un acto a t�tulo gratuito (donaci�n), a t�tulo oneroso (compraventa, permuta) o bien puede servir para extinguir una deuda dando en pago de �sta el cr�dito cedido.

"Cabe destacar que entre los elementos reales que configuran el contrato de cesi�n de derechos, se encuentra el derecho mismo susceptible de transmisi�n y, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 2030 del C�digo Civil, en la cesi�n se observar�n las disposiciones relativas al acto que le d� origen, de tal manera que si la causa la constituye un contrato de compra venta, los elementos que deber�n observarse ser�n los propios de ese tipo de contrato, la materia propia de la cesi�n y el pago del precio.

"De ello se sigue que la enajenaci�n es la alineaci�n o transmisi�n de un bien o derecho mediante un acto jur�dico de distinta naturaleza, donde la compraventa s�lo constituye una especie.

"En materia agraria, la enajenaci�n o transmisi�n de derechos parcelarios estuvo proscrita en t�rminos del art�culo 75 de la derogada Ley Federal de la Reforma Agraria, cuyo tenor era el siguiente:

"?Art�culo 75.? (lo transcribe).

"En la legislaci�n vigente se regula la transmisi�n de derechos parcelarios en los art�culos 20, fracci�n I, 60, 80, 83, 84, 85 y 86 cuyo tenor se reproduce a continuaci�n:

"?Art�culo 20. La calidad de ejidatario se pierde:

"?I. Por la cesi�n legal de sus derechos parcelarios y comunes.?

"?Art�culo 60. La cesi�n de los derechos sobre tierras de uso com�n por un ejidatario, a menos que tambi�n haya cedido sus derechos parcelarios, no implica que �ste pierda su calidad como tal, sino s�lo sus derechos al aprovechamiento o beneficio proporcional sobre las tierras correspondientes.?.

"Como se advierte, el art�culo 20, fracci�n I, de la Ley Agraria regula la cesi�n total de derechos agrarios y trae como consecuencia que el ejidatario pierda tal calidad, toda vez que a partir de ese acto jur�dico deja de ser titular de derechos en el n�cleo ejidal.

"La cesi�n parcial se reglamenta en el art�culo 60 del propio ordenamiento normativo al disponer que la cesi�n de derechos sobre tierras de uso com�n por un ejidatario, a menos que tambi�n haya cedido sus derechos parcelarios, no implica que �ste pierda su calidad de tal, sino s�lo sus derechos al aprovechamiento o beneficio personal sobre las tierras o aguas correspondientes.

"As� las cosas, la cesi�n en materia agraria puede ser a t�tulo particular o universal y, siguiendo los principios generales que rigen para este tipo de contrato, tambi�n podr� revestir las caracter�sticas de onerosidad o gratuidad ...".

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se puede concluir, que si un ejidatario no ha obtenido de la asamblea el dominio pleno sobre las parcelas que posee, la cesi�n de derechos que realice a un tercero que no pertenece al ejido como ejidatario ni como avecindado, a�n cuando sea a t�tulo gratuito, indudablemente causa un perjuicio al n�cleo de poblaci�n, pues con independencia de que omite respetar los derechos de preferencia y exclusividad de transmisi�n de derechos parcelarios entre sus miembros; ese acto constituye una enajenaci�n de tierras ejidales respecto de las cuales el ejido contin�a siendo el propietario, en t�rminos del art�culo 9o. de la Ley Agraria.

En esas circunstancias, es indudable que el ejido, por conducto de su representante, el comisariado ejidal, previo acuerdo de la asamblea, est� legitimado para demandar la nulidad de ese contrato, no como representante de sus miembros, cuyo derecho del tanto no se haya respetado (a pesar de existir disposici�n expresa que as� lo obliga), sino en su car�cter de propietario, que resulta afectado con la enajenaci�n de los derechos sobre esas tierras ejidales, realizada en contravenci�n al art�culo 80 de la Ley Agraria; toda vez que la limitante expresa contenida en ese precepto legal, de que los adquirentes deben tener el car�cter de ejidatarios o avecinados, evidentemente atiende al inter�s de que la titularidad de las tierras ejidales permanezca entre los miembros que conformen el ejido; y el legislador, con la prerrogativa otorgada a los ejidatarios para que pudieran enajenar sus derechos parcelarios, solamente pretendi� que se elevara la productividad de las parcelas ejidales, disminuyendo el minifundio y evitando la pulverizaci�n de la tierra; mas no que personas extra�as al ejido pudieran incorporarse a �l, sin la previa autorizaci�n de la asamblea de ejidatarios.

En esa virtud, esta Segunda Sala estima que el criterio que debe regir, con car�cter de jurisprudencia, es el siguiente:

COMISARIADO EJIDAL. EST� LEGITIMADO PARA DEMANDAR, EN REPRESENTACI�N DEL EJIDO, LA NULIDAD DE UN CONTRATO DE CESI�N DE DERECHOS A T�TULO GRATUITO, CELEBRADO ENTRE UN EJIDATARIO Y UN TERCERO AJENO AL N�CLEO DE POBLACI�N, RESPECTO DE PARCELAS EJIDALES DE LAS QUE EL ENAJENANTE TODAV�A NO ADQUIERE EL DOMINIO PLENO.-Las reformas constitucional y legal efectuadas en materia agraria en 1992, atribuyeron a los ejidatarios facultades para otorgar el uso de sus tierras; transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del n�cleo de poblaci�n; obtener de la asamblea ejidal el dominio sobre sus parcelas y el respeto de su derecho de preferencia en caso de que �stas se enajenen. Sin embargo, no pueden disponer libremente de tales facultades, sino hasta que la asamblea les otorgue el dominio pleno, de conformidad con la fracci�n VII del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el art�culo 81 de la Ley Agraria, por lo que en tanto ello no ocurra, la prerrogativa que le concede el art�culo 80 de la indicada ley, para enajenar sus derechos sobre las tierras parceladas que posee, exclusivamente puede ejercerla entre los ejidatarios o avecindados del n�cleo de poblaci�n. De lo anterior se concluye que si un ejidatario no ha obtenido de la asamblea el dominio pleno sobre las parcelas que posee, la cesi�n de derechos que realice a un tercero que no pertenece al ejido como ejidatario ni como avecindado, aun cuando sea a t�tulo gratuito, indudablemente causa un perjuicio al n�cleo de poblaci�n, pues con independencia de que omite respetar los derechos de preferencia y exclusividad de transmisi�n de derechos parcelarios entre sus miembros, ese acto constituye una enajenaci�n de tierras ejidales respecto de las cuales el ejido contin�a siendo el propietario, en t�rminos del art�culo 9o. de la ley citada y, por ende, este �ltimo por conducto de su representante, el comisariado ejidal, previo acuerdo de la asamblea, est� legitimado para demandar la nulidad de tal contrato, no como representante de sus miembros, cuyo derecho del tanto no se haya respetado (a pesar de existir disposici�n expresa que as� lo obliga), sino en su car�cter de propietario, que resulta afectado con la enajenaci�n de los derechos sobre esas tierras ejidales, realizada en contravenci�n al referido art�culo 80, toda vez que la limitante expresa contenida en ese precepto legal, de que los adquirentes deben tener el car�cter de ejidatarios o avecindados, evidentemente atiende al inter�s de que la titularidad de las tierras ejidales permanezca entre los miembros que conformen el ejido, adem�s de que el legislador, con la prerrogativa otorgada a los ejidatarios para que pudieran enajenar sus derechos parcelarios no pretendi� que personas extra�as al ejido pudieran incorporarse a �l, sin la previa autorizaci�n de la asamblea de ejidatarios.

Por lo expuesto y con fundamento en los art�culos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se resuelve:

PRIMERO

No existe la contradicci�n de tesis respecto de los Tribunales Colegiados de Circuito precisados en el considerando s�ptimo de esta ejecutoria.

SEGUNDO

Existe la contradicci�n de tesis se�alada en el considerando octavo de esta resoluci�n.

TERCERO

Se declara que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio precisado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del �ltimo considerando de este fallo.

CUARTO

Rem�tase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como a la Primera y Segunda S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; env�ese testimonio de esta resoluci�n a los tribunales contendientes y, en su oportunidad arch�vese el toca.

As�, lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente J.D.R.. Fue ponente el se�or Ministro G.D.G.�ngora P..