Ejecutoria num. 2a./J. 40/2003 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26825540

Ejecutoria num. 2a./J. 40/2003 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 40/2003
Localizacion:SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Junio de 2003
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 175/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO, EL ANTERIOR PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PROPIO CIRCUITO Y ANTERIOR SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PROPIO CIRCUITO.CERTIFICADO MÉDICO. SU EXHIBICIÓN ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 785 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DEBE HACERSE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, PUES DE LO CONTRARIO SE TENDRÁ POR NO EXHIBIDO O RECIBIDO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 175/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL D�CIMO CUARTO CIRCUITO, EL ANTERIOR PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PROPIO CIRCUITO Y ANTERIOR SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PROPIO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..

SECRETARIO: A.M.R. MAT�AS.

CONSIDERANDO:

TERCERO

El entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del propio circuito, el veinte de mayo de mil novecientos noventa y dos, al resolver el amparo directo 212/92, consider� lo siguiente:

CUARTO. Es fundada la violaci�n de �ndole procesal que esgrimen los quejosos, toda vez que ofrecida como prueba por el actor del juicio laboral la confesional por posiciones a cargo del representante legal de la empresa demandada Aceros Monterrey, Sociedad An�nima, indebidamente la Junta responsable tuvo por admitida dicha prueba a cargo de la persona que en representaci�n de dicha demandada tuviera facultades para absolver posiciones; adem�s, tambi�n es incorrecto el argumento de ineficacia del certificado m�dico exhibido por el apoderado de la citada persona moral para justificar la inasistencia del absolvente representante legal de la sociedad demandada, toda vez que la omisi�n de expresar al exhibir el certificado m�dico la frase ?bajo protesta de decir verdad?, en modo alguno constituye una raz�n v�lida para destruir la eficacia del susodicho certificado, dado que si bien es cierto el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la exhibici�n de la constancia m�dica para justificar la inasistencia a absolver posiciones, debe hacerse bajo protesta de decir verdad, tambi�n lo es que no establece como sanci�n en caso de omisi�n de dicha frase, la desestimaci�n o ineficacia del documento exhibido, am�n de que al tenor del diverso art�culo 722 de la misma ley las declaraciones que rindan las partes o sus apoderados ante las Juntas, las har�n bajo protesta de decir verdad apercibidos de las penas en que incurren si declaran falsamente ante la autoridad, sanci�n que se concretiza en el art�culo 1006 del mismo ordenamiento, en el sentido de que a todo aquel que presente documentos o testigos falsos, se le impondr� una pena de seis meses a cuatro a�os de prisi�n y multa de ocho a ciento veinte veces el salario m�nimo general, independientemente de la responsabilidad que por da�os y perjuicios le resulten al apoderado o representante, seg�n lo previsto, a este respecto, en el siguiente numeral 1007, de todo lo cual se concluye que, en el caso, sea ilegal el proceder de la Junta responsable para desestimar el certificado m�dico exhibido y como �ste no fue tildado de falso por el apoderado del actor debi� tenerse por v�lido para el prop�sito perseguido por el apoderado de la empresa demandada y conforme al primero de los preceptos antes mencionado se�alarse nueva fecha para el desahogo de la prueba confesional a cargo del representante legal de Aceros Monterrey, Sociedad An�nima, y al no estimarlo as� la responsable conculc� en perjuicio de los quejosos, las garant�as de legalidad y seguridad jur�dicas consignadas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, en tanto que con motivo de la ineficacia del certificado m�dico se tuvo por confesa fictamente a la empresa demandada y se le conden� al pago de las prestaciones reclamadas, lo que pudo ser distinto si se recibe en forma legal la prueba en comento. En tales condiciones, al ser ilegal el proceder de la Junta responsable, procede conceder a los quejosos el amparo solicitado para el efecto de que se reponga el procedimiento y se se�ale nueva fecha para el desahogo de la prueba confesional a cargo del representante legal de la sociedad codemandada.

De las consideraciones supratranscritas surgi� la tesis, cuyos rubro, texto y datos de localizaci�n son:

"CONFESI�N FICTA EN MATERIA LABORAL. ILEGALIDAD DE LA RESOLUCI�N QUE LA DECLARA POR NO HABERSE EXHIBIDO EL CERTIFICADO M�DICO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. Es cierto que el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo establece que si alguna persona no puede por enfermedad u otro motivo justificado a juicio de la Junta, concurrir al local de la misma para absolver posiciones, previa comprobaci�n del hecho, mediante certificado m�dico u otra constancia fehaciente que se exhiba bajo protesta de decir verdad, �sta se�alar� nueva fecha para el desahogo de la prueba; pero el dispositivo no determina que la omisi�n de la frase ?bajo protesta de decir verdad? al exhibir el certificado m�dico, produzca la ineficacia u desestimaci�n del documento, am�n de que al tenor del diverso art�culo 722 de la misma ley, las declaraciones que rindan las partes o sus apoderados ante las Juntas, las har�n bajo protesta de decir verdad, apercibidos de las penas en que incurren si declaran falsamente ante la autoridad, sanci�n que se concretiza en el art�culo 1006 del mismo ordenamiento, en el sentido de que a todo aquel que presente documentos falsos se le impondr� una pena de seis meses a cuatro a�os de prisi�n y multa de ocho a ciento veinte veces el salario m�nimo vigente, independientemente de la responsabilidad que por da�os y perjuicios le resulten al apoderado o representante, seg�n lo previsto a este respecto en el siguiente numeral 1007; de manera que si el certificado m�dico exhibido no fue tildado de falso por la contraparte, no existe raz�n suficiente para declarar fictamente confeso a quien deber�a absolver posiciones, por el solo hecho de no incluir la frase de referencia." (Octava �poca. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: X, agosto de 1992. P�gina: 543).

CUARTO

El entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio circuito, el doce de febrero de mil novecientos noventa y tres, al resolver el amparo directo 577/92, promovido por ... entre otras consideraciones, sostuvo las siguientes:

QUINTO. Son parcialmente fundados los conceptos de violaci�n expresados, pero insuficientes para la concesi�n del amparo. Los motivos de inconformidad planteados por el quejoso se reducen a se�alar dos violaciones de car�cter procesal que a su juicio cometi� la Junta responsable, mismas que ser�n estudiadas por este tribunal con base en lo que dispone el art�culo 159, fracci�n III, de la Ley de Amparo. En torno a la prueba testifical a cargo de ... en diligencia de fecha veintid�s de junio de mil novecientos noventa y dos, se dict� el acuerdo por el que se declar� desierta, seg�n se advierte de su transcripci�n: ?En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las nueve horas del d�a veintid�s de junio de mil novecientos noventa y dos, d�a y hora se�alado para que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada y a cargo de los testigos ... Ante la Junta Especial N�mero Dos de las que integran la Local de C.�n y Arbitraje del Estado. Legalmente integrada comparece por la parte actora su apoderado licenciado F.C.T.. Y por la parte demandada comparece el licenciado J.L.M.C. en su car�cter de apoderado de la demandada, mas no as� los testigos salvo, se dice ... La secretaria da cuenta a la Junta con los autos y �sta procede a declarar abierta la presente audiencia, concediendo el uso de la palabra a la parte demandada, quien dijo: Que toda vez que es f�sicamente imposible presentar a los testigos ... en virtud de encontrarse f�sicamente enfermos, lo cual impide su presencia para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada y para desahogarse en esta diligencia, seg�n lo acredito con los certificados que en este acto exhibo y que solicito se agreguen a los autos para que surtan sus efectos legales, solicito a esta Junta se�ale nuevo d�a y hora para el desahogo de dicha diligencia, reserv�ndome el derecho para hacer uso de la palabra en caso de creerlo necesario. En este acto se le da vista a la parte actora con los certificados exhibidos por la parte demandada, y en uso de la palabra manifiesta: Que en este acto y toda vez que la exhibici�n de los supuestos certificados no se realiza con los requisitos que marca la ley, tales como que deben exhibirse bajo protesta de decir verdad y, adem�s, no se�ala el lugar en donde est�n recluidos los testigos, seg�n estos �ltimos requisitos que deben reunir los certificados m�dicos conforme al criterio sustentado por esta Junta por su Pleno, en octubre de mil novecientos noventa y ratificado por circular de seis de mayo de mil novecientos noventa y uno, es procedente se desechen los citados certificados y se decrete la deserci�n de la prueba testimonial ofrecida por la demandada y que deb�a desahogarse en este momento. En uso de la palabra la parte demandada dijo: Que en este acto solicito no se tome en consideraci�n lo se�alado por el apoderado de la actora, toda vez que los criterios y circulares de los que hace menci�n son meramente internos y no pueden estar por encima de lo que establece la ley, raz�n por la cual es procedente se difiera la presente audiencia en t�rminos de ley. La Junta Especial acuerda. T�ngase por hecha la comparecencia de los profesionistas mencionados al inicio de la presente acta, en representaci�n de las partes, no as� por lo que respecta a los testigos ofrecidos por la parte demandada en el presente juicio ... (sic) toda vez que el oferente de la prueba no los exhibi� (sic), como establece el art�culo 785 de la ley de la materia, bajo protesta de decir verdad requisito indispensable para que surtan sus efectos dichos documentos se le hace efectivo el apercibimiento decretado y se le declara la deserci�n del 713 y 780 de la ley de la materia, agreg�ndose a los autos los certificados antes mencionados; para la continuaci�n del procedimiento est�se a lo acordado con anterioridad. N.�quese. ...?. Sobre el particular, alega el amparista que el tribunal laboral del conocimiento aplic� inexactamente los art�culos 713 y 780 de la Ley Federal del Trabajo, ya que no guardan ninguna relaci�n con los motivos en que se apoy� para decretar la deserci�n del elemento de convicci�n de referencia que, adem�s, es inexacto que los certificados m�dicos tendentes a justificar la imposibilidad de los testificantes para comparecer al desahogo de la prueba deban ser presentados bajo protesta de decir verdad, dado que todas las actuaciones en el procedimiento se practican con cargo a esa protesta y que suponiendo sin conceder que tal situaci�n constituyera una formalidad de conformidad con el art�culo 785 del ordenamiento legal en cita, lo cierto es que este precepto legal no contiene ninguna sanci�n en caso de que no fuera cumplida. Son infundados los anteriores argumentos, en virtud de que el art�culo 785 del c�digo obrero en que se fund� el prove�do de que se trata, exige que para el caso de que una persona, por enfermedad no pudiera concurrir al local de la Junta a absolver posiciones o contestar un interrogatorio debe comprobarse ese hecho a trav�s de un certificado m�dico, cuya exhibici�n requiere que se haga bajo protesta de decir verdad. Esto, como se advierte de la lectura del aludido dispositivo legal, que a la letra dice: ?Art�culo 785. Si alguna persona no puede, por enfermedad u otro motivo justificado a juicio de la Junta, concurrir al local de la misma para absolver posiciones o contestar un interrogatorio; previa comprobaci�n del hecho, mediante certificado m�dico u otra constancia fehaciente que se exhiba, bajo protesta de decir verdad, �sta se�alar� nueva fecha para el desahogo de la prueba correspondiente; y de subsistir el impedimento, el m�dico deber� comparecer, dentro de los cinco d�as siguientes, a ratificar el documento en cuyo caso, la Junta deber� trasladarse al lugar donde aqu�lla se encuentra para el desahogo de la diligencia.?. Por tanto, si bien es verdad que acorde al art�culo 722 del cuerpo normativo en consulta, las declaraciones de las partes y de sus apoderados deber�n hacerlas bajo protesta de decir verdad, pero ello se refiere al supuesto en que las mismas se rindan en el desahogo de una prueba ofrecida a su cargo, en la que tengan que absolver posiciones o contestar un interrogatorio pues si se tratara de incluir a todas las comparecencias de las partes ante la Junta ya sea en forma escrita o personal, lo l�gico es que el precepto as� lo indicara; pero como no sucede as� debe concluirse que en la anterior hip�tesis legal no pueden comprenderse las intervenciones que realicen las partes o sus mandatarios en la pr�ctica de otras diligencias, de ah� que no existe la obligaci�n de ser protestados para conducirse con verdad, salvo los casos que expresamente se�ale la ley. El art�culo 722 antes indicado, es del tenor literal: ?Art�culo 722. Las declaraciones que rindan las partes, sus apoderados o cualquier persona ante las Juntas, las har�n bajo protesta de decir verdad y bajo apercibimiento de las penas en que incurren si declaran falsamente ante autoridad. Las declaraciones de peritos en derecho, ser�n rendidas bajo protesta de decir verdad, sin que se requiera apercibimiento alguno.?. As� pues, uno de los casos de excepci�n se encuentra previsto en el art�culo 785 del c�digo laboral que impone la obligaci�n ineludible al interesado en que se difiera el desahogo de la prueba confesional o la testifical, como acontece en la especie, que exhiba bajo protesta de decir verdad el certificado m�dico que demuestre la imposibilidad del absolvente o de los atestes para comparecer ante la presencia de la autoridad con motivo de una enfermedad; siendo que lo que el legislador pretendi� al inspirar esta norma jur�dica es que la Junta pudiera tener confianza en la veracidad de la susodicha constancia, que finalmente se trata de un documento privado, con base en el que se tendr� por cierto el hecho que impide el desahogo de la probanza respectiva. Esto es, la exigencia de hacer manifestaciones bajo la protesta en cuesti�n, viene a robustecer la credibilidad que pueda d�rsele a un documento que de otro modo no ser�a bastante para evidenciar plenamente la circunstancia anotada. Resulta oportuno decir que este Tribunal Colegiado ha sostenido criterio en el sentido de que para que se transfiera el desahogo de la prueba testifical, es necesario la presentaci�n de un certificado m�dico bajo protesta de decir verdad, en la tesis obtenida al fallar con fecha cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y nueve y por unanimidad de votos el amparo directo n�mero 363/89, promovido por A.B.F., que es del siguiente tenor literal: ?PRUEBA TESTIMONIAL. EXHIBIDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL CERTIFICADO M�DICO QUE JUSTIFICA A LA INASISTENCIA DEL TESTIGO, DEBE DIFERIRSE SU DESAHOGO. Si con el certificado m�dico exhibido se acredita que el testigo no pod�a concurrir a la Junta a contestar el interrogatorio, y se hizo esa manifestaci�n bajo protesta de decir verdad, en t�rminos del art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo, la responsable en lugar de declarar la deserci�n de la prueba a cargo de este testigo, debi� acordar favorablemente la petici�n de diferir la audiencia y se�alar nueva fecha para su desahogo. Esto es as�, porque la circunstancia de se�alarse el domicilio en que se encuentre recluido, �nicamente se requiere cuando en esa nueva fecha hubiera subsistido la enfermedad, para que la Junta estuviera en condiciones de trasladarse a ese lugar para llevar a cabo la diligencia, mas esto no necesariamente debe constar en el certificado m�dico, sino que puede proporcionarlo bajo protesta de decir verdad, el propio oferente.?. Conviene transcribir la parte conducente de la ejecutoria que motiv� la anterior tesis: ?Ahora bien, el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo establece: Si alguna persona no puede, por enfermedad u otro motivo justificado a juicio de la Junta, concurrir al local de la misma para absolver posiciones o contestar un interrogatorio, previa comprobaci�n del hecho, mediante certificado m�dico u otra constancia fehaciente que se exhiba, bajo protesta de decir verdad, �sta se�alar� nueva fecha para el desahogo de la prueba correspondiente y de subsistir el impedimento, el m�dico deber� comparecer, dentro de los cinco d�as siguientes, a ratificar el documento en cuyo caso, la Junta deber� trasladarse al lugar donde aqu�lla se encuentre para el desahogo de la diligencia.?. Del examen del art�culo en comento, se desprende que prev� dos situaciones trat�ndose del desahogo de la prueba testimonial; la primera, cuando el testigo por enfermedad no pueda concurrir a la Junta a contestar el interrogatorio, caso en el cual para que se difiera y se se�ale nueva fecha, se necesita bajo protesta de decir verdad justificar ese impedimento, principalmente, con el certificado m�dico respectivo. Cabe destacar, que aunque el repetido 785 no prevea que ante la falta de formalidad apuntada deba declararse desierta la prueba de m�rito, no implica que la Junta no est� facultada a hacerlo, pues es claro que la falta de presentaci�n de los testigos y no acreditar la causa de su inasistencia revela una falta de inter�s para que se reciban sus declaraciones y, por ende, no habr�a raz�n para postergar su desahogo. Atento que fue legal el acuerdo de la indicada autoridad del trabajo, m�xime que lo fund� en lo preceptuado por el art�culo 785 tantas veces referido y, por consiguiente, es intrascendente que tambi�n hubiera invocado los art�culos 713 y 780 del c�digo laboral que, ciertamente, no tienen aplicaci�n al caso concreto.

De las consideraciones preinsertas surgi� la tesis cuyos rubro, texto y datos de localizaci�n son:

"PRUEBA TESTIMONIAL Y CONFESIONAL EN MATERIA LABORAL. ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL CERTIFICADO M�DICO TENDIENTE A JUSTIFICAR LA INASISTENCIA DE LAS PARTES EN SU DESAHOGO, SEA EXHIBIDO POR EL INTERESADO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. El art�culo 785 del c�digo laboral impone la obligaci�n ineludible al interesado en que se difiera el desahogo de la prueba confesional o la testifical, que exhiba bajo protesta de decir verdad el certificado m�dico que demuestre la imposibilidad del absolvente o de los atestes para comparecer ante la presencia de la autoridad con motivo de una enfermedad; siendo que lo que el legislador pretendi� al inspirar esta norma jur�dica es que la Junta pudiera tener confianza en la veracidad de quien exhiba la susodicha constancia, que finalmente se trata de un documento privado, con base en el que se tendr� por cierto el hecho que impide el desahogo de la probanza respectiva." (Octava �poca. Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: XI, marzo de 1993. P�gina: 342).

QUINTO

El criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, el diecis�is de febrero de mil novecientos noventa y cinco, al resolver el amparo directo 549/94, interpuesto por Productos y M.d.C., S.A. de C.V., es del tenor siguiente:

QUINTO. El tercer concepto de violaci�n que se hace valer, relacionado con una infracci�n a las leyes del procedimiento es fundado en lo sustancial y, adem�s, suficiente para otorgar el amparo solicitado. En el precisado motivo de inconformidad, enf�ticamente se sostiene que la Junta responsable aplic� de modo inexacto el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo, al desestimar en la audiencia celebrada el once de agosto de mil novecientos noventa y tres, el certificado m�dico que exhibi� el apoderado legal de ... con el fin de justificar la inasistencia de su poderdante (administrador �nico de Productos y M.d.C., Sociedad An�nima de Capital Variable) a la diligencia de desahogo de suprueba de confesi�n sobre hechos propios, que en su oportunidad ofreci� el demandante ... pues a juicio del promovente del amparo, la responsable de m�rito en lugar de tener por justificada la inasistencia del nombrado absolvente y de se�alar nueva fecha y hora para la pr�ctica de la referida prueba de posiciones, actu� ilegalmente; ya que apart�ndose de lo que dispone el art�culo antes invocado, consider� que por no haberse exhibido el certificado m�dico ?bajo protesta de decir verdad? resultaba obvio afirmar que en tales condiciones, dicho documento no pod�a estimarse apto para justificar la inasistencia de ... redundando dicho proceder autoritario en la tambi�n ilegal declaratoria de confesi�n ficta del nombrado administrador de la empresa demandada. Es fundada la alegaci�n que precede, toda vez que una recta ex�gesis jur�dica del art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo conlleva a sostener con certeza que la ?protesta de decir verdad? a que hace referencia el aludido precepto, s�lo debe efectuarse cuando se exhiban documentos distintos a un certificado m�dico, o sea, aquellos con los que se pretenda demostrar que la inasistencia de la absolvente o testigo (previamente citado) obedeci� a un motivo diverso al de ?enfermedad?. Una interpretaci�n diferente llevar�a al extremo de sostener que la persona que exhiba ante la Junta responsable un certificado m�dico, ser�a la que tenga que responder legalmente de la veracidad del mismo; lo cual no es admisible pues, incluso, el propio precepto que se analiza prev� la posibilidad de ratificaci�n a cargo del m�dico que suscriba el certificado relativo. Adem�s, conviene puntualizar que el numeral 785 de la Ley Federal del Trabajo, no se�ala ninguna sanci�n para el caso en que se omita rendir la ?protesta de decir verdad? y, por tanto, se estima que el criterio sostenido por la Junta responsable fue demasiado rigorista y no le dio oportunidad de defenderse adecuadamente a la parte demandada, ahora quejosa.

De las consideraciones supratranscritas deriv� la tesis cuyos rubro, texto y datos de localizaci�n son:

"CERTIFICADO M�DICO COMO DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LA NO COMPARECENCIA DE UN ABSOLVENTE O TESTIGO A LA AUDIENCIA DE DESAHOGO RESPECTIVA. ILEGAL RECHAZO POR HABERSE OMITIDO LA PROTESTA DE DECIR VERDAD EN SU OFRECIMIENTO (ART�CULO 785 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO). Resulta ilegal la determinaci�n de una Junta que rechaza un certificado m�dico, exhibido con el prop�sito de justificar la inasistencia de quien est� citado legalmente para absolver posiciones o para responder a un interrogatorio; s�lo por el hecho de que en su ofrecimiento se hubiese omitido la protesta de decir verdad, pues independientemente que la Ley Federal del Trabajo, no se�ala sanci�n alguna para esos casos, es de considerarse que siendo dos las causas, una espec�fica (enfermedad) y otra gen�rica (otro motivo justificado), las que el art�culo 785 de la citada ley autoriza para dejar de asistir a una audiencia en la que habr� de receptarse la confesional o la testimonial; conlleva a sostener con certeza, que la frase sacramental aludida, s�lo debe expresarse cuando se exhiba ?otra constancia fehaciente?, es decir, si se trata de documentos distintos a un certificado m�dico, con los que se pretenda demostrar que la inasistencia del absolvente o del testigo obedeci� a un motivo diverso al de enfermedad. Una interpretaci�n diferente, llevar�a al extremo de sostener que la persona que exhiba ante la Junta el certificado m�dico, ser�a la que tenga que responder legalmente de la veracidad de lo asentado en dicho documento; lo cual es inadmisible, pues incluso el precepto en comento prev� la posibilidad de la ratificaci�n respectiva a cargo del m�dico que suscribe el certificado relativo, cuando subsista el impedimento." (Novena �poca. Instancia: Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: I, abril de 1995. Tesis: XIV.1o.1 L. P�gina: 132).

SEXTO

El criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, el veintis�is de abril de dos mil dos, al resolver el amparo directo 117/2002, interpuesto por ... es del tenor siguiente:

Ahora bien, atendiendo a la t�cnica del amparo, este tribunal iniciar� el estudio de los conceptos de violaci�n, con el pronunciamiento que corresponde al que se hace valer en el sentido de que la actora, aqu� quejosa, de manera ilegal fue declarada fictamente confesa de las posiciones que para esa prueba articul� su contraria, en la diligencia respectiva, sobre la base de que el certificado m�dico que expidi� para justificar la imposibilidad que ten�a de concurrir a su desahogo, no fue exhibido bajo protesta de decir verdad, ni especificaba la instituci�n que lo emiti�. Para tal efecto ... aduce que la determinaci�n as� tomada por la responsable no puede considerarse fundada y motivada, pues pasa por alto que la omisi�n de exhibir esa documental, bajo la protesta de decir verdad, no trae como consecuencia su inadmisi�n, de conformidad con el criterio que cita, titulado: ?CONFESI�N FICTA EN MATERIA LABORAL. ILEGALIDAD DE LA RESOLUCI�N QUE LA DECLARA POR NO HABERSE EXHIBIDO EL CERTIFICADO M�DICO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.?. Este tribunal considera que en este punto no le asiste la raz�n a la peticionaria de garant�as, pues como bien resolvi� la responsable, con fundamento en el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo, la circunstancia de que el certificado m�dico no se hubiere expedido bajo la protesta de decir verdad, trae como consecuencia que no surta los efectos para los que fue expedido (justificar la inasistencia de la actora). Veamos: En principio de cuentas, resulta conveniente traer a consideraci�n diversas precisiones establecidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en el texto de la ejecutoria origen de la jurisprudencia por contradicci�n de tesis de rubro: ?PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESI�N FINAL �PROTESTO LO NECESARIO� Y CUYA OMISI�N PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA.? (Esta resoluci�n aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XI, enero del a�o dos mil, en el folio 209). Primero, que la protesta de decir verdad, tiempo atr�s, en nuestro pa�s, se entend�a como una promesa ante D. de decir la verdad; segundo, que la f�rmula sacramental aludida pas� del sentido religioso a formar parte de nuestro sistema normativo, ahora como protesta de decir verdad, en la que la palabra ?protesta? que deriva del lat�n protestari, significa declarar en voz alta o afirmar, tal como se recoge en el art�culo 130 constitucional que establece: ?... La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. ...?; y, tercero, que dicha disposici�n constitucional dej� en manos del legislador el establecimiento de las sanciones para el que faltare a la promesa de conducirse con verdad (lo que se concretiz� al tipificarse como delito a la falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad entre otros). Ahora bien, entendida a la protesta de decir verdad como parte integrante de nuestro sistema normativo, tenemos que en la Ley Federal del Trabajo se implementa a ra�z de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n el primero de abril de mil novecientos setenta, que derogaron al anterior art�culo 769 que rezaba: ?Art�culo 769. Si alguna persona no puede, por enfermedad u otras circunstancias especiales, concurrir al local de la Junta para absolver posiciones o contestar un interrogatorio, la Junta, previa comprobaci�n del hecho, podr� trasladarse al local donde aqu�lla se encuentre.?, para quedar plasmada en el numeral 785 como sigue: ?Art�culo 785. Si alguna persona no puede, por enfermedad u otro motivo justificado a juicio de la Junta, concurrir al local de la misma para absolver posiciones o contestar un interrogatorio; previa comprobaci�n del hecho, mediante certificado m�dico u otra constancia fehaciente que se exhiba, bajo protesta de decir verdad, �sta se�alar� nueva fecha para el desahogo de la prueba correspondiente; y de subsistir el impedimento, el m�dico deber� comparecer, dentro de los cinco d�as siguientes, a ratificar el documento en cuyo caso, la Junta deber� trasladarse al lugar donde aqu�lla se encuentre para el desahogo de la diligencia.?. Cierto es, sin embargo, que del an�lisis a la exposici�n de motivos, a los dict�menes y discusiones, tanto de la C�mara de Origen como de la Revisora, se observa que los legisladores no efectuaron consideraci�n alguna relacionada directamente con los motivos que los llevaron a introducir a la protesta de decir verdad, como un requisito legal para la persona que exhiba un certificado m�dico a fin de justificar una inasistencia; mas s� se dej� establecido, que esa y otras reformas que tuvieron lugar en aquella ocasi�n, buscaba ?ofrecer m�s claridad en la estructura procesal, para la cual se incluyen hip�tesis normativas tendentes a la celeridad ... se regula con m�s amplitud y precisi�n en el cap�tulo de pruebas. ... Se acent�an los principios de oralidad e inmediatez que generalmente se encuentran estrictamente vinculados ... ya que tales principios simplifican el curso de los juicios y permiten a los tribunales apreciar mejor los razonamientos de las partes y el valor real de las pruebas desahogadas. ... El procedimiento predominantemente escrito tiende a desarrollarse con lentitud y en m�ltiples etapas, lo que puede propiciar el considerable alargamiento de los juicios. Por esta causa, la iniciativa propicia la econom�a procesal y la concentraci�n en el menor n�mero de actos de las diligencias que deban practicarse, todo ello, sin menoscabo de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.?. Entonces, de esos razonamientos, es dable concluir que en las reformas a la Ley Federal del Trabajo, efectuadas el cuatro de enero de mil novecientos ochenta, el esp�ritu del legislador fue establecer medidas que procuren salvaguardar, entre otros, el principio de inmediatez en el procedimiento laboral. Con base en lo anterior y de la literalidad del aludido art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo, este tribunal considera necesario que la persona que a nombre del impedido ocurra a la Junta a llevar el certificado m�dico, lo exhiba bajo la protesta de decir verdad, a fin de que �ste, de cubrir los requisitos legales, pueda ser apto para justificar la inasistencia de su representado al desahogo de una prueba (como en el caso lo fue la confesional). Efectivamente, tenemos que un certificado m�dico, seg�n la definici�n que le otorga la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la ejecutoria origen de la jurisprudencia por contradicci�n de tesis titulada: ?CERTIFICADOS M�DICOS EXHIBIDOS ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE PARA LOS EFECTOS SE�ALADOS EN EL ART�CULO 785 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PARA SU VALIDEZ DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE SALUD.? (publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo II, noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en la p�gina 157), es un documento expedido por un profesionista en el ejercicio de la medicina y su finalidad es hacer constar determinados hechos que acreditan la existencia de alg�n estado patol�gico de la persona examinada y del cual puede deducirse la imposibilidad f�sica para comparecer. Asimismo, en la ejecutoria en menci�n, se advirti� que ?... las Juntas de C.�n y Arbitraje s� deben comprobar que dichos certificados cumplen con las normas de orden p�blico previstas en la Ley General de Salud, para poder tener por acreditada la incapacidad de la persona para ocurrir ante la autoridad correspondiente, cuya enfermedad o impedimento se hace constar en el documento en cuesti�n ...? y ?... que el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo no se�ala ning�n requisito para la admisi�n de los certificados m�dicos, sin embargo, esa circunstancia no implica que las Juntas al recibirlos, est�n imposibilitadas de corroborar que dichos documentos cumplen con los requisitos a que se ha hecho referencia, tomando en cuenta que basta la simple menci�n en dicho dispositivo legal de que la comprobaci�n de la enfermedad deber� hacerse mediante la exhibici�n de un certificado m�dico, para deducir que se trata de aquellos documentos que re�nen las caracter�sticas que se�ala la Ley General de Salud, pues de otro modo, como se indic�, no se tratar�a de esa clase de certificados sino de una simple constancia sin el valor que pretende el numeral en cita. ...?. Entonces, en orden a lo as� establecido, se concluye que si bien es labor del m�dico hacer constar determinados hechos que acreditan la existencia de alg�n estado patol�gico, es facultad de la Junta, adem�s de valorar si �ste cumple o no con los requisitos de ley, el determinar si de �l es posible deducir o tener por cierto, que el afectado est� incapacitado para concurrir al local de la responsable. Por ello, es en esta �ltima cuesti�n, en la que surge la responsabilidad del interesado de informar a la autoridad laboral, a trav�s de quien lo pueda legalmente representar en el juicio, bajo la promesa de que est� diciendo la verdad, de que la enfermedad que padece le impide concurrir al desahogo de la diligencia de que se trate (ya sea confesional, como en el caso, o una testimonial), lo que tambi�n ser� valorado por el responsable, junto con los t�rminos en que se hubiere expedido el certificado m�dico. Todas las consideraciones que preceden, ponen de relieve la importancia de que la aludida documental se exhiba bajo la protesta de decir verdad, ya que la afirmaci�n del interesado en este sentido dar� a la Junta mayor certeza para deducir, del padecimiento que se haga constar en el certificado m�dico, la existencia de una imposibilidad f�sica que impide el desahogo de la prueba de que se trate. As�, no obstante que en este caso se vulnere el principio de expeditez del juicio laboral, se tendr� la seguridad de que ocurre por una causa justificada, gracias a la protesta de decir verdad, que pone al que la realiza en posibilidad de merecer una sanci�n, de comprobarse que ha faltado a ella. En esa virtud, visto est� que la formalidad en cuesti�n no es ociosa, pues ata�e a la preocupaci�n del legislador de evitar el entorpecimiento y retardo en la tramitaci�n del juicio en materia laboral y, al mismo tiempo, constituye un recordatorio para el que la hace, de que de incurrir en falsedad y as� comprob�rsele, podr� ser acreedor de las sanciones que correspondan. En consecuencia, si como ocurri� en el caso, la Junta tuvo a la vista un certificado m�dico que no le fue exhibido bajo la protesta de decir verdad, es inconcuso que actu� conforme a derecho al no tener por justificada la ausencia de la actora al desahogo de la prueba confesional, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo; sin que constituya obst�culo para ello el que la ley de la materia, ante una omisi�n como �sta, no prevea la consecuencia anotada, atento que se ha demostrado que con ella se resguarda al principio de expeditez, implementado por el legislador, al crear la disposici�n contenida en el numeral objeto de an�lisis. Cobra aplicaci�n, la tesis que este tribunal comparte con el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, p�gina 342, que reza: ?PRUEBA TESTIMONIAL Y CONFESIONAL EN MATERIA LABORAL. ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL CERTIFICADO M�DICO TENDIENTE A JUSTIFICAR LA INASISTENCIA DE LAS PARTES EN SU DESAHOGO, SEA EXHIBIDO POR EL INTERESADO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. El art�culo 785 del c�digo laboral impone la obligaci�n ineludible al interesado en que se difiera el desahogo de la prueba confesional o la testifical, que exhiba bajo protesta de decir verdad el certificado m�dico que demuestre la imposibilidad del absolvente o de los atestes para comparecer ante la presencia de la autoridad con motivo de una enfermedad; siendo que lo que el legislador pretendi� al inspirar esta norma jur�dica es que la Junta pudiera tener confianza en la veracidad de quien exhiba la susodicha constancia, que finalmente se trata de un documento privado, con base en el que se tendr� por cierto el hecho que impide el desahogo de la probanza respectiva.?. Aunado a lo anterior, debe decirse que tampoco cambia aquella determinaci�n de la responsable, el hecho de que sea incorrecto que en el aludido certificado no se mencionara el lugar (o instituci�n) que lo expidi�, pues aunque de su lectura se advierte que fue emitido por un m�dico particular (ya que no necesariamente todos estos profesionistas deben formar parte de alguna instituci�n para estar en posibilidad de expedir certificados m�dicos), doctor ... (foja 42); la verdad del caso, como se ha visto, es que al no haberse exhibido bajo protesta de decir verdad, fue justificada la decisi�n de la responsable de no dar por v�lido a dicho certificado y, con ello, declarar fictamente confesa a la trabajadora. Son estos los motivos que conducen a este tribunal a no compartir el criterio que sustenta la tesis invocada por la quejosa de rubro: ?CONFESI�N FICTA EN MATERIA LABORAL. ILEGALIDAD DE LA RESOLUCI�N QUE LA DECLARA POR NO HABERSE EXHIBIDO EL CERTIFICADO M�DICO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.? (visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo X, agosto de mil novecientos noventa y dos, p�gina 543); ya que las consideraciones relatadas con anterioridad llevan a afirmar que la omisi�n de la protesta de decir verdad implica el incumplimiento de un requisito indispensable para que la Junta cuente con los elementos necesarios para determinar si est� o no justificada la inasistencia que se le presente. Asimismo, los elementos en cuesti�n dan pauta a este cuerpo colegiado para poner de relieve que no se comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito en la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo I, abril de mil novecientos noventa y cinco, a folio 132, que informa: ?CERTIFICADO M�DICO COMO DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LA NO COMPARECENCIA DE UN ABSOLVENTE O TESTIGO A LA AUDIENCIA DE DESAHOGO RESPECTIVA. ILEGAL RECHAZO POR HABERSE OMITIDO LA PROTESTA DE DECIR VERDAD EN SU OFRECIMIENTO (ART�CULO 785 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO). Resulta ilegal la determinaci�n de una Junta que rechaza un certificado m�dico, exhibido con el prop�sito de justificar la inasistencia de quien est� citado legalmente para absolver posiciones o para responder a un interrogatorio; s�lo por el hecho de que en su ofrecimiento se hubiese omitido la protesta de decir verdad, pues independientemente que la Ley Federal del Trabajo, no se�ala sanci�n alguna para esos casos, es de considerarse que siendo dos las causas, una espec�fica (enfermedad) y otra gen�rica (otro motivo justificado), las que el art�culo 785 de la citada ley autoriza para dejar de asistir a una audiencia en la que habr� de receptarse la confesional o la testimonial; conlleva a sostener con certeza, que la frase sacramental aludida, s�lo debe expresarse cuando se exhiba �otra constancia fehaciente�, es decir, si se trata de documentos distintos a un certificado m�dico, con los que se pretenda demostrar que la inasistencia del absolvente o del testigo obedeci� a un motivo diverso al de enfermedad. Una interpretaci�n diferente, llevar�a al extremo de sostener que la persona que exhiba ante la Junta el certificado m�dico, ser�a la que tenga que responder legalmentede la veracidad de lo asentado en dicho documento; lo cual es inadmisible, pues incluso el precepto en comento prev� la posibilidad de la ratificaci�n respectiva a cargo del m�dico que suscribe el certificado relativo, cuando subsista el impedimento.?. Ello, en el entendido de que si bien es cierto que el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo prev� los dos supuestos que se indican, no lo es menos el hecho de que la protesta de decir verdad deviene en ambos necesaria, pues en aras del principio de expeditez en el procedimiento laboral que fue concebido por el legislador, deriva lo necesario de procurar, en todos los casos que impliquen retardo en la tramitaci�n del juicio, que las causas que los originen sean ver�dicas. Por ende, constituye una buena medida para inhibir conductas falaces que interfieran con el desarrollo del procedimiento laboral, el sujetar a quien las genere, sea por enfermedad o por otra causa justificada, a la protesta de decir verdad, ya que en caso de comprobarse su falsedad se estar� en posibilidad de sancionar al causante del entorpecimiento del juicio.

S�PTIMO

Con la finalidad de estar en condiciones de determinar si en el caso a estudio existe o no la contradicci�n de tesis denunciada se considera necesario sintetizar los razonamientos sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, en las ejecutorias transcritas con antelaci�n.

  1. El entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del propio circuito, el veinte de mayo de mil novecientos noventa y dos al resolver el amparo directo 212/92, sustancialmente, consider� lo siguiente:

    1. Es incorrecto el razonamiento expuesto para considerar ineficaz el certificado m�dico exhibido por el apoderado de la empresa demandada Aceros Monterrey, S.A., para acreditar la inasistencia del representante legal de �sta para absolver posiciones. Esto porque la omisi�n de expresar, al exhibir el certificado m�dico, la frase bajo protesta de decir verdad no es una raz�n v�lida para destruir la eficacia del mismo, pues si bien es cierto que el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la exhibici�n de la constancia m�dica para justificar la inasistencia a absolver posiciones debe hacerse bajo protesta de decir verdad, tambi�n lo es que no establece como sanci�n, en caso de omisi�n de esa locuci�n, la desestimaci�n o ineficacia del certificado exhibido.

    2. Adem�s, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 722 de la Ley Federal del Trabajo las declaraciones que rindan las partes o sus apoderados ante las Juntas las har�n bajo protesta de decir verdad, apercibidos de las penas en las cuales incurren si declaran falsamente, sanci�n que se concretiza en el art�culo 1006 de la ley en cita, independientemente de la responsabilidad que le resulte al apoderado respectivo en t�rminos del numeral 1007 del ordenamiento de referencia.

    3. En tales condiciones, se considera que la Junta responsable procedi� incorrectamente al desestimar el certificado m�dico respectivo, porque si el apoderado del actor no lo tild� de falso, con base en �l y con fundamento en el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo, debi� se�alarse nueva fecha para el desahogo de la prueba confesional a cargo del representante legal de la empresa Aceros Monterrey, S.A.; luego, al no haber procedido as� dicha Junta viol� en perjuicio de los quejosos las garant�as de legalidad y seguridad jur�dicas contenidas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal, pues por la ineficacia de dicho certificado tuvo por confeso fictamente al absolvente y con base en ello se conden� a dicha empresa al pago de las prestaciones reclamadas.

  2. Por su parte, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio circuito, en sesi�n de doce de febrero de mil novecientos noventa y tres, al resolver el amparo directo 577/92, en lo que aqu� interesa, consider� lo siguiente:

    1. Que de acuerdo a lo preceptuado en el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo, cuando una persona por enfermedad no pueda concurrir al local de la Junta a absolver posiciones o contestar un interrogatorio debe comprobarse ese hecho a trav�s de un certificado m�dico, cuya exhibici�n debe hacerse bajo protesta de decir verdad. Esto, porque el legislador por medio de esta norma jur�dica pretende que la Junta tenga confianza en la veracidad de un documento privado, como lo es dicho certificado, con base en el cual se tendr� por cierto el hecho que impide a la persona relativa comparecer al desahogo de la prueba respectiva.

      Por tanto, la exigencia de exhibir el certificado m�dico relativo bajo protesta de decir verdad robustece la credibilidad que pueda d�rsele a un documento que de otro modo no ser�a bastante para evidenciar plenamente la necesidad de diferir el desahogo de la prueba confesional o testimonial seg�n se trate.

    2. Aunque el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo no disponga que ante la omisi�n de expresar que la exhibici�n del certificado m�dico relativo se hace bajo protesta de decir verdad, deba declararse desierta la prueba testimonial, ello no implica que la Junta no est� facultada para hacerlo, pues es claro que la falta de presentaci�n de los testigos y no acreditar la causa de su inasistencia revela una falta de inter�s para recibir sus declaraciones, luego, no habr�a raz�n para postergar su desahogo.

    3. No es �bice para lo antes considerado lo dispuesto en el art�culo 722 de la Ley Federal del Trabajo, pues �ste se refiere a la protesta que debe rendirse en la prueba que deba desahogarse a cargo del compareciente, en la cual tenga que absolver posiciones o contestar un interrogatorio, pues si se tratara de incluir a todas las comparecencias de las partes ante la Junta, ya sea en forma escrita o personal, lo l�gico es que en dicho precepto as� se indicara, pero como no sucede as� es de concluirse que en el precepto en comento no pueden comprenderse las intervenciones realizadas por las partes o sus mandatarios en la pr�ctica de otras diligencias, de ah� que cuando �stas en la audiencia relativa exhiben un certificado m�dico no existe la obligaci�n de ser protestados para conducirse con verdad, salvo los casos expresamente se�alados en la ley.

  3. El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, el diecis�is de febrero de mil novecientos noventa y cinco, al resolver el amparo directo 549/94, esencialmente, consider� lo siguiente:

    1. Que la Junta responsable aplic� incorrectamente lo dispuesto en el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo, pues inexactamente consider� que por no haberse exhibido el certificado m�dico bajo protesta de decir verdad no pod�a estimarse apto para justificar la inasistencia de la persona a cuyo cargo se hab�a ofrecido el desahogo de la prueba confesional relativa.

      Lo anterior, porque de la recta ex�gesis del art�culo 785 citado se sostiene con certeza que la protesta de decir verdad referida en el propio precepto s�lo debe efectuarse cuando se exhiban documentos distintos a un certificado m�dico, o sea, aquellos con los cuales se pretenda demostrar que la inasistencia de la absolvente o testigo (previamente citado) obedeci� a un motivo diverso al de enfermedad.

    2. Cabe advertir que en el t�pico en comento el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo no se�ala ninguna sanci�n para el caso en el cual se omita rendir la protesta de decir verdad.

  4. El Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, el veintis�is de abril de dos mil dos al resolver el amparo directo 117/2002, en lo que aqu� interesa, esencialmente, consider� lo siguiente:

    1. De acuerdo a lo preceptuado en el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo, la circunstancia de que el certificado m�dico no se exhiba bajo protesta de decir verdad trae como consecuencia que no se surtan los efectos para los cuales fue exhibido (justificar la inasistencia de la actora).

      Lo anterior, porque del an�lisis de la exposici�n de motivos, dict�menes y discusiones de los cuales deriv� la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de enero de mil novecientos ochenta, se advierte que por medio de dicha reforma se busc� dar m�s claridad a la estructura procesal, para lo cual se instituyeron hip�tesis normativas orientadas a producir la celeridad del procedimiento laboral, se regul� con m�s amplitud y precisi�n el cap�tulo de pruebas, se acentuaron los principios de oralidad e inmediatez, los cuales generalmente est�n estrictamente vinculados, tales principios simplifican el curso de los juicios laborales y permiten a los tribunales apreciar mejor los razonamientos de las partes y el valor real de las pruebas desahogadas, que el procedimiento escrito normalmente se desarrolla con lentitud y en m�ltiples etapas, motivo por el cual en la iniciativa de la reforma de m�rito se propici� la econom�a procesal y la concentraci�n en el menor n�mero de actos de las diligencias que deban practicarse, sin menoscabo del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento.

      Luego, con base en lo anterior y en el texto del art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo es necesario que la persona que a nombre del impedido ocurra a la Junta a exhibir el certificado m�dico, lo exhiba bajo protesta de decir verdad, el cual si cumple los requisitos legales puede ser apto para justificar la inasistencia de su representado al desahogo de una prueba (que en el caso fue la confesional).

      En el t�pico a estudio la protesta de decir verdad conlleva impl�cita la promesa de quien la hace a trav�s de la persona que lo representa, de que est� diciendo la verdad en el sentido de que la enfermedad que padece le impide concurrir al desahogo de la prueba relativa, ya sea confesional o testimonial, circunstancia que ser� valorada por la Junta responsable junto con los t�rminos en los cuales se haya exhibido el certificado m�dico.

      En tal virtud, la protesta de decir verdad no es ociosa, pues ata�e a la preocupaci�n del legislador de evitar el entorpecimiento y retardo en la tramitaci�n del juicio laboral.

      En conclusi�n, si la Junta tuvo a la vista un certificado m�dico que no le fue exhibido bajo protesta de decir verdad, actu� conforme a derecho al tener por no justificada la ausencia de la parte actora al desahogo de la prueba confesional ofrecida a su cargo, esto de acuerdo con el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo.

    2. No es obst�culo para la conclusi�n anterior, que en el precepto invocado ante la omisi�n de exhibir el certificado bajo protesta de decir verdad no prevea la consecuencia anotada, atento que con ella se resguarda el principio de expeditez implementado por el legislador al emitir el art�culo 785 citado.

      Adem�s de que la omisi�n de la protesta de decir verdad implica el incumplimiento de un requisito indispensable para que la Junta cuente con los elementos necesarios para determinar si est� o no justificada la inasistencia que se le presente.

      Una vez hechas las s�ntesis precedentes, es necesario fijar el criterio de los Tribunales Colegiados precitados.

      El entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del propio circuito, sustent� el criterio siguiente:

      La omisi�n de expresar, al exhibir el certificado m�dico, la frase bajo protesta de decir verdad no es una raz�n v�lida para destruir su eficacia, pues si bien es cierto que el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la exhibici�n del certificado m�dico relativo para justificar la inasistencia a absolver posiciones debe hacerse bajo protesta de decir verdad, tambi�n lo es que no establece como sanci�n, en caso de la omisi�n de dicha frase, la desestimaci�n o ineficacia del certificado exhibido.

      Por su parte, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio circuito, sustent� la tesis siguiente:

      El art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo impone la obligaci�n ineludible, al interesado en que se difiera el desahogo de la prueba confesional o testimonial, de exhibir bajo protesta de decir verdad el certificado m�dico que demuestre la imposibilidad del absolvente o de los testigos para comparecer ante la presencia de la Junta con motivo de una enfermedad, luego, si trat�ndose del desahogo de la prueba testimonial la exhibici�n del certificado m�dico se hace sin la protesta indicada la misma debe declararse desierta, aun cuando el precepto invocado no contemple esto, pues ello no implica que la Junta no est� facultada para hacer esa declaraci�n.

      El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito sostuvo el criterio siguiente:

      Conforme a una recta ex�gesis jur�dica del art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo se considera que la protesta de decir verdad prevista en �l s�lo debe efectuarse cuando se exhiban documentos distintos a un certificado m�dico, es decir, aquellos con los cuales se pretenda demostrar que la inasistencia del testigo o absolvente obedeci� a un motivo diverso al de enfermedad, m�xime que el precepto citado no se�ala ninguna sanci�n para el caso de que se omita rendir la protesta de decir verdad.

      Finalmente, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito sustent� el criterio siguiente:

      De acuerdo con lo establecido en el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo se considera necesario que la persona que a nombre del impedido exhiba ante la Junta el certificado m�dico relativo lo debe hacer bajo protesta de decir verdad, pues si dicho certificado satisface los requisitos legales puede ser apto para justificar la inasistencia del representado al desahogo de una prueba, luego, si el certificado m�dico no se exhibi� bajo protesta de decir verdad es correcta la determinaci�n de tener por no justificada la ausencia del impedido (enfermo), sin que sea �bice para hacer esa determinaci�n el que el precepto invocado ante la omisi�n de m�rito no contemple la consecuencia de tener por no justificada la ausencia del impedido (enfermo), pues con la misma se resguarda el principio de expeditez.

      Ahora bien, del an�lisis de los criterios precisados se pone de relieve la existencia de la contradicci�n de tesis denunciada, en virtud de que los Tribunales Colegiados contendientes emitieron dichos criterios en amparos directos, en los cuales analizaron si conforme a lo dispuesto en el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo la exhibici�n de un certificado m�dico para justificar la inasistencia del absolvente o testigo al desahogo de la prueba confesional o testimonial, respectivamente, debe hacerse o no bajo protesta de decir verdad y si la omisi�n de esta frase produce la ineficacia del certificado relativo. Adem�s, si el hecho de que en el precepto de m�rito no se se�ale ninguna sanci�n para el caso de que se omita rendir la protesta de decir verdad implica que la Junta carezca de facultades para declarar ineficaz el certificado m�dico relativo.

      As�, aun cuando los Tribunales Colegiados participantes en la presente contradicci�n de tesis se basaron en supuestos id�nticos, llegaron a conclusiones diversas.

      Lo anterior, porque el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del propio circuito y el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, esencialmente, consideraron que la exhibici�n del certificado m�dico sin expresar la frase bajo protesta de decir verdad, no es una raz�n v�lida para destruir su eficacia y, por ende, para tener por justificada la incomparecencia del absolvente o testigo, seg�n sea el caso. Adem�s de que el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo no se�ala ninguna sanci�n para el caso en el cual al momento de exhibir el certificado indicado se omita expresar la frase de m�rito.

      En cambio, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, sustancialmente consideraron que de acuerdo a lo dispuesto en el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo la exhibici�n del certificado m�dico ante la Junta, para acreditar que el absolvente o testigo no puede comparecer a la misma por motivo de enfermedad, se debe hacer bajo protesta de decir verdad, de lo contrario es correcta la determinaci�n de tener por no justificada la ausencia del impedido (enfermo) y, por ende, tener confeso al interesado o declarar desierta la prueba testimonial seg�n sea el caso. Adem�s, para ello no es �bice que el precepto invocado ante la omisi�n de expresar la locuci�n bajo protesta de decir verdad no contemple la consecuencia de tener por no justificada la ausencia del absolvente o testigo, pues ello no implica que la Junta no est� facultada para hacerlo, m�xime que con ello se resguarda el principio de expeditez.

      En esta tesitura, el punto de contradicci�n es el siguiente:

      Si conforme a lo dispuesto en el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo cuando una persona por causa de enfermedad no puede concurrir al local de la Junta para absolver posiciones o contestar un interrogatorio, el certificado m�dico con el cual se pretende acreditar ese impedimento se debe exhibir o no bajo protesta de decir verdad y si la omisi�n de esta frase amerita una consecuencia, como pueden ser, entre otras, la ineficacia del certificado relativo y, por ende, tener por no justificada la incomparencia respectiva, no obstante de que el precepto invocado en el supuesto indicado no establezca ninguna consecuencia.

      En este orden de ideas, se colige que las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de referencia s� re�nen los requisitos necesarios para tener por generada la contradicci�n de tesis denunciada, pues al resolver los juicios de amparo directo respectivos examinaron situaciones de hecho y cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, adoptando criterios jur�dicos discrepantes, con motivo de diversas interpretaciones dis�miles.

      Este criterio tiene apoyo en la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyos rubro, texto y datos de localizaci�n son:

      "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XIII, abril de 2001. Tesis: P./J. 26/2001. P�gina: 76).

OCTAVO

Esta Sala considera que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado en esta resoluci�n, coincidente con el sostenido por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito.

Para la soluci�n de la presente contradicci�n de tesis es �til tomar en cuenta para lo que aqu� interesa las consideraciones sustentadas el dieciocho demayo de mil novecientos noventa y nueve, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al resolver la contradicci�n de tesis 16/96, en las cuales se resolvi� el punto relativo a si con la frase protesto lo necesario se satisface el requisito contenido en la fracci�n IV del art�culo 116 de la Ley de Amparo y paralelamente precisar si esa protesta implica la veracidad de lo afirmado y si en caso de que se faltare a la verdad, s�lo traer�a como consecuencia la aplicabilidad del art�culo 211 de la propia ley de la materia; tales razonamientos, en lo conducente, dicen:

Por principio de cuentas, resulta conveniente tener en cuenta que en nuestro pa�s, la promesa de decir verdad era, en tiempos remotos, un juramento que se entendi� b�sicamente ligado a la idea religiosa, tan es as� que el declarante juraba ante D. que dir�a la verdad; sin embargo, cuando se dio la escisi�n iglesia-Estado, se dictaron disposiciones como la del 25 de septiembre de 1873, sobre adiciones y reformas a la Constituci�n, en cuyo art�culo 5o. se estableci� que ?la simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sustituir� al juramento religioso?. En la actualidad y despu�s de varias modificaciones que implicaron el cambio de numeral, es el art�culo 130 constitucional el que recoge esta idea, al establecer: ?Art�culo 130. ... La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. ...?. Pues bien, esta promesa de decir verdad, que por virtud del mandato constitucional (y que debido al esp�ritu eclesi�stico de que se encontraba imbuido se ubica en el referido precepto constitucional), pas� del sentido religioso a convertirse en una obligaci�n legal prevista en nuestro sistema normativo, la que fue evolucionando hasta ser sustituida por la frase protesta de decir verdad, en la que la palabra protesta que deriva del lat�n protestari declarar en voz alta, afirmar, conserva b�sicamente en el empleo actual, el significado primitivo que ten�a y que equivale a una promesa, tal como se advierte de la primera acepci�n que se encuentra en el Diccionario de la Lengua Espa�ola de la Real Academia Espa�ola, en la que se dice que protesta es la ?promesa con aseveraci�n o atestaci�n de ejecutar una cosa, declarar alguien su intenci�n de ejecutar una cosa? y tambi�n ?confesar p�blicamente la fe y la creencia que uno profesa y en que desea vivir?. En este punto, conviene destacar que de aquel sentido original, se llega al de la forma intransitiva, en la que la frase protesto lo necesario, se puede entender en la actualidad, m�s como el ?expresar alguien impetuosamente su queja o disconformidad?, que como un juramento; esto, convendr� tenerlo en claro m�s adelante para una mejor comprensi�n del resultado a que se habr� de llegar. Ahora bien, dado que esa disposici�n constitucional dej� en manos del legislador el establecimiento de las sanciones que correspondieran al que faltare a la promesa de decir verdad, resulta oportuno destacar los antecedentes legales que dieron como resultado el requisito contenido en la fracci�n IV del art�culo 116 de la ley de la materia. As�, encontramos que en la iniciativa de la Ley de Amparo de 27 de diciembre de 1935, la cual fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de 10 de enero de mil novecientos treinta y seis, el art�culo 116 establec�a: (se transcribe). En la exposici�n de motivos de esta reforma, en relaci�n con el tema sujeto a an�lisis, se sostuvo lo siguiente: (se transcribe lo conducente). En la discusi�n de la C�mara de Senadores, en relaci�n con la iniciativa de reformas a que alude la exposici�n de motivos supratranscrita, se formul� el dictamen de 21 de diciembre de 1950, en el que, en la parte relativa, se expuso: (se inserta). El texto de esos art�culos, ya reformados, era del tenor siguiente: (se insertan los art�culos 116 y 211 de la Ley de Amparo). Ahora bien, como se puede advertir de la lectura que se realiza a los antecedentes legales de la fracci�n IV del art�culo 116, de la Ley de Amparo, el requisito contenido en dicho apartado, tiene que ver con la preocupaci�n del legislador de evitar el abuso del juicio de amparo, imponiendo sanciones a quienes haciendo uso del derecho innegable de promover el juicio constitucional, manifiesten hechos o abstenciones falsas dentro de los antecedentes de la demanda y que sirvan de base o fundamento de los conceptos de violaci�n. Adem�s, el referido requisito est� encaminado a procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio de amparo, ya sea en su car�cter de Jueces, de tercero perjudicados, de autoridades responsables, y aun de quejosos, evitando as� que cada uno de ellos, dentro del �mbito de su participaci�n impida la consecuci�n del fin primordial del juicio de garant�as, que es el de lograr el respeto y restituci�n de las garant�as individuales del gobernado, por parte de las autoridades responsables, en los casos en que se demuestre que efectivamente ha existido esa violaci�n. Este fin no se lograr�a, entre otras cosas, si por un lado, el juzgador de amparo no dicta las medidas necesarias para lograr la paralizaci�n del acto reclamado, o comete faltas en la sustanciaci�n del juicio o en el dictado de la sentencia correspondiente; si la autoridad responsable rinde informes falsos, revoca el acto reclamado maliciosamente, no obedece un auto de suspensi�n, repite el acto reclamado o incumple la ejecutoria dictada en autos, pero tambi�n cuando el quejoso afirma hechos falsos u omita los que le consten y designe como autoridad ejecutora a una que no lo sea, o cuando �ste o el tercero perjudicado presenten testigos o documentos falsos. Esta preocupaci�n del legislador, lo llev� a establecer diversas sanciones que se ver�an materializadas en el t�tulo quinto de la Ley de Amparo, que se denomina ?De las responsabilidades en los juicios de amparo? y que abarca del art�culo 198 al 211 de la se�alada ley. De la lectura del art�culo 211, transcrito en p�rrafos anteriores, se advierte que en caso de que alg�n quejoso, en un juicio de amparo al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten, en relaci�n con el amparo, siempre que no se reclamen algunos de los actos a que se refiere el art�culo 17, se har� acreedor a una sanci�n de seis meses a tres a�os de prisi�n y multa de diez a noventa d�as de salario, lo que implica que aun cuando el quejoso cumpla con el requisito establecido en la fracci�n IV del art�culo 116 de la Ley de Amparo, si lo aseverado bajo esa protesta resulta falso, de cualquier manera ser� sancionado, ya que al haber realizado la protesta respectiva acept� de manera indiscutible como hechos propios los rese�ados en los antecedentes, por lo que despu�s no existir� manera alguna de retractarse y negarlos, a menos claro, que se trate de alguno de los actos a que se refiere el art�culo 17 de la propia ley. En concordancia con lo dispuesto en la Ley de Amparo, cabe citar, que la misma intenci�n motiv� al legislador a establecer sanciones a quienes dentro de los procedimientos judiciales se conduzcan con falsedad, y as�, resulta oportuno no perder de vista que en materia penal se encuentra tipificado el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, tal como se advierte de lo dispuesto en el art�culo 247 del C�digo Penal que establece: (se inserta). C�digo Federal de Procedimientos Penales (se insertan los art�culos 247, 248 y 255). C�digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (se insertan los art�culos 205 y 214). Ahora bien, de la lectura de los dispositivos preinsertos, se advierte que el delito tipificado en el art�culo 247 del C�digo Penal, busca salvaguardar de manera principal la administraci�n de justicia, ya que tiende a tutelar la certeza y seguridad en el proceso judicial, castigando a los testigos o peritos que declaren o rindan informes con falsedad sobre los hechos que se dilucidan en el mismo, o bien a todo aquel que comparezca al proceso con cualquier car�cter, y que habiendo sido examinado bajo protesta de decir verdad faltare a ella en perjuicio de otro, negare ser suya la firma puesta con que hubiere suscrito un documento, afirmare un hecho falso o altere o negare uno verdadero o sus circunstancias sustanciales. De igual forma, de la lectura de los dispositivos procesales, tanto federal como del Distrito Federal, se advierte que es indispensable que previamente a las declaraciones o informes, se haya realizado la protesta de decir verdad y que se haya hecho saber al declarante de las penas en que pudiera incurrir en caso de realizar manifestaciones falsas; para ello, se utiliza la frase protesta de decir verdad, que es la f�rmula que todos los declarantes deben expresar antes de dar su versi�n de los hechos. Lo anterior guarda relaci�n con el requisito establecido en la fracci�n IV del art�culo 116 de la Ley de Amparo y con la sanci�n dispuesta en el diverso art�culo 211 de la propia ley, pues las sanciones en que incurren, en materia penal los testigos, peritos y declarantes y, en el juicio constitucional, el quejoso cuando afirme hechos falsos u omita los que le consten en relaci�n con el amparo, en la medida que tanto la legislaci�n penal como la relativa al juicio de garant�as, tratan de que, al trav�s de estas disposiciones, se logre, por un lado, que los que incurran en falsedad al declarar, sean sancionados tal como lo dispone el art�culo 130 constitucional y, por otra parte, que se logre de manera eficaz la administraci�n de justicia tutelada por el art�culo 17 constitucional. ... De igual manera, esta declaraci�n bajo protesta constituye una advertencia de importancia a todo quejoso en el sentido de que si no obstante haber prometido conducirse con verdad, act�a falsamente, se har� acreedor a la sanci�n prevista por el art�culo 211 de la Ley de Amparo. As�, la frase que comentamos, adem�s de que s� es un requisito formal que deriva incluso de la Constituci�n, es tambi�n un recordatorio del deber de veracidad de todo quejoso que formula una demanda de amparo, pues la falsedad en la narraci�n de los hechos, en los documentos o testigos presentados y en la indicaci�n de la autoridad ejecutora que no lo sea, puede ocasionar las sanciones privativas de la libertad y pecuniarias establecidas en el art�culo 211 de la Ley de Amparo.

De las consideraciones preinsertas, en relaci�n con el punto de la presente contradicci�n de tesis, se advierte lo siguiente:

  1. La promesa de decir verdad originalmente era un juramento ligado a la idea religiosa.

  2. El juramento religioso evolucion� hasta que fue sustituido por la frase promesa de decir verdad, la cual actualmente est� contemplada en el art�culo 130 de la Constituci�n Federal.

  3. El art�culo 130 citado dej� al legislador ordinario la facultad de establecer las sanciones respectivas al que faltare a la promesa de decir verdad.

  4. En el juicio de garant�as la protesta de decir verdad es un requisito legal exigido en el art�culo 116, fracci�n IV, de la Ley de Amparo y est� vinculado con la preocupaci�n del legislador de evitar el abuso del juicio de garant�as y para ello impone sanciones a quien manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda de amparo.

  5. La protesta de decir verdad est� encaminada a procurar el equilibrio de responsabilidad entre todos los participantes del juicio constitucional y, como consecuencia de ello, evitar que �stos impidan la consecuci�n del fin primordial del propio juicio, consistente en lograr el respeto y restituci�n de las garant�as individuales del gobernado por parte de las autoridades responsables, en el caso que se demuestre la violaci�n de dichas garant�as.

  6. El fin de m�rito no se logra, entre otros supuestos, cuando el quejoso afirma hechos falsos u omite los que le consten y designe como autoridad ejecutora a una que no lo sea, o cuando �l o el tercero perjudicado presenten testigos o documentos falsos.

  7. La protesta de decir verdad produce la aceptaci�n de manera indiscutible como hechos propios los rese�ados en el antecedente del acto reclamado, luego no existir� manera alguna de retractarse y negarlos, salvo que se trate de alguno de los casos contemplados en el art�culo 17 de la Ley de Amparo.

  8. La preocupaci�n de la no realizaci�n del fin se�alado en el inciso e) condujo al legislador a establecer diversas sanciones para aquel que no obstante de externar la protesta de decir verdad manifieste hechos falsos u omita los que le consten en relaci�n con el juicio de garant�as, como las penas de prisi�n y multa contempladas en el art�culo 211 de la Ley de Amparo.

  9. Igual que en la Ley de Amparo, en diversas legislaciones se han establecido sanciones a quienes dentro de los procedimientos respectivos se conduzcan con falsedad.

  10. La Ley de Amparo que sanciona con penas de prisi�n y multa a quienes declaren con falsedad, ya sean testigos, partes y declarantes, en su caso el quejoso, trata que a trav�s de esas penas se logre, por un lado, que quienes incurren en falsedad al declarar sean sancionados, tal como lo dispone el art�culo 130 de la Constituci�n Federal y, por otra, que se logre de manera eficaz la administraci�n de justicia tutelada por el art�culo 17 de la Ley Suprema del pa�s.

  11. La frase bajo protesta de decir verdad debe manifestarse expresamente en la demanda de amparo, en virtud de constituir un requisito legal que tiene bases constitucionales, motivo por el cual no puede ser omitida.

  12. La frase de m�rito es un recordatorio del deber de veracidad del quejoso en el juicio de garant�as, pues la falsedad en la narraci�n de los hechos, en los documentos o testigos presentados y en el se�alamiento de la autoridad responsable que no lo es, puede ser sancionada con las penas privativas de libertad y pecuniarias establecidas en el art�culo 211 de la Ley de Amparo.

    Es conveniente resaltar que las consideraciones sustentadas en la contradicci�n de tesis 16/96 preinsertas y los principios establecidos en las mismas, precisados en los incisos precedentes, son aplicables, en lo conducente, para la soluci�n de la presente contradicci�n de tesis, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ah� sustent� el criterio de que la promesa de decir verdad pas� de un sentido religioso a convertirse en una obligaci�n legal prevista en nuestro sistema normativo, la que fue evolucionando hasta ser sustituida por la frase protesta de decir verdad.

    Con base en todo lo anterior, se colige v�lidamente que la protesta de decir verdad, contemplada en el art�culo 130 de la Constituci�n Federal, es un requisito formal que ha sido adoptado por el sistema legal de nuestro pa�s.

    Dentro de ese sistema normativo se ubica el art�culo 785, entre otros, de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que en �l se adopt� el requisito de exhibir el certificado m�dico y la constancia fehaciente previstos en el propio precepto bajo protesta de decir verdad, acorde a las consideraciones que se expondr�n posteriormente.

    En la presente contradicci�n de tesis es �til acudir a la exposici�n de motivos de la iniciativa de la reforma planteada a la Ley Federal del Trabajo presentada el veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve a la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, porque en ella, entre otras cosas, se razon� lo siguiente:

    "En materia de justicia tiene que haberla en plenitud, de lo contrario la poblaci�n vive en desconcierto, lo que resulta incongruente con los principios esenciales que a s� misma se ha dado, requiri�ndose nuevas normas que contribuyan a que la administraci�n de justicia cumpla con los objetivos que le ha impuesto el art�culo 17 constitucional y que es responsabilidad de los tribunales.

    "El derecho es la norma de convivencia por excelencia. Las normas que rigen al proceso, para alcanzar la justicia deben obligar a la eficiencia. No basta con la posible aplicaci�n de una norma, tambi�n es menester que ello se haga con justicia; y es necesario que se norme con apego al derecho, con rectitud y que se haga con oportunidad, porque la misma experiencia hist�rica ha demostrado que la justicia que se retarda es justicia que se deniega.

    "...

    "El esfuerzo debe concentrarse en evitar que los conflictos presentados ante las Juntas de C.�n y Arbitraje se rezaguen y, adem�s, procurar que lleguen puntualmente a la cita con la justicia; de lo contrario, las circunstancias podr�an ser avasalladoras, y la recuperaci�n exigir� cada vez esfuerzos superiores a los que se requieren ahora.

    "El proyecto que presento a la consideraci�n del Poder Legislativo procura ofrecer m�s claridad en la estructura procesal, para lo cual se incluyen hip�tesis normativas tendientes a la celeridad, eliminando etapas y actos procesales que en nada alteran la equidad jur�dica de las partes.

    "...

    "Se acent�an los principios de oralidad e inmediatez que generalmente se encuentran estrictamente vinculados. Su origen en realidad es muy antiguo y solamente la compleja evoluci�n de los procedimientos civiles y mercantiles en los �ltimos siglos, hizo prevalecer marcadamente la t�ctica escrita y el relativo distanciamiento entre los juzgadores y las partes. Desde luego que ning�n sistema es puramente oral o escrito; pero en cualquier caso es un hecho nacional e internacionalmente admitido, que en proceso laboral debe predominar la oralidad e inmediatez, ya que tales principios simplifican el curso de los juicios y permiten a los tribunales apreciar mejor los razonamientos de las partes y el valor real de las pruebas desahogadas. Sin embargo, del sistema mixto se conserva todo aquello conveniente para dar firmeza a la secuela del procedimiento y para que, en el caso de impugnaci�n de las resoluciones por la v�a de amparo, los tribunales competentes dispongan de expedientes bien integrados, lo cual les permita conocer claramente el desarrollo del proceso.

    "Las Juntas de C.�n y Arbitraje tendr�n la obligaci�n de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso. Estos principios se encuentran relacionados con los de oralidad e inmediatez, aun cuando no pueden considerarse como equivalentes.

    "El procedimiento predominantemente escrito tiende a desarrollarse con lentitud y en m�ltiples etapas, lo que puede propiciar el considerable alargamiento de los juicios. Por esta causa, la iniciativa propicia la econom�a procesal y la concentraci�n en el menor n�mero de actos de las diligencias que deban practicarse, todo ello sin menoscabo de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

    "...

    "El cap�tulo V est� integrado por un conjunto de normas que rigen las actuaciones de las Juntas y que propician que se desarrollen de un modo l�gico, sencillo y regular y que tengan la firmeza jur�dica que debe caracterizarlas.

    "...

    "Si el principio de econom�a procesal es considerado como fundamental en la buena marcha de los juicios laborales, es l�gico concluir que las resoluciones de las Juntas no deben dar lugar a que se abra una segunda instancia, que prolongar�a considerablemente el curso de aqu�llos;

    "...

    Las Juntas de C.�n y Arbitraje deben impartir justicia de manera expedita en los juicios laborales; quienes litigan ante ellas deben proceder con lealtad y buena fe, consider�ndose como participantes en una importante tarea social que impone a todos ciertas normas de conducta a las que deben ajustarse. La relaci�n procesal que se crea entre todos los que intervienen en un juicio, los convierte en coadyuvantes de la recta aplicaci�n de las leyes, sin que, por ello, abandonen la demostraci�n y defensa de sus pretensiones jur�dicas. Por estas razones, el art�culo 891 da a las Juntas la facultad de sancionarecon�micamente al litigante que a su juicio haya obrado con dolo o mala fe.

    En el dictamen emitido el veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, por la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social de la C�mara de Diputados, entre otras cosas, se consider� lo siguiente:

    "Del estudio de la iniciativa la comisi�n desprende que su contenido recoge los planteamientos que en distintos foros han venido formulando las organizaciones de trabajadores en su lucha por mejorar y expeditar la impartici�n de justicia laboral. Asimismo, recoge los planteamientos y conclusiones de las tres reuniones nacionales celebradas por las Juntas de C.�n y Arbitraje, en las cuales se han discutido con amplitud, de manera pormenorizada y participativa, ideas y soluciones que la iniciativa hace suyas con el prop�sito de agilizar, simplific�ndolo, el proceso laboral.

    "Una conclusi�n ha sido como una constante, como el com�n denominador de las preocupaciones de los representantes obreros ante las Juntas y litigantes: es imprescindible aligerar el procedimiento, abrevi�ndolo, tornarlo m�s expedito para que la justicia laboral no se retrase, difiera o desvirt�e mediante la prolongaci�n, muchas veces artificiosa, de los juicios laborales. Cuando un juicio se hace largo, cuando la impartici�n de justicia sufre dilaciones o riesgos, los derechos sustantivos de los trabajadores se desvirt�an. Los juicios largos desalientan a los obreros, acumulan tensiones y suelen diluir los derechos sustantivos del proletariado.

    "...

    "La situaci�n actual no debe prolongarse. Consideramos que un juicio largo o innecesariamente retrasado puede dar al traste con derechos obreros sustantivos. Por desgracia, no obstante los notorios esfuerzos que se han desplegado, sobre todo durante la presente administraci�n federal es frecuente que los juicios se alarguen -debemos reconocerlo de una vez- en desmedro de intereses leg�timos y derechos b�sicos de los trabajadores. Un juicio que se alarga es un derecho obrero que se conculca. No debemos consentir que esta posibilidad subsista. Las reformas procesales propuestas en este proyecto de iniciativa que dictaminamos, tienden a corregir deficiencias, economizar tiempo procesal, determinar, con mayor claridad, plazos y t�rminos; abreviar, en una palabra, el procedimiento laboral; en suma, abreviar la impartici�n de la justicia.

    "La comisi�n dictaminadora considera que las reformas propuestas conducen a las metas antes descritas. Miles y miles de juicios nuevos tendr�n un cauce que les permitir� avanzar con mayor celeridad desde el principio.

    "Es innegable que, durante los �ltimos tres a�os, se ha mejorado la impartici�n de la justicia laboral. As� y todo, debemos reconocer que es excesivo el tiempo promedio que se invierte hasta que llega a tomarse un acuerdo o a emitirse un laudo definitivo.

    "...

    "En la exposici�n de motivos de la iniciativa se expresa que los principales objetivos de la reforma que se propone son: lograr una mayor celeridad en los procedimientos laborales, a fin de que la impartici�n de justicia sea expedita y oportuna conforme lo establece el imperativo constitucional; equilibrar realmente la situaci�n de las partes en el proceso; fortalecer el sistema conciliatorio para reducir el n�mero de conflictos, y establecer nuevos mecanismos para la atenci�n de controversias, acorde con las recientes reformas legales, as� como para la realizaci�n de tr�mites no contenciosos.

    Para lograr tales prop�sitos, en la exposici�n de motivos se propone una reestructuraci�n de los t�tulos catorce y quince de la actual Ley Federal del Trabajo en los que quedar�an incorporados preceptos de tipo procedimental contenidos en diversos t�tulos de la ley en vigor y se incluir�an las nuevas disposiciones de car�cter procesal, con lo cual se da un contenido l�gico integral al ordenamiento. Asimismo, se se�ala la conveniencia de modificar el procedimiento de los conflictos individuales y colectivos para obtener econom�a procesal a trav�s de la concentraci�n de diversas etapas del procedimiento y acentu�ndose la oralidad e inmediatez.

    El dictamen de m�rito fue discutido el veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, y entre otros, intervinieron los diputados siguientes.

    �ngel O.S.�s, entre otros argumentos, adujo los siguientes:

    Yo vengo a defender la discusi�n del dictamen que est� inspirado en hacer �gil el derecho sustantivo, las conquistas de los trabajadores, pero fundamentalmente dentro del derecho procesal que debe ser r�pido y expedito.

    Por su parte, L.V.�zquez, entre otras consideraciones, extern� las siguientes:

    "El objetivo fundamental de la Constituci�n de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a que los tribunales deber�n ser expeditos, lo cual marca el art�culo 17 constitucional y se cumplir� cuando entre en vigor esta iniciativa.

    "La prontitud y diligencia con que deber�n proceder los tribunales de trabajo, est� considerado en este ordenamiento legal, as� como su imparcialidad, pues se tiene la obligaci�n de cumplir con los plazos y t�rminos establecidos por la ley; marca obligaciones judiciales nuevas que proteger�n al trabajador, encontr�ndose el derecho de todo obrero a ser atendido en su demanda y a que las autoridades resuelvan r�pidamente sobre lo planteado.

    "Sabemos del prop�sito del gobierno, del licenciado J.L.P., de implantar una administraci�n eficaz para organizar al pa�s, que contribuya a garantizar institucionalmente la eficiencia, la congruencia y la honestidad en las acciones p�blicas y sentimos que con este esfuerzo se da cumplimiento a las demandas obreras de justicia eficaz y din�mica, en donde se abrevia el procedimiento para que esto no se retrase, difiera o desvirt�e mediante la prolongaci�n, ahora innecesaria, que marca el procedimiento y muchas veces ama�ada por litigantes patronales y autoridades parciales.

    "...

    Actualmente existe un rezago nacional impresionante en la resoluci�n de los juicios laborales debido al procedimiento vigente. Los trabajadores requerimos de una justicia pronta y expedita que satisfaga los derechos y pretensiones leg�timas que nos correspondan. Ya urge la aplicaci�n de este conjunto de normas que regulan el procedimiento que haga justicia al trabajador a tiempo antes de que �ste pierda por abandono, debido a la falta de recursos econ�micos para continuarlos y por artima�as que emplea la clase patronal en contubernio con las malas autoridades para hacer desistir al trabajador de ejercitar su acci�n haci�ndole perder los juicios que ventila, para proteger el patrimonio m�s importante que tiene y que es su trabajo.

    Finalmente, la Comisi�n de Trabajo, Primera y Estudios Legislativos, Segunda S.�n, de la C�mara de Senadores, el veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y nueve emiti� el dictamen relativo, el cual en lo que aqu� interesa, dice:

    El cap�tulo primero, con el nombre de ?Principios procesales?, sustituye al vigente de ?Disposiciones generales?. Consta de cuatro preceptos. En �l se se�alan las caracter�sticas del proceso laboral, que es p�blico, gratuito, predominantemente oral y s�lo puede iniciarse a instancia de parte. Se preserva la econom�a procesal y la sencillez de los tr�mites, as� como la supletoriedad de la demanda en favor del trabajador.

    Una vez concluido el proceso legislativo, se emiti� el decreto de treinta de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, por medio del cual se modificaron los t�tulos catorce, quince y diecis�is de la Ley Federal del Trabajo, correspondientes al Derecho procesal del trabajo, Procedimientos de ejecuci�n y, Responsabilidades y sanciones, respectivamente, dicho decreto se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n de cuatro de enero de mil novecientos ochenta y entr� en vigor el primero de mayo del propio a�o.

    Ahora bien, del an�lisis de la exposici�n de motivos, dict�menes y proceso de discusi�n preinsertos, se advierte lo siguiente:

  13. Que la reforma procesal a la Ley Federal del Trabajo tuvo como finalidad instituir los principios y normas que propicien la agilidad y sencillez del procedimiento laboral, a fin de que �ste cumpla con los objetivos impuestos en el art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y que, por tanto, la justicia laboral sea pronta y expedita, en virtud de que la justicia retardada es justicia que se deniega.

  14. Para cumplir con una justicia laboral pronta y expedita se instituyeron los principios de celeridad, oralidad, inmediatez, econom�a, concentraci�n y sencillez en el procedimiento laboral.

  15. Los principios de m�rito est�n orientados a estructurar con claridad el proceso laboral y simplificar su curso. Esto con el objetivo de evitar el entorpecimiento y obstaculizaci�n de la funci�n jurisdiccional de los tribunales del trabajo y, por ende, el rezago de los mismos.

    En efecto, para la celeridad del procedimiento se eliminan etapas y actos procesales que en nada alteran la equidad jur�dica de las partes.

    Los principios de oralidad e inmediatez simplifican el curso de los juicios y permiten a los tribunales laborales apreciar mejor los razonamientos de las partes y el valor real de las pruebas desahogadas.

  16. Las Juntas de C.�n y Arbitraje tienen la obligaci�n de tomar las medidas pertinentes para lograr la mayor econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso relativo, es decir, procurar que el mismo se resuelva en el menor n�mero de actos de diligencias que deban practicarse, sin contravenir las formalidades esenciales del procedimiento.

  17. Para contribuir a que la justicia laboral sea pronta y expedita quienes litiguen ante las Juntas de C.�n y Arbitraje deben proceder con lealtad y buena fe, motivo por el cual en la reforma en comento se propuso facultar a las mismas para sancionar econ�micamente al litigante que a su juicio haya obrado de mala fe (art�culo 1007).

  18. Fue preocupaci�n de los legisladores crear normas id�neas para que el procedimiento laboral sea r�pido y expedito.

    En concatenaci�n con lo anterior, cabe advertir que en el art�culo 685 de la Ley Federal del Trabajo se estableci� que el juicio laboral es p�blico, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se inicia a instancia de parte, y que en �l imperan los principios de econom�a, concentraci�n y sencillez.

    Para la soluci�n de la presente contradicci�n es necesario precisar en qu� consisten los principios citados al final del p�rrafo precedente.

    Concentraci�n. Implica concentrar el mayor n�mero de actos procesales en uno solo.

    Este principio contribuye a la celeridad y prontitud que exige la resoluci�n de los conflictos, pues evita la dilaci�n de los mismos y pugna porque �stos sean cada vez m�s cortos y hacer as� efectiva la impartici�n de la justicia laboral.

    Econom�a. Se traduce en la simplificaci�n del procedimiento laboral, eliminando en lo posible el tr�mite de incidentes que se resolver�n de plano, salvo los casos de excepci�n establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

    De acuerdo a lo anterior, se considera que los principios de concentraci�n y econom�a guardan estrecha relaci�n entre s�, porque tienen en com�n la simplificaci�n del procedimiento laboral.

    Sencillez. Ausencia de formulismos en el procedimiento; en virtud de este principio las partes s�lo est�n obligadas a precisar sus pretensiones, es decir, no est�n constre�idas a expresar las disposiciones legales en que las funden.

    Por otra parte, se precisa que el Diccionario de la Real Academia Espa�ola, vig�sima primera edici�n, tomo II, p�gina 1682, como una de las acepciones del concepto protesta, se estableci� la siguiente:

    Protesta. ... 4. Der. Declaraci�n jur�dica que se hace para que no se perjudique, antes bien se asegure, el derecho que uno tiene. ...

    En el Diccionario Jur�dico del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, Editorial Porr�a, S.A., segunda edici�n, M�xico 1999, tomo p-z, p�gina 2697, en relaci�n con la locuci�n protesta de decir verdad se precisa lo siguiente:

    III. Mediante la protesta de decir verdad que por disposici�n de la ley se otorga ante los tribunales, ya sea por las partes individualmente o por otros sujetos procesales como son los testigos, el que la hace se obliga a declarar con verdad acerca de alg�n hecho o circunstancia.

    Sentado lo anterior, para abordar el tema de la presente contradicci�n se considera necesario insertar los art�culos 17, 685, p�rrafo primero, 722, 785, 788, 789, 813, fracci�n II, 819 y 1006 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dicen:

    "Art�culo 17. A falta de disposici�n expresa en la Constituci�n, en esta ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el art�culo 6o., se tomar�n en consideraci�n sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del art�culo 123 de la Constituci�n, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad."

    "Art�culo 685. El proceso del derecho del trabajo ser� p�blico, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciar� a instancia de parte. Las Juntas tendr�n la obligaci�n de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso."

    "Art�culo 722. Las declaraciones que rindan las partes, sus apoderados o cualquier persona ante las Juntas, las har�n bajo protesta de decir verdad y bajo apercibimiento de las penas en que incurren si declaran falsamente ante autoridad.

    "Las declaraciones de peritos en derecho, ser�n rendidas bajo protesta de decir verdad, sin que se requiera apercibimiento alguno."

    "Art�culo 785. Si alguna persona no puede, por enfermedad u otro motivo justificado a juicio de la Junta, concurrir al local de la misma para absolver posiciones o contestar un interrogatorio; previa comprobaci�n del hecho, mediante certificado m�dico u otra constancia fehaciente que se exhiba, bajo protesta de decir verdad, �sta se�alar� nueva fecha para el desahogo de la prueba correspondiente; y de subsistir el impedimento, el m�dico deber� comparecer, dentro de los cinco d�as siguientes, a ratificar el documento en cuyo caso, la Junta deber� trasladarse al lugar donde aqu�lla se encuentre para el desahogo de la diligencia."

    "Art�culo 788. La Junta ordenar� se cite a los absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibi�ndolos de que si no concurren el d�a y hora se�alados, se les tendr� por confesos de las posiciones que se les articulen."

    "Art�culo 789. Si la persona citada para absolver posiciones, no concurre en la fecha y hora se�alada, se har� efectivo el apercibimiento a que se refiere el art�culo anterior y se le declarar� confesa de las posiciones que se hubieren articulado y calificado de legales."

    "Art�culo 813. La parte que ofrezca prueba testimonial deber� cumplir con los requisitos siguientes:

    "...

    "II. Indicar� los nombres y domicilios de los testigos; cuando exista impedimento para presentar directamente a los testigos, deber� solicitarse a la Junta que los cite, se�alando la causa o motivo justificados que le impidan presentarlos directamente."

    "Art�culo 819. Al testigo que dejare de concurrir a la audiencia, no obstante haber sido citado legalmente, se le har� efectivo el apercibimiento decretado, y la Junta dictar� las medidas necesarias para que comparezca a rendir su declaraci�n, el d�a y hora se�alados."

    Art�culo 1006. A todo aquel que presente documentos o testigos falsos, se le impondr� una pena de seis meses a cuatro a�os de prisi�n y multa de ocho a ciento veinte veces el salario m�nimo general que rija en el lugar y tiempo de residencia de la Junta. Trat�ndose de trabajadores, la multa ser� el salario que perciba el trabajador en una semana.

    Del an�lisis de los preceptos transcritos, se advierte lo siguiente:

  19. Que a falta de disposici�n expresa en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo, en sus reglamentos o en los tratados, se aplicar�n las disposiciones que prev�n casos semejantes, los principios de justicia social, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la equidad.

  20. Los principios procesales que rigen en materia laboral, a saber, p�blico, gratuito, inmediato, preponderantemente oral y a petici�n de parte, a los que se debe agregar econom�a, concentraci�n, sencillez y la ausencia de formalidades especiales.

  21. Es obligaci�n de las Juntas tomar las medidas necesarias para lograr la mayor econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso.

  22. Las declaraciones que rindan las partes, sus apoderados o cualquier otra persona ante las Juntas, se debe hacer bajo protesta de decir verdad y apercibimiento de las penas en que incurren si declaran falsamente ante dicha autoridad.

  23. A la persona que deba absolver posiciones se le puede citar personalmente o por conducto de su apoderado, bajo el apercibimiento de que si no comparece al desahogo de la diligencia respectiva se le tendr� por confesa de las posiciones que se le articulen o sean calificadas de legales.

  24. Si el absolvente no comparece en el momento oportuno para el desahogo de la diligencia relativa se le har� efectivo el apercibimiento respectivo y, por ende, se le tendr� por confeso de las posiciones relativas.

  25. Por regla general la parte que ofrezca la prueba testimonial debe presentar a sus testigos y, excepcionalmente, cuando exista una causa o motivo que le impida presentarlos directamente, podr�n ser citados por la Junta.

  26. Si un testigo es citado legalmente y, no obstante ello, no comparece a la audiencia relativa se le har� efectivo el apercibimiento correspondiente.

  27. Que la parte que presente testigos o documentos falsos ser� sancionada con una pena de seis meses a cuatro a�os de prisi�n y multa de ocho a ciento veinte veces el salario m�nimo general correspondiente.

    Conviene resaltar, espec�ficamente, que en el art�culo 785, primer p�rrafo preinserto, se prev�n dos hip�tesis que pueden impedir que una persona concurra al local de la Junta para absolver posiciones o contestar alg�n interrogatorio; la primera que puede ser por enfermedad y la segunda por otro motivo justificado (privaci�n de la libertad, accidente, etc�tera) a juicio de la Junta.

    Conforme al precepto de m�rito las causas que generan las hip�tesis en comento se acreditan con distintos elementos de convicci�n, pues la enfermedad relativa necesariamente se debe demostrar con un certificado m�dico, en cambio, el motivo justificado se debe evidenciar con la constancia fehaciente respectiva.

    En concatenaci�n con lo anterior, es conveniente precisar que esta Segunda Sala, el seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco al resolver la contradicci�n de tesis 30/95, en relaci�n con el concepto de certificado m�dico y su finalidad, estableci� lo siguiente:

    "Tomando en consideraci�n lo anterior, puede decirse que un certificado m�dico es un documento expedido por un profesionista en el ejercicio de la medicina (cuya actividad est� debidamente reglamentada) y su finalidad es hacer constar determinados hechos que acreditan la existencia de alg�n estado patol�gico transitorio o, en caso extremo, permanente de la persona examinada y del cual puede deducirse la imposibilidad f�sica para comparecer. ..."

    Ahora bien, trasladadas las consideraciones precedentes para la soluci�n de la presente contradicci�n de tesis, se advierte que cuando el absolvente (actor o demandado) o los testigos no pueden, por enfermedad u otro motivo justificado (accidente, privaci�n de la libertad, etc.) a juicio de la Junta, concurrir al local de la misma para absolver posiciones o contestar un interrogatorio, ese hecho se debe comprobar con un certificado m�dico u otra constanciafehaciente que se exhiba bajo protesta de decir verdad, tal como lo dispone el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo, de lo contrario se tendr� por confeso fictamente al absolvente o se declarar� desierta la prueba testimonial respectiva.

    Lo anterior, porque la frase bajo protesta de decir verdad es un requisito que tiene su origen en el art�culo 130 de la Constituci�n Federal, y su objeto es responsabilizar al particular en el sentido de que deber� conducirse con veracidad en la narraci�n de los hechos en que apoye su pretensi�n. Esta norma fundamental constituye, por tanto, la base de todas las disposiciones de orden secundario que imponen la obligaci�n de rendir protesta de decir verdad antes de externar declaraciones ante las autoridades respectivas, entre las cuales queda inmerso el numeral 785 citado que, en los casos en �l previsto, exige que la manifestaci�n relativa se haga bajo protesta de decir verdad.

    En efecto, del an�lisis del art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo con vista a las consideraciones precedentes, se advierte que el certificado m�dico es expedido por un tercero quien hace constar los hechos que acreditan la existencia de alg�n estado patol�gico transitorio o, en caso extremo, permanente de la persona que deba absolver posiciones o contestar un interrogatorio, luego, es obvio que la exhibici�n del certificado m�dico relativo o de la constancia fehaciente respectiva, tiene como finalidad justificar el motivo o causa de la incomparecencia del absolvente o testigo (o de cualquier otra persona) y, por ende, que se conserve un derecho o que no se cause perjuicio al interesado, que trat�ndose del absolvente se traducen en que se le respete el derecho de absolver las posiciones articuladas por el oferente de la prueba y a que no se le declare confeso fictamente de las mismas y si se trata de la prueba testimonial su oferente pretende que se conserve el derecho a desahogarla, esto es, que no se haga efectivo el apercibimiento respectivo, el cual por regla general consiste en declarar desierto ese medio de convicci�n y si se trata del testigo o cualquier otra persona su inter�s es que no se le imponga el medio de apremio con el cual hubiera sido apercibido.

    En este orden de ideas, la manifestaci�n que hagan las partes en el juicio, su apoderado o la persona que exhiba el certificado m�dico o la constancia fehaciente de que se trate, tiene como finalidad justificar las causas o motivos que impiden al absolvente o declarante, seg�n sea el caso, comparecer f�sicamente al local de la Junta a absolver las posiciones relativas a dar respuesta al interrogatorio correspondiente, es decir, por medio de esa manifestaci�n se exponen pormenorizadamente los hechos o circunstancias que obstaculizan la comparecencia f�sica de la persona de que se trate al desahogo de la diligencia respectiva, razones por las cuales la manifestaci�n en cuesti�n propiamente constituye una declaraci�n jur�dica que se hace para evitar perjuicios al interesado (incompareciente) o para conservar los derechos vinculados con la prueba relativa.

    Por tanto, la exhibici�n del certificado m�dico relativo y la constancia fehaciente, en el caso espec�fico, tienen como finalidad, respectivamente, demostrar la enfermedad o el motivo justificado que impida a la persona que deba absolver posiciones o contestar un interrogatorio, comparecer personalmente al local de la Junta, luego, como ya se precis� constituye una declaraci�n espont�nea, que debe hacerse en t�rminos del art�culo 722 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, bajo protesta de decir verdad, pues as� se responsabiliza a quien la hace a que se conduzca con veracidad al exponer los hechos o circunstancias que demuestren la existencia de la enfermedad o el motivo justificado que impidan a una persona acudir f�sicamente a la diligencia respectiva y, por ende, que justifiquen la incomparecencia de la misma para absolver posiciones o contestar un interrogatorio. Adem�s, la declaraci�n externada bajo protesta de decir verdad constituye una advertencia de importancia a quien la hace en el sentido de que si no obstante haber prometido conducirse con verdad act�a falsamente incurrir� en el delito previsto y sancionado en el art�culo 1006 de la ley invocada y, por ende, se har� acreedor a las sanciones de prisi�n y pecuniaria contempladas en el propio precepto, esto es, la protesta en comento produce el efecto de que el declarante no pueda desvincularse de la responsabilidad en la cual incurra en el caso de conducirse con falsedad, como lo previene el art�culo 130 de la Ley Suprema del pa�s.

    En otras palabras, la protesta de decir verdad exigida en el art�culo 785 de la Ley Federal Trabajo tiene como finalidad que las partes, sus apoderados o quien comparezca a exhibir el certificado m�dico o la constancia fehaciente, a que el propio precepto se refiere, acepten de manera indiscutible como hechos propios los rese�ados por el tercero que expidi� el certificado y constancia indicados, de modo tal que despu�s no existir� manera alguna de retractarse y negarlos. Por tanto, por medio de la protesta de decir verdad se les constri�e a que se conduzcan con lealtad, probidad y rectitud, esto es, que no aduzcan hechos o circunstancias falsos para justificar la enfermedad (el estado patol�gico) u otro motivo justificado (privaci�n de la libertad, accidente, etc�tera) que aseveran afecta a la persona que deba absolver posiciones o contestar un interrogatorio, y que la imposibilitan f�sicamente para comparecer al local de la Junta, en virtud de que de ello depende la continuaci�n del proceso respectivo, dado que si la Junta considera que es justificado el impedimento relativo por elemental principio de justicia est� obligada a suspender el desahogo de la prueba correspondiente y a se�alar nueva fecha para ello, sin que, previamente, deba ordenar la ratificaci�n del certificado m�dico relativo o de la constancia respectiva porque con ello se retrasar�a innecesariamente la continuaci�n del proceso. En esta tesitura, si los documentos en cuesti�n son los �nicos elementos con que cuenta la Junta para decidir la solicitud de la suspensi�n o aplazamiento de la diligencia respectiva, su exhibici�n debe hacerse con todas las formalidades que la ley invocada exige para ese caso en especial como es la protesta de decir verdad, pues esta frase indiciariamente pone de relieve que son ciertas las manifestaciones contenidas en los medios de convicci�n de m�rito.

    As�, de acuerdo a lo anterior, se pone de relieve que la frase (requisito) bajo protesta de decir verdad, en comento, est� vinculada con los principios de econom�a, celeridad y concentraci�n del juicio laboral, pues a virtud de ella se pretende que el desahogo de la prueba de que se trate se realice en el menor n�mero de actos procesales, y evitar la dilaci�n del juicio respectivo a fin de que la justicia laboral sea pronta y expedita en t�rminos del art�culo 17 de la Constituci�n Federal.

    Precisado lo anterior, es conveniente se�alar que H.B. en la obra titulada Ortograf�a Actualizada, M�xico 1994, p�gina 101, se�ala una regla del uso de la coma en los t�rminos siguientes: "Mediante la coma se indica que un modificador o complemento se refiere a varias palabras o n�cleos y no a lo expresado en �ltimo t�rmino; ejemplo: Coment� los libros y los escritos, importantes."

    El art�culo 785 preinserto, en lo que aqu� interesa, dice:

    "Art�culo 785. ... previa comprobaci�n del hecho mediante certificado m�dico u otra constancia fehaciente que se exhiba, bajo protesta de decir verdad. ..."

    Del an�lisis del p�rrafo preinserto a la luz de la regla ortogr�fica en cita, se advierte que el uso de la coma despu�s de la frase que se exhiba y antes de la locuci�n bajo protesta de decir verdad, pone de relieve que esta frase es un modificador que sin lugar a dudas comprende tanto al certificado m�dico como a la constancia fehaciente, es decir, dicha protesta no se refiere �nicamente a tal constancia sino a ambos documentos.

    En esta tesitura, se considera que es inexacto el razonamiento sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, en el sentido de que la protesta de decir verdad exigida en el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo s�lo debe efectuarse cuando se exhiban documentos distintos a un certificado m�dico. Esto, porque dicho tribunal, fundamentalmente, se refiere a lo que en el precepto citado se denomina otra constancia fehaciente, pero �ste no es el �nico supuesto en el cual la persona que exhiba �sta deba hacer la manifestaci�n relativa bajo protesta de decir verdad; en primer lugar, porque ortogr�ficamente de acuerdo a lo acabado de razonar la frase de m�rito se refiere al certificado m�dico y a la constancia indicada. En segundo t�rmino, porque como ya se precis� con antelaci�n quien formula dicha manifestaci�n acepta de manera indiscutible como hechos propios los se�alados por el tercero que expidi� dichos documentos, circunstancia por la cual amerita ser externada bajo protesta de decir verdad, para satisfacer un requisito que deriva del art�culo 130 de la Constituci�n Federal y, asimismo, responsabilizar a la persona que la emite para que se conduzca con veracidad en la narraci�n de los hechos a trav�s de los cuales se pretende justificar el motivo de la incomparecencia respectiva.

    Adem�s, de que si no obstante la protesta otorgada el declarante se conduce con falsedad o exhibe documentos falsos se ubicar� en la hip�tesis prevista en el art�culo 1006 de la Ley Federal del Trabajo y, por tanto, se har� acreedor a las penas de prisi�n y pecuniaria prevista en el propio precepto.

    Cabe agregar que no existe motivo alguno para eximir de la obligaci�n de otorgar la protesta de decir verdad a la persona que exhiba el certificado m�dico y que s�lo est� obligado a ello quien allegue lo que legalmente se denomina otra constancia fehaciente, porque ese no es el esp�ritu del art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo, pues de haberlo querido el legislador ordinario federal, expresamente lo hubiera dispuesto al emitir dicho precepto, es decir, la disposici�n ser�a en el sentido de que la exhibici�n de dicho certificado no debiera hacerse bajo protesta de decir verdad o, en su caso, que �sta �nicamente sea exigible cuando se exhibiera la constancia de m�rito, pero como esto no sucedi� es de considerarse que la exhibici�n del certificado y constancia indicados siempre se debe hacer bajo protesta de decir verdad. M�xime que atendiendo a los principios generales del derecho referidos en el art�culo 17 de la ley invocada en el t�pico en comento es aplicable aquel que establece que donde la ley no distingue el juzgador no tiene porque hacer distinci�n. Adem�s, la protesta indicada es la que propicia la credibilidad de que son ciertos los motivos o circunstancias que impiden la comparecencia f�sica de la persona que deba absolver posiciones o contestar un interrogatorio al local de la Junta y que pueden servir de base a �sta para tener por justificada tal incomparecencia y, por ende, diferir el desahogo de la prueba relativa.

    Sentado lo anterior, se estima que si bien resulta ser cierta la consideraci�n del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del propio circuito y Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, en el sentido de que el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo no establece ninguna consecuencia procesal para el caso en el cual se exhiba el certificado m�dico relativo sin expresar la frase bajo protesta de decir verdad, igualmente cierto resulta que esta interpretaci�n de orden literal y considerando aisladamente dicho precepto, puede conducir a admitir declaraciones o manifestaciones de hechos falsos para apoyar el certificado m�dico indicado y, por ende, para justificar la enfermedad (inexistente) que se aduzca impide a una persona que deba absolver posiciones o contestar un interrogatorio, comparecer primordialmente al local de la Junta, circunstancia que indebidamente provocar�a el aplazamiento del desahogo de la prueba respectiva retrasando, con ello, la resoluci�n del juicio relativo, lo que provocar�a la violaci�n a los principios de econom�a, celeridad y concentraci�n imperantes en el procedimiento laboral, contemplados en el art�culo 685 de la ley invocada.

    Por tanto, se considera que el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo no debe interpretarse aisladamente, sino sistem�ticamente con los numerales 17, 685, 771, 780, 788, 789, 813, fracci�n II y 819 de la propia ley, con los cuales se encuentra vinculado l�gicamente en relaci�n con el t�pico en cuesti�n.

    As�, los art�culos 17 (se reitera que se�ala que a falta de disposici�n constitucional, legal o reglamentaria, es decir, ante la ausencia de una regla jur�dica que resuelva expresamente el caso deben aplicarse disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales del derecho y los de justicia social derivados del art�culo 123 constitucional), 685 (impone a las Juntas la obligaci�n de tomar las medidas necesarias para lograr mayor econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso), 771 (impone a los presidentes de las Juntas y a los auxiliares, la obligaci�n de vigilar que los juicios sometidos a su potestad no queden inactivos, proveyendo lo que legalmente proceda, a efecto de que la justicia sea r�pida y expedita), 780 (las pruebas se deben ofrecer acompa�adas de todos los elementos necesarios para su desahogo), 788 (el absolvente debe ser citado personalmente o por conducto de su apoderado, bajo apercibimiento de que si no comparece en el momento oportuno, se le tendr� por confeso de las posiciones articuladas por el oferente de la prueba), 789 (si el absolvente no comparece al desahogo de la correspondiente se le tendr� por confeso de las posiciones respectivas), 813, fracci�n II (el oferente de la prueba testimonial, cuando est� impedido para presentar a los testigos, deber� solicitar a la Junta que los cite, pero para esto debe se�alar la causa o motivo justificado que le impidan presentarlos directamente) y 819 (si el testigo no concurre a la audiencia, a pesar de haber sido citado legalmente, se har� efectivo el apercibimiento decretado y la Junta dictar� las medidas necesarias para que comparezca a rendir su declaraci�n en la primera fecha que para el efecto se se�ale).

    Ahora bien, del an�lisis del art�culo 785, primer p�rrafo, de la Ley Federal del Trabajo, a la luz de la intenci�n del legislador, deducida de la exposici�n de motivos, en lo que aqu� interesa, transcrita con antelaci�n de las reformas a la ley invocada de mil novecientos ochenta e interpretado arm�nica y sistem�ticamente con los numerales 17, 685, 771 y 780 de la ley indicada, se desprende la obligaci�n de la Junta de tomar todas las medidas necesarias para lograr la mayor econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso laboral, as� como de impulsarlo hasta su conclusi�n e incluso desechar la prueba que no se ofrezca en la forma o con los requisitos que impone la ley, luego, l�gico es que al amparo de esa finalidad surjan impl�citas diversas facultades que permitan remover cualquier obst�culo que impida el desarrollo normal y culminaci�n de los juicios laborales, entre las cuales debe quedar inmersa la de tener por no exhibido o recibido el certificado m�dico con el cual se pretenda acreditar que la persona que deba absolver posiciones o contestar un interrogatorio no puede comparecer al local de la Junta por causa de enfermedad, cuando al hacer esa exhibici�n se omita la frase bajo protesta de decir verdad, pues con una determinaci�n de esta naturaleza las Juntas cumplen con los prop�sitos de las reformas en comento, consistentes en que la justicia laboral sea r�pida y expedita y que los juicios sometidos a su potestad no queden inactivos.

    En efecto, conforme a lo dispuesto en el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo y a todo lo razonado con antelaci�n, la frase bajo protesta de decir verdad, es requisito indispensable para admitir el certificado m�dico, por medio del cual se pretende justificar la enfermedad que impide a una persona comparecer f�sicamente al local de la Junta para absolver posiciones o contestar un interrogatorio, luego, si el apoderado de las partes o cualquier otro individuo exhibe dicho certificado sin otorgar la protesta de decir verdad indiscutiblemente que no cumpli� con una obligaci�n legal, cuya consecuencia l�gica es su no admisi�n, por no haberse exhibido (ofrecido) en la forma prescrita por el precepto invocado, y como ya se precis� esta facultad de no admitir ese documento privado deriva impl�citamente del propio art�culo 785 el cual, esencialmente, consigna la obligaci�n de la Junta de desahogar todas las diligencias probatorias agotando los medios a su alcance, facultad que se confirma con la interpretaci�n l�gica y arm�nica de dicho precepto con los numerales 17, 685, 771 y 780 de la ley invocada en los t�rminos precisados en el p�rrafo precedente.

    R., si conforme a los preceptos invocados las Juntas deben tomar las medidas necesarias para lograr la econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso laboral, impulsar �ste hasta su conclusi�n y desechar las pruebas que no se ofrezcan en la forma o con los requisitos que impone la ley relativa, es v�lido colegir que de ello deriva la facultad impl�cita de no admitir o tener por no presentado el certificado m�dico relativo cuando quien lo exhiba no lo haga bajo protesta de decir verdad, aun cuando esta consecuencia procesal no la contemple expresamente el art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo, desde luego la Junta debe razonar, invariablemente, los motivos que justifiquen su determinaci�n, m�xime que con �sta se elimina el obst�culo que impide el desarrollo normal del juicio correspondiente, y se cumple con el objetivo de la reforma procesal de mil novecientos ochenta en el sentido de que la justicia laboral sea pronta y expedita en t�rminos del art�culo 17 constitucional.

    En este orden de ideas, la determinaci�n de la Junta de tener por no exhibido o no admitido el certificado m�dico respectivo torna en injustificada la incomparecencia de la persona que deb�a absolver posiciones, pues ante la ausencia legal de dicho certificado la Junta carece de elementos para tener por acreditada la enfermedad que impide la comparecencia f�sica del absolvente al local de la misma; luego, ante esas circunstancias con fundamento en el art�culo 789 de la Ley Federal del Trabajo, lo procedente es declarar confeso fictamente al absolvente de las posiciones que se hayan calificado de legales.

    Si se trata de la prueba testimonial la no admisi�n del certificado m�dico en cuesti�n tambi�n produce la consecuencia de declarar injustificada la incomparecencia del testigo, s�lo que aqu� se pueden presentar dos supuestos, el primero se da cuando el actor o demandado se obligan a presentar al testigo, en este caso, la consecuencia del incumplimiento de esa obligaci�n ser� la deserci�n de la prueba relativa.

    Otro supuesto se presenta cuando el testigo es citado directamente por la Junta bajo el apercibimiento de la imposici�n de cualquiera de los medios de apremio establecidos en el art�culo 731 de la Ley Federal del Trabajo, en este caso, la incomparecencia injustificada del testigo generada por la no admisi�n del certificado respectivo, ser� que se haga efectivo el apercibimiento decretado y, por ende, que se imponga el medio de apremio relativo.

    As� las cosas, se pone de relieve que la determinaci�n de la Junta de declarar confeso fictamente al absolvente o desierta la prueba testimonial de que se trate o imponer al testigo el medio de apremio con el cual haya sido apercibido, obedece a la no admisi�n del certificado m�dico con el cual se pretend�a justificar la incomparecencia al desahogo de la diligencia respectiva y no a la ineficacia delmismo, pues si no se admite l�gico es que la Junta no puede otorgar eficacia probatoria a un documento que legalmente no existe en autos.

    En consecuencia, el criterio que con car�cter de jurisprudencia debe prevalecer es el siguiente:

    CERTIFICADO M�DICO. SU EXHIBICI�N ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE PARA LOS EFECTOS DEL ART�CULO 785 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DEBE HACERSE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, PUES DE LO CONTRARIO SE TENDR� POR NO EXHIBIDO O RECIBIDO.-De la interpretaci�n del art�culo 785 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que la frase "bajo protesta de decir verdad" es un requisito indispensable exigible tanto en la exhibici�n del certificado m�dico, como en la constancia fehaciente a que se refiere el propio precepto, pues adem�s de que el legislador no hizo distinci�n en el sentido de que tal requisito s�lo sea exigible trat�ndose de dicha constancia, debe tenerse en cuenta que ambos documentos tienen como finalidad justificar el motivo o causa de la incomparecencia de quien debe absolver posiciones o contestar un interrogatorio y, por ende, que se conserve un derecho o que no se cause perjuicio al interesado, por lo que quien exhiba un certificado m�dico no queda relevado de la obligaci�n de hacerlo bajo protesta de decir verdad. Lo anterior es as�, porque con dichos documentos se aceptan, indiscutiblemente, como hechos propios de quien los exhibe los se�alados por el tercero que los expide, que seg�n �ste obstaculizan la comparecencia f�sica, ante la Junta respectiva, del absolvente o testigo, motivos por los cuales la manifestaci�n relativa constituye propiamente una declaraci�n que debe hacerse en t�rminos del art�culo 722 de la ley invocada, esto es, bajo protesta de decir verdad, con la consecuencia de que si no se hace as�, las Juntas de C.�n y Arbitraje estar�n facultadas para tenerlo por no exhibido o recibido, con independencia de que el art�culo 785 no establezca consecuencia procesal alguna para el caso de que se exhiba el certificado m�dico sin expresar aquella frase, pues dicho precepto debe interpretarse sistem�ticamente con los art�culos 17, 685, 771 y 780 de la Ley Federal del Trabajo, de los cuales se desprende la obligaci�n de las Juntas de tomar todas las medidas necesarias para lograr la mayor econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso laboral, as� como impulsarlo hasta su conclusi�n e, incluso, desechar la prueba que no se ofrezca en la forma o con los requisitos impuestos en la ley, pues con esta determinaci�n las Juntas eliminan el obst�culo que impide el desarrollo normal del juicio laboral sometido a su potestad y se cumple con el objetivo de que la justicia laboral sea pronta en t�rminos del art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de criterios entre el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del propio circuito y Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito al resolver los amparos directos 212/92 y 549/94 y el sustentado por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio circuito y Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, al resolver los amparos directos 577/92 y 117/2002.

SEGUNDO

El criterio que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia es el sustentado en la tesis de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, precisada en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

N.�quese; rem�tase de inmediato la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como su distribuci�n a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente en funciones Juan D�az R.. Ausente el se�or Ministro Jos� V.A.A.�n, por estar haciendo uso de sus vacaciones. Fue ponente el M.S.S.A.A..