Ejecutoria num. 2a./J. 34/2003 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26825612

Ejecutoria num. 2a./J. 34/2003 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 34/2003
Localizacion:SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 2003
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO (AHORA PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO).CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 76/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIG�SIMO SEGUNDO CIRCUITO (AHORA PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO).

MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..

SECRETARIA: ROSAL�A ARGUMOSA L�PEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO

A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicci�n de tesis denunciada, y en su caso resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los �rganos colegiados que la motivaron, y que a continuaci�n se transcriben:

Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al fallar el juicio de amparo en revisi�n 261/2001, el veinticinco de marzo de dos mil dos, sostuvo en lo que interesa lo siguiente:

AR. 261/2001.

PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintid�s de agosto de dos mil uno, ante la Oficial�a de Partes Com�n de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de M�xico, con residencia en Toluca, A.M.C.M. y F.M.V.R., por su propio derecho, demandaron el amparo y protecci�n de la Justicia Federal contra los siguientes actos: ?La violaci�n a nuestra garant�a de audiencia consagrada en los art�culos 1o., 14, 16, 27, tercer p�rrafo, fracci�n I, constitucionales, al ordenar se nos desposea de nuestros bienes y propiedades sin haber sido o�dos y vencidos en juicio y, desde luego, tener el car�cter de terceros extra�os al juicio mediante el cual se nos pretende privar de la posesi�n y propiedad en beneficio del poblado citado en este ocurso como tercero perjudicado. Bajo protesta de decir verdad, del Tribunal Unitario Agrario del Distrito N�mero N. y del C.A. ejecutor del Tribunal Unitario del Distrito N., reclamamos el acto de ejecuci�n que pretenden llevar a cabo el d�a veinticuatro de agosto del presente a�o a las diez horas, mismo que se nos notific� mediante citatorio de fecha 20 de agosto del a�o dos mil uno, mismo que anexamos a la presente. Acto que de ejecutarse estar�a violando en nuestro agravio los art�culos 14 y 16 constitucionales y har�a imposible f�sicamente la restituci�n de nuestras garant�as constitucionales, al ser extra�os al juicio y sentencia que se pretende ejecutar en nuestras posesiones y propiedades, y no haber sido o�dos y vencidos en el juicio del cual emana dicha resoluci�n, en contra del Tribunal Superior Agrario, con residencia en M�xico, Distrito Federal, Tribunal Unitario Agrario del Distrito N�mero N., con residencia en esta ciudad de Toluca, M�xico y el actuario ejecutor de dicho tribunal, estas dos �ltimas autoridades como ejecutoras.?. Asimismo, la parte quejosa se�al� como tercero perjudicado al poblado de Santa Rita, Municipio de San Felipe del Progreso, representado por el licenciado L.M.E., director jur�dico de la Procuradur�a Agraria en el Estado de M�xico y el se�or B.T.L., quien dijo ser suplente del secretario del comit� particular ejecutivo respectivo, quien fue debidamente emplazado, como consta a foja quinientos ocho del juicio de amparo que se revisa, y como garant�as individuales violadas las contenidas en los art�culos 1o., 14, 16 y 27, tercer p�rrafo, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, y expres� como antecedentes del caso los siguientes: (se transcribe). CONSIDERANDO: ... SEXTO. Ahora bien, resultan fundados y suficientes para modificar la resoluci�n que se revisa los argumentos relativos a que s� se acredit� el inter�s jur�dico del quejoso F.M.V.R.. Los inconformes arguyen en su libelo de agravios que no se analizaron todas y cada una de las pruebas que ofreci� la parte quejosa, las que fueron admitidas en su totalidad, lo que llev� a que se concluyera en la resoluci�n que nos ocupa que los quejosos carecen de inter�s jur�dico, adem�s, que se analiz� y valor� la escritura p�blica que contiene el contrato de compraventa celebrado por los se�ores P. como vendedores y F.M.V.R. como comprador, la que se encuentra inscrita en el Registro P�blico de la Propiedad de Ixtlahuaca, Estado de M�xico, con lo que demuestra que se dej� de analizar, en lo individual, todas y cada una de las probanzas que ofrecieron los quejosos. Tambi�n se�alan los recurrentes que la escritura p�blica hace prueba plena, seg�n el criterio que estableci� el a quo para justificar el inter�s jur�dico del quejoso F.M.V.R., de conformidad con la transcripci�n que se realiz� de los numerales del C�digo Civil del Estado de M�xico. Lo anterior es fundado pero inoperante. En efecto, es fundado debido a que en la resoluci�n reclamada no se hizo pronunciamiento alguno respecto a la prueba documental consistente en el instrumento notarial n�mero seis mil quinientos noventa y nueve, de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, relativo a la compraventa celebrada entre J.G.P.R., representado por R.P.R., y F.M.V.R., respecto de una superficie de 59-94-10 hect�reas (cincuenta y nueve hect�reas, noventa y cuatro �reas y diez centi�reas) del predio r�stico denominado R.S.R., sito en el Municipio de San Felipe del Progreso, Distrito de Ixtlahuaca, Estado de M�xico, que s� fue inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad, y con el cual acredita plenamente el inter�s jur�dico el quejoso F.M.V.R., pues se trata de un acto traslativo de dominio que consta en escritura p�blica y se encuentra inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad del lugar de su ubicaci�n. En tales condiciones, se procede a levantar el sobreseimiento decretado en la resoluci�n recurrida, �nicamente por cuanto hace al quejoso F.M.V.R. y hacer el pronunciamiento correspondiente respecto a los conceptos de violaci�n que la parte quejosa hizo valer en su escrito de demanda de amparo. Ahora bien, resulta inoperante tanto que se acredite el inter�s jur�dico del quejoso F.M.V.R., como los conceptos de violaci�n planteados en su libelo inicial de demanda de garant�as, debido a que de ninguna forma se combate que en el caso concreto opera la figura de causahabiencia. Lo cual, de alguna forma se estableci� en la resoluci�n recurrida en los siguientes t�rminos: (se transcribe). Por ello, si bien el citado instrumento notarial n�mero seis mil quinientos noventa y nueve, inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad con fecha diez de junio del noventa y seis, acredita el inter�s jur�dico del quejoso, no menos cierto es que de ninguna forma demerita que en el caso concreto surja la figura jur�dica de causahabiencia, obviamente en perjuicio del quejoso F.M.V.R., pues adquiri� el inmueble en cuesti�n con posterioridad a la resoluci�n de dotaci�n de que se trata, es decir, el citado instrumento notarial es de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, tal como se desprende de la foja veintid�s del juicio agrario, y en el procedimiento de dotaci�n en cuesti�n se emiti� la resoluci�n el diez de agosto de mil novecientos noventa y tres, como se advierte de la foja trescientos ochenta del expediente agrario que se analiza, adem�s, es pertinente se�alar que los causantes de los aqu� quejosos fueron emplazados a ese procedimiento con fecha veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres (foja quinientos ochenta y ocho), por tanto, no puede considerarse que el aludido quejoso tiene el car�cter de tercero extra�o al procedimiento administrativo dotatorio de que se trata, por ser causahabiente de sus vendedores, los que s� tuvieron conocimiento pleno de ese procedimiento. As� las cosas, debe se�alarse que la figura jur�dica de causahabiencia, para los efectos del juicio de garant�as, es una cuesti�n que ata�e al fondo del negocio y no a la improcedencia de la v�a constitucional, y si bien el quejoso fue escuchado en el procedimiento dotatorio a trav�s de su causante, no implica que el acto reclamado consistente en la desposesi�n de los predios de m�rito no afecte su inter�s jur�dico, pues evidentemente s� vulnera el derecho que el causahabiente aduce para ser escuchado en el aludido procedimiento, motivo por lo que no se surte la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n V, de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales y, en consecuencia, lo procedente no es sobreseer el juicio de garant�as, sino negar el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitada. Motivos por los que este Tribunal Colegiado se aparta del criterio que estableci� al resolver el diverso recurso de revisi�n n�mero 143/99, mediante sesi�n de fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en el que se confirm� el sobreseimiento decretado por el Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales, dentro del expediente 113/99 de su �ndice, dado que no se consideraron los actos reclamados como afectaci�n a sus intereses jur�dicamente tutelados, en raz�n de que se daba la figura jur�dica de causahabiencia. De igual forma, y por los mismos motivos este Tribunal Colegiado no comparte el criterio invocado en la resoluci�n recurrida, con el rubro: ?INTER�S JUR�DICO, FALTA DE. CAUSAHABIENTE, POSESI�N DERIVADA DEL.?. En las relatadas condiciones, lo procedente es modificar la sentencia recurrida y negar el amparo y protecci�n de la Justicia Federal �nicamente por cuanto hace al quejoso F.M.V.R.. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecuci�n de la resoluci�n reclamada. Por lo expuesto y fundado, se

resuelve: PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida dictada por el Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de M�xico, en el juicio de amparo indirecto n�mero 1158/2001-VII de su �ndice. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garant�as n�mero 1158/2001-VII, en relaci�n con el promovente A.M.C.M., contra actos y autoridades precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a F.M.V.R., contra actos y autoridades se�alados en el resultando primero y por los motivos expresados en el �ltimo considerando de esta ejecutoria. N.�quese; y, con testimonio de esta resoluci�n devu�lvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

La ejecutoria mencionada origin� la tesis aislada II.1o.145 K, consultable en la p�gina cuatrocientos veintiuno, Tomo XIV, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava �poca, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que es del tenor siguiente:

CAUSAHABIENTE. INTER�S JUR�DICO DEL. El fen�meno de la causahabiencia para los efectos del juicio de garant�as, es una cuesti�n que ata�e al fondo del negocio y no a la improcedencia de tal negocio. En esas condiciones, si a virtud de la existencia de la figura jur�dica de m�rito una autoridad de instancia no est� obligada a respetar el derecho de audiencia de un causahabiente, porque �ste ya fue escuchado mediante su causante, significa que dicha responsable no viola garant�as individuales en perjuicio del quejoso; pero no, que el acto de tal autoridad no afecte el inter�s jur�dico de aqu�l, pues evidentemente, s� vulnera el derecho que el causahabiente aduce para ser escuchado en el negocio; por tanto, en esa hip�tesis, no se surte la causal de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales.

CUARTO

Por su parte, el Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito), al resolver el juicio de amparo en revisi�n 507/95, el cinco de enero de mil novecientos noventa y seis, sostuvo en lo que interesa lo siguiente:

AR. 507/95.

I. Mediante escrito presentado ante la Oficial�a de Partes Com�n de los Juzgados de Distrito en el Estado de H., el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco, Mar�a T.C.C. de L�pez, D., R., D. y C.U., todos de apellidos L�pez Cruz, demandaron el amparo y protecci�n de la Justicia Federal contra los actos de las siguientes: ?Autoridades responsables. El C.J. Mixto de Primera Instancia de Mixquiahuala de Ju�rez, Estado de H.; asimismo, por competencia territorial judicial al C.J. de lo Civil y Familiar de Actopan, Estado de H., as� como los dos actuarios civiles del Juzgado Civil y Familiar de Actopan, Estado de H., y como auxiliares de estas autoridades se se�alan como responsables al C.C. de la Polic�a Judicial de Actopan, Estado de H., y comandante de la Polic�a Municipal de San Salvador, Estado de H., todas con domicilio conocido en el lugar en que ejercen sus funciones.?. Dichos actos se hicieron consistir en: ?De la primera de dichas autoridades se�aladas como responsables reclamamos el auto o acuerdo de fecha 18 dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, dictado por la autoridad se�alada en primer lugar, en su car�cter de ordenadora, que manda ejecutar la sentencia definitiva de donde emana el acto reclamado en relaci�n con el expediente No. 370/93, del juicio ordinario civil plenario seguido en contra de P.U.L.L., y como consecuencia de ello el exhorto u oficio girado al C.J. de lo Civil y Familiar de Actopan, Estado de H., para dar cumplimiento al mandato judicial que ha ordenado la entrega f�sica y material de los terrenos objeto del juicio civil a que hago referencia, esto a los supuestos terceros perjudicados A.L.L. y O.E. L�pez, esto por situaciones de competencia, ya que los terrenos objeto de este juicio se encuentran ubicados dentro de la jurisdicci�n territorial del Distrito Judicial de Actopan, H.; las dos primeras autoridades las se�alamos como responsables en su car�cter de ordenadoras y de las otras autoridades que se�alamos como responsables �la ejecuci�n material� de dicho auto o acuerdo, y virtualmente a nosotros entregar dichos predios a los supuestos terceros perjudicados A.L.L. y O.E. L�pez, queri�ndonos desposeer de nuestra humilde casa habitaci�n en la que vivimos desde hace m�s de 44 a�os, que a la fecha que estamos en posesi�n y que la hemos venido disfrutando con todos los atributos que nos concede la propia ley, es decir, en forma pac�fica, p�blica, continua, de buena fe e ininterrumpida, y a la luz de todas las personas que transitan en el lugar de la ubicaci�n de los mencionados predios objeto de este juicio, y a pesar de ello se nos quiere desposeer injustamente del �nico patrimonio familiar que tenemos, que son los predios en cuesti�n y que fueron propiedad del finado E. L�pez, quien fue suegro de la primera de los quejosos, y de los dem�s abuelo; el derecho de posesi�n lo hemos adquirido a trav�s del tiempo que ha transcurrido, tenemos testimonio original de las escrituras del verdadero due�o, derechos adquiridos que hemos tenido y los seguimos teniendo sobre los predios objeto de este juicio y, adem�s, en ning�n momento hemos sido o�dos ni vencidos en juicio y que se nos quiere privar de nuestros derechos y propiedades fuera de todo procedimiento sin haberse cumplido las formalidades esenciales del mismo, en el sentido de que en ning�n momento hemos sido personalmente notificados de alg�n juicio y, en el caso que nos ocupa, se nos dejar�a en estado de indefensi�n, con lo que se pretende llevar a cabo los actos reclamados. ?Subsidiariamente del cumplimiento que se le va a dar a la sentencia de un juicio del cual en ning�n momento hemos sido notificados o emplazados del juicio civil del cual se hace referencia. Ahora bien, hemos tenido conocimiento de dicha sentencia el d�a 24 veinticuatro de agosto de 1995, con la que se pretende dar la posesi�n f�sica y material de los terrenos objeto de este juicio a los supuestos terceros perjudicados, A.L.L. y O.E. L�pez.?. ... CONSIDERANDO: ... SEXTO. Por otro lado, resulta innecesario analizar los agravios aducidos por los revisionistas D., R., D. y C.U., de apellidos L�pez Cruz, toda vez que este �rgano colegiado estima que de acuerdo con las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida y a las que se vertir�n en p�rrafos subsecuentes de esta resoluci�n, es m�s adecuado, atenta la t�cnica que impera en materia de amparo, sobreseer en el juicio de garant�as que negar el amparo solicitado, cuando se arriba a la conclusi�n de que los quejosos son causahabientes, pues a ese respecto, en el caso concreto se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo, misma que se invoca de oficio, en t�rminos del �ltimo p�rrafo del numeral y ley antes mencionados. En efecto, si bien es cierto que los quejosos y revisionistas citados en el p�rrafo que antecede acreditaron que detentan la posesi�n de los predios que fueron objeto del juicio ordinario civil en donde se ejercit� la acci�n plenaria de posesi�n, sin haber sido o�dos ni vencidos en el mismo, tambi�n lo es que, en el caso concreto, los recurrentes tienen el car�cter de causahabientes, por tanto, debe estimarse que ya fueron o�dos y vencidos en ese juicio a trav�s de su causante, y si no intervinieron personalmente, resulta una cuesti�n secundaria al resultado del fallo, por lo que en el caso debe considerarse que los quejosos carecen de inter�s jur�dico para promover el juicio de amparo. Por otra parte, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sustentado criterio firme en el sentido de que acreditado el hecho de la posesi�n debe ser respetado, independientemente de que dicha posesi�n sea buena o mala, y que los revisionistas acreditaron que detentan la posesi�n de los inmuebles en disputa, tambi�n lo es que esa circunstancia, en el caso concreto, no es suficiente para que procediera el juicio de garant�as a efecto de que sea respetado ese derecho de posesi�n, es decir, para que antes de privarlos del mismo sean debidamente o�dos y vencidos en juicio, en observancia de la garant�a de audiencia, pues no debe perderse de vista que dicha posesi�n no es a t�tulo particular, sino derivada de su causante, que en el caso lo fue su padre U.L.L., quien fue debidamente o�do y vencido en el juicio plenario de posesi�n; por tanto, la posesi�n que afirman tener los amparistas y recurrentes debe entenderse que se inici� con posterioridad al inicio del juicio ordinario civil de referencia, toda vez que la propia madre de los quejosos afirm�, al momento de desahogarse la prueba de inspecci�n ocular, que dichos predios en conflicto los ten�a realmente en posesi�n su marido, o sea, U.L.L., as� es que la posesi�n adquirida en estos t�rminos no es a t�tulo particular, sino como consecuencia de la que detent� su causante; en esas condiciones, los aqu� inconformes resultan ser causahabientes del demandado en el juicio plenario de posesi�n y, por ende, no pueden ostentarse como terceros extra�os a juicio, por lo que carecen de inter�s jur�dico para promover el juicio de garant�as, actualiz�ndose la causa de improcedencia prevista en la fracci�n V del numeral 73 de la Ley de Amparo pues, se insiste, los amparistas ya fueron o�dos y vencidos en juicio por conducto de su causante. Apoya lo antes expuesto, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 31/93, aprobada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte, al resolver la contradicci�n de tesis 8/93, visible a fojas cuarenta y cuarenta y uno de la Gaceta N�mero 72 del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca,correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres, cuyo tenor literal es el siguiente: ?CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTER�S JUR�DICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Siendo el subarrendatario causahabiente del arrendatario en el juicio seguido en contra de �ste por el arrendador, quien no autoriz� el subarriendo, el juicio de amparo que promueva contra el lanzamiento decretado en el juicio natural, es improcedente, pues siendo causahabiente del demandado por conducto de quien fue o�do y vencido, carece de inter�s jur�dico para ejercitar la acci�n constitucional.?. Adem�s, no debe pasar por alto la conclusi�n a la que arrib� la Juez Federal en el fallo que se revisa sobre la causahabiencia, ya que a ese respecto consider� lo siguiente: (transcribe); por tanto, no existe duda de que, en el caso, los quejosos son causahabientes de su causante. En otro aspecto, es infundada la afirmaci�n relativa a que no se da la figura de la causahabiencia ?... puesto que los quejosos somos completamente muy independientes ... ya que cada quien vive en su casa ...?, pues dicha figura no se da bajo ese supuesto, sino que la causahabiencia implica la sustituci�n de una persona por otra respecto de un mismo derecho, por lo que si en el caso, los recurrentes de referencia obtuvieron la posesi�n del inmueble en disputa con posterioridad al inicio del juicio plenario de posesi�n instaurado en contra de su padre, es evidente que los quejosos y revisionistas ya fueron o�dos y vencidos en juicio por su causante, de donde les deriva el car�cter de causahabientes; por tanto, acreditada la causahabiencia que les resulta a los quejosos es evidente que carecen de inter�s jur�dico para promover el juicio de garant�as, pues los mismos ya fueron o�dos y vencidos en juicio por su causante, es decir, por el demandado en el juicio plenario de posesi�n, por lo que no pueden ostentarse como terceros extra�os a dicho juicio, ni mucho menos alegar derechos sobre los predios en conflicto, pues esos derechos ya fueron disputados por su causante en un juicio plenario de posesi�n. En tales condiciones, este �rgano colegiado arriba a la conclusi�n de que lo procedente, en casos como el presente, es sobreseer en el juicio de garant�as por los actos que reclaman los quejosos D., R., D. y C.U.L.C., con fundamento en la fracci�n III del numeral 74 de la Ley de Amparo, por estimar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la ley antes mencionada y no negar el amparo. En conclusi�n, ante las causas de improcedencia que este �rgano colegiado hizo valer de oficio, resulta procedente revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garant�as. Por lo expuesto y con fundamento en los art�culos 76, 77, 78, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se

resuelve: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garant�as promovido por Mar�a T.C.C. de L�pez, D., R., D. y C.U., todos ellos de apellidos L�pez Cruz, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta resoluci�n. N.�quese; an�tese en el libro de gobierno de este tribunal; con testimonio de esta resoluci�n vuelvan los autos naturales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, arch�vese este expediente. As� lo resolvi� el Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados H.S.H.�ndez, A.B.H.T. y Julio C�sar V�zquez-Mellado G.�a, siendo relator el tercero de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.

La transcrita resoluci�n dio lugar a la tesis XXII.11 C, publicada en la p�gina cuatrocientos treinta y cinco, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.I., febrero de mil novecientos noventa y seis, que dice:

INTER�S JUR�DICO, FALTA DE. CAUSAHABIENTE, POSESI�N DERIVADA DEL. La causahabiencia implica la sustituci�n de una persona por otra, respecto de un mismo derecho, por lo que en un supuesto caso, si el quejoso obtiene la posesi�n del inmueble en disputa con posterioridad al inicio de un juicio plenario de posesi�n instaurado en contra de su causante, es evidente que el quejoso ya fue o�do y vencido en juicio, a trav�s de dicho causante, de donde le deriva el car�cter de causahabiente; por tanto, acreditada la causahabiencia que le resulta al quejoso, es manifiesto que carece de inter�s jur�dico para promover el juicio de garant�as, por lo que no puede ostentarse como tercero extra�o a dicho juicio, en tales condiciones lo procedente, es sobreseer en el mismo, con fundamento en la fracci�n III del art�culo 74 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracci�n V, del numeral 73 de la ley antes mencionada.

QUINTO

Cabe se�alar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito), no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su an�lisis y establecer si existe la contradicci�n planteada y en su caso cu�l criterio debe prevalecer.

Tienen aplicaci�n las siguientes tesis que a continuaci�n se transcriben:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA SU INTEGRACI�N NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicci�n de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el art�culo 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal ni el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen as�." (Tesis P. L/94, publicada en la p�gina treinta y cinco, tomo ochenta y tres, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, P., Octava �poca de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n).

"CONTRADICCI�N DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, desprendi�ndose que la tesis a que se refieren es el criterio jur�dico sustentado por un �rgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hip�tesis, con caracter�sticas de generalidad y abstracci�n, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, adem�s, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 195 de la citada legislaci�n, debe redactarse de manera sint�tica, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del car�cter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracci�n. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo �sta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicci�n que establecen los preceptos citados." (Tesis de jurisprudencia 2a./J. 94/2000, publicada en la p�gina trescientos diecinueve, T.X., noviembre de dos mil, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta).

SEXTO

Como cuesti�n previa a cualquier otra, cabe determinar si la presente contradicci�n de tesis re�ne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia P./J. 26/2001, del Tribunal P. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., abril de dos mil uno, p�gina setenta y seis, que dice:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Tambi�n lo previsto en los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, sirve como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicci�n de tesis denunciada. Dichos numerales dicen:

"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el P. o la Sala respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195."

Como se ve, los preceptos constitucional y reglamentario, as� como el criterio jurisprudencial antes transcrito, refieren a la figura jur�dica de la contradicci�n de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Tal mecanismo se activa cuando existen dos o m�s criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretaci�n de una misma norma jur�dica o punto concreto de derecho y que por seguridad jur�dica deben uniformarse a trav�s de la resoluci�n que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer, y dada su generalidad pueda aplicarse para resolver otros asuntos de id�ntica o similar naturaleza.

En la jurisprudencia aludida se precisan los requisitos de existencia que debe reunir la contradicci�n de tesis, como son: a) Que en las ejecutorias materia de la contradicci�n se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

De lo anterior, cabe destacar que la existencia de la contradicci�n de tesis requiere de manera indispensable que la oposici�n de criterios surja de entre las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan la interpretaci�n de un mismo precepto legal o tema concreto de derecho, ya que precisamente, como antes se defini�, esas consideraciones justifican el criterio jur�dico que adopta cada uno de los �rganos jurisdiccionales para decidir la controversia planteada a trav�s de las ejecutorias de amparo materia de la contradicci�n de tesis.

Precisadas las premisas aludidas que delimitan el marco te�rico en que se desenvuelve este asunto, se arriba a la conclusi�n de que la posici�n o criterio jur�dico adoptado en las ejecutorias transcritas en los considerandos tercero y cuarto de esta resoluci�n, re�nen integralmente los requisitos necesarios para que exista la presente contradicci�n de tesis, puesto que en las consideraciones que sustentan tal posici�n o criterio jur�dico entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito.

Para poner de manifiesto lo anterior, es menester destacar los antecedentes medulares de cada una de las ejecutorias de m�rito que dieron origen a la presente contradicci�n.

  1. De la sentencia que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito dict� en el juicio de amparo en revisi�n 261/2001, en la parte que interesa, se advierte lo siguiente:

    1. A.M.C.M. y F.M.V.R., por su propio derecho, demandaron el amparo y protecci�n de la Justicia Federal contra el acto que reclamaron del Tribunal Unitario Agrario del Distrito N�mero N. y actuario de ese tribunal, consistente en la orden de que se les prive de la propiedad y posesi�n de sus bienes en beneficio del poblado, sin haber sido o�dos y vencidos en el juicio de dotaci�n de tierras instaurado en contra de R. e I., de apellidos P., por lo que tienen el car�cter de terceros extra�os a aqu�l, pues se ostentaron propietarios y poseedores del rancho conocido como Santa Rita, ubicado en San Felipe del Progreso, Estado de M�xico.

    2. De la demanda de m�rito correspondi� conocer al Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de M�xico, el cual resolvi� sobreseer el juicio de garant�as por considerar actualizada la hip�tesis del art�culo 73, fracci�n V, de la Ley de Amparo, en virtud de que los quejosos no acreditaron su inter�s jur�dico, pues del contrato privado de compraventa del rancho citado, advirti� que los actos jur�dicos en virtud de los que se adquiri� el R.S.R., fueron celebrados el veinte de octubre de dos mil, es decir, con posterioridad a la resoluci�n que el Tribunal Superior Agrario dict� a trav�s de la que concedi� al poblado Santa Rita de Guadalupe la superficie de 299-20-00 hect�reas de diversas calidades por concepto de dotaci�n de tierras; por tanto, a juicio del resolutor federal los quejosos ya hab�an sido o�dos y vencidos a trav�s de sus causantes en el juicio de origen.

    3. En contra de esa resoluci�n los quejosos interpusieron revisi�n de la que correspondi� conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien al fallar el toca de revisi�n 261/2001, consider�, en lo que interesa, que el quejoso F.M.V.R. s� acredit� plenamente su inter�s jur�dico con la prueba documental consistente en el instrumento notarial n�mero seis mil quinientos noventa y nueve, de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, relativo a la compraventa celebrada entre J.G.P.R., representado por R.P.R., y F.M.V.R., respecto de una superficie de cincuenta y nueve hect�reas, noventa y cuatro �reas y diez centi�reas, del predio r�stico denominado R.S.R., ubicado en el Municipio de San Felipe del Progreso, Distrito de Ixtlahuaca, Estado de M�xico, inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad, pues se trata de un acto traslativo de dominio que consta en escritura p�blica y se encuentra inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad del lugar de su ubicaci�n.

      En tales condiciones, el Tribunal Colegiado mencionado levant� el sobreseimiento decretado en la resoluci�n recurrida, �nicamente por cuanto hace al nombrado quejoso.

    4. El �rgano colegiado al pronunciarse respecto de los conceptos de violaci�n, estima que si bien el citado instrumento notarial n�mero seis mil quinientos noventa y nueve, inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad el diez de junio de mil novecientos noventa y seis, acredita el inter�s jur�dico del quejoso, no menos cierto es que de ninguna forma demerita que en el caso concreto surja la figura jur�dica de causahabiencia en perjuicio del quejoso F.M.V.R., pues adquiri� el inmueble en cuesti�n con posterioridad a la resoluci�n de dotaci�n de que se trata. Es decir, a su juicio el aludido instrumento notarial es de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, y en el procedimiento de dotaci�n en cuesti�n se emiti� la resoluci�n el diez de agosto de mil novecientos noventa y tres; adem�s de que los causantes de los quejosos fueron emplazados a ese procedimiento el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres; por tanto, no puede considerarse que el peticionario de garant�as tenga el car�cter de tercero extra�o al procedimiento administrativo dotatorio del que derivan los actos reclamados, por ser causahabiente de sus vendedores, los que s� tuvieron conocimiento pleno de ese procedimiento.

    5. Lo anterior, el Tribunal Colegiado mencionado lo consider� con base en que la "figura jur�dica de causahabiencia, para los efectos del juicio de garant�as, es una cuesti�n que ata�e al fondo del negocio y no a la improcedencia de la v�a constitucional, y si bien el quejoso fue escuchado en el procedimiento dotatorio a trav�s de su causante, no implica que el acto reclamado, consistente en el desposeimiento de los predios de m�rito, no afecte su inter�s jur�dico, pues evidentemente s� vulnera el derecho que el causahabiente aduce para ser escuchado en el aludido procedimiento, motivo por lo que no se surte la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n V, de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales y, en consecuencia, lo procedente no es sobreseer el juicio de garant�as sino negar el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitados.".

      La ejecutoria de m�rito origin� la tesis aislada II.1o.145 K, consultable en la p�gina cuatrocientos veintiuno, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XIV, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava �poca, Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente:

      "CAUSAHABIENTE. INTER�S JUR�DICO DEL. El fen�meno de la causahabiencia para los efectos del juicio de garant�as, es una cuesti�n que ata�e al fondo del negocio y no a la improcedencia de tal negocio. En esas condiciones, si a virtud de la existencia de la figura jur�dica de m�rito una autoridad de instancia no est� obligada a respetar el derecho de audiencia de un causahabiente, porque �ste ya fue escuchado mediante su causante, significa que dicha responsable no viola garant�as individuales en perjuicio del quejoso; pero no, que el acto de tal autoridad no afecte el inter�s jur�dico de aqu�l, pues evidentemente, s� vulnera el derecho que el causahabiente aduce para ser escuchado en el negocio; por tanto, en esa hip�tesis, no se surte la causal de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107Constitucionales."

  2. A su vez, de la resoluci�n dictada por el Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, al fallar el juicio de amparo en revisi�n 507/95, se advierte lo siguiente:

    1. Mar�a T.C.C. de L�pez, D., R., D. y C.U., todos de apellidos L�pez Cruz, demandaron el amparo contra los actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Mixquiahuala de Ju�rez, Estado de H.; Juez de lo Civil y Familiar de Actopan, Estado de H.; actuarios adscritos a esos juzgados; comandante de la Polic�a Judicial de Actopan, Estado de H.; y comandante de la Polic�a Municipal de San Salvador, Estado de H., consistentes en el acuerdo de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, que manda ejecutar la sentencia definitiva dictada en el expediente 370/93, relativo al juicio ordinario civil plenario de posesi�n seguido en contra de U.L.L., y su cumplimiento consistente en la entrega f�sica y material de los terrenos objeto de ese juicio a A.L.L. y O.E. L�pez, pretendiendo desposeer a los quejosos de los predios y casa en que adujeron vivir desde hace m�s de cuarenta y cuatro a�os, y que disfrutan en forma pac�fica, p�blica, continua, de buena fe e ininterrumpida, y que fueron propiedad del finado E. L�pez, quien fue suegro de la primera de los quejosos, y de los dem�s abuelo; derecho de posesi�n que adquirieron a trav�s del tiempo transcurrido, y que en ning�n momento fueron o�dos ni vencidos en ese juicio.

    2. De la demanda mencionada conoci� la Juez Primero de Distrito en el Estado de H., quien emiti� sentencia el doce de octubre de mil novecientos noventa y cinco, la cual se termin� de engrosar el diecis�is del mismo mes y a�o, en la que resolvi� negar el amparo solicitado por los quejosos, por estimar que no eran terceros extra�os al juicio natural, en virtud de que en ese procedimiento fueron o�dos y vencidos a trav�s de su causante.

    3. En contra de esa resoluci�n los quejosos interpusieron revisi�n de la que correspondi� conocer al Tribunal Colegiado mencionado, el cual, en lo que interesa, consider� innecesario analizar los agravios aducidos por D., R., D. y C.U., de apellidos L�pez Cruz, toda vez que a su juicio era m�s adecuado "... atenta la t�cnica que impera en materia de amparo, sobreseer en el juicio de garant�as que negar el amparo solicitado, cuando se arriba a la conclusi�n de que los quejosos son causahabientes; pues a ese respecto, en el caso concreto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo, misma que se invoca de oficio, en t�rminos del �ltimo p�rrafo del numeral y ley antes mencionados.".

      En efecto, a juicio del Tribunal Colegiado, el resolutor federal consider� que si bien es cierto los peticionarios de garant�as y revisionistas citados en el p�rrafo que antecede acreditaron que detentan la posesi�n de los predios que fueron objeto del juicio ordinario civil en donde se ejercit� la acci�n plenaria de posesi�n, sin haber sido o�dos ni vencidos en el mismo, tambi�n lo es que en el caso concreto los recurrentes tienen el car�cter de causahabientes, por tanto, debe estimarse que ya fueron o�dos y vencidos en ese juicio a trav�s de su causante, y si no intervinieron personalmente resulta una cuesti�n secundaria al resultado del fallo, por lo que en el caso debe considerarse que los quejosos carecen de inter�s jur�dico para promover el juicio de amparo.

      Asimismo, el �rgano colegiado mencionado se�al� que, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sustentado criterio firme en el sentido de que acreditado el hecho de la posesi�n debe ser respetado, independientemente de que dicha posesi�n sea buena o mala, y que los revisionistas acreditaron que detentan la posesi�n de los inmuebles en disputa, tambi�n lo es que esa circunstancia, en el caso concreto, no es suficiente para que procediera el juicio de garant�as a efecto de que sea respetado ese derecho de posesi�n, es decir, para que antes de privarlos del mismo sean debidamente o�dos y vencidos en juicio, en observancia de la garant�a de audiencia, pues no debe perderse de vista que dicha posesi�n no es a t�tulo particular, sino derivada de su causante, que en el caso lo fue su padre U.L.L., quien fue debidamente o�do y vencido en el juicio plenario de posesi�n; por tanto, la posesi�n que afirman tener los amparistas y recurrentes debe entenderse que se inici� con posterioridad al inicio del juicio ordinario civil de referencia, toda vez que la propia madre de los quejosos afirm�, al momento de desahogarse la prueba de inspecci�n ocular, que dichos predios en conflicto los ten�a realmente en posesi�n su marido, o sea, U.L.L., as� es que la posesi�n adquirida en estos t�rminos no es a t�tulo particular, sino como consecuencia de la que detent� su causante; en esas condiciones, los aqu� inconformes resultan ser causahabientes del demandado en el juicio plenario de posesi�n y, por ende, no pueden ostentarse como terceros extra�os a juicio, por lo que carecen de inter�s jur�dico para promover el juicio de garant�as, actualiz�ndose la causa de improcedencia prevista en la fracci�n V del numeral 73 de la Ley de Amparo pues, se insiste, los amparistas ya fueron o�dos y vencidos en juicio por conducto de su causante.

      Asimismo, el tribunal mencionado adujo que "... la causahabiencia implica la sustituci�n de una persona por otra respecto de un mismo derecho, por lo que si en el caso, los recurrentes de referencia obtuvieron la posesi�n del inmueble en disputa con posterioridad al inicio del juicio plenario de posesi�n instaurado en contra de su padre, es evidente que los quejosos y revisionistas ya fueron o�dos y vencidos en juicio por su causante, de donde les deriva el car�cter de causahabientes; por tanto, acreditada la causahabiencia que les resulta a los quejosos, es evidente que carecen de inter�s jur�dico para promover el juicio de garant�as, pues los mismos ya fueron o�dos y vencidos en juicio por su causante, es decir, por el demandado en el juicio plenario de posesi�n, por lo que no pueden ostentarse como terceros extra�os a dicho juicio, ni mucho menos alegar derechos sobre los predios en conflicto, pues esos derechos ya fueron disputados por su causante en un juicio plenario de posesi�n.".

      La resoluci�n mencionada origin� la tesis aislada XXII.11 C, que aparece en la p�gina cuatrocientos treinta y cinco, T.I., febrero de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

      INTER�S JUR�DICO, FALTA DE. CAUSAHABIENTE, POSESI�N DERIVADA DEL. La causahabiencia implica la sustituci�n de una persona por otra, respecto de un mismo derecho, por lo que en un supuesto caso, si el quejoso obtiene la posesi�n del inmueble en disputa con posterioridad al inicio de un juicio plenario de posesi�n instaurado en contra de su causante, es evidente que el quejoso ya fue o�do y vencido en juicio, a trav�s de dicho causante, de donde le deriva el car�cter de causahabiente; por tanto, acreditada la causahabiencia que le resulta al quejoso, es manifiesto que carece de inter�s jur�dico para promover el juicio de garant�as, por lo que no puede ostentarse como tercero extra�o a dicho juicio, en tales condiciones lo procedente, es sobreseer en el mismo, con fundamento en la fracci�n III del art�culo 74 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracci�n V, del numeral 73 de la ley antes mencionada.

      De lo expuesto se advierte que el Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado del circuito citado, sostiene que acreditada la causahabiencia el quejoso no tiene inter�s jur�dico para promover el juicio de garant�as en contra de los actos de desposesi�n reclamados, porque no puede ostentarse tercero extra�o al juicio de origen, en virtud de que ya fue o�do y vencido en ese procedimiento a trav�s de su causante, por lo que se impone sobreseer con fundamento en el art�culo 73, fracci�n V, de la Ley de Amparo.

      En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito estima que la causahabiencia, para lo efectos del juicio de garant�as, es una cuesti�n que ata�e al fondo del negocio y no a la improcedencia de tal negocio, por lo que procede negar el amparo y no sobreseerse.

      Ahora bien, como se advierte, las ejecutorias de que se trata comparten como elementos comunes:

    4. Ambos recursos se interpusieron en contra de sentencias dictadas en juicios de amparo indirecto.

    5. En las dos ejecutorias se tratan los temas de causahabiencia e inter�s jur�dico en el juicio de amparo.

    6. Ambas ejecutorias convienen en que los quejosos son causahabientes de los anteriores tenedores (causantes) de los derechos controvertidos en los procedimientos que dieron origen a los actos reclamados (�rdenes de desposesi�n de sus bienes), causantes aquellos que fueron escuchados en tales procedimientos, razones por las cuales ambos Tribunales Colegiados sostienen que los peticionarios de garant�as no tienen el car�cter de terceros extra�os a aquellos procedimientos en que ya fueron o�dos y vencidos a trav�s de sus causantes.

      No obstante, los fallos de que se trata son discrepantes por cuanto a que una vez acreditada la causahabiencia, el Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado de ese circuito, consider� que el quejoso carece de inter�s jur�dico, porque el acto impugnado no le agravia en virtud de haber sido o�do y vencido a trav�s de su causante en el juicio natural del que derivan los actos reclamados, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el art�culo 73, fracci�n V, de la Ley de Amparo, lo que origina el sobreseimiento del juicio de garant�as; mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito estim� que la figura jur�dica de la causahabiencia es un problema de fondo, raz�n por la que deb�a negarse el amparo.

      Por tanto, el punto o materia de la contradicci�n entre los criterios aludidos estriba en determinar si para los efectos del juicio de amparo, una vez acreditada la figura de la causahabiencia debe sobreseerse porque el peticionario de garant�as no acredita su inter�s jur�dico, en t�rminos del art�culo 73, fracci�n V, de la ley de la materia, por lo que no puede ostentarse tercero extra�o al juicio de origen, en virtud de haber sido o�do y vencido a trav�s de su causante en el procedimiento del que derivan los actos reclamados; o bien, debe negarse el amparo porque la figura jur�dica mencionada es una cuesti�n que ata�e al fondo del juicio de garant�as y no a la improcedencia de la v�a constitucional.

      Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 26/2001, de este Tribunal P., publicada en la p�gina setenta y seis, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de dos mil uno, que dice:

      CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

      Asimismo, cobra aplicaci�n la jurisprudencia 27/2001, del Tribunal P., publicada en la p�gina setenta y siete, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de dos mil uno, que dice:

      CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

S�PTIMO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio establecido en la presente resoluci�n, coincidente en lo esencial con el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

En primer t�rmino, es conveniente citar lo que el art�culo 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece:

"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguir� siempre a instancia de parte agraviada;

"...

"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo s�lo proceder� en los casos siguientes:

"...

"c) Contra actos que afecten a personas extra�as al juicio;

"...

VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o despu�s de concluido, o que afecten a personas extra�as al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondr� ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicci�n se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitaci�n se limitar� al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citar� en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibir�n las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oir�n los alegatos, pronunci�ndose en la misma audiencia la sentencia ...

A su vez, los art�culos 4o., 73, fracci�n V y 114, fracci�n V, de la Ley de Amparo, disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

"Art�culo 4o. El juicio de amparo �nicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por s�, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de alg�n pariente o persona extra�a en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y s�lo podr� seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor."

"Art�culo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"V. Contra actos que no afecten los intereses jur�dicos del quejoso."

"Art�culo 114. El amparo se pedir� ante el Juez de Distrito:

"...

V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extra�as a �l, cuando la ley no establezca a favor del afectado alg�n recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercer�a.

De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguir� siempre a instancia de parte agraviada, o sea, aquella a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame.

A trav�s del ejercicio de la acci�n constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho p�blico subjetivo que en su perjuicio fue infringido por las autoridades que emitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acci�n, que es un derecho instrumental, se pretende el respeto del derecho p�blico subjetivo y, en su caso, la restituci�n en su goce; pero resulta que tal derecho subjetivo puede o no existir, o no haber sido infringido por la autoridad responsable, sin embargo, el �rgano prestador de la funci�n jurisdiccional se activ� debido a que el derecho de acci�n es din�mico.

Por tanto, quien ejercita la acci�n de amparo siempre se ostenta titular de un derecho subjetivo amenazado por alg�n acto u omisi�n de las responsables, y en tal evento requiere acudir ante los tribunales para solicitar la protecci�n federal, es decir, tiene necesidad de que se respeten las garant�as individuales otorgadas por la Constituci�n Federal que alega han sido infringidas, porque al haber resentido un perjuicio, un menoscabo o una ofensa en su esfera jur�dica tiene inter�s en que la Justicia Federal le ampare.

As�, de conformidad con el art�culo 107, fracci�n I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garant�as es requisito indispensable que s�lo quien resiente un agravio personal y directo puede acudir a la v�a constitucional.

En apoyo a lo antes considerado cabe citar la tesis cuyos datos de identificaci�n y texto enseguida se transcriben:

"INTER�S JUR�DICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional, la existencia del inter�s jur�dico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho leg�timamente tutelado que, al ser transgredido por la actuaci�n de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el �rgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresi�n cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jur�dicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a trav�s de la norma." (Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, p�gina ochenta, S�ptima �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n, tomo 193-198, Cuarta Parte).

Luego, si en t�rminos del art�culo 73, fracci�n V, de la ley de la materia, para acreditar la procedencia del juicio de amparo es menester que la parte agraviada acredite indubitablemente su inter�s jur�dico, es evidente que el an�lisis de las pruebas aportadas para tal efecto se constri�e a determinar si el promovente del amparo es titular del derecho subjetivo tutelado por una norma jur�dica y que es afectado por el acto reclamado, esto es, debe estudiarse el acreditamiento del inter�s jur�dico en s� mismo, entendido �ste como la titularidad que el promovente del amparo tiene respecto de los derechos afectados por el acto reclamado.

Asimismo, deben estudiarse los dem�s requisitos necesarios para la procedencia del juicio y determinar si en el caso no concurre alguna de las causales que la impidan, previstas en el art�culo 73 de la Leyde Amparo.

Al efecto, se observa que la procedencia del amparo y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para tal procedencia, constituyen uno de los presupuestos procesales para la instauraci�n del juicio de amparo, de tal manera que su ausencia impide su conformaci�n dando lugar al desechamiento de la demanda de amparo, o bien, si se advierte o sobreviene durante el juicio da lugar al sobreseimiento del mismo.

De tal manera son extremas las consecuencias de la falta de elementos para la procedencia del juicio que producen la desestimaci�n de la acci�n de garant�as del quejoso, de ah� que los criterios sustentados por la doctrina y la jurisprudencia establezcan que las causales de improcedencia, al ser normas de excepci�n a la conformaci�n del juicio, son de estricta aplicaci�n y, por ende, no pueden establecerse por presunciones ni comprendiendo en ellas casos distintos a los contemplados en las hip�tesis previstas, sino, por el contrario, la existencia de tales causales en un caso determinado deben ser claras e indiscutibles.

Del an�lisis del art�culo 73 de la Ley de Amparo se advierte que en ninguna de sus fracciones se prev� la causahabiencia en s� misma como una causa de improcedencia, por lo que no puede sobreseerse por ese �nico motivo.

Por su parte, el art�culo 74 de la ley de la materia establece limitativamente las causas de sobreseimiento del juicio de amparo, a saber:

"Art�culo 74. Procede el sobreseimiento:

"I. Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda;

"II. Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garant�a reclamada s�lo afecta a su persona;

"III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el cap�tulo anterior;

"IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el art�culo 155 de esta ley.

"Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, la parte quejosa y la autoridad o autoridades responsables est�n obligadas a manifestarlo as�, y si no cumplen esa obligaci�n, se les impondr� una multa de diez a ciento ochenta d�as de salario, seg�n las circunstancias del caso.

"V. En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en tr�mite ante los Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha efectuado ning�n acto procesal durante el t�rmino de trescientos d�as, incluyendo los inh�biles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso.

"En los amparos en revisi�n, la inactividad procesal o la falta de promoci�n del recurrente durante el t�rmino indicado, producir� la caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declarar� que ha quedado firme la sentencia recurrida.

"En los amparos en materia de trabajo operar� el sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia en los t�rminos antes se�alados, cuando el quejoso o recurrente, seg�n el caso, sea el patr�n.

"Celebrada la audiencia constitucional o listado el asunto para audiencia no proceder� el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia."

Luego, si en el juicio de amparo el quejoso acredita mediante un t�tulo jur�dico tener un derecho que tutela la norma legal afectado por un acto de autoridad que le perjudica, es innegable que es titular de un derecho subjetivo que ha resentido una afectaci�n y con ello se configura el inter�s jur�dico indispensable para la procedencia del juicio.

En la contradicci�n que se plantea, aparece que los quejosos en cada uno de los juicios de garant�as reclamaron actos de desposeimiento dictados por las autoridades responsables; que en todos los casos los quejosos se ostentaron, respectivamente, como terceros extra�os a un procedimiento de dotaci�n de tierras y a un juicio plenario de posesi�n, acreditando tener derechos posesorios, y en uno de los casos, adem�s, derechos de propiedad derivados de sus correspondientes t�tulos jur�dicos tutelados por los C�digos Civiles de las entidades federativas correspondientes, pues las normas contenidas en ellos atribuyen derechos y obligaciones a los detentadores de dichos t�tulos, por lo que resulta incontrovertible que en ambos casos concurri� el inter�s jur�dico de los accionantes.

Por otra parte, es menester precisar la figura jur�dica de la causahabiencia y sus consecuencias. La doctrina define al causahabiente como la persona que ha sustituido o se ha subrogado por cualquier t�tulo en el derecho de otra u otras. Junto a las partes, en determinados actos jur�dicos, est�n aquellas personas que por un acontecimiento posterior a la realizaci�n del mismo adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores. A aqu�llos se les conoce con el nombre de causahabientes, a �stos con el de causantes.

Existen dos especies de causahabientes: a) a t�tulo universal, y b) a t�tulo particular. La primera se presenta cuando el causahabiente sustituye al causante en todo su patrimonio o en una parte al�cuota de �l, por ejemplo, en la sucesi�n testamentaria o intestamentaria existe una causahabiencia por efecto de la ley, en virtud de que en s� misma tiene car�cter universal por comprender la masa del patrimonio de su autor. La segunda puede serlo por cesi�n de derechos y obligaciones o por subrogaci�n.

Con el t�rmino "causahabiente" se considera que se designa a la persona que despu�s de celebrado un acto jur�dico adquiere en forma derivada del autor de �l, por transmisi�n, los derechos y las obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relaci�n jur�dica.

Luego entonces, el causahabiente es quien con posterioridad al nacimiento de la relaci�n jur�dica entre partes distintas a �l, entra en el mismo acto jur�dico celebrado en calidad de sujeto de la relaci�n, coloc�ndose en la posici�n de uno de los autores del acto, sustituyendo a �ste, a quien se le denomina causante.

En efecto, como deriva de los precedentes materia de la presente contradicci�n, existi� causahabiencia porque con anterioridad a la transmisi�n de derechos reales, como fueron los alegados, el adquirente de ellos en la relaci�n jur�dica original (causante), fue demandado y afectado en un juicio en el que se discutieron tales derechos, por lo que el adquirente o cesionario (causahabiente) recibi� el bien en las condiciones ya decididas en aquel juicio, adquiriendo en realidad derechos litigiosos. Entonces, el quejoso al tener el car�cter de causahabiente de aquellos derechos reales controvertidos en el procedimiento por �l reclamado en el juicio de amparo, excluye que pueda ser tenido como tercero extra�o al precitado juicio en el que fue llamado o intervino como parte su causante.

Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia cuyos datos de identificaci�n y texto enseguida se transcriben:

"PERSONA EXTRA�A A JUICIO, CONCEPTO DE.-Para los efectos del juicio de amparo, en los t�rminos del art�culo 114, fracci�n V, de la ley de la materia, persona extra�a es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecuci�n de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser o�da en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." (Tesis P./J. 7/98, publicada en la p�gina cincuenta y seis del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo VII, Novena �poca, P., enero de mil novecientos noventa y ocho).

Ahora bien, si por causahabiente se entiende la persona que se ha sustituido por cualquier t�tulo en el derecho de otra u otras, junto a las partes en determinados actos jur�dicos, es evidente que para determinar si existe o no causahabiencia en cada caso debe atenderse a la naturaleza del t�tulo jur�dico fundatorio del derecho del accionante y valorar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se adviertan de las actuaciones del juicio del que derivan los actos reclamados en v�a constitucional, para as� poder establecer si quien ejercita la acci�n de amparo se subrog� en los derechos y obligaciones de una de las partes en el juicio natural y, por tanto, que no es tercero extra�o al mismo por haber sido o�do y vencido en ese procedimiento.

Por tanto, cuando el quejoso se ostenta como tercero extra�o a un procedimiento y en el juicio de amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situaci�n en el amparo es id�ntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causas de improcedencia que afectar�an al causante son v�lidas tambi�n para el causahabiente, porque �ste est� sujeto a la misma situaci�n jur�dica de aqu�l. De lo anterior se desprende que aun cuando exista causahabiencia, si no concurren causales de improcedencia que hayan afectado al causante, el juicio no debe sobreseerse y debe entrarse al estudio de los conceptos de violaci�n.

Tales aspectos se precisar�n con el examen de los antecedentes del acto reclamado y de las constancias del juicio de garant�as, e incluso del procedimiento de donde provenga el acto reclamado.

Lo anterior permitir� establecer si en el caso concreto a estudio el quejoso realmente es un causahabiente y si ya fue o�do y vencido en juicio por conducto de su causante, pues la causahabiencia y los efectos legales que produzca no constituyen por s� mismos causa de improcedencia, raz�n por la cual la determinaci�n del sobreseimiento es materia del an�lisis de las causas establecidas en el art�culo 74 de la Ley de Amparo, en relaci�n con el art�culo 73 de la misma ley.

Por consiguiente, si el amparo que llegara a promover el causante ostent�ndose como tercero extra�o y aduciendo violaci�n a la garant�a de audiencia no debe ser sobrese�do, sino resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe hacerse cuando es el causahabiente quien lo promueve con iguales argumentos.

Asimismo, con independencia de que el quejoso tenga el car�cter de parte causahabiente en relaci�n con los bienes o derechos debatidos en el juicio natural, o sea, tercero extra�o a ese procedimiento, debe justificar en el juicio de amparo la afectaci�n a su inter�s jur�dico como uno de los requisitos de procedencia del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 4o. de la Ley de Amparo. A su vez, la verificaci�n y posterior determinaci�n de que el impetrante tiene el car�cter de causahabiente del derecho real controvertido en el procedimiento del que derivan los actos reclamados, o bien, es un tercero extra�o al juicio por no existir causahabiencia, sin que existan causales de improcedencia, ubica al quejoso en la posici�n sustantiva del derecho que le corresponde frente a la violaci�n de garant�as alegada, lo cual traer� como consecuencia la concesi�n o la negativa del amparo, pero no la improcedencia de la v�a constitucional, puesto que en cada caso concreto se tendr� que analizar si hay o no causahabiencia, pues esta figura no es motivo de improcedencia, ya que no es posible sobreseer en el juicio, ni menos a�n desechar la demanda cuando quien lo promueve es causahabiente, dado que ese car�cter no genera por s� mismo la falta de inter�s jur�dico para acudir al juicio de garant�as, por la consideraci�n a priori de que ya fue o�do y vencido a trav�s de su causante, ni la causahabiencia, en s� misma considerada, constituye una causa de improcedencia.

No obsta a lo expuesto que el Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, para apoyar las consideraciones de su tesis, consistentes en que los peticionarios de garant�as no acreditaron su inter�s jur�dico por ser causahabientes de quien ya fue o�do y vencido en el juicio plenario de posesi�n del que derivaron los actos de desposesi�n reclamados, por lo que no pod�an ostentarse terceros extra�os al juicio y, en consecuencia, sobresey� con fundamento en el art�culo 73, fracci�n V, de la Ley de Amparo, haya invocado por analog�a el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia cuyo rubro es: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTER�S JUR�DICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.", puesto que la citada jurisprudencia no resulta aplicable por contemplar la figura espec�fica del subarriendo no autorizado por el arrendador, situaci�n jur�dica diversa a las analizadas en las tesis en contradicci�n.

En los precedentes de los que deriva esta contradicci�n, el acto de desposeimiento impugnado no deriv� de un contrato de subarrendamiento. Como ya se dijo con antelaci�n, los peticionarios de garant�as en ambos juicios de amparo, respectivamente, se ostentaron terceros extra�os a un procedimiento de dotaci�n de tierras y a un juicio plenario de posesi�n, acreditaron tener derechos en un caso de propiedad y en ambos los posesorios derivados de un t�tulo jur�dico que est�n tutelados por los C�digos Civiles de las diversas entidades federativas que resultaron aplicables, pues las normas contenidas en ellos atribuyen derechos y obligaciones a los detentadores de dichos t�tulos, por lo que resulta incontrovertible que en ambos casos concurri� el inter�s jur�dico de los agraviados, por lo que no habiendo existido otras causas de improcedencia, la verificaci�n y posterior determinaci�n de que tienen el car�cter de causahabientes del derecho real controvertido en el procedimiento del que derivan los actos reclamados, o bien, son terceros extra�os al juicio por no existir causahabiencia, debi� llevar a la resoluci�n del fondo del amparo.

En consecuencia, el nuevo criterio que se establece es sin perjuicio de la aplicaci�n de la jurisprudencia cuyo rubro se cit� en l�neas precedentes, porque contempla exclusivamente la especie del subarrendamiento no autorizado por el arrendador, situaci�n jur�dica de contenido y consecuencias espec�ficas y diversas a lo aqu� sustentado.

En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el siguiente criterio contenido en la tesis que deber� identificarse con el n�mero que le corresponda y que queda redactada bajo los siguientes rubro y texto:

CAUSAHABIENCIA. NO ES POR S� MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO.-El art�culo 73 de la Ley de Amparo no establece como causal de improcedencia el fen�meno de la causahabiencia, motivo por el cual no se debe sobreseer en el juicio por esa raz�n, en s� misma considerada; sin embargo, cuando el promovente se ostenta como tercero extra�o a un procedimiento y en el amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situaci�n en el amparo es id�ntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectar�an al causante son v�lidas tambi�n para el causahabiente porque �ste est� sujeto a la misma situaci�n jur�dica de aqu�l, por tanto, si el amparo que llegara a promover el causante ostent�ndose como persona extra�a al juicio y aduciendo violaci�n a la garant�a de audiencia no debe ser sobrese�do sino resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe hacerse cuando es el causahabiente quien lo promueve con iguales argumentos. La presente tesis no afecta el criterio sustentado en la diversa jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n cuyo rubro es: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTER�S JUR�DICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.", toda vez que esta �ltima contempla exclusivamente la especie del subarrendamiento no autorizado por el arrendador, situaci�n jur�dica de contenido y consecuencias espec�ficas y diversas a lo aqu� sustentado.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en la ciudad de Toluca, Estado de M�xico, al fallar el juicio de amparo en revisi�n 261/2001, y la establecida por el Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito al fallar el juicio de amparo en revisi�n 507/95.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Segunda Sala, coincidente con el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo la tesis redactada en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

N.�quese; rem�tase testimonio de esta resoluci�n a los Tribunales Colegiados contendientes y la tesis jurisprudencial que se establece en esta resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis, as� como de la parte considerativa correspondiente para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, y h�gase del conocimiento del P. y de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resoluci�n, en acatamiento a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo y, en su oportunidad, arch�vese el toca.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: J.D.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A.A. y presidente J.V.A.A.�n. Fue ponente el M.S.S.A.A.. Ausente el M.G.I.O.M., previo aviso dado a la Presidencia.

Nota: La tesis de rubro: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTER�S JUR�DICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.", citada en esta ejecutoria, aparece publicada con el n�mero 138 en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, p�gina 115.