Ejecutoria num. 1a./J. 44/2003 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26825400

Ejecutoria num. 1a./J. 44/2003 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 44/2003
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Septiembre de 2003
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. DERECHO DEL TANTO. DEBE RESPETARSE ENTRE LOS CÓNYUGES COPROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES SUJETOS A VENTA JUDICIAL Y, CONSECUENTEMENTE, PUEDE EJERCERSE EL DE RETRACTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 104/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL D�CIMO QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEXTO

La sentencia de fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y ocho, pronunciada en el amparo directo n�mero 545/98, quejoso sucesi�n de ... por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, en su parte medular, establece lo siguiente:

"QUINTO. ... Ahora bien, el derecho del tanto y de retracto son en el fondo lo mismo, salvo que el primero se ejercita antes de que la cosa sea vendida, mientras que el segundo se hace valer cuando la cosa ha sido vendida, y el presupuesto de ambos es la existencia de la copropiedad. El objeto que se persigue con una y otra acci�n es el mismo y la raz�n es id�ntica, por tanto, es correcto que quien considere infringido el derecho del tanto ejerza ante la autoridad jurisdiccional competente la acci�n de retracto. Del contenido de los art�culos 938 y 960 del C�digo Civil del Estado, se deduce con claridad que correlativamente al derecho del tanto que la ley otorga a los copropietarios, les impone, por un lado, la prohibici�n de enajenar a extra�os la parte al�cuota respectiva si el copropietario quiere hacer uso de ese derecho y, por el otro, la obligaci�n de hacer saber a los dem�s la venta que tuvieren convenida para que puedan hacer uso del mismo derecho. Estas disposiciones legales deben considerarse aplicables al caso en que la enajenaci�n de la parte al�cuota de un copropietario se haga por medio de venta judicial, pues el art�culo 2197 del C�digo Civil del Estado establece que las ventas judiciales en almoneda, subasta o remate p�blico se regir�n por las disposiciones del t�tulo segundo, referente a la compraventa, en cuanto a la sustancia del contrato y a las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor, con las modificaciones que se expresan en el cap�tulo IX, de las ventas judiciales. En cuanto a los t�rminos y condiciones en que hayan de verificarse, se regir�n por lo que dispone el C�digo de Procedimientos Civiles del Estado; lo que significa que los derechos y obligaciones que la ley otorga e impone a los contratantes no sufren modificaci�n alguna por el solo hecho de que la venta se haga judicialmente. No es obst�culo para la anterior conclusi�n el hecho de que sea el J. quien otorgue, en rebeld�a del copropietario enajenante, el t�tulo respectivo, pues es evidente que �l obra en ese acto a nombre del condue�o y, por ende, debe cumplir con las obligaciones que la ley establece a cargo de �ste. En trat�ndose de remates judiciales, el copropietario puede sustituir al rematante, haciendo uso del derecho del tanto, precisamente en igualdad de condiciones y prestaciones que el rematante, sin que este procedimiento pugne con los art�culos 566 y 574 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, que manda que el remate se fincar� en favor del postor o postores, pues esa disposici�n no excluye o puede privar, en su generalidad, casos como aquellos en los cuales le da intervenci�n a un copropietario, para que haga uso del derecho del tanto. El hecho de haberse fincado el remate en favor del postor o postores podr� significar, si se quiere, un error, puesto que solamente debi� cerrarse el periodo de licitaci�n, pero este error no puede significar que el rematante haya adquirido un derecho patrimonial en la cosa rematada y con prioridad a los que la ley concede al propietario. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis sustentadas por la anterior Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la primera, visible en la p�gina 1936 del Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo XLIII, consultable bajo el rubro: ?DERECHO AL TANTO.?; la segunda, visible en la p�gina 421, Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo CXXVIII, consultable bajo el rubro: ?DERECHO AL TANTO DE LOS COPROPIETARIOS TRAT�NDOSE DE VENTAS JUDICIALES (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE COAHUILA).?; la tercera, visible en la p�gina 260 del Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo XCI, consultable bajo el rubro: ?DERECHO DEL TANTO TRAT�NDOSE DE VENTAS JUDICIALES (LEGISLACI�N DE NUEVO LE�N).?. Precisado lo anterior, tenemos que es indudable que cualquier reclamaci�n que se intente contra uno de los c�nyuges y que pretenda garantizarse con bienes pertenecientes al fondo social, afecta directamente el inter�s jur�dico del otro c�nyuge, porque las cosas que constituyen el fondo social forman patrimonio com�n indiviso, el dominio y la posesi�n de los bienes reside en ambos c�nyuges, mientras subsista la sociedad, lo cual no significa que el marido tiene la propiedad de una mitad y la esposa de la otra, pues ambos tienen un derecho posesorio sobre la totalidad de los bienes, indivisiblemente; por tanto, si el procedimiento se sigui� en contra de la esposa, no en su car�cter de representante de la sociedad legal, y en �l se afectaron bienes pertenecientes al fondo social, se infringe en perjuicio del marido los derechos que derivan de esa sociedad legal; as�, no estando a discusi�n el hecho de que los bienes embargados, rematados y adjudicados en el juicio ejecutivo mercantil correspondiente pertenec�an a la sociedad conyugal habida entre ... con motivo del matrimonio celebrado entre ellos, tan es as� que precisamente se embarg�, remat� y adjudic� �nicamente el cincuenta por ciento que por esa raz�n le correspond�a a la esposa, y si la sociedad conyugal es una copropiedad sui generis, como as� lo acepta la S. responsable, se debi� respetar el derecho del tanto que a todo copropietario otorgan los art�culos 926, 938 y 960 del C�digo Civil del Estado, esto es, se debi� notificar la venta del cincuenta por ciento de los inmuebles que le correspond�a a su esposa; cuya omisi�n engendra en su favor el derecho de retracto que tiene por objeto en la v�a judicial el respeto del derecho del tanto, removiendo el obst�culo jur�dico que implica la venta hecha al tercero. Sin embargo, al no haberse notificado a los copropietarios ... la realizaci�n de la venta respectiva y �ste haber fallecido sin que pudiera hacer uso de ese derecho, es dable ahora que su copropietario y sus herederos ejerciten la acci�n de retracto, para el fin de que devuelvan a los ejecutantes ... en lo personal, y como albacea de la sucesi�n de ... el precio que hayan pagado en el juicio mercantil correspondiente, debiendo los actores quejosos quedar subrogados en los derechos y obligaciones de los compradores de dichos bienes en los t�rminos que se hubiesen pactado." (fojas 47 a 50 del expediente relativo a la contradicci�n de tesis).

S�PTIMO

Por su parte, en ejecutoria de veintid�s de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada en el amparo en revisi�n n�mero 516/99-I, recurrente ... el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito consider�, en la parte esencial, lo que a continuaci�n se transcribe:

"Debe quedar establecido que en el caso a estudio la peticionaria de garant�as ... acudi� al juicio constitucional no por el hecho de que no hubiera estado debidamente defendido el bien de la sociedad conyugal relativo al lote del terreno n�mero 23 de la manzana 78, ubicado en el Fraccionamiento Playas de Tijuana, en Tijuana, B.C., sino a que una vez dictada la sentencia dentro del juicio original y dentro del procedimiento de ejecuci�n de la misma, no fue o�da como copropietaria del 50% del inmueble en cuesti�n, y no se respet� el derecho del tanto al no darle oportunidad de comparecer al remate y formular la postura correspondiente. As�, no se trat� en la especie de que los bienes que constitu�an la sociedad conyugal habida entre la peticionaria de garant�as y ... hayan sido mal representados y defendidos, sino que como s�lo fue parte codemandada en el juicio natural el c�nyuge de la quejosa, embarg�ndose el 50% de los derechos sobre el inmueble en comento (fojas 37 v. y 38), mismos que fueron sacados a remate el diecis�is de octubre de mil novecientos noventa y ocho (fojas 98), sirviendo de base para la subasta la cantidad de $192,500.00 (ciento noventa y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), audiencia que se efectu� el diecinueve de marzo del a�o pasado (fojas 214 a 215); esto es, es cierto que compareci� a juicio uno de los c�nyuges en defensa de sus intereses, que fue o�do y vencido dentro del juicio de donde emanan los actos reclamados, sin embargo, dentro de la fase ejecutiva de la sentencia respectiva no fue o�da la impetrante del amparo. En ese orden de ideas, no es de atenderse lo alegado por el recurrente en el sentido de que era innecesario que ambos c�nyuges acudieran al juicio a defender los bienes sociales, ya que ambos est�n facultados de acuerdo a la ley para administrar dichos bienes sociales, que bastaba con la presencia de cualquiera de los administradores para que se diera cabal cumplimiento a la garant�a de audiencia ya que, se insiste, la litis en el juicio de amparo se constri�� a dilucidar si ... deb�a ser llamada durante la fase ejecutiva de la sentencia a fin de que hiciera valer el derecho del tanto. En cambio, en relaci�n con este �ltimo aspecto, asiste raz�n al recurrente cuando alega que debe ser respetado el derecho del tanto consagrado en favor de los copropietarios que realizan ventas en forma voluntaria y no as� cuando, como en la especie, la venta tiene naturaleza forzosa por tratarse de una venta judicial. Al respecto, es conveniente transcribir lo dispuesto por el art�culo 960 del C�digo Civil en vigor que prev�: ?Los propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extra�os su parte al�cuota respectiva, si el part�cipe quiere hacer uso del derecho del tanto. A ese efecto, el copropietario notificar� a los dem�s, por medio de notario o judicialmente, la venta que tuviere convenida, para que dentro de los ocho d�as siguientes hagan uso del derecho del tanto. Transcurridos los ocho d�as, por el solo lapso del t�rmino se pierde el derecho. Mientras no se haya hecho la notificaci�n, la venta no producir� efecto legal alguno.?. En consecuencia, en oposici�n a lo determinado por el a quo, los actos de ejecuci�n de la sentencia dictada dentro del juicio de donde derivaron los actos reclamados no afectaron a la peticionaria de garant�as ya que ese derecho se conserva respecto al bien, solamente cuando se trata de venta consensual y no, como en la especie, de una venta forzosa o judicial en la cual, como afirma el inconforme, se trata de obtener para el demandado o ejecutado el mayor precio posible en la subasta de los bienes, y de ah� que su naturaleza impida la realizaci�n de la preferencia que aleg� la quejosa no se le hab�a otorgado. Aunado a lo anterior, tambi�n es de atenderse lo que alega el recurrente en relaci�n con que el �nico derecho que ten�a la peticionaria de garant�as era comparecer como postor, a lo cual se le dio oportunidad si se considera que de las constancias de autos se desprende que los d�as 4, 10 y 16 de marzo de 1999 (fojas 201 a 203), la actuaria adscrita a la autoridad responsable fij� los edictos en los estrados del juzgado, haciendo del conocimiento del p�blico en general del precio base para la subasta, es decir, se dio la publicidad debida de acuerdo con lo establecido por la ley y la quejosa tuvo oportunidad de comparecer a efectuar la postura correspondiente, de tal suerte que no puede decirse que se le dej� inaudita como determin� el a quo." (fojas 68-69 del expediente relativo a la contradicci�n de tesis).

OCTAVO

Previamente al estudio de las cuestiones que se plantean en las ejecutorias transcritas, las cuales motivan la denuncia de contradicci�n, es conveniente establecer cu�les son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposici�n de criterios entre Tribunales Colegiados.

Al interpretar los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, este Alto Tribunal ha estimado que para que exista materia a dilucidar respecto de cu�l criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta una misma cuesti�n legal, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas que son las que originaron, precisamente, las tesis que sustentan los �rganos jurisdiccionales.

En otros t�rminos, se da la contradicci�n anterior cuando concurren los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    La tesis de jurisprudencia se identifica con los siguientes datos y su texto es el que se transcribe:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XIII, abril de 2001

    "Tesis: P./J. 26/2001

    "P�gina: 76

    "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    "Contradicci�n de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayor�a de ocho votos. Ausente: J.� de Jes�s G.�o P.. Disidentes: J.V.A.A.�n y G.D.G.�ngora P.. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: F.O.A..

    "Contradicci�n de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: J.� de Jes�s G.�o P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: C.M.A..

    "Contradicci�n de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: J.C.R.N..

    "Contradicci�n de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: G.I.O.M. y J.V.A.A.�n. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: R.D.A.S.��ez.

    "Contradicci�n de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayor�a de diez votos. Disidente: H.R.P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: J.L.V.C..

    El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprob�, con el n�mero 26/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno.

    Conforme a las anteriores precisiones, debe establecerse que los criterios cuya aparente contradicci�n se denuncia, se ajustan a los requisitos que se contemplan en la jurisprudencia transcrita y, para ello, es de se�alarse que de las resoluciones parcialmente transcritas se advierte lo siguiente:

    1. El Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, para resolver el amparo directo n�mero 545/1998, promovido por la sucesi�n de ... (por s� y como albacea de tal sucesi�n), tom� en cuenta los siguientes antecedentes:

  4. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y ocho, la sucesi�n de ... (por s� y como albacea de tal sucesi�n), solicitaron el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal contra actos de la Primera S. del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, que se hicieron consistir en la sentencia definitiva dictada el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho, dentro del toca n�mero 2242/97.

    En la ejecutoria en an�lisis, el Tribunal Colegiado resolutor concedi� el amparo y protecci�n de la Justicia Federal y para tal efecto consider� lo siguiente:

  5. Del contenido de los art�culos 938 y 960 del C�digo Civil del Estado de Baja California se desprende que correlativamente al derecho del tanto que la ley otorga a los copropietarios, les impone la prohibici�n de enajenar a extra�os la parte al�cuota respectiva si el copropietario quiere hacer uso de ese derecho y los obliga a hacer saber a los dem�s copropietarios la venta que tuvieren convenida para que puedan hacer uso del mismo derecho.

  6. Que esas disposiciones legales deben considerarse aplicables al caso en que la enajenaci�n de la parte al�cuota de un copropietario se haga por medio de venta judicial, pues el art�culo 2197 del C�digo Civil del Estado de Baja California establece que las ventas judiciales en almoneda, subasta o remate p�blico se regir�n por las disposiciones del t�tulo segundo, referente a la compraventa, en cuanto a la sustancia del contrato y a las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor con las modificaciones que se expresan en el cap�tulo IX; pero que en cuanto a los t�rminos y condiciones en que hayan de verificarse, se regir�n por lo dispuesto en el C�digo de Procedimientos Civiles del Estado.

  7. Que lo anterior determina que los derechos y obligaciones que la ley otorga e impone a los contratantes no sufren modificaci�n alguna por el hecho de que la venta se haga judicialmente, sin que sea �bice que el J. sea quien otorgue, en rebeld�a del copropietario enajenante, el t�tulo respectivo, pues en ese acto obra a nombre del condue�o y debe cumplir con las obligaciones que la ley establece a cargo de �ste.

  8. Que en los remates judiciales el copropietario puede sustituir al rematante, haciendo uso del derecho del tanto, precisamente en igualdad de condiciones y prestaciones que el rematante, sin que este procedimiento pugne con lo dispuesto en los art�culos 566 y 574 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, en el que se ordena que el remate se finque a favor del postor o postores, pues esas disposiciones no excluyen o pueden privar, en su generalidad, casos como aquellos en los cuales le da intervenci�n a un copropietario para que haga uso del derecho del tanto.

  9. Que haberse fincado el remate a favor del postor o postores podr� significar un error, porque solamente debi� cerrarse el periodo de licitaci�n, pero este error no puede significar que el rematante haya adquirido un derecho patrimonial en la cosa rematada y, con prioridad a los que la ley concede alcopropietario.

  10. Que en cualquier reclamaci�n que se intente en contra de uno de los c�nyuges y que pretenda garantizarse con bienes pertenecientes al fondo social, afecta directamente al inter�s jur�dico del otro, porque las cosas que constituyeron el fondo social forman patrimonio com�n indiviso y el dominio y posesi�n de los bienes reside en ambos c�nyuges, mientras subsista la sociedad, lo cual no significa que el marido tenga la propiedad de la mitad y la esposa de la otra, pues ambos tienen un derecho posesorio sobre la totalidad de los bienes, indivisiblemente, por lo que si el procedimiento se sigui� en contra de uno de los c�nyuges, no en su car�cter de representante de la sociedad legal, y en �l se afectaron bienes pertenecientes al fondo social, se infringen en perjuicio del otro los derechos que derivan de esa sociedad legal sui generis, pues debi� respetarse el derecho del tanto que a todo copropietario otorgan los art�culos 926, 938 y 960 del C�digo Civil del Estado de Baja California, notific�ndosele la venta del cincuenta por ciento de los inmuebles que le correspond�a a su c�nyuge y su omisi�n engendra en su favor el derecho de retracto que tiene por objeto en la v�a judicial el respeto del derecho del tanto, removiendo el obst�culo jur�dico que implica la venta hecha al tercero.

    1. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisi�n n�mero 516/99-I, promovido por ... tom� en cuenta los siguientes antecedentes:

  11. Ante el J. Quinto de Distrito en el Estado de Baja California ... solicit� el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal contra actos del J. Primero de Primera Instancia de lo Civil del Estado de Baja California y otras autoridades, reclamando la nulidad de todas las actuaciones practicadas en el juicio ejecutivo mercantil 1282/93, en cuya sentencia se orden� sacar a remate el cincuenta por ciento de los derechos de propiedad y posesi�n que sostuvo la quejosa le correspond�an como copropietaria, as� como las construcciones existentes en �l.

  12. En el juicio correspondiente se dict� sentencia el veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y nueve, concedi�ndose el amparo solicitado, en contra de la cual el tercero perjudicado interpuso recurso de revisi�n.

    En la ejecutoria en an�lisis, el Tribunal Colegiado revoc� la sentencia recurrida y neg� el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal y, para tal efecto, consider� lo siguiente:

  13. Que la quejosa promovi� juicio de amparo porque en el juicio original no fue o�da en su car�cter de c�nyuge casada bajo el r�gimen de sociedad conyugal y copropietaria del cincuenta por ciento del inmueble embargado a su c�nyuge y no se respet� el derecho del tanto, al no darle oportunidad de comparecer al remate y formular la postura correspondiente, constri��ndose la litis en el juicio a dilucidar si deb�a o no ser llamada durante la fase ejecutiva de la sentencia, a fin de que hiciera valer el derecho del tanto.

  14. Que conforme a lo dispuesto en el art�culo 960 del C�digo Civil, el derecho del tanto se conserva respecto al bien, solamente cuando se trata de venta consensual y no, como en la especie, de una venta forzosa o judicial, en la cual se trata de obtener para el demandado o ejecutado, el mayor precio posible en la subasta de los bienes y de ah� que su naturaleza impida la realizaci�n de la preferencia de que se trata.

  15. Que el �nico derecho que ten�a la peticionaria de garant�as era comparecer como postor, a lo cual se le dio oportunidad mediante la notificaci�n correspondiente en edictos que se fijaron en los estrados del juzgado, haciendo del p�blico en general el precio base de la subasta, es decir, se le dio la publicidad debida de acuerdo a lo establecido por la ley y la quejosa tuvo oportunidad de comparecer a efectuar la postura correspondiente, de tal suerte que no puede decirse que se le inaudita.

    De lo anterior se obtiene que se dan los elementos que puntualiza la jurisprudencia preinserta, dado que:

  16. Al resolver los negocios que se confrontan, ambos Tribunales Colegiados examinaron igual cuesti�n jur�dica, esto es, si los derechos del tanto y de retracto deben respetarse entre c�nyuges casados bajo el r�gimen de sociedad conyugal, cuando un bien inmueble perteneciente al acervo com�n y respecto del cual no se formularon capitulaciones es materia de venta judicial.

  17. La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados al resolver los amparos directos ante ellos presentados.

  18. Los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, esto es, conforme al estudio que ambos Tribunales Colegiados realizan del art�culo 960 del C�digo Civil del Estado de Baja California, adem�s de los art�culos 2197 del mismo c�digo y 566 y 574 del C�digo de Procedimientos Civiles del propio Estado, que analiza el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito; pronunci�ndose ambos Tribunales Colegiados en relaci�n con el mismo presupuesto jur�dico, esto es, si el derecho del tanto debe respetarse entre c�nyuges casados bajo el r�gimen de sociedad conyugal, cuando un bien inmueble perteneciente al acervo com�n y respecto del cual no se formularon capitulaciones es materia de venta judicial y si, consecuentemente, rige el derecho de retracto; siendo precisamente �sta la materia de estudio en la presente contradicci�n de tesis.

    Adem�s, la problem�tica a dilucidar es de tal generalidad que permitir� que la tesis jurisprudencial resultante tenga aplicaci�n futura para resolver de manera uniforme casos que se presenten con identidad a los denunciados como contradictorios.

NOVENO

En principio debe puntualizarse que la contradicci�n de tesis existe aun cuando uno de los Tribunales Colegiados haya dirigido sus consideraciones a analizar el derecho del tanto y el otro, el de retracto, ya que ambos tienen la misma naturaleza jur�dica, pues son derechos reales que se presentan, en esencia, cuando un bien o derecho patrimonial pertenece pro indiviso a dos o m�s personas, teniendo como finalidad la protecci�n de los intereses privados de los condue�os, evitando la intromisi�n de un extra�o a la comunidad, esto es, que la participaci�n de un extra�o en el bien inmueble com�n pueda crear problemas mayores que los que ya de por s� crea frecuentemente el estado de indivisi�n, adem�s de que tambi�n ambas figuras se encuentran dirigidas a evitar que los estados de indivisi�n se prolonguen, al hacer posible que un condue�o adquiera la parte al�cuota que otro pretenda enajenar a un tercero. D.�ndose solamente ambos derechos en que el del tanto se ejercita antes de que el bien sea vendido y el de retracto se hace valer cuando el mismo ha sido enajenado, pero ambos se conceden a quienes tienen un mismo inter�s entre s�, esto es, entre aquellos que tienen un derecho de igual naturaleza sobre un bien indiviso, como sucede entre los copropietarios, coherederos o socios, y aun en el caso de usufructuarios.

Al respecto resulta aplicable la siguiente tesis aislada:

"Sexta �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Volumen: XL, Cuarta Parte

"P�gina: 111

"DERECHO AL TANTO, FINALIDAD DEL. El derecho al tanto tiene por objeto fundamental evitar la intromisi�n de un extra�o en la comunidad, evitar que la participaci�n de un extra�o en la cosa com�n pueda crear problemas mayores que los que ya por s� mismo crea frecuentemente el estado de indivisi�n; por otra parte, tambi�n tiene como un fin mediato, evitar la prolongaci�n del estado de copropiedad. En consecuencia, puede decirse que tiene por fin proteger los intereses privados de los copropietarios, y no pretende tutelar el orden p�blico, pues si bien es verdad que puede pensarse que la ley est� interesada en que no se prolonguen los estados de indivisi�n, tambi�n lo es que no establece imperativamente la obligaci�n de terminarlos, puesto que si bien es cierto que el derecho de retracto tiene por objeto, como antes se dijo, hacer posible que el propietario adquiera la parte al�cuota enajenada en favor del tercero tambi�n lo es que la ley no lo obliga a ello, de tal modo que es el propio titular del derecho quien decide si la ejercita o no.

Amparo directo 5965/57. P.S.�s S.. 27 de octubre de 1960. Cinco votos. Ponente: J.C.E..

Asimismo, tambi�n debe puntualizarse que de las ejecutorias que contienen los criterios en contradicci�n, se desprende que los bienes objeto de la venta judicial pertenec�an a la sociedad conyugal, sin que se advierta que �sta hubiere sido disuelta al momento de la ejecuci�n, o bien, que se hubieran formulado capitulaciones matrimoniales conforme a las cuales esos bienes se encontraran fuera de ese r�gimen, de manera que s�lo uno de los c�nyuges, por acuerdo expreso entre ambos, tuviera dominio exclusivo sobre ellos, presupuesto del que ambos Tribunales Colegiados derivan la copropiedad entre los c�nyuges en relaci�n con los bienes pertenecientes a dicha sociedad.

Ahora bien, como punto inicial del presente estudio debe analizarse si los criterios contradictorios de los �rganos colegiados partieron de una premisa correcta, pues de no ser ello as�, independientemente de las consideraciones que en relaci�n con el derecho del tanto o de retracto hubieran podido externar en sus ejecutorias, lo procedente ser�a declarar sin materia la presente contradicci�n de tesis.

El art�culo 175 del C�digo Civil del Estado de Baja California prev� lo siguiente:

Art�culo 175. El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el r�gimen de sociedad conyugal, o bajo el de separaci�n de bienes.

De lo anterior se advierte que el r�gimen patrimonial del matrimonio en el Estado de Baja California ser� el de separaci�n de bienes o el de sociedad conyugal, siendo este �ltimo el que tiene relevancia para el presente estudio.

En efecto, en dicho Estado, la sociedad conyugal se forma por una comunidad de bienes integrada por la aportaci�n de cada uno de los consortes al momento de su constituci�n y por aquellos que se adquieran mientras dure tal r�gimen (de acuerdo con las capitulaciones correspondientes y con las excepciones que al respecto prev�n las leyes), con los frutos y productos de esos bienes, conforme se desprende de lo dispuesto en los art�culos 177, 180 y 186, fracciones I, IV, V, VI y VIII, del propio C�digo Civil para el Estado de Baja California, que dicen:

"Art�culo 177. Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebraci�n del matrimonio o durante �l, y pueden comprender no solamente los bienes de que sean due�os los esposos en el momento de hacer el pacto, sino tambi�n los que adquieran despu�s."

"Art�culo 180. La sociedad conyugal se regir� por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad."

"Art�culo 186. Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal, deben contener:

"I. La lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte lleve a la sociedad, con expresi�n de su valor y de los grav�menes que reporten;

"...

"IV. La declaraci�n expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de cada consorte o s�lo parte de ellos, precisando en este �ltimo caso cu�les son los bienes que hayan de entrar a la sociedad;

"V. La declaraci�n expl�cita de si la sociedad conyugal ha de comprender los bienes todos de los consortes, o solamente sus productos. En uno y en otro caso se determinar� con toda claridad la parte que en los bienes o en sus productos corresponda a cada c�nyuge;

"VI. La declaraci�n de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecut�, o si debe dar participaci�n de ese producto al otro consorte y en qu� proporci�n;

"...

VIII. La declaraci�n acerca de si los bienes futuros que adquieran los c�nyuges durante el matrimonio, pertenecen exclusivamente al adquiriente, o si deben repartirse entre ellos y en qu� proporci�n.

El mencionado ordenamiento nada establece en cuanto al r�gimen que deber�n aplicar los c�nyuges en relaci�n con los bienes que integran la sociedad conyugal, cuando no se hubieran formulado capitulaciones; por lo que, al respecto, debe considerarse que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en diversas tesis aisladas y jurisprudencias ha sostenido criterio reiterado en el sentido de que la sociedad conyugal, aun cuando su naturaleza sea la de una sociedad sui generis, ante la ausencia de capitulaciones deber� regirse por las disposiciones legales de la copropiedad, en cuanto a los bienes que la integran, sosteniendo, en lo particular, esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al resolver la contradicci�n de tesis 89/96, en sesi�n de veintiocho de marzo de dos mil uno, por unanimidad de cinco votos, lo siguiente:

"... se hace necesario un examen hist�rico de las legislaciones que precedieron e influyeron en la legislaci�n, que estuvo vigente hasta mayo de dos mil, de las normas que reg�an la materia, de la naturaleza de las capitulaciones matrimoniales, de las de la sociedad conyugal.

"Tal an�lisis, no obstante, quedar�a incompleto si no se realiza frente a la tradici�n social y familiar, puesto que s�lo de ese modo nos permitir� determinar tanto la intenci�n del legislador, como de los consortes al capitular, cuando celebraban matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, teniendo siempre presente que el r�gimen patrimonial del matrimonio se inspira en el inter�s de la familia y en la igualdad jur�dica de los consortes.

"En efecto, la ayuda mutua que los c�nyuges se deben, est� impl�cita en la obligaci�n que ellos tienen de proporcionarse alimentos.

"De all� que sea de esencia de los reg�menes patrimoniales, el ser parte integrante de la relaci�n que le da vida, cuya finalidad es la atenci�n de las cargas matrimoniales desde el punto de vista econ�mico. Por ello, el inter�s de la familia subyace a todo r�gimen patrimonial.

"Entrando en materia, el art�culo 178 del C�digo Civil vigente en la �poca en que se suscit� la presente contradicci�n, establec�a que el contrato de matrimonio deb�a celebrarse bajo el r�gimen de sociedad conyugal o bajo el de separaci�n de bienes.

"A trav�s de este precepto se definen los reg�menes patrimoniales a que puede quedar sujeto el matrimonio. �stos pueden ser dos: la sociedad conyugal y la separaci�n de bienes; asimismo, pueden coexistir ambos reg�menes.

"El primero de estos reg�menes est� formado por una comunidad de bienes entre los c�nyuges integrada por la aportaci�n de cada uno de ellos al momento de la constituci�n de la sociedad (a trav�s de las capitulaciones matrimoniales), de todo o parte de los bienes que le pertenecen, y de los que se adquieran por cualquier t�tulo mientras dure tal r�gimen o s�lo de los primeros o bien de los futuros, incluyendo o no las deudas que se contraigan. Los consortes son copart�cipes por igual del logro o goce de los bienes comunes que gravitan sobre la sociedad conyugal.

"El r�gimen de separaci�n de bienes, es aquel en que ambos c�nyuges conservan la propiedad de sus bienes, la titularidad de los derechos sobre ellos, la responsabilidad personal por las obligaciones que contrajeron cada uno, los patrimonios de ambos y cada uno de los c�nyuges quedan perfectamente diferenciados.

"Por otra parte, el art�culo 179 del mismo c�digo dispon�a que: ?Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separaci�n de bienes y reglamentar la administraci�n de �stos en uno y otro caso.?

"En las capitulaciones matrimoniales los c�nyuges fijan las reglas a las que se sujetar�n sus relaciones patrimoniales. De ah� que el legislador establezca un doble objeto de estos pactos: la constituci�n del r�gimen de bienes a que estar� sujeto el matrimonio y la administraci�n de los mismos.

"Como se ver�, el tratamiento legal a esta materia no ha sido uniforme, ni en el tiempo, ni en el espacio. Tal disparidad de trato obedece al papel que a la familia y, especialmente a la mujer, se le ha dado temporal y espacialmente.

"Precisado lo anterior, y a fin de entender las razones legislativas del texto que estuvo vigente hasta el treinta y uno de mayo de dos mil, hemos de remontarnos al C�digo Civil Federal de 1870, que regul� como reg�menes matrimoniales a la sociedad legal, la conyugal y la separaci�n de bienes.

"En dicho ordenamiento se establec�a que el contrato de matrimonio pod�a celebrarse bajo el r�gimen de sociedad conyugal o bajo el de separaci�n de bienes. Aqu�lla podr�a ser voluntaria o legal. La sociedad voluntaria se reg�a por las capitulaciones que la constituyeran; la sociedad nac�a desde el momento en que se celebrara el matrimonio; la sociedad legal, en cambio, se regulaba de manera supletoria por las reglas de la sociedad com�n. A falta de capitulaciones expresas, se entend�a que el matrimonio se celebraba bajo el r�gimen de sociedad legal. En efecto, los art�culos 2099, 2101, 2102, 2103, 2104, 2109 y 2130 del referido c�digo, a la letra dispon�an:

"?Art�culo 2099. El contrato de matrimonio puede celebrarse bajo el r�gimen de sociedad conyugal o bajo el de separaci�n de bienes.?

"?Art�culo 2101. La sociedad conyugal puede ser voluntaria o legal.?

"?Art�culo 2102. La sociedad voluntaria se regir� estrictamente por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan: todo lo que no estuviere expresado en ellas de un modo terminante, se regir� por los preceptos contenidos en los cap�tulos 4o., 5o. y 6o. de este t�tulo, que arreglan la sociedad legal.?

"?Art�culo 2103. La sociedad voluntaria y la legal se regir�n por las disposiciones relativas a la sociedad com�n en todo lo que no estuviere comprendido en este t�tulo.?

"?Art�culo 2104. La sociedad conyugal, ya sea voluntaria, ya sea legal, nace desde el momento en que se celebra el matrimonio.?

"?Art�culo 2109. El marido es el leg�timo administrador de la sociedad conyugal, mientras no haya convenio o sentencia que establezca lo contrario.?

"?Art�culo 2130. A falta de capitulaciones expresas, se entiende celebrado el matrimonio bajo la condici�n de sociedad legal.?

"Las capitulaciones matrimoniales eran definidas por el citado c�digo, como los pactos que los esposos celebraban para constituir, ya sociedad voluntaria, ya separaci�n de bienes, y para administrar �stos en uno y otro caso (art�culo 2112).

"Pero en relaci�n con la sociedad legal, se estatu�a que eran propios de cada c�nyuge los bienes de que era due�o al tiempo de celebrarse el matrimonio, y los que pose�a antes de �ste, aunque no fuera due�o de ellos, si los adquiriere por prescripci�n durante la sociedad (art�culo 2133). Se consideraban tambi�n propios los que durante la sociedad adquiriera cada c�nyuge por don de la fortuna, por donaci�n de cualquier especie, por herencia o por legado, constituidos a favor de uno solo de ellos (art�culo 2134).

"Respecto de la administraci�n de la sociedad legal, se sentaba la regla de que el dominio y posesi�n de bienes comunes, resid�a en ambos c�nyuges mientras subsistiera la sociedad (art�culo 2156), regla la cual, desde ahora conviene adelantar, por referirse a la administraci�n, no puede servir de pauta para resolver el problema que se presenta.

"Por lo que hace a la separaci�n de bienes, se determinaba que pod�a existir o en virtud de capitulaciones anterior al matrimonio o durante �ste, en atenci�n al convenio de los consortes o de sentencia judicial (art�culo 2205). Los c�nyuges conservaban la propiedad y la administraci�n de sus bienes muebles e inmuebles, y el goce de sus productos (art�culo 2208).

"En el C�digo Civil de 1884, se reiter� elsistema adoptado en el de 1870, en el cual, seg�n se ha visto, se establec�a como r�gimen supletorio el de sociedad legal.

"Los art�culos del c�digo de 1884, que regulaban lo relativo al tema que se trata, eran los siguientes:

"?Art�culo. 1978. Se llaman capitulaciones matrimoniales los pactos que los esposos celebran para constituir, ya sociedad voluntaria, ya separaci�n de bienes, y para administrar �stos en uno y en otro caso.?

"?Art�culo 1965. El contrato de matrimonio puede celebrarse bajo el r�gimen de sociedad conyugal o bajo el de separaci�n de bienes.?

"?Art�culo 1967. La sociedad conyugal puede ser voluntaria o legal.?

"?Art�culo 1968. La sociedad voluntaria se regir� estrictamente por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan: todo lo que no estuviere expresado en ellas de un modo terminante, se regir� por los preceptos contenidos en los cap�tulos IV, V y VI de este t�tulo, que arreglan la sociedad legal.?

"?Art�culo 1969. La sociedad voluntaria y la legal se regir�n por las disposiciones relativas a la sociedad com�n en todo lo que no estuviere comprendido en este t�tulo.?

"?Art�culo 1970. La sociedad conyugal, ya sea voluntaria, ya sea legal, nace desde el momento en que se celebra el matrimonio.?

"?Art�culo 1975. El marido es el leg�timo administrador de la sociedad conyugal. La mujer s�lo administrar� cuando haya convenio o sentencia que as� lo establezca, en caso de ausencia o impedimento del marido, o cuando �ste haya abandonado injustificadamente el domicilio conyugal.?

"?Art�culo 1996. A falta de capitulaciones expresas, se entiende celebrado el matrimonio bajo la condici�n de sociedad legal.?

"Sin embargo, la Ley sobre Relaciones Familiares, de doce de abril de mil novecientos diecisiete, derog� el C�digo Civil de 1884, y estableci� como nuevo r�gimen legal supletorio, el de separaci�n de bienes.

"Efectivamente, en el art�culo 270 de dicho cuerpo legal, se preven�a que el hombre y la mujer, al celebrar el contrato de matrimonio, conservar�an la propiedad y administraci�n de bienes que respectivamente les pertenecieran; y, por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no ser�an comunes, sino del dominio exclusivo de la persona a quien aqu�llos correspondiera. A su vez, el art�culo 272 establec�a que el hombre y la mujer, antes o despu�s de contraer matrimonio, pod�an convenir en que los productos de todos los bienes que poseyeran o de alguno o algunos de ellos, especific�ndolos en todo caso, fueran comunes; en este supuesto, fijar�an de una manera clara y precisa la fecha en que habr�a de hacerse la liquidaci�n y presentar las cuentas correspondientes.

"De lo hasta aqu� expuesto, se tienen las siguientes conclusiones:

"a) En los c�digos de 1870 y 1884, se establec�a, en primer t�rmino, un sistema legal alternativo; se dejaba a elecci�n de los c�nyuges decidir entre la separaci�n de bienes o la sociedad conyugal. A falta de esa elecci�n, se fij� como r�gimen legal supletorio, el de la denominada ?sociedad legal?, la cual se reglamentaba de forma detallada. As�, se enumeraban los bienes considerados como propios de los consortes y los que integraban el fondo. Del mismo modo, se regulaba la forma de administraci�n y se establec�an las bases para la liquidaci�n.

"b) Adoptando un sistema contrario, la Ley sobre Relaciones Familiares de 1917, fij� como r�gimen legal supletorio el de separaci�n de bienes.

"Los ordenamientos legales mencionados constituyeron el punto de partida para que el legislador de 1928, estructurara los reg�menes econ�micos del matrimonio del C�digo Civil que estuvo vigente hasta el treinta y uno de mayo de dos mil. No obstante, a pesar que en dicha legislaci�n se pretendi� un cambio a los sistemas que le precedieron, se mantuvieron algunas reglas de �stos, lo cual ha dado lugar a una serie de opiniones doctrinales y jurisprudenciales contradictorias.

"En efecto, en el c�digo de 1928, se preve�a un sistema legal alternativo en el que era indispensable la capitulaci�n expresa. As� se colige del art�culo 178, que dispon�a:

"?El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el r�gimen de sociedad conyugal, o bajo el de separaci�n de bienes.?

"A su vez, el art�culo 179 prescrib�a:

"?Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separaci�n de bienes y reglamentar la administraci�n de �stos en uno y en otro caso.?

"Se deriva de lo anterior que en el C�digo Civil para el Distrito Federal vigente hasta mayo de dos mil, no exist�a un r�gimen supletorio; se requer�a necesariamente la elaboraci�n de capitulaciones matrimoniales.

"La raz�n de ello se encuentra en la exposici�n de motivos del cuerpo de leyes en cita, en cuanto se�ala:

"?Se oblig� a que al contraer matrimonio forzosamente pactaran los c�nyuges acerca de si establec�an comunidad o separaci�n de bienes, procur�ndose por este medio garantizar debidamente los intereses de la esposa en el momento m�s propicio, cuando el hombre desea hacerla compa�era de su vida. De esta manera, se combaten prejuicios muy arraigados que impiden, por falsa verg�enza o mal entendida dignidad, tratar de asuntos pecuniarios cuando se funda una familia, que imperiosamente exige muchos y continuados gastos. ... 7o. Se oblig� que al contraerse matrimonio los c�nyuges pactaran expresamente acerca de si establec�an comunidad o separaci�n de bienes. El c�digo de 1884 establec�a que cuando los esposos no celebraran ning�n convenio sobre sus bienes, por disposici�n de la ley quedaba establecida la sociedad legal. En la Ley sobre Relaciones Familiares se adopt� el sistema de separaci�n de bienes, cuando los esposos nada pactaban sobre ellos. En el proyecto del nuevo c�digo se ordena que los que pretendan contraer matrimonio pacten expresamente la comunidad o la separaci�n de bienes. Nada debe presumirse en esta materia; los c�nyuges arreglar�n lo relativo a sus bienes por convenio expreso.?

"De la anterior transcripci�n se deduce que la intenci�n del legislador no fue otra que la de abolir la Ley sobre Relaciones Familiares, en la parte econ�mica del matrimonio. �sta prohib�a absolutamente el r�gimen de sociedad o comunidad de bienes, como supletorio, con el fin de lograr la independencia de la esposa y su igualdad con el marido. Ese prop�sito, no obstante, tuvo que ceder a la realidad de la �poca a la cual no fue insensible el legislador de 1928, que observ� que, por tradici�n, la mujer se dedicaba a trabajos que no se traduc�an en dinero, lo que propiciaba que la esposa careciera de bienes, mientras que el marido se hac�a due�o de todos los frutos de un trabajo que s�lo pod�a obtener, dejando a la esposa al cuidado del hogar, la familia y de �l mismo.

"Con el sistema del c�digo de 1928, se busc� impedir, para proteger a la mujer, que cuando los consortes no se�alaran bajo qu� r�gimen contra�an matrimonio ?por falsa verg�enza o mal entendida dignidad?, se tuviera como r�gimen supletorio el de separaci�n de bienes.

"Surge, por tanto, la interrogante de qu� suced�a cuando a pesar de esa obligaci�n legal, no se hac�a la manifestaci�n a que se refer�a el art�culo 178, esto es, cuando no se celebraban o formulaban capitulaciones matrimoniales.

"Al respecto, conviene tener en cuenta las reglas contenidas en los art�culos 97, 98, fracci�n V, 99, 103, 178 y 179 del C�digo Civil vigente hasta mayo de dos mil, que enseguida se transcriben:

"?Art�culo 97. Las personas que pretendan contraer matrimonio presentar�n un escrito al J. del Registro Civil del domicilio de cualquiera de ellas, que exprese ...?

"?Art�culo 98. Al escrito a que se refiere el art�culo anterior, se acompa�ar�:

"?...

"?V. El convenio que los pretendientes deber�n celebrar con relaci�n a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresar� con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el r�gimen de sociedad conyugal o bajo el de separaci�n de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deber�n aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebraci�n del matrimonio. No puede dejarse de presentar este convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versar� sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendr� en cuenta lo que disponen los art�culos 189 y 211, y el J. del Registro Civil deber� tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado.

"?Si de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 185 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura p�blica, se acompa�ar� un testimonio de esa escritura.?

"?Art�culo 99. En el caso de que los pretendientes, por falta de conocimientos, no puedan redactar el convenio a que se refiere la fracci�n V del art�culo anterior, tendr� obligaci�n de redactarlo el J. del Registro Civil, con los datos que los mismos pretendientes le suministren.?

"?Art�culo 178. El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el r�gimen de sociedad conyugal, o bajo el de separaci�n de bienes.?

"?Art�culo 179. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separaci�n de bienes y reglamentar la administraci�n de �stos en uno y en otro caso.?

"?Art�culo 103. Se levantar� luego el acta de matrimonio en la cual se har� constar:

"?I. Los nombres, apellidos, edad, ocupaci�n, domicilio y lugar de nacimiento de los contrayentes;

"?II. Si son mayores o menores de edad;

"?III. Los nombres, apellidos, ocupaci�n y domicilio de los padres;

"?IV. El consentimiento de �stos, de los abuelos o tutores, o de las autoridades que deban suplirlo;

"?V. Que no hubo impedimento para el matrimonio o que �ste se dispens�;

"?VI. La declaraci�n de los pretendientes de ser su voluntad unirse en matrimonio, y la de haber quedado unidos, que har� el J. en nombre de la ley y de la sociedad;

"?VII. La manifestaci�n de los c�nyuges de que contraen matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal o de separaci�n de bienes;

"?VIII. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, ocupaci�n y domicilio de los testigos, su declaraci�n sobre si son o no parientes de los contrayentes, y si lo son, en qu� grado y en qu� l�nea;

"?IX. Que se cumplieron las formalidades exigidas por el art�culo anterior.

"?El acta ser� firmada por el J. del Registro Civil, los contrayentes, los testigos, y las dem�s personas que hubieren intervenido si supieren y pudieren hacerlo.

"?En el acta se imprimir�n las huellas digitales de los contrayentes.?

"Las reglas que reg�an la materia impon�an distinguir, en lo que nos interesa, dos supuestos, a saber: a) cuando los c�nyuges guardaban absoluto silencio respecto de la forma de constituci�n del r�gimen, as� como sobre su reglamentaci�n; y, b) cuando establec�an como r�gimen el de sociedad conyugal, pero nada dec�an respecto de su regulaci�n; es decir, omit�an formular las capitulaciones matrimoniales.

"En el primer caso, cuando los c�nyuges no manifestaban si el matrimonio lo celebraban bajo el r�gimen de sociedad conyugal, el de separaci�n de bienes o mixto, evidentemente cada consorte conservaba la propiedad y administraci�n de sus bienes, del mismo modo en que lo hac�an antes de que contrajeran nupcias, esto es, de hecho exist�a una separaci�n de bienes.

"Supuesto distinto se daba cuando los esposos manifestaban su voluntad de celebrar el matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal; pero no se establec�an las condiciones de la misma, es decir, se omit�an formular las capitulaciones matrimoniales.

"En esta hip�tesis no pod�a hablarse, como en la anterior, que hab�a un silencio absoluto de los c�nyuges respecto del r�gimen matrimonial que deseaban rigiera su matrimonio, pues hab�a manifestaci�n expresa en cuanto a la constituci�n del r�gimen, pero no en cuanto a su regulaci�n.

"Ahora bien, la falta de capitulaci�n en cuanto a la regulaci�n del r�gimen constituido, no afectaba la existencia de la sociedad conyugal.

"Al respecto, la anterior Tercera S. de este Alto Tribunal sustent� la jurisprudencia, cuyos datos de localizaci�n, texto y precedentes se transcriben a continuaci�n:

"?Sexta �poca

"?Instancia: Tercera S.

"?Fuente: Ap�ndice 1995

"?Tomo: IV, Parte SCJN

"?Tesis: 370

"?P�gina: 249

"?SOCIEDAD CONYUGAL. SU EXISTENCIA NO EST� CONDICIONADA A LA CELEBRACI�N DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES. Para que exista la sociedad conyugal no es necesario que se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales, sino basta con la expresi�n de que el matrimonio se contrajo bajo el r�gimen de sociedad conyugal. La falta de capitulaciones matrimoniales no puede ser motivo para que se deje de cumplir la voluntad de las partes, ni para que se considere que el matrimonio deba regirse por las disposiciones relativas a la separaci�n de bienes, lo que ser�a contrario al consentimiento expresado por las partes, quienes quedan obligadas, no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que seg�n su naturaleza son conformes a la buena fe, al uso o a la ley.

"?Sexta �poca:

"?Amparo directo 1307/57. L.A. de Orbe. 7 de mayo de 1958. Mayor�a de cuatro votos.

"?Amparo directo 4832/58. E.O.E.. 23 de julio de 1959. Mayor�a de cuatro votos.

"?Amparo directo 7145/58. E.L.S.�nchez. 23 de octubre de 1959. Unanimidad de cuatro votos.

"?Amparo directo 4689/59. H.M.V.. de C.. 12 de abril de 1961. Mayor�a de cuatro votos.

"?Amparo directo 3668/60. M.M.J.�nez de Tepepa. 26 de abril de 1962. Unanimidad de cuatro votos.?

"Aun cuando ya se ha dejado anotado que la constituci�n del r�gimen de sociedad conyugal, importaba, al menos en parte, el establecimiento de capitulaciones matrimoniales, esta S. comparte en lo esencial el criterio jurisprudencial transcrito, en cuanto sostiene que para que exista la sociedad conyugal basta con la expresi�n de que el matrimonio se contrajo bajo ese r�gimen; de ah� que no pueda sostenerse que en ese supuesto el matrimonio deb�a regirse por las disposiciones relativas a la separaci�n de bienes, ya que ello ser�a contrario al consentimiento expresado por las partes.

"Se afirma que se comparte dicho criterio, en virtud de que las capitulaciones matrimoniales, mediante las cuales se constituye la sociedad conyugal tienen naturaleza contractual, en la medida en que su finalidad es la creaci�n de derechos y obligaciones en t�rminos del art�culo 1793 del C�digo Civil; derechos y obligaciones relativas al r�gimen de la sociedad conyugal.

"En esas condiciones, si los consortes, en cumplimiento del deber que les impon�a el art�culo 189 del C�digo Civil, redactaban las capitulaciones en t�rminos detallados, expl�citos y terminantes, deb�a estarse al sentido literal de la cl�usula o cl�usulas pactadas y ante la omisi�n de alguna cuesti�n que no estuviese expresamente convenida en las capitulaciones, la misma se regir� supletoriamente por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, ello en t�rminos del art�culo 183 del mencionado C�digo Civil que dispon�a:

"?La sociedad conyugal se regir� por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.?

"Sobre este numeral, algunos autores discuten si la sociedad conyugal debe ser considerada como una sociedad. Existen varios argumentos para negarle tal car�cter: 1. Cuando se constituye una sociedad se crea una persona moral, y la sociedad conyugal no constituye una persona distinta de los c�nyuges; 2. En la sociedad civil, la aportaci�n de bienes implica la transmisi�n de su dominio a la sociedad, salvo que se pacte otra cosa, en cambio, en la sociedad conyugal, no hay transmisi�n de dominio de los bienes, pues �ste reside en ambos c�nyuges desde el momento en que cualquiera de ellos adquiere un bien; 3. La sociedad se constituye por un contrato aut�nomo, la sociedad conyugal nace de un convenio realizado como consecuencia del contrato de matrimonio.

"Pero en realidad, la sociedad conyugal debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes.

"Esto induce a concluir que la supletoriedad de las disposiciones relativas al contrato de sociedad, s�lo tiene lugar en aquello que no contradiga la naturaleza de la sociedad conyugal.

"Adem�s, el numeral en comento remite a la aplicaci�n de las disposiciones relativas al contrato de sociedad, cuando en las capitulaciones matrimoniales no se hubiese expresamente estipulado alguna cuesti�n relativa a los bienes que forman la sociedad conyugal; es decir, presupone la existencia de capitulaciones matrimoniales y si no se estipula alg�n punto relativo a las mismas, esa omisi�n ser� regulada por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.

"Sin embargo, en el caso que se analiza, no se est� en ese supuesto, sino en el de que no existen capitulaciones matrimoniales, y es precisamente, ante la inexistencia de las mismas, que debe resolverse a qui�n pertenecen los bienes adquiridos por los c�nyuges durante el matrimonio contra�do bajo el r�gimen de sociedad conyugal.

"Pero adem�s, con independencia de lo anterior, al remitirnos al cap�tulo relativo al contrato de sociedad (art�culos 2688 al 2735 del C�digo Civil), se advierte que no existe precepto legal que previera o regulara alguna cuesti�n, o al menos equiparable, a la falta de capitulaciones matrimoniales.

"Por consiguiente, para resolver el problema que se presenta, esto es, cuando los c�nyuges no formulaban capitulaciones matrimoniales, al limitarse a se�alar como r�gimen deseado el de sociedad conyugal sin mayor reglamentaci�n espec�fica, debe estarse a las reglas de interpretaci�n que para los contratos y dem�s actos jur�dicos en general establece el C�digo Civil.

"Lo anterior en atenci�n de que al celebrarse el contrato de matrimonio y se�alar como r�gimen deseado el de sociedad conyugal, es evidente que la intenci�n o voluntad de los c�nyuges, aun cuando omitan expresar capitulaciones matrimoniales, es acogerse a dicho r�gimen patrimonial y sus consecuencias.

"As� las cosas, cobra aplicaci�n la regla prevista en el art�culo 1839 del C�digo Civil, inmerso dentro del cap�tulo relativo a las ?cl�usulas que pueden contener los contratos.?

"El numeral precitado establece que los contratantes pueden poner las cl�usulas que crean convenientes; pero las que se refieran a los requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendr�n por puestas aunque no se expresen.

"Conforme con dicho numeral, deben tenerse por puestas las cl�usulas que se refieren a los requisitos esenciales del contrato por el cual se constituye la sociedad conyugal, o los que sean consecuencia de su naturaleza ordinaria.

"Para determinar esos requisitos esenciales y las consecuencias de la naturaleza ordinaria de la instituci�n, conviene se�alar, por una parte, que la sociedad conyugal, estaba organizada con base en preceptos de los C�digos Civiles de 1870 y 1884, y por otro lado, que se ubicaba dentro de una gran variedad de los reg�menes denominados por la doctrina como de comunidad.

"Considerando esos rasgos, M.M.A.�n, en su obra intitulada: Estudios sobre el C�digo Civil del Distrito Federal (promulgado en 1870, con anotaciones relativas a las reformas introducidas por el c�digo de 1884), la define de la siguiente manera:

"?El r�gimen de sociedad conyugal es aquel en cuya virtud los bienes adquiridos por uno o ambos c�nyuges durante el matrimonio, por el ejercicio de una profesi�n, arte o industria, por legado o herencia dejado a los dos sindesignaci�n de partes, por frutos, rentas, accesorios y utilidades producidas por los bienes propios de cada uno, forma un fondo com�n, que lleva el nombre de gananciales que se divide entre los c�nyuges o sus herederos despu�s de la disoluci�n del matrimonio.?

"Los elementos de dicha definici�n corresponden a los de una sociedad de gananciales que se caracteriza por estar formada con los bienes adquiridos individualmente a t�tulo oneroso por cualquiera de los c�nyuges durante el matrimonio mediante sus esfuerzos, por los frutos y productos recibidos por los bienes que sean de propiedad com�n; y los adquiridos por fondos del caudal com�n o adquiridos a t�tulo gratuito por ambos c�nyuges.

"Este tipo de comunidad tiene como fundamento y finalidad, sobrellevar las cargas matrimoniales, es decir, los gastos de manutenci�n y auxilio de los consortes y los hijos si los hubiere.

"As� lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia, seg�n se advierte de la transcripci�n que enseguida se hace de la primera de las ejecutorias que integran la jurisprudencia antes mencionada (amparo directo n�mero 1307/57, resuelta por mayor�a de cuatro votos de la entonces Tercera S. de este Alto Tribunal):

"?La sociedad conyugal, si bien tiene semejanzas con el contrato de sociedad, no es id�ntica a �l, puesto que �sta tiene personalidad jur�dica, propia, distinta de la de los socios, y persigue fines econ�micos, en cambio, aqu�lla, seg�n su naturaleza, no es sino una verdadera comunidad, de mera conservaci�n y aprovechamiento mutuo; una propia comunidad de intereses, que responde adecuadamente a los c�nyuges, que unen sus personas y sus intereses. Esta comunidad, por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vincula a los c�nyuges, le da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. ...?

"Aun cuando el C�digo Civil vigente hasta el mes de mayo de dos mil, no detallaba, como lo hicieran los de 1870 y 1884 (en sus art�culos 2141 y 2008, respectivamente), los bienes que conformaban el patrimonio social, la Suprema Corte, atendiendo a la tradici�n jur�dica y social existente, consider� que en los matrimonios celebrados donde los consortes se limitaban a manifestar que deseaban celebrar el matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, sin detallar minuciosamente su contenido, ese se�alamiento bastaba para constituir una sociedad de gananciales, integrada, b�sicamente, por los bienes adquiridos durante el matrimonio a t�tulo oneroso, inclusive el producto del trabajo, as� como rentas y frutos.

"A este respecto, en la sentencia mencionada se consider�, en lo que nos interesa, lo siguiente:

"?Esto, claro es, siempre que no existan capitulaciones matrimoniales, pues de haberse celebrado, a ellas debe estarse y en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el art�culo 183 del C�digo Civil. Finalmente, en lo que concierne a la sociedad conyugal, lo que usualmente se pacta, es que comprender� los bienes muebles e inmuebles, y sus productos, que los consortes adquieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto de su trabajo y los frutos de los bienes privativos o peculiares de cada uno, ya adquiridos al celebrarse el matrimonio; y ante la falta de capitulaciones, as� debe interpretarse que lo desearon, por ser esto, adem�s, lo m�s l�gico y conforme a su voluntad manifestada en el pacto obligatorio de su matrimonio, con (sic) sociedad conyugal. ...?

"En esas condiciones, es v�lido concluir que cuando los c�nyuges constitu�an, al celebrar matrimonio, un r�gimen de sociedad conyugal, pero omit�an regularlo, con fundamento en el art�culo 1839 del C�digo Civil, deb�an tenerse por puestas las cl�usulas inherentes al r�gimen de sociedad de gananciales con el que se identificaba la sociedad conyugal, y las que fueran consecuencia de su naturaleza ordinaria, en los t�rminos precedentes.

"Esta soluci�n se ajusta al art�culo 1796 del C�digo Civil, conforme el cual, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley; y que desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que, seg�n su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley.

"Conforme con el numeral precitado, si la sociedad conyugal se perfecciona por el mero consentimiento, y su existencia no est� condicionada a que se establezcan capitulaciones matrimoniales, obliga a los consortes a sus consecuencias que, seg�n su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.

"Esas consecuencias no son otras que las precisadas con anterioridad.

"No debe perderse de vista, que en t�rminos del art�culo 1856 del C�digo Civil, el uso o la costumbre del pa�s se tendr�n en cuenta para interpretar la ambig�edad de los contratos; y que la tradici�n, no s�lo jur�dica, sino social en nuestro pa�s, es que las personas que contraen matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, lo hacen con la intenci�n de que ingresen al fondo com�n los bienes y productos que adquieran durante el matrimonio, puesto que de lo contrario no habr�an elegido ese r�gimen, sino el de separaci�n de bienes.

"De no ser as�, se adoptar�a una soluci�n no s�lo contraria a la intenci�n de las partes, sino a esa tradici�n jurisprudencial, sin que existan motivos para cambiarla.

"Adem�s, como qued� precisado con antelaci�n, la sociedad conyugal debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes.

"Esta comunidad, por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. Esto, claro es, siempre que no existan capitulaciones matrimoniales, pues de haberse celebrado, a ellas debe estarse y en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia dispone el art�culo 183 del C�digo Civil.

"Robustece todo lo expresado, el criterio sostenido por la otrora Tercera S. de este M�ximo Tribunal, que esta Primera S. hace suyo, que se transcribe a continuaci�n:

"?Sexta �poca

"?Instancia: Tercera S.

"?Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"?Tomo: XI, Cuarta Parte

"?P�gina: 194

"?SOCIEDAD CONYUGAL. SU EXISTENCIA NO EST� CONDICIONADA A LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES. De acuerdo con la correcta interpretaci�n jur�dica de los art�culos relativos del C�digo Civil para el Distrito y Territorios Federales, de la exposici�n de motivos del C�digo Civil para dicha entidad, se sigue que, el legislador fundamentalmente se propuso que pactada la comunidad de bienes no pudiera dejar de producir sus efectos. As�, demostrada la existencia del contrato de matrimonio, celebrado con el r�gimen de sociedad conyugal, debe establecerse que obliga a los contratantes, no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias, que seg�n su naturaleza son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Por tanto, la falta de capitulaciones matrimoniales, no puede originar que no se cumpla la voluntad de las partes, ni se produzcan los efectos de la comunidad de bienes querida, ni tampoco puede determinar que se considere el matrimonio, como regido por la separaci�n de bienes, contraria al consentimiento de los c�nyuges. La sociedad conyugal, si bien tiene semejanzas con el contrato de sociedad, no es id�ntica a �l, puesto que �sta tiene personalidad jur�dica propia, distinta de la de los socios, y persigue fines econ�micos, en cambio, aqu�lla, seg�n su naturaleza, no es sino una verdadera comunidad, de mera conservaci�n, y aprovechamiento mutuo; una propia comunidad de intereses, que responde adecuadamente a los c�nyuges, que unen sus personas y sus intereses. Esta comunidad, por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. Esto, claro es, siempre que no existan capitulaciones matrimoniales, pues de haberse celebrado, a ellas debe estarse y en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el art�culo 183 del C�digo Civil. Finalmente, en lo que concierne a la sociedad conyugal, lo que usualmente se pacta, es que comprender� los bienes muebles e inmuebles, y sus productos, que los consortes adquieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto de su trabajo y los frutos de los bienes privativos o peculiares de cada uno, ya adquiridos al celebrarse el matrimonio y ante la falta de capitulaciones, as� debe interpretarse que lo desearon, por ser esto adem�s, lo m�s l�gico y conforme a su voluntad manifiesta en el pacto obligatorio de su matrimonio, con sociedad conyugal.

"?Amparo directo 1307/57. L.A. de Orbe. 7 de mayo de 1958. Mayor�a de 4 votos. Ponente: M.R.�rez V�zquez. Disidente: J.C.E..

"?Volumen VIII, Cuarta Parte, p�g. 215. Amparo directo 2031/57. Mar�a P�rez Vda. de Y��ez. 14 de febrero de 1958. Mayor�a de 3 votos. Disidente: J.C.E..

"?Volumen IX, Cuarta Parte, p�g. 157. Amparo directo 5360/56. P.B.C.��n. 10 de marzo de 1958. Mayor�a de 3 votos. Ponente: M.R.�rez V�zquez. Disidente: J.C.E..?

"Tambi�n resulta aplicable la tesis sostenida por la propia Tercera S., que se�ala:

"?Sexta �poca

"?Instancia: Tercera S.

"?Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"?Tomo: CXVI, Cuarta Parte

"?P�gina: 99

"?SOCIEDAD CONYUGAL, CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN CASO DE. Cuando no existen capitulaciones matrimoniales y los c�nyuges hayan expresado su voluntad en el acta de matrimonio de que ese fuera el r�gimen con relaci�n a los bienes en su matrimonio, se debe decir que esta comunidad por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua cooperaci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derechos iguales sobre los bienes, de manera que como copart�cipes tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular.

"?Amparo directo 9658/65. Mar�a Guadalupe M�rquez V�zquez. 16 de febrero de 1967. Cinco votos. Ponente: M.A..?

"Luego entonces, la omisi�n de formular capitulaciones matrimoniales al celebrarse el matrimonio bajo el r�gimen patrimonial de sociedad conyugal, no impide que se cumpla la voluntad de los c�nyuges, o sea obst�culo para que se produzcan los efectos de la comunidad de bienes, o que ello d� lugar a que se estime el matrimonio como regido por la separaci�n de bienes, lo que se reitera, ser�a contrario al consentimiento de los consortes.

"As�, demostrada la existencia del contrato de matrimonio, celebrado con el r�gimen de sociedad conyugal, debe establecerse que obliga a los contratantes, no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que, seg�n su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley.

"La conclusi�n alcanzada, no se desvirt�a con las consideraciones emitidas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

"Por principio de cuentas, dicho tribunal parte de una premisa err�nea: la de considerar que no existe sociedad conyugal cuando los c�nyuges eligen al celebrar matrimonio, el r�gimen de sociedad conyugal, pero no pormenorizan las capitulaciones matrimoniales.

"Tal consideraci�n es contraria al criterio jurisprudencial transcrito, as� como a lo dispuesto por el art�culo 179 del C�digo Civil que estuvo vigente hasta el mes de mayo de dos mil, atento las razones expuestas en l�neas precedentes.

"Adem�s, el problema no debe enfocarse desde el punto de vista meramente formalista, sino desde el de interpretaci�n de la voluntad de las partes.

"Al margen de ello, es verdad que cuando la ley exige una determinada forma para que el acto surta sus efectos, si esa forma no se observa, el acto se tiene por no emitido (lo que se traduce en su inexistencia), queda invalidado o es anulable.

"No obstante, no debe perderse de vista que el formalismo tiene como objetivos el dar seguridad a las transacciones, acelerando las circunstancias y el contenido de los actos jur�dicos, garantizar la prueba de su existencia o proteger a ciertas clases sociales.

"En el caso, ya se ha dejado establecido que el deber de capitular en forma expresa se estableci� a favor de la mujer, a fin de que no quedara desprotegida cuando por ?falsa verg�enza o mal entendida dignidad?, no capitulara y se le aplicara el r�gimen supletorio de separaci�n de bienes establecido en la anterior Ley sobre Relaciones Familiares.

"La ley ordena incluso, que si los consortes no acompa�an el convenio que contenga las capitulaciones matrimoniales, lo har� el J. del Registro Civil.

"A pesar de lo anterior, era com�n que los c�nyuges que contra�an matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, no establecieran la regulaci�n del mismo.

"Es evidente que el legislador de 1928, no previ� ese hecho irregular. Pero esa deficiencia no puede redundar en perjuicio de las personas cuyos derechos se pretendi� garantizar, cuando, como en la situaci�n que se analiza, expresaron su voluntad respecto del r�gimen que deber�a regir su relaci�n patrimonial.

"Aunado a ello, no obsta que se sostenga que la legislaci�n anterior no supl�a la abstenci�n o el silencio de las partes en caso de que no existieran capitulaciones matrimoniales.

"La raz�n de ello es que para que se presente el problema relacionado con el valor jur�dico del silencio, era esencial que hubiera realmente silencio, esto es, que la persona de que se trate no hubiese manifestado su voluntad en relaci�n con un acto jur�dico en forma alguna, ni de palabra, ni por signos, ni por actos o hechos de los cuales pudiese inducirse una voluntad t�cita. Jur�dicamente, el silencio supone la ausencia de toda manifestaci�n de voluntad, aun t�cita, la completa inacci�n o pasividad del sujeto en t�rminos tales que es imposible conocer su pensamiento en favor o en contra del contrato que se le propone.

"As� acontece en el caso de la inexistencia de capitulaciones matrimoniales derivada de un silencio absoluto, porque no se constitu�a r�gimen alguno ni reglamentaci�n del mismo. En tal hip�tesis, como se anticip�, los c�nyuges conservaban el dominio y administraci�n de sus bienes, lo que de hecho equivale a una separaci�n de bienes.

"En este supuesto, evidentemente, no hab�a nada que presumir, seg�n la regla general de que el silencio no produce efectos, salvo que la ley se los conceda, toda vez que en principio, el silencio no es manifestaci�n eficaz para generar un contrato.

"Sin embargo, no sucede lo mismo cuando la voluntad se expresaba, pero se omit�an formular capitulaciones matrimoniales. En este caso, el problema se traslada al �mbito de la interpretaci�n.

"Adem�s, la doctrina ha reconocido que excepcionalmente el silencio puede importar manifestaci�n de voluntad suficiente, no s�lo cuando la ley le da ese valor expresamente, como sucede en el caso del mandato (art�culo 2547 del C�digo Civil), sino tambi�n cuando las partes as� lo han convenido y cuando las circunstancias que lo acompa�an permiten atribuirle ese car�cter.

"Efectivamente, es opini�n generalmente admitida por la doctrina de que el silencio constituye una manifestaci�n de la voluntad suficiente para generar un contrato cuando va acompa�ado de otras circunstancias que permitan considerarlo, sin ambig�edades, como expresi�n de la voluntad de la persona de que se trata, esto es, lo que los autores denominan el silencio circunstanciado. En ese supuesto, se considera que en realidad no se trata de una excepci�n a la regla general de que el silencio s�lo importa manifestaci�n de voluntad cuando la ley le concede ese valor, sino de una cuesti�n de interpretaci�n de voluntad en la cual deber�n apreciarse las circunstancias respectivas, que pueden ser muchas y de muy diversa naturaleza.

"En esas condiciones, cuando los consortes manifestaban su expresa voluntad de celebrar matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, pero omit�an se�alar la manera en que hab�a de regularse la misma, no se estaba en el caso de un silencio absoluto, sino en el de una expresi�n deficiente de la voluntad, que daba lugar, no a la inexistencia de la sociedad conyugal, creada por acuerdo de los c�nyuges, sino a la aplicaci�n de las reglas supletorias de interpretaci�n que permitieran conocer su voluntad, en el entendido de que no pod�a sostenerse que en dicho supuesto cada c�nyuge conservaba la propiedad de los bienes que a t�tulo oneroso hab�a adquirido durante el matrimonio, en raz�n de que semejante soluci�n ir�a, por una parte, contra la expresa voluntad de las partes; y, por otro lado, implicar�a el establecimiento de un r�gimen supletorio de separaci�n de bienes, similar al sistema establecido en la Ley sobre Relaciones Familiares, proscrito por el legislador de 1928, lo que conducir�a a un resultado contrario al que pretendi� evitar el C�digo Civil vigente hasta mayo de dos mil, puesto que, a pesar de la expresa voluntad de las partes, la mujer quedar�a desprotegida, pues no debe desconocerse que en la �poca en que se promulg� el c�digo, la gran mayor�a de las mujeres en nuestra sociedad se dedican a labores del hogar.

Postura semejante, adem�s, desatender�a la naturaleza de la sociedad conyugal como parte integrante de la relaci�n que le dio vida, cuya finalidad es la distribuci�n de las cargas y beneficios econ�micos durante el matrimonio. ...

La resoluci�n correspondiente dio lugar a la tesis jurisprudencial cuyos datos de identificaci�n, contenido y precedentes a la letra dicen:

"Novena �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIV, septiembre de 2001

"Tesis: 1a./J. 47/2001

"P�gina: 432

"SOCIEDAD CONYUGAL. CONSECUENCIAS DE LA OMISI�N DE FORMULAR CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN ESE R�GIMEN PATRIMONIAL (C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COM�N Y PARA TODA LA REP�BLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). La sociedad conyugal debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes que por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. Lo anterior siempre y cuando no se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales, pues de haberlo hecho a ellas debe estarse y, en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el art�culo 183 del C�digo Civil citado, en el entendido de que el contrato de matrimonio celebrado bajo el r�gimen de sociedad conyugal, se perfecciona por el mero consentimiento de las partes y su existencia no est� condicionada al establecimiento de capitulaciones matrimoniales, por lo que es inconcuso que obliga a losconsortes no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que, seg�n su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Por tanto, la omisi�n de formular tales capitulaciones no impide que se cumpla la voluntad de los c�nyuges o que constituya un obst�culo para que se produzcan los efectos de la comunidad de bienes querida, ni tampoco puede llegar al extremo de considerar al matrimonio como regido por la separaci�n de bienes, lo que ser�a contrario al consentimiento de los c�nyuges.

"Contradicci�n de tesis 89/96. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados S�ptimo y Cuarto en Materia Civil, ambos del Primer Circuito. 28 de marzo de 2001. Cinco votos. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: H.P.R..

Tesis de jurisprudencia 47/2001. Aprobada por la Primera S. de este Alto Tribunal, en sesi�n de cuatro de julio de dos mil uno, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: presidente J.� de Jes�s G.�o P., J.V.C. y C., H.R.P., J.N.S.M. y O.S.C. de G.�a V..

Debe se�alarse que aun cuando en la resoluci�n que dio lugar a la jurisprudencia supracitada se examinaron dispositivos del C�digo Civil para el Distrito Federal, vigentes hasta el treinta y uno de mayo de dos mil, las consideraciones respectivas resultan aplicables para el caso que nos ocupa, pues el r�gimen de sociedad conyugal previsto en ese ordenamiento coincide sustancialmente con lo que dispone al respecto el C�digo Civil del Estado de Baja California.

As� pues, queda de manifiesto que en los contratos de matrimonio celebrados bajo el r�gimen de sociedad conyugal, en los que no se hubieran formulado capitulaciones, como sucede en la materia de estudio de esta contradicci�n, el dominio de los bienes que la integran corresponde a ambos consortes en igual proporci�n, toda vez que este r�gimen patrimonial se caracteriza por ser una comunidad de bienes, que por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da el mismo derecho sobre ellos, siendo las disposiciones de la copropiedad las aplicables para resolver las cuestiones que surjan al respecto.

En concordancia con lo anterior, el art�culo 191 del C�digo Civil para el Estado de Baja California establece:

Art�culo 191. El dominio de los bienes comunes reside en ambos c�nyuges mientras subsista la sociedad.

En estas condiciones, resulta acertada la premisa a partir de la cual los Tribunales Colegiados sostuvieron los criterios contradictorios, esto es, que al no advertirse que se hubieran formulado capitulaciones, los c�nyuges deben ser considerados como copropietarios de los bienes que integran la sociedad conyugal, toda vez que el dominio de los bienes corresponde a ambos, lo que determina que tengan sobre los mismos un derecho de propiedad proindiviso y, por tanto, que su derecho recaiga sobre la totalidad de la cosa com�n y no respecto de una parte materialmente determinada.

Precisado lo anterior, se procede al estudio de la cuesti�n materia de la presente contradicci�n de tesis, consistente en dilucidar si el derecho del tanto debe respetarse entre c�nyuges copropietarios de bienes inmuebles dentro de las ventas judiciales y si, consecuentemente, impera el derecho de retracto.

Conforme a la jurisprudencia de esta Primera S. que ha quedado transcrita, cuando no se hayan formulado capitulaciones, la sociedad se regir� por las disposiciones relativas a la copropiedad, al ser cada uno de los c�nyuges propietario, proindiviso, de los bienes del acervo com�n, teniendo un derecho de igual naturaleza sobre los mismos que no puede limitarse a porci�n espec�fica alguna, ya que cada una de sus partes es materia de la copropiedad y cada uno de los copropietarios no es titular de una parte material, sino al�cuota, la cual se expresa mediante una cifra (un tercio, un cuarto) o un porcentaje, y en tanto judicialmente no se divida, los actos que ejerza uno de los copropietarios afecta al todo, pues se trata de un bien indiviso en el que no se puede explicar la situaci�n en que se encuentran los techos o pisos, o las cosas comunes necesarias para el uso y disfrute de las habitaciones del inmueble.

Por tanto, los c�nyuges condue�os son copart�cipes aun de la parte m�s peque�a del bien com�n, sin que pueda restringirse a ninguno de ellos el derecho de usar la totalidad del inmueble, puesto que ambos tienen, por igual, derechos de la misma naturaleza jur�dica sobre todas sus partes, encontr�ndose, por tanto, cada uno de ellos, por separado, jur�dicamente imposibilitados para enajenar una porci�n material objeto de la indivisi�n, en tanto �sta subsista, porque su derecho de propiedad no tiene por materia una porci�n determinada del bien, por lo que el referido estado de indivisi�n implica que los c�nyuges copropietarios lo sean del bien inmueble en su conjunto y de cada una de sus partes.

Ahora bien, en el Estado de Baja California, la copropiedad se rige de acuerdo a las disposiciones del C�digo Civil estatal siguientes:

"T�tulo segundo

"De la compraventa

"Cap�tulo III

"De los que pueden vender y comprar

Art�culo 2153. Los propietarios de cosa indivisa no pueden vender su parte respectiva a extra�os, sino cumpliendo lo dispuesto en los art�culos 960 y 961.

A su vez, los art�culos 938, as� como 960 y 961 del C�digo Civil para el Estado de Baja California, a los que remite el art�culo que antecede, establecen:

"T�tulo cuarto

"De la propiedad

"Cap�tulo VI

"De la copropiedad

"Art�culo 938. Todo condue�o tiene la plena propiedad de la parte al�cuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo, en consecuencia, enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun substituir otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de derecho personal. Pero el efecto de la enajenaci�n o de la hipoteca con relaci�n a los condue�os, estar� limitado a la porci�n que se le adjudique en la divisi�n al cesar la comunidad. Los condue�os gozan del derecho del tanto."

"Art�culo 960. Los propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extra�os su parte al�cuota respectiva, si el part�cipe quiere hacer uso del derecho del tanto. A ese efecto, el copropietario notificar� a los dem�s, por medio de notario o judicialmente, la venta que tuviere convenida, para que dentro de los ocho d�as siguientes hagan uso del derecho del tanto. Transcurridos los ocho d�as, por el s�lo lapso del t�rmino se pierde el derecho. Mientras no se haya hecho la notificaci�n, la venta no producir� efecto legal alguno."

Art�culo 961. Si varios propietarios de cosa indivisa hicieren uso del derecho del tanto, ser� preferido el que represente mayor parte, y siendo iguales, el designado por la suerte, salvo convenio en contrario.

Consecuentemente, al regirse el acervo de la sociedad conyugal no sujeto a capitulaciones, por las normas que regulan la copropiedad, �stas deben aplicarse en relaci�n con cada uno de los bienes inmuebles que la integran, cuando los mismos sean materia de compraventa; por tanto, si del contenido de las disposiciones transcritas se deduce claramente que correlativamente con el derecho del tanto que la ley otorga a los condue�os les impone, por un lado, la prohibici�n de enajenar a extra�os la parte al�cuota respectiva si el copropietario quiere hacer uso de ese derecho, y por el otro, la obligaci�n de hacer saber a los dem�s copropietarios la venta que se tuviere convenida para que puedan hacer uso del mismo derecho, el estado de copropiedad en que se encuentran los bienes del acervo conyugal constituye una limitaci�n al derecho de propiedad de cada uno de los c�nyuges, al impedir que, por separado, puedan enajenar una porci�n del bien, sujet�ndolos a la obligaci�n mutua de respetar el derecho del tanto.

Lo anterior no sufre alteraci�n jur�dica en el Estado de Baja California con motivo de la modalidad que adquiera la compraventa a trav�s de la cual se transmita el dominio de la parte al�cuota de un copropietario, pues sea consensual o judicial se rige por las mismas normas, como se desprende del art�culo 2197 del C�digo Civil de esa entidad, que dice:

"T�tulo segundo

"De la compraventa

"Cap�tulo IX

"De las ventas judiciales

"Art�culo 2197. Las ventas judiciales en almoneda, subasta o remate p�blicos, se regir�n por las disposiciones de este t�tulo, en cuanto a la sustancia del contrato y a las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor, con las modificaciones que se expresan en este cap�tulo. En cuanto a los t�rminos y condiciones en que hayan de verificarse, se regir�n por lo que disponga el C�digo de Procedimientos Civiles."

Como se advierte, las ventas judiciales se regir�n en cuanto a la sustancia del contrato y a las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor, por las disposiciones del t�tulo relativo al contrato de compraventa, lo que determina que los derechos y obligaciones que la ley otorga e impone a los contratantes en el Estado de Baja California no sufran modificaci�n alguna por el hecho de que la venta se haga judicialmente.

En este orden de ideas, en las ventas judiciales subsiste para los c�nyuges copropietarios la obligaci�n mutua de respetar el derecho del tanto ya que, jur�dicamente, para tal efecto debe consider�rseles como cualquier otro copropietario, haci�ndose necesario que una vez que la sentencia dictada en el procedimiento judicial correspondiente se encuentre firme y, previamente a su ejecuci�n, se haga saber al c�nyuge copropietario, mediante notificaci�n personal, sea judicial o por medio de notario, la situaci�n legal que prevalece sobre una parte al�cuota del inmueble de que se trate, a fin de que, de ser su deseo, haga uso del derecho del tanto en los t�rminos que establece el C�digo Civil del Estado de Baja California, sin que pueda ser considerada como legalmente hecha para este efecto la notificaci�n por edictos.

Lo que trae como consecuencia que de no respetarse entre los c�nyuges el derecho del tanto, aquel que se considere afectado pueda ejercer el derecho de retracto.

No siendo obst�culo a lo anterior, el hecho de que a diferencia de la venta consensual, la venta judicial revista caracter�sticas peculiares, constituyendo una de las mismas, la sustituci�n de la voluntad y, por tanto, del consentimiento del vendedor, por parte del J. de la causa para la realizaci�n de la venta, pues es evidente que el J. obra en ese acto a nombre del condue�o y, por ende, debe cumplir las obligaciones que la ley establece a cargo de �ste; entre las cuales se encuentra, como una de las m�s importantes, el respeto al derecho del tanto con la consecuente notificaci�n personal a los copropietarios por medio de notario o judicialmente, como se advierte del art�culo 960 transcrito, debiendo declararse como ilegal toda aquella que difiera de los t�rminos, como lo es la que se realiza a trav�s de edictos.

Lo anterior en nada se opone a las disposiciones contempladas en el C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, al que remite el art�culo 2197 del C�digo Civil de ese Estado, pues en el mismo no se establece, espec�ficamente en el cap�tulo V, secci�n III "De los remates", ninguna norma relativa al derecho del tanto o de retracto, y menos a�n entre c�nyuges copropietarios, adem�s de que de dichas disposiciones se advierte que lo que se pretende con el aval�o, que debe hacerse en relaci�n con el bien inmueble dentro del procedimiento de remate, es que el mismo se venda con base en un valor real, vigente en ese momento, a fin de que se remate a un precio vigente, como garant�a, para el ejecutante, en la enajenaci�n, evitando que el remate resulte un acto injusto o una fuente de enriquecimiento fundada en la necesidad de quienes no tienen dinero en efectivo para cumplir sus obligaciones; lo cual no se trastoca con el respeto al derecho del tanto, pues aun cuando pudiera ser factible que se omita la oportunidad de obtener un precio mayor en subasta, ello no determinar�a una afectaci�n a los intereses jur�dicos de las partes, pues en todo caso deber� ajustarse al aval�o correspondiente que responde, como se ha dicho, al precio real y vigente del inmueble.

En atenci�n a todo lo expuesto, esta Primera S. considera que el criterio que debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia, en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo y que deber� identificarse con el n�mero que le corresponda, queda redactada bajo los siguientes rubro y texto:

DERECHO DEL TANTO. DEBE RESPETARSE ENTRE LOS C�NYUGES COPROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES SUJETOS A VENTA JUDICIAL Y, CONSECUENTEMENTE, PUEDE EJERCERSE EL DE RETRACTO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).-La Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 47/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., septiembre de 2001, p�gina 432, determin� que en los contratos de matrimonio celebrados bajo el r�gimen de sociedad conyugal, en los que no se hubieran formulado capitulaciones, el dominio de los bienes que la integran corresponde a ambos consortes en igual proporci�n, y son las disposiciones de la copropiedad las aplicables para resolver las cuestiones que surjan al respecto. Ahora bien, de conformidad con el C�digo Civil para el Estado de Baja California, las normas de la copropiedad deben aplicarse en relaci�n con cada uno de los bienes inmuebles que integran la sociedad conyugal, cuando sean materia de compraventa, de donde se advierte que correlativamente con el derecho del tanto que la ley otorga a los condue�os les impone, por un lado, la prohibici�n de enajenar a extra�os la parte al�cuota respectiva, si el copropietario quiere hacer uso de ese derecho, y por otro, la obligaci�n de hacer saber a los dem�s copropietarios la venta que se tuviere convenida para que puedan hacer uso de ese derecho; de ah� que el estado de copropiedad en que se encuentran los bienes del acervo conyugal constituye una limitaci�n al derecho de propiedad de cada uno de los c�nyuges, al impedir que, por separado, puedan enajenar una porci�n del bien, sujet�ndolos a la obligaci�n mutua de respetar el derecho del tanto, sin que lo anterior sufra modificaci�n alguna con motivo de la modalidad que adquiera la compraventa a trav�s de la cual se transmita el dominio de la parte al�cuota de un copropietario, pues sea consensual o judicial aqu�lla, se rige por las mismas normas, seg�n lo dispone el art�culo 2197 del propio C�digo Civil en menci�n, al se�alar que las ventas judiciales se rigen, en cuanto a la sustancia del contrato y a las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor, por las disposiciones del t�tulo relativo al contrato de compraventa. Por tanto, en las ventas judiciales subsiste para los c�nyuges copropietarios la obligaci�n mutua de respetar el derecho del tanto, ya que jur�dicamente, para tal efecto, debe consider�rseles como cualquier copropietario, y es necesario que una vez que la sentencia dictada en el procedimiento judicial correspondiente se encuentre firme y, previamente a su ejecuci�n, se haga saber al c�nyuge copropietario, mediante notificaci�n personal, sea judicial o por medio de notario, la situaci�n legal que prevalece sobre una parte al�cuota del inmueble de que se trate, a fin de que, de ser su deseo, haga uso del derecho del tanto, sin que pueda ser considerada como legalmente hecha, para este efecto, la notificaci�n por edictos. Surgiendo como consecuencia de la eventual falta de respeto al mencionado derecho del tanto, la facultad para el c�nyuge que se considere afectado, para ejercer el de retracto.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del D�cimo Quinto Circuito, al resolver, respectivamente, el amparo en revisi�n 516/99-I, promovido por ... y el amparo directo 545/98, promovido por la sucesi�n de ...

SEGUNDO

Debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera S., con el rubro y texto que han quedado precisados en la parte final del �ltimo considerando de esta resoluci�n.

TERCERO

Rem�tase la tesis de jurisprudencia a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como a los Tribunales Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, Segunda S. y Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n; env�ese copia certificada de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados de Circuito sustentantes de los criterios contradictorios.

N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n, devu�lvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, arch�vese el presente toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C., H.R.P., J.� de Jes�s G.�o P. y presidente J.N.S.M.. Ausente la se�ora Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V. e hizo suyo el asunto el M.J.N.S.M..