Ejecutoria num. 2a./J. 80/2003 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26825310

Ejecutoria num. 2a./J. 80/2003 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 80/2003
Localizacion:GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2003
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 82/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO Y EL SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA APLICACIÓN DE NORMAS PROCESALES NO DESTINADAS A REGIR EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE DEBE ANALIZARSE CONJUNTAMENTE CON LA IMPUGNACIÓN DEL FALLO DEFINITIVO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 82/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO Y EL S�PTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: G.I.O.M..

SECRETARIA: VER�NICA NAVA RAM�REZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO

A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicci�n de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones en que se apoyaron los �rganos colegiados antes precisados al dictar las respectivas ejecutorias.

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria que dict� al resolver la revisi�n contenciosa administrativa 8/2003, con fecha veintis�is de marzo de dos mil tres, en la parte que interesa se�ala:

SEXTO. De manera previa al estudio del fondo del asunto, este cuerpo colegiado considera necesario, para mayor claridad, transcribir en forma �ntegra tanto el oficio citatorio n�mero SRO-999/97, dirigido a la actora, como la parte que interesa de la audiencia celebrada el diecis�is de diciembre de mil novecientos noventa y siete, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado en su contra, que dicen: Oficio citatorio: ?Dependencia: S.�a de Fianzas (sic) Contralor�a Interna Subd. de Responsabilidades. N�mero de oficio: SRO-999/97, expediente: 082/97. Asunto: Citatorio para desahogo de audiencia de ley. Diciembre 4, 1997. Ma. T.C.O.. Subadministradora de Registro de la Administraci�n Tributaria. B.J.�rez. Presente. Con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 64, fracci�n I y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, se notifica a usted que deber� comparecer al desahogo de la audiencia a que se refiere el primer precepto citado, que tendr� verificativo a las 9:00 horas del d�a 16 de diciembre del a�o en curso, en el local que ocupa la Subdirecci�n de Responsabilidades de la Contralor�a Interna de la S.�a de Finanzas del Distrito Federal, sito en Av. Ni�os H�roes, n�mero 65, en la colonia D., en esta ciudad. Se hace de su conocimiento que el motivo de esta diligencia deriva de los hechos que se le atribuyen como presunta responsable y que consisten en ... (se omite por no ser necesario para informar la litis). En la audiencia mencionada podr� ofrecer pruebas, las que se acordar�n y desahogar�n, en su caso, una vez que se emita el acuerdo respectivo por el que se admitan o desechen dichas probanzas; asimismo, una vez desahogada la etapa probatoria podr� alegar lo que a su derecho convenga por s� o por medio de un defensor, apercibida que de no hacerlo se tendr�n por preclu�dos esos derechos, de conformidad con lo que disponen los art�culos 79, 80, 288 y 340 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria en el procedimiento administrativo, independientemente de las sanciones administrativas que procedan. Se le ponen a la vista los autos que integran el expediente, en la misma direcci�n a donde se le cita a comparecer, en d�as h�biles y en horario de 9:00 a 15:00 horas. Atentamente. Sufragio efectivo no reelecci�n. El subdirector de Responsabilidades. Licenciado M.O.O..?. Audiencia de ley: ?En la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, siendo las 9:00 horas del diecis�is de diciembre de mil novecientos noventa y siete, presentes en el local que ocupa la sala de audiencias de la Subdirecci�n de Responsabilidades de la Contralor�a Interna de la S.�a de Finanzas del Distrito Federal, sito en la planta baja, acceso 5, del edificio marcado con el n�mero 65 de la calle de Ni�os H�roes de la colonia D. de esta ciudad. M.�a T.C.O., en su calidad de presunta responsable, comparece ante el licenciado M.O.O., subdirector de Responsabilidades de la Contralor�a Interna en la S.�a de Finanzas del Distrito Federal, as� como J.G.M.�os Mendoza y Efr�n Z��iga O., quienes prestan sus servicios en esta subdirecci�n como abogados analistas y fungen como testigos de asistencia. Mediante acuerdo de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, la licenciada Y.E.A.C., contralora interna en esta secretar�a dict� sus instrucciones para que de estimarse procedente esta unidad administrativa en que se act�a llevara a cabo el desahogo de la presente audiencia. La celebraci�n de la audiencia prevista por el art�culo 64, fracci�n I, en relaci�n con el 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, compareciendo M.�a T.C.O., quien fue citada mediante oficio SRO-999/97, de fecha 4 de diciembre de 1997, por el cual se le hizo saber la presunta responsabilidad que se le atribuye, haci�ndole notar que podr�a comparecer a esta audiencia asistida de defensor, as� como ofrecer las pruebas y alegar lo que a su derecho convenga ... Acto continuo el licenciado M.O.O., en su car�cter asentado al proemio, manifiesta que se proceda a la apertura de la presente audiencia, recibi�ndose la declaraci�n de M.�a T.C.O. ... (sic). El licenciado M.O.O., en su car�cter al inicio asentado, se�ala a la compareciente que �ste es el momento procesal oportuno para el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Nuevamente en uso de la palabra M.�a T.C.O. manifiesta que ofrece como pruebas de su parte las siguientes y que de alguna manera ya se encuentran plasmadas en su escrito de ofrecimiento de pruebas, siendo �stas la documental p�blica consistente en ... (se omite por no ser necesario para informar el asunto). Acuerdo: El licenciado M.O.O., en su car�cter anteriormente se�alado, acuerda: Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por M.�a T.C.O., anteriormente descritas, as� como en su propio escrito de ofrecimiento de pruebas, se le tienen por admitidas, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza ... (se omite por no ser necesario para informar la litis) todo lo anterior con fundamento en los art�culos 79, 80, 288 y 340 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria en el presente procedimiento administrativo disciplinario. El licenciado M.O.O. se�ala a la compareciente que �ste es el momento procesal oportuno para la formulaci�n de alegatos. De nueva cuenta en uso de la palabra M.�a T.C.O. procede a la formulaci�n de alegatos; sobre el particular manifiesta se le tengan por formulados y reproducidos sus alegatos, hechos valer a trav�s de su escrito que ha presentado y el cual en este acto procede a ratificar al margen del mismo con su firma. Con lo anterior y no habiendo m�s que hacer constar, se da por concluido el levantamiento de la presente acta ... (se omite por no ser necesario para informar la litis).?. De la transcripci�n anterior se desprende, por cuanto hace al oficio citatorio, lo siguiente: Que el objeto del oficio SRO-999/97, de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, emitido dentro del expediente 082/97, suscrito por la subdirectora de Responsabilidades de la Contralor�a Interna de la S.�a de Finanzas del entonces Departamento del Distrito Federal, fue para citar a ?Ma. (sic) T.C.O., subadministradora del Registro de la Administraci�n Tributaria, B.J.�rez?, para el desahogo de la audiencia de ley. Que con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 64, fracci�n I y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, se notifica a la actora que deber� comparecer al desahogo de la audiencia prescrita en el primer precepto legal invocado, la cual tendr� verificativo a las nueve horas del diecis�is de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en el lugar que se indica. Que el motivo de la diligencia deriva de los hechos que se le atribuyen como presunta responsable por infringir lo previsto en las fracciones I y II del art�culo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, al no haber enviado oportunamente la documentaci�n respecto de los volantes de aclaraci�n de los formatos FS, as� como los comprobantes de pago que presentaban sellos de caja ap�crifos, a la Subdirecci�n de Ejecuci�n F. para que se requirieran inmediatamente los adeudos por concepto de impuesto predial y derechos por consumo de agua, provocando con ello que uno de los contribuyentes interpusiera recurso de prescripci�n sobre el cr�dito fiscal de la cuenta 064-285-12-003-001-0, obteniendo sentencia favorable, generando un da�o a la hacienda p�blica por no haber sido posible su recuperaci�n. Que se hace de su conocimiento que en la mencionada audiencia podr� ofrecer pruebas. Que una vez desahogada la etapa probatoria podr� alegar lo que a su derecho legal conviniera. Se apercibi� que de no hacer valer los derechos antes aludidos (comparecer a la audiencia, ofrecer pruebas y formular alegatos) se tendr�an por preclu�dos esos derechos, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 79, 80, 288 y 340 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria en el procedimiento administrativo. Se pusieron a la vista los autos que integran el expediente en la misma direcci�n a donde se le cita, con la posibilidad de hacerlo en d�as h�biles y en el horario comprendido de las nueve a las trece horas. Y por lo que hace a la audiencia de ley celebrada, lo siguiente: Que siendo las nueve horas del diecis�is de diciembre de mil novecientos noventa y siete, encontr�ndose presentes en la sala de audiencias de la Subdirecci�n de Responsabilidades de la Contralor�a Interna en la S.�a de Finanzas del Distrito Federal, M.�a T.C.O. en su calidad de presunta responsable, M.O.O. como titular de la subsecretar�a en cuesti�n, J.G.M.�oz Mendoza y Efr�n Z��iga O. fungiendo como testigos de asistencia, tuvo verificativo la audiencia de ley prevista por el art�culo 64, fracci�n I y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos. Que en la audiencia precitada compareci� M.�a T.C.O., quien fue citada mediante oficio SRO-999/97, haci�ndosele saber que podr�a comparecer asistida de defensor, as� como ofrecer de su parte las pruebas que estimara conducentes y alegar lo que a su derecho conviniera. Que la compareciente ofreci� pruebas documentales y solicit� se anexaran al expediente, as� como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto. Que el subdirector en cita acord� favorablemente el ofrecimiento que antecede, teni�ndolas por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, a excepci�n del expediente personal, todo ello con fundamento en lo dispuesto en los art�culos 79, 80, 288 y 340 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria en el procedimiento administrativo disciplinario. Que el subdirector en cuesti�n se�al� a la compareciente el momento procesal oportuno para la formulaci�n de alegatos, a lo cual, �sta en uso de la palabra, manifiesta que se tengan por formulados y reproducidos los que hizo valer en escrito presentado de su parte en diversa fecha y que en ese acto procedi� a ratificar. Con todo ello se tuvo por concluida la audiencia de m�rito a las diez horas con treinta minutos de la fecha de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron. S�PTIMO. Previamente a dilucidar los cuestionamientos planteados, importa tener presente lo siguiente: Como consta en los considerandos tercero y cuarto de la resoluci�n dictada el tres de octubre de dos mil uno por la Sala Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, dentro de los autos del juicio de origen 2692/01, declar� la nulidad del acto controvertido en los siguientes t�rminos: ?III. Esta Sala entrando al fondo del asunto y hecho un estudio integral del mismo y valorando las pruebas ofrecidas por las partes, en t�rminos del art�culo 80, fracci�n II, concluye que le asiste la raz�n a la parte actora, ya que en la resoluci�n impugnada se advierte que al emitirse la misma, para el efecto de valorar las pruebas, se apoya en cuanto al procedimiento que se inicia en contra del (sic) enjuiciante, en el citatorio para el desahogo de la audiencia de ley, es decir, a la que se refiere el art�culo 64, fracci�n I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, en la parte final del mismo se dice lo siguiente: �... (sic) en la audiencia mencionada podr� ofrecer pruebas, las que se acordar�n y desahogar�n, en su caso, una vez que se emita el acuerdo respectivo por el que se admitan o desechen dichas probanzas; asimismo (sic) una vez desahogada la etapa probatoria podr� alegar lo que a su derecho convenga, por s� o por medio de un defensor, apercibida que de no hacerlo se tendr�n por preclu�dos esos derechos, de conformidad con lo que disponen los art�culos 79, 80, 288 y 340 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria en el procedimiento administrativo, independientemente de las sanciones administrativas que procedan.�. Argumenta el actor lo antes transcrito en su �sexto concepto de anulaci�n� y efectivamente le asiste la raz�n, por haber una manifiesta violaci�n al art�culo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, tal como aparece a fojas 12 de autos y por lo mismo la resoluci�n cuestionada carece de la debida fundamentaci�n y motivaci�n. IV. En efecto, el art�culo 16 constitucional obliga a que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y, en el caso, nos encontramos ante un procedimiento viciado puesto que se est� aplicando una ley indebida al procedimiento instaurado en contra del actor (sic), situaci�n que igualmente acontece al emitirse el acto impugnado en la que indebidamente se fundamenta para el procedimiento y resoluci�n de dicho acto en el C�digo Federal de Procedimientos Civiles, con manifiesta violaci�n del citado art�culo 45 de la ley de responsabilidades tambi�n citada y en perjuicio del actor. Lo anterior, en aplicaci�n del p�rrafo segundo del art�culo 79 de la ley que rige a este tribunal, es decir, supliendo las deficiencias de la demanda. Resulta necesario hacer menci�n que el art�culo 45 de dicha ley, que determina que en todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en la misma, as� como en la apreciaci�n de las pruebas y valoraci�n de las mismas, se observar�n las disposiciones del C�digo Federal de Procedimientos Penales y que, asimismo, se atender�n, en lo conducente, las del C�digo Penal, dispositivo que obliga a la autoridad responsable a aplicar supletoriamente en la materia el C�digo Federal de Procedimientos Penales �Consecuentemente, al haber aplicado la autoridad supletoriamente para la emisi�n del inicio del procedimiento administrativo, que culmin� con la resoluci�n combatida, el C�digo Federal de Procedimientos Civiles incurri� con ello en violaci�n a las formalidades esenciales del procedimiento establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, violando en perjuicio de la parte actora las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, en relaci�n con el diverso 45 de la ley citada, por lo que la resoluci�n impugnada resulta ilegal, raz�n por la cual es procedente declarar la nulidad al surtirse las causales de anulaci�n previstas en el art�culo 81, fracciones II y III, de la ley que rige a este tribunal; por lo anterior, en t�rminos de lo que disponen los numerales 80, fracci�n IV y 82 de la ley que norma a este cuerpo colegiado, la autoridad responsable queda obligada a restituir a la actora en el goce de los derechos que indebidamente le fueron afectados, dejando insubsistente la resoluci�n controvertida en virtud de que no se emiti� conforme a derecho (sic) ...�. En m�rito de lo expuesto y con fundamento en los art�culos 1o., 23, 33, 34, 72, 73, 78, 79, 80, 81, fracciones II y III, y 82 de la ley que regula a este �rgano jurisdiccional, esta Sala; resuelve ...?. De esta transcripci�n se sigue que la Sala de origen declar� la nulidad de la resoluci�n combatida, por considerar que la legislaci�n aplicable supletoriamente en el procedimiento administrativo en materia de responsabilidades administrativas de servidores p�blicos es el C�digo Federal de Procedimientos Penales, lo cual constitu�a un vicio en t�rminos del art�culo 81, fracciones II y III, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que daba lugar a que se emitiera otra sentencia debidamente fundada y motivada. Inconforme con dicha determinaci�n, la autoridad demandada interpuso recurso de apelaci�n el cual fue registrado con el n�mero 10552/01, mismo que fue resuelto el diecinueve de septiembre de dos mil dos por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y que constituye lo reclamado en este recurso; determinaci�n en la que se resolvi� confirmar el fallo recurrido por las razones que nuevamente se vuelven a reproducir: ?... que la Sala del conocimiento debidamente determina que la autoridad responsable viola en perjuicio de la parte actora el art�culo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, ya que indebidamente funda el citatorio con el que se da inicio al procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de la actora en el C�digo Federal de Procedimientos Civiles, pues de conformidad con el precepto legal citado no s�lo en la apreciaci�n de las pruebas se observar�n las disposiciones del C�digo Federal de Procedimientos Penales, sino en todas las cuestiones relativas al procedimiento administrativo de responsabilidades no previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, lo que implica que tambi�n al emitir el citatorio a que se refiere el art�culo 64, fracci�n I, de la citada ley federal, se debe aplicar el C�digo Federal de Procedimientos Civiles (sic); por tanto, si la autoridad para la emisi�n del citatorio en cuesti�n se apoya en forma supletoria en el C�digo Federal de Procedimientos Civiles, no cumple con los requisitos exigidos en la norma que lo prev� y regula, lo que implica una violaci�n a las formalidades legales establecidas para los procedimientos administrativos de responsabilidades que se da desde el inicio del mismo y, consecuentemente, la ilegalidad del mismo y de la resoluci�n con que la concluy� �ste, sin que sea obst�culo para lo anterior que no se hubiera hecho efectivo el apercibimiento se�alado en el citatorio, pues lo cierto es que la autoridad fund� su emisi�n en un ordenamiento que resulta inaplicable, siendo ello suficiente para considerar que viola las formalidades legales previstas para estos procedimientos en perjuicio de la actora, lo que lleva consigo la ilegalidad de la resoluci�n combatida ... no procede que los efectos de la nulidad decretada por la Sala del conocimiento sean para que la autoridad reponga el procedimiento administrativo disciplinario en contra del actor, purgando los vicios cometidos durante el mismo y resolver lo conducente, ya que si bien la violaci�n al art�culo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos es una violaci�n de forma, �sta ser�a desde el inicio del procedimiento, por lo que todo el procedimiento es ilegal; y siendo as�, es la autoridad quien, en uso de sus facultades y encargada de sancionar a los servidores p�blicos que incurran en responsabilidad, determinar� si inicia o no nuevamente el procedimiento administrativo de responsabilidades en contra del actor (sic) ...?. Como se observa de esta transcripci�n, la Sala Superior confirm� la determinaci�n de la a quo porque era correcta su conclusi�n en el sentido de que efectivamente existi� una violaci�n a las formalidades legales establecidas para los procedimientos administrativos de responsabilidades, por ende, declarar la nulidad en t�rminos de lo dispuesto en los art�culos 81, fracciones II y III, y 82 de laLey del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Los art�culos de referencia vigentes en la fecha de la emisi�n de la sentencia reclamada, tres de octubre de dos mil uno, textualmente dicen: ... (se omiten por no ser necesario para informar el asunto). Con arreglo a estos preceptos, las sentencias que declaren la nulidad del acto impugnado en el juicio deber�n dejarlo sin efecto y precisar los t�rminos en que deber� ser ejecutada la sentencia por parte de la autoridad demandada, la que estar� obligada a otorgar o restituir a la parte actora en el goce de los derechos violados en un t�rmino de veinticinco d�as h�biles. Ahora, si bien el art�culo 82 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no establece qu� tipo de nulidad es la que debe imprimirse al fallo cuando se actualice alguna de las causas de nulidad previstas en el diverso art�culo 81 de ese propio ordenamiento, debe estarse a lo que dispone en ese sentido el C�digo F. de la Federaci�n por ser este ordenamiento de aplicaci�n supletoria, seg�n su art�culo 25, que dispone: ... (se omite por no ser necesario para informar el asunto). Ilustra lo anterior, en lo conducente, la lectura de la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con la cual este tribunal comparte el criterio en ella contenido, visible en la Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, p�gina trescientos nueve, que dice: ... (se omite por no ser necesario para informar la litis). En estas condiciones, a fin de determinar los efectos que deben imprimirse a las sentencias dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se hace necesario hacer alusi�n a lo que disponen los art�culos 238 y 239 del C�digo F. de la Federaci�n, mismos que a la emisi�n de la sentencia controvertida dispon�an: ... (se omiten por no ser necesario para informar el asunto). Conforme a dichos numerales, la nulidad de los actos administrativos se actualiza en raz�n de lo siguiente: a) Por incompetencia del funcionario que haya dictado u ordenado el acto o del que tramit� el procedimiento del que deriv� �ste; b) Por la violaci�n sustancial de fondo en raz�n de que los hechos que motivaron la resoluci�n definitiva impugnada no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, adem�s, la contravenci�n de las disposiciones aplicables e incluso de aquellas que debi�ndose aplicar se omitieron; c) Por omisi�n de los requisitos formales exigidos por las leyes, inclusive la ausencia de fundamentaci�n y motivaci�n del acto administrativo o por vicios del procedimiento, esto siempre que afecten las facultades del particular y trasciendan al sentido de la resoluci�n administrativa; d) Cuando la resoluci�n administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades. En estas condiciones, si la naturaleza de la violaci�n consiste en haber invocado en el oficio citatorio n�mero SRO-999/97, de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, los art�culos 288, 316, 329 y 332 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, con el efecto de prevenir al servidor p�blico citado para que realizara determinadas conductas, ello constituye una violaci�n de car�cter formal si las disposiciones contenidas en los preceptos no se hicieron efectivas, porque la conducta del servidor p�blico no se ajust� a los motivos de incumplimiento relativo a las prevenciones. Esto es as�, porque el servidor p�blico estuvo en aptitud de conocer las irregularidades que le eran atribuidas, comparecer a la audiencia, pronunciar sus alegatos en contra de �stas y exhibir sus pruebas para desvirtuarlas, por lo que en tales circunstancias no se afectan las defensas del servidor p�blico ni se trasciende al sentido de la resoluci�n administrativa dictada en el procedimiento disciplinario. Precisado lo anterior, este tribunal estima que le asiste la raz�n a la recurrente en el agravio que se analiza por las siguientes consideraciones. Como se desprende de la transcripci�n efectuada de la resoluci�n recurrida, la Sala responsable decret� la nulidad de todo el procedimiento ya que si bien la violaci�n al art�culo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos es una violaci�n de forma, ello no implica que en el caso en estudio tenga como efectos el que la autoridad reponga el procedimiento administrativo, pues es a la autoridad administrativa a quien en uso de sus facultades y encargada de sancionar a los servidores p�blicos que incurran en responsabilidad, tiene la responsabilidad de determinar si inicia o no nuevamente el procedimiento en cuesti�n. En m�rito de lo anterior y de los antecedentes relatados, en concepto de este �rgano colegiado, se llega a la conclusi�n de que los argumentos expuestos en el primer concepto de agravio son fundados. En efecto, no se infringi� lo dispuesto en el art�culo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos desde el inicio del procedimiento, porque el apercibimiento de que fue objeto el actor, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 288 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, no se materializ�. Ciertamente, la invocaci�n de los preceptos legales referidos en el citatorio no cobraron vigor en raz�n de que s� compareci� a la audiencia el servidor p�blico y ofreci� pruebas y formul� alegatos, por lo que la expresi�n de los numerales del C�digo Federal de Procedimientos Civiles que se invocaron en el citatorio no le depar� perjuicio alguno, puesto que la conducta que sustenta su enunciaci�n no se llev� a cabo y, por ende, la fundamentaci�n aludida tampoco caus� agravio, de ah� que por esa invocaci�n y ante la falta de materializaci�n de la norma, en modo alguno trasciende o modifica el procedimiento que se sigue ni el sentido de la resoluci�n que se llegase a pronunciar, sin perjuicio de que esos mismos numerales se invoquen en diversa actuaci�n del mismo procedimiento y s� se apliquen, pues la condici�n para que pueda tenerse como que influyen en el procedimiento o en la sentencia ser� que efectivamente se apliquen e influyan en alguna etapa del procedimiento que se est� llevando a cabo o de la resoluci�n que se llegase a emitir. Por estas razones, debe estimarse infundado el argumento de que la Sala responsable, de manera ilegal, declar� la nulidad del citatorio impugnado y, en consecuencia, del procedimiento que deriv�, por el simple hecho de que se hayan invocado preceptos legales cuya supletoriedad no proced�a, en raz�n de que �nicamente sirvieron para fundamentar un apercibimiento que no tuvo vida jur�dica ante la ausencia de la conducta a que se encontraba supeditado y, por ende, no se materializ�. En estas condiciones, la violaci�n es de car�cter formal y no afecta las defensas del servidor p�blico, pues �sta estuvo en aptitud de conocer las irregularidades que le eran atribuidas, compareci�, exhibi� sus pruebas y alegatos para desvirtuarlas; por tanto, este se�alamiento no trascendi� al sentido de la resoluci�n administrativa dictada en el procedimiento disciplinario, de ah� la ilegalidad que se provoca al haberse decretado la nulidad de la resoluci�n impugnada con base en ello. Lo anterior se afirma porque como lo se�ala la recurrente, no se advirti� en qu� forma se afectaron las defensas de M.�a T.C.O., al haber fundado el citatorio en el C�digo Federal de Procedimientos Civiles, ni en qu� forma trascendieron tales violaciones al sentido de la resoluci�n administrativa. Orientan el sentido de la presente determinaci�n, en lo conducente, las tesis que a continuaci�n se invocan: ?REVISI�N EN AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA DEPENDE NO S�LO DE LA EXPRESI�N DE CONCEPTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DEMANDA SINO, ADEM�S, DE QUE LOS ART�CULOS IMPUGNADOS SE HAYAN APLICADO EN PERJUICIO DEL QUEJOSO E INFLUIDO EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCI�N RECLAMADA.? (se omite porque se transcribe al examinar el tema propuesto) (Novena �poca. Instancia: S.S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XVI, septiembre de 2002. Tesis: 2a./J. 98/2002. P�gina: 271). ?AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N RELATIVOS, SI NO SE ACTUALIZ� EL ACTO DE APLICACI�N DE LA NORMA GENERAL, DE MANERA EXPRESA O IMPL�CITA, EN PERJUICIO DEL QUEJOSO, O SI ESA APLICACI�N NO TRASCENDI� AL RESULTADO DEL ACTO RECLAMADO O SE PRESENT� EN UN ACTO DE EJECUCI�N IRREPARABLE.? (se omite por no ser necesario para informar la litis) (Novena �poca. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XVI, julio de 2002. Tesis: I.3o.C.33 K. P�gina: 1247). As� las cosas, al resultar fundados los argumentos expresados por la autoridad recurrente, que han sido examinados y suficientes, lo procedente es revocar la sentencia recurrida para el efecto de que la Sala Superior deje insubsistente dicha sentencia y ordene a la Sala ordinaria emita otra con plenitud de jurisdicci�n, siguiendo los lineamientos expuestos en este considerando procediendo al examen de las dem�s cuestiones a que haya lugar. Por lo anterior, resulta innecesario el estudio de los restantes argumentos vertidos en los agravios de las autoridades recurrentes, en virtud de que en nada variar�a el sentido alcanzado en esta ejecutoria, ni obtendr�a un mejor beneficio del ya pronunciado por este tribunal.

El S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisi�n fiscal n�mero RF. 247/2003, el doce de marzo de dos mil tres, sostuvo las consideraciones que a continuaci�n se reproducen:

"En otra parte de los argumentos que en v�a de agravio expone la promovente del recurso, manifiesta que la Sala no funda ni motiva por qu� al aplicarse, en la especie, una ley supletoria diferente a la prevista en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos se hayan afectado las defensas del particular y la forma en que hubiere trascendido al sentido de la resoluci�n, porque para ello era necesario se�alar en forma precisa esas circunstancias, adem�s, estima que el fallo que combate adolece de falta de fundamentaci�n y motivaci�n toda vez que aun cuando en el citatorio que le fue notificado al actor se invocaron las disposiciones del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, ello no afect� sus defensas ya que la finalidad de �ste era la de hacer de su conocimiento su derecho a comparecer a la audiencia prevista en la fracci�n I del art�culo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, a la cual no compareci�. Que el �nico acto en que pudo ocasion�rsele un perjuicio al actor fue al ser valoradas conforme a lo dispuesto por el C�digo Federal de Procedimientos Civiles, las documentales que obran en el expediente DR/019/00 de donde emana la resoluci�n que impugn�, sin embargo, la valoraci�n establecida por el C�digo Federal de Procedimientos Penales no es diferente, de ah� que la determinaci�n de la Sala no est� debidamente fundada ni motivada, adem�s porque al contar con todos los elementos de prueba debi� resolver el fondo del asunto. Al respecto debe precisarse que de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 14 constitucional, nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; por lo que es incorrecta e infundada la apreciaci�n de la recurrente, consistente en que no le depare perjuicio alguno al accionante del juicio de nulidad, el que no se hubiera aplicado el C�digo Federal de Procedimientos Penales, puesto que a final de cuentas la valoraci�n de pruebas establecida en el C�digo Federal de Procedimientos Civiles sea igual a la establecida en el del C�digo Federal de Procedimientos Penales; ya que desde el momento en que no se aplic� el ordenamiento legal correspondiente no se puede considerar que la resoluci�n combatida en el juicio de nulidad sea legal, pues el art�culo constitucional en comento es claro y preciso al establecer que deben aplicarse las leyes exprofesamente creadas para regular una determinada situaci�n, ello en raz�n de dar seguridad jur�dica a la persona que sea sujeto de un proceso legal en donde se le pueda afectar en sus derechos. No acatar literalmente lo establecido en el art�culo 14 constitucional implica la nulidad de la resoluci�n que dicte la autoridad para resolver dichos procedimientos, lo que sucedi� en el asunto que nos ocupa; de ah� que resulte tambi�n infundado e intrascendente el argumento consistente en que el servidor p�blico no hubiera comparecido a la audiencia prevista en la fracci�n I del art�culo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, puesto que la aplicaci�n indebida del C�digo Federal de Procedimientos Civiles se llev� a cabo desde que se le cit� a dicha audiencia, esto es, antes de que se efectuara la valoraci�n de pruebas, adem�s porque el art�culo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos es claro y preciso al establecer que en todos los procedimientos de responsabilidad administrativa que se instruyan para investigar y, en su caso, sancionar la conducta de los servidores p�blicos en el ejercicio de sus funciones, es aplicable supletoriamente en primer lugar el C�digo Federal de Procedimientos Penales y en segundo lugar el C�digo Penal. Lo anterior es aplicable en todas las cuestiones relativas a dichos procedimientos no previstas en la ley, as� como en la apreciaci�n de las pruebas, como acontece en la especie, por lo que se excluye la aplicaci�n del similar en materia civil, excepci�n hecha cuando sea el C�digo Federal de Procedimientos Penales el que prevea su aplicaci�n para determinados aspectos como aconteci� en la especie. Al respecto, este tribunal ha emitido el criterio expuesto en la tesis de la Novena �poca, n�mero 2a./J. 60/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de diciembre de 2001, p�gina 279, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: ?RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES P�BLICOS. EL C�DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y, EN SU CASO, EL C�DIGO PENAL FEDERAL, SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL RELATIVA.? (se omite por no ser necesario para informar el asunto). De lo anterior se colige que si como lo confiesa el recurrente se analizaron y valoraron las constancias del expediente n�mero DR/019/00 con fundamento en los art�culos del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, se transgredi� en perjuicio del actor del juicio de nulidad los art�culos 14 y 16 constitucionales, con independencia de que el similar en materia penal prevea criterios similares para su valoraci�n, pues como se estableci� en l�neas superiores los ordenamientos legales de referencia deben aplicarse como lo dispone la ley que rige el acto. Ahora bien, si la aplicaci�n indebida del C�digo Federal de Procedimientos Civiles se llev� a cabo antes de la valoraci�n de pruebas, por tanto, la nulidad declarada por la responsable debe comprender la del citatorio de referencia, no es aplicable la tesis de jurisprudencia que invoca la inconforme cuyo rubro es: ?TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CUANDO ANTE �L SE CONTROVIERTA UNA RESOLUCI�N DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES P�BLICOS, POR APLICACI�N INCORRECTA DE LA LEY SOBRE VALORACI�N DE PRUEBAS, DICHO �RGANO DEBER� DETERMINAR SI CUENTA CON ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD O ILEGALIDAD DE AQU�LLA, EN LA PARTE QUE NO SATISFIZO EL INTER�S JUR�DICO DEL DEMANDANTE Y, EN SU CASO, RESOLVER SOBRE EL TEMA DE FONDO PROPUESTO, REALIZANDO LA VALORACI�N CORRESPONDIENTE.?, pues hacerlo significar�a convalidar la violaci�n cometida por la recurrente en perjuicio del gobernado. En las relatadas circunstancias al no causarse el agravio expresado por la recurrente, procede declarar infundado el recurso de revisi�n planteado."

CUARTO

Con el fin de determinar si existe alg�n punto de contradicci�n entre los criterios contenidos en las ejecutorias transcritas en el considerando precedente, resulta pertinente relatar los antecedentes de los asuntos que derivan de las constancias de autos.

RCA. 8/2003, Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

1) Mediante citatorio SRO-999/97, del cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, fue notificada M.�a T.C.O. de la audiencia de diecis�is de diciembre de ese a�o, que se llevar�a a cabo en las oficinas de la Contralor�a Interna de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado en su contra.

2) Dicho procedimiento se inici� en virtud de la existencia de diversas irregularidades cometidas por la servidora p�blica en el ejercicio de sus funciones.

3) En la audiencia mencionada, la servidora p�blica ofreci� las pruebas que estim� pertinentes e hizo valer los alegatos correspondientes.

4) El seis de marzo del a�o dos mil uno, le fue notificada la resoluci�n administrativa del uno de febrero de ese a�o, dictada en el expediente CGDRS-41/1196/98 y emitida por la autoridad se�alada.

5) La Sala Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal conoci� de la demanda de nulidad promovida por M.�a T.C.O. contra la resoluci�n anterior, autoridad jurisdiccional que dict� sentencia el tres de octubre del a�o dos mil uno en la que declar� la nulidad de la resoluci�n combatida.

6) Las consideraciones de dicha sentencia fueron, en esencia, que en la resoluci�n administrativa combatida se violaron en perjuicio de la actora los art�culos 14 y 16 de la C.�n Federal y 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, ya que se aplic� una ley indebida al procedimiento instaurado en su contra, lo que tambi�n sucedi� al emitirse la resoluci�n impugnada pues �sta se fund� en el citado precepto secundario (art�culo 45) que ordena a la autoridad administrativa aplicar supletoriamente el C�digo Federal de Procedimientos Penales, sin que as� hubiera sucedido, pues desde el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad se aplic� el C�digo Federal de Procedimientos Civiles.

7) Inconforme con la resoluci�n anterior, el director de Responsabilidades y Sanciones de la Direcci�n General de Legalidad y Responsabilidades de la Contralor�a General del Distrito Federal, mediante oficio presentado el veintiuno de noviembre del a�o dos mil uno ante la Oficial�a de Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, interpuso recurso de apelaci�n.

8) Sustanciado que fue dicho recurso, registrado bajo el n�mero RA. 10522/2001 y derivado del juicio de nulidad 2692/2002, por resoluci�n de diecinueve de septiembre del a�o dos mil dos la Sala Superior consider� infundados los agravios, por lo siguiente:

  1. La Sala a quo en ning�n momento examin� ni decidi� respecto de cuestiones de constitucionalidad, por el contrario, en la sentencia recurrida se examin� la litis desde el punto de vista de la ley secundaria, as� como la confrontaci�n de la resoluci�n reclamada respecto de normas constitucionales que rigen el debido proceso.

  2. La autoridad indebidamente fund� el citatorio con el que se dio inicio al procedimiento administrativo de responsabilidad en el C�digo Federal de Procedimientos Civiles, pues en t�rminos del art�culo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos no s�lo en la apreciaci�n de pruebas seobservar�n las disposiciones del C�digo Federal de Procedimientos Penales, sino en todas las cuestiones relativas al procedimiento administrativo de que se trata no previstas en la ley federal antes citada, lo que implica que en la emisi�n del citatorio en cuesti�n se debi� aplicar el c�digo procesal penal en comento, por tanto, la autoridad demandada omiti� cumplir con los requisitos formales exigidos por la ley aplicable, lo que implica trasgresi�n a las formalidades esenciales del procedimiento desde su inicio, vicio que trascendi� a la resoluci�n administrativa impugnada y determin� su ilegalidad.

  3. Los efectos de la nulidad no pueden ser para que la autoridad reponga el procedimiento administrativo disciplinario en contra de la actora, purgue los vicios cometidos y emita la resoluci�n conducente, ya que se trata de una violaci�n de forma que afect� las defensas del particular desde el inicio del procedimiento sancionador, por lo que es a la autoridad sancionadora, en uso de sus facultades, a la que corresponde determinar si inicia o no nuevamente el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la actora.

    9) Inconforme con la resoluci�n anterior, el director de Responsabilidades y Sanciones de la Direcci�n General de Legalidad y Responsabilidades de la Contralor�a General del Distrito Federal, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 104, fracci�n I-B, de la C.�n Federal interpuso recurso de revisi�n.

    10) El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante sentencia definitiva del veintis�is de marzo del a�o dos mil tres, dictada en el toca RCA. 8/2003, por unanimidad de tres votos, revoc� la sentencia recurrida con base en las siguientes consideraciones:

  4. Contrario a lo expuesto por la Sala Superior no se infringi� lo dispuesto por el precepto secundario en comento porque el apercibimiento de que fue objeto la actora, en t�rminos del art�culo 288 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, no se materializ� en tanto que aqu�lla compareci� a la audiencia correspondiente, ofreci� pruebas y formul� alegatos, por ello, la mera expresi�n de los preceptos del c�digo adjetivo civil en el documento relativo no depar� perjuicio alguno a la parte actora, ya que la conducta que sustenta su enunciaci�n no se llev� a cabo y, por tanto, la fundamentaci�n aludida tampoco produjo perjuicio alguno, de all� que no trascendi� o modific� el procedimiento que se sigui� ni el sentido de la resoluci�n impugnada en el juicio de nulidad; lo anterior sin perjuicio de que esos mismos numerales hubieran sido invocados en diversa actuaci�n del propio procedimiento cuya materializaci�n s� se produjo, pues la condici�n para que pueda tenerse como que influyen en el procedimiento o en la sentencia es que afecten alguna etapa del multicitado procedimiento o la resoluci�n correspondiente.

  5. En tales condiciones, si la violaci�n es de car�cter formal pero no afect� las defensas del particular, pues �ste estuvo en aptitud de conocer las irregularidades que se le imputaban, compareci�, exhibi� pruebas y formul� los alegatos relativos, el se�alamiento de los preceptos legales no transcendi� al sentido de la resoluci�n administrativa impugnada.

  6. Para apoyar lo anterior, el Tribunal Colegiado cit� las siguientes tesis emitidas, la primera, por esta S.S. de esta Suprema Corte de Justicia, y la segunda, por un Tribunal Colegiado, ambas de la Novena �poca, cuyos rubros son: "REVISI�N EN AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA DEPENDE NO S�LO DE LA EXPRESI�N DE CONCEPTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DEMANDA SINO, ADEM�S, DE QUE LOS ART�CULOS IMPUGNADOS SE HAYAN APLICADO EN PERJUICIO DEL QUEJOSO E INFLUIDO EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCI�N RECLAMADA." y "AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N RELATIVOS, SI NO SE ACTUALIZ� EL ACTO DE APLICACI�N DE LA NORMA GENERAL, DE MANERA EXPRESA O IMPL�CITA, EN PERJUICIO DEL QUEJOSO, O SI ESA APLICACI�N NO TRASCENDI� AL RESULTADO DEL ACTO RECLAMADO O SE PRESENT� UN ACTO DE EJECUCI�N IRREPARABLE."

    RF. 247/2003, S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

    1) R.T.A. promovi� demanda de nulidad contra la resoluci�n administrativa de diecinueve de noviembre del a�o dos mil, contenida en el expediente DR/019/00 formado con motivo del procedimiento administrativo de responsabilidad instruido en su contra por el �rea de responsabilidades de la Contralor�a Interna en la Comisi�n Federal de Electricidad de la S.�a de la Contralor�a y Desarrollo Administrativo.

    2) En los conceptos de nulidad, la parte actora se�al�, en esencia, que:

  7. La Contralor�a Interna en la Comisi�n Federal de Electricidad de la S.�a de la Contralor�a y Desarrollo Administrativo, omiti� emplazarla a la audiencia de ley en t�rminos de los art�culos 45 y 64, fracci�n I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, por lo que la resoluci�n administrativa reclamada es nula de origen, puesto que no se inici� debidamente el procedimiento administrativo de responsabilidad.

  8. La Comisi�n Federal de Electricidad debe acreditar ante la Sala F. no s�lo que la actora fue debidamente notificada del inicio del procedimiento administrativo, sino que el oficio de notificaci�n y citaci�n conten�a los requisitos que exigen los art�culos aplicables del C�digo Federal de Procedimientos Penales de aplicaci�n supletoria al procedimiento disciplinario de que se trata, conforme a lo dispuesto por el art�culo 45 de la ley federal de responsabilidades citada.

  9. Al examinar el fondo del asunto, el resolutor aplic� como supletorio el C�digo Federal de Procedimientos Civiles para valorar diversas probanzas ofrecidas por la parte actora, ello sin tomar en consideraci�n las jurisprudencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, relativas a la aplicaci�n supletoria del c�digo adjetivo penal para la sustanciaci�n del procedimiento administrativo disciplinario de que se trata.

    3) La Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa conoci� de la demanda de nulidad que registr� con el n�mero 8753/02-17-09-3, y seguidos los tr�mites correspondientes, el treinta y uno de octubre del a�o dos mil dos dict� sentencia en la que declar� la nulidad de la resoluci�n reclamada para efectos, exponiendo lo siguiente:

  10. D. an�lisis efectuado al acta de notificaci�n del citatorio para la audiencia de ley del trece de abril del a�o dos mil dos, se desprendi� que la diligencia correspondiente se realiz� personalmente con el actor, quien recibi� el oficio citatorio y su anexo neg�ndose a firmarla, lo que fue corroborado con el contenido de la prueba testimonial ofrecida por la autoridad demandada, sin que sea �bice a lo anterior el hecho de que la notificaci�n se hubiera practicado conforme al art�culo 317 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, pues las formalidades que fija la ley para la pr�ctica de las notificaciones se encaminan, primordialmente, a obtener la seguridad de que los decretos, prove�dos, sentencias y resoluciones o mandamientos jurisdiccionales en general, lleguen oportuna y adecuadamente al conocimiento de los interesados, lo que lleva a determinar que la falta de cumplimiento de alguna formalidad en la pr�ctica de la notificaci�n no conduce necesariamente a considerar a la diligencia carente de validez jur�dica y a privarla de los efectos correspondientes, sino que debe hacerse una evaluaci�n de todos los elementos del acto mediante el cual se ejecute la notificaci�n para determinar, en su caso, si con los elementos que contiene est� cumplida la finalidad de la notificaci�n relativa o si la omisi�n se traduce en un estado de indefensi�n para la parte notificada.

  11. Si bien es cierto que la notificaci�n no se realiz� en t�rminos de lo dispuesto por el C�digo Federal de Procedimientos Penales, tal omisi�n no dej� en estado de indefensi�n al actor, ya que �ste conoci� de manera personal la existencia del citatorio para la audiencia de ley, documento que recibi� no obstante su negativa a firmar el acta de notificaci�n correspondiente.

  12. A mayor abundamiento, el argumento consistente en la indebida aplicaci�n supletoria del C�digo Federal de Procedimientos Civiles en el procedimiento administrativo disciplinario, apuntada por la actora y aceptada por la demandada, es correcta porque el art�culo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos dispone que en todo lo no previsto en dicho ordenamiento jur�dico respecto del procedimiento y apreciaci�n de pruebas, se aplicar�n las disposiciones del c�digo adjetivo penal se�alado; consecuentemente, en la especie, no se debi� aplicar el c�digo federal adjetivo civil de manera supletoria al procedimiento de que se trata, ya que exist�a disposici�n expresa sobre la aplicaci�n supletoria de las disposiciones adjetivas penales federales, por tanto, la supletoriedad de la norma no se realiz� en los t�rminos de ley. Para fundar lo anterior, aplic� la tesis del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de rubro: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO SON APLICABLES, SUPLETORIAMENTE, LAS DISPOSICIONES DEL C�DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES."

  13. En estas condiciones, la resoluci�n impugnada result� ilegal ya que en el procedimiento administrativo de responsabilidad se aplic� indebidamente de manera supletoria el C�digo Federal de Procedimientos Civiles, no obstante que correspond�a la aplicaci�n del ordenamiento adjetivo federal penal conforme a lo dispuesto por el art�culo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, por tanto, la violaci�n apuntada trascendi� al sentido de la resoluci�n combatida actualizando el supuesto del art�culo 238, fracci�n III, del C�digo F. de la Federaci�n, procediendo declarar su nulidad para el efecto de dejar sin efectos todo lo actuado en el procedimiento, objeto de la litis, desde el momento en que se cometi� la violaci�n y �sta sea subsanada, a fin de desarrollar y resolver el procedimiento instaurado conforme a derecho.

    4) Por oficio presentado ante la Oficial�a de Partes de las S. Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, la autoridad demandada interpuso recurso de revisi�n contra la sentencia anterior. De dicho recurso toc� conocer al S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el que al emitir la ejecutoria relativa, cuya transcripci�n se realiz� con anterioridad, consider� lo siguiente:

  14. De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 14 de la C.�n Federal, es incorrecta e infundada la apreciaci�n de la autoridad recurrente consistente en que no depar� perjuicio alguno a la accionante del juicio de nulidad la inaplicaci�n supletoria del C�digo Federal de Procedimientos Penales, pues contrario a ello desde el momento en que se dej� de aplicar el ordenamiento legal correspondiente, la resoluci�n as� dictada es ilegal, lo anterior en virtud de que conforme al precepto constitucional citado, en todo procedimiento deben aplicarse las leyes precisamente establecidas que regulan el caso concreto, ello con la finalidad de dar seguridad jur�dica a la persona sujeta a proceso en el que puedan afectarse sus derechos.

  15. Resulta intrascendente el hecho de que el servidor p�blico no hubiera comparecido a la audiencia prevista en la fracci�n I del art�culo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, ya que la aplicaci�n indebida del C�digo Federal de Procedimientos Civiles se llev� a cabo desde que fue citado a la audiencia relativa, es decir, en el inicio del procedimiento de responsabilidad cuya prosecuci�n debe regirse conforme al C�digo Federal de Procedimientos Penales en t�rminos del art�culo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos. En tal virtud, si la aplicaci�n indebida del c�digo adjetivo civil se llev� a cabo antes de la valoraci�n de pruebas, la nulidad declarada debe comprender la del citatorio correspondiente.

QUINTO

A continuaci�n, debe establecerse si existe la contradicci�n de tesis denunciada.

Para ello es conveniente recordar que la contradicci�n de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados cuyos criterios son contrarios, al resolver los asuntos que fueron materia de las ejecutorias, examinan cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y adoptan posiciones discrepantes que se reflejan en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas formuladas en la sentencia y la disparidad de criterios se produce al examinar los mismos elementos.

Sirve de apoyo a esta afirmaci�n, la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparece publicada en la p�gina 76 del T.X., abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, cuyo texto es el siguiente:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la C.�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

El an�lisis de las ejecutorias transcritas en el considerando tercero pone de relieve la existencia de la contradicci�n de tesis denunciada, ya que ambos Tribunales Colegiados examinaron supuestos de la misma naturaleza y contenido, pues los criterios discrepantes se emitieron con motivo de recursos de revisi�n promovidos en contra de resoluciones dictadas por Tribunales de lo Contencioso Administrativo, en cuyos juicios se determin� la nulidad de la resoluci�n impugnada porque en la secuela procedimental no se aplicaron las disposiciones del C�digo Federal de Procedimientos Penales, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, lo que trajo como consecuencia una violaci�n de car�cter formal que afect� las defensas del particular desde el inicio del procedimiento sancionador y trascendi� al resultado del fallo; asimismo, partieron del mismo tema jur�dico que es el definir si el acto formal de aplicaci�n de la norma adjetiva no destinada a regir el desenvolvimiento del procedimiento constituye o no, por s� mismo, un vicio de forma trascendental y grave independientemente del sentido del fallo.

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que el vicio de forma aludido no depar� perjuicio alguno al gobernado ni se afectaron sus defensas, ya que la hip�tesis normativa no se actualiz� y, por tanto, no trascendi� al procedimiento ni al sentido de la resoluci�n impugnada; en cambio, el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dijo que en ese supuesto s� se depar� perjuicio al gobernado y se afectaron sus defensas trascendiendo al sentido del fallo, porque se trata de la seguridad jur�dica del particular en la prosecuci�n de un procedimiento en el que puede verse afectado en sus derechos.

Consecuentemente, el punto de contradicci�n estriba en determinar si el acto formal de aplicaci�n de la norma adjetiva no destinada a regir el desarrollo del procedimiento constituye o no, por s� mismo, un vicio trascendental y grave que amerita su reparaci�n sin necesidad de examinar su influencia en el resultado de la resoluci�n impugnada.

Precisado as� el punto materia de la contradicci�n, este �rgano colegiado se aboca a determinar el criterio que debe prevalecer con car�cter jurisprudencial.

Es menester precisar que esta S.S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que no es obst�culo para resolver en el presente asunto lo que en derecho proceda, el hecho de que de los criterios contradictorios no haya derivado tesis alguna, pues ello resulta innecesario para la procedencia de la denuncia de contradicci�n de tesis.

Es aplicable al caso lo establecido en la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible a fojas 77, T.X., abril de 2001, Novena �poca, compilada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la C.�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

SEXTO

El marco constitucional del tema propuesto se encuentra en el art�culo 14 de la C.�n Federal que consagra lo que doctrinalmente se considera como garant�a de audiencia y debido proceso legal. El precepto constitucional, en la parte que informa el asunto, dice:

Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

La garant�a establecida en el precepto constitucional en comento precisa el derecho de defensa del gobernado y el m�nimo de formalidades procesales que el procedimiento debe cumplir previa privaci�n de derechos sustantivos, pues no basta que el gobernado acuda ante tribunales para que se defina un derecho controvertido, es preciso que existan normas que garanticen su posibilidad de defensa, ya que de lo contrario de nada servir�a establecer v�as procesales que no cumplir�an con su finalidad fundamental.

El m�nimo de formalidades procesales son las que resultan imprescindibles para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privaci�n y que, de manera gen�rica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) la notificaci�n del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar; y, 4) el dictado de una resoluci�n que dirima las cuestionesdebatidas.

El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, visible a foja 133, T.I., diciembre de 1995, Novena �poca, compilada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, estim� que de no respetarse estos requisitos se dejar�a de cumplir con el fin de la garant�a de audiencia, que es evitar la indefensi�n del afectado.

El texto de la tesis mencionada es el siguiente:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garant�a de audiencia establecida por el art�culo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ?se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento?. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privaci�n y que, de manera gen�rica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificaci�n del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejar�a de cumplir con el fin de la garant�a de audiencia, que es evitar la indefensi�n del afectado.

Conforme al criterio anterior, previamente a la afectaci�n de derechos, el particular tiene la seguridad de que en el procedimiento o juicio que se le siga ante las autoridades competentes, se le otorgue ese m�nimo de garant�as procesales que le aseguren la posibilidad de que rindiendo las pruebas que estime convenientes y formulando los alegatos que crea pertinentes, la autoridad que tenga a su cargo la decisi�n final tome en cuenta tales elementos para dictar una decisi�n legal y justa.

En otras palabras, dichas formalidades se traducen en el conjunto de medios establecidos en las leyes para hacer posible la resoluci�n de conflictos y la declaraci�n del derecho en cada caso de manera objetiva e imparcial.

El m�nimo de formas procesales no pueden quedar libradas al arbitrio de aqu�llos a quienes est�n impuestas, por lo que, por regla general, se hace necesario asegurar su respeto mediante sanciones adecuadas a la importancia o gravedad de la violaci�n.

Es importante recordar esos principios elementales, porque para determinar si el mero acto formal de aplicaci�n de la norma adjetiva no destinada a regir la prosecuci�n del procedimiento resulta sobresaliente en atenci�n a la instituci�n procesal vulnerada, sin necesidad de examinar su consecuencia al fondo de la cuesti�n debatida.

Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido en las tesis que m�s adelante se transcriben que, ordinariamente, las violaciones procesales s�lo pueden ser reparadas cuando trascienden al resultado del fallo pues �ste es el momento en que se determina si esas violaciones al procedimiento deparan perjuicio a alguna de las partes atendiendo al sentido favorable o desfavorable de dicha sentencia; esto es as�, pues aunque la relaci�n procesal se presenta como un conjunto de actos que realizan las partes, el J. y los terceros vinculados en orden sucesivo, de tal manera que cada uno de ellos es una consecuencia del que le precede y un antecedente del que le sigue, puede suceder que dichas violaciones procesales no tengan influencia al momento de dictarse el acto que lo culmina denominado sentencia, de tal manera que en el particular caso del agraviado en cuyo perjuicio se cometieron, obtenga sentencia favorable resultando, en consecuencia, innecesaria su correcci�n; situaci�n distinta sucede en el evento en que aqu�lla fuera contraria a sus intereses pero, en este caso, el agravio se actualizar�a en la sentencia porque finalmente lo resuelto en �sta es lo que le afecta, de otra forma las violaciones procesales no causan perjuicio a la esfera jur�dica del particular que lo legitimen para provocar su reparaci�n.

En relaci�n con el tema de la legitimaci�n para impugnar las violaciones procesales, esta Suprema Corte de Justicia en reiteradas ocasiones ha sustentado el criterio de que, por regla general, procede su impugnaci�n a trav�s del juicio de amparo directo contra las sentencias definitivas o laudos y contra resoluciones que pongan fin al juicio que no admitan alg�n recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, tanto por violaciones cometidas en el fallo como por las efectuadas en la secuela procedimental, siempre que estas �ltimas afecten las defensas del particular, trascendiendo al resultado del fallo y que, por excepci�n, es admisible el juicio de amparo indirecto en contra de resoluciones judiciales que no tienen el car�cter de sentencia definitiva o que pongan fin al juicio y que se dicten ya sea en el juicio (cuya ejecuci�n sea de imposible reparaci�n), fuera de juicio o despu�s de concluido o que afecten a personas extra�as al mismo.

Las tesis que contienen el criterio mencionado se encuentran compiladas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, y son, a manera ilustrativa, las siguientes:

Tesis de jurisprudencia 2a./J. 98/2002, visible a fojas 271, T.X., septiembre de 2002, Novena �poca, S.S., del tenor siguiente:

REVISI�N EN AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA DEPENDE NO S�LO DE LA EXPRESI�N DE CONCEPTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DEMANDA SINO, ADEM�S, DE QUE LOS ART�CULOS IMPUGNADOS SE HAYAN APLICADO EN PERJUICIO DEL QUEJOSO E INFLUIDO EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCI�N RECLAMADA. De la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 107, fracci�n IX, de la C.�n General de la Rep�blica, 83, fracci�n V, de la Ley de Amparo, 10, fracci�n III, y 21, fracci�n III, inciso a), de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se desprende que el recurso de revisi�n en el juicio de amparo directo procede, entre otros supuestos, cuando en la demanda de amparo se hubiere impugnado la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, pero esta hip�tesis requiere, de acuerdo con lo previsto por los art�culos 158, �ltimo p�rrafo y 166, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, no s�lo de la existencia de un concepto de violaci�n en contra de la constitucionalidad de alguna disposici�n jur�dica sino, precisamente, en contra de aquella o aquellas que se hayan aplicado en perjuicio del quejoso en la secuela del procedimiento del juicio natural o en la sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que hubiere puesto fin al juicio, e influido en el sentido del respectivo fallo, haciendo subsistir ese perjuicio pues lo resuelto en ellas, es lo que finalmente causa agravio, ello, porque la intervenci�n de la Suprema Corte de Justicia, en el an�lisis de la constitucionalidad de leyes o reglamentos o en la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n Federal, precisa, en todos los casos, de la actualizaci�n de un agravio o lesi�n en la esfera jur�dica del particular, dimanado de la aplicaci�n de las disposiciones jur�dicas, que sea susceptible de reparaci�n.

Tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001, visible a fojas 11, T.X., enero de 2001, Novena �poca, Tribunal Pleno, que se�ala:

PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCI�N QUE DIRIME ESTA CUESTI�N, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resoluci�n sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial n�mero P./J. 6/91, publicada en las p�ginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: ?PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCI�N QUE DESECHA LA EXCEPCI�N DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.?, para establecer que si bien es cierto, en t�rminos generales, la distinci�n entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata alg�n derecho sustantivo protegido por las garant�as individuales, y aquellos que s�lo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio �til para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecuci�n es de imposible reparaci�n, mientras que en la segunda hip�tesis, por no tener esos actos tales caracter�sticas, deben reservarse para ser reclamados junto con la resoluci�n definitiva en amparo directo, tambi�n lo es que dicho criterio no puede v�lidamente subsistir como �nico y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que tambi�n procede el juicio de amparo indirecto trat�ndose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para as� estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectaci�n exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la instituci�n procesal que est� en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violaci�n y su trascendencia espec�fica, as� como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectaci�n que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al an�lisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuesti�n formal no se traduzca en la afectaci�n directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es as�, tomando en consideraci�n que dicha cuesti�n es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, adem�s de que, la resoluci�n sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del car�cter con que comparece una de las partes, sino que tambi�n es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepci�n de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), s�lo es una excepci�n a la regla general de que procede aqu�l cuando los actos tienen una ejecuci�n de imposible reparaci�n, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resoluci�n sobre personalidad, cuando dirime esta cuesti�n antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparaci�n que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepci�n del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resoluci�n pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo.

Tesis de jurisprudencia 2a./J. 18/99, visible a fojas 300, Tomo IX, marzo de 1999, Novena �poca, S.S., que indica:

VIOLACIONES PROCESALES. PARA RECLAMARLAS EN AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACI�N DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO, DEBEN AFECTAR LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO Y TRASCENDER AL RESULTADO DEL

FALLO. Conforme a lo que establece el art�culo 158 de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparaci�n, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, s�lo podr�n hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que ponga fin al juicio. Esta hip�tesis implica que cuando el acto dentro del juicio tenga la caracter�stica de imposible reparaci�n, ser� procedente el juicio de amparo indirecto conforme al supuesto previsto en el art�culo 114, fracci�n I, de la ley de la materia. Asimismo, que si se trata de un acto dentro de juicio, como acto de aplicaci�n de una ley, tratado internacional o reglamento, para ser examinable en el juicio de amparo directo, debe incidir en la afectaci�n a las defensas del quejoso y trascender al resultado del fallo, porque del an�lisis arm�nico y sistem�tico de lo dispuesto en los art�culos 158 y 166, fracci�n IV, de la Ley de Amparo se observa que debe precisarse con claridad en qu� consiste el acto de aplicaci�n, en su caso cu�l es el precepto o preceptos aplicados, y deben expresarse los conceptos de violaci�n relativos, a fin de que el Tribunal Colegiado pueda calificar esa constitucionalidad en la parte considerativa de la sentencia. Pero, para que proceda el an�lisis de la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento, con motivo de su aplicaci�n en un acto dentro de juicio, es preciso que �ste constituya una violaci�n procesal que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo, porque los actos dentro de juicio que no son de imposible reparaci�n y no tengan como consecuencia directa e inmediata la afectaci�n de las defensas del quejoso y que trasciendan al resultado del fallo, no causan perjuicio jur�dico que legitime para provocar que se califique la constitucionalidad de la ley, porque finalmente lo que le causa agravio es lo resuelto en la sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que puso fin al juicio. Lo anterior es congruente con el objeto del juicio de amparo directo, pues una ejecutoria que conceda el amparo anula la sentencia, el laudo o la resoluci�n que puso fin al juicio o bien ordena la reposici�n del procedimiento a partir del acto procesal que produjo la afectaci�n a las defensas del quejoso y trascendi� al resultado del fallo.

Tesis jurisprudencial 3a./J. 40 26/89, visible a fojas 280, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, Octava �poca, Tercera Sala, que es del tenor siguiente:

AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CU�NDO Y C�MO PROCEDE. La C.�n y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la C.�n en el art�culo 107, fracci�n III, inciso a), se�ala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, �stas deben afectar ?las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo?. La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su art�culo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia C.�n se�ala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecuci�n sea de imposible reparaci�n, fuera de juicio o despu�s de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extra�as a juicio. As�, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el art�culo 107, fracci�n III, inciso a), de la C.�n y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que se�ala la propia C.�n en el art�culo 107, fracci�n III, incisos b) y c) y que precisa el art�culo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto.

Tesis aislada visible a fojas 184, Vol�menes 205-216, Cuarta Parte, S�ptima �poca, Tercera Sala, que indica:

VIOLACIONES PROCESALES. CARECE DE SENTIDO ORDENAR QUE SE SUBSANEN SI NO SE AFECTARON LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO. Si se advierte que durante la secuela de los procedimientos que culminaron con el amparo se cometieron algunas violaciones procesales pero del examen cuidadoso de las constancias de autos se concluye que las mismas no afectaron las defensas del quejoso, carece de sentido ordenar que se subsanen, pues una vez reparadas, la conclusi�n tendr�a que ser la misma, por lo que de hacerlo, solamente se conseguir�a retardar la soluci�n de la controversia.

Tesis aislada visible a fojas 436, Tomo CXXVII, Quinta �poca, S.S., que se�ala:

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, VIOLACIONES DEL. Si la recurrente alega que no estando el acto reclamado debidamente fundado y motivado no puede saberse si se trata de una simple violaci�n procesal o de si, como lo alega, de la imposici�n de una pena trascendental prohibida por el art�culo 22 constitucional, tal argumentaci�n resulta inoperante porque pretende supeditar las violaciones procesales a su magnitud; esto es, que si una violaci�n de esta naturaleza es de tal manera grave, s� se puede reclamar en amparo y que si no, entonces se deber� esperar a que se pronuncie la resoluci�n definitiva en el procedimiento administrativo de que se trate; pero olvida que para poderse saber la gravedad de la violaci�n, esto es, el fondo del negocio, lo cual es imposible atento lo que dispone el art�culo 114 fracci�n II, p�rrafo segundo de la Ley de Amparo, al establecer que en los casos en que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio ante autoridades distintas de las judiciales o de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, el amparo s�lo podr� promoverse contra la resoluci�n definitiva por violaciones cometidas en la misma resoluci�n o durante el procedimiento, si por virtud de estas �ltimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la misma ley de la materia le concede, a no ser que el amparo sea promovido por personas extra�a a la controversia; as� que, no estando supeditadas las violaciones procesales a su gravedad, es claro que no puede admitirse la distinci�n que pretende hacer la quejosa, m�xime que para ello se necesitar�a primero resolver si existe o no pena trascendental, que es lo que constituye el fondo del negocio, para luego resolver si era o no de sobreseerse en el juicio, lo cual es invertir la t�cnica del juicio de amparo. En consecuencia, no haciendo el art�culo 114 fracci�n II p�rrafo segundo de la Ley de Amparo la distinci�n que pretende la quejosa, es claro que resultan infundados sus agravios, por lo que procede confirmar la sentencia por la que se sobresey� en el juicio.

Tesis aislada, p�gina 56, Volumen LXXX, Cuarta Parte, Sexta �poca, Tercera Sala, que es del tenor siguiente:

PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Para que existan violaciones procesales cometidas durante la secuela del procedimiento, deber�n observarse los siguientes requisitos fundamentales: primero, que la violaci�n desde su origen tenga el car�cter de procesal, por haberse causado precisamente durante la secuela del procedimiento, aun cuando posteriormente se estudie en la sentencia definitiva de segunda instancia; y segundo que de prosperar el concepto correspondiente a dicha violaci�n procesal, el efecto del amparo ser�a el de reponer el procedimiento desde que la misma se cometi�, a fin de que se reparen las garant�as violadas; a diferencia de lo que ocurre con el amparo directo por violaciones cometidas en la sentencia definitiva, en el que el efecto de la ejecutoria respectiva no es el mismo, supuesto que si se demuestra la violaci�n sustantiva, ser� exclusivamente para que la autoridad responsable, reparando las violaciones cometidas, dicte nueva sentencia.

Las tesis anteriores se sustentan en las premisas fundamentales siguientes:

  1. Los actos procesales dentro del juicio s�lo tienen ejecuci�n de imposible reparaci�n para efectos del juicio de amparo indirecto cuando afectan de manera cierta e inmediata derechos sustantivos protegidos por las garant�as individuales, de modo tal que esa afectaci�n no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentenciafavorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violaci�n en el disfrute de la garant�a individual de que se trate.

  2. Las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior.

En relaci�n con este �ltimo punto, la afectaci�n exorbitante debe determinarse objetivamente tomando en cuenta la instituci�n procesal que est� en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violaci�n y su trascendencia espec�fica, as� como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; circunstancias todas ellas, cuya concurrencia generan un grado extraordinario de afectaci�n que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato a su an�lisis, sin esperar al desarrollo de todo el procedimiento y el dictado de la sentencia.

Expuesto lo anterior, se procede al an�lisis del punto espec�fico sobre el que versa la presente contradicci�n de tesis.

El art�culo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, aplicado en los procedimientos administrativos de los que derivan los antecedentes de los asuntos que originaron la contradicci�n de criterios en examen, establece:

En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta ley, as� como en la apreciaci�n de las pruebas, se observar�n las disposiciones del C�digo Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, se atender�n, en lo conducente, las del C�digo Penal.

El precepto reproducido, en la parte que interesa, se�ala que en la sustanciaci�n del procedimiento sancionador, as� como en la valoraci�n probatoria, se aplicar�n las reglas del C�digo Federal de Procedimientos Penales.

La cuesti�n a resolver en la presente contradicci�n de tesis radica en determinar si el acto formal de aplicaci�n de la norma adjetiva no destinada a regir el desarrollo del procedimiento constituye o no, por s� mismo, un vicio trascendental y grave que amerita su reparaci�n sin necesidad de examinar su influencia en el resultado de la resoluci�n impugnada.

Sobre el particular, se debe aplicar la regla general que precisa la impugnaci�n de violaciones procesales cuando trascienden al resultado del fallo, pues no se est� en ninguno de los supuestos que justificar�an la aplicaci�n de la excepci�n a la regla general. En efecto, la excepci�n se encuentra en la posibilidad de que se impugnen los actos del juicio cuando afecten de manera directa o inmediata derechos sustantivos o afecten a las partes en su derecho de defensa en grado predominante o superior. La aplicaci�n de la ley adjetiva no destinada a regir la prosecuci�n del procedimiento, en primer lugar, no genera una afectaci�n directa e inmediata a derechos sustantivos, ni constituye una trasgresi�n a las normas procesales que genera efectos de extrema gravedad y su trascendencia espec�fica se contrae �nicamente a cuestiones intraprocesales, de tal forma que se estima que debe analizarse conjuntamente con la impugnaci�n del fallo con que aquel procedimiento culmine.

La violaci�n procesal se�alada no es de imposible reparaci�n al no tener ese efecto sobre las personas y sobre las cosas, debido a que no afecta de manera directa o inmediata derechos sustantivos. Tampoco se estima que la violaci�n procesal sea tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite la reposici�n del procedimiento desde su inicio sin examinar su trascendencia a la sentencia con que culmin� aqu�l.

No es exacto que la violaci�n procesal referida, por s� misma, depara perjuicio al gobernado y afecta sus defensas porque se le caus� un perjuicio a su seguridad jur�dica con la sustanciaci�n de un procedimiento regido por la norma adjetiva no destinada para su curso en el que podr�an haberse afectado sus derechos, ya que, precisamente, se requiere que dicha violaci�n trascienda al resultado del fallo pues, de lo contrario, la contravenci�n, se reitera, es meramente procesal sin efectos en la esfera jur�dica del particular si en el procedimiento se cumplieron el m�nimo de garant�as procesales se�aladas con anterioridad que le aseguraron una defensa eficaz.

La resoluci�n del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ejemplifica lo anteriormente expuesto, pues al estimarse que el vicio de forma aludido no trascendi� a la esfera jur�dica del particular porque �ste estuvo en aptitud de comparecer a la audiencia correspondiente, ofrecer pruebas y formular alegatos, evidencia que dicha violaci�n procesal no afect� de manera extraordinaria y grave las defensas del particular, por tanto, se requerir� dimensionar, en cada caso, su trascendencia a la sentencia concluyente.

De esta forma se pone de manifiesto que la aplicaci�n de la norma adjetiva no destinada a regir el desarrollo del procedimiento no es una violaci�n procesal exorbitante o grave cuando en aqu�l se cumple el m�nimo de garant�as que acreditan una defensa eficiente para el particular como lo dispone el art�culo 14 constitucional, y s�lo puede implicar la infracci�n a derechos adjetivos que producen �nicamente efectos intraprocesales que pueden ser enmendados sin efecto alguno para las partes en la sentencia definitiva.

En tal virtud, la tesis que con car�cter de jurisprudencia debe prevalecer es la sustentada por este �rgano jurisdiccional, en los siguientes t�rminos:

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES P�BLICOS. LA APLICACI�N DE NORMAS PROCESALES NO DESTINADAS A REGIR EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONSTITUYE UNA VIOLACI�N INTRAPROCESAL QUE DEBE ANALIZARSE CONJUNTAMENTE CON LA IMPUGNACI�N DEL FALLO DEFINITIVO.-El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95 publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.I., diciembre de 1995, p�gina 133, determin� que las garant�as procesales m�nimas que aseguran una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo son: 1) la notificaci�n de inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar; y 4) el dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas, y que de no respetarse estos requisitos se dejar�a de cumplir el fin de la garant�a de audiencia, que es evitar la indefensi�n del afectado. Ahora bien, el solo acto formal de aplicaci�n de normas adjetivas no destinadas a regir el desenvolvimiento del procedimiento de responsabilidad de los servidores p�blicos no genera una afectaci�n directa e inmediata a derechos sustantivos, ni constituye por s� mismo una transgresi�n a las normas procesales que genere efectos de extrema gravedad, sino que se trata de una violaci�n intraprocesal que no produce efectos en la esfera jur�dica del particular, m�xime si en el desarrollo del procedimiento se cumple con el m�nimo de garant�as procesales que le aseguraron una defensa eficaz, por lo que la reparaci�n de tal violaci�n debe analizarse conjuntamente con la impugnaci�n del fallo con que aqu�l culmine.

Por lo expuesto y fundado se resuelve.

PRIMERO

S� existe contradicci�n de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados S�ptimo y Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el RF. 247/2003 y el RCA. 8/2003, respectivamente.

SEGUNDO

El criterio que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia es el sustentado en la tesis de esta S.S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, precisada en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

Notif�quese; env�ese testimonio de esta resoluci�n a los tribunales contendientes; env�ese copia de la tesis jurisprudencial a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito; publ�quese en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, envi�ndose para ello copia de la resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la S.S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: J.D.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A.A. y presidente J.V.A.A.A.e.M.G.I.O.M. por atender comisi�n oficial e hizo suyo el asunto el Ministro Juan D�az R..