Ejecutoria num. 2a./J. 42/2003 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26825478

Ejecutoria num. 2a./J. 42/2003 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 42/2003
Localizacion:GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 2003
RESUMEN

SINDICATOS DE TRABAJADORES. CASOS EN QUE SE LES DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SINDICATOS DE TRABAJADORES. CASOS EN QUE SE LES DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO.

CONTRADICCI�N DE TESIS 123/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO, Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, OCTAVO EN MATERIA CIVIL Y SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO, TODOS DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y PRIMERO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL SEGUNDO CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, PRIMERO DEL QUINTO CIRCUITO, PRIMERO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIG�SIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: G.D.G.P..

SECRETARIA: MAR�A MARCELA RAM�REZ CERRILLO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

A fin de estar en aptitud de resolver lo conducente, es preciso tener presentes los criterios que sustentaron en sus respectivas ejecutorias los �rganos colegiados involucrados en la posible contradicci�n de tesis denunciada.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en la sentencia dictada el veinte de junio de dos mil dos, en el juicio de amparo directo 106/2002, promovido por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Aut�noma de Puebla, en el que se se�al� como parte tercero perjudicada al sindicato denunciante de esta posible contradicci�n de tesis, en lo concerniente a los temas que son materia de la presente contradicci�n determin�:

S�PTIMO

Previo al estudio de los conceptos de violaci�n hechos valer por la parte quejosa y las consideraciones en que se hizo descansar el laudo que constituye el acto reclamado, este cuerpo colegiado se ocupar� de la causal de improcedencia que ponen de manifiesto los terceros perjudicados en el presente juicio, tanto la Asociaci�n Sindical de Personal Acad�mico de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla como el Sindicato Independiente de Trabajadores No Acad�micos de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla, pues su estudio es de orden p�blico lo aleguen o no las partes ... Ahora bien, esta potestad federal procede a ocuparse de los argumentos vertidos por los terceros perjudicados, respecto a la falta de personalidad que �stos identifican como falta de inter�s jur�dico de los firmantes del escrito de demanda de amparo que se ostentaron como integrantes del comit� ejecutivo del sindicato hoy quejoso. Como ya se vio, los representantes de los sindicatos afirmaron en el escrito que se analiza que los sedicentes representantes del sindicato quejoso carec�an de esa personalidad ante la circunstancia de que no hab�an acompa�ado al escrito de demanda de amparo el documento id�neo para acreditarla, es decir, la certificaci�n de que se encuentra registrada la directiva sindical ante la Junta de origen, conocida como toma de nota y que ello era suficiente para estimar que no ten�an la representaci�n con la cual se ostentaban los suscriptores del libelo en cita. El argumento sintetizado es inexacto a partir de las siguientes consideraciones. En primer lugar, debe decirse que la denominada toma de nota, si bien es el documento id�neo para acreditar la representaci�n que ostenta un comit� sindical, respecto de la propia organizaci�n gremial frente a terceros, esto no quiere decir que sea la �nica forma en que puede acreditarse la referida representaci�n. Ello es as�, pues de acuerdo a lo que dispone el art�culo 693 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas podr�n tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores o sindicatos sin sujetarse a las reglas formales que establece el art�culo 692 del cuerpo legal preinvocado, siempre que con los documentos exhibidos se llegue al convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada. En segundo lugar, debe tomarse en consideraci�n que, en la especie, el sindicato quejoso solicit� que su personalidad se analizara a la luz del art�culo 12 de la Ley de Amparo, en relaci�n con el mencionado numeral 693 del c�digo obrero, pues seg�n se desprende de su propio escrito de demanda (fojas 19 del expediente en que se dicta la presente ejecutoria), la Junta se�alada como responsable les neg� la toma de nota correspondiente al cambio de directiva sindical; luego entonces, es evidente que partiendo del principio jur�dico de que 'a lo imposible nadie est� obligado', no es factible que esta potestad federal tome en consideraci�n la ausencia del documento denominado toma de nota para considerar que los suscriptores del escrito de demanda que se ostentaron como miembros del comit� directivo del sindicato quejoso carecen de la personalidad con la cual se ostentaron. Ahora bien, a fojas de la 1322 a la 1348 del expediente en que se act�a, aparece un escrito del Sindicato Independiente de Trabajadores No Acad�micos de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla, tercero perjudicado, en el que ponen de manifiesto diversas consideraciones por las cuales, a su parecer, no est� acreditada la representaci�n con la que se ostentaron los firmantes del escrito de demanda de amparo de origen ... De los argumentos antes sintetizados, se aprecia con claridad que esta organizaci�n gremial hace descansar sus argumentos en los que pone de manifiesto la existencia de una causal de improcedencia en que, a su parecer, la elecci�n de los miembros del comit� ejecutivo del SUNTUAP no se ajust� a lo que marcan los estatutos de dicha organizaci�n y que, por ende, carec�an de inter�s jur�dico para acudir a esta instancia constitucional a favor del multirreferido sindicato amparista. Dicho lo anterior, esta potestad federal estima conveniente precisar lo siguiente: Tomando en consideraci�n que el sindicato quejoso ocurre a este juicio de amparo directo en defensa de su registro sindical y, por ende, de manera indirecta en defensa de los intereses de sus trabajadores, pues en el caso de que, como ocurri�, se les privara de ese requisito para el funcionamiento cabal de dicha organizaci�n, no estar�an en posibilidades de proteger los derechos de sus agremiados, este cuerpo colegiado arriba a la conclusi�n de que el estudio de la personalidad de quienes comparecen a este juicio ostent�ndose como miembros del comit� directivo del SUNTUAP debe hacerse a la luz del art�culo 12 de la Ley de Amparo, en relaci�n con el 693 del c�digo obrero, los cuales dicen a la letra: 'Art�culo 12. (de la Ley de Amparo) En los casos no previstos por esta ley, la personalidad se justificar� en el juicio de amparo en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso de que ella no lo prevenga, se estar� a lo dispuesto por el C�digo Federal de Procedimientos Civiles. Tanto el agraviado como el tercero perjudicado podr�n constituir apoderado para que los represente en el juicio de amparo, por medio de escrito ratificado ante el Juez de Distrito o autoridad que conozca de dicho juicio.'. 'Art�culo 693. (de la Ley Federal del Trabajo) Las Juntas podr�n tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores o sindicatos, sin sujetarse a las reglas del art�culo anterior, siempre que de los documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada.'. Por ello, el presidente de esta potestad federal al analizar el escrito de demanda determin� que los firmantes de dicho libelo no hab�an demostrado la personalidad con la que se ostentaron y, en m�rito de ello, los requiri� para que demostraran tal extremo para, en ese caso, estar en aptitud legal de estudiar la procedencia o improcedencia del juicio de garant�as, aplicando de manera anal�gica la jurisprudencia de rubro: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO EST� ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ART�CULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENAR� LA REPOSICI�N DEL PROCEDIMIENTO.'. Enseguida, debe precisarse que esta potestad federal ha sostenido el criterio (espec�ficamente en el toca de revisi�n 410/99, resuelto por el entonces �nico Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, anterior denominaci�n de este cuerpo colegiado, en sesi�n de veinticuatro de enero de dos mil) de que trat�ndose del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla, quienes ostentan su representaci�n son todos y cada uno de los integrantes del comit� ejecutivo de la organizaci�n gremial, pero actuando en grupo, pues as� se desprende de la lectura de los art�culos de los estatutos de dicha persona moral, espec�ficamente en los numerales 48 y 55, inciso a), los que a la letra, en lo que aqu� interesa, indican: 'Art�culo 48. El comit� ejecutivo es el �rgano que tiene a su cargo la representaci�n general y la direcci�n del sindicato ...'. 'Art�culo 55. Son atribuciones y obligaciones del comit� ejecutivo: a) representar al sindicato y a sus integrantes ante las autoridades de la UAP y, generalmente, ante todo tipo de autoridades administrativas, jurisdiccionales y laborales ...'. As� las cosas, el presidente de este cuerpo colegiado al estudiar el escrito aclaratorio de los miembros del comit� ejecutivo del sindicato impetrante del amparo, se limit� a tomar en consideraci�n que lo firmaran todos y cada uno de los integrantes del referido �rgano de direcci�n sindical, adem�s de los documentos que acompa�aron a ese escrito consistentes en escrito original de convocatoria de elecciones en el SUNTUAP de trece de marzo de dos mil uno, solicitud de registro de la planilla que integran los miembros de la mesa directiva del sindicato amparista, original del escrito en que cada uno de los miembros de la planilla antes mencionada expresan su conformidad para participar en el proceso de elecci�n, copia del padr�n de miembros cotizantes en el sindicato impetrante del amparo, original de seiscientas diez boletas de votaci�n y acta de toma de posesi�n de los miembros electos del comit� ejecutivo del SUNTUAP, los que a juicio del Pleno de este Tribunal Colegiado resultan suficientes para que se llegue al convencimiento de la existencia de la representaci�n ostentada, por lo menos para promover el presente juicio de amparo. Conviene hacer la precisi�n de que esta potestad federal estima que la jurisprudencia que invoca el sindicato tercero perjudicado, a trav�s de su representante, no resulta aplicable al caso concreto por lo siguiente: En la tesis en comento y que fue transcrita en p�rrafos anteriores, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n lleg� a la conclusi�n de que las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje cuando les es solicitada la toma de nota de cambios de directiva sindical o de estatutos de las organizaciones gremiales, tienen la facultad y la obligaci�n de analizar los documentos que se acompa�an a la referida solicitud para establecer si se cumplieron o no los lineamientos marcados por los estatutos del sindicato peticionante. Sin embargo, este criterio no tiene los alcances que pretende se le otorguen el sindicato tercero perjudicado; ello, ya que la revisi�n en comento es solamente cuando se hace la solicitud de la multicitada toma de nota, por ser esa la oportunidad de analizar la legalidad o ilegalidad de los procedimientos internos sindicales. Por ello, esta potestad federal considera que de acuerdo a la litis planteada en el juicio de origen y a la naturaleza de la acci�n de amparo intentada, �ste no es el medio id�neo para que se controvierta y estudie lo apegado o no a los estatutos del SUNTUAP, del procedimiento de elecci�n de su comit� ejecutivo que amparan los documentos con los que se acredit� la representaci�n a favor del sindicato quejoso, de los que firmaron el escrito de demanda y el diverso aclaratorio. En las relatadas condiciones, este cuerpo colegiado considera que la representaci�n a favor del SUNTUAP por parte de aquellos que firmaron los escritos correspondientes, esto es, el comit� ejecutivo, tanto el de demanda como el aclaratorio, se encuentra suficientemente demostrada, por lo menos para la incoaci�n de este juicio de amparo y, por ello, en consecuencia, s� tienen inter�s jur�dico para promover el juicio de amparo directo a favor del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla. Dicho lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violaci�n hechos valer por el sindicato amparista, a trav�s de sus representantes. OCTAVO. Los representantes del sindicato peticionario del amparo en sus primeros cuatro conceptos de violaci�n hacen referencia a la existencia de presuntas violaciones a las leyes esenciales que rigen el procedimiento laboral, por lo que esta potestad federal procede a estudiarlos de manera preferente, pues de resultar fundado alguno de ellos har�a innecesario el estudio de los restantes. En el primero de los motivos de inconformidad, quienes piden el amparo sostienen que la Junta se�alada como responsable vulner� sus garant�as individuales, pues no se integr� en la forma en que lo previene el art�culo 609, fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo, en donde se dispone que cuando se trata de conflictos de naturaleza colectiva, las Juntas Especiales (como lo es la responsable) deber�n estar integradas por el presidente de la Junta Local y, en los dem�s casos, por el presidente de la Especial que corresponda. Que como no sucedi� as�, result� entonces que la responsable era incompetente para conocer y resolver el procedimiento laboral de origen ... Las anteriores alegaciones formuladas por los peticionarios del amparo devienen infundadas (sic). Se dice lo anterior, pues a pesar de que de la lectura de las constancias que integran el juicio laboral de origen se conoce que los hechos en los que hicieron descansar las violaciones procedimentales alegadas realmente existieron, tales eventos en momento alguno menguaron la capacidad de defensa del sindicato amparista y, por ende, no trascendieron en ninguna forma al resultado del fallo. Respecto del primer concepto de violaci�n, en el que se alega que la Junta del conocimiento no estuvo correctamente integrada, de los autos iniciales de los expedientes acumulados formados con motivo de las demandas presentadas por la Asociaci�n Sindical de Personal Acad�mico de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla y por el Sindicato Independiente de Trabajadores No Acad�micos de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla, as� como del propio acuerdo en el que se orden� oficiosamente la acumulaci�n de �stos, se desprende que fueron firmados por la auxiliar de la Junta Especial N�mero Cinco de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de Puebla (fojas 97 y 97 vuelta, 296 y 297 del expediente de origen), y que en la audiencia trif�sica por parte de la Junta responsable intervino de nueva cuenta la auxiliar de la referida Junta, sin que se hiciera menci�n de que, habida cuenta (sic) la naturaleza colectiva del procedimiento incoado en contra del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla, la responsable quedaba integrada por el presidente de la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje, y con los representantes de los trabajadores y de los patrones adscritos a la Especial en la que se actuaba. Aunado a ello, el propio laudo reclamado est� suscrito, adem�s de los representantes de obreros y del capital, por el presidente de la Junta Especial (foja 375 vuelta de la tercera pieza del expediente laboral de origen). Sin embargo, este hecho no afecta las defensas de la parte quejosa, pues a pesar de que uno de los integrantes del Pleno de la Junta (el presidente) no fue quien debi� ser, este hecho en nada trascendi� al resultado del fallo, pues la aplicaci�n de las leyes, tanto para el desarrollo del procedimiento como para el estudio de fondo de la litis planteada, fue la Ley Federal del Trabajo, igual legislaci�n que indefectiblemente se hubiera aplicado en caso de que la responsable hubiese estado presidida por el presidente de la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de Puebla. As� pues, al sindicato quejoso no le fueron variados ni las formas, ni los t�rminos legales en que se admitieron y desahogaron las probanzas que en el expediente se propusieron. Antes bien, debe se�alarse que la indefensi�n de que pudiera dolerse el sindicato amparista se debe a que le fue desconocida la personalidad a sus mandantes y, con ello, no pudieron participar dentro del procedimiento, pues legalmente se les tuvo por contestadas afirmativamente las demandas presentadas en su contra y por perdido su derecho a ofrecer probanzas, circunstancia que en todo caso debe ser reprochada al propio quejoso y no a la responsable ... Dicho lo anterior, esta potestad federal procede a ocuparse de los conceptos de violaci�n encaminados a controvertir el fondo del asunto. NOVENO. El quinto de los conceptos de violaci�n hechos valer por los apoderados de la moral amparista, suplido en su deficiencia en t�rminos del art�culo 76 Bis, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, deviene sustancialmente fundado y, por ende, suficiente para conceder al sindicato quejoso el amparo solicitado. La suplencia de la queja en el presente asunto descansa en la circunstancia de que, en la especie, el sindicato quejoso ocurre a esta instancia constitucional de garant�as en defensa de su registro el cual, por su naturaleza, le permite realizar las actividades a las que los faculta la ley frente a terceros; en consecuencia, tal acci�n redunda en defensa de los intereses de sus agremiados, requisito indispensable para la aplicaci�n de la referida figura jur�dica. Al caso deviene aplicable, por analog�a, la tesis 2a. X/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la cual fue publicada en la p�gina doscientos cuarenta y tres del Tomo IX, febrero de 1999, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que a la letra dice: 'SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. HIP�TESIS EN QUE OPERA A FAVOR DE LOS SINDICATOS.' (se transcribe). Dicho lo anterior, debe se�alarse que en el referido motivo de inconformidad los integrantes del sindicato amparista se�alan que el laudo reclamado viola las garant�as individuales de su representado, pues la responsable no se percat� de que los sindicatos actores carecen de legitimaci�n para ejercitar, en perjuicio del hoy quejoso, la acci�n de cancelaci�n de registro sindical, pues ninguno de sus derechos les faculta para solicitarla; y, adem�s, que para considerarlo de otro modo ser�a necesario eliminar tanto el principio de la autonom�a sindical como el derecho constitucional de la libre sindicaci�n. Tienen raz�n los representantes del sindicato amparista. Se arriba a la anterior conclusi�n partiendo de lo siguiente: El art�culo 689 de la Ley Federal del Trabajo contempla la existencia de la figura del inter�s jur�dico para estar en posibilidades de intervenir como partes en un procedimiento laboral, pues a la letra se�ala: 'Art�culo 689.' (se transcribe). De la transcripci�n anterior se llega al convencimiento de que el legislador federal constri�� la participaci�n dentro de un juicio en el cual se ventilaran cuestiones relacionadas con la materia del trabajo, a aquellas personas f�sicas o morales que demostraran tener 'inter�s jur�dico', que no es otra cosa m�s que la 'pretensi�n de acudir a los tribunales para hacer efectivo un derecho desconocido o violado', tal como se define esta figura en el Diccionario Jur�dico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, Editorial Porr�a, d�cima primera edici�n, M�xico, 1998, volumen I-O, p�gina 1778. De esta definici�n debe destacarse que aquellos que intentan el ejercicio de una acci�n tienen la obligaci�n de demostrar que est�n en posesi�n de un derecho que les est� siendo desconocido o violentado por un tercero, pues de otra manera su pretensi�n de acudir a los tribunales carecer�a de manera absoluta de sustento y, por su parte, resulta evidente que los tribunales jurisdiccionales del Estado, en la especie las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje est�n obligadas a pronunciarse al respecto, pues es evidente que se trata de un presupuesto procesal. Ahora bien, en el caso, resulta claro que la Junta se�alada como responsable al admitir las demandas intentadas por los sindicatos terceros perjudicados y proseguir el procedimiento hasta el dictado del laudo reclamado en el que resolvi� que la acci�n intentada era procedente, de manera impl�cita decidi� que los actores s� ten�an un inter�s jur�dico para incoar el juicio laboral que se constituye generador del acto reclamado, determinaci�n que esta potestad federal estima err�nea. Este cuerpo colegiado estima que los sindicatos actores, Asociaci�n Sindical de Personal Acad�mico de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla y el Sindicato Independiente de Trabajadores No Acad�micos de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla, con los argumentos que enseguida se sintetizar�n y analizar�n, no demostraron estar en posesi�n de ning�n derecho que se les est� desconociendo o violando, es decir, no tienen inter�s jur�dico para ser considerados partes dentro del procedimiento jurisdiccional que intentaron. En efecto, en sus escritos de demanda laboral, los representantes de las mencionadas organizaciones gremiales manifestaron, esencialmente: a) Que ante el hecho de que el sindicato demandado no hab�a solicitado la revisi�n del contrato colectivo de trabajo que ten�a celebrado con la entidad educativa de referencia desde mil novecientos noventa y tres, era claro que no estaba cumpliendo con una de sus finalidades principales, como lo era la de procurar el mejoramiento de la calidad de vida de sus agremiados, los que se vieron seriamente afectados, pues les hab�a impedido ejercitar las acciones necesarias, por lo que proced�a la cancelaci�n de su registro; y, b) Que el registro que se le hab�a otorgado al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla hab�a sido ilegal, pues el sindicato demandado no hab�a satisfecho los requisitos de ley para que procediera su solicitud originaria. En este contexto, esta potestad federal llega a la conclusi�n de que los hoy terceros perjudicados, a trav�s de las aludidas reclamaciones, no ponen de manifiesto estar en posesi�n de ning�n derecho que se les desconociera o violara, esto es, no demostraron que se afectara su inter�s jur�dico con la circunstancia de que la organizaci�n sindical demandada hubiera obtenido y mantenido hasta la actual fecha su registro ante la autoridad laboral correspondiente, en la especie la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de Puebla, previsto en el art�culo 365 de la Ley Federal del Trabajo. Se arriba a la anterior conclusi�n, pues a juicio de este cuerpo colegiado: a) Respecto del primero de los argumentos se�alados por los sindicatos actores, el relativo a que el sindicato demandado, hoy amparista, hab�a dejado de cumplir con sus obligaciones y, por ende, ya no ten�a todos los requisitos que la ley laboral exige, no es un argumento que afecte sus propios intereses que, como organizaciones gremiales, tienen los sindicatos actores. Esto es as�, pues el hecho de que el SUNTUAP no revisara el contrato colectivo de trabajo que tiene celebrado con la universidad varias veces mencionada, en su caso, podr�a afectar a los agremiados del sindicato demandado, y son �stos quienes pudieran hacer patente su inconformidad con la actividad irregular u omisa desplegada por el sindicato al cual est�n afiliados. Aunado a lo anterior, debe decirse que en todo caso la falta de cumplimiento del sindicato actor de sus obligaciones legales, a saber, la de rendici�n de cuentas a sus agremiados y la de comunicar en tiempo y forma sus decisiones internas a la autoridad laboral correspondiente, solamente da lugar a que en determinado momento se le constri�a al cumplimiento de tales obligaciones y no, por supuesto, a la cancelaci�n de su registro. Al caso, resulta aplicable la tesis VI.2o.18 L, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, la que puede ser consultada en la p�gina trescientos cincuenta y tres del Tomo III, enero de 1996, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice: 'SINDICATOS. CANCELACI�N DEL REGISTRO DE LOS, IMPROCEDENTE, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.' (se transcribe). b) Por lo que ve al segundo de los argumentos vertidos por los sindicatos actores, el relacionado con la presunta ilegalidad del registro originario otorgado a la organizaci�n gremial amparista, debe se�alarse que tampoco transgrede su esfera de inter�s jur�dico. Ello es as�, pues resulta incuestionable que la existencia del registro ante la autoridad laboral competente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla, no puede ocasionarles perjuicio en ninguno de sus derechos a los sindicatos actores por lo siguiente: La existencia del registro del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Aut�noma de Puebla es anterior a la de los sindicatos actores, siendo la data del registro del SUNTUAP la de mil novecientos ochenta; la de la Asociaci�n Sindical de Personal Acad�mico de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla en mil novecientos noventa y tres, y la del Sindicato Independiente de Trabajadores No Acad�micos de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla en mil novecientos noventa y cuatro, seg�n se desprende de los propios escritos de demanda de los sindicatos actores. Luego entonces, es claro que la existencia del registro del SUNTUAP en ning�n momento les ocasion� a los accionantes contratiempo alguno en su fundaci�n ni en el desarrollo de sus actividades, ni fue causa para que la autoridad laboral correspondiente les negara en su oportunidad el registro solicitado. As� pues, es claro que los sindicatos actores, hoy terceros perjudicados, no resienten ning�n menoscabo en su esfera jur�dica y, por ende, no tienen inter�s jur�dico alguno para demandar la cancelaci�n de su registro, por lo menos con los elementos que para justificar sus pretensiones utilizaron en sus escritos de demanda respectivos ... En otro orden de ideas, este cuerpo colegiado considera necesario se�alar que no es obst�culo para tomar la determinaci�n a la que se arrib�, el hecho de que los sindicatos actores hubieran afirmado que ellos s� cumpl�an con sus obligaciones y la organizaci�n de trabajadores, hoy amparista, no lo hac�a para justificar su legitimaci�n en la causa del procedimiento de origen. Ello, pues la ley de la materia ninguna referencia hace en el sentido de que un sindicato pueda solicitar la cancelaci�n del registro de otro, tomando como base que el solicitante s� cumple con sus obligaciones legales y contractuales; con independencia de que como ya qued� de manifiesto en p�rrafos precedentes, este cuerpo colegiado estima que la falta de cumplimiento de un sindicato respecto de dichas cargas que la ley le impone, s�lo da lugar a que la autoridad pueda constre�irlo a que enmiende sus omisiones para as� cumplir con sus obligaciones. As� las cosas, es evidente que la determinaci�n de la Junta se�alada como responsable de estudiar las acciones ejercitadas por los sindicatos actores y declararlas procedentes, as� como la de pronunciarse por cuestiones que rebasaron la litis en el juicio laboral, como en la que abord� la presunta ilegalidad de los contratos colectivos celebrados entre el sindicato quejoso y la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla y aquella en la que se pronunci� respecto a que el contrato colectivo de mil novecientos noventa y tres celebrado entre la organizaci�n gremial y la universidad carec�a de vigencia, deviene violatoria de las garant�as individuales del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla y lo que procede, en consecuencia, es concederle el amparo y protecci�n de la Justicia Federal para el siguiente efecto: Que la Junta del conocimiento deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, dicte otro en el que siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, declare que la acci�n de cancelaci�n de registro del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla, ejercitada por la Asociaci�n Sindical de Personal Acad�mico de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla y por el Sindicato Independiente de Trabajadores No Acad�micos de la propia universidad, resulta improcedente ante la falta de inter�s jur�dico de los actores."

CUARTO

Por otra parte, los Tribunales Colegiados de Circuito que a continuaci�n se mencionan, supuestamente sostuvieron criterios contradictorios en los diferentes temas que abordaron en las ejecutorias que emitieron al resolver los asuntos que enseguida se citan.

  1. En un primer aspecto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostuvo supuestamente un criterio contradictorio al resolver el amparo en revisi�n 486/90, promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Madera y Similares del Distrito Federal, en sesi�n de once de julio de mil novecientos noventa, en cuanto determin�:

TERCERO

Resultan inatendibles los agravios hechos valer por el recurrente toda vez que independientemente del razonamiento invocado por la a quo como fundamento de su resoluci�n de sobreseimiento, este tribunal advierte que de cualquier forma se surte la causal de improcedencia prevista por el art�culo 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con el IV y VIII (sic) de la Ley de Amparo. Lo anterior es as�, toda vez que el acto reclamado esencialmente consiste en la negativa de la autoridad responsable de tomar nota del comit� ejecutivo integrado por ... y otros; y como consecuencia de ello, el juicio de amparo contra el citado acto s�lo podr�a ser promovido por todas y cada una de las personas que integraron la planilla respectiva, puesto que era al grupo de aspirantes a quienes en todo caso depara perjuicio el acto reclamado, pero como no sucedi� as�, sino que la acci�n solamente fue ejercida por ... se surte la causal de improcedencia antes se�alada y procede sobreseer en el juicio con fundamento en el art�culo 74, fracci�n III, en relaci�n con el 73, fracciones XVIII, IV y VIII, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, procede confirmar la sentencia recurrida."

De lo antes considerado se origin� la tesis aislada cuyos rubro, texto y datos de identificaci�n se precisan a continuaci�n:

PERSONALIDAD EN EL AMPARO, CUANDO DEBE ACREDITARSE. Si bien el art�culo 13 de la Ley de Amparo dispone que debe ser reconocida la personalidad del promovente en el juicio de amparo cuando dicha personalidad le haya sido reconocida por la autoridad responsable, lo cierto es que de no darse este supuesto, la personalidad deber� acreditarse con sujeci�n a las disposiciones generales de la Ley de A., sin la excepci�n que reglamenta el art�culo 693 de la Ley Federal del Trabajo." (Octava �poca. Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990. P�gina: 218).

  1. En un segundo aspecto, la supuesta contradicci�n deriva del criterio sustentado en las siguientes ejecutorias.

La emitida por el actual Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, anterior Tribunal Colegiado de dicho circuito, al resolver el juicio de amparo directo 1123/95, promovido por ... en sesi�n de veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, en la que sostuvo, en lo conducente:

CUARTO

.. Por otra parte, tambi�n falta raz�n al quejoso cuando asegura que la diligencia mediante la cual se desahog� la confesional del demandado, de fecha veintid�s de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, carece de una de las firmas de los integrantes de la Junta responsable, pues contrario a ello, de un simple an�lisis de dicha diligencia se advierte que �sta se encuentra calzada por las firmas de la totalidad de sus integrantes, y si bien al iniciarse la aludida diligencia el apoderado legal de la demandada solicit� la suspensi�n de la misma, en virtud de que no se encontraba presente el representante de la parte obrera, sin embargo, como acertadamente lo provey� la Junta responsable, de conformidad con lo que dispone el art�culo 620, fracci�n II, inciso a), de la Ley Federal del Trabajo, para el funcionamiento de la Junta Especial responsable, trat�ndose de conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jur�dica, bastar� la presencia de su presidente o del auxiliar quien llevar� adelante la audiencia hasta su terminaci�n, excepto que se trate de cuestiones que versen sobre personalidad, competencia, aceptaci�n de pruebas, desistimiento de la acci�n y sustituci�n de patr�n, y como en el caso la diligencia era referente al desahogo de pruebas, es claro que no se actualiza ninguno de los supuestos en que era necesaria la presencia de la totalidad de los integrantes de la Junta responsable ... En esas condiciones, al resultar por una parte infundados y por otra fundados pero inoperantes los conceptos de violaci�n que expresa el quejoso, lo procedente en el caso es negarle el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que solicita."

De lo antes considerado se origin� la tesis aislada que lleva por rubro, texto y datos de localizaci�n los que a continuaci�n se precisan:

JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE. HIP�TESIS EN QUE SE IMPONE LA NECESIDAD DE LA PRESENCIA DE LA TOTALIDAD DE SUS INTEGRANTES. Resulta innecesaria la presencia de la totalidad de los integrantes de la Junta Especial de Conciliaci�n y Arbitraje si se trata de una diligencia referente al desahogo de pruebas, en raz�n de que de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 620, fracci�n II, inciso a) de la Ley Federal del Trabajo, para el funcionamiento de la Junta responsable, trat�ndose de conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jur�dica, bastar� la presencia de su presidente o del auxiliar, quien llevar� adelante la audiencia hasta su terminaci�n, excepto que se trate de cuestiones que versen sobre personalidad, competencia, aceptaci�n de pruebas, desistimiento de la acci�n y sustituci�n de patr�n, por tanto, si no se actualiza ninguna de estas hip�tesis, no es necesaria la presencia de la totalidad de los integrantes de la Junta en comento." (Novena �poca. Instancia: Tribunal Colegiado [actual Primero] del Vig�simo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: III, mayo de 1996. Tesis: XX.44 L. P�gina: 649).

La ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en sesi�n del d�a diez de julio de mil novecientos noventa y siete, en el juicio de amparo directo 749/96, promovido por Marina de Nuevo Guaymas, Sociedad An�nima de Capital Variable, en la que resolvi�, en lo conducente:

QUINTO

.. Ahora bien, en el primero de los conceptos de violaci�n alega la quejosa, en s�ntesis, la violaci�n al procedimiento incurrida por la Junta responsable en el auto admisorio de la demanda de siete de febrero de mil novecientos noventa y seis, en virtud de que, sostiene, no aparece suscrito por el representante obrero, concepto de violaci�n que resulta infundado, pues con total independencia de cualesquiera otra consideraci�n, debe decirse que si bien es cierto que por regla general las actuaciones de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje deben llevarse a cabo en forma colegiada y firmarse por la totalidad de los miembros integrantes de la misma, empero, dicha regla general admite la excepci�n contenida en el art�culo 620, fracci�n II, inciso a), �ltimo p�rrafo, de la Ley Federal del Trabajo, conforme al cual, en la tramitaci�n de los conflictos laborales si no est� presente ninguno de los representantes, el presidente o el auxiliar se encuentran facultados para dictar las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen sobre personalidad, competencia, aceptaci�n de pruebas, desistimiento de la acci�n por inactividad procesal o se trate de sustituci�n patronal. Por tanto, deviene incuestionable concluir que el auto admisorio de la demanda no requiere encontrarse firmado por todos los integrantes de la Junta, bastando �nicamente que se encuentre suscrito por el presidente o, en su caso, por el auxiliar para que goce de plena validez. En esta tesitura, si el prove�do admisorio de la demanda emitido el siete de febrero de mil novecientos noventa y seis, como en forma expresa lo reconoce la quejosa, aparece suscrito por el presidente de la Junta responsable, ello es suficiente para que el mismo tenga eficacia jur�dica y, como consecuencia de ello, que no exista la violaci�n del procedimiento delatada derivada de la falta de firma del representante obrero, por tratarse de un auto que no requiere para su validez de la firma de la totalidad de los integrantes de la Junta responsable, sino �nicamente de la de su presidente. Es de invocarse en este punto, por resultar exactamente aplicable al caso, la jurisprudencia n�mero 8/95, sentada por la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis n�mero 18/94, cuyos rubro y texto fueron aprobados en sesi�n privada de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cinco, mismos que son del tenor literal siguiente: 'DEMANDA LABORAL. EL AUTO ADMISORIO PUEDE SER DICTADO V�LIDAMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE O POR EL AUXILIAR.' (se transcribe). Establecido lo anterior, procede examinar ahora el segundo y el tercero de los conceptos de violaci�n en los cuales se viene haciendo valer, en s�ntesis, la violaci�n al procedimiento que dice la quejosa haber incurrido la Junta responsable en el auto de siete de febrero de mil novecientos noventa y seis, as� como en el diverso auto de cuatro de marzo de ese mismo a�o, mediante los cuales, en el primero se reconoci� la personalidad jur�dica de los apoderados de la parte actora y en el segundo se admitieron las probanzas de la parte actora, violaci�n procesal que se hace consistir en el hecho de que ambos prove�dos no fueron firmados por la mayor�a o por la totalidad de los miembros integrantes del tribunal responsable, sino �nicamente por el presidente, el secretario y el representante del capital, faltando la firma del representante obrero. Los argumentos rese�ados con antelaci�n resultan infundados de conformidad con las razones que enseguida se indican. El art�culo 620, fracci�n II, inciso a), de la Ley Federal del Trabajo, dice: (se transcribe). De la transcripci�n anterior se advierte la existencia de tres hip�tesis para la validez jur�dica de los actos del procedimiento laboral relativos a la tramitaci�n de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jur�dica, a saber: A) La primera de ellas es que bastar� la presencia del presidente o del auxiliar, quien llevar� adelante la audiencia hasta su terminaci�n; B) La segunda de tales reglas es que si est�n presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones se tomar�n por mayor�a de votos; y, por �ltimo, C) La tercera es que si no est� presente ninguno de los representantes, el presidente o el auxiliar dictar� las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen sobre personalidad, competencia, aceptaci�n de pruebas, desistimiento de la acci�n por inactividad procesal y sustituci�n patronal, caso en el cual el presidente acordar� citar a los representantes a una audiencia para la resoluci�n de tales cuestiones, y si ninguno concurre, �ste dictar� la resoluci�n que proceda. Ahora bien, toda vez que en los conceptos de violaci�n que se atienden la quejosa reconoce que los autos de que se trata aparecen suscritos tanto por el secretario de la Junta responsable como por el presidente y el representante del capital, luego entonces, dichas resoluciones tienen eficacia jur�dica en virtud de estar emitidos de conformidad con la segunda regla prevista en el segundo p�rrafo del art�culo 620, fracci�n II, inciso a), de la ley laboral, transcrito con anterioridad, conforme al cual si est�n presentes uno o varios de los representantes las resoluciones se tomar�n por mayor�a de votos, sin que resulte indispensable para su validez jur�dica que se cite a los ausentes, pues dicho supuesto constituye una regla diversa, misma que �nicamente procede cuando no est� presente ninguno de los representantes, hip�tesis que no se actualiza en el caso, si se considera que, en los propios t�rminos en que fueron planteados los motivos de impugnaci�n en examen, la quejosa reconoce que los prove�dos cuestionados aparecen firmados tanto por el secretario como por el presidente y el representante del capital, conform�ndose as� la mayor�a necesaria para la validez jur�dica de tales resoluciones, de conformidad con la segunda regla prevista en el segundo p�rrafo del inciso a), fracci�n II, del art�culo 620, de la codificaci�n en cita; de ah� que no exista transgresi�n alguna a las leyes del procedimiento como infundadamente lo alega la quejosa en su demanda ..."

De lo antes considerado se origin� la tesis aislada cuyos rubro, texto y datos de identificaci�n son del siguiente tenor:

JUNTAS. TRAMITACI�N DE LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE NATURALEZA JUR�DICA. VALIDEZ DE SUS RESOLUCIONES. De la correcta intelecci�n del art�culo 620, fracci�n II, inciso a), de la Ley Federal del Trabajo, se advierte la existencia de tres reglas para la validez jur�dica de los actos del procedimiento laboral relativos a la tramitaci�n de los conflictos individuales y de los conflictos colectivos de naturaleza jur�dica, a saber:

  1. Bastar� la presencia del presidente o del auxiliar, quien llevar� adelante la audiencia hasta su terminaci�n; B) Si est�n presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones se tomar�n por mayor�a de votos, y C) Si no est� presente ninguno de los representantes, el presidente o el auxiliar dictar� las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen sobre personalidad, competencia, aceptaci�n de pruebas, desistimiento de la acci�n por inactividad procesal y sustituci�n patronal, caso en el cual el presidente acordar� citar a los representantes a una audiencia para la resoluci�n de tales cuestiones, y si ninguno concurre, �ste dictar� la resoluci�n que proceda. Ahora bien, cuando se cuestiona la validez de autos que aparecen suscritos por el secretario de la Junta responsable, por el presidente y por el representante del capital o el del trabajo, es claro que tales acuerdos tienen validez jur�dica en virtud de ajustarse a la segunda regla prevista en el segundo p�rrafo del art�culo 620, fracci�n II, inciso a), de la ley laboral, conforme a la cual, si est�n presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones se tomar�n por mayor�a de votos, sin que resulte indispensable que se cite a los ausentes, pues dicho supuesto constituye una regla diversa cuya aplicaci�n �nicamente procede cuando no est� presente ninguno de los representantes." (Novena �poca. Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: IX, marzo de 1999. Tesis: V.1o.14 L. P�gina: 1416).

  1. En un tercer aspecto, la supuesta contradicci�n de tesis se relaciona con el criterio sustentado por los siguientes Tribunales Colegiados.

El entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, actualmente Primero de la misma materia y circuito, al resolver el juicio de amparo directo 186/98, promovido por ... en sesi�n de treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, en cuanto consider�, en lo conducente:

QUINTO

Es sustancialmente fundado el concepto de violaci�n invocado por la quejosa en su demanda de garant�as. En efecto, como antecedentes de la resoluci�n que constituye el acto reclamado se advierte, en lo sustancial, lo siguiente: El diecis�is de junio de mil novecientos noventa y siete, el director general de Responsabilidades y S.�n P. de la Secretar�a de la Contralor�a del Estado de M�xico emiti� la resoluci�n n�mero SC/DGRSP/DR/728/97, por medio de la cual se declar� responsabilidad administrativa resarcitoria, entre otros, a ... en su car�cter de jefa de Regulaci�n Sanitaria del Instituto de Salud del Estado de M�xico, J.�n C.�n I.. Inconforme con tal resoluci�n la mencionada compareci� ante la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de M�xico a demandar su invalidez. Admitida a tr�mite la demanda se registr� con el expediente n�mero 652/97, el cual finalmente fue acumulado al diverso 629/97 para efectos de resoluci�n, la que fue emitida el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por la que se resolvi� declarar la validez de aquella resoluci�n impugnada, al estimar la Sala juzgadora la existencia de la responsabilidad administrativa de, entre otros, la actora como servidor p�blico con cargo de jefa de Regulaci�n Sanitaria, toda vez que resolvieron motu proprio modificar las distintas sanciones, que mediante resoluci�n administrativa se hab�an impuesto, sin contar con facultades expresas para tal efecto, lo que trajo consigo el da�o al erario p�blico al Municipio o Estado, por dejar de percibir en su totalidad las cantidades que se establecieran por concepto de multas o sanciones econ�micas. No estando conformes con lo resuelto los propios actores, indistintamente, interpusieron recurso de revisi�n ante la Primera Secci�n de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de M�xico, entre ellos, la citada ... donde se radicaron los tocas n�meros 991/97, 992/97, 993/97 y 1011/97, los cuales finalmente fueron acumulados al primero para efectos de resoluci�n, la que fue emitida el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, resolvi�ndose confirmar la sentencia recurrida en cuanto hace a la se�alada actora e inconforme ... En contra de lo anterior, la se�alada involucrada interpuso el presente juicio de amparo, materia de resoluci�n en esta ejecutoria, en cuya demanda de garant�as, en la parte sustancial de su �nico concepto de violaci�n, aduce: la violaci�n a lo dispuesto en el art�culo 273, fracci�n VI, del C�digo de Procedimientos Administrativos del Estado de M�xico, al no haber efectuado la Sala responsable un an�lisis oficioso en favor de la quejosa del procedimiento administrativo, dentro del cual se advierte con di�fana claridad la violaci�n a la garant�a de audiencia prevista por el art�culo 14 constitucional, pues si bien no hizo valer en sus agravios de forma expresa tal violaci�n, la responsable lo debi� analizar con base en la facultad conferida por el precepto primeramente se�alado, y al no hacerlo viola la garant�a de legalidad; violaci�n que se deduce de la diligencia del desahogo de la garant�a de audiencia dentro del expediente administrativo formado contra la amparista, ya que la misma fue desahogada ante la presencia de la pasante en derecho ... en su car�cter de auditor 'A' del �rgano de control interno del Instituto de Salud del Estado de M�xico, servidora p�blica que no acredit� tener las facultades o competencia para ello, circunstancia que no tom� en cuenta la responsable para que, en suplencia de sus agravios, decretara la invalidez de la resoluci�n impugnada, no obstante que tal hecho s� lo advirti�, pues as� lo estiman al declarar la invalidez de la resoluci�n administrativa resarcitoria impugnada, por lo que hizo a ... no as� por lo que hace a la ahora quejosa, no obstante estar en las mismas circunstancias de aqu�llos. Ahora bien, el argumento que como concepto de violaci�n expresa la quejosa es esencialmente fundado para otorgar la protecci�n constitucional solicitada. En efecto, como presupuestos procesales, entre otros, exige nuestra Carta Magna que todo acto de molestia debe provenir de autoridad competente, pues de no ser as� se estar�a contraviniendo tal garant�a de legalidad consagrada en el art�culo 16 constitucional. Bajo este contexto, si de la lectura de la resoluci�n reclamada se acredita que la Sala responsable advirti� que quien intervino en el desahogo de la garant�a de audiencia de la aqu� quejosa y otros, en los expedientes administrativos y dem�s actuaciones, fue la pasante en derecho ... quien carec�a de facultades o competencia para hacerlo, es evidente que la aludida Sala responsable debi�, en favor de la hoy amparista, suplir la deficiencia de sus agravios, tal como lo impone el art�culo 273, fracci�n VI, del C�digo de Procedimientos Administrativos del Estado de M�xico, pues se estaba en un caso que as� lo requer�a al advertir la transgresi�n a ese presupuesto procesal fundamental. En estas condiciones, ante lo fundado del concepto de violaci�n en estudio, procede conceder el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resoluci�n reclamada, �nicamente por cuanto hace a la ahora quejosa y dicte una nueva en la que, atendiendo a los lineamientos de esta ejecutoria, supla la deficiencia de los agravios de la aqu� amparista, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 273, fracci�n VI, del C�digo de Procedimientos Administrativos del Estado de M�xico."

De lo considerado en la ejecutoria de m�rito se origin� la tesis aislada, cuyos rubro, texto y datos de localizaci�n son los que a continuaci�n se precisan:

GARANT�A DE AUDIENCIA. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CUANDO ES DESAHOGADA POR SERVIDOR P�BLICO INCOMPETENTE (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE M�XICO). El art�culo 273, fracci�n VI, del C�digo de Procedimientos Administrativos del Estado de M�xico, ordena que en las sentencias dictadas por las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se supla la deficiencia de la queja del particular. Luego, si en un procedimiento administrativo hay evidencia de que la garant�a de audiencia fue desahogada por un funcionario p�blico carente de facultades o delegaci�n para ello, se surte plenamente la hip�tesis de aplicaci�n oficiosa del citado precepto, por tratarse de una transgresi�n a un presupuesto procesal fundamental ordenado por el art�culo 14 constitucional, partiendo de que esta garant�a individual lleva impl�cito que el derecho de audiencia debe ser prove�do por una autoridad competente, por tratarse de una formalidad esencial del procedimiento." (Novena �poca. Instancia: Tribunal Colegiado [actualmente Primero] en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: VIII, octubre de 1998. Tesis: II.A.47 A. P�gina: 1153).

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver en sesi�n de treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y seis el juicio de amparo directo 953/86, promovido por Constructora Alo, Sociedad An�nima, en lo conducente, determin�:

QUINTO

En el cap�tulo de 'acto reclamado' la quejosa �nicamente se�al� la sentencia pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federaci�n al resolver el recurso de revisi�n propuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social en contra de la sentencia dictada por una Sala Regional del mismo tribunal. Sin embargo, del examen del primer concepto de violaci�n aparece que la quejosa aduce en �l motivos de inconformidad en contra de la sentencia de la Sala Regional en la parte que no fue materia de revisi�n ante la Sala Superior, concretamente, en lo que respecta al considerando segundo del fallo en donde se declar� infundado su cuarto agravio. As� las cosas y atento el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis visible en la p�gina 259, del Informe de Labores de 1971, bajo el rubro: 'ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL.', debe tenerse tambi�n como acto reclamado en este juicio de garant�as la sentencia pronunciada en la primera instancia del juicio fiscal ... SEXTO. En el segundo concepto de violaci�n la quejosa hace valer la incompetencia de la autoridad emisora, misma que es de estudio preferente respecto de los dem�s conceptos, ya que de resultar fundada har�a innecesario estudiar los restantes. Afirma la demandante que cuando la Sala resolvi� que el tesorero general del instituto s� ten�a facultades para emitir las c�dulas conforme, primero, al acuerdo 143-103 de 25 de enero de 1965 del consejo t�cnico del instituto y, despu�s, al reglamento por el que se determinan las atribuciones de diversas dependencias del instituto, viol� lo preceptuado por los art�culos 16 y 133 de la Constituci�n General de la Rep�blica, puesto que ni un acuerdo del consejo t�cnico, ni tampoco un reglamento del Ejecutivo Federal pueden crear �rganos con funciones de autoridades no contempladas previamente por una ley emanada del Congreso, ni menos aun otorgarles facultades, seg�n han sostenido los tribunales en las tesis que transcribe en su demanda; agrega, adem�s, que aun en el supuesto de que el reglamento fuera bastante para estimar competente a la autoridad, sus disposiciones no podr�an aplicarse al caso concreto, puesto que si bien las c�dulas carecen de su fecha de expedici�n, �stas se refieren a los bimestres 4o. y 5o. del a�o de 1982 y fueron emitidas con anterioridad a la vigencia del citado reglamento, seg�n se desprende de la circunstancia de que �stas se apoyan en acuerdos del consejo t�cnico de fecha 29 de diciembre de 1982 y 24 de octubre del mismo a�o, ambos anteriores a la publicaci�n del reglamento. Este tribunal no se encuentra en aptitud de pronunciarse sobre la existencia legal y la competencia de la autoridad administrativa emisora de las liquidaciones, ya que ellas carecen de la fecha exacta de su emisi�n -dato indispensable para elegir el ordenamiento vigente entonces- y tampoco se citan en ellas los preceptos en que fund� la autoridad sus atribuciones para expedirlas. En efecto, una vez realizado el examen pormenorizado de las documentales agregadas a fojas 28 a 30 del expediente fiscal, este tribunal llega a la conclusi�n de que las resoluciones liquidatorias no contienen la fecha precisa de su expedici�n, ni tampoco indicio alguno que permita deducirla con certeza. Desde luego, no es atendible la apreciaci�n de la quejosa de que deben entenderse formuladas bajo la vigencia del acuerdo del consejo t�cnico (antes del d�a diecis�is de abril de mil novecientos ochenta y tres), pues la circunstancia de que las autoridades fiscales cuenten con un plazo de cinco a�os para ejercer sus facultades de determinaci�n de obligaciones tributarias, hace dudar fundadamente que las resoluciones se hayan pronunciado y suscrito inmediatamente despu�s del periodo de su causaci�n (4o. y 5o. bimestres de 1982) y de los acuerdos del consejo t�cnico que les dieron origen (mismos que al parecer decretaron la insubsistencia de unas c�dulas anteriores). Asimismo, conviene aclarar que el ordenamiento aplicable en la especie no podr�a descubrirse tomando en consideraci�n la fecha de notificaci�n de las c�dulas, treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, puesto que la competencia de la autoridad se rige por las normas legales vigentes al momento de suscribir el documento en que consta la liquidaci�n, dado que entonces es cuando nace el acto, y no por las disposiciones aplicables al momento de practicarse su notificaci�n. Por otra parte, tampoco es posible conocer el ordenamiento regulador de la existencia o competencia de la autoridad ya que, adem�s de carecer de la fecha de emisi�n, las c�dulas no contienen la cita de los fundamentos legales que otorgan competencia al tesorero general del instituto para formular las liquidaciones materia de juicio. Sin embargo, precisamente tal ausencia de preceptos legales que funden la competencia de la autoridad constituye, a juicio de este tribunal, una violaci�n manifiesta cometida en contra de la quejosa que la dej� sin defensa, situaci�n que amerita la suplencia de la queja en t�rminos del art�culo 76 Bis, fracci�n VI, de la Ley de A., seg�n se pasa a demostrar. Cuando el art�culo 16 constitucional prescribe que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino mediante mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, est� consagrando dos garant�as individuales: la de competencia y la de fundamentaci�n y motivaci�n. La garant�a de competencia prescribe que una autoridad s�lo puede actuar en determinado sentido si existe una norma jur�dica que la autorice para conducirse as�. La garant�a de fundamentaci�n y motivaci�n reviste dos aspectos: el formal, por cuanto exige que en el documento en donde se contenga el acto de molestia conste una exposici�n de las circunstancias de hecho y las normas o principios de derecho que condujeron a la autoridad a inferir el acto de molestia; y el material, por cuanto exige que las circunstancias de hecho, siendo ciertas, encuadren en las hip�tesis de los preceptos invocados conforme su recta interpretaci�n. Ahora bien, la circunstancia de que tanto la doctrina como la jurisprudencia hayan dado un tratamiento independiente a cada una de estas garant�as, la de competencia y la de fundamentaci�n y motivaci�n, no significa en modo alguno que sean ajenas entre s� o se excluyan en su aplicaci�n a favor de un gobernado a quien se ha inferido un acto de molestia. Por el contrario, precisamente, gracias a su interpretaci�n conjunta pueden alcanzarse efectivamente los prop�sitos perseguidos por el Constituyente al plasmarlas como garant�a del rango constitucional. En efecto, si al regular el acto de molestia el art�culo 16 constitucional exige, por una parte, la existencia de un precepto de derecho que faculte a la autoridad para realizar el acto (competencia) y, por otra parte, la cita de todos los hechos y preceptos de derecho que originen el acto (motivaci�n y fundamentaci�n), es de concluirse entonces que dentro de esta cita de preceptos debe incluirse concretamente aquel que d� facultades a la autoridad, puesto que precisamente la competencia es el primer presupuesto y punto de partida para la emisi�n del acto de molestia, lo que significa sencillamente que tambi�n la competencia debe estar fundada en el mandamiento de autoridad. Para aceptar esta conclusi�n, bastar�a considerar que tanto la competencia como la fundamentaci�n y motivaci�n se consagraron por el Constituyente con un solo objetivo com�n: brindar seguridad jur�dica al gobernado frente a la actuaci�n de los �rganos de autoridad, poniendo a su alcance todos los medios necesarios para la defensa de sus intereses; en este orden de ideas, de admitir un criterio distinto, eximiendo a la autoridad del deber de fundar su competencia, equivaldr�a a privar al particular de la aptitud enteramente leg�tima de conocer al menos la norma legal que permite a la autoridad molestarlo en su esfera jur�dica y, en su caso, de controvertirla si no se encuentra ajustada a derecho. Similar criterio ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis visible en el Informe de Labores correspondiente al a�o de 1982, p�ginas noventa y cuatro y noventa y cinco, de la Segunda Parte, que a la letra dice: 'COMPETENCIA. FUNDAMENTACI�N DE LA.' (se transcribe). As� las cosas, si en la especie el tesorero general del instituto no fund� su competencia en las c�dulas de cuotas obrero-patronales para determinar a cargo de la quejosa diversos cr�ditos fiscales, es evidente que en ejercicio de la facultad conferida por el art�culo 76 Bis, fracci�n IV, de la Ley de Amparo debe reputarse inconstitucional el acto reclamado y concederse en su contra la protecci�n federal, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente su fallo y dicte otro en su lugar, de conformidad con los lineamientos expuestos en esta ejecutoria."

Las anteriores consideraciones originaron la emisi�n de la tesis aislada que a continuaci�n de precisa:

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EMISORA DE UNA RESOLUCI�N. DEBE FUNDARSE EN EL CUERPO MISMO DEL DOCUMENTO. Cuando el art�culo 16 constitucional prescribe que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino mediante mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causal legal del procedimiento, est� consagrando dos garant�as individuales: la de competencia y la de fundamentaci�n y motivaci�n. La garant�a de competencia prescribe que una autoridad s�lo puede actuar en determinado sentido si existe una norma jur�dica que la autorice para conducirse as�. La garant�a de fundamentaci�n y motivaci�n reviste dos aspectos: el formal, por cuanto exige que en el documento en donde se contenga el acto de molestia conste una exposici�n de las circunstancias de hecho y las normas o principios de derecho que condujeron a la autoridad a inferir el acto de molestia; y el material, por cuanto exige que las circunstancias de hecho, siendo ciertas, encuadren en las hip�tesis de los preceptos invocados conforme su recta interpretaci�n. Ahora bien, la circunstancia de que tanto la doctrina como la jurisprudencia hayan dado un tratamiento independientemente a cada una de estas garant�as, la de competencia y la de fundamentaci�n y motivaci�n, no significa en modo alguno que sean ajenas entre s�, o se excluyan en su aplicaci�n en favor de un gobernado a quien se ha inferido un acto de molestia. Por el contrario, precisamente gracias a su interpretaci�n conjunta pueden alcanzarse efectivamente los prop�sitos perseguidos por el Constituyente al plasmarlas como garant�as de rango constitucional. En efecto, si al regular el acto de molestia el art�culo 16 constitucional exige, por una parte, la existencia de un precepto de derecho que faculte a la autoridad para realizar el acto (competencia) y, por otra parte, la cita de todos los hechos y preceptos de derecho que originen el acto (motivaci�n y fundamentaci�n), es de concluirse entonces que dentro de esta cita de preceptos debe incluirse concretamente aquel que d� facultades a la autoridad, puesto que precisamente la competencia es el primer presupuesto y punto de partida para la emisi�n del acto de molestia, lo que significa sencillamente que tambi�n la competencia debe estar fundada en el mandamiento de autoridad. Para aceptar esta conclusi�n, bastar�a considerar que tanto la competencia como la fundamentaci�n y motivaci�n se consagraron por el Constituyente con un solo objetivo com�n: brindar seguridad jur�dica al gobernado frente a la actuaci�n de los �rganos del Estado, poniendo a su alcance todos los medios necesarios para la defensa de sus intereses; en ese orden de ideas, de admitir un criterio distinto, eximiendo a la autoridad del deber de fundar su competencia, equivaldr�a a privar al particular de la aptitud enteramente leg�tima de conocer al menos la norma legal que permite a la autoridad molestarlo en su esfera jur�dica y en su caso, de controvertir su actuaci�n si no se halla ajustada a derecho." (S�ptima �poca. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Vol�menes: 205-216, Sexta Parte. P�gina: 112).

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo 154/96, promovido por ... y otra, en sesi�n de veintid�s de marzo de mil novecientos noventa y seis, en lo conducente, sostuvo:

SEXTO

Dada la �ntima vinculaci�n de los conceptos de violaci�n, su an�lisis ser� realizado en forma conjunta en obvio de repeticiones in�tiles. Son sustancialmente fundados los conceptos de violaci�n expresados por la quejosa como a continuaci�n se demostrar�. El art�culo 14 constitucional establece lo siguiente: (se transcribe). Por su parte, el art�culo 2482 del C�digo Civil para el Distrito Federal establece: (se transcribe). Mediante decreto publicado el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres en el Diario Oficial de la Federaci�n, fueron reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones del C�digo Civil y del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, entre otras, el t�tulo decimosexto bis del c�digo procesal indicado, relativo a las controversias en materia de arrendamiento inmobiliario. En diverso decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintitr�s de septiembre de mil novecientos noventa y tres, fueron reformados los art�culos transitorios del decreto mencionado en el p�rrafo anterior, en los t�rminos siguientes: (se transcribe). De las constancias integrantes del juicio de controversia de arrendamiento, expediente n�mero 771/95, origen del acto reclamado, las cuales merecen pleno valor probatorio, de conformidad con los art�culos 129 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, se desprenden los datos siguientes: (se detallan). Por otro lado, de las constancias integrantes del toca n�mero 4443/95, se desprende lo siguiente: 1. Que en el primer agravio de la alzada la parte demandada manifest� lo siguiente: (se transcribe). 2. La Sala responsable en la sentencia reclamada consider� infundado el primer agravio de la alzada, pues el recurrente omiti� se�alar el perjuicio que le irrogaba que el juicio se hubiese tramitado conforme a las nuevas reformas en materia arrendaticia, pues no bastaba que el juicio sea tramitado en v�a diferente, adem�s de que la Sala no advert�a que se le hubiera irrogado perjuicio alguno a la parte recurrente, puesto que la misma ofreci� pruebas y las desahog�. En primer t�rmino, se estima que la garant�a de debido proceso legal consagrada en el art�culo 14 constitucional, en la parte relativa a que los juicios deben llevarse a cabo ante autoridad competente, cumpliendo con 'las formalidades esenciales del procedimiento', implica necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracci�n a la garant�a de que se trata. En el caso concreto, de la relaci�n de antecedentes hecha con anterioridad, es evidente que el destino de la localidad arrendada, pactado entre la arrendadora y el arrendatario ... respecto de la localidad materia de la contrataci�n, fue el de habitaci�n; asimismo, se advierte que el pacto arrendaticio fue celebrado el primero de septiembre de mil novecientos noventa y uno; de tal suerte que las normas procesales aplicables al caso concreto resultaban ser las anteriores a la reforma de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, conforme a los art�culos transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintitr�s de septiembre de mil novecientos noventa y tres. En efecto, de conformidad con el art�culo 2o. transitorio del decreto mencionado con antelaci�n, es evidente que las �ltimas reformas al procedimiento para controversias del orden del arrendamiento inmobiliario, s�lo son aplicables para inmuebles que al diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres no se encuentren arrendados, o si se encontraban arrendados a la fecha indicada que su uso fuera distinto al habitacional, esto es, cuando se trate de comercios, supuestos en los que no encuadra el caso concreto, pues se reitera que el inmueble arrendado fue para uso habitacional y con anterioridad a las reformas precitadas; luego, la tramitaci�n realizada por el a quo conforme al procedimiento previsto en las reformas del veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, por s� sola transgrede en perjuicio del quejoso el art�culo 14 constitucional ... Ahora bien, contrario a lo estimado por la Sala responsable, es evidente, del primer agravio de la alzada expuesto por la parte recurrente, ahora quejosa, que �sta s� expuso el perjuicio ocasionado con el tr�mite del procedimiento a la luz de las reformas multicitadas pues, como ya se dijo, el solo tr�mite conforme a dispositivos legales inaplicables al caso concreto deviene conculcatorio de la garant�a individual de la quejosa consagrada en el art�culo 14 constitucional, al ser �sta enjuiciada conforme a normas procesales que no le eran aplicables, independientemente de que haya tenido oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, ya que de conformidad con el numeral invocado, la quejosa debi� ser enjuiciada respetando las formalidades esenciales del procedimiento exactamente aplicables al supuesto espec�fico ... En consecuencia, habiendo resultado sustancialmente fundados los conceptos de violaci�n procede conceder a la parte quejosa el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal, a efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el fallo reclamado y emita otro, en el que a la luz de los agravios expuestos considere improcedente la v�a intentada con base en las disposiciones legales del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, reformadas mediante decreto de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres y, en consecuencia, deje a salvo los derechos de la parte actora para que las haga valer en la v�a id�nea y conforme a las disposiciones aplicables al caso."

De las anteriores consideraciones que sustentan el sentido de la ejecutoria de m�rito, se origin� la siguiente tesis aislada:

GARANT�A DE DEBIDO PROCESO LEGAL CONTENIDA EN EL ART�CULO 14 CONSTITUCIONAL. DEFINICI�N. La garant�a de debido proceso legal consagrada en el art�culo 14 constitucional, en la parte relativa a que los juicios deben llevarse a cabo ante autoridad competente, cumpliendo con '... las formalidades esenciales del procedimiento ...' implica necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracci�n a la garant�a de que se trata." (Novena �poca. Instancia: Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: III, junio de 1996. Tesis: I.8o.C.13 K. P�gina: 845).

  1. Finalmente, la supuesta contradicci�n de tesis se relaciona, en otro de sus aspectos, con el criterio sustentado por los siguientes Tribunales Colegiados de Circuito.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, al resolver el juicio de amparo directo 344/91, promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cartonera, P. y Similares del Estado de M�xico, en sesi�n de cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno, en cuya ejecutoria determin�, en lo conducente:

CUARTO

Procede desestimar las argumentaciones que se aducen a manera de conceptos de violaci�n con los n�meros uno, dos y tres, por cuanto a que el quejoso no cita precepto legal alguno de la Ley Federal del Trabajo que estime haya sido infringido por la Junta se�alada como responsable, en relaci�n directa e inmediata con las garant�as consagradas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que dice violados, de manera tal que se ponga de manifiesto ante la autoridad federal que el acto reclamado ha sido dictado en contravenci�n a los art�culos de la ley ordinaria que se estime vulnerada en vinculaci�n directa e inmediata con los derechos fundamentales o garant�as infringidas, puesto que el concepto de violaci�n debe ser la relaci�n razonada que establezca el quejoso entre los actos emitidos por las autoridades y los derechos fundamentales que estime violados, demostrando jur�dicamente la contravenci�n de esos actos emitidos por la responsable, como lo exige el art�culo 166, fracci�n VII, de la Ley de Amparo. Sin que para ello obste el hecho de que el quejoso en su demanda de garant�as invoque en su favor la suplencia de la queja, porque tal beneficio contemplado en la fracci�n IV del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, s�lo es aplicable cuando la parte quejosa lo es el trabajador como persona f�sica, y no as�, cuando el quejoso lo es un sindicato obrero, porque �stos representan una asociaci�n de trabajadores y respecto de ellos no es dable suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n, cuando su contraparte es otro sindicato. Es inoperante el cuarto concepto de violaci�n que se hace consistir en la infracci�n a los art�culos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, al otorgar la Junta validez al voto de la trabajadora ... no obstante que del informe rendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social aparece haber sido dada de baja en fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa, o sea, un d�a antes del recuento ... Por tanto, si el quejoso pretende que se le niegue validez al voto de la trabajadora ... por advertirse del informe del Instituto Mexicano del Seguro Social que fue dada de baja un d�a antes de la prueba de recuento, sin que para el efecto exprese consideraci�n alguna de manera l�gica ni jur�dica mediante la cual combata la argumentaci�n hecha por la Junta, en el sentido de haber sido improcedentes las objeciones realizadas en el incidente respectivo, por haber transcurrido el momento procesal oportuno, a pesar de que la objeci�n hecha al voto de ... se realiz� precisamente en ese momento; ello denota con toda claridad que el quejoso no combate los argumentos expresados por la Junta como sustento de su laudo, lo que denota la inoperancia del concepto de violaci�n; al respecto resulta aplicable la tesis jurisprudencial n�mero 39 del Ap�ndice de 1917 a 1985, C.S., que dice: 'CONCEPTOS DE VIOLACI�N INOPERANTES.' (se transcribe). Habiendo resultado insuficientes el primero, segundo y tercer conceptos de violaci�n, e inoperante el cuarto concepto de violaci�n, y no siendo dable suplir la deficiencia de los mismos en t�rminos de la fracci�n IV del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, por no ser la parte trabajadora quien ocurre al juicio de garant�as, sino una organizaci�n sindical, procede sobreseer en el juicio de garant�as en t�rminos del art�culo 166, fracci�n VII, de la Ley de Amparo, en relaci�n con el art�culo 73, fracci�n XVIII y el art�culo 74, fracci�n III, ambos del mismo ordenamiento legal."

Con base en las consideraciones precedentes se origin� la tesis aislada que lleva por rubro, texto y datos de localizaci�n los siguientes:

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. NO PROCEDE CUANDO LA CONTROVERSIA SURGE ENTRE SINDICATOS. No es dable suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n de conformidad con la fracci�n IV del art�culo 76 Bis, de la Ley de Amparo, cuando la controversia surge entre sindicatos que representan una asociaci�n de trabajadores, por no ser la parte trabajadora la que ocurre al juicio de garant�as sino una organizaci�n sindical, pues s�lo es aplicable la suplencia cuando la parte quejosa lo es el trabajador como persona f�sica." (Octava �poca. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado [actualmente Primero en Materia Civil] del Segundo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: VIII, septiembre de 1991. P�gina: 201).

El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, anterior Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver los juicios de amparo directo 81/93 y 361/95, as� como los amparos en revisi�n 71/91, 67/92 y 103/95, esencialmente sostuvo las mismas consideraciones; sin embargo, es conveniente transcribirlas, en lo conducente, para conocer los casos en que las mismas se sustentaron.

Amparo en revisi�n 71/91.

Quejoso: ...

Sesi�n de veintid�s de noviembre de mil novecientos noventa y uno.

SEXTO

.. En otro orden de ideas, insuficiente deviene lo alegado en torno a que el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, incorrectamente desestim� la causal de improcedencia prevista por la fracci�n XIII del art�culo 73 de la legislaci�n de amparo, toda vez que la parte recurrente no ataca cabalmente los fundamentos y consideraciones legales en que se apoy� el resolutor para llegar a esa consideraci�n. Efectivamente, el motivo de inconformidad que se analiza se debe conceptuar como ineficaz por cuanto que, con las alegaciones que se introducen en el mismo, no se atacan cabal y concretamente la totalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido por lo que hace al t�pico aqu� examinado, lo que bien puede constatarse despu�s de compaginar los argumentos de queja con la decisi�n cuestionada, ya que al respecto se sostiene en la resoluci�n recurrida que los argumentos rese�ados al efecto por la parte disconforme para sostener la existencia de la causal de improcedencia que se menciona, parten de una premisa falsa consistente en que el acto reclamado lo constituye la orden de toma de nota girada por el Pleno de la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje, respecto de la elecci�n de los terceros perjudicados recurrentes como representantes del Sindicato �nico de Trabajadores Automovilistas de J.F.A., no obstante que el acuerdo reclamado consisti� en el auto de fecha veintiocho de enero de mil novecientos noventa y uno, dictado por el presidente de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado y su ejecuci�n por parte del encargado del archivo de la Junta laboral; adem�s, tambi�n se adujo en la sentencia impugnada que en nada afecta al juicio constitucional el hecho de que se encuentre pendiente de resolver el juicio de garant�as a que hicieron referencia los terceros perjudicados (amparo 489/90 tramitado ante el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado), ya que los mismos reconocieron que son actos diversos los reclamados en ambos juicios de garant�as, pues en aqu�l se impugna la resoluci�n emitida por el Pleno de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de tres de agosto de mil novecientos noventa, en que se neg� a los quejosos la toma de nota del comit� sindical por ellos conformado; en tanto que en el juicio constitucional del que se deriva el recurso que ahora se resuelve se combate el acuerdo de veintiocho de enero del a�o en curso, emitido por el presidente de la Junta laboral del Estado, ordenando al archivo de ese �rgano colegiado tome nota del cambio del comit� directivo sindical integrado por los ahora terceros perjudicados (folio 167). En cambio, los disconformes con la sentencia constitucional recurrida, en su escrito de expresi�n de agravios solamente vuelven a insistir en que s� se actualiza la causal de improcedencia cuestionada, porque los peticionarios del amparo previamente a su demanda de garant�as debieron agotar como medio de defensa legal el juicio arbitral correspondiente para que se pudiera cancelar la toma de nota del comit� sindical que integran los mismos recurrentes; as� visto el aspecto del asunto en an�lisis, resulta inconcuso que los recurrentes dejaron de referirse a todos y cada uno de los fundamentos y consideraciones legales en que se apoy� el Juez de Distrito para resolver en la forma en que lo hizo, de ah� que tales razonamientos buenos o malos deben prevalecer y seguir rigiendo el sentido del aspecto examinado de la resoluci�n cuestionada, ya que no se est� en posibilidad leg�tima de suplir la deficiencia de los agravios por no tratarse en la especie del caso hipot�tico contemplado en el art�culo 76 Bis, fracci�n IV, de la Ley de A., si se tiene presente que quienes figuran tanto como quejosos como terceros perjudicados pretendidamente se ostentan, similar y antag�nicamente, como directivos de la misma agrupaci�n obrera y, por consiguiente, tanto agraviados como recurrentes discuten intereses intergremiales y no propiamente act�an en defensa de los derechos laborales individuales de alguno o algunos de los obreros que integran esa agrupaci�n. ... Por otra parte, lo que se alega en el sentido de que el acto reclamado �nica y exclusivamente afecta al sindicato, sustancialmente ya fue propuesto por los terceros perjudicados al formular alegatos y, posteriormente, en el fallo recurrido se desestimaron ... Es por ello que al haberse omitido agravio alguno del por qu� ese pretendido car�cter de secretario general, de organizaci�n y de actas de los quejosos ... respectivamente, los legitim� a impugnar el acto reclamado a trav�s de la v�a constitucional, tal razonamiento bueno o malo debe prevalecer y seguir rigiendo el sentido del fallo ... Visto el problema desde otra perspectiva, tambi�n insuficiente resulta el restante motivo de agravio que se endereza, propiamente en cuanto al fondo del asunto de que se trata ... por tanto, como ya se dijo, si en el motivo de queja no se combaten todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia reclamada, ya que al respecto �nicamente se aduce que el acto reclamado s� se haya fundado y motivado, el mismo debe ser considerado insuficiente, dado que aun cuando �stos fueran fundados, no ser�an suficientes para revocar la resoluci�n recurrida, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que a su vez no pueden ser estudiados, debiendo permanecer inc�lumes y, por ello, rigiendo el sentido del fallo recurrido, am�n de que, como ya se anot�, legalmente no es factible suplir la deficiencia de la queja por ser el comit� ejecutivo de un sindicato quien impugna la resoluci�n recurrida."

Amparo en revisi�n 67/92.

Quejoso: ...

Sesi�n de diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y tres.

QUINTO

.. Por �ltimo, es inoperante el motivo de desacuerdo que externan los impugnantes en relaci�n con la resoluci�n o acuerdo de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, mediante la cual se les neg� la toma de nota y de registro del comit� directivo presidido por ... electo, seg�n dicen, en sesi�n extraordinaria celebrada el quince de diciembre de mil novecientos noventa y uno, toda vez que los razonamientos que producen en su demanda de garant�as no se ocupan con propiedad de las consideraciones que sirvieron de sustento a dicha negativa, esto es, que se negaba la inscripci�n solicitada por los quejosos, porque hab�a ya registrado un diverso comit�, as� como porque los hoy recurrentes no exhibieron las actas correspondientes a la elecci�n del organismo cuyo registro pretendieron; as� es que ante la falta de expresi�n de un agravio jur�dico completo, puesto que sobre el particular s�lo reprodujeron en parte lo que hizo la Junta, pero sin dar razones tendientes a desvirtuar ese proceder, no es posible suplir la falta de aqu�llos en virtud de la prohibici�n contenida en el art�culo 76 Bis, fracci�n IV, de la Ley de A., que �nicamente faculta a suplir la ausencia o deficiencia de los conceptos de violaci�n o de agravios cuando se trata de la parte trabajadora, es decir, que como en esencia se dijo, no se est� en posibilidad leg�tima de suplir la deficiencia de los agravios por no tratarse en la especie del caso hipot�tico contemplado en el art�culo 76 Bis, fracci�n IV, de la Ley de A., si se tiene presente que quienes figuran tanto como quejosos como terceros perjudicados, pretendidamente se ostentan similar y antag�nicamente como directivos de la misma agrupaci�n obrera y, por consiguiente, tanto agraviados como recurrentes discuten intereses intergremiales y no propiamente act�an en defensa de los derechos laborales individuales de alguno o algunos de los obreros que integran esa agrupaci�n."

  1. directo 81/93.

Quejoso: Sindicato �nico de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima.

Sesi�n de veintis�is de agosto de mil novecientos noventa y tres.

TERCERO

El an�lisis de los conceptos de violaci�n anteriormente transcritos conduce a formular las siguientes consideraciones jur�dicas. El aspecto de la queja en cuya virtud se alega, en s�ntesis, que de manera ilegal la responsable al emitir el laudo cuestionado consider� que la parte actora, aqu� quejosa, no demostr� la procedencia de su acci�n ejercitada tendiente a lograr la cancelaci�n del registro de la agrupaci�n sindical demandada es infundado ... En relaci�n con la deficiente valoraci�n que se atribuye a la responsable respecto de la prueba testimonial ofrecida por la quejosa en la instancia natural ... debe decirse que la jurisdicente laboral neg� valor conviccional a las declaraciones de los citados ... en virtud de que los mismos resultan ser actores, entre otros, en el diverso juicio laboral 17/92, seguido en contra del codemandado administrador de la Comisi�n de Agua Potable, D. y Alcantarillado de Manzanillo, Colima (foja 235); es el caso de que dichos razonamientos no aparecen combatidos en los conceptos de violaci�n expresados, por lo que los mismos deben permanecer inc�lumes, sin que en la especie sea dable suplir la deficiencia de la queja en favor de la peticionaria, toda vez que no se est� en posibilidad leg�tima de suplir la deficiencia de la queja cuando sucede, como en la especie, que quienes figuran tanto como quejosos como terceros perjudicados, pretendidamente se ostentan, similar y antag�nicamente, como directivos o agremiados de agrupaciones obreras y discuten intereses intergremiales, sin que propiamente act�en en defensa de los derechos laborales individuales de alguno o de algunos de los obreros que integran esas agrupaciones ..."

  1. directo 361/95.

Quejosos: ...

Sesi�n de veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y seis.

TERCERO

El estudio de los conceptos de violaci�n hechos valer permite arribar a las siguientes consideraciones: ... Por otro lado, son inoperantes aquellos conceptos violatorios en los que los quejosos arguyen que con los documentos que exhibieron al cumplir el requerimiento que les hizo la autoridad responsable, consistentes en copias fotost�ticas certificadas de diversas resoluciones emitidas por el propio Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n, acreditaron la personer�a con que se ostentaron ... Lo inoperante de tales motivos de inconformidad estriba en que de la lectura de la resoluci�n reclamada se pone de relieve que el tribunal responsable para resolver la excepci�n de falta de personalidad opuesta en la forma en que lo hizo, entre otros razonamientos, extern� que era procedente dicha excepci�n en virtud de que los accionantes omitieron cumplir con los estatutos de sus respectivas organizaciones, pues de dichos estatutos se advert�a, adujo el tribunal, que la firma del secretario general deb�a ser autorizada y acompa�ada de la firma de otros miembros de la directiva sindical (cuyos cargos se indicaron en la interlocutoria reclamada), lo cual era indispensable para que los accionantes contaran con legitimaci�n activa. Ahora bien, como dichos razonamientos en que se funda la interlocutoria combatida no aparecen impugnados en forma alguna en los conceptos de violaci�n de que se trata, de ello resulta que los mismos devienen inoperantes ... ya que los razonamientos que se sintetizaron en l�neas atr�s, al no aparecer combatidos deben permanecer inc�lumes dando vida a la resoluci�n reclamada ... Sin que est� por dem�s dejar aclarado que no se est� en posibilidad leg�tima de suplir la deficiencia de la queja, puesto que, en la especie, se discuten intereses intergremiales sin que los quejosos propiamente act�en en defensa de los derechos laborales individuales de alguno o algunos de los trabajadores que integran esa agrupaci�n ..."

  1. en revisi�n 103/95.

Quejosos: ... y otros.

Sesi�n de veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis.

TERCERO

Los agravios propuestos permiten hacer las siguientes consideraciones: Son inoperantes los agravios propuestos por el sindicato recurrente ... Como se dec�a, el promovente del recurso que se decide omite impugnar los razonamientos que sustentan la sentencia del Juez de Distrito, en cuanto estim�: (se detalla la parte considerativa conducente); lo que pone de manifiesto, como se dijo, que el sindicato recurrente omite impugnar la consideraci�n toral en que descansa la sentencia que se revisa, de que el tribunal responsable cuestion� el fondo del asunto sin previo juicio, se entiende que para negar la admisi�n de la demanda laboral promovida por los quejosos en el amparo, lo que estim� el a quo que lesionaba la garant�a de audiencia de los peticionarios, de ah� que esa decisi�n del Juez de Distrito debe quedar subsistente y seguir rigiendo el sentido de la sentencia que se revisa, lo que hace que sean inoperantes los agravios esgrimidos por el recurrente y, como consecuencia, se impone confirmar el fallo sujeto a revisi�n ... sin que sea el caso de suplir la deficiencia de la queja por discutirse intereses intergremiales, como lo ha considerado este Tribunal Colegiado en el criterio sustentado al resolver los amparos directos 81/93 y 361/95, as� como las revisiones principales 71/91 y 67/92 ..."

De las consideraciones que sustentan las cinco ejecutorias de m�rito se origin� la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n los que a continuaci�n se indican:

SINDICATOS. CASO EN QUE NO OPERA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. POR DISCUTIRSE PROBLEMAS INTERNOS DE LOS. No se est� en posibilidad leg�tima de suplir la deficiencia de la queja cuando quienes figuran tanto como quejosos, como terceros perjudicados pretendidamente se ostentan, similar y antag�nicamente, como directivos o agremiados de la misma agrupaci�n obrera y discuten intereses intergremiales sin que propiamente act�en en defensa de los derechos laborales individuales de alguno o algunos de los obreros que integran esa agrupaci�n." (Novena �poca. Instancia: Tribunal Colegiado [actualmente Primero] en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: IV, julio de 1996. Tesis: III.T. J/11. P�gina: 350).

El actual Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, anterior Tribunal Colegiado del mismo circuito, al resolver el amparo en revisi�n 62/76 en sesi�n de siete de enero de mil novecientos setenta y siete, en lo conducente, sostuvo:

QUINTO

Son inoperantes sus conceptos de violaci�n por no atacar todos los fundamentos jur�dicos del acto reclamado, a m�s de que no tienen la necesaria estructura jur�dica para ser tomados en consideraci�n ... En efecto, los argumentos de la responsable que us� en el acto recurrido fueron: 'que de lo dispuesto en el art�culo 527, fracciones XVI y XVIII, de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que no se trata de una empresa administrada en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal ni una empresa que act�e en virtud de un contrato o concesi�n federal y que tampoco de acuerdo con los art�culos 1278 y 1280 del C�digo Administrativo del Estado, se surten los supuestos para considerar a la Junta Local de Caminos como un organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua ... De acuerdo con lo anterior y al no tratarse de un organismo descentralizado ni de los Gobiernos Federal o Local, no se surte la competencia prevista en los art�culos 527 y 529 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que es procedente negar el registro a la organizaci�n solicitante, por no solicitar ante la autoridad competente y por tratarse de actos administrativos de trabajo en los que no se prev� como en el derecho procesal del trabajo la declinatoria, y s� en cambio es clara la falta de facultades para estudiar y resolver la solicitud presentada por la organizaci�n solicitante ...'. Por ende, se observa que quedaron a salvo de ataque jur�dico las consideraciones esenciales que rigen el sentido del acto reclamado, por lo cual, los conceptos de violaci�n resultan inoperantes ... Por otra parte, no existe la posibilidad de suplir la deficiencia de la queja, ya que hay que distinguir que s�lo se puede ejercitar esa facultad en trat�ndose de conflictos obrero-patronales porque, y aun cuando no exista disposici�n legal que lo determine, empleando las elementales reglas de l�gica jur�dica, cuando exista un conflicto inter-obrero, o bien, intersindical, claro est� que no habr� suplencia de la queja porque actor y demandado son obreros, y precisamente esa es la raz�n para que no se supla. Es decir, al hablar de parte obrera la Ley de Amparo da a suponer un conflicto, porque s�lo en los conflictos hay partes y, por ende, donde puede aplicarse la suplencia de la queja ser� �nicamente en los obrero-patronales. M�s a�n, habida cuenta de que en este procedimiento administrativo de registro del sindicato intervino, oponi�ndose, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretar�a de Obras P�blicas S.�n 3, encontramos que hay oposici�n de intereses entre las dos organizaciones sindicales, y a las que en el eventual caso no debe supl�rseles la deficiencia de la queja en amparo ..."

De lo considerado en la anterior ejecutoria se origin� la siguiente tesis aislada:

SINDICATOS, REGISTRO DE. CASO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA INOPERANTE. S�lo se puede ejercitar la facultad de suplir la deficiencia de la queja trat�ndose de conflictos obrero-patronales, porque, aun cuando no exista disposici�n legal que lo determine, empleando las elementales reglas de la l�gica jur�dica, cuando exista un conflicto inter-obrero, o bien intersindical, claro est� que no habr� suplencia de la queja, porque actor y demandado son obreros, y precisamente esa es la raz�n para que no se supla. Es decir, al hablar de parte obrera la Ley de Amparo da a suponer un conflicto, porque s�lo en los conflictos hay partes, y por ende donde puede aplicarse la suplencia de la queja ser� �nicamente en los obrero-patronales. M�s a�n, habida cuenta que en �ste en consecuencia, si en un procedimiento administrativo de registro de sindicato intervino, oponi�ndose, otro sindicato, se advierte que hay oposici�n de intereses entre las dos organizaciones sindicales, y a las que en el eventual caso no debe supl�rseles la deficiencia de la queja en amparo." (S�ptima �poca. Instancia: Tribunal Colegiado [actualmente Primero] del Octavo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Vol�menes: 97-102, Sexta Parte. P�gina: 242).

QUINTO

De las consideraciones que sustentan las ejecutorias emitidas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito en cita, as� como de los antecedentes que las conforman se obtiene, en s�ntesis, lo siguiente:

� El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito resolvi� el juicio de amparo directo 106/2002, formado con motivo de la demanda de garant�as promovida por los integrantes del comit� ejecutivo del sindicato quejoso, en la que reclamaron de la Junta responsable el laudo mediante el cual se le conden� a la cancelaci�n de su registro, acci�n ejercida en su contra -en los respectivos expedientes laborales acumulados- por dos distintas agrupaciones sindicales, a las que se les tuvo como parte tercero perjudicada en el referido juicio constitucional, en el que dicho Tribunal Colegiado determin� conceder el amparo solicitado con base en las consideraciones que a continuaci�n se sintetizan:

  1. Declar� inoperante la causal de improcedencia que los sindicatos terceros perjudicados hicieron valer con base en la falta de inter�s jur�dico del sindicato quejoso por no haber acompa�ado a la demanda de garant�as la certificaci�n del registro o toma de nota del comit� ejecutivo que acudi� a dicho juicio en su representaci�n, pues consider� que en el caso concreto en que la propia Junta responsable neg� la referida toma de nota correspondiente al cambio de la directiva sindical del quejoso, deb�a aplicarse el principio jur�dico de que "a lo imposible nadie est� obligado", por cuya raz�n la falta de exhibici�n de aquel documento no pod�a ser determinante para estimar que los integrantes del comit� ejecutivo que suscribieron la demanda de garant�as carecen de la personalidad con la que promovieron el juicio constitucional, por no ser la �nica forma en que puede acreditarse tal representaci�n.

    Bajo ese contexto y tomando en cuenta que dicho sindicato acude al juicio constitucional en defensa de su registro sindical y, por ende, de manera indirecta en defensa de los intereses de sus agremiados, pues en caso de que se le privara de ese requisito no estar�a en posibilidad de proteger los derechos de aqu�llos, sostuvo que el estudio de la personalidad de quienes comparecen al juicio de garant�as ostent�ndose como miembros del comit� directivo del sindicato quejoso, debe hacerse a la luz del art�culo 12 de la Ley de Amparo, en relaci�n con el 693 de la Ley Federal del Trabajo que rige el acto reclamado, de manera que en estos t�rminos hizo el estudio relativo y, acorde con las constancias de autos determin� que la representaci�n a favor del aludido sindicato, por parte de los integrantes del comit� ejecutivo que firmaron tanto el escrito de demanda como el aclaratorio, se encuentra suficientemente demostrada, por lo menos para la incoaci�n del juicio de amparo, siendo en esa virtud que s� tienen "inter�s jur�dico" para promoverlo con tal representaci�n.

  2. En lo relativo al estudio de los conceptos de violaci�n planteados, por una parte, consider� que "a pesar de que de la lectura de las constancias que integran el juicio laboral de origen se conoce que los hechos en los que hicieron descansar las violaciones procedimentales alegadas realmente existieron, tales eventos en momento alguno menguaron la capacidad de defensa del sindicato amparista y, por ende, no trascendieron en ninguna forma al resultado del fallo". Lo anterior lo puso de relieve al referirse, particularmente, a la primera de las violaciones procesales alegadas -consistente en que la Junta responsable no se integr� en la forma prevista en el art�culo 609, fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo, el cual exige que en los conflictos colectivos sea el presidente de la Junta Local y no el de la Especial quien integre la Junta-, pues advirti� que del auto de inicio de los expedientes acumulados, del propio acuerdo que orden� dicha acumulaci�n, y de la audiencia trif�sica, aparece que fueron firmados por la Auxiliar de la Junta Especial N�mero Cinco de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de Puebla, sin que se hiciera menci�n de que por la naturaleza colectiva del procedimiento respectivo "la responsable quedaba integrada por el presidente de la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje y con los representantes de los trabajadores y de los patrones adscritos a la Especial en la que se actuaba"; que aunado a ello el propio laudo reclamado lo hab�an suscrito dichos representantes y el presidente de la Junta Especial; sin embargo "este hecho, no afecta las defensas de la parte quejosa", porque "en nada trascendi� al resultado del fallo, pues la aplicaci�n de las leyes, tanto para el desarrollo del procedimiento como para el estudio de fondo de la litis planteada fue la Ley Federal del Trabajo, igual legislaci�n que indefectiblemente se hubiera aplicado en caso de que la responsable hubiese estado presidida por el presidente de la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de Puebla", de manera que "al sindicato quejoso no le fueron variados ni las formas, ni los t�rminos legales en que se admitieron y desahogaron las probanzas que en el expediente se propusieron", con lo que impl�citamente declar� inoperantes los argumentos por los que se hizo valer la violaci�n procesal de que se trata.

  3. Por otra parte, declar� sustancialmente fundado el quinto de los conceptos de violaci�n aducido por la parte quejosa, aun cuando estim� que deb�a ser "suplido en su deficiencia, en t�rminos del art�culo 76 Bis, fracci�n IV, de la Ley de A.", precisando que dicha suplencia "descansa en la circunstancia de que, en la especie, el sindicato quejoso ocurre a esta instancia constitucional de garant�as en defensa de su registro, el cual, por su naturaleza, le permite realizar las actividades a las que los faculta la ley frente a terceros; en consecuencia, tal acci�n redunda en defensa de los intereses de sus agremiados, requisito indispensable para la aplicaci�n de la referida figura jur�dica". Al respecto estim� aplicable, por analog�a, la tesis 2a. X/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la cual fue publicada en la p�gina doscientos cuarenta y tres del Tomo IX, febrero de 1999, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. HIP�TESIS EN QUE OPERA A FAVOR DE LOS SINDICATOS.".

  4. Precisado lo anterior entr� al estudio del fondo del asunto y estim� que al sindicato quejoso le asiste la raz�n al se�alar que "el laudo reclamado viola las garant�as individuales de su representado, pues la responsable no se percat� de que los sindicatos actores carecen de legitimaci�n para ejercitar, en perjuicio del hoy quejoso, la acci�n de cancelaci�n de registro sindical, pues ninguno de sus derechos les faculta para solicitarla; y, adem�s, que para considerarlo de otro modo, ser�a necesario eliminar tanto el principio de la autonom�a sindical como el derecho constitucional de la libre sindicaci�n", por lo siguiente:

    En principio destac� que en el art�culo 689 de la Ley Federal del Trabajo, el legislador constri�� la participaci�n dentro de un juicio relacionado con la materia de trabajo a las personas f�sicas o morales que demuestren tener inter�s jur�dico -entendido como la pretensi�n de acudir a los tribunales para hacer efectivo un derecho desconocido o violado-, presupuesto que la Junta responsable tuvo por acreditado, de manera impl�cita, al admitir las demandas de los sindicatos terceros perjudicados y proseguir el procedimiento hasta el dictado del laudo reclamado, pues ello implica que atribuy� inter�s jur�dico a dichos actores para incoar el juicio laboral que se constituye generador del acto reclamado, siendo incorrecta esa decisi�n en virtud de que no demostraron estar en posesi�n de alg�n derecho que se les desconociera o se violara en su perjuicio, es decir, no acreditaron que se afectara su inter�s jur�dico con la circunstancia de que la organizaci�n sindical demandada, en t�rminos de lo previsto en el art�culo 365 de la Ley Federal del Trabajo, hubiera obtenido y mantenido hasta la actual fecha su registro ante la autoridad laboral correspondiente, ya que el incumplimiento de sus obligaciones relativas no afecta los intereses que, como organizaciones gremiales, tienen los sindicatos actores.

    La conclusi�n anterior la apoy� en que la omisi�n en la revisi�n del contrato colectivo de trabajo que la demandada quejosa tiene celebrado con la patronal, en su caso, podr�a afectar a los agremiados de �sta y, por ende, son ellos quienes podr�an hacer valer su inconformidad con la actividad irregular u omisa desplegada por el sindicato al cual est�n afiliados; la falta de cumplimiento de sus diversas obligaciones legales, consistentes en la de rendir cuentas a sus agremiados y la de comunicar en tiempo y forma sus decisiones internas a la autoridad laboral correspondiente, solamente da lugar a que, en determinado momento, se le constri�a al cumplimiento de tales obligaciones, pero no a la cancelaci�n de su registro; la presunta ilegalidad del registro originario otorgado a la organizaci�n gremial amparista tampoco transgrede la esfera del inter�s jur�dico de los sindicatos actores, dado que la existencia del registro de aquella organizaci�n sindical, anterior a la de los referidos demandantes, no les ocasiona perjuicio alguno en sus derechos sindicales, pues no les signific� contratiempo alguno en su fundaci�n y en el desarrollo de sus actividades, ni en la obtenci�n de sus respectivos registros; adem�s, advirti� que tampoco se actualizaron los supuestos de la acci�n de cancelaci�n de registro sindical, en t�rminos de lo previsto en el art�culo 369 de la Ley Federal del Trabajo, y que en ninguna de las disposiciones de esta ley se prev� que un sindicato pueda solicitar la cancelaci�n del registro de otro, tomando como base que el solicitante s� cumple con sus obligaciones legales y contractuales.

    � Por su parte, los Tribunales Colegiados que emitieron criterios supuestamente contradictorios con el de aqu�l, sostuvieron en sus respectivas ejecutorias las consideraciones que se sintetizan a continuaci�n.

  5. En un primer aspecto que se relaciona con el tema de la comprobaci�n de la legitimaci�n de quienes acuden al juicio de garant�as en representaci�n de un sindicato:

    � El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 486/90, en el cual el sindicato quejoso hizo valer dicho recurso contra la sentencia del Juez de Distrito mediante la que sobresey� en el juicio relativo, con apoyo en la fracci�n XVIII del art�culo 73, en relaci�n con el 4o. de la Ley de Amparo, por no haber acreditado el promovente la representaci�n con la que se ostent�, determin� confirmar dicho sobreseimiento por las razones que expuso en la propia ejecutoria y no por las aducidas en la sentencia recurrida, pues advirti� que en el caso se surte la diversa causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con las IV y VIII (sic) del mismo precepto, de la Ley de A., toda vez que si el acto reclamado, esencialmente, consiste en la negativa de la autoridad responsable de tomar nota del comit� ejecutivo integrado por ... y otros, el juicio de amparo debi� ser promovido por todas y cada una de esas personas que integraron la planilla respectiva por tratarse del grupo de aspirantes a quienes en todo caso depara perjuicio el acto reclamado; por lo que al ser promovida la acci�n constitucional s�lo por uno de ellos ... es as� que se surte la causal de improcedencia antes se�alada y procede sobreseer en el juicio.

    Conviene reiterar el rubro y texto de la tesis aislada aprobada por el referido Tribunal Colegiado con motivo de la ejecutoria de m�rito:

    PERSONALIDAD EN EL AMPARO, CUANDO DEBE ACREDITARSE. Si bien el art�culo 13 de la Ley de Amparo dispone que debe ser reconocida la personalidad del promovente en el juicio de amparo cuando dicha personalidad le haya sido reconocida por la autoridad responsable, lo cierto es que de no darse este supuesto, la personalidad deber� acreditarse con sujeci�n a las disposiciones generales de la Ley de A., sin la excepci�n que reglamenta el art�culo 693 de la Ley Federal del Trabajo."

  6. En un segundo aspecto, que comprende el tema de la violaci�n a las reglas que norman el procedimiento laboral, que trat� aquel Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, la supuesta contradicci�n se relaciona con los criterios sustentados por:

    El actual Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito al resolver el juicio de amparo directo 1123/95, y por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 749/96, en cuanto determinaron, en lo conducente, respectivamente:

    � El primero de ellos -Colegiado del Vig�simo Circuito-, en la sentencia que pronunci� al resolver el aludido juicio de amparo directo promovido por la parte patronal demandada, contra el laudo mediante el cual la Junta responsable la conden� a pagar diversas prestaciones al trabajador actor, en lo conducente, consider� que en el procedimiento laboral es innecesaria la presencia de todos los integrantes de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje cuando se trata de una diligencia referente al desahogo de pruebas, dado que basta la presencia de su presidente o del auxiliar de la misma, por no tratarse de ninguno de los casos de excepci�n previstos en el art�culo 620, fracci�n II, inciso a), de la Ley Federal del Trabajo, relativos a las cuestiones que versan sobre personalidad, competencia, aceptaci�n de pruebas, desistimiento de la acci�n y sustituci�n de patr�n.

    � El segundo de los �rganos jurisdiccionales en cita -Colegiado del Quinto Circuito-, en el juicio de amparo que resolvi�, promovido por la patronal demandada en un juicio laboral, contra el laudo que lo conden� al pago de diversas prestaciones en favor del trabajador actor, en lo relativo, consider� que el auto admisorio de la demanda laboral no requiere encontrarse firmado por todos los integrantes de la Junta, pues basta que est� suscrito por su presidente o, en su caso, por el auxiliar de la misma, para que goce de plena validez, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 620, fracci�n II, inciso a), �ltimo p�rrafo, de la Ley Federal del Trabajo y de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis de jurisprudencia 8/95, de rubro: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO ADMISORIO PUEDE SER DICTADO V�LIDAMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE O POR EL AUXILIAR.".

    Por otra parte, en relaci�n con el reconocimiento de la personalidad y con la admisi�n de pruebas, cuyos prove�dos respectivos no fueron firmados por todos los integrantes de la Junta, ya que falt� la firma del representante obrero, consider� que las resoluciones de m�rito tienen eficacia jur�dica en t�rminos de una de las hip�tesis que establece el segundo p�rrafo del art�culo 620, fracci�n II, inciso a), de la ley laboral, conforme a la cual existe la posibilidad legal de que tales resoluciones se emitan por mayor�a de votos de los integrantes de la Junta, sin que resulte indispensable para su validez jur�dica que se cite a los ausentes, pues este supuesto se refiere a una regla diversa que �nicamente procede cuando no est� presente ninguno de dichos representantes, hip�tesis que no se actualiza en el caso, si se considera que los prove�dos sobre reconocimiento de personalidad y de admisi�n de pruebas aparecen firmados tanto por el secretario como por el presidente y el representante del capital, conform�ndose as� la mayor�a necesaria para la validez jur�dica de tales resoluciones de conformidad con la regla en cita.

  7. En un tercer aspecto, la supuesta contradicci�n de tesis est� relacionada con el criterio sustentado en las ejecutorias pronunciadas por los siguientes �rganos jurisdiccionales:

    � El actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver el juicio de amparo directo 186/98, en el que el acto reclamado consisti� en la sentencia emitida por la Primera Secci�n de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de M�xico, mediante la que confirm� la validez de la resoluci�n en la que a la quejosa se le declar� responsabilidad administrativa "resarcitoria"; el citado Tribunal Colegiado determin� conceder el amparo solicitado, al considerar que la Sala responsable viol� las garant�as de la quejosa al no suplir la deficiencia de los agravios planteados por �sta, en desacato a lo dispuesto en el art�culo 273, fracci�n VI, del C�digo de Procedimientos Administrativos del Estado de M�xico, pues estaba en un caso que as� lo requer�a, dado que advirti� que en el respectivo procedimiento administrativo no hab�a intervenido el funcionario facultado para practicar la diligencia en la que se otorg� la garant�a de audiencia a la inconforme.

    � El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo 953/86, en el que se tuvieron como actos reclamados la sentencia pronunciada por la entonces S. Superior del Tribunal Fiscal de la Federaci�n en el expediente relativo al recurso de revisi�n interpuesto, as� como la resoluci�n materia de este medio defensivo dictada en el juicio fiscal respectivo; ejecutoria de amparo en la que se determin� conceder a la persona moral quejosa el amparo solicitado, con base en que el tesorero general del Instituto Mexicano del Seguro Social no fund� su competencia legal en las c�dulas de cuotas obrero-patronales en las que determin� diversos cr�ditos fiscales a cargo de dicha quejosa, con violaci�n de las garant�as consagradas en el art�culo 16 constitucional.

    � El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo 154/96, en el que la sentencia reclamada se dict� en el toca de apelaci�n relativo a un juicio de controversia de arrendamiento, determin� conceder a la parte quejosa el amparo solicitado por considerar que en el caso no se hab�an respetado las formalidades esenciales del procedimiento conforme a la ley exactamente aplicable al caso concreto, ya que aqu�lla fue enjuiciada atendiendo a normas procesales inaplicables, dada la improcedencia de la v�a intentada de conformidad con las disposiciones del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, reformadas mediante decreto de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres.

  8. Finalmente, la supuesta contradicci�n de tesis se relaciona con el tema de la suplencia de la queja deficiente en juicios de amparo en los que intervienen distintas organizaciones sindicales como partes quejosa y tercero perjudicada; aspecto en el que se involucra el criterio sustentado en las ejecutorias pronunciadas por los diversos Tribunales Colegiados que a continuaci�n se indican.

    � El actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, al resolver el juicio de amparo directo 344/91, promovido por el sindicato quejoso en contra del laudo dictado por la Junta responsable en un expediente laboral originado por la demanda en la que se reclam� la titularidad y administraci�n del contrato colectivo de trabajo por representar el mayor inter�s profesional, prestaci�n que el sindicato tercero perjudicado demand� de la empresa patronal y de la diversa agrupaci�n sindical que figura como quejosa en el aludido juicio de garant�as; laudo en el cual se concluy� que el sindicato actor demostr� su pretensi�n y se declar� que el sindicato codemandado -quejoso- ha sufrido la p�rdida del mayor inter�s profesional de los trabajadores que laboran al servicio de la empresa tambi�n demandada y, por tanto, cesa en el ejercicio de la titularidad y administraci�n del contrato colectivo de trabajo respectivo, y se declara que el sindicato actor es el nuevo titular y administrador de dicha convenci�n colectiva.

    De las consideraciones que sustentan la ejecutoria de m�rito, aparece que el referido Tribunal Colegiado una vez que desestim�, por inoperantes, los conceptos de violaci�n planteados por el sindicato quejoso, consider� que en el caso no proced�a suplir la queja deficiente, porque tal beneficio contemplado en la fracci�n IV del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, s�lo es aplicable cuando la parte quejosa es un trabajador como persona f�sica, y no as� cuando el quejoso es un sindicato obrero, dado que �stos representan una asociaci�n de trabajadores y respecto de ellos no es dable suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n cuando su contraparte es otro sindicato.

    � El actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver los juicios de amparo directo 81/93 y 361/95, as� como los amparos en revisi�n 71/91, 67/92 y 103/95, sostuvo similar criterio en dichos asuntos, en el sentido de que no opera la suplencia de la queja deficiente en un juicio de garant�as, cuando quienes figuran como quejosos y en su calidad de terceros perjudicados, pretendidamente se ostentan, similar y antag�nicamente, como directivos o agremiados de una misma agrupaci�n obrera y se discuten intereses intergremiales, pues en este supuesto no act�an propiamente en defensa de los derechos laborales individuales de alguno o algunos de los obreros que integran esa agrupaci�n, y por esta misma raz�n tampoco estim� operante dicha suplencia cuando en el juicio de garant�as tambi�n intervienen dos agrupaciones sindicales como partes quejosa y tercero perjudicada, de manera que al resultar inoperantes los conceptos de violaci�n y, en su caso, los agravios planteados en los asuntos de los que conoci�, no realiz� tal suplencia acorde con el criterio que sustent�.

    � Es conveniente destacar que en el amparo en revisi�n 71/91 se recurre una sentencia pronunciada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que las partes quejosa y tercero perjudicada pertenecen a un mismo gremio sindical; se se�al� en dicho juicio como acto reclamado el acuerdo emitido por el presidente de la Junta responsable mediante el que ordena al encargado del archivo de dicha Junta que tome nota del cambio del comit� directivo sindical integrado por los que en el juicio constitucional tienen la calidad de parte tercero perjudicada, siendo �sta la que interpuso el recurso de revisi�n contra la referida sentencia que concedi� para efectos la protecci�n constitucional solicitada, la cual se confirm� por el Tribunal Colegiado.

    � En el amparo en revisi�n 67/92 se recurre la sentencia del Juez de Distrito dictada en un juicio de garant�as, en el que las partes quejosa y tercero perjudicada pertenecen a un mismo gremio sindical, ya que fue promovido por un grupo de trabajadores pertenecientes a un sindicato, por su propio derecho, en contra de la resoluci�n en la que se orden� la toma de nota y registro del comit� ejecutivo sindical, encabezado por el secretario general ... para el periodo social de mil novecientos noventa-mil novecientos noventa y siete, la diversa resoluci�n que orden� la toma de nota y registro sindical del secretario general ... por renuncia de aqu�l, as� como la resoluci�n mediante la que se niega la toma de nota y registro solicitada por diversos integrantes (que en el amparo tienen la calidad de quejosos) del comit� ejecutivo del propio sindicato, con base en que no exhibieron el acta de asamblea correspondiente a la elecci�n del comit� cuyo registro pretenden; siendo los quejosos quienes interpusieron la revisi�n contra la sentencia de que se trata en la que les neg� el amparo solicitado, la cual modific� el Tribunal Colegiado para sobreseer en una parte y negar en lo restante la protecci�n constitucional.

    � En el juicio de amparo directo 81/93 el sindicato de trabajadores quejoso reclam� el laudo dictado por la Junta responsable, mediante el que se resolvi� que el referido sindicato no demostr� la acci�n de cancelaci�n del registro de la agrupaci�n sindical demandada; juicio de garant�as en el que intervinieron como parte quejosa y tercero perjudicada dos sindicatos de trabajadores, habi�ndose determinado negar el amparo solicitado en la ejecutoria respectiva.

    � En el juicio de amparo directo 361/95, diversos trabajadores pertenecientes a varios sindicatos, por conducto de su apoderado, solicitaron el amparo y protecci�n de la Justicia Federal contra la interlocutoria que puso fin al juicio laboral respectivo, mediante la que se declar� procedente la excepci�n de falta de personalidad y se les desconoci� a los propios quejosos el car�cter de secretarios generales de los sindicatos que dijeron representar en el respectivo juicio laboral, en el cual figura como parte demandada y tercero perjudicada en el juicio de garant�as el comit� directivo de una federaci�n de sindicatos; habi�ndose determinado en la ejecutoria de amparo respectiva negar el amparo solicitado.

    � En el amparo en revisi�n 103/95 se recurri� la sentencia del Juez de Distrito mediante la que concedi� el amparo solicitado por un grupo de trabajadores miembros de un sindicato, quienes en el respectivo juicio de garant�as reclamaron el acuerdo que neg� dar tr�mite a la demanda de cancelaci�n de registro del comit� directivo del propio sindicato y la nulidad de las reformas a diversos art�culos de los estatutos del gremio sindical; habiendo determinado el Tribunal Colegiado confirmar la sentencia recurrida, en la inteligencia de que en el referido juicio de garant�as tiene el car�cter de parte tercero perjudicada el comit� directivo del mismo sindicato respecto del que se demand� la cancelaci�n de su registro.

    � Por �ltimo, el actual Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al resolver el amparo en revisi�n 62/76, en el que se recurri� la sentencia en la que el Juez de Distrito sobresey� en el juicio de garant�as promovido por un sindicato, en el que el acto reclamado consisti� en el acuerdo dictado por la Junta responsable, mediante el que neg� el registro a dicha organizaci�n sindical, el Tribunal Colegiado determin� revocar el sobreseimiento decretado y entrar al estudio de los conceptos de violaci�n aducidos, los que declar� inoperantes por no encontrarse en ellos argumentaci�n tendente a destruir todas las consideraciones y fundamentos legales que sustentan el acuerdo reclamado, lo que imped�a que el �rgano de control constitucional se pronunciara sobre su legalidad, ya que consider� que no existe la posibilidad legal de suplir la queja deficiente, dado que esa facultad �nicamente puede ejercitarse si se trata de conflictos obrero-patronales, pues aun cuando no existe disposici�n legal que as� lo determine, empleando las elementales reglas de l�gica jur�dica se llega a la conclusi�n de que cuando exista un conflicto inter-obrero, o bien, intersindical, no habr� suplencia de la queja porque actor y demandado son obreros, es decir, la Ley de A. al hablar de que tal suplencia procede en favor de la parte obrera "da a suponer un conflicto, porque s�lo en los conflictos hay partes y, por ende, donde puede aplicarse la suplencia de la queja ser� �nicamente en los obrero-patronales"; adem�s, se�al� que tal suplencia no proced�a en el caso, porque hay oposici�n de intereses entre dos organizaciones sindicales, como deriva del procedimiento administrativo del que se origina el acto reclamado, en el cual intervino otro sindicato que se opuso al registro de la organizaci�n quejosa, sin que de los antecedentes que informan dicha ejecutoria se desprenda que a esa diversa organizaci�n sindical que se opuso al registro del sindicato quejoso, se le tuviera como parte tercero perjudicada en el juicio de garant�as de donde deriva la sentencia recurrida.

    De los anteriores criterios sintetizados se advierte, por una parte, que no existe la contradicci�n de tesis denunciada, respecto de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que se precisar�n.

    En efecto, de acuerdo con lo sostenido por este Alto Tribunal, para que exista una contradicci�n de tesis resulta necesario que las resoluciones relativas se hayan adoptado respecto de una misma cuesti�n jur�dica, suscitada en un mismo plano, y que expresa o impl�citamente hayan arribado a conclusiones opuestas sobre esa cuesti�n, por lo que para determinar si efectivamente existe dicha oposici�n no basta atender a la conclusi�n del razonamiento vertido en las correspondientes actuaciones judiciales, sino que es indispensable tomar en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho que por enlace l�gico sirven de base o presupuesto al criterio respectivo, ya que �nicamente cuando existe coincidencia en tales circunstancias podr� afirmarse, v�lidamente, que existe una contradicci�n de tesis cuya resoluci�n dar� lugar a un criterio jurisprudencial que por sus caracter�sticas de generalidad y abstracci�n podr� aplicarse en asuntos similares.

    De ah� que al estudiar las circunstancias f�cticas y jur�dicas que sirven de marco a las resoluciones que generan una supuesta contradicci�n de tesis, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n debe distinguir entre las que por servir de fundamento l�gico a los criterios emitidos se erigen en verdaderos presupuestos que han de presentarse en las determinaciones opositoras, y entre aquellas que aun cuando aparentemente sirven de sustento a las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto l�gico del criterio emitido.

    As�, para que efectivamente exista la contradicci�n denunciada ser� necesario que los criterios opositores hayan partido de los mismos supuestos esenciales y llegado a conclusiones divergentes, lo que no se actualiza en la especie de conformidad con las siguientes consideraciones.

    1. En principio destaca que los criterios que no tratan las mismas cuestiones jur�dicas en materia de trabajo, de cuyo estudio y resoluci�n se ocup� el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en la ejecutoria que pronunci�, son los que sustentaron los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercero en Materia Administrativa y Octavo en Materia Civil, ambos del Primer Circuito, pues de las ejecutorias que dictaron en los asuntos que respectivamente resolvieron, aparece que abordaron temas de diferente naturaleza por originarse de juicios de amparo en materias distintas a la laboral, como se ver� a continuaci�n.

      Por una parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito resolvi� un juicio de amparo en materia laboral, en el que se reclam� el laudo mediante el que la Junta responsable conden� a la cancelaci�n del registro sindical de la agrupaci�n quejosa, y se pronunci� sobre las diversas cuestiones jur�dicas que fueron materia de la litis constitucional en dicho juicio, en los t�rminos que quedaron detallados en el considerando tercero de la presente resoluci�n.

      Por otra parte, los Tribunales Colegiados que a continuaci�n se precisan conocieron de asuntos de distinta materia a la laboral:

      El actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver un juicio de amparo de la materia de su especialidad, se pronunci� sobre la constitucionalidad de una sentencia dictada por una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de M�xico, mediante la cual confirm� la validez de una resoluci�n en la que se declar� responsabilidad administrativa resarcitoria a la quejosa, a cuyo respecto advirti� una violaci�n directa a los derechos fundamentales de dicha quejosa por no haberse suplido en su deficiencia los agravios que plante� ante la responsable, en contravenci�n a la disposici�n contenida en el art�culo 273, fracci�n VI, del C�digo de Procedimientos Administrativos del Estado de M�xico, ya que puso de relieve que se estaba en un caso que ameritaba tal suplencia.

      El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo directo en materia de su especialidad, donde pronunci� su respectiva ejecutoria, se se�alaron como actos reclamados la sentencia dictada por la Sala Superior del entonces Tribunal Fiscal de la Federaci�n en el expediente relativo al recurso de revisi�n, as� como la resoluci�n materia de este medio defensivo emitida en un juicio fiscal, y determin� conceder a la persona moral quejosa el amparo solicitado por advertir una violaci�n directa a las garant�as consagradas en el art�culo 16 constitucional, ya que en las c�dulas de cuotas obrero-patronales en las que se determinaron diversos cr�ditos fiscales a cargo de aqu�lla, no aparece que la autoridad emisora hubiera fundado su competencia legal.

      El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el juicio de amparo directo en la materia de su competencia, se pronunci� sobre la constitucionalidad de una sentencia dictada en el toca de apelaci�n relativo a un juicio de controversia de arrendamiento, respecto de la cual advirti� que no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento al ser enjuiciada la quejosa conforme a normas inaplicables, dada la improcedencia de la v�a intentada en t�rminos de las disposiciones contenidas en el C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, reformado mediante decreto de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres.

      En esa medida, entre el criterio emitido en la ejecutoria que pronunci� el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y el de los dem�s �rganos jurisdiccionales que antes se citan, no existe coincidencia en las circunstancias de hecho y de derecho que sirvieron de base o presupuesto al criterio que sustentaron en los asuntos que respectivamente resolvieron, dado que abordaron problemas jur�dicos suscitados en juicios de amparo de distinta materia a la laboral, lo cual implica que respecto de ellos no existe la contradicci�n de tesis denunciada.

    2. Tampoco se suscita dicha contradicci�n entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y el emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, como a continuaci�n se advertir�.

      En efecto, el primero de ellos, previamente al estudio del fondo del asunto -en el que se reclam� el laudo en el que se conden� a la cancelaci�n del registro sindical de la agrupaci�n quejosa-, declar� inoperante la causa de improcedencia que hicieron valer los sindicatos terceros perjudicados, relativa a la falta de inter�s jur�dico de dicha quejosa por no haber acreditado la representaci�n con la que se ostentaron los promoventes del juicio constitucional, a cuyo respecto se pronunci� sobre la personalidad de los integrantes del comit� ejecutivo que promovieron la demanda de garant�as en representaci�n del sindicato quejoso, y partiendo de la base de que la exhibici�n de la certificaci�n del registro o toma de nota del referido comit� ejecutivo no es la �nica forma en que puede acreditarse tal personalidad, pues cuando como es el caso, de autos aparece que la propia Junta responsable les neg� la toma de nota correspondiente al cambio de la directiva sindical integrada por los promoventes del amparo, no es factible que est�n en posibilidad de exhibir aquel documento y que por carecer de �ste se tenga por no acreditado ese presupuesto procesal, es as� que bajo este supuesto y tomando en consideraci�n que el sindicato quejoso ocurre al juicio de garant�as en defensa de su registro sindical y, por ende, de sus trabajadores afiliados, ya que de ser privado de ese requisito no estar�a en posibilidad de proteger el derecho de sus agremiados, lleg� a la determinaci�n de que el estudio de tal personalidad debe hacerse a la luz del art�culo 12 de la Ley de Amparo, en relaci�n con el 693 de la Ley Federal del Trabajo, que rige el acto reclamado, lo que origin� que en esos t�rminos se hiciera el estudio relativo y, acorde con las constancias de autos, se tuviera por comprobada la representaci�n con la que los integrantes del comit� ejecutivo sindical acudieron al juicio de garant�as, dado que al respecto ya hab�a establecido criterio en el sentido de que quienes ostentan la representaci�n del sindicato quejoso son todos y cada uno de los integrantes del comit� ejecutivo de esa organizaci�n gremial, pero actuando en grupo, como en el caso qued� fehacientemente demostrado en autos, de donde lleg� a la conclusi�n de que el juicio constitucional resulta procedente.

      Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el recurso de revisi�n interpuesto por el sindicato quejoso, declar� improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por uno de los integrantes del comit� ejecutivo sindical, pues atendiendo la situaci�n que se actualiza en la especie, advirti� que el juicio de amparo debi� ser promovido por todos y cada uno de los integrantes de la planilla que conforma el comit� ejecutivo sindical, y no s�lo por uno de ellos como sucede en la especie, ya que se trata del grupo de aspirantes a quienes en todo caso depara perjuicio el acto reclamado que consisti� en la negativa de tomar nota del propio comit� ejecutivo por parte de la autoridad responsable, lo que dio lugar a que confirmara el sobreseimiento decretado en la sentencia sujeta a revisi�n por las razones antes expuestas y no por las que adujo el Juez de Distrito.

      Del contexto jur�dico antes rese�ado, se advierte que los referidos Tribunales Colegiados examinaron cuestiones jur�dicas que en esencia son iguales, ya que ambos se pronunciaron sobre la causal de improcedencia relativa a la falta de inter�s jur�dico del sindicato quejoso por no haber acreditado la representaci�n con la que se ostentaron los promoventes del juicio constitucional, y al pronunciarse sobre ese presupuesto procesal tambi�n coincidieron en sostener que tal representaci�n la ostentan todos y cada uno de los integrantes del comit� ejecutivo de la respectiva organizaci�n gremial actuando en grupo, y partiendo del mismo criterio resolvieron los casos espec�ficos puestos a su consideraci�n, llegando a conclusiones dis�miles debido a la situaci�n particular que se actualizaba en el caso concreto, la que una vez analizada origin� que uno de los Tribunales Colegiados declarara la improcedencia del respectivo juicio de garant�as, por advertir que hab�a sido promovido �nicamente por un integrante del comit� ejecutivo del sindicato quejoso, por cuya raz�n no se tuvo por acreditada la representaci�n con la que se ostent�; mientras que el otro �rgano jurisdiccional declar� procedente el juicio de garant�as relativo, atendiendo a que la acci�n constitucional la promovieron todos y cada uno de los integrantes del comit� ejecutivo sindical, quedando as� demostrada la representaci�n con la que se ostentaron.

      En ese orden, entre los criterios sustentados por ambos tribunales no existe contradicci�n para efecto de lo dispuesto en el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, ya que en el aspecto referido partieron del an�lisis de un problema jur�dico similar, respecto del que tambi�n se pronunciaron coincidentemente, llegando a conclusiones dis�miles atendiendo a la situaci�n particular que analizaron en cada uno de los asuntos que resolvieron, seg�n se desprende de aquellas consideraciones que sustentan los fallos respectivos.

      No pasa inadvertido para esta Segunda Sala que la aparente conclusi�n de que ambos Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron con criterios contradictorios en sus respectivas ejecutorias, deriva del rubro y texto de la tesis aislada emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la p�gina 218 del Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, la cual conviene reproducir nuevamente:

      PERSONALIDAD EN EL AMPARO, CUANDO DEBE ACREDITARSE. Si bien el art�culo 13 de la Ley de Amparo dispone que debe ser reconocida la personalidad del promovente en el juicio de amparo cuando dicha personalidad le haya sido reconocida por la autoridad responsable, lo cierto es que de no darse este supuesto, la personalidad deber� acreditarse con sujeci�n a las disposiciones generales de la Ley de A., sin la excepci�n que reglamenta el art�culo 693 de la Ley Federal del Trabajo."

      Sin embargo, del estudio de los antecedentes que informan la ejecutoria de m�rito y de las consideraciones que la sustentan, detalladas con anterioridad, se advierte que la referida tesis no refleja lo que se determin� en dichas consideraciones al analizar las circunstancias espec�ficas del problema jur�dico examinado, pues �ste no se relaciona con la forma de acreditar la personalidad en el juicio de amparo en el supuesto del art�culo 13 de la Ley de Amparo, es decir, cuando no est� reconocida la personalidad por la autoridad responsable, ni tampoco con el pronunciamiento relativo a que en este caso dicha personalidad debe acreditarse de conformidad con las disposiciones de la Ley de A. "sin la excepci�n que reglamenta el art�culo 693 de la Ley Federal del Trabajo", dado que al respecto no aparece estudio alguno en el que se haga referencia a este precepto legal, ni a las disposiciones aplicables de la Ley de Amparo en el caso hipot�tico al que se alude en la referida tesis aislada, de manera que las consideraciones detalladas en esta tesis que aprob� el aludido Tribunal Colegiado no pueden servir de base para declarar existente la contradicci�n de criterios denunciada, por derivar de un supuesto que se aparta de las constancias de autos y de las consideraciones que sustentan el sentido de la ejecutoria que pronunci�.

      En esa tesitura, no existe contradicci�n entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y el emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, pues las consideraciones en las que ambos sustentaron el sentido de sus respectivas ejecutorias carecen de un estudio com�n respecto de la cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, y las aparentes conclusiones contradictorias se basan en diversas situaciones f�cticas y jur�dicas, analizadas a partir de supuestos diferentes, de donde se impone concluir que no existe la contradicci�n de tesis denunciada. Sirven de apoyo a esta conclusi�n las tesis que a continuaci�n se identifican:

      CONTRADICCI�N DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA QUE SE FORMULA RESPECTO DE RESOLUCIONES EN LAS QUE EL PROBLEMA JUR�DICO ABORDADO ES DIFERENTE Y DE LO SOSTENIDO EN ELLAS NO DERIVA CONTRADICCI�N ALGUNA. Los art�culos 107, fracci�n XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, entendiendo por tesis el criterio jur�dico de car�cter general que sustenta el �rgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve. Consecuentemente, debe considerarse improcedente la denuncia que se formula respecto de resoluciones que, aunque gen�ricamente, se hayan referido a un problema de similar naturaleza, en forma espec�fica aborden cuestiones diversas y de lo sostenido en ellas no se derive contradicci�n alguna, pues no existe materia para resolver en la contradicci�n denunciada." (Octava �poca. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: 72, diciembre de 1993. Tesis: 3a./J. 37/93. P�gina: 44).

      CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA. La existencia de una contradicci�n de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto com�n respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposici�n que se requiere conforme a las reglas de la l�gica para que se genere la referida contradicci�n." (Octava �poca. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: 72, diciembre de 1993. Tesis: 3a./J. 38/93. P�gina: 45).

SEXTO

Con base en lo expuesto al final del considerando que antecede, al no reflejar la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito lo que se sostuvo en las consideraciones que sustentan el sentido de la ejecutoria que le dio origen, debe realizarse la correcci�n de la propuesta sustentada por el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en cita, por razones de seguridad jur�dica y a fin de dar a conocer el verdadero criterio del juzgador; ello con apoyo en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al resolver la contradicci�n de tesis 23/95, en el que sostuvo la tesis 2a. XCIX/95, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo II, noviembre de 1995, p�gina 310, que dice:

CONTRADICCI�N DE TESIS. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS REDACTADA, DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA. Si del an�lisis de una tesis y de la ejecutoria respectiva se advierte que aqu�lla resulta confusa o no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, para efectos de la contradicci�n debe atenderse a �sta y no a la tesis redactada, puesto que el criterio que sustenta el �rgano que resuelva se encuentra en las consideraciones de la propia resoluci�n. En esta hip�tesis, la inexactitud de la tesis en relaci�n a la ejecutoria a la que se refiere, lleva, adem�s, y con independencia de la existencia o inexistencia de la contradicci�n que se hubiere denunciado, a la correcci�n de la tesis relativa, pues si a trav�s de la publicaci�n de las tesis se dan a conocer los diversos criterios que sustentan los �rganos resolutores, es l�gico que por razones de seguridad jur�dica deba corregirse y darse a conocer el verdadero criterio del juzgador que no fue reflejado con fidelidad."

Por tanto, de acuerdo con las consideraciones que sustentan el sentido de la ejecutoria dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el toca relativo a la revisi�n 486/90, la cual se transcribe en el considerando cuarto de esta resoluci�n, y tomando en cuenta lo que sustancialmente se resolvi�, la tesis aislada que aparece publicada en la p�gina 218 del Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, debe corregirse y ser sustituida por los siguientes rubro y texto:

SINDICATOS. EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE TOMA DE NOTA DE SU COMIT� EJECUTIVO, DEBE SER PROMOVIDO POR TODOS Y CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA PLANILLA QUE LO CONFORMAN. Ante la negativa de la autoridad laboral responsable de tomar nota del comit� directivo electo de un sindicato, debe ser el total de las personas que integran su planilla quienes promuevan el juicio de garant�as, pues en todo caso al grupo de aspirantes es al que depara perjuicio el acto reclamado, en t�rminos del art�culo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que debe declararse improcedente dicho juicio cuando es promovido solamente por uno o algunos de los integrantes del referido comit� sindical.

En ese tenor procede, de conformidad con lo previsto en los art�culos 195 de la Ley de Amparo, 178 y 179 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, que por conducto de la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis se realice la publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n de la apuntada aclaraci�n a la tesis aislada que aparece publicada en la p�gina 218 del Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el toca relativo a la revisi�n 486/90, en sesi�n de once de julio de mil novecientos noventa.

S�PTIMO

Tampoco se suscita la contradicci�n entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y el emitido por los Tribunales Colegiados Primero del Vig�simo Circuito y Primero del Quinto Circuito, dado que en el aspecto inherente a la supuesta contradicci�n denunciada, dichos �rganos jurisdiccionales parten del an�lisis de situaciones de hecho desde diversos puntos jur�dicos, por lo que debe estimarse que no abordan el estudio de los mismos elementos, como se ver� a continuaci�n.

  1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito al abordar el estudio de la violaci�n al procedimiento laboral que consisti� en que la Junta responsable no se integr� en la forma prevista en el art�culo 609, fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo, pues trat�ndose como es el caso de un conflicto colectivo en el que se demand� la cancelaci�n del registro del sindicato quejoso, la Junta del conocimiento debi� quedar integrada por el presidente de la Junta Local y no por el de la Especial que intervino como si se tratara de un conflicto individual, por lo que el quejoso solicit� que se ordenara la reposici�n del procedimiento a fin de subsanar tal violaci�n, consider� que "a pesar de que de la lectura de las constancias que integran el juicio laboral de origen, se conoce que los hechos en los que hicieron descansar las violaciones procedimentales alegadas realmente existieron, tales eventos en momento alguno menguaron la capacidad de defensa del sindicato amparista y, por ende, no trascendieron en ninguna forma al resultado del fallo", a cuyo efecto destac� que del auto de inicio de los expedientes acumulados, del propio acuerdo que orden� dicha acumulaci�n y de la audiencia trif�sica, aparece que fueron firmados por la Auxiliar de la Junta Especial N�mero Cinco de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de Puebla, sin que se hiciera menci�n de que por la naturaleza colectiva del procedimiento respectivo, la responsable quedaba integrada por el presidente de la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje y por los representantes de los trabajadores y de los patrones adscritos a la Especial en la que se actuaba advirtiendo, asimismo, que el propio laudo reclamado estaba suscrito por dichos representantes y por el presidente de la Junta Especial; sin embargo, estim� que "este hecho no afecta las defensas de la parte quejosa", porque la integraci�n del Pleno de la Junta con el referido presidente de la Junta Especial -y no por el de la Junta Local- "en nada trascendi� al resultado del fallo, pues la aplicaci�n de las leyes, tanto para el desarrollo del procedimiento como para el estudio de fondo de la litis planteada fue la Ley Federal del Trabajo, igual legislaci�n que indefectiblemente se hubiera aplicado en caso de que la responsable hubiese estado presidida por el presidente de la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje ...", de manera que "al sindicato quejoso no le fueron variados ni las formas, ni los t�rminos legales en que se admitieron y desahogaron las probanzas que en el expediente se propusieron", de donde impl�citamente declar� inoperantes los conceptos de violaci�n relacionados con la violaci�n procesal de que se trata.

  2. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito al pronunciarse sobre la violaci�n cometida en el procedimiento relativo a un conflicto individual de trabajo, que se hizo valer en el juicio de amparo directo que resolvi�, consider� que en el procedimiento laboral es innecesaria la presencia de todos los integrantes de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje cuando se trata de una diligencia referente al desahogo de pruebas, dado que basta la presencia de su presidente o del auxiliar de la misma, por no tratarse de alguno de los casos de excepci�n previstos en el art�culo 620, fracci�n II, inciso a), de la Ley Federal del Trabajo, relativos a las cuestiones que versan sobre personalidad, competencia, aceptaci�n de pruebas, desistimiento de la acci�n y sustituci�n de patr�n.

  3. El Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en lo relativo a la violaci�n a las leyes del procedimiento en un conflicto individual de trabajo consider� que el auto admisorio de la demanda laboral no requiere encontrarse firmado por todos los integrantes de la Junta, pues basta que est� suscrito por su presidente o, en su caso, por el auxiliar de la misma, para que goce de plena validez, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 620, fracci�n II, inciso a), �ltimo p�rrafo, de la Ley Federal del Trabajo y de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis de jurisprudencia 8/95, de rubro: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO ADMISORIO PUEDE SER DICTADO V�LIDAMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE O POR EL AUXILIAR.".

Por otra parte, en relaci�n con el reconocimiento de la personalidad y con la admisi�n de pruebas, cuyos prove�dos respectivos no fueron firmados por todos los integrantes de la Junta, ya que falt� la firma del representante obrero, consider� que las resoluciones de m�rito tienen eficacia jur�dica en t�rminos de una de las hip�tesis que establece el segundo p�rrafo del art�culo 620, fracci�n II, inciso a), de la ley laboral, conforme a la cual existe la posibilidad legal de que se emitan por mayor�a de votos de los integrantes de la Junta, sin que resulte indispensable para su validez jur�dica que se cite a los ausentes, pues este supuesto se refiere a una regla diversa que �nicamente procede cuando no est� presente ninguno de dichos representantes, hip�tesis que no se actualiza en el caso, si se considera que los prove�dos sobre reconocimiento de personalidad y de admisi�n de pruebas aparecen firmados tanto por el secretario como por el presidente y el representante del capital, conform�ndose as� la mayor�a necesaria para la validez jur�dica de tales resoluciones de conformidad con la regla en cita.

Del contexto rese�ado se advierte que los Tribunales Colegiados de referencia se pronunciaron sobre diversas violaciones a las normas que rigen el procedimiento laboral, a cuyo efecto el segundo y el tercero de los Tribunales Colegiados citados interpretaron lo dispuesto en el art�culo 620, fracci�n II, inciso a), de la Ley Federal del Trabajo, y resolvieron, el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, que en el procedimiento laboral es innecesaria la presencia de todos los integrantes de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje cuando se trata de una diligencia referente al desahogo de pruebas, dado que basta la presencia de su presidente o del auxiliar de la misma, por no tratarse de ninguno de los casos de excepci�n previstos en el precepto legal en cita, relativos a las cuestiones que versan sobre personalidad, competencia, aceptaci�n de pruebas, desistimiento de la acci�n y sustituci�n de patr�n; y el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, por una parte, consider� que de conformidad con lo dispuesto en el referido precepto legal y lo establecido en la jurisprudencia 8/95 de esta Segunda Sala, el auto admisorio de la demanda laboral no requiere encontrarse firmado por todos los integrantes de la Junta, pues basta que est� suscrito por su presidente o, en su caso, por el auxiliar de la misma, para que goce de plena validez y, por otra parte, de la interpretaci�n del propio precepto 620 lleg� a la conclusi�n de que existe la posibilidad legal de que las resoluciones de reconocimiento de personalidad y de admisi�n de pruebas sean emitidas por mayor�a de votos de los integrantes de la Junta para que tengan eficacia jur�dica, pues s�lo procede citar a los ausentes en el diverso supuesto en el que no est� presente ninguno de dichos representantes.

Mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito advirti� la existencia de la violaci�n procesal que se hizo consistir en que la Junta responsable no se integr� en la forma prevista en el art�culo 609, fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo, como proced�a trat�ndose de un conflicto de naturaleza colectiva, sin embargo, consider� que tal violaci�n no trascendi� al resultado del laudo reclamado por las razones que expuso al respecto.

En esa medida, el �rgano jurisdiccional al que se hace referencia en el p�rrafo anterior no se pronunci� sobre la ilegalidad que se atribuy� al laudo reclamado con base en la existencia de la violaci�n procesal alegada, pues consider� que �sta no trascendi� al resultado del aludido fallo, con lo que pr�cticamente declar� inoperante el concepto de violaci�n relativo a la transgresi�n de la norma contenida en el art�culo 609, fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo, que regula el procedimiento laboral trat�ndose de conflictos de naturaleza colectiva en lo relativo a la integraci�n de la Junta; en cambio, los otros dos Tribunales Colegiados resolvieron las cuestiones procesales, por cierto distintas a aqu�lla, que se plantearon en los asuntos de los que conocieron y, al efecto, interpretaron las disposiciones contenidas en el art�culo 620, fracci�n II, inciso a), de la Ley Federal del Trabajo, pronunci�ndose sobre la innecesaria presencia de todos los integrantes de la Junta responsable cuando se trata de la diligencia de desahogo de pruebas en el procedimiento laboral, seg�n lo determinado por el segundo de los tribunales mencionados, pronunci�ndose en el mismo sentido el �ltimo de ellos, pero en relaci�n con el auto admisorio de la demanda laboral, advirtiendo, por otra parte, que de conformidad con la interpretaci�n del referido precepto legal es v�lido que las resoluciones de reconocimiento de personalidad y de admisi�n de pruebas sean emitidas por mayor�a de votos de los integrantes de la Junta para que tengan eficacia jur�dica, pues s�lo procede citar a los ausentes en el diverso supuesto en el que no se encuentra presente ninguno de dichos representantes.

Lo expuesto pone de relieve que no existe la contradicci�n de tesis denunciada, pues con independencia de que los �rganos jurisdiccionales parten del examen de supuestos jur�dicos diferentes dadas las distintas violaciones procesales que se plantearon en los asuntos que resolvieron, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito pr�cticamente declar� inoperantes los argumentos relacionados con la violaci�n al art�culo 609, fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo, por advertir que si bien es cierto que la violaci�n a tal precepto legal existe por los motivos que adujo el sindicato quejoso, relativos a que en los conflictos colectivos de trabajo las Juntas se integrar�n con el presidente de la Local y no de la Especial de Conciliaci�n y Arbitraje, tambi�n lo es que dicha violaci�n no trascendi� al resultado del laudo reclamado; mientras que los Tribunales Colegiados Primero del Vig�simo Circuito y Primero del Quinto Circuito se pronunciaron sobre las distintas violaciones al procedimiento laboral que se hicieron valer en los respectivos juicios de amparo directo, y conforme a la interpretaci�n que realizaron de las normas contenidas en el art�culo 620, fracci�n II, inciso a), de la Ley Federal del Trabajo, que rigen tal procedimiento, llegaron a la conclusi�n de que trat�ndose de la diligencia de desahogo de pruebas y del auto admisorio de la demanda laboral es v�lido que la firme el presidente o el auxiliar de la Junta del conocimiento, y que igualmente resulta v�lido que las resoluciones de reconocimiento de personalidad y de admisi�n de pruebas, sean emitidas por mayor�a de votos de los integrantes de la Junta para que tengan eficacia jur�dica, pues s�lo procede citar a los ausentes en el diverso supuesto en el que no se encuentra presente ninguno de dichos representantes, por lo que resultaron infundados los conceptos de violaci�n relativos a tales violaciones al procedimiento laboral.

Conforme a lo precisado, es menester considerar inexistente la contradicci�n de tesis denunciada en el aspecto que se analiza, ya que en las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito, aunque gen�ricamente se hizo referencia a un problema de similar naturaleza -violaciones a normas que regulan el procedimiento laboral-, en forma espec�fica abordaron cuestiones jur�dicas diversas y de lo sostenido en ellas no se deriva contradicci�n alguna dado que los criterios que emitieron no se originan del examen de los mismos elementos, pues uno declar� inoperantes los argumentos relacionados con la violaci�n procesal alegada por no trascender al resultado del laudo reclamado, y los otros examinaron y resolvieron las cuestiones procesales que se hicieron valer, de conformidad con la interpretaci�n que realizaron del precepto legal que contiene las normas que, en cada caso concreto, regulan el procedimiento laboral, siendo por ello que arribaron a soluciones diversas, que no constituyen criterios discrepantes y, por ende, no son susceptibles de provocar contradicci�n.

Ilustra lo anterior, adem�s de las tesis transcritas al final del considerando quinto de este fallo, por su sentido y alcance, la que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n los que a continuaci�n se precisan:

CONTRADICCI�N DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES, AL RESOLVER, DECLARA INOPERANTES LOS ARGUMENTOS RELATIVOS Y EL OTRO LOS ESTUDIA. De lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafo primero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo que regulan espec�ficamente las hip�tesis en que existe contradicci�n entre las tesis o criterios jur�dicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito y del contenido de la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que ha interpretado dichos art�culos, de rubro: 'CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', se sigue que se presenta la contradicci�n o discrepancia entre tesis o criterios jur�dicos, siempre que exista oposici�n entre ellos respecto de una misma cuesti�n jur�dica; que dicha oposici�n se suscite en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas y, adem�s, que los criterios en oposici�n deriven del examen de los mismos elementos. Consecuentemente, cuando uno de los tribunales en conflicto no entra al fondo de la controversia planteada, por haber declarado inoperantes los argumentos expuestos en la instancia relativa y el otro �rgano colegiado s� aborda la litis propuesta, es claro que no se da la oposici�n de criterios, ya que en las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito no se examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, ni se sostuvieron criterios contradictorios, por lo cual debe declararse que no existe contradicci�n de tesis." (Novena �poca. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XIV, septiembre de 2001. Tesis: 2a. CLXXIII/2001. P�gina: 519).

Es pertinente se�alar, a mayor abundamiento, que de estimar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al reconocer la existencia de la violaci�n a la norma que regula el procedimiento trat�ndose de conflictos colectivos de trabajo contenida en el art�culo 609, fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo, impl�citamente se pronunci� en el sentido de que en t�rminos de dicha disposici�n, en esa clase de conflictos debe ser el presidente de la Junta Local y no el de la Especial de Conciliaci�n y Arbitraje el que debe integrarla hasta el dictado del laudo respectivo, como se aleg� en el concepto de violaci�n objeto de su estudio; de ello tampoco se sigue que exista la contradicci�n de tesis denunciada, toda vez que los dem�s �rganos jurisdiccionales no hicieron pronunciamiento alguno respecto de la disposici�n contenida en el referido art�culo 609, fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo, sino que su examen lo hicieron a la luz de lo establecido en un precepto distinto y de contenido diferente, como es el diverso 620, fracci�n II, inciso a), de la propia ley laboral; de ah� que no pueda declararse existente la contradicci�n de criterios denunciada, de conformidad con lo establecido en la tesis de jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localizaci�n se precisan a continuaci�n.

CONTRADICCI�N DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JUR�DICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DE CONTENIDO DIFERENTE. Es inexistente la contradicci�n de tesis cuando los Tribunales Colegiados examinan el mismo problema jur�dico pero lo hacen fund�ndose e interpretando disposiciones legales distintas y no coincidentes, de tal suerte que, de lo sostenido por uno y otro tribunales, no puede surgir contradicci�n, pues para ello ser�a necesario que hubieran examinado el problema jur�dico a la luz de un mismo dispositivo legal o de preceptos distintos pero que coincidan en cuanto a lo que establecen, y que hubieran sostenido criterios diversos." (Novena �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: VIII, julio de 1998. Tesis: 2a./J. 43/98. P�gina: 93).

OCTAVO

A fin de precisar si efectivamente existe contradicci�n entre los criterios emitidos por los restantes Tribunales Colegiados de Circuito, conviene precisar el tema sobre el que cada uno de ellos se pronunci�, tomando en cuenta los antecedentes antes detallados que sustentan sus respectivas ejecutorias. As� se advierte que:

  1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito al resolver un juicio de amparo directo en el que intervinieron como partes quejosa y tercero perjudicada dos agrupaciones sindicales, y en el que se reclam� el laudo mediante el cual se decret� la cancelaci�n del registro sindical del quejoso, declar� que el quinto de los conceptos de violaci�n aducido era sustancialmente fundado, suplido en su deficiencia en t�rminos del art�culo 76 Bis, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, a cuyo respecto precis� que dicha suplencia descansa en la circunstancia de que, en la especie, el sindicato quejoso ocurre al juicio constitucional en defensa de su registro, el cual, dada su naturaleza, le permite realizar, frente a terceros, las actividades a las que lo faculta la ley, de donde tal acci�n redunda en defensa de los intereses de sus agremiados, requisito indispensable para la aplicaci�n de dicha figura jur�dica.

  2. El actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, al resolver un juicio de amparo directo en el que figuran como partes quejosa y tercero perjudicada dos diferentes organizaciones sindicales y se reclam� el laudo mediante el cual se conden� al sindicato demandado -quejoso- a la p�rdida del ejercicio de la titularidad y administraci�n del contrato colectivo de trabajo respectivo, declar�ndose que el sindicato actor es el nuevo titular y administrador de dicha convenci�n colectiva; consider� improcedente suplir la queja deficiente "porque tal beneficio contemplado en la fracci�n IV del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, s�lo es aplicable cuando la parte quejosa lo es el trabajador como persona f�sica, y no as� cuando el quejoso lo es un sindicato obrero, porque �stos representan una asociaci�n de trabajadores y respecto de ellos no es dable suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n, cuando su contraparte es otro sindicato".

  3. El actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver diversos juicios de amparo directo en los que intervinieron como partes quejosa y tercera perjudicada diversas organizaciones sindicales, as� como tocas de amparos en revisi�n en los que dichas partes las constituyeron trabajadores que pertenecen a un mismo gremio sindical, sostuvo similar criterio en dichos asuntos al considerar que en los respectivos juicios de garant�as "no se est� en posibilidad leg�tima de suplir la deficiencia de la queja cuando sucede, como en la especie, que quienes figuran tanto como quejosos como terceros perjudicados, pretendidamente se ostentan, similar y antag�nicamente, como directivos o agremiados de agrupaciones obreras y discuten intereses intergremiales, sin que propiamente act�en en defensa de los derechos laborales individuales de alguno o algunos de los obreros que integran esas agrupaciones", siendo esa misma raz�n por la que tampoco estim� operante dicha suplencia cuando en el juicio de garant�as afecto al toca de revisi�n, intervienen como partes quejosa y tercero perjudicada quienes se ostentan como directivos de una misma agrupaci�n obrera y "discuten intereses intergremiales y no propiamente act�an en defensa de los derechos laborales individuales de alguno o algunos de los obreros que integran esa agrupaci�n".

  4. Por �ltimo, el actual Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al resolver un amparo en revisi�n en el que se recurri� la sentencia del Juez de Distrito en la que sobresey� en el juicio de garant�as promovido por un sindicato, el que reclam� el acuerdo mediante el cual se le neg� su registro sindical, consider� que "no existe la posibilidad de suplir la deficiencia de la queja, ya que hay que distinguir que s�lo se puede ejercitar esa facultad en trat�ndose de conflictos obrero-patronales, porque aun cuando no exista disposici�n legal que lo determine, empleando las elementales reglas de l�gica jur�dica, cuando exista un conflicto inter-obrero, o bien, intersindical, claro est� que no habr� suplencia de la queja porque actor y demandado son obreros, y precisamente esa es la raz�n para que no se supla", es decir, al hablar de "parte obrera" la Ley de Amparo "da a suponer un conflicto, porque s�lo en los conflictos hay partes y, por ende, donde puede aplicarse la suplencia de la queja ser� �nicamente en los obrero-patronales, m�s a�n, habida cuenta de que en este procedimiento administrativo de registro del sindicato intervino, oponi�ndose" un diverso sindicato, por lo que "encontramos que hay oposici�n de intereses entre las dos organizaciones sindicales, y a las que en el eventual caso no debe supl�rseles la deficiencia de la queja en amparo".

De los antecedentes y consideraciones que han quedado precisados, se advierte que s�lo existe la contradicci�n de tesis denunciada entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y el Primero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, y no as� con los emitidos por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Civil del Segundo Circuito, antes Segundo del mismo circuito y Primero del Octavo Circuito, en las ejecutorias que pronunciaron al resolver los asuntos de sus respectivos �ndices.

En efecto, conforme a lo precisado, debe considerarse inexistente la contradicci�n de tesis denunciada en el aspecto que se analiza, ya que en las sentencias de los Tribunales Colegiados Primero en Materia Civil del Segundo Circuito, antes Segundo del mismo circuito y Primero del Octavo Circuito, aunque se ocuparon en lo general de un problema de similar naturaleza -la posibilidad de suplir la deficiencia de la queja a un sindicato- en forma espec�fica abordaron cuestiones jur�dicas diversas y de lo sostenido en ellas no puede derivar contradicci�n alguna, dado que los criterios que emitieron no se originan del examen de los mismos elementos, pues el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y el Primero de la misma materia del Tercer Circuito se pronunciaron respecto de la suplencia de la deficiencia de la queja en juicios laborales que resolvieron sobre la cancelaci�n del registro del sindicato; en cambio, el Primero en Materia Civil del Segundo Circuito se ocup� del laudo relativo a la titularidad y administraci�n del contrato colectivo de trabajo; el Primero del Octavo Circuito referente a la negativa del registro del sindicato, e inclusive, el propio Primero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en diversos juicios, se ocup� de la toma de nota del cambio del comit� directivo sindical, de la falta de personalidad y del desechamiento de la demanda laboral, siendo por ello que no examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, ni partieron del examen de los mismos elementos y, por ende, no son susceptibles de provocar contradicci�n.

As� pues, la contradicci�n de tesis se presenta con el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver el juicio de amparo directo en el que el acto reclamado decret� la cancelaci�n del registro del sindicato, es decir, donde intervinieron como partes quejosa y tercera perjudicada distintos sindicatos, y consider� que s� opera la suplencia de la queja en t�rminos de lo dispuesto en la fracci�n IV del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, cuando la acci�n constitucional la ejerce un sindicato en defensa de sus intereses y redunda en beneficio de los derechos de sus agremiados.

En cambio, el �rgano jurisdiccional del Tercer Circuito antes citado, en el juicio de amparo directo 81/93, promovido por el Sindicato �nico de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, al resolver sobre la cancelaci�n del registro de la agrupaci�n sindical demandada consider� que no se est� en posibilidad legal de suplir la queja deficiente, cuando en el juicio de amparo figuran como partes quejosa y tercero perjudicada distintos sindicatos, sin que propiamente act�en en defensa de los derechos laborales individuales de alguno o de algunos de los obreros que integran esas agrupaciones.

Lo anterior conlleva impl�citamente un pronunciamiento del aludido Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que se opone a lo considerado por el otro �rgano jurisdiccional en cuanto al problema jur�dico que trataron, relativo a la interpretaci�n de lo dispuesto en la fracci�n IV del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, pues del mismo deriva que la suplencia de la queja s� opera a favor de los sindicatos que acuden al juicio de garant�as en defensa de sus intereses, los cuales redundan en beneficio de sus agremiados, ya sea que en dicho juicio intervenga uno solo en su calidad de quejoso o distintos como partes quejosa y tercero perjudicada, aun cuando expresamente no se haya referido a estas peculiaridades procesales, dado que su consideraci�n es inherente al sindicato quejoso y en el relativo juicio de garant�as las partes las constituyeron diversas organizaciones sindicales. Apoya esta consideraci�n la tesis de esta Segunda Sala cuyos rubro, texto y datos de identificaci�n se precisan a continuaci�n.

CONTRADICCI�N DE TESIS. EXISTE DE MANERA IMPL�CITA CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO EXPRESA CONSIDERACIONES RESPECTO DEL CRITERIO CUESTIONADO, PERO ARRIBA A UNA CONCLUSI�N DIVERSA DE LA QUE ESTABLECE EL OTRO TRIBUNAL SOBRE EL MISMO PROBLEMA JUR�DICO. Aun cuando uno de los Tribunales Colegiados de Circuito no exponga en la ejecutoria respectiva las consideraciones en que sustenta el criterio jur�dico materia de la contradicci�n de tesis, �sta existe en forma impl�cita si tal ejecutoria contiene elementos suficientes para establecer un criterio contrario al del otro Tribunal Colegiado, pues si bien es cierto que la divergencia de criterios debe darse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas en las sentencias, ello no obsta para determinar que s� existe contradicci�n y decidir cu�l tesis debe prevalecer, cuando los �rganos jurisdiccionales arriban a conclusiones diversas respecto de la sustancia de un mismo problema jur�dico, mientras no se trate de aspectos accidentales o meramente secundarios, ya que para dilucidar cu�l tesis ha de prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, un criterio diverso sobre la misma cuesti�n jur�dica." (Novena �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XV, marzo de 2002. Tesis: 2a. XXVIII/2002. P�gina: 427).

Bajo ese contexto f�ctico y jur�dico puede concluirse que en el aspecto de que se trata s� existe la contradicci�n de tesis denunciada, puesto que los Tribunales Colegiados de referencia, en las ejecutorias que pronunciaron en los asuntos de los que conocieron, estudiaron una misma cuesti�n jur�dica relativa a la procedencia de la suplencia de la queja en juicios de amparo en los que intervienen organizaciones sindicales en defensa de sus intereses como partes quejosa y diversos sindicatos como parte tercera perjudicada, a cuyo efecto interpretaron la disposici�n contenida en la fracci�n IV del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo y llegaron a conclusiones dis�miles, por lo que en el caso se satisfacen los requisitos necesarios para resolver la contradicci�n de tesis que se suscita en torno al tema de m�rito, a fin de dilucidar si de conformidad con la interpretaci�n de lo dispuesto en la fracci�n IV del art�culo 76 Bis en cita opera la suplencia de la queja a favor de los sindicatos, en los que tanto quejoso como terceros perjudicados son sindicatos.

NOVENO

Determinada la existencia de criterios jur�dicos contradictorios entre los Tribunales Colegiados de Circuito a que se hace referencia en el considerando anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que el que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, es el que se precisa en esta resoluci�n.

En principio, es menester tener presente que en torno al problema jur�dico relativo a la procedencia de la suplencia de la queja prevista en la fracci�n IV del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, esta Segunda Sala adopt� el criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administraci�n de justicia a fin de garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, que consiste en que la suplencia de la queja en favor del trabajador en materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violaci�n o de agravios, en su caso, como deriva de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 39/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.I., septiembre de 1995, p�gina 333, del tenor literal siguiente:

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACI�N O AGRAVIOS. La jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que lleva por rubro: 'SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRAT�NDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA.', establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violaci�n o agravios deficientes en relaci�n con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretaci�n rigurosamente literal del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a trav�s de comparar palabra a palabra la redacci�n de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evoluci�n legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garant�as lleva a concluir que la diversa redacci�n de una y otra fracciones obedeci� sencillamente a una cuesti�n de t�cnica jur�dica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada trat�ndose del reo, lo que no se hizo en otras materias quiz� por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aqu�lla, pero de ello no se sigue que la intenci�n del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violaci�n o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administraci�n de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no s�lo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino tambi�n su posici�n debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones."

Asimismo, en congruencia con la tesis antes transcrita estableci� que esa m�xima suplencia de la queja en beneficio de los trabajadores debe hacerse extensiva a los sindicatos que ellos conformen, cuando se controviertan actos de autoridad que trasciendan a sus intereses, en virtud de que dichos organismos constituyen el medio con el que cuentan los trabajadores para lograr el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses, criterio contenido en la tesis aislada 2a. X/99, cuyos rubro, texto y datos de identificaci�n son los que se indican a continuaci�n.

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. HIP�TESIS EN QUE OPERA A FAVOR DE LOS SINDICATOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis de jurisprudencia 39/95, consultable en la p�gina 333, Tomo II, septiembre, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, ha sostenido que la suplencia de la queja en favor de los trabajadores, en materia laboral, opera aun ante la ausencia total de agravios. Esta m�xima suplencia de la queja debe hacerse extensiva a los sindicatos de trabajadores cuando acudan al juicio de garant�as controvirtiendo actos de autoridad que trascienden directamente a sus intereses, ya que dichos organismos laborales constituyen el medio fundamental con que cuentan los trabajadores para lograr el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Por ello, la suplencia de la queja deficiente prevista en el art�culo 76 Bis, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, opera respecto de los sindicatos cuando el acto reclamado consiste en la negativa reca�da a su solicitud de registro pues, de lo contrario, los trabajadores ver�n mermados sus derechos colectivos, porque no podr�n hacerlos valer a trav�s del sindicato ni ejercitar acciones de tal naturaleza ante las diversas autoridades, y carecer�n de capacidad para adquirir bienes muebles e inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su asociaci�n." (Novena �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: IX, febrero de 1999. Tesis: 2a. X/99. P�gina 243).

El criterio anterior lo emiti� la Sala al resolver, en sesi�n de veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el amparo en revisi�n 2425/97, del que destacan las siguientes consideraciones:

En el presente caso, si bien la petici�n de garant�as no la hace un trabajador, sino un sindicato, dada la naturaleza jur�dica de �ste y el �mbito dentro del cual tuvo lugar el acto de autoridad reclamado, debe concluirse que la suplencia de la deficiencia de los agravios debe operar en los t�rminos que, conforme a la jurisprudencia antes citada, tiene lugar respecto de los trabajadores.

En efecto, los sindicatos de trabajadores constituyen el medio de defensa que tienen �stos para lograr el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses, es decir, las funciones de los sindicatos trascienden en beneficio de los trabajadores porque son ellos quienes obtienen las ventajas del desempe�o de los sindicatos, ya que representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan.

Por otra parte, debe considerarse que el acto de autoridad que en el presente caso es reclamado en el juicio de garant�as, s� trasciende en forma definitiva a los intereses de los trabajadores, toda vez que de negarse el registro del sindicato respectivo, los trabajadores ver�n mermados sus derechos, porque no podr�n hacerlos valer a trav�s del sindicato que los representa, al ser una obligaci�n de �stos registrarse ante la autoridad competente, ya que la falta de registro implica que no est�n legalmente constituidos, con las consecuencias de que su integraci�n no surte efectos ante todas las autoridades; no tienen capacidad para adquirir bienes muebles, ni inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de la instituci�n; as� como a defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes.

Por tanto, en atenci�n a las consideraciones antes vertidas, esta Sala llega a la conclusi�n de que la suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el art�culo 76 Bis, fracci�n IV, de la Ley de Amparo opera, respecto de los sindicatos, cuando acudan al juicio de garant�as controvirtiendo la constitucionalidad de actos de autoridad que trascienden a su registro ante la autoridad competente.

No debe pasar inadvertido que la instituci�n de la suplencia de la deficiencia de la queja en amparo, tiene como �nico efecto velar por el apego de los actos de autoridad al marco constitucional, por lo que se traduce, solamente, en atender a la verdad jur�dica, supliendo las deficiencias que en cuestiones adjetivas hubiera incurrido la parte quejosa, pero de ninguna manera afectando o trastocando los derechos sustantivos de las partes."

En t�rminos del criterio antes detallado, la Sala resolvi�, en sesi�n de veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el amparo en revisi�n 2890/98, en el que reiter� "que en aquellos casos en que el quejoso sea un sindicato de trabajadores que se�alen como acto reclamado cualquier acto que trascienda a los intereses de los trabajadores debe supl�rsele la deficiencia de la queja en su m�xima acepci�n", con base en lo cual determin� que tal suplencia opera en favor de un sindicato que en la v�a constitucional reclama la resoluci�n que declara inexistente una huelga, tomando en cuenta que dicho acto de autoridad trasciende a los intereses de los trabajadores en la medida que al declarar ilegal la suspensi�n de labores fija un plazo para que aqu�llos vuelvan a sus labores, con el apercibimiento que de no hacerlo se dar� por terminada la relaci�n laboral, lo cual implica que de no acatarse la resoluci�n quede jur�dicamente desprotegida dicha suspensi�n de labores, con la consecuente p�rdida de salarios, dado que el patr�n -tercero perjudicado- queda en libertad de contratar nuevo personal. Este criterio se encuentra contenido en la tesis aislada que a continuaci�n se identifica.

SINDICATOS DE TRABAJADORES. OPERA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA RESOLUCI�N QUE DECLARA INEXISTENTE LA HUELGA, POR TRASCENDER DIRECTAMENTE A LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, emiti� la tesis X/99, en donde sostuvo que la m�xima suplencia de la queja deficiente, que en favor de los trabajadores establece la fracci�n IV del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo y a que se refiere la jurisprudencia 39/95, debe hacerse extensiva a los sindicatos de trabajadores cuando el acto reclamado trascienda directamente a sus intereses, porque dichas organizaciones constituyen el medio con que cuentan los trabajadores para lograr el an�lisis, mejoramiento y defensa de sus intereses. Congruentemente con ese criterio, la queja deficiente debe ser suplida en el caso de que el acto reclamado consista en la resoluci�n que declara la inexistencia de la huelga porque en tal supuesto queda desprotegida jur�dicamente la suspensi�n de labores, cuyas consecuencias son el que se fije a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para que vuelvan al trabajo, con la p�rdida de sus salarios durante el tiempo que dur� el conflicto; se les aperciba de que por el solo hecho de no acatar la resoluci�n se declaren terminados los contratos de trabajo y que el patr�n queda en libertad para contratar nuevos trabajadores, lo que evidentemente trasciende a los intereses de los trabajadores." (Novena �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: IX, abril de 1999. Tesis: 2a. XLVI/99. P�gina: 213).

Precisado lo anterior, esta S. reitera su criterio en torno al tema tratado en las ejecutorias de m�rito y, en consecuencia, deja establecido lo siguiente:

  1. La instituci�n de la suplencia de la queja prevista en la fracci�n IV del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo procede en favor de los trabajadores aun ante la ausencia total de conceptos de violaci�n o de agravios, seg�n se trate de un juicio de garant�as o de un recurso previsto en la ley de la materia.

  2. Los sindicatos son asociaciones de trabajadores constituidos con la finalidad de lograr el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 356 de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del art�culo 123 constitucional.

  3. La suplencia de la queja opera a favor de los sindicatos cuando en el juicio de garant�as controviertan actos de autoridad que trasciendan a los intereses de los trabajadores que los integran, derivados de las prerrogativas que constitucional y legalmente les corresponden, es decir, cuando afectan derechos laborales que individual o colectivamente originen perjuicio a sus agremiados.

  4. La instituci�n de la suplencia de la queja en los juicios de amparo tiene como �nica finalidad velar por el apego de los actos de autoridad al marco constitucional, por lo que s�lo se traduce en atender a la verdad jur�dica, supliendo las deficiencias que en cuestiones adjetivas hubiera incurrido la parte quejosa, sin afectar o trastocar los derechos sustantivos de las dem�s partes.

  5. En forma enunciativa, mas no limitativa, opera la instituci�n de la suplencia de la queja en favor de los sindicatos que acuden al juicio de garant�as controvirtiendo la constitucionalidad de actos de autoridad inherentes a su registro, o bien, a la declaraci�n de inexistencia de una huelga, porque �sta perjudica directamente los derechos laborales de sus trabajadores dadas sus consecuencias jur�dicas antes precisadas; y en el caso de la negativa del registro sindical tambi�n trasciende en forma directa a los derechos laborales que constitucional y legalmente les asiste, ya que dichas organizaciones sindicales constituyen el medio con que cuentan los trabajadores para lograr el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses laborales, los que en caso contrario se ver�an mermados, pues les impedir�a defenderlos.

En principio, conviene se�alar que los derechos que corresponden a los sindicatos derivan de lo dispuesto en el art�culo 123 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y de su ley reglamentaria. As� se advierte que en la fracci�n XVI del referido art�culo 123, apartado A, se garantiza el derecho a la asociaci�n sindical de los trabajadores al establecer:

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendr�n derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc."

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del precepto constitucional en cita, en lo referente a ese derecho a la asociaci�n sindical de los trabajadores dispone, en lo conducente, lo siguiente:

Art�culo 356. Sindicato es la asociaci�n de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses."

Art�culo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorizaci�n previa."

Art�culo 359. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administraci�n y sus actividades y formular su programa de acci�n."

Art�culo 365. Los sindicatos deben registrarse en la Secretar�a del Trabajo y Previsi�n Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto remitir�n por duplicado:

I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva;

II. Una lista con el n�mero, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios;

III. Copia autorizada de los estatutos; y

IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva.

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores ser�n autorizados por el secretario general, el de Organizaci�n y el de Actas, salvo lo dispuesto en los estatutos."

Art�culo 367. La Secretar�a del Trabajo y Previsi�n Social, una vez que haya registrado un sindicato, enviar� copia de la resoluci�n a la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje."

Art�culo 368. El registro del sindicato y de su directiva, otorgado por la Secretar�a del Trabajo y Previsi�n Social o por las Juntas Locales de Conciliaci�n y Arbitraje, produce efectos ante todas las autoridades."

Art�culo 374. Los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad para:

I.A. bienes muebles;

II. Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su instituci�n; y

III. Defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes."

Art�culo 375. Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petici�n del trabajador, la intervenci�n del sindicato."

De las anteriores disposiciones legales destaca que reglamentan los derechos de la asociaci�n sindical de los trabajadores que garantiza la fracci�n XVI del art�culo 123, apartado A, de la Carta Fundamental, al establecer, entre otros, el de redactar sus estatutos y reglamentos, de elegir libremente a sus representantes, de organizar su administraci�n y sus actividades, de formular su programa de acci�n, as� como de constituir la clase de sindicato que deseen formar, del cual pueden obtener su registro ante la autoridad competente, con el objeto de que �sta d� fe de que el acto que les dio existencia jur�dica re�ne los requisitos de fondo que fija la ley, reconociendo as� la capacidad legal con que cuentan para defender sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes, tanto las colectivas como las individuales de sus agremiados, ante todas las autoridades, as� como para adquirir bienes muebles e inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su asociaci�n, por lo que son todos estos derechos, entre otros, los que pueden defender los sindicatos al acudir al juicio constitucional.

Por otra parte, es preciso acudir a la historia legislativa de la referida instituci�n tutelar, para conocer si conforme a la teleolog�a de la norma en la que el legislador la instituy�, existe la posibilidad legal para que en los juicios de amparo opere dicha suplencia de la queja a favor de un sindicato de trabajadores quejoso, cuando en dicho juicio tiene la calidad de tercero perjudicado una diversa organizaci�n sindical. As� destaca, que el Constituyente de 1917, en el texto original del p�rrafo segundo del art�culo 107 constitucional, plasm� la naciente instituci�n jur�dica de la suplencia de la queja s�lo en la materia penal, en los siguientes t�rminos:

Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103, se seguir�n a instancia de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jur�dico que determinar� una ley que se ajustar� a las bases siguientes:

...

II. En los juicios civiles y penales, salvo los casos de la regla IX, el amparo s�lo preceder� contra las sentencias definitivas respecto de las que no proceda ning�n recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, siempre que la violaci�n de la ley se cometa en ellas, o que, cometida durante la secuela del procedimiento, se haya reclamado oportunamente y protestado contra ella por negarse su reparaci�n, y que cuando se haya cometido en primera instancia, se haya alegado en la segunda por v�a de agravio.

La Suprema Corte no obstante esta regla, podr� suplir la deficiencia de la queja en un juicio penal, cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una violaci�n manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, y que s�lo por torpeza no se ha combatido debidamente la violaci�n. ..."

Del examen del referido precepto constitucional se desprende que desde su origen la instituci�n de la suplencia de la queja deficiente tuvo como objetivo la protecci�n de intereses fundamentales del quejoso en los juicios de amparo en materia penal, es decir, de aquellos consagrados en la propia C.�n y en las leyes que de ella emanen, con la finalidad de resolver conforme a la verdad real o material los asuntos de esa naturaleza, sin el rigorismo jur�dico del formalismo legal que rige en los juicios del orden civil.

Ese car�cter proteccionista y antiformalista de la referida instituci�n y su consecuente finalidad se respet� al reformarse el art�culo 107 constitucional, e incluirse en ella a la clase trabajadora que en los juicios de amparo en materia laboral ten�a la calidad de quejosa, mediante decreto de treinta de noviembre de mil novecientos cincuenta, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno. Los p�rrafos segundo y tercero de la fracci�n II del art�culo en cita, quedaron redactados en los t�rminos siguientes:

Podr� suplirse la deficiencia de la queja, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

Podr� tambi�n suplirse la deficiencia de la queja en materia penal y en la de la parte obrera en materia de trabajo, cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado, una violaci�n manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa, y en materia penal, adem�s, cuando se le haya juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso."

La exposici�n de motivos con la cual acompa�� el presidente de la Rep�blica el texto de dichas reformas constitucionales, hace referencia a las modificaciones en relaci�n con la suplencia de la queja, precisando lo siguiente:

  1. La deficiencia de la queja, seg�n las vigentes normas constitucionales, s�lo puede suplirse en amparos penales directos.

    Hemos considerado pertinente ampliar el alcance de esas normas, a fin de que se supla la deficiencia de la queja cualquiera que sea el amparo de que se trate, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte. Ello es as� porque si ya el Alto Tribunal declar� que una ley es inconstitucional, ser�a impropio que por una mala t�cnica en la formaci�n de la demanda de amparo, afecte al agraviado el cumplimiento de una ley que ha sido expedida con violaci�n a la Constituci�n.

    Y en materia penal, restringida hasta ahora la deficiencia de la queja a los amparos directos se ha extendido a los indirectos, acogi�ndose a la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia. Y tambi�n podr� suplirse esta deficiencia en amparos de trabajo, directos e indirectos, porque las normas constitucionales contenidas en el art�culo 123, son fundamentalmente tutelares de los derechos de la clase trabajadora, y esta clase muchas veces no est� en la posibilidad de defenderse adecuadamente, por ignorancia de rigorismos t�cnicos."

    Del texto del art�culo constitucional reformado, as� como de la exposici�n de motivos antes transcritos, se aprecia que la suplencia de la queja se ampli� a los juicios de amparo en materia laboral promovidos en la v�a directa o en la indirecta, a favor de los trabajadores, con la finalidad de tutelar los derechos fundamentales de esa clase desprotegida, contenidos en el art�culo 123 constitucional, tomando en cuenta que por lo regular estos gobernados no est�n en posibilidad de defenderse adecuadamente por desconocimiento de rigorismos t�cnicos.

    Por tanto, se advierte que el Poder Reformador de la Constituci�n ampli� los principios que rigen la suplencia de la queja al amparo laboral, directo e indirecto, para proteger en sus derechos fundamentales a la clase obrera, considerada en el juicio de amparo la parte econ�micamente d�bil, subsistiendo en dichos juicios de amparo el principio de estricto derecho que rige para los planteados por la parte patronal, cuando �sta intervenga con el car�cter de quejoso o de parte tercero perjudicada, ya que se le consider� ampliamente capacitada para obtener una defensa adecuada de sus intereses; asimismo, conforme a lo dispuesto en el art�culo constitucional reformado, la suplencia en materia de trabajo s�lo proced�a por violaciones manifiestas de la ley, que dejaran a la parte obrera sin defensa, siendo su finalidad la de tutelar sus derechos fundamentales consagrados en el art�culo 123 constitucional.

    Mediante decreto de veinte de marzo de mil novecientos ochenta y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de siete de abril del mismo a�o, se reform� la fracci�n II, p�rrafo segundo, del art�culo 107 constitucional y por diverso decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis, se cre� el art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo. Los mencionados preceptos constitucional y reglamentario regulaban el principio de la suplencia de la queja deficiente, en los t�rminos siguientes:

    Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

    ...

    II. La sentencia ser� siempre tal, que s�lo se ocupe de individuos particulares, limit�ndose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o acto que la motivare.

    En el juicio de amparo deber� suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de esta Constituci�n."

    Art�culo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deber�n suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n de la demanda, as� como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

    ...

    IV. En materia laboral, la suplencia s�lo se aplicar� en favor del trabajador. ..."

    Las exposiciones de motivos relacionadas con las iniciativas de reforma y adici�n de los preceptos constitucional y reglamentario antes transcritos, as� como el dictamen formulado por la Comisi�n de la C�mara de Diputados, el veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y seis, marcan los fundamentos o principios rectores de la suplencia de la queja deficiente en la legislaci�n vigente, al establecer, en lo conducente:

    Iniciativa de reforma del art�culo 107 constitucional.

    Mediante la reforma que se propone a la fracci�n II del art�culo 107 constitucional, se pretende adecuar el juicio de amparo a las exigencias de la �poca actual para que contin�e garantizando la efectividad del Estado de derecho. Se propugna por suprimir tecnicismos que obstaculicen la impartici�n de la justicia, d�ndole mayor amplitud a la instituci�n de la suplencia de la queja deficiente.

    As�, se establece la regla gen�rica de la suplencia obligatoria de la deficiencia de la queja, reservando a la Ley de Amparo (art�culo 76 Bis, 91 y 227) su reglamentaci�n. Ello tiene como finalidad dar una mayor amplitud a esa instituci�n, lo que necesariamente redundar� en beneficio del gobernado al evitarse los excesos a que conducen los rigorismos formalistas, es decir, se impedir� la denegaci�n de justicia por razones de car�cter meramente t�cnico ..."

    En la iniciativa que adicion� el art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo se aduce:

    La necesaria actualizaci�n de la legislaci�n con los requerimientos que la r�pida evoluci�n de la vida moderna trae consigo, hace indispensable la revisi�n constante de las normas de nuestro ordenamiento jur�dico.

    Por ello, en diversa iniciativa que en este periodo de sesiones se ha presentado a esta honorable C�mara de Senadores, se propone, entre otras, la reforma de la fracci�n II del art�culo 107 de la Constituci�n General de la Rep�blica para establecer, con rango constitucional, la suplencia obligatoria de la deficiencia de la queja, reservando a la legislaci�n secundaria su reglamentaci�n.

    Como consecuencia de lo anterior, en esta iniciativa se suprimen del art�culo 76 de la Ley de Amparo sus cuatro �ltimos p�rrafos, que se refieren a la suplencia de la queja, y se crea el art�culo 76 Bis para consignar en �l las hip�tesis de la referida suplencia obligatoria de la queja deficiente. ..."

    En el dictamen relativo al estudio de las anteriores iniciativas, formulado por la C�mara de Diputados, en lo conducente, se manifiesta:

    En primer lugar, la comisi�n que suscribe reconoce que una de las funciones primordiales de todo Estado democr�tico es la impartici�n de justicia, tarea que el Estado mexicano ha contemplado desde su nacimiento como naci�n independiente.

    En nuestro sistema el Poder Judicial de la Federaci�n es guardi�n de la Constituci�n Federal, a �l compete vigilar que los actos de autoridad se ajusten a los mandamientos fundamentales, cumpliendo de esta manera no s�lo con lo preceptuado por el art�culo 17 constitucional, sino con la delicada labor de preservar inviolable nuestro M�ximo Ordenamiento Jur�dico.

    La tutela jurisdiccional de la Constituci�n, encuentra su base en la aplicaci�n de cuerpos jur�dicos, sustantivos y adjetivos. Uno de �stos es la Ley de Amparo cuya reforma se estudia. El derecho caracterizado por su dinamismo, exige que sus disposiciones se amolden a las exigencias del contexto social para mantenerse como un instrumento �til y fortalecer el cambio estructural.

    Conforme a este criterio de revisi�n permanente y en acatamiento del postulado pol�tico de 'Justicia Igualitaria', el gobierno mexicano atiende uno de los requerimientos ingentes de la vida nacional. ...

    Sin lugar a dudas, la aportaci�n m�s valiosa de la propuesta senatorial es el establecimiento y definici�n del principio de la suplencia de la queja, ello con car�cter obligatorio. En materia de amparo ha regido el principio de ser de estricto derecho, principio que consiste en que en el estudio que abordan sobre la cuesti�n constitucional planteada en el juicio de garant�as, el juzgador s�lo debe analizar los conceptos de violaci�n expuestos en la demanda, sin entrar en consideraciones acerca de la inconstitucionalidad de los actos reclamados que no se incluyan en dichos conceptos, impidiendo as�, que el Juez supla las deficiencias que pudiera presentar la demanda respectiva.

    Esta situaci�n acarrea como consecuencia que en un gran n�mero de casos sea un formulismo antisocial y anacr�nico, victimario de la justicia, por lo que se justifica plenamente la existencia de la suplencia de la queja, es decir, que el juzgador est� facultado para no ce�irse ni limitarse a los conceptos de violaci�n expresados en la demanda de amparo, sino que deba hacer valer, oficiosamente, en ciertos amparos, vicios y violaciones inconstitucionales de los actos reclamados.

    Una demanda de amparo, o un recurso de revisi�n, pueden ser deficientes por omisi�n o imperfecci�n, en donde se infiere que suplir las deficiencias de la queja, significa llenar las omisiones en que hayan incurrido la demanda o el recurso.

    La iniciativa que ahora se dictamina, propone el establecimiento de la suplencia de la queja, ello con car�cter obligatorio, lo que trae consigo una mayor protecci�n de los quejosos y recurrentes, y convierte en un instrumento m�s eficaz al juicio de amparo, ajust�ndose �ste a la casu�stica se�alada en el nuevo art�culo 76 Bis, la que consideramos adecuada por el notorio beneficio en favor de determinados sectores de quejosos y recurrentes. Adem�s, el motivo por el cual se establece la suplencia de la queja deficiente, responde a la idea de hacer efectiva la supremac�a constitucional encomendada a la labor del Poder Judicial de la Federaci�n.

    Es de destacarse, que se conserva el actual primer p�rrafo del art�culo 76, en la iniciativa se mantiene como �nica disposici�n del precepto, y contiene la cl�sica 'F�rmula O.', o sea el principio de la relatividad de las sentencias de amparo; sin que la referida suplencia de la queja, materia del art�culo 76 Bis, derogue o afecte aquel principio, ya secular.

    Igualmente la reforma es positiva en cuanto a su extensi�n, ya que la obligatoriedad de la suplencia de la queja deficiente, establecida en el art�culo 76 Bis, abarca no s�lo los conceptos de violaci�n de las demandas, sino tambi�n la deficiencia de los agravios, al examinarse los recursos de revisi�n de las resoluciones dictadas por los Jueces de Distrito.

    Las Comisiones Dictaminadoras que suscriben, estiman conveniente recordar que la evoluci�n legislativa que ha seguido la suplencia de la queja en los juicios de amparo; instituci�n que en el texto original de la Carta Magna de Q.�taro, solamente exist�a en materia penal, para los casos de violaci�n manifiesta de la ley, en los que el quejoso hab�a quedado sin defensa, o hab�a sido juzgado por una ley no exactamente aplicable, y que s�lo por torpeza inexcusable no era combatida debidamente esa violaci�n.

    El p�rrafo segundo de la fracci�n II del art�culo 107 constitucional, ha sido adicionado por sucesivas reformas, y as�, en la publicada en el Diario Oficial de 19 de febrero de 1951, se incluy� la suplencia de la queja, en forma facultativa, para los amparos interpuestos en contra de actos fundados en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, as� como la deficiencia de la queja de la parte obrera en materia de trabajo.

    En el Diario Oficial de 2 de noviembre de 1962, se public� una importante adici�n a los principios reguladores del juicio de amparo, consistente en ordenar, y no s�lo autorizar, la suplencia de la queja en los juicios constitucionales en materia agraria, y ello de acuerdo con lo que dispusiera la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales, as� como que en ning�n caso proceder�an en esa materia la caducidad de la instancia ni el sobreseimiento por inactividad procesal.

    En virtud de la reforma publicada el 20 de marzo de 1974, se autoriz� la suplencia de la deficiencia de la queja en los amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, ello tambi�n de conformidad con lo que dispusiese la ley reglamentaria del juicio constitucional.

    Ahora bien, en la misma fecha de la iniciativa de ley que ahora se dictamina, o sea el 15 de noviembre �ltimo, varios miembros de este Senado presentaron una iniciativa, de reforma constitucional, consistente en modificar la fracci�n II del art�culo 107 de la Carta Magna, en el sentido de referir gen�ricamente los casos de la suplencia de la queja, a las disposiciones de la ley reglamentaria del juicio de amparo, a efecto de facilitar y ampliar los beneficios de aquella instituci�n, de acuerdo con las necesidades impuestas por el cambio social.

    Dicha iniciativa de reforma constitucional, fue tramitada oportunamente con arreglo a la norma del art�culo 135, y habiendo concluido ya el proceso legislativo con su publicaci�n en el Diario Oficial de fecha siete de abril en curso, resulta ahora pertinente aplicar la regla superior contenida en la nueva fracci�n II del art�culo 107 constitucional, se�alando los diversos casos de la suplencia de la queja comprendidos dentro del texto vigente de la Ley de Amparo, de conformidad con las necesidades manifestadas por la evoluci�n social y jur�dica de nuestra sociedad pol�tica, uniformando los t�rminos legales de la suplencia de la queja y haciendo �sta obligatoria para todos los casos recogidos con anterioridad, y extendiendo la suplencia a los agravios de los recursos de revisi�n en los amparos biinstanciales, ya que tienen igual importancia jur�dica la demanda inicial y los recursos contra las sentencias de los Jueces de Distrito.

    Las Comisiones Dictaminadoras hacen notar que en las ramas del derecho social mexicano se concede un tratamiento especial a las clases econ�micamente d�biles, tal es el caso de los ejidatarios, comuneros, trabajadores, menores de edad, incapaces y tambi�n personas acusadas por delitos. Es correcto que el derecho social no otorgue condiciones de igualdad dentro de un procedimiento judicial a quienes realmente son desiguales; partir del supuesto de igualdad jur�dica entre quienes no la tienen en realidad, conducir�a fatalmente a hacer nugatoria la impartici�n de justicia pues tratar igual a desiguales es absolutamente injusto.

    ... A juicio de las comisiones ... no es momento a�n de dar igual trato a quienes poseen recursos suficientes para defenderse por s� mismos, o pueden contratar la mejor defensa, que a quienes por su falta de preparaci�n o por su carencia de recursos econ�micos, no pueden autodefenderse, ni pagar una defensa adecuada.

    Por ello, insistimos, reconociendo el alto valor que tiene el pretender lograr la jurisdicci�n plena en toda clase de asuntos para los miembros del Poder Judicial Federal, estamos convencidos de lo valioso que es conservar tambi�n la vocaci�n protectora de las normas del derecho social. ..."

    Del an�lisis sistem�tico de lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n II, p�rrafo segundo, constitucional y 76 Bis de la Ley de Amparo, as� como de los fines que tuvieron los �rganos que crearon tales dispositivos, deriva que:

  2. En uso de una t�cnica legislativa depurada, en la Constituci�n Federal se contempla la regla gen�rica de la obligatoriedad de la suplencia de la queja deficiente y se faculta al legislador ordinario para que la reglamente.

  3. P. el car�cter proteccionista a favor de la parte d�bil y el antiformalista o de ausencia de rigorismos t�cnicos, en cuanto a su aplicaci�n en el juicio de amparo.

  4. De acuerdo con la evoluci�n legislativa, la aplicaci�n de la referida instituci�n se ampl�a a todas las materias del juicio de amparo, con los alcances jur�dicos y particularidades fijados en las diversas adiciones a la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n de diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno; dos de noviembre de mil novecientos sesenta y dos; veinte de marzo de mil novecientos setenta y cuatro; y veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis.

  5. En la �ltima adici�n citada, se cre� el art�culo 76 Bis de la Ley de A. en el que se regula la aplicaci�n de la instituci�n jur�dica de la suplencia de la queja en las distintas materias del juicio de amparo y respecto de sujetos espec�ficos que ah� se precisan, tanto en la demanda que le da origen como en los recursos.

    Por tanto, la suplencia de la queja en el juicio de amparo en materia de trabajo se caracteriza porque se aplica obligatoriamente, de manera amplia o total, para proteger los intereses fundamentales de la clase trabajadora consagrados en el art�culo 123 de la Constituci�n Federal y en las leyes que de ella emanan, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 76 Bis, fracci�n IV, de la Ley de A., que dice:

    Art�culo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deber�n suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n de la demanda, as� como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

    ...

    IV. En materia laboral, la suplencia s�lo se aplicar� en favor del trabajador."

    En congruencia con la evoluci�n hist�rica de la instituci�n de la suplencia de la queja, se llega a la conclusi�n de que el legislador, basado en el principio de la justicia distributiva, que consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, la instituy� en favor de sujetos espec�ficos considerados la parte d�bil en el juicio de amparo para lograr el equilibrio procesal en el mismo, abandonando las formalidades y tecnicismos contrarios a la administraci�n de justicia, con la finalidad de garantizar el acceso real y efectivo a la Justicia Federal.

    As�, en el caso concreto del amparo en materia de trabajo, por disposici�n expresa del legislador, plasmada en el art�culo 76 Bis, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, exclusivamente se aplica en favor de la clase trabajadora que acude al juicio constitucional, ya sea como persona f�sica o moral constituida por un sindicato de trabajadores, en defensa de sus derechos fundamentales consagrados en el art�culo 123 constitucional y en la ley reglamentaria que han sido vulnerados por cualquier acto de autoridad sin importar su origen, lo que implica que �ste puede derivar de un conflicto individual o colectivo de trabajo o de un acto administrativo, entre otros, siempre y cuando el respectivo acto de autoridad trascienda directamente a los derechos laborales de los trabajadores, pues no existe excepci�n alguna, constitucional ni legalmente, para cumplir con esa obligaci�n que el Poder Reformador de la Norma Fundamental impuso a los �rganos jurisdiccionales federales, pues basta que se afecte alg�n inter�s fundamental tutelado por la legislaci�n laboral constitucional u ordinaria, en perjuicio de la clase obrera que acude al juicio de garant�as o que interpone alguno de los recursos que prev� la Ley de Amparo, para que surja la obligaci�n del �rgano de control constitucional de aplicar la instituci�n de m�rito a favor del promovente de que se trata.

    As� pues, como la teleolog�a de la citada suplencia es lograr el equilibrio procesal de las partes y �ste no se rompe cuando en el juicio de garant�as intervienen como partes quejosa y tercera perjudicada distintos sindicatos de trabajadores, puesto que ninguno de ellos se coloca en una situaci�n de desigualdad que requiera ser equilibrada, dicha situaci�n no da lugar a la obligaci�n de suplir la queja deficiente en tanto las dos partes, al ser sindicatos, deben estimarse parte trabajadora en igualdad de condiciones.

    En otras palabras, debe destacarse que cuando un sindicato acude al juicio de garant�as y su contraparte es tambi�n un sindicato al que le interesa que subsista el acto reclamado con el fin de tutelar los derechos del propio sindicato, esta peculiaridad procesal implica que desaparezca la circunstancia que tanto el Poder Revisor de la Constituci�n como el legislador ordinario tomaron en cuenta para establecer la obligaci�n de suplir la deficiencia de los planteamientos dentro del juicio de amparo, pues ya no subsiste la desventaja t�cnico-procesal de la referida quejosa y, atendiendo a los fines de la justicia distributiva, confiere un trato igual a los iguales, esto es, atendiendo al sistema de garant�as sociales consagradas en el art�culo 123 de la Constituci�n Federal y en las leyes ordinarias de naturaleza laboral que de ella emanan, la referida suplencia se instituy� �nica y exclusivamente en favor de la clase trabajadora que acude al juicio de garant�as en defensa de sus derechos laborales, con el objeto de lograr el equilibrio procesal entre personas f�sicas o morales que pertenecen a clases socioecon�micas distintas, como son el trabajo y el capital, representados por los obreros y los patrones, respectivamente, con el prop�sito directo e inmediato de proteger el inter�s fundamental de la clase trabajadora que fluye en ese sistema de garant�as sociales cuando son vulneradas, transgredidas, limitadas, desconocidas o de cualquier forma afectadas por el acto de la autoridad responsable, situaci�n que fue precisamente la que tom� en cuenta el Poder Reformador de la Constituci�n para instituir en favor de esa clase desprotegida la obligaci�n del �rgano de control constitucional de suplir la queja deficiente en la exposici�n de los conceptos de violaci�n o de los agravios, o bien, ante su ausencia, ejercer la m�xima suplencia.

    En atenci�n a lo antes considerado, esta Segunda Sala establece, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 192 de la Ley de Amparo, que debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia el criterio que aqu� se sustenta, el cual queda redactado con el rubro y el texto que a continuaci�n se indican:

    SINDICATOS DE TRABAJADORES. CASOS EN QUE SE LES DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO.-

    Del an�lisis de la evoluci�n hist�rica de la instituci�n de la suplencia de la queja, prevista en el art�culo 76 bis, fracci�n IV, de la Ley de A., se advierte que el legislador, basado en el principio de justicia distributiva, la instituy�, exclusivamente, en favor de la clase trabajadora que acude al juicio de garant�as, ya sea como persona f�sica o moral constituida por un sindicato de trabajadores, en defensa de sus derechos laborales consagrados en el art�culo 123 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislaci�n reglamentaria, para lograr el equilibrio procesal de las partes que intervienen en dicho juicio, y con la �nica finalidad de velar por el apego de los actos de autoridad al marco constitucional para garantizar a ese sector de la sociedad el acceso real y efectivo a la Justicia Federal. En consecuencia, la referida instituci�n opera a favor de los sindicatos de trabajadores, cuando defienden derechos laborales que han sido vulnerados por cualquier acto de autoridad sin importar su origen, siempre y cuando �ste trascienda directamente a los derechos laborales de sus agremiados, y no intervengan diferentes organizaciones sindicales como partes quejosa y tercero perjudicada, toda vez que esta peculiaridad procesal implica que ninguna de las partes se coloque en una situaci�n de desigualdad jur�dica que requiera ser equilibrada y d� lugar a la obligaci�n de suplir la queja en tanto las dos partes, al ser sindicatos, deben estimarse parte trabajadora en igualdad de condiciones. En otras palabras, cuando un sindicato acude al juicio de garant�as y su contraparte es tambi�n un sindicato al que le interesa que subsista el acto reclamado con el fin de tutelar los derechos del propio sindicato, significa que no subsiste la desventaja t�cnico procesal que tanto el Poder Revisor de la Constituci�n como el legislador ordinario tomaron en cuenta para establecer tal obligaci�n.

    Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

No existe la contradicci�n de tesis denunciada entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y los emitidos por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa, Octavo en Materia Civil y Sexto en Materia de Trabajo, todos del Primer Circuito; Primero en Materia Administrativa y Primero en Materia Civil, ambos del Segundo Circuito; Primero del Quinto Circuito, Primero del Octavo Circuito y Primero del Vig�simo Circuito.

SEGUNDO

En los t�rminos se�alados en el considerando sexto de esta ejecutoria, proc�dase a la correcci�n de la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, identificada en dicho considerando.

TERCERO

Existe la contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y el actual Primero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de conformidad con lo precisado en el noveno considerando de esta resoluci�n.

CUARTO

En t�rminos del considerando final de esta resoluci�n debe prevalecer con car�cter jurisprudencial el criterio que sustenta esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

Notif�quese y c�mplase; rem�tase al Semanario Judicial de la Federaci�n la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente ejecutoria para los efectos establecidos en el art�culo 195, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; env�ese testimonio de la misma a los Tribunales Colegiados de Circuito que intervinieron en esta contradicci�n para los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de tres votos de los se�ores Ministros: G.D.G.�ngora P., S.S.A.A. y presidente J.V.A.A.�n. Los se�ores Ministros Juan D�az R. y G.I.O.M. votaron en contra, quienes emitir�n voto de minor�a. Fue ponente el se�or Ministro G.D.G.�ngora P..

Tesis:

N�mero tesis: 184002

Rubro: SINDICATOS DE TRABAJADORES. CASOS EN QUE SE LES DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO.

Localizacion: 9a. �poca; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XVII, Junio de 2003; P�g. 285; [J];