Ejecutoria num. 2a./J. 44/2003 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26825488

Ejecutoria num. 2a./J. 44/2003 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 44/2003
Localizacion:JUAN DÍAZ ROMERO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 2003
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO (Y LEGISLACIONES AFINES). CASOS EN LOS QUE PUEDEN PROMOVER JUICIO DE AMPARO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 24/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN D�AZ ROMERO.

SECRETARIO: �S.R.�..

CONSIDERANDO:

TERCERO

A fin de verificar la existencia de la contradicci�n denunciada, se hacen las siguientes transcripciones:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito dice:

  1. directo 193/98.

    CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violaci�n procede analizar si en el caso se actualiza o no la causa de improcedencia que hace valer el tercero perjudicado ... En efecto, dicha persona por escrito presentado en este tribunal el catorce de julio de mil novecientos noventa y ocho, adujo lo siguiente: ?Tercero. El notario ... carece de derecho para interponer el presente juicio de garant�as, en virtud de las siguientes tesis jurisprudenciales: �NOTARIOS P�BLICOS, CASO DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO INTERPUESTO POR. Conforme a lo dispuesto por los art�culos 103 y 107 constitucionales y a los relativos de la ley reglamentaria, el amparo procede por violaci�n de garant�as individuales y no por la violaci�n de todo derecho, ni menos de aquellos que se hacen provenir del ejercicio y funci�n de una investidura oficial, como es el notariado; por tanto, cuando los actos de las autoridades afecten al quejoso, en sus actos como funcionario, el amparo es improcedente.� ...?. En contestaci�n a lo as� alegado, debe decirse que a la luz de la tesis que se invoca bajo el rubro: ?NOTARIOS. SUSPENSI�N EN SU CARGO.?, no puede declararse la improcedencia del presente juicio de garant�as, pues tal tesis no tiende a dilucidar el problema relativo a si un notario puede o no promover amparo en casos como el que nos ocupa. As� es, la mencionada tesis �nicamente se limita a interpretar el art�culo 129 de la Ley del Notariado que analiza, estableciendo que el Ejecutivo del Estado correspondiente, a trav�s del procedimiento previsto por dicha ley, puede determinar la gravedad de la falta o violaci�n cometida por un notario en el ejercicio de sus funciones y aplicar las sanciones se�aladas en esa ley, sin que sea necesario que previamente exista declaraci�n de autoridad judicial en la que establezca la responsabilidad penal del notario, o la nulidad del acto jur�dico que haya dado motivo a la sanci�n. Por otra parte, la diversa tesis que, con el t�tulo: ?NOTARIOS P�BLICOS, CASO DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO INTERPUESTO POR.?, transcribe el tercero perjudicado en apoyo de sus argumentos, contrario a lo que �ste afirma no es jurisprudencia, sino que se trata de un criterio aislado que, por lo mismo, no obliga a este colegiado, de conformidad con lo que dispone el art�culo 192 de la Ley de A.. Criterio que, adem�s, se encuentra superado en la actualidad. Ciertamente, la tesis en estudio fue emitida en el a�o de mil novecientos treinta y uno por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, esto es, en la Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n. En ese a�o la indicada Sala tambi�n emiti� las siguientes tesis: ?NOTARIOS EN EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES.? (se transcribe). Como se ve, el criterio que en la �poca indicada sosten�a ese Alto Tribunal para establecer que los que ejerc�an la funci�n del notariado no pod�an promover amparo en contra de autoridades que los afectaran en sus actos como notarios, se basaba en la investidura oficial de �stos, es decir, en el car�cter de funcionarios p�blicos que tienen, y en el argumento de que el desempe�ar una funci�n p�blica no es un derecho individual cuyo goce est� protegido por medio del juicio de amparo, sino que se trata de un derecho del ciudadano que no puede ser reclamable en dicha v�a. Pues bien, es cierto que el juicio de amparo se cre� para proteger a los gobernados contra actos de las autoridades que violen las garant�as individuales de �stos, y que siendo, en esencia, las garant�as individuales restricciones al poder p�blico que salvaguardan derechos fundamentales del individuo, queda al margen de toda discusi�n que el Estado no goza de garant�as individuales y, por ello, no es posible conceder a los funcionarios u �rganos que lo integran el recurso extraordinario del amparo cuando vienen a defender actos que realizan en el ejercicio de sus funciones; sin embargo, no menos cierto es que en determinadas situaciones los entes p�blicos obran en las mismas condiciones que los particulares. Esta equiparaci�n en el obrar indujo al legislador a dotarlos de los mismos derechos tutelares que al individuo cuando no ejercen actos de imperio, previendo, por tanto, en el art�culo 9o. de la Ley de A. la procedencia de la instancia constitucional a su favor cuando defienden sus actos que se equiparan a los de los individuos particulares. As� las cosas, cabe precisar que los notarios no son autoridades para efectos del amparo, pues aun cuando por la actividad que desempe�an tienen el car�cter de fedatarios p�blicos, lo cierto es que en su desempe�o como tales sus actos carecen de potestad e imperio. Sobre el punto encuentra aplicaci�n la tesis de ejecutoria de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina mil cuatrocientos cincuenta y cinco del Tomo XCI, correspondiente a la Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?NOTARIOS P�BLICOS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LOS.? (se transcribe). Luego, es claro que la sola investidura p�blica que tienen es insuficiente para estimar improcedente el amparo que promuevan. Ahora bien, por lo que ve al tema sobre derechos pol�ticos, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n vino modificando su inicial criterio, seg�n lo muestran sus diversas tesis que dicen: ?DERECHOS POL�TICOS, VIOLACI�N DE.? (se transcribe) y ?CARGOS P�BLICOS, LOS DERECHOS DE LOS TITULARES NO SON S�LO POL�TICOS.? (se transcribe). Estas tesis son las que deben prevalecer por haberse emitido con posterioridad a las citadas en primer t�rmino. Consecuentemente y atento a estos �ltimos criterios, es inconcuso que no pueda declararse improcedente el presente juicio de garant�as, pues en �l el notario quejoso alega que se cometieron en su perjuicio violaciones en el juicio administrativo en que fue parte litigante que se tradujeron en vulneraci�n a sus garant�as individuales. Lo anterior tambi�n encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable con el n�mero 218, en la p�gina ciento cuarenta y ocho del Tomo VI, Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que dice: ?DERECHOS POL�TICOS ASOCIADOS CON ACTOS VIOLATORIOS DE GARANT�AS.?. QUINTO. Los conceptos de violaci�n anteriormente transcritos son fundados. Para mayor claridad del asunto resulta pertinente hacer una s�ntesis de los antecedentes del caso, de los que se advierte lo siguiente: Por escrito de veintis�is de noviembre de mil novecientos noventa, dirigido al secretario general de Gobierno del Estado de J. ... interpuso queja administrativa en contra de ... en su car�cter, entonces, de notario p�blico suplente adscrito y asociado al titular n�mero 35 de Guadalajara, J., a fin de que se le sancionara por hechos que, en su concepto, le hab�an lesionado y que se describen en ese escrito. Por resoluci�n de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis, y en relaci�n con la aludida queja, el gobernador del Estado de J. determin� no instaurar procedimiento administrativo en contra del indicado notario. En contra de dicha resoluci�n el mencionado ... promovi� demanda de nulidad de la que deriva la sentencia que constituye el acto aqu� reclamado. Ahora bien, como lo alega el quejoso, de la lectura de la sentencia reclamada se advierte que el tribunal responsable resolvi� con base en hechos que ni siquiera hab�an acontecido cuando se present� la mencionada queja administrativa, y que, por lo mismo, no formaban parte de dicha queja, vulnerando as�, en perjuicio del quejoso, el art�culo 63, fracci�n I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de J. (que reg�a en la �poca en que se pronunci� la sentencia reclamada), que lo obliga a fijar con precisi�n y claridad, y a resolver en los mismos t�rminos los puntos que conciernen a la litis ante �l planteada, estableciendo con ello el principio jur�dico de congruencia que debe existir en toda resoluci�n emitida por el tribunal responsable, y de donde resulta tambi�n que para dilucidar la validez y legalidad de una resoluci�n ante �l impugnada debe analizarla sin cambiar los hechos y circunstancias que se presentaron ante la autoridad demandada, pues resultar�a injustificado examinar la validez y legalidad de un acto impugnado de nulidad a la luz de razonamientos o hechos que no conoci� la respectiva autoridad demandada; al no haberse propuesto a la misma, y al no advertirlo as� la autoridad responsable transgredi� en perjuicio del promovente de amparo las garant�as de legalidad y seguridad jur�dicas establecidas por los art�culos 14 y 16 constitucionales, por la inobservancia de aquella disposici�n secundaria ya invocada. As� es, el tribunal responsable estim� fundado el tercer concepto de anulaci�n que le hizo valer el aqu� tercero perjudicado ... (que hizo consistir en la violaci�n al secreto notarial previsto por el art�culo 37 de la Ley del Notariado del Estado de J.), esto, dijo el tribunal responsable, en virtud de la publicaci�n que hizo el notario en el peri�dico El Occidental del d�a diez de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en la cual aparece que: ?como notario y a instancia de ... y del Banco del Atl�ntico, S., me correspondi� instrumentar el fideicomiso de garant�a en virtud del cual el se�or ... su ex-esposa la se�ora ... y la empresa propiedad de ... denominada Nacional de T.�a, S., en virtud de adeudos que ten�an con el banco convinieron en garantizarlo mediante un fideicomiso al que le correspondi� la escritura 21,131, de fecha 16 de noviembre de 1982.?, publicaci�n de la que sigue refiriendo el tribunal responsable: ?Se advierte que en efecto hay revelaciones del notario ... al p�blico, que con el mejor o no de los derechos deben permanecer en el secreto, tanto bancario, fiduciario y como notario, virtud por la cual se considera que por motivo de esta revelaci�n ha lugar a instaurar un procedimiento administrativo de investigaci�n y, en su caso, de sanci�n.?. De lo anterior se desprende que, como antes se dijo, la sentencia reclamada se basa en hechos que ni siquiera hab�an acontecido cuando el mencionado ... present� su queja administrativa que resolvi� el gobernador del Estado, en tanto que �sta, como tambi�n qued� precisado con antelaci�n, fue suscrita el veintis�is de noviembre de mil novecientos noventa, de donde resulta claro que la referida queja administrativa en manera alguna pudo fundarse en la publicaci�n de referencia. Lo alegado por el tercero perjudicado ... en su escrito presentado ante este tribunal el catorce de julio de mil novecientos noventa y ocho, donde, en esencia, aduce que la violaci�n al secreto profesional por el notario quejoso con motivo de la publicaci�n multicitada s� fue materia de la mencionada queja administrativa que resolvi� el gobernador del Estado, carece de sustento, ya que tanto la resoluci�n del gobernador (fojas 66 a 73 del expediente de nulidad) como el respectivo escrito de queja administrativa suscrito el veintis�is de noviembre de mil novecientos noventa (fojas 342 a 347 id.), muestran que la queja en cuesti�n se hizo consistir en que el notario de m�rito autoriz� una escritura p�blica que contiene un contrato de fideicomiso de garant�a sujeto a la condici�n suspensiva de que el fiduciario obtuviera, de la Secretar�a de Relaciones Exteriores, el permiso para actuar como tal, y que despu�s indebidamente expidi� un segundo testimonio en el que agregaba en forma ilegal un permiso de la mencionada secretar�a, el que adem�s, dijo el denunciante, fue violado por las razones que en la multirreferida queja precis�. Jam�s se doli� el denunciante, en la queja multicitada, de violaci�n al secreto notarial, menos por la publicaci�n ya referida. Dicha publicaci�n �nicamente se aport� como prueba (precisamente de la queja de 26 de noviembre de 1990) al expediente resuelto por el gobernador, mas en ning�n momento y en forma destacada se formul� queja por violaci�n al secreto notarial. Ciertamente, por oficio SGAJ/160/96-2311-2369, suscrito el diecis�is de enero de mil novecientos noventa y seis por el director general jur�dico de la Subsecretar�a General de Gobierno de Asuntos Jur�dicos, dependiente del Ejecutivo del Estado, se requiri� al citado ... para que en relaci�n con su queja administrativa acompa�ara copia de la escritura que contiene el contrato de fideicomiso ya rese�ado, lo que cumpliment� mediante escrito que present� a dicha subsecretar�a el veintitr�s de enero siguiente; posteriormente, por diverso escrito presentado el catorce de febrero de ese a�o exhibi�: ?Como complemento de mi comunicaci�n de 23 del mes pr�ximo pasado en el que doy contestaci�n a su atento oficio SGAJ/160/96 del d�a 16 del mes mencionado, por medio del presente adjunto adicionalmente los siguientes documentos p�blicos probatorios de la denuncia que interpuse en contra del notario p�blico n�mero 35 de esta municipalidad ... por violaci�n a la Ley del Notariado del Estado de J. en mi perjuicio, al haber realizado alteraciones sustanciales a su escritura 21,131.? (foja 10 del segundo tomo del expediente de nulidad), entre otras constancias, el recorte de la publicaci�n period�stica de diez de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, por lo que el gobernador del Estado al resolver la multicitada queja de veintis�is de noviembre de mil novecientos noventa, y referir las pruebas que al respecto se aportaron, menciona que tambi�n se acompa�� como prueba tal publicaci�n period�stica. En esas condiciones, lo que procede es conceder al quejoso el amparo solicitado al respecto, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente, en el punto aqu� tratado, la sentencia reclamada y, en su lugar, pronuncie otra en la cual, atendiendo a los lineamientos arriba precisados, repare la violaci�n ponderada.

    El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito refiere:

  2. en revisi�n (improcedencia) 150/2001.

    CUARTO. En principio, es pertinente precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sustent� criterio acerca de que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hip�tesis legal, la cual puede consultarse con el n�mero P.L., visible en la p�gina 7, Tomo X, septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISI�N, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.? (se transcribe). De acuerdo con lo expuesto no ser�n analizados los razonamientos y argumentos del acuerdo, as� como los agravios transcritos, en raz�n de que este Tribunal Colegiado advierte de oficio que se concreta una diversa causal de improcedencia que resulta preponderante, puesto que �sta es una cuesti�n de orden p�blico en el juicio de garant�as, cuyo examen resulta prioritario de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 73, in fine, de la Ley de A.. Cierto, el Juez de Distrito para desechar la demanda de que se trata argument�: a) Que los actos reclamados no afectan los intereses jur�dicos del promovente; y, b) Que el ejercicio del notariado es una funci�n p�blica y que la designaci�n de uno de dichos funcionarios afecta �nicamente a la colectividad (derechos colectivos) y no de garant�as individuales -foja 44 del cuaderno auxiliar-; para lo cual estim� concretada s�lo la causal de improcedencia instituida por el art�culo 73, fracci�n V, de la ley de la materia, esto es, por el motivo indicado en el inciso a). Pues bien, es precisamente con base en el segundo de los razonamientos en que este colegiado estima que se actualiza la causal de improcedencia instituida en el numeral 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con el art�culo 103, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como en el numeral 1o., fracci�n I, a contrario sensu, de la Ley de A.. En efecto, la Constituci�n Federal, en lo relativo, establece: ?Art�culo 1o.? (se transcribe). ?Art�culo 103.? (se transcribe). Y, la Ley de A., en lo atinente, dispone: ?Art�culo 1o.? (se transcribe). En tanto la Ley del Notariado para el Estado de J., al respecto, dice: ?Art�culo 1o. Notario es el profesional del derecho y funcionario p�blico, investido por delegaci�n del Estado, a trav�s del titular del Poder Ejecutivo, de la capacidad de dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jur�dicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jur�dica conforme a las leyes. La actuaci�n notarial es una funci�n de orden p�blico y tendr� el car�cter de vitalicia.?. Adem�s, en la obra de la Real Academia Espa�ola intitulada Diccionario de la Lengua Espa�ola, Madrid, vigesimoprimera edici�n, se establece, entre otras, la definici�n que, en lo relativo, enseguida se transcribe: ?notario (Del lat. notarius) ... 3. Funcionario p�blico autorizado para dar fe de los contratos, testamentos y otros actos extrajudiciales, conforme a las leyes.?. Lo subrayado y resaltado es para destacar lo que ser� objeto de comentario. En la obra del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, intitulada Diccionario Jur�dico Mexicano, octava edici�n, Editorial Porr�a, M�xico 1995, se establece, entre otras, la definici�n que, en lo relativo, enseguida se transcribe: ?Notariado. I (De notario y �ste del lat�n notarius). Instituci�n que comprende todo lo relativo a la notar�a y a los notarios. En opini�n de G.A.(., p. 481), definir al notariado importa definir al notario ... o sea que se le considere como grupo de quienes la desempe�an. Se ha dicho que la naturaleza del notariado se exterioriza en la pr�ctica en el conjunto de facultades que constituyen el ejercicio de la funci�n notarial, la que a su vez, es una prerrogativa del poder p�blico que va encaminada a declarar el derecho mediante una manifestaci�n con la que se da forma al acto jur�dico. Es el notariado una instituci�n que surge en forma natural de la organizaci�n social, desde las primeras manifestaciones contractuales de la sociedad, y que consiste en t�rminos generales en el sistema organizado de personas investidas de fe p�blica para autorizar o dar fe de hechos y actos que ante ellos pasan y se otorgan; el notario, pues, es un magistrado, representante del poder p�blico, obligado y capaz de recibir y dar forma a cuanta manifestaci�n jur�dica surja de la vida de relaci�n contractual. ... IV. ... b) El notariado de tipo latino, como el de nuestro pa�s, en el que el notario es al mismo tiempo un funcionario dotado de fe p�blica y un abogado que ilustra a las partes, redacta el documento, lo autoriza, expide copias certificadas y conserva el original.? -lo resaltado es para destacar lo que ser� objeto de comentario. La obra intitulada Diccionario de Derecho Constitucional, G.�as y A., de I.B.O., Editorial Porr�a, S., M�xico, 1984, primera edici�n, expresa las definiciones que a continuaci�n se transcriben: ?Individuo. Independientemente de su significado filos�fico y de su etimolog�a que denota el ser que no se puede dividir, en el �mbito jur�dico equivale a la misma persona f�sica. El art�culo primeroconstitucional considera al individuo, bajo esta acepci�n, como titular de las garant�as que nuestra Ley Suprema establece. Sin embargo, no s�lo el individuo o persona f�sica tiene esta titularidad, sino cualquier sujeto que se encuentre en la situaci�n de gobernado, concepto que ya hemos tratado (v�ase la voz respectiva) ...?. ?Gobernado. Es el titular de los derechos subjetivos p�blicos derivados de la relaci�n jur�dica de supra a subordinaci�n denominada impropiamente �garant�a individual�, siendo, en consecuencia, el sujeto activo de esta relaci�n. Su definici�n es la siguiente: sujeto cuya esfera jur�dica puede afectarse o se afecta por un acto de autoridad, es decir, por cualquier acto que provenga de alg�n �rgano del Estado y que sea unilateral, imperativo y coercitivo. Dentro de la situaci�n de gobernado se comprenden no s�lo los individuos o personas f�sicas, sino las personas morales de derecho privado, las entidades de car�cter social, como los ejidos y las comunidades agrarias, las entidades paraestatales y, excepcionalmente, las mismas personas morales oficiales. De esta comprensi�n resulta la incorrecta denominaci�n con que tradicionalmente se han designado las garant�as constitucionales, imput�ndoles la indebida designaci�n de �individuales�. Su nombre atingente debe ser �garant�as del gobernado�. ...?. En la obra intitulada Las G.�as Individuales, de I.B., decimos�ptima edici�n, Editorial Porr�a, S., M�xico 1983, cap�tulo segundo, p�ginas ciento setenta y cuatro, ciento setenta y cinco, y ciento setenta y seis, se expresa, en lo relativo, lo que enseguida se transcribe: ?1. En el primer caso, el gobernado es sujeto activo de la garant�a individual constituida para todo habitante o individuo que viva en el territorio nacional independientemente de su calidad migratoria, nacionalidad, sexo, condici�n civil, etc. El t�rmino individuo que encarna al sujeto gobernado cuando �ste se revela como una persona f�sica, equivale a ser humano en su sustantividad biol�gica, con independencia de sus atributos jur�dicos o pol�ticos. ... 3. Pero no solamente la titularidad de las garant�as individuales, es decir, su subjetividad activa, corresponde a las personas f�sicas y a las morales de derecho privado, sino que se extiende a las personas morales de derecho social y aun las de derecho p�blico. En efecto, hemos dicho que el concepto de individuo a que se refiere el art�culo primero constitucional equivale a la idea de gobernado, o sea, al de sujeto f�sico o moral cuya esfera jur�dica es susceptible de constituir el objeto total o parcial de actos de autoridad imputados a �rganos estatales. Por tanto, si dicha esfera pertenece a una persona moral de derecho social (sindicato, confederaci�n sindical, comunidad agraria), �sta asume el car�cter de gobernado frente a los actos autoritarios de afectaci�n correspondientes, o sea, de individuo para los efectos de la titularidad activa de las garant�as que expresamente consagra la Constituci�n. Por otra parte, si las personas morales oficiales o estatales piden la acci�n de amparo cuando los actos de autoridad lesionen sus intereses patrimoniales conforme a lo dispuesto por el art�culo 9o. de la Ley de A., tales personas deben estimarse como sujetos activos de la relaci�n jur�dica llamada garant�a individual en lo que ata�e al �mbito formado por dichos intereses, pues en lo tocante a �stos asumen la calidad de gobernados ... c) Sujeto pasivo. El sujeto pasivo de la relaci�n jur�dica que implica la garant�a individual est� integrado por el Estado como entidad jur�dica y pol�tica en que se constituye el pueblo y por las autoridades del mismo.?. Ahora bien, en el asunto que nos ocupa se reclama, principalmente, el acuerdo dictado por el Gobernador Constitucional del Estado de J., de diecinueve de diciembre de dos mil, por el que se designa como notario p�blico para la poblaci�n de Arandas, J., a ... y sus consecuencias legales inherentes. En el acuerdo recurrido se determin�: ?El ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, dict� el siguiente acuerdo: Guadalajara, J., 19 diecinueve de diciembre de 2000 dos mil. Resolviendo el procedimiento instaurado para cubrir la vacante de adscripci�n del notario titular n�mero 2 de la municipalidad de Arandas, de esta entidad federativa y tomando en consideraci�n la informaci�n emitida por el Consejo de Notarios de la entidad, mediante oficio n�mero 884/00, de fecha 18 del presente mes, en el sentido de que el ciudadano licenciado ... tenedor de patente de aspirante al ejercicio notarial e interesado en cubrir esa adscripci�n, aprob� el examen de oposici�n celebrado en las oficinas de ese organismo los d�as 13 y 15 de los corrientes, obteniendo una calificaci�n de 85 puntos en la escala del 1 al 100, opinando que procede, por tanto, la designaci�n de �ste para ese cargo, con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 1o., 19, 23, 25, 27 y 28 de la Ley del Notariado del Estado en vigor, se otorga a dicho profesionista el fiat correspondiente, quien deber� cubrir el pago del derecho fiscal respectivo. P.�quese este acuerdo en el Peri�dico Oficial El Estado de J. y d�nse los avisos correspondientes. As� lo resolvi� el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, ante el ciudadano secretario general de Gobierno, que autoriza y da fe. El Gobernador Constitucional del Estado. I.. A.C.�rdenas J.�nez (firmado). El secretario general de Gobierno. Dr. M.L.�n A. (firmado).? foja 16 vuelta. Pues bien, conforme al texto de los art�culos 103, fracci�n I y 1o., fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de A., respectivamente, el juicio de amparo tiene por objeto, a trav�s de los tribunales de la Federaci�n, resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garant�as individuales. En concreto, las garant�as individuales son de las que goza todo individuo conforme lo dispone el art�culo 1o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos precepto que dispone: (se transcribe). Y, el t�rmino individuo -seg�n la obra intitulada Breve Diccionario Etimol�gico de la Lengua Espa�ola, de G.G.�mez de S., doctor en letras, editado por El Colegio de M�xico y el Fondo de Cultura Econ�mica, M�xico, segunda edici�n, 1998-, se define de la manera siguiente: ?individuo (sustantivo) �persona, ser humano; organismo, respecto de su especie� (individual �relativo a un solo ser humano; separado, particular, propio�); individuo (adjetivo) �individual; indivisible�, del lat�n individuus (adjetivo) �indivisible�, de in- �no� (v�anse in-2, �no) + dividuus �divisible; dividido�, de dividere �dividir�.?. En tanto el vocablo funci�n -seg�n la obra citada inmediata y anteriormente-, se define como se transcribe a continuaci�n: ?funci�n (�acci�n propia de una persona, �rgano o mecanismo; actividad, ocupaci�n� (funcionar, �servir, ejecutar la acci�n propia�, funcionario �persona que desempe�a un empleo p�blico�): lat�n functionem, acusativo de functio (radical function) �funci�n, ejecuci�n, cumplimiento, actividad�, de functus, participio pasivo de fungi �ejecutar, cumplir, desempe�ar� (v�ase �fungir), + -io ?acci�n proceso? (v�ase �-i�n).?. Conforme a las definiciones inmediatas anteriores, individuo es s�lo un ser humano, separado, particular, propio. En tanto funcionario es una persona que desempe�a un empleo p�blico. En las condiciones indicadas, se considera pertinente precisar que las garant�as individuales son propias de los individuos, mas no de funcionarios p�blicos en ejercicio de sus funciones. Lo anterior es as�, pues debe tomarse en consideraci�n que, en el caso que nos ocupa, el notario recurrente no se sit�a en los supuestos contemplados por los art�culos 103, fracci�n I, constitucional y 1o., fracci�n I, de la Ley de A.. Cierto, para ser sujeto de las garant�as individuales es conveniente puntualizar que de acuerdo con las acepciones transcritas con antelaci�n del doctrinista I.B.O. en el caso a estudio no se est� en la hip�tesis de que al inconforme se le considere como gobernado con derecho a ejercer la acci�n de amparo para impugnar el acuerdo se�alado como acto reclamado en la demanda de garant�as correspondiente, pues debe diferenciarse que para ser sujeto de las garant�as individuales es con independencia de sus atributos jur�dicos o pol�ticos, lo que no ocurre en el caso, porque el acto que se est� reclamando es, precisamente, con motivo del ejercicio de la funci�n p�blica que desempe�a el peticionario de garant�as. Tampoco se trata de una persona moral de derecho social (sindicato, confederaci�n sindical, comunidad agraria), ni de una persona moral oficial o estatal a las cuales se les est�n lesionando sus intereses patrimoniales, conforme a lo dispuesto por el art�culo 9o. de la Ley de A., pues tales personas, en esos supuestos, son sujetos activos de la relaci�n jur�dica llamada garant�a individual, en lo que ata�e al �mbito formado por dichos intereses, pues en lo tocante a �stos asumen la calidad de gobernados. Por �ltimo, cabe decir que no se vulneran en perjuicio del promovente las garant�as individuales, porque con los actos que reclama no se le est� afectando en su integridad personal ni alguno de los bienes tutelados por el art�culo 22 constitucional, como puede ser, por ejemplo, confiscaci�n de sus bienes, para estimar que existe afectaci�n a sus bienes patrimoniales, como individuo o persona f�sica, supuestos en los que s� proceder�a la acci�n constitucional. Al respecto, es aplicable sobre el particular la tesis publicada en la p�gina cincuenta y siete, tomo 4, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Tercera Sala, S�ptima �poca, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: ?NOTARIOS P�BLICOS, CASO DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO INTERPUESTO POR.? (se transcribe). Asimismo, sirve de sustento a lo considerado en esta resoluci�n, el criterio contenido en la tesis consultable a p�gina mil seiscientos veinticinco del Tomo XXXI, Segunda Parte, Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?FUNCIONARIOS P�BLICOS.? (se transcribe). Tambi�n se considera pertinente citar el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (el cual se comparte), en la jurisprudencia n�mero 614, publicada en la p�gina cuatrocientos ocho del Tomo VI, del Ap�ndice de 1995, cuyo texto es el siguiente: ?AMPARO, FINALIDAD Y NATURALEZA DEL.? (se transcribe). En consecuencia, por los motivos y fundamentos aludidos se concluye que debe confirmarse el acuerdo recurrido, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 73, fracci�n XVIII, de la Ley de A., en relaci�n con los numerales 103, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracci�n I, este �ltimo precepto de la propia Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como en el art�culo 145 de la propia ley reglamentaria del juicio de garant�as; empero, por las razones que en esta resoluci�n se expresaron.

    Este criterio dio origen a la siguiente tesis:

    "Novena �poca

    "Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XIV, septiembre de 2001

    "Tesis: III.2o.A.75 A

    "P�gina: 1337

    "NOTARIOS P�BLICOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO SOLICITADO POR �STOS. De acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 1o., fracci�n I, de la ley que rige el juicio de garant�as, el amparo s�lo procede: ?Por leyes o actos de la autoridad que violen las garant�as individuales.?. De lo que se desprende que s�lo procede el juicio de amparo por violaci�n de garant�as individuales, mas no por la vulneraci�n de todo derecho, menos a�n cuando los actos reclamados provienen del ejercicio y funci�n de una investidura oficial, como lo es el notariado. En consecuencia, cuando se reclamen actos de autoridades que afecten a notarios, en su actuaci�n como funcionarios, el amparo solicitado por �stos es improcedente."

CUARTO

No se realiza la transcripci�n del amparo directo 24/99, remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, ya que �ste trata un tema diferente al planteado en la denuncia de contradicci�n (visita domiciliaria en materia fiscal).

En consecuencia, dicha ejecutoria no ser� materia de examen en la presente ejecutoria.

QUINTO

Una vez asentado lo anterior debe precisarse si existe la contradicci�n de tesis se�alada.

Al respecto, el art�culo 197-A de la Ley de A. establece:

Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.

Para determinar cu�ndo existe contradicci�n de tesis esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha dicho:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

"Novena �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XI, junio de 2000

"Tesis: 1a./J. 5/2000

"P�gina: 49

"CONTRADICCI�N DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el art�culo 107, fracci�n XIII de la Constituci�n y dentro de la Ley de A., no existe disposici�n que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicci�n de tesis, la relativa a que �sta emane necesariamente de juicios de id�ntica naturaleza, sin embargo, es la interpretaci�n que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que s� han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cu�l criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los �rganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si �stas s�lo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposici�n debe darse en la sustancia del problema jur�dico debatido; por lo que ser� la naturaleza del problema, situaci�n o negocio jur�dico analizado, la que determine materialmente la contradicci�n de tesis que hace necesaria la decisi�n o pronunciamiento del �rgano competente para establecer el criterio prevaleciente con car�cter de tesis de jurisprudencia."

Tomando en cuenta las transcripciones realizadas se analizar�n las sentencias de m�rito, para saber si en ellas se examinaron cuestiones esencialmente iguales y se adoptaron criterios discrepantes partiendo del examen de los mismos elementos.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, analiz� el problema planteado partiendo de los siguientes elementos:

  1. Resolvi� un amparo directo (193/98), donde ... (notario p�blico n�mero 35 en Guadalajara), se�al� como acto reclamado una sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Estado de J., dentro del expediente de nulidad I-B 475/96, cuyos antecedentes es preciso tener en cuenta:

    1. ... interpuso queja administrativa en contra del notario ... ante el secretario general de Gobierno de esa entidad federativa, a fin de que se le sancionara, ya que emiti� una escritura p�blica que contiene un contrato de fideicomiso de garant�a sujeto a condici�n suspensiva, consistente en que el fiduciario obtuviera, de la Secretar�a de Relaciones Exteriores, el permiso para actuar como tal, y que despu�s expidi� un segundo testimonio en el que se agreg� ilegalmente -seg�n dijo-, un permiso de la referida dependencia.

    2. El gobernador del Estado resolvi� no instaurar procedimiento administrativo, por lo que el se�or ... promovi� juicio de nulidad ante el tribunal responsable.

    3. Dicho tribunal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, declar� parcialmente procedente la instancia administrativa que promovi� el se�or ... ante el Ejecutivo del Estado, en virtud de considerar que el notario revel� p�blicamente una cuesti�n que deb�a guardar como secreto notarial.

    El Tribunal Colegiado, en su considerando quinto, resolvi� conceder el amparo para el efecto de que la responsable dictara nueva resoluci�n en la que tomara en cuenta que el acto reclamado lo emiti� con base en hechos que no hab�an acontecido cuando se present� la queja administrativa.

    En el considerando cuarto se analiz� propiamente el tema en debate, ya que el tercero perjudicado ... hizo valer una causal de improcedencia consistente en que el se�or ... al ser notario p�blico carec�a de derecho para interponer ese juicio de garant�as.

    Ese aspecto fue desestimado por el Tribunal Colegiado bajo los siguientes argumentos:

    1. Las tesis que cita el tercero perjudicado, una ("NOTARIOS, SUSPENSI�N DE SU CARGO."), no es aplicable; mientras que la otra ("NOTARIOS P�BLICOS, CASO DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO INTERPUESTO POR.") no es jurisprudencia. Adem�s, que en complemento a esta �ltima exist�an otros criterios en la Quinta �poca de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que en conjunto aduc�an la improcedencia del amparo promovido por esos fedatarios contra actos que afectaran sus actos como notarios por la investidura oficial y por desempe�ar una funci�n p�blica que no es individual.

    2. El Estado no goza de garant�as individuales, por lo que no es procedente el amparo cuando los funcionarios tratan de defender los actos que realizan en ejercicio de sus funciones.

    3. En determinadas situaciones los entes p�blicos act�an como particulares (cuando se les dota de los mismos derechos que los de unindividuo y no ejercen actos de imperio).

    4. Los notarios no son autoridades para los efectos del amparo, pues aun cuando son fedatarios p�blicos sus actos carecen de potestad e imperio.

    5. As�, la sola investidura que ostentan es insuficiente para estimar improcedente el amparo que promuevan.

    6. Hay tesis ("DERECHOS POL�TICOS. VIOLACI�N DE." y "CARGOS P�BLICOS. LOS DERECHOS DE LOS TITULARES NO SON S�LO POL�TICOS."), referentes a derechos de los titulares o la persona de cargos p�blicos (que no son pol�ticos).

    7. Por ello, no puede ser improcedente el juicio de amparo donde el notario alega violaciones en un juicio administrativo en el que fue litigante.

    Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito parti� de lo siguiente:

  2. Al recurso de revisi�n de m�rito (amparo en revisi�n [improcedencia] 150/2001), lo informan los siguientes antecedentes:

    1. ... notario n�mero 1 en Arandas, J., promovi� juicio de amparo indirecto, cuyo acto reclamado consisti�, fundamentalmente, en el acuerdo del gobernador de ese Estado (derivado del procedimiento para cubrir la vacante respectiva), a trav�s del cual se designa como notario n�mero 2 de esa poblaci�n a ... alegando que s�lo puede haber dos notarios para ese lugar (los identificados con las Notar�as N�meros 1 y 4, ya que las Notar�as 2 y 3 "no se instalaron para el ejercicio del notariado en la municipalidad de Arandas", seg�n se relat� en los antecedentes de la demanda de amparo).

    2. La demanda fue desechada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de esa entidad federativa, porque estim� que la designaci�n aludida s�lo podr�a afectar a la sociedad, pero no afecta los intereses jur�dicos del quejoso (art�culo 73, fracci�n V, de la Ley de A.).

    3. En contra el quejoso interpuso la revisi�n.

    El Tribunal Colegiado confirm� el auto recurrido, aunque por motivos diferentes de improcedencia, bajo los siguientes argumentos:

    1. El amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen garant�as individuales.

    2. Las garant�as individuales son propias de los individuos, mas no de los funcionarios p�blicos.

    3. En el caso a estudio no puede considerarse al quejoso como gobernado, ello con independencia de sus atributos jur�dicos o pol�ticos, ya que el acto reclamado es con motivo del ejercicio de la funci�n p�blica que �l desempe�a.

    4. Tampoco se trata de una persona moral social u oficial a la que se le afecten derechos patrimoniales.

      V.D. mismo modo no se le afecta su integridad personal ni los bienes tutelados por el art�culo 22 de la Constituci�n Federal.

    5. Aplica las tesis: "NOTARIOS P�BLICOS, CASO DE IMPROCEDENCIA INTERPUESTO POR." y "FUNCIONARIOS P�BLICOS.".

      Tomando en cuenta dichas ejecutorias debe decirse que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada.

      En efecto, como se ve, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al conocer de un amparo directo, dentro del an�lisis de una causal de improcedencia que se hizo valer, concluye que cuando un notario del Estado de J. alega violaciones en un juicio donde fue parte s� puede promover amparo, pues la sola investidura que ostenta es insuficiente para declarar la improcedencia, ya que existen derechos personales del funcionario p�blico que es factible proteger por esta v�a, lo cual sucede en la especie, en virtud de que lo que se viene impugnado es la determinaci�n del Tribunal Administrativo del Estado de J., a trav�s de la cual se declara parcialmente procedente instaurar un procedimiento administrativo en contra del notario p�blico n�mero 35 en Guadalajara -quejoso-, mismo que deriva de una queja administrativa en su contra.

      El tribunal se�ala que la tesis de rubro: "NOTARIOS P�BLICOS, CASO DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO INTERPUESTO POR.", no es jurisprudencia, por lo que no est� obligado a acatarla, adem�s de que dicho criterio se encuentra superado.

      As�, puede v�lidamente concluirse que el motivo por el cual el tribunal de m�rito estima procedente el juicio de amparo relatado, es que el procedimiento administrativo que se pretende instaurar se origina por una queja administrativa, lo que puede derivar en una sanci�n en contra de ese notario por una actuaci�n en el ejercicio de sus funciones.

      Ahora bien, el Segundo Tribunal Colegiado al conocer de una revisi�n confirma, aunque por motivos diferentes a los aducidos por el Juez de Distrito, la improcedencia del juicio de amparo promovido por el notario n�mero 1 en Arandas, J., ya que el acto reclamado se emiti� con motivo del ejercicio de la funci�n que �l mismo desempe�a, adem�s de que no se afectan sus derechos patrimoniales, su integridad personal, ni los bienes tutelados por el art�culo 22 constitucional.

      Ese tribunal, en apoyo de sus consideraciones, aplic� la tesis de rubro: "NOTARIOS P�BLICOS, CASO DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO INTERPUESTO POR.".

      Debe destacarse que el acto reclamado consisti� en la designaci�n de otra persona para fungir como notario n�mero 2 en la misma localidad que la del quejoso, lo que se desprende de los antecedentes relatados en la demanda de amparo.

      De todo lo anterior es claro que el primer amparo se promovi� con la finalidad de alegar determinadas violaciones en un procedimiento administrativo en contra de un notario (n�mero 35 en Guadalajara), mientras que el segundo amparo se hizo valer para que un notario (n�mero 2 en Arandas) no pudiese ejercer donde ya exist�an otros (n�meros 1 y 4 de Arandas), por lo que, como ya se dijo, el an�lisis que ambos �rganos jurisdiccionales realizaron sobre la procedencia del amparo promovido por notarios parti� de los mismos supuestos, siendo cuestiones jur�dicas semejantes, pues el examen que realizaron deriva de elementos similares para resolver en la forma en que lo hicieron, m�xime que para uno s� es aplicable y para otro no la siguiente tesis:

      "S�ptima �poca

      "Instancia: Tercera Sala

      "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

      "Volumen: 4, Cuarta Parte

      "P�gina: 57

      "NOTARIOS P�BLICOS, CASO DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO INTERPUESTO POR. Conforme a lo dispuesto por los art�culos 103 y 107 constitucionales y a los relativos de la ley reglamentaria, el amparo procede por violaci�n de garant�as individuales y no por la violaci�n de todo derecho, ni menos de aquellos que se hacen provenir del ejercicio y funci�n de una investidura oficial, como es el notariado; por tanto, cuando los actos de las autoridades afecten al quejoso, en sus actos como funcionario, el amparo es improcedente."

      (Esta tesis tambi�n est� publicada con los siguientes datos: Quinta �poca, instancia Segunda Sala, fuente Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XXXI, p�gina 1625, pero con el siguiente rubro: "FUNCIONARIOS P�BLICOS.").

      En efecto, el Primer Tribunal Colegiado aclara que, contrariamente a lo referido por el tercero perjudicado, dicha tesis no constituye jurisprudencia, adem�s de que, en su concepto, se encuentra superada.

      El Segundo Tribunal Colegiado la cita en apoyo de sus consideraciones.

      Conforme a lo relatado, el punto de contradicci�n consiste en saber si los notarios p�blicos del Estado de J. pueden o no promover juicio de amparo y, de ser as�, en qu� casos.

      No es obst�culo para declarar la existencia de la mencionada contradicci�n, el hecho de que los asuntos que dieron origen a ella partieran del examen del siguiente art�culo de la Ley del Notariado:

      Art. 1o. Notario es el profesional del derecho y funcionario p�blico, investido por delegaci�n del Estado, a trav�s del titular del Poder Ejecutivo, de la capacidad de dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jur�dicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jur�dica conforme a las leyes. La actuaci�n notarial es una funci�n de orden p�blico y tendr� el car�cter de vitalicia.

      Dicho numeral fue reformado seg�n publicaci�n de dieciocho de abril de dos mil dos, en el Peri�dico Oficial de ese Estado, para quedar de la siguiente manera:

      Art�culo 1o. Notario es el profesional del derecho que desempe�a una funci�n p�blica investido por delegaci�n del Estado, a trav�s del titular del Poder Ejecutivo, de la capacidad de dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jur�dicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jur�dica conforme a las leyes. La actuaci�n notarial es una funci�n de orden p�blico que tendr� el car�cter de vitalicia.

      Pese a esa reforma el problema de contradicci�n subsiste, ya que su esencia no se modific�, resultando aplicable la siguiente tesis:

      "Novena �poca

      "Instancia: Pleno

      "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

      "Tomo: XIII, abril de 2001

      "Tesis: P. VIII/2001

      "P�gina: 322

      CONTRADICCI�N DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE AUN CUANDO LA NORMA INTERPRETADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO HAYA SUFRIDO UNA REFORMA, SI �STA NO MODIFIC� SU ESENCIA. No es dable concluir que es inexistente una contradicci�n de tesis, cuando la norma legal que interpretaron los tribunales y que los llev� a conclusiones discrepantes, sufre una reforma que s�lo modific� en parte la terminolog�a empleada, pero no la esencia del precepto, en tanto que se entiende que si el contenido sustancial se mantiene, subsiste la divergencia de criterios que requiere ser superada a trav�s del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

SEXTO

Una vez precisado el punto de contradicci�n debe determinarse qu� criterio debe prevalecer.

Para ello, en primer lugar debe determinarse la naturaleza jur�dica de la funci�n de los notarios en el Estado de J., por lo que es conveniente volver a transcribir el actual art�culo primero de la Ley del Notariado de esa entidad, que refiere:

Art�culo 1o. Notario es el profesional del derecho que desempe�a una funci�n p�blica investido por delegaci�n del Estado, a trav�s del titular del Poder Ejecutivo, de la capacidad de dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jur�dicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jur�dica conforme a las leyes. La actuaci�n notarial es una funci�n de orden p�blico que tendr� el car�cter de vitalicia.

A manera de introducci�n sobre la naturaleza de la funci�n notarial la doctrina maneja los siguientes conceptos:

El Diccionario Jur�dico Mexicano (Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, Editorial Porr�a, decimatercera edici�n, M�xico, 1999), define:

Notariado. I (De notario y �ste del lat�n notarius). Instituci�n que comprende todo lo relativo a la notar�a y a los notarios. En opini�n de G.A.(., P. 481), definir al notariado importa definir al notario o sea que se le considere como grupo de quienes la desempe�an. Se ha dicho que la naturaleza del notariado se exterioriza en la pr�ctica en el conjunto de facultades que constituyen el ejercicio de la funci�n notarial, la que a su vez, es una prerrogativa del poder p�blico que va encaminada a declarar el derecho mediante una manifestaci�n con la que se da forma al acto jur�dico. Es el notariado una instituci�n que surge en forma natural de la organizaci�n social, desde las primeras manifestaciones contractuales de la sociedad, y que consiste en t�rminos generales en el sistema organizado de personas investidas de fe p�blica para autorizar o dar fe de hechos y actos que ante ellos pasan y se otorgan; el notario, pues, es un magistrado, representante del poder p�blico, obligado y capaz de recibir y dar forma a cuanta manifestaci�n jur�dica surja de la vida de relaci�n contractual. ... IV. ... b) El notariado de tipo latino, como el de nuestro pa�s, en el que el notario es al mismo tiempo un funcionario dotado de fe p�blica y un abogado que ilustra a las partes, redacta el documento, lo autoriza, expide copias certificadas y conserva el original. La actuaci�n del notario no tiene m�s l�mites que los que marcan las leyes. ...

En otras latitudes, al hablar del notariado de tipo latino, como el nuestro, Argentino I. Neri (T.ado Te�rico y Pr�ctico de Derecho Notarial, volumen I, parte general, Ediciones Depalma, primera edici�n, segunda tanda, Buenos Aires, Argentina, 1980), dice:

3o.) Concepto doctrinal. Como quiera que se opine, y se den explicaciones acerca de si la instituci�n del notariado es de estricto rigor o convencionalmente necesaria, fuerza es reconocer: a) respecto de lo primero, que el Estado dispone todo lo concerniente al inter�s legal y a la seguridad general; de donde se infiere que el Estado mismo trabar�a las garant�as contractuales si no adoptase un organismo de tutela y regulaci�n de la autenticidad de los negocios jur�dicos; y b) tocante a lo segundo, que la creaci�n de la instituci�n es una consecuencia del reconocimiento mismo de la funci�n fedataria, pues mal podr�a asegurarse la efectividad, y por consiguiente la legalidad misma de las relaciones contractuales, si el Estado hubiese hecho de lado al �rgano funcional, capaz por su versaci�n jur�dica y competente por su investidura. Por consiguiente, la creaci�n del organismo p�blico que disciplina la funci�n fedataria ha sido un doble aserto del poder p�blico, pues a la vez que ha logrado disipar la rayana ocasi�n de subvertir la garant�a de los derechos -precisamente por la propia intervenci�n del notario en la contrataci�n jur�dica- ha contribuido a consolidar el inter�s de las m�ltiples prestaciones patrimoniales. De la cohorte de definiciones de los mejores tratadistas espa�oles se infiere que en el campo doctrinal el notariado ofrece distintos puntos de vista ... En punto a definiciones son dignas de citarse, por su singularidad: a) en opini�n de F.�ndez Casado, notariado es el ?conjunto de personas adornadas de t�tulo para ejercer el arte de la notar�a?, cuyo concepto refuerza al afirmar, adem�s, que la instituci�n ?comprende todo lo relativo a la notar�a y a los notarios?, y rebalsa al sostener, por �ltimo, que el vocablo comprende a ?todos los funcionarios que han tenido y tienen la facultad de autenticar los actos de las autoridades, corporaciones y personas de todas clases en diferentes �pocas y bajo diversas formas y denominaciones?; acerca de cuya enunciaci�n preceptiva cabe reparar que, ante lo fundamentalmente separativo del notariado del resto de otras instituciones similares que acuerdan a sus funcionarios potestades notariales, no cuadra arraigar en su esfera de acci�n los actos que son propios de autoridades y corporaciones; b) como dijo S.T., ?lo esencial, lo caracter�stico del notariado es hoy, seg�n la ley y la ciencia, el cargo p�blico de autorizar y dar fe de los actos que ante sus funcionarios pasan o se otorgan?; cuyo precepto es dudoso, por cuanto ni el notariado importa un cargo p�blico ni tampoco el notario es el �nico funcionario que autoriza y da fe; en tanto el notariado es cabalmente una instituci�n sui generis, el notario no s�lo se concreta a legitimar los actos que ante �l pasan, sino que, como judex instrumenti, es agente activo de los otorgantes, y por lo mismo que act�a promiscuamente en la contrataci�n recibe y redacta seg�n las leyes los actos y contratos que se le recaban; c) atento al sostenido de Lavandera, el notariado es ?la magistratura de la jurisdicci�n voluntaria que con autoridad y funci�n de justicia aplica la ley al acto jur�dico que se celebra en esa esfera con la conformidad de las partes; declarando los derechos y obligaciones de cada uno, lo aprueba, legaliza y sanciona con validez, autenticidad y ejecuci�n; autoriza y dirige su cumplimiento con el proceso documental?; cuyo enunciado eleva al notariado al rango de magistratura voluntaria, con autoridad funcional capaz de legitimar, a trav�s del proceso documental, las relaciones jur�dico-contractuales que ejecutan o convienen los otorgantes, lo cual importa: 1) colocar a la instituci�n en un �rgano superior de cosas, toda vez que se la reviste de una jerarqu�a propia; y 2) reconocer al notario como digno de ejercer el oficio cual si fuera un magistrado, por lo mismo que act�a como funcionario de justicia legalizador de los derechos y obligaciones de las partes que a �l acuden voluntariamente; concepto, por lo dem�s, puramente ret�rico que s�lo embellece la expresi�n y deleita al profesional, pues no hay legislaci�n, al menos dentro del notariado tipo latino, que asigne a la instituci�n el orden o calidad de magistratura y estime al notario magistrado de paz; d) considerando el parecer de B.C., seg�n el cual ?la naturaleza del notariado se exterioriza pr�cticamente en el conjunto de facultades que constituyen el ejercicio de la funci�n notarial?, y ?la funci�n notarial es una prerrogativa del Estado que va encaminada a declarar el derecho, y lo exterioriza en la manifestaci�n con que da forma al acto jur�dico?, y, por todo ello ?la funci�n notarial es una funci�n p�blica que corresponde presidir y representar al Estado?, se llega al convencimiento de que el notariado es un instituto fundadamente natural y social, y eminentemente p�blico y de forzosa y formal necesidad jur�dica, que por su valer jur�dico pertenece al poder legitimador del Estado y se desenvuelve como un organismo de jurisdicci�n propia; de cuyos conceptos, bien forjados y elevadamente filos�ficos, cabe inferir: 1) que el notario es un magistrado representante del poder p�blico, obligado y capaz de recibir y dar forma a cuanta manifestaci�n jur�dica surja de la vida de relaci�n contractual; y 2) que el notariado implica una funci�n docente; empero, en derredor de todo esto se presenta un notariado como ?debiera ser?, un notariado sentido por virtud de nuevas ideas, y no un notariado como ?es?, pues se puede asegurar, sin temor de equivocarse, que las legislaciones, pese a su contribuci�n por un mejoramiento del notariado, a�n no han modelado un estatuto org�nico notarial que revista la cualidad apuntada, ni tampoco han admitido que la funci�n notarial importe una magistratura, por lo que este tipo de funci�n y de notariado s�lo tienen asidero en la doctrina; e) a estar a lo dicho por G.A., definir al notariado importa definir al notario, sea que se estime al notariado como funci�n o sea que se le considere como el grupo de quienes la desempe�an, o lo que es igual, admitido lo que es el notario resulta obvio el concepto acerca del notariado, y viceversa; con esta afirmativa y la contemporizaci�n de algunos conceptos doctrinales, sella la conclusi�n de determinadas consideraciones en torno a la instituci�n, a la funci�n en s�, y al ejercicio de la misi�n del notario, las cuales -a su juicio- bastan para adquirir un exacto concepto, y as�, singularizar una definici�n; f) teniendo en cuenta lo expresado por S. y S., la instituci�n del notariado es una realidad creada por la tradici�n con caracter�sticas tales que no permiten incluirla dentro de las concepciones corrientes que elabora la ciencia jur�dica; por ejemplo, el empe�o de darle asidero a los principios que rigen el derecho judicial o el administrativo fue la base de una idea equ�voca que apunt� al notario como ?un auxiliar? de la administraci�n de justicia, o de la administraci�n p�blica, ce�ido, por lo dem�s, a un r�gimen de medidas y restricciones propias de una organizaci�n burocr�tica; de ah�, entonces, que a su entender una instituci�n como la notarial, de tan honda raigambre, no debe entrar en choque con conceptos y principios que, aunque v�lidos, no se adapten a la realidad, pues de su propio seno fluyen una serie de conceptos que no s�lo dictaminan acerca de su �ndole sino que acusan normas de su perfeccionamiento. ...

De las transcripciones hasta aqu� realizadas se desprende, en principio, que los notarios son personas investidas por el Estado de fe p�blica para autenticar hechos y actos que ante ellos pasan y se otorgan.

De ese concepto surge la interrogante de si los notarios son o nofuncionarios p�blicos.

Al respecto, la doctrina se�ala las siguientes teor�as:

F.�n Ba�uelos S�nchez, en su obra Derecho Notarial. Interpretaci�n, Teor�a, Pr�ctica y Jurisprudencia (C�rdenas Editor y Distribuidor, cuarta edici�n, M�xico, B.C., 1990), refiere:

"... Pero el notario no s�lo es un funcionario p�blico y un profesor de derecho cuando dentro de la esfera de su misi�n act�a en la vida normal del derecho y lo aplica a las relaciones jur�dicas propias de todo negocio jur�dico. Es todav�a m�s: Es un delegado especial del poder p�blico revestido de autoridad, para imponerse y ser respetado erga omnes en el ejercicio de sus funciones. Siempre su augusta funci�n se consider� ligada a la autoridad del poder p�blico del cual, aquel funcionario, fue un delegado especial en armon�a con la especialidad de su ministerio. Siempre obr� dentro de la sociedad, socializando, y perm�tasenos la frase, su actuaci�n y dando al derecho una plasticidad sumamente democr�tica. Siempre ha intervenido para dar al derecho una misi�n augusta de paz y armon�a social. Siempre ha procurado que las relaciones contractuales, hayan sido fiel reflejo de la voluntad individual y exacta convivencia en las normas del derecho escrito. Bien dijo a tiempo P.: ?a los notarios les tuvieron en gran estima todas las naciones del mundo, siendo tan antigua su funci�n que bien puede decirse que ha nacido con el gobierno pol�tico de la sociedad civil?. Por estas consideraciones y otras muchas que no exponemos, podemos definir al notario diciendo: ?que es el funcionario p�blico, que jer�rquicamente organizado y obrando por delegaci�n del poder del Estado, y por lo mismo revestido de plena autoridad en el ejercicio de su funci�n, autentica las relaciones jur�dicas normalmente creadas por la libre voluntad de las personas jur�dicas, d�ndoles car�cter de verdad, certeza y permanencia, previo el estudio, explicaci�n y aplicaci�n del derecho positivo, a cada uno de los actos jur�dicos de car�cter normal en los cuales interviene?; o en t�rminos m�s breves: ?Es el funcionario p�blico, que por delegaci�n del poder del Estado y con plena autoridad en sus funciones, aplica cient�ficamente el derecho en su estado normal cuando a ello es requerido por las personas jur�dicas?. (Elementos de Derecho Notarial. Tomo II, volumen II, introducci�n y parte general [continuaci�n] p. 37 a 39). Asimismo, E.G. ..." (ya fue citado en la p�gina 52 de esta sentencia). "Por esta raz�n, si tomamos algunas definiciones del notariado, vemos que refieren el concepto al del notario. As�, R.G.�mez ... dice que ?Notariado es el cuerpo facultativo que forman los notarios de toda la naci�n?. F.�ndez Casado ..." (ya fue citado en la p�gina 49 de esta sentencia). "En id�ntico sentido, la mayor�a de los autores modernos (Azpeitia, P., L�pez P., V., al definir al notariado, evitan hacer referencia al contenido de la funci�n. Otros autores, en cambio, duplican la definici�n, pues estudian el notariado agrupaci�n de funcionarios y el notariado funci�n. As�, G. de las Casas, por ejemplo, en su diccionario, llama notariado a la reuni�n de todos los escribanos o notarios; y en su tratado dice del notariado que es ?Instituci�n en que el poder de la sociedad deposita la confianza p�blica, para garant�a de verdad, seguridad y perpetuidad de los contratos y actos de los ciudadanos?. Finalmente, un tercer grupo de autores (Lavandera, Z. y M. provocan y resuelven doctrinalmente el problema del alcance y l�mites de la funci�n notarial al definir el notariado. En el pensamiento de cualquiera de los autores que hemos citado (sin agotar la enumeraci�n) palpita el mismo prop�sito de crear una corriente que lleve a lo que nosotros llamamos ?integraci�n total de la funci�n?. Dejando a salvo matices sin trascendencia, puede servir de ejemplo esta palabra de Lavandera: ..." (ya fue citado en la p�gina 50 de esta sentencia). "Conformes con el prop�sito que anima estas palabras, creemos oportuno hacer algunas salvedades, para evitar la confusi�n entre los conceptos notario y magistrado, a nuestro entender, totalmente distintos. Si el notario aplica la ley, tambi�n lo hace el funcionario de correos que recibe un certificado; no es cierto que el notario declare derechos y obligaciones, porque �stas nacen de la voluntad de las partes y aunque la forma notarial fuera (como nosotros apetecer�amos) forma normal ad sustantiam, los derechos no nacen s�lo de la forma notarial, que es un momento -siquiera el �ltimo- de su producci�n. Tampoco es cierto que el notario apruebe el acto jur�dico; se limita a declarar su conformidad con el derecho objetivo. Lo verdaderamente cierto es que el notario lo sanciona (solemniza, dir�amos mejor), autentifica y le da car�cter ejecutivo. En esto �ltimo se asemeja a la sentencia, pero no es tanto por ser sentencia, sino por raz�n de certeza y autenticidad. El citado autor, despu�s de fincar algunas bases para definir el problema que nos ocupa, llega a lo siguiente: ?El notario es un profesional del derecho que ejerce una funci�n p�blica para robustecer, con una presunci�n de verdad, los actos en que interviene, para colaborar en la formaci�n correcta del negocio jur�dico y para solemnizar y dar forma legal a los negocios jur�dicos privados, y de cuya competencia s�lo por razones hist�ricas est�n sustra�dos los actos de la llamada jurisdicci�n voluntaria. Y la conclusi�n a) del apartado B) del I Congreso Internacional del Notariado Latino celebrado en Buenos Aires en 1948, en una f�rmula similar, dec�a que ?el notario latino es el profesional del derecho, encargado de una funci�n p�blica consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin y confiri�ndoles autenticidad; conservar los originales de �stos y expedir copias que den fe de su contenido. En su funci�n est� comprendida la autentificaci�n de hechos?. En esta f�rmula creemos quedan perfectamente precisados los caracteres del funcionario y el alcance de la funci�n ... Del concepto de notario que formul� el Congreso Internacional de Buenos Aires de 1948, en la forma anotada arriba, es muy similar a la propuesta por nosotros, deduce C�mara en El Notariado Latino, Vol. LXXXVI p. 75-76, que los cometidos o tarea del notario son: a) Tarea de creaci�n o elaboraci�n jur�dica; recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. b) Tarea de redacci�n: redactando los instrumentos adecuados a tal fin. c) Tarea de autorizaci�n y autenticaci�n: confiriendo autenticidad a los documentos. d) Tarea de conservaci�n: o custodia de los originales de los instrumentos. e) Tarea de reproducci�n: expedir copias que den fe del contenido de los documentos. Estas cinco tareas -a�ade- corresponden a otras tantas potestades del notario, empleada la expresi�n ?potestad?, no en el sentido de facultad, sino como sin�nimo de poder-funci�n: un poder que a tales fines le confiere la soberan�a del Estado (Derecho Notarial. Ediciones Universidad de Navarra, S. Pamplona. 1976. p�g. 47 y sigs.). ... Tambi�n debemos afirmar que el notario es un funcionario p�blico en el desempe�o de una funci�n p�blica encomendada por la ley, se requieran determinadas condiciones o requisitos de competencia profesional, de probidad personal y la autorizaci�n correspondiente del Estado, pero no quiere decir que sea funcionario p�blico en el sentido del derecho administrativo, en cuanto no es parte de los poderes del Estado ni dependa directamente de ellos, ni perciba sueldos, ni que est� sujeto a los derechos y a los deberes de los funcionarios oficiales, por lo que, no se le puede negar desde el punto de vista de la responsabilidad emergente de sus funciones, que tiene el car�cter p�blico, seg�n lo expresan los art�culos 7o., 10 y 13, fracci�n II de la Ley del Notariado en vigor."

Por su parte, B.P.F.�ndez del Castillo (Derecho Notarial, Editorial Porr�a, s�ptima edici�n, M�xico, 1995), apunta:

"1. �Es el notario un funcionario p�blico?

Entre los notarialistas ha sido ampliamente debatido si el notario es o no funcionario p�blico. Las teor�as sobre la naturaleza jur�dica de la actuaci�n notarial, unas afirman que es un funcionario p�blico, otras lo consideran un profesionista liberal, y las ecl�cticas o mixtas, sostienen que es una funci�n p�blica desarrollada por un profesionista liberal. Hist�ricamente fue la Ley del Ventoso XI de 1803, la que por primera vez estableci� que el notario es un funcionario p�blico ... Sin embargo, la Ley del Notariado francesa de 1943, rectifica su postura y lo denomina ?oficial p�blico?. En M�xico fue la ley de 1901 la que calific� al notario como funcionario p�blico. Las posteriores de 1932, 1945, y en el texto original de la de 1980 siguieron este escrito. Por reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n el 13 de enero de 1986, se estableci� que el notario es un ?profesional del derecho?. Por mi parte me limitar� a hacer un estudio exeg�tico de la legislaci�n mexicana para concluir que el notario no es un funcionario p�blico por no estar enquistado dentro de la organizaci�n de la administraci�n p�blica, no recibir salario, no existir contrato de trabajo o relaci�n jur�dica de direcci�n y dependencia; el Estado no responde por los actos de �l, su ingreso no es por nombramiento gracioso, sino por examen de oposici�n, y su cargo normalmente es vitalicio.

Por su parte, J.R.�os Hellig (La Pr�ctica del Derecho Notarial, M.G.H., cuarta edici�n, M�xico, 2000), opina:

Delegado del Estado de la funci�n notarial. El art�culo primero de la Ley del Notariado para el Distrito Federal (LNDF) establece: ?La funci�n notarial es de orden p�blico ...?. Para complementar el art�culo primero de la Ley del Notariado: ?... En el Distrito Federal corresponde al Ejecutivo de la Uni�n ejercerla por conducto del Departamento del Distrito Federal, el cual encomendar� su desempe�o a particulares, licenciados en derecho, mediante la expedici�n de las patentes respectivas.?. Como cr�tica a dicho art�culo, la funci�n fedante no la ejerce uno de los poderes del Estado (Ejecutivo), sino el Estado mismo. Las Legislaturas Locales dentro de las leyes notariales m�s recientes atacan este ejemplo doctrinal y reconocen esta funci�n como del Estado en s� (como la legislaci�n del Estado de Morelos). El art�culo d�cimo de la ley anteriormente se�alada le daba el car�cter de funcionario al notario, pero se creaba incertidumbre en cuanto a la determinaci�n de su naturaleza jur�dica, y tambi�n se provocaba controversia, que termin� por medio de la reforma que sufri� la Ley del Notariado, y que se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n el 13 de enero de 1986, donde s� dice de manera enf�tica que el notario es un particular (licenciado en derecho). Esto se confirm� con la reforma al mismo art�culo, que se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n el 6 de enero de 1994. El texto final es el siguiente: ?Art�culo 10. Notario es un licenciado en derecho investido de fe p�blica, facultado para autenticar y dar forma en los t�rminos de ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jur�dicos. El notario fungir� como asesor de los comparecientes y expedir� los testimonios, copias o certificados a los interesados conforme lo establezcan las leyes. La formulaci�n de los instrumentos se har� a petici�n de parte.?. Es posible concluir que el notario es un delegado del Estado en la funci�n fedante, la cual originalmente le pertenece. �sta se le encomienda.

En este mismo sentido, C�sar E.A. (El Derecho Notarial en J., Editorial Porr�a, M�xico, 1996), se�ala:

"Consecuentemente, si no se encuadra en forma exacta la figura y no obstante la opini�n de F.�ndez del Castillo de hablar de un funcionario p�blico sui generis, creo que bien podr�amos formular tambi�n una tesis, en el sentido de que el notario p�blico es ?un delegado o delegatario de la fe p�blica del Estado? para hacer constar los actos e intervenir en las circunstancias en que a rogaci�n, es decir, a petici�n de parte interesada, de acuerdo con la ley o de acuerdo con los particulares se lleva a cabo la autentificaci�n por su parte sin perjuicio de expedir las constancias respectivas, es decir, en resumen es un delegatario de la fe p�blica del Estado, pero delegatario que no implica precisamente el configurarlo como ?funcionario p�blico?."

Conforme a lo relatado, no existe uniformidad en el campo doctrinal respecto de si debe considerarse o no al notario como funcionario p�blico, o bien, si es s�lo un "delegado" de la fe p�blica del Estado; sin embargo, de manera gen�rica, tomando en cuenta la actual redacci�n del art�culo primero de la Ley del Notariado del Estado de J., puede v�lidamente sostenerse que, al menos en esa entidad federativa, el notario p�blico es una persona que con sujeci�n a normas jur�dicas realiza, de manera aut�noma, una funci�n p�blica que originalmente corresponde al Estado y que se traduce, fundamentalmente, en autenticar hechos o actos jur�dicos con fuerza de fe p�blica.

Esta facultad la propia doctrina se�ala que consiste en:

F.�n Ba�uelos S�nchez, en la obra ya citada, refiere:

Fe p�blica es la garant�a que da el Estado de que determinados hechos que interesan al derecho son ciertos ... Mediante la fe p�blica se impone coactivamente a todos la certidumbre de los hechos objeto de la misma. Ello se consigue dotando a los documentos donde constan de determinados requisitos que aseguren su autenticidad y que vienen a constituir como sello de la autoridad p�blica. As�, el contraste realizado por el Estado asegura para siempre, con exclusi�n de ulterior comprobaci�n, con la misma eficacia que el cu�o a la moneda, la veracidad de los hechos que se sujetan a la fe p�blica en cualquiera de sus manifestaciones. El resultado pr�ctico m�s se�alado de la fe p�blica en este sentido consiste en facilitar el comercio jur�dico. La fe p�blica en su hist�rico y l�gico desenvolvimiento, no s�lo constituye una garant�a de certeza de los hechos, sino que tambi�n de su valor legal. Al llegar a este estudio se ofrece como una instituci�n de car�cter adjetivo mediante la cual se asegura la regularidad en el proceso de producci�n y aplicaci�n del derecho.

B.P.F.�ndez del Castillo, en la obra referida, dice:

La fe p�blica se presta en nombre del Estado. ... Los anteriores argumentos legislativos proporcionan seguridad jur�dica, uno de los fines primordiales del Estado. R.P.H.�ndez, en sus Lecciones de F.�a del Derecho, dice: ?Por seguridad jur�dica se ha entendido tambi�n el conocimiento que tienen las personas respecto de aquello que pueda hacer, exigir, o que est�n obligadas a evitar o no impedir; esto es, el conocimiento que tienen de las libertades, derechos y obligaciones que les garantiza o impone el derecho positivo. De ah� que se diga que la seguridad jur�dica es un saber a qu� atenerse, la conciencia de lo que puede hacer y de la protecci�n que puede esperar una persona, de acuerdo con el ordenamiento jur�dico vigente al cual est� sometida; ordenamiento que asegura su observancia mediante la polic�a, los tribunales, los procedimientos judiciales y administrativos, los servicios p�blicos, las autoridades y en general, a trav�s de la organizaci�n complej�sima de un gobierno y de la fuerza p�blica. Quienes entienden por seguridad el saber a qu� atenerse, el conocimiento del derecho positivo y de su eficacia, confunden indudablemente la seguridad con la certeza jur�dica?. As�, el notario coadyuva en la realizaci�n de estos fines, con la redacci�n y autorizaci�n de los instrumentos p�blicos. ... La fuerza probatoria que otorga el Estado al instrumento notarial, es actualmente circunstancial, fortalece al instrumento d�ndole las caracter�sticas de prueba documental p�blica indubitable, mientras no se pruebe judicialmente lo contrario ... En nuestra �poca, la funci�n del notario de tipo latino, consiste en escuchar, interpretar y aconsejar a las partes; preparar, redactar, certificar, autorizar y reproducir el instrumento notarial, para finalmente inscribirlo en el Registro P�blico de la Propiedad. El notario al llevar a cabo este proceso en la elaboraci�n de un instrumento notarial, le da certeza jur�dica a sus clientes, cumpliendo con uno de los fines del Estado que es la seguridad jur�dica.

C�sar E.A., en el libro ya mencionado, sostiene:

La fe p�blica notarial. En p�rrafos anteriores comentaba que en mi opini�n el notario al no ser un servidor o funcionario p�blico institucional encuadrado en la administraci�n p�blica, y por los diferentes argumentos ah� vertidos, era un delegado o delegatario del Estado de la fe p�blica, consecuentemente el notario p�blico tiene como atributo inseparable y fundamental de su calidad fedataria, la de tener la fe p�blica en sus actuaciones, es decir, dar fe conforme a su propia funci�n de lo que ve, de lo que oye y perciben sus sentidos, el notario no puede deducir, tiene que dar fe de lo que est� a la vista, de lo que le consta en forma directa, no puede emitir juicios de valor o calificar, de ah� que siendo un atributo del notario la fe p�blica, se impone definir t�cnica o doctrinalmente qu� es la fe p�blica. Para no entrar en diferentes teor�as o definiciones, conceptualizaciones que han dado diferentes autores, diferentes tratadistas sobre esta idea espec�fica de fe p�blica, nos parece clara y pertinente la opini�n del prestigiado tratadista espa�ol: E.J.A. ... en lo conducente indica: ?Jur�dicamente la fe p�blica supone la existencia de una verdad oficial, cuya creencia se impone en el sentido de que no se llega a ella por un proceso espont�neo cuya resoluci�n queda a nuestro albedr�o, sino por virtud de un imperativo jur�dico o coacci�n que nos obliga a tener por ciertos determinados hechos o acontecimientos, sin que podamos decidir aut�nomamente sobre su objetiva verdad cada uno de los que formamos el ente social?. Y sigue diciendo: ?La necesidad de car�cter p�blico, cuya misi�n es robustecer con una presunci�n de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo queramos o no queramos creer en ellos?. Desde luego, otra ser� la situaci�n o el enfoque jur�dico al existir la posibilidad de que la fe p�blica cuya presunci�n se contiene en una actuaci�n notarial puede tener un valor probatorio en algunos casos, pleno en algunos, semipleno por referirse a su vez a declaraciones o versiones que no le constan al notario y que constan en el instrumento verbigracia las declaraciones que puedan recibirse dentro de los procesos electorales a petici�n de los partidos pol�ticos de los funcionarios de casillas o de los ciudadanos, y que tambi�n en un momento dado los instrumentos notariales pueden ser objeto de impugnaci�n por falsedad parcial o total ante los tribunales competentes para privarlos precisamente de la presunci�n jur�dica plena que por principio tiene validez universal.

En consecuencia, puede decirse que el notario, si bien administrativamente no es un �rgano del Estado, s� es una persona f�sica a la que se le delega la facultad de dar fe, la cual ejerce con apego a normas jur�dicas pero con autonom�a, que consiste, en esencia, en poder autenticar o certificar hechos o actos jur�dicos a los que da certeza de su existencia y veracidad, con lo que se contribuye a la seguridad jur�dica.

De tal suerte que las funciones propias de los notarios del Estado de J. -derivadas de la fe p�blica que ostentan-, est�n precisadas, principalmente, adem�s del art�culo 1o. de la Ley del Notariado de esa entidad federativa ya transcrito, en las siguientes disposiciones legales:

"Art�culo 2o. El notario tiene la obligaci�n de ilustrar a las personas que le soliciten sus servicios, debiendo recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las mismas redactando losinstrumentos adecuados para conferirles autenticidad, advirti�ndoles de las consecuencias legales de sus declaraciones de voluntad."

"Art�culo 3o. El notario desempe�ar� su cargo a petici�n de parte, dentro de los l�mites territoriales de su regi�n, salvo las excepciones previstas en este ordenamiento. ..."

"Art�culo 8o. El notario est� obligado a prestar sus servicios cuando para ello fuere requerido, salvo los casos en que, legalmente, deba excusarse o estuviese impedido, seg�n lo establecido por los art�culos 34 y 35, de esta ley."

As�, de lo hasta aqu� expuesto, conforme a la doctrina se�alada y a la legislaci�n del Estado de J., que por regla general es v�lida para todo el pa�s, puede decirse que:

  1. El notario no es un funcionario p�blico, pues �ste no forma parte de la administraci�n p�blica centralizada, desconcentrada o descentralizada, adem�s de que el art�culo 1o. de la Ley del Notariado del Estado de J. no lo denomina as�, y aunque pudiera suceder que en alguna otra entidad federativa se le designara "funcionario p�blico" -como anteriormente lo establec�a esta ley-, ello no ser�a en el sentido aludido, puesto que los notarios no est�n sujetos al r�gimen jer�rquico de la administraci�n p�blica, no son parte de los poderes del Estado ni dependen directamente de ellos, no perciben sueldos del mismo, no tienen contrato o relaci�n jur�dica de direcci�n ni dependencia, no est�n sujetos a los derechos y deberes de los funcionarios oficiales, ni el Estado responde por sus actos.

  2. Sin embargo, s� realiza una funci�n p�blica, ya que autentica hechos o actos jur�dicos con fuerza de fe p�blica frente a todos, incluyendo al Estado; adem�s, instruye a los particulares que a �l acuden del alcance jur�dico de esos actos, resguarda los documentos originales y expide copias.

  3. Sus funciones las realiza de forma aut�noma y bajo su responsabilidad.

  4. Aunque esas funciones las desempe�a en forma aut�noma no lo hace discrecionalmente, sino con estricto apego a toda una serie de normas jur�dicas que enmarcan su responsabilidad, pues de transgredirlas se le pueden fincar responsabilidades penales, civiles, administrativas y fiscales.

Por ejemplo, la ley de m�rito prev�:

"Art�culo 140. El titular del Poder Ejecutivo, a trav�s del procurador general de Justicia del Estado o de la dependencia que designe, realizar� las visitas generales o especiales que se�ala la presente ley a las notar�as de la entidad."

"Art�culo 148. Cuando del acta de visita levantada se desprenda:

"I. La posible comisi�n de delito, el visitador deber� notificar al procurador general de Justicia en el Estado, quien iniciar� la averiguaci�n previa correspondiente;

"II. El incumplimiento de obligaciones fiscales por parte del notario o de las personas que intervienen en los actos notariales, deber� hacerse del conocimiento de la autoridad fiscal correspondiente, y

"III. La violaci�n a lo establecido en la presente ley, deber� hacerse del conocimiento del titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien iniciar� el procedimiento administrativo correspondiente."

"Art�culo 154. Las sanciones de car�cter administrativo que esta ley se�ala, ser�n impuestas por el titular del Poder Ejecutivo y consistir�n, seg�n el caso, en amonestaci�n, suspensi�n y revocaci�n del nombramiento del notario.

"La posibilidad de sancionar al infractor, prescribe a los tres a�os de que la autoridad correspondiente tenga conocimiento de la irregularidad; esto, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o fiscales, que prescribir�n en los t�rminos de la ley de la materia."

Art�culo 161. Los notarios son civilmente responsables de los da�os y perjuicios que causen en el ejercicio de sus funciones por omisiones o violaciones de las leyes, siempre que aqu�llas sean consecuencia inmediata y directa de su intervenci�n. En caso de responsabilidad penal, el notario deber� ser o�do desde el inicio de la averiguaci�n correspondiente.

Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha emitido algunos criterios en los que se concluye que no es procedente el amparo promovido por funcionarios p�blicos, dentro de los cuales se inclu�an a los notarios, como se desprende del contenido de las siguientes tesis, cuyos precedentes es conveniente citar:

"Quinta �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: III

"P�gina: 1085

FUNCIONARIOS P�BLICOS. En su car�cter de tales, no tienen derecho de ocurrir al amparo para eludir las �rdenes que reciban de otros funcionarios dictadas dentro de los l�mites de sus atribuciones.

?A.. Revisi�n del auto de improcedencia. Gobernador de Puebla. 18 de octubre de 1918. Mayor�a de seis votos. Ausentes: E.M. de los R�os, S.M.A.�a y A.M.G.�lez. Disidentes: A.�n de Valle y E.G.�a Parra. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente (El n�mero de asunto, seg�n investigaci�n realizada en el archivo de este Alto Tribunal, es el amparo en revisi�n 426/18), donde se dice:

"Visto el auto de veintiocho de agosto �ltimo pronunciado por el Juez de Distrito de Tlaxcala, en la demanda de amparo suscrita por el secretario general del Gobierno del Estado de Puebla, en nombre del gobernador del mismo Estado, contra actos del Juez de Distrito de este �ltimo Estado, consistentes en haber mandado que se le remitiera en el t�rmino de veinticuatro horas el expediente que la Tesorer�a General del mismo Estado de Puebla estaba instruyendo en la v�a econ�mico-coactiva contra la Compa��a Realizadora de Pulques, S. El auto de que se trata declar� improcedente la demanda, por cuanto el Juez de Distrito consider� que no se trataba, en el caso, de garant�as individuales, que s�lo pueden ser invocadas por particulares y no por los agentes del poder; y contra ese auto interpuso el gobernador citado el recurso de revisi�n, que se le admiti� y fue sustanciado con arreglo a la ley. Visto tambi�n el pedimento del Ministerio P�blico ante esta Corte, en el cual se solicita la confirmaci�n del auto recurrido. CONSIDERANDO: Prescribe la fracci�n primera del art�culo ciento tres de la Constituci�n de mil novecientos diecisiete, que los tribunales de la Federaci�n resolver�n las controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen las garant�as individuales; mas como en el caso el amparo se ha pedido por el jefe del Ejecutivo en el Estado de Puebla para que no se cumplan mandamientos dictados por un Juez Federal, es evidente que la solicitud del funcionario de referencia no se contrae a las garant�as que individualmente le corresponden como simple particular, sino a las que �l cree violadas en su car�cter de jefe de la administraci�n p�blica del Estado de Puebla. No cabe, por lo mismo, la protecci�n constitucional que solicita y as� debe declararse."

"Quinta �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XXXII

"P�gina: 158

NOTARIOS EN EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES. El ejercicio del notariado es una funci�n de orden p�blico que, en el Distrito y Territorios Federales, �nicamente puede conferirse por el Ejecutivo de la Uni�n, en los t�rminos que establece la ley, y desempe�ar una funci�n de orden p�blico, no es un derecho individual, cuyo goce est� garantizado por medio del juicio de amparo, sino un derecho del ciudadano, que no puede ser reclamable en esa v�a.

?A. administrativo en revisi�n 1519/30. J.M.. 13 de mayo de 1931. Mayor�a de tres votos. Ausente: D.V.V.. Disidente: Jes�s G.�n Vaca. R.: L.M.C.�n, donde se dijo:

No es necesario ocuparse en el estudio de las cuestiones de fondo planteadas en este negocio, porque las razones que luego se expondr�n apoyan la improcedencia del amparo. En efecto, conforme a lo dispuesto en la fracci�n I del art�culo 103 de la Constituci�n, igual al 1o., fracci�n I, de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 104 Constitucionales, los tribunales de la Federaci�n resolver�n toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garant�as individuales; de donde se desprende que cuando los actos reclamados en el amparo no vulneren garant�as individuales, sino derechos de otra naturaleza, ese juicio es improcedente. En numerosas ejecutorias que forman jurisprudencia se ha sostenido esta tesis, la cual es aplicable a este negocio, puesto que el art�culo 1o. de la Ley del Notariado del Distrito y Territorios Federales, de diecinueve de diciembre de mil novecientos uno, expresamente dispone que: ?El ejercicio del notariado es una funci�n de orden p�blico que, en el Distrito y Territorios Federales, �nicamente puede conferirse por el Ejecutivo de la Uni�n, en los t�rminos que establece la presente ley.?; y desempe�ar una funci�n p�blica no es un derecho individual cuyo goce est� garantizado por medio del juicio de amparo, sino un derecho del ciudadano que no puede ser reclamable en esa v�a, tanto m�s cuanto que el nombramiento del notario expedido al quejoso lo fue en fecha (veintiocho de diciembre de mil novecientos veinte) muy posterior a la de la Ley del Notariado del Distrito y Territorios Federales de diecinueve de diciembre de mil novecientos uno, que le dio el car�cter de funcionario p�blico al referido quejoso. ...

Como puede verificarse de las dos ejecutorias cuyas consideraciones principales se transcribieron, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n neg� la procedencia del amparo, tanto al gobernador de un Estado como a un notario p�blico, por considerar a los dos como funcionarios p�blicos, aunque en otros precedentes aparece que este Alto Tribunal abri� la procedencia del amparo a los notarios cuando reclamaban actos de autoridad que afectaban sus garant�as individuales, como se pondr� de manifiesto m�s adelante.

Ahora bien, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, con fundamento en las consideraciones formuladas en este apartado, estima pertinente y razonable ampliar el concepto de procedencia del juicio de amparo a favor de los notarios p�blicos respecto de los criterios predominantes con anterioridad. Dicha ampliaci�n se presenta bajo dos aspectos: considerando al notario como persona f�sica y consider�ndolo en ejercicio de su funci�n.

En cuanto al primer aspecto se parte de que al ejercer esa facultad, originalmente estatal, consistente en dar fe, el notario act�a de manera similar a un �rgano, por lo que debe distinguirse entre el titular (persona f�sica) y el �rgano (notario).

Sobre el particular, Gabino Fraga (Derecho Administrativo, Editorial Porr�a, sexta edici�n, M�xico, 1955), distingue:

... La amplitud de la funci�n administrativa impone la necesidad de crear diversas esferas de competencia que reciben la designaci�n de �rganos administrativos. El Estado como persona moral requiere, por otra parte, la existencia de personas f�sicas que manifiestan su voluntad, y esas personas f�sicas se relacionan directamente con los �rganos administrativos, constituy�ndose titulares de ellos y asumiendo el ejercicio de las facultades que se encuentran dentro de la esfera de competencia de cada uno de los �rganos. Un examen cuidadoso demuestra que no es posible ni debido confundir el �rgano con su titular, porque siendo este �ltimo una persona f�sica, tiene, junto con la necesidad de satisfacer sus intereses particulares, una actividad que se realiza en inter�s del Estado, y solamente desde este �ltimo punto de vista se le puede considerar con la categor�a de titular, como desempe�ando las funciones que al �rgano corresponden. Adem�s, el �rgano constituye una unidad abstracta de car�cter permanente, a pesar de los cambios que haya en los individuos que son titulares de �l. Entre el Estado y sus �rganos no puede existir ninguna relaci�n de car�cter jur�dico, pues para ello ser�a necesario que los dos t�rminos de la relaci�n gozaran de una personalidad jur�dica, lo cual no ocurre con los �rganos que no constituyen sino una parte de la personalidad jur�dica del Estado, que no son sino esferas de competencia cuyo conjunto forma la competencia misma del Estado. ?Si se ha negado a los �rganos una personalidad jur�dica propia, y si no son sino zonas de la persona del Estado, es natural que entre el Estado y cada uno de sus �rganos no pueda existir ninguna relaci�n jur�dica, porque no se puede concebir relaci�n alguna entre el todo y una de sus partes.? (D., Dir. Amp., p�g. 77). Sin embargo, se admite que pueden existir relaciones jur�dicas de los �rganos entre s�, y precisamente todo el r�gimen relativo a la organizaci�n administrativa regula esa clase de relaciones. Para poderlas explicar es necesario pensar que las relaciones que los �rganos de un todo guardan entre s� pueden tener inter�s jur�dico en cuanto se afecten derechos de personas extra�as a la administraci�n. De tal manera que en este caso s� surge una verdadera relaci�n jur�dica, puesto que siempre hay, por una parte, el Estado actuando por sus �rganos y, por la otra, los particulares que entran en relaci�n con esos �rganos. As�, un conflicto con motivo de la competencia de dos �rganos, no surge entre ellos en una forma abstracta, sino cuando hay otro inter�s en la delimitaci�n de competencia entre ellos. Del mismo modo, las relaciones entre los �rganos en la forma que impone la jerarqu�a administrativa, cuya finalidad es la de unificar la acci�n del poder administrativo, reviste tambi�n car�cter jur�dico, porque los particulares que tratan con la administraci�n no deben de estar sometidos a m�ltiples poderes aut�nomos, sino s�lo a los que el r�gimen constitucional establece y que son, como ya sabemos, organizados en una forma unitaria. ... 150. Hemos dicho anteriormente que la administraci�n p�blica, considerada como uno de los aspectos de la personalidad del Estado, requiere personas f�sicas que formen y exterioricen la voluntad de �ste. Tambi�n hemos indicado que es necesario distinguir entre el �rgano y su titular, pues mientras que el primero representa una unidad abstracta, una esfera de competencia, el titular representa una persona concreta que puede ir variando sin que se afecte la continuidad del �rgano y que tiene, adem�s de la voluntad que, dentro de la esfera de competencia del �rgano que representa la del Estado, una voluntad dirigida a la satisfacci�n de sus intereses personales.

Aunque ya se especific� con anterioridad que el notario p�blico no es un funcionario p�blico, en cuanto no forma parte de la estructura org�nica de la administraci�n p�blica, le son aplicables a su condici�n, por similitud, las caracter�sticas distintivas del �rgano y titular, puesto que como persona f�sica desempe�a una funci�n p�blica; esto es, a semejanza de los titulares de los �rganos estatales, el notario tiene derechos personales que le pueden ser afectados, aun en ejercicio de sus funciones delegadas por el Estado, resultando aplicable, de manera an�loga, la siguiente tesis:

"Quinta �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XLIX

"P�gina: 798

CARGOS P�BLICOS, LOS DERECHOS DE LOS TITULARES NO SON S�LO POL�TICOS. Es verdad que el derecho a desempe�ar un cargo p�blico, se deriva de las facultades que al ciudadano le confiere el art�culo 35 constitucional, y por tal motivo, debe considerarse como pol�tico; pero si este derecho es pol�tico, en cuanto se le considera como facultad para poder ser designado para el desempe�o de un puesto p�blico, una vez hecha la designaci�n e iniciado el ejercicio de las funciones, por parte del individuo nombrado, surgen a favor de �ste otros derechos que no son precisamente pol�ticos, en virtud de los cuales adquiri� el nombramiento o designaci�n para el desempe�o del cargo, y que son: los de conservar su puesto por todo el tiempo para el que fue designado, o en tanto que no se presente una causa que justifique su separaci�n; derechos que no s�lo tienen relaci�n con la facultad para el desempe�o del cargo, sino que est�n estrechamente relacionados con la persona del funcionario, en cuanto a su reputaci�n y a los intereses del mismo, y a la afectaci�n de su patrimonio, por la falta de percepci�n de los emolumentos a los que tiene derecho, de acuerdo con su nombramiento o designaci�n. Por tanto, no puede sostenerse la tesis de que se violan derechos pol�ticos, cuando se separe a un funcionario de su puesto sin llenarse los requisitos legales, y antes de haber concluido el periodo de su encargo y, por lo mismo, el amparo que contra tales actos se pida, no puede declararse improcedente.

T.�ndose de los notarios la distinci�n resulta evidente, pues como persona f�sica (gobernado) y al margen de su funci�n, tiene derecho a impugnar en amparo todos aquellos actos de autoridad que afecten las garant�as constitucionales que protegen su persona, su familia, su patrimonio, su libertad o su seguridad jur�dica.

En relaci�n con esta consideraci�n, cabe se�alar que en cierto modo anteriores integraciones de esta Suprema Corte ya hab�an admitido la procedencia del amparo.

En efecto, existe la siguiente tesis, cuyo precedente tambi�n se cita:

"Quinta �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XVII

"P�gina: 1113

NOTARIOS. La circular n�mero 191, de 22 de marzo de 1910, expedida por el presidente de la Rep�blica, no modifica ni deroga el art�culo 45 de la Ley del Notariado en el Distrito Federal; por lo que las penas que se impongan a los notarios porque no se ajustan a dicha circular, importan una violaci�n constitucional.

?A. administrativo en revisi�n 261/22. S�nchez A.A.. 27 de octubre de 1925. Unanimidad de nueve votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente; donde se se�ala:

"... CONSIDERANDO: Que es de explorado derecho que una circular no puede modificar las disposiciones de una ley, siendo tan s�lo su objeto aclararlas o reglamentarlas, por lo que no pudiendo considerarse derogatoria ni modificatoria del art�culo cuarenta y cinco de la Ley del Notariado, la circular del presidente de la Rep�blica n�mero ciento noventa y uno, de veintid�s de marzo de mil novecientos diez, aunque en �sta se dispuso que los notarios deben presentar los libros de su protocolo con la certificaci�n del cierre respectivo dentro de los ocho d�as siguientes a la fecha en que les hubieren sido entregados los nuevos libros; apareciendo de las constancias que obran en los autos que el notario quejoso cumpli� con lo prevenido en el citado art�culo cuarenta y cinco de la Ley del Notariado, pues el mismo d�a en que cerr� sus libros ocurri� a presentarlos a la Direcci�n del Archivo General de Notarias, no infringi� la expresada disposici�n de la ley; y, por consiguiente, es ilegal la multa que le fue impuesta por el gobernador del Distrito, a quien corresponden ahora las atribuciones que antes correspond�an a la extinguida Secretar�a de Justicia, por lo que la expresada multa es violatoria de la primera parte del art�culo diecis�is constitucional, ya que no ha existido causa legal para que fuera molestado en su persona con la imposici�n de la repetida multa, ni en sus posesiones con el embargo que por orden del tesorero del Gobierno del Distrito practic� en muebles de su propiedad el ejecutor de la tesorer�a del expresado Gobierno del Distrito Federal; y debe por este motivo confirmarse la sentencia que se revisa."

Incluso, de la lectura integral de los precedentes que informan la tesis de rubro: "NOTARIOS P�BLICOS, CASO DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO INTERPUESTO POR." -que uno de los Tribunales Colegiados aplic� y el otro consider� superada-, se advierte que esta Suprema Corte, en algunos casos, ya hab�a considerado que los notarios s� pueden promover el juicio de garant�as.

Efectivamente, la tesis de m�rito s�lo aduce de manera gen�rica:

"S�ptima �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de laFederaci�n

"Volumen: 4, Cuarta Parte

"P�gina: 57

NOTARIOS P�BLICOS, CASO DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO INTERPUESTO POR.-Conforme a lo dispuesto por los art�culos 103 y 107 constitucionales y a los relativos de la ley reglamentaria, el amparo procede por violaci�n de garant�as individuales y no por la violaci�n de todo derecho, ni menos de aquellos que se hacen provenir del ejercicio y funci�n de una investidura oficial, como es el notariado; por tanto, cuando los actos de las autoridades afecten al quejoso, en sus actos como funcionario, el amparo es improcedente.

Con base en las anteriores consideraciones cabe, por tanto, superar dichos criterios, estableciendo la regla general de que resulta procedente el juicio de amparo promovido por un notario p�blico cuando reclama actos autoritarios que afecten sus garant�as individuales.

Desde otro punto de vista, esto es, cuando los actos de autoridad lesionan propiamente el ejercicio de la funci�n p�blica que desempe�a, el notario p�blico tambi�n tiene legitimaci�n para promover el amparo.

En efecto, ya se dijo que el notario p�blico desempe�a una funci�n que tambi�n es p�blica, y que aunque la lleva a cabo de manera aut�noma no act�a discrecionalmente, sino con estricto apego a un sistema normativo legal y reglamentario que constituye, propiamente, su estatuto, y esto que obliga al notario p�blico le sirve, al mismo tiempo, de protecci�n y defensa jur�dica frente a los actos de autoridad que en su ordenaci�n o ejecuci�n violen o sobrepasen esos mismos ordenamientos, con lo que, adem�s, se resguarda la garant�a de trabajo y la legalidad de la funci�n.

De ah� se infiere que si un acto de autoridad se expide al margen o con violaci�n de tal sistema jur�dico que rige la actuaci�n del notario, �ste tiene a su alcance el juicio de amparo.

A modo de ejemplo se se�alan los siguientes art�culos de la Ley del Notariado del Estado de J. que regulan la actuaci�n del notario, y respecto de los cuales, de existir acto de autoridad que se expida contraviniendo ese marco legal que los obliga a actuar en ese sentido, ser�a procedente el amparo:

"Art�culo 111. El notario, en relaci�n con los libros del protocolo, llevar� una carpeta por cada tomo, en donde ir� depositando los documentos necesarios que se relacionen con las escrituras y las actas.

"El contenido de estas carpetas se llamar� ?libro de documentos o ap�ndice?, el cual forma parte integrante del protocolo."

"Art�culo 112. Todos los documentos a que se contrae el art�culo anterior, deber�n ser sellados y llevar�n numeraci�n progresiva o el orden que el notario establezca, para que sean f�cilmente localizables."

"Art�culo 119. El Estado es propietario de los folios, tomo o libros que, conforme a esta ley, debe llevar el notario.

"El notario deber� conservarlos en su oficina notarial bajo su m�s estricta responsabilidad con el car�cter de depositario; sin embargo, transcurridos cinco a�os a partir de la fecha del acta de cierre de los tomos del protocolo o libro de registro de certificaciones, podr� concentrarlos con sus correspondientes libros de documentos en la Direcci�n del Archivo de Instrumentos P�blicos."

"Art�culo 124. El testimonio es el documento que contiene la transcripci�n fiel y literal del instrumento asentado en el protocolo, de las firmas, del sello estampado y de las notas que obren en el mismo.

"Cada una de las hojas que lo integren deber�n llevar preimpreso, realzado o estampado el sello de autorizar, y adem�s rubricarse. Para la impresi�n del testimonio, deber� aplicarse, en lo conducente, lo previsto en el art�culo 52 de esta ley.

"En los testimonios que se expidan deber� transcribirse, �ntegramente, el acta y el documento objeto de la protocolizaci�n.

Al final del testimonio, con letras may�sculas, se pondr� la constancia de haberse sacado de su matriz, el n�mero de orden y de hojas que lo integran, para qui�n se expide y la fecha, expresando que fue cotejado y corregido, autoriz�ndose con el sello y la firma del notario.

As�, conforme a lo explicado, debe prevalecer el criterio adoptado por esta Segunda Sala, el que de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de A. debe regir con car�cter jurisprudencial, en los siguientes t�rminos:

NOTARIOS P�BLICOS DEL ESTADO DE JALISCO (Y LEGISLACIONES AFINES). CASOS EN LOS QUE PUEDEN PROMOVER JUICIO DE AMPARO.-Conforme al art�culo 1o. de la Ley del Notariado del Estado de J., los notarios son profesionales del derecho que desempe�an una funci�n p�blica, consistente en dar fe de actos, negocios o hechos jur�dicos a los que deban y quieran dar autenticidad. Por ello, dichas personas, si bien no son funcionarios p�blicos por cuanto no forman parte de la estructura org�nica de la administraci�n p�blica, s� ejercen una funci�n p�blica, la que realizan bajo su responsabilidad de manera aut�noma, pero no discrecional, ya que est�n sujetos a diversas normas jur�dicas a las que deben circunscribir su actuar, mismas que conforman su estatuto. Para determinar cu�ndo pueden promover amparo, a semejanza del derecho administrativo, debe distinguirse entre el titular del �rgano -persona f�sica-, y el �rgano mismo. As�, los notarios de esa entidad federativa, adem�s de poder promover juicio de amparo en su car�cter de gobernados como cualquier individuo contra actos autoritarios que afecten sus garant�as constitucionales (persona, familia, patrimonio, libertad o seguridad jur�dica), tambi�n tienen legitimaci�n para promover el juicio de garant�as en contra de actos de autoridad que violen o sobrepasen lo establecido en ese sistema normativo legal y reglamentario que rige su funci�n, que al mismo tiempo que obligan a los notarios, les sirve de defensa y protecci�n jur�dica, en tanto resguarda su garant�a de trabajo y le legalidad de su actuaci�n.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Existe la contradicci�n de tesis precisada en el considerando quinto de esta resoluci�n.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio de esta Segunda Sala que se menciona en la parte final del considerando sexto de esta sentencia.

N.�quese; rem�tase la tesis jurisprudencial referida en el punto resolutivo segundo de esta ejecutoria al Pleno, a la Primera Sala y a los Tribunales Colegiados que no intervinieron en la contradicci�n, as� como al Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta; env�ese copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados de los que deriv� la contradicci�n y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros Juan D�az R., G.D.G.�ngora P., S.S.A., G.I.O.M. y presidente J.V.A.A.�n. Fue ponente el Ministro Juan D�az R..