Ejecutoria num. 1a./J. 24/2002 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26826290

Ejecutoria num. 1a./J. 24/2002 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 24/2002
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 2002
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 73/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. AVAL. AL CONSTITUIR UNA GARANTÍA MERCANTIL DE APLICACIÓN EXCLUSIVA A LOS TÍTULOS DE CRÉDITO, A QUIEN ASÍ SE OBLIGUE EN UN CONTRATO MERCANTIL, DEBE TENÉRSELE, CONFORME A LA NATURALEZA Y OBJETO DE ESTE TIPO DE CONTRATOS, COMO FIADOR, SALVO QUE DE LA INTERPRETACIÓN DE SUS CLÁUSULAS PUEDA DERIVARSE OTRO INSTITUTO DE GARANTÍA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 73/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al conocer del juicio de amparo n�mero DC. 9423/2000 consider�, en lo que interesa, lo siguiente:

CONSIDERANDO: ... SEXTO. La interpretaci�n de la cl�usula s�ptima del contrato, exhibido como base de la acci�n, no es violatoria de garant�as. Esa cl�usula s�ptima del contrato base de la acci�n es del tenor literal siguiente: ?S�ptima. Garant�as. El acreditado, la obligada solidaria y el aval, responden preferentemente del cumplimiento de las obligaciones que contraen o puedan contraer por virtud de este contrato, y por la disposici�n de los cr�ditos otorgados, as� como la (sic) que se deriven de la ley o de resoluciones judiciales. Con todos sus bienes presentes y que en el futuro adquieran, sin necesidad de anteriores anotaciones o inscripciones en el Registro P�blico que corresponda, salvo que se trate de bienes inmuebles. De conformidad con lo dispuesto por el segundo p�rrafo de la fracci�n II del art�culo 43 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr�dito. Adem�s, el acreditado, en garant�a del exacto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, constituye las siguientes garant�as: 1. Las naturales, como son: materiales y materias primas, que se adquieran o sean adquiridas en un futuro. 2. La obligaci�n solidaria de la empresa denominada Inmobiliaria Hezomo, S.A., representada en este acto por su apoderado legal, M.P.J.. 3. El aval del Sr. �scar A.M.. 4. El bien inmueble descrito en la declaraci�n IV de la obligada solidaria, que aqu� se describe como si se insertara a su letra ...?. Conforme al sentido literal de esa cl�usula, �scar A.M. otorg� su consentimiento en su car�cter de avalista y se oblig� a responder preferentemente del cumplimiento de las obligaciones que contrajo o pudiera contraer por virtud del contrato y por la disposici�n de los cr�ditos otorgados a la acreditada Grupo Albri, S.A. de C.V., as� como de las que deriven de la ley o de resoluciones judiciales. Luego, el pagar� que garantiz� el cumplimiento de la obligaci�n contra�da, corrobora que �scar A.M. s� tiene el car�cter de avalista y qued� obligado al cumplimiento de las prestaciones reclamadas, conforme a lo dispuesto por el numeral 109 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito. Luego, como garant�a del exacto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, el acreditado otorg�, entre otras garant�as, el aval de �scar A.M. y asumi� ese car�cter al suscribir el contrato, as� como el pagar� correlativo que guarda relaci�n con el contrato de cr�dito de habilitaci�n. Asimismo, como el art�culo 78 del C�digo de Comercio permite que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y t�rminos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados, basta que haya aceptado la calidad de aval en el contrato de habilitaci�n para que deba responder con esa calidad, porque si bien el aval es una instituci�n propia de los t�tulos de cr�dito, en t�rminos del art�culo 109 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, no hay precepto legal que proh�ba adquirir esa calidad de aval respecto de un contrato de habilitaci�n y, por el contrario, en materia mercantil el art�culo 78 del C�digo de Comercio otorga el reconocimiento a la voluntad de las partes como norma suprema en los contratos, al establecer que cada uno se obliga en los t�rminos que aparezca que quiso obligarse; de modo que esa instituci�n del aval en el contrato de habilitaci�n implica que el suscriptor con ese car�cter adquiere el de obligado solidario, en t�rminos de los art�culos 1984, 1987, 1988 y 1989 del C�digo Civil para el Distrito Federal, de aplicaci�n supletoria al de Comercio, conforme al art�culo 2o. de este �ltimo. Por tanto, la instituci�n del aval, aunque est� prevista para los t�tulos de cr�dito, cuando se utiliza con alg�n otro contrato como el de la especie, debe interpretarse en el contexto del documento y considerarse que en realidad es un obligado solidario quien prest� su voluntad al suscribir el acto jur�dico, y no puede en un juicio desconocer su obligaci�n solidaria, porque falta a la buena fe, ni el �rgano jurisdiccional puede eximirlo de la obligaci�n por ser una cuesti�n formal.

La tesis que se dict� con motivo de la anterior ejecutoria es la siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIV, agosto de 2001

"Tesis: I.3o.C.235 C

"P�gina: 1198

AVAL. NO CONSTITUYE UNA INSTITUCI�N DE GARANT�A EXCLUSIVA DE LOS T�TULOS DE CR�DITO. Cuando en un contrato de cr�dito de habilitaci�n un acreditado otorg�, entre otras garant�as, el aval de una persona, quien asumi� ese car�cter al suscribir el contrato, as� como el pagar� correlativo que guarda relaci�n con ese contrato, debe ten�rsele como obligado solidario, porque si bien el aval es una instituci�n propia de los t�tulos de cr�dito, en t�rminos del art�culo 109 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, no hay precepto legal que proh�ba adquirir esa calidad de aval respecto de un contrato de habilitaci�n y, por el contrario, en materia mercantil el art�culo 78 del C�digo de Comercio otorga a la voluntad de las partes la norma suprema en los contratos, al establecer que cada uno se obliga en los t�rminos que aparezca que quiso obligarse; de modo que esa instituci�n del aval en el contrato de habilitaci�n implica que el suscriptor con ese car�cter adquiere el de obligado solidario, en t�rminos de los art�culos 1984, 1987, 1988 y 1989 del C�digo Civil para el Distrito Federal, de aplicaci�n supletoria al de Comercio, conforme al art�culo 2o. de este �ltimo. Luego, la instituci�n del aval, aunque est� prevista para los t�tulos de cr�dito, cuando se utiliza en alg�n otro contrato, debe interpretarse en el contexto del documento y considerarse que en realidad es un obligado solidario, quien prest� su voluntad al suscribir el acto jur�dico, y no puede desconocer en un juicio su obligaci�n solidaria, porque falta a la buena fe, ni el �rgano jurisdiccional puede eximirlo de la obligaci�n por ser una cuesti�n formal que no puede motivar la inexistencia ni nulidad de su obligaci�n contra�da.

TERCERO

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al conocer del juicio de amparo n�mero DC. 2865/95, consider� lo siguiente:

CONSIDERANDO: ... QUINTO. ... En una parte de su primer concepto de violaci�n, el referido quejoso alega que la figura del aval o avalista es una forma de obligarse en los t�tulos de cr�dito, por medio de la cual se garantiza en todo o en parte el pago de los mismos, por lo que dicha figura es una instituci�n de derecho mercantil, aplicable en exclusiva a los t�tulos de cr�dito; por lo que la Sala responsable no est� en lo correcto al considerar que la figura del avalista se presenta en cualquier tipo de relaci�n contractual, civil o mercantil, as� como en cualquier documento que traiga aparejada ejecuci�n. Es fundado el motivo de inconformidad que se analiza, pues es cierto que la figura jur�dica del aval es exclusiva de los t�tulos de cr�dito, ya que de acuerdo a los t�rminos de los art�culos relacionados 109 y 116 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de los t�tulos de cr�dito, quedando el avalista como obligado solidario de aquel cuya firma ha garantizado. Consecuentemente, la afirmaci�n de la Sala responsable, hecha en el sentido de que la figura del aval tiene aplicaci�n a cualquier relaci�n jur�dica civil o mercantil, carece de sustento legal alguno. El anterior criterio se corrobora si se toma en cuenta que las obligaciones de car�cter civil o mercantil (que no deriven de un t�tulo de cr�dito), admiten ser garantizadas en su pago por un tercero, a trav�s del contrato de fianza a que se refiere el art�culo 2794 del C�digo Civil para el Distrito Federal, o bien, a trav�s de la instituci�n jur�dica de la solidaridad pasiva a que se refieren los art�culos relacionados 1987, 1988 y 1989 del C�digo Civil en cita, la cual no se presume, por lo que debe hacerse constar expresamente.

La anterior ejecutoria motiv� la siguiente tesis:

"Novena �poca

"Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: II, agosto de 1995

"Tesis: I.5o.C.10 C

"P�gina: 475

"AVAL. CONSTITUYE UNA INSTITUCI�N DE GARANT�A EXCLUSIVA DE LOS T�TULOS DE CR�DITO. El aval es una instituci�n jur�dica de garant�a exclusiva de los t�tulos de cr�dito, ya que de acuerdo con lo dispuesto por los art�culos 109 y 116 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de los t�tulos de cr�dito, quedando el avalista como obligado solidario de aquel cuya firma ha garantizado. Corrobora lo anterior, el hecho de que las obligaciones de car�cter civil o mercantil que no deriven de un t�tulo de cr�dito, admiten ser garantizadas en su pago, por un tercero, a trav�s del contrato de fianza a que se refiere el art�culo 2794 del C�digo Civil para el Distrito Federal, o bien mediante la figura jur�dica de la solidaridad pasiva de conformidad con los numerales 1987, 1988 y 1989 del c�digo en cita, la cual no se presume, por lo que debe hacerse constar expresamente. Consecuentemente, carece de sustento legal la afirmaci�n del tribunal de segundo grado consistente en que el aval tiene aplicaci�n a cualquier relaci�n jur�dica civil o mercantil.

"QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 2865/95. M.Z.A.. 15 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Efra�n O.O.. Secretario: E.F.N.G.�n.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicci�n de tesis 73/2001, pendiente de resolver en la Primera Sala.

CUARTO

Con la finalidad de determinar si existe la contradicci�n de tesis denunciada, a continuaci�n se hace un relato de los asuntos que intervienen en la misma:

  1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvi� el amparo directo n�mero DC. 9423/2000, promovido por �scar A.M., por s� y como representante com�n de Grupo Albri, Sociedad An�nima de Capital Variable e Inmobiliaria Hezomo, Sociedad An�nima, contra la sentencia definitiva dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante la que se resolvi� el recurso de apelaci�n interpuesto en contra de diversa ejecutoria en la que se resolvi� el juicio ejecutivo mercantil que promovi� Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Cr�dito, Instituci�n de Banca de Desarrollo contra Grupo Albri, Sociedad An�nima de Capital Variable. Se hizo valer como concepto de violaci�n que la sentencia combatida transgred�a las garant�as constitucionales de los art�culos 14 y 16, en relaci�n con lo dispuesto por los art�culos 109 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, 78 y 1298 del C�digo de Comercio, y 1851 del C�digo Civil para el Distrito Federal, ya que aun cuando el quejoso hab�a firmado un pagar� como garant�a colateral de un cr�dito de habilitaci�n, no se le deb�a considerar como aval, pues esta figura era propia de los t�tulos de cr�dito y no de los ejecutivos.

    El Tribunal Colegiado estim� que el concepto de violaci�n hecho valer era infundado, toda vez que:

    ? El quejoso otorg� su consentimiento en su car�cter de avalista y se oblig� a responder preferentemente del cumplimiento de las obligaciones que contrajo o pudiera contraer por virtud del contrato. Entonces, como en las obligaciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y t�rminos que aparezca que quiso obligarse, basta que se haya aceptado la calidad de aval para que deba responder en esos t�rminos.

    ? Y si bien el aval es una instituci�n propia de los t�tulos de cr�dito, en t�rminos del art�culo 109 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, no hay precepto legal que proh�ba adquirir esa calidad de aval respecto de un contrato de habilitaci�n y, por el contrario, en materia mercantil el art�culo 78 del C�digo de Comercio otorga el reconocimiento a la voluntad de las partes como norma suprema en los contratos.

    ? La instituci�n del aval en el contrato de habilitaci�n implica que el suscriptor con ese car�cter adquiere el de obligado solidario, en t�rminos de los art�culos 1984, 1987, 1988 y 1989 del C�digo Civil para el Distrito Federal, de aplicaci�n supletoria al de Comercio.

    ? Por tanto, el aval, aunque previsto para los t�tulos de cr�dito, cuando se utiliza en alg�n otro contrato como el de la especie, debe interpretarse en el contexto del documento y considerarse que en realidad es un obligado solidario quien prest� su voluntad de suscribir el negocio jur�dico, y quien no puede desconocer su obligaci�n solidaria.

  2. Por su parte, al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito correspondi� conocer del juicio de amparo directo n�mero 2865/95, promovido en contra de la sentencia dictada por la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca de apelaci�n relativo al juicio ejecutivo mercantil; demanda de garant�as en la que se aleg�, entre otras cosas, que el quejoso carec�a de la calidad de aval en el contrato base de la acci�n.

    El Tribunal Colegiado de referencia determin� que la responsable no hab�a dado respuesta a los motivos de inconformidad del quejoso, por lo que se deb�a de otorgar el amparo sobre la base de que la figura del aval es exclusiva de los t�tulos de cr�dito previstos en la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, porque:

    ? De acuerdo con los art�culos 109 y 116 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de los t�tulos de cr�dito, quedando el avalista como obligado solidario de aquel cuya firma ha garantizado.

    ? Las obligaciones de car�cter civil o mercantil admiten ser garantizadas en su pago por un tercero a trav�s de otros medios como la solidaridad pasiva (art�culos 1987, 1988 y 1989 del C�digo Civil) o la fianza (art�culo 2794 del C�digo Civil).

QUINTO

De lo expuesto en el considerando precedente se llega a la conclusi�n de que existe la contradicci�n de tesis denunciada.

Debe precisarse que aunque los antecedentes de los asuntos son distintos y la redacci�n de las tesis no es del todo afortunada, se satisfacen los requisitos para determinar que s� existe contradicci�n de tesis. Pues mientras que en uno de los asuntos se trata de un cr�dito de habilitaci�n, en el que el supuesto avalista suscribi� unos pagar�s, en el otro se trata de un contrato de factoraje financiero. No obstante, en ambos juicios se cuestiona la aplicabilidad de la figura del aval e impl�citamente la forma de responsabilidad que asume quien se obliga con ese car�cter en un documento distinto a los t�tulos de cr�dito.

En efecto, mientras que el Tercer Tribunal Colegiado afirma que la figura del aval s� puede cobrar aplicabilidad legal fuera de los t�tulos de cr�dito, ya que si bien es propia de �stos, no existe precepto legal que lo proh�ba, aunado a que las partes, en ejercicio de la autonom�a de la voluntad, que es norma suprema de los contratos, libremente pueden pactar tal responsabilidad, por lo que impl�citamente se sostiene la no exclusividad del aval para los t�tulos de cr�dito; en la ejecutoria y tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil se sostiene lo contrario, afirm�ndose expresamente la exclusividad de la figura del aval para los t�tulos de cr�dito, debi�ndose entender por tal t�rmino la incompatibilidad, exclusi�n o rechazo que, seg�n aquel �rgano colegiado, existe para que dicha garant�a cambiaria pueda cobrar aplicaci�n fuera de tales documentos. Por lo anterior, se da la oposici�n de criterios necesaria para que exista la contradicci�n de tesis, establecida en el art�culo 197-A de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia, cuyos rubro y texto se transcriben a continuaci�n:

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: II, septiembre de 1995

"Tesis: 2a. LXXVIII/95

"P�gina: 372

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PROCEDE SU AN�LISIS AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES SEA IMPL�CITO, SIEMPRE Y CUANDO EL SENTIDO DE �STE PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE. El hecho de que uno de los criterios divergentes materia de la contradicci�n de tesis denunciada, sea impl�cito, no impide que pueda analizarse y resolverse la contradicci�n planteada, pero para que la divergencia tenga jur�dicamente los mismos efectos que un desacuerdo expreso al resolver cuestiones esencialmente iguales, se requiere que el sentido atribuido al criterio t�cito sea indubitable.

Contradicci�n de tesis 33/94. Entre los Tribunales Colegiados Primero y Noveno en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 23 de junio de 1995. Cinco votos. Ponente: G.D.G.�ngora P.. Secretaria: R.B.V.�zquez.

Por otra parte, conviene precisar que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil afirma que quien se obliga como aval en un documento o convenio distinto de un t�tulo de cr�dito deber� responder como obligado solidario, de acuerdo a la interpretaci�n de los art�culos 1987, 1988 y 1989 del C�digo Civil; en tanto que el Quinto Tribunal Colegiado determin� que la figura del aval es exclusiva de los t�tulos de cr�dito, y que en materia mercantil y civil existen otras figuras de garant�a como la fianza y la solidaridad pasiva, sin pronunciarse directamente respecto a cu�l de aquellas formas tendr�a aplicabilidad en estos supuestos.

En esas condiciones, queda claro que aun cuando los antecedentes del caso no son id�nticos, s� hubo un pronunciamiento respecto al problema de fondo, esto es, si la figura del aval puede o no cobrar aplicaci�n fuera de los t�tulos de cr�dito y la forma como debe responder quien se obliga con tal car�cter en un contrato mercantil, siendo ambas ejecutorias discrepantes.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis plenaria que enseguida se transcribe con sus respectivos datos de consulta:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicci�n de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayor�a de ocho votos. Ausente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Disidentes: J.V.A.�n y G.D.G.�ngora P.. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: F.O.A..

"Contradicci�n de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: C.M.A..

"Contradicci�n de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: J.C.R.N..

"Contradicci�n de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: G.I.O.M. y J.V.A.A.�n. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: R.D.A.S.��ez.

Contradicci�n de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayor�a de diez votos. Disidente: H.R.P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: J.L.V.C..

SEXTO

La materia de la presente contradicci�n de tesis estriba, de modo fundamental, en determinar si conforme a derecho la instituci�n jur�dica del aval, regulada en la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, resulta una garant�a mercantil de aplicaci�n �nica en los t�tulos de cr�dito o puede v�lidamente, en ejercicio de la autonom�a de la voluntad, tener aplicaci�n dentro de una relaci�n contractual y, en su caso, la forma en como ha de responder quien as� se obliga dentro de un documento distinto a los t�tulos de cr�dito.

El contrato es el acuerdo de voluntades por virtud del cual se crean y transmiten obligaciones o derechos, y constituye la fuente por excelencia de las obligaciones. La legislaci�n mercantil, en espec�fico el C�digo de Comercio, no cuenta con una regulaci�n integral respecto del r�gimen jur�dico de los contratos mercantiles, debido no s�lo al reconocimiento en esta materia de la supletoriedad del derecho civil, sino tambi�n al fraccionamiento de la codificaci�n mercantil que ha derivado en la existencia de m�ltiples ordenamientos especiales que regulan multitud de actos y contratos mercantiles, algunos contemplados antiguamente en el propio C�digo de Comercio. Basta recordar los casos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr�dito, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, etc�tera.

Sin embargo, en la sustanciaci�n de las controversias relativas a actos mercantiles, la parte adjetiva del C�digo de Comercio, contenida en su libro V, sigue siendo el ordenamiento procesal aplicable, a trav�s de los juicios ordinarios, ejecutivos y especiales, siempre que la legislaci�n mercantil especial no contenga normas procesales contradictorias, pues en este �ltimo caso deber�n prevalecer las de la ley especial, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 1054 del C�digo de Comercio.

El C�digo de Comercio postula de modo fundamental dos v�as procesales distintas para obtener justicia: el juicio ejecutivo y el juicio ordinario. La primera es una v�a privilegiada de cobro que tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que traiga aparejada ejecuci�n; mientras que la segunda es una v�a general para todos aquellos casos en que no se prevea una tramitaci�n especial. De esta forma la v�a ejecutiva tiene como presupuesto indispensable la existencia de un documento al que la ley otorga car�cter ejecutivo, reconoci�ndole pleno valor probatorio, el cual debe contener un cr�dito l�quido y exigible �Qu� documentos traen aparejada ejecuci�n? El art�culo 1391 del C�digo de Comercio enumera a los siguientes:

"Art�culo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecuci�n.

"Traen aparejada ejecuci�n:

"I. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al art�culo 1346, observ�ndose lo dispuesto en el 1348;

"II. Los instrumentos p�blicos;

"III. La confesi�n judicial del deudor, seg�n el art�culo 1288;

"IV. Los t�tulos de cr�dito;

"V. Las p�lizas de seguros conforme a la ley de la materia;

"VI. La decisi�n de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observ�ndose lo prescrito en la ley de la materia;

"VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor, y

VIII. Los dem�s documentos que por disposici�n de la ley tienen el car�cter de ejecutivos o que por sus caracter�sticas traen aparejada ejecuci�n.

Ahora bien, en materia civil, ordenamientos adjetivos como el C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, reconocen como t�tulos ejecutivos los siguientes:

"Art�culo 443. Para que el juicio ejecutivo tenga lugar se necesita un t�tulo que lleve aparejada ejecuci�n.

"Traen aparejada ejecuci�n:

"I. La primera copia de una escritura p�blica expedida por el J. o notario ante quien se otorg�;

"II. Las ulteriores copias dadas por mandato judicial, con citaci�n de la persona a quien interesa;

"III. Los dem�s instrumentos p�blicos que conforme al art�culo 333 hacen prueba plena;

"IV. Cualquier documento privado despu�s de reconocido por quien lo hizo o lo mand� extender; basta con que se reconozca la firma aun cuando se niegue la deuda;

"V. La confesi�n de la deuda hecha ante J. competente por el deudor o por su representante con facultades para ello;

"VI. Los convenios celebrados en el curso de un juicio ante el J., ya sea de las partes entre s� o de terceros que se hubieren obligado como fiadores, depositarios o en cualquier otra forma;

"VII. Las p�lizas originales de contratos celebrados con intervenci�n de corredor p�blico;

"VIII. El juicio uniforme de contadores si las partes ante el J. o por escritura p�blica o por escrito privado reconocido judicialmente se hubieren sujetado a �l expresamente o lo hubieren aprobado."

Art�culo 444. Las sentencias que causen ejecutoria y los convenios judiciales, los convenios celebrados ante la Procuradur�a Federal del Consumidor, los laudos que emita la propia procuradur�a y los laudos o juicios de contadores, motivar�n ejecuci�n, si el interesado no intentare la v�a de apremio.

Es oportuno se�alar que el legislador, a fin de acelerar la recuperaci�n del capital administrado por las instituciones financieras y fortalecer su liquidez, ha otorgado el car�cter de t�tulos ejecutivos a ciertos contratos mercantiles cuando son adminiculados en juicio con otros documentos, tal es el caso de los contratos de factoraje y habilitaci�n.

El factoraje, en t�rminos del art�culo 45-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr�dito, es aquel contrato que celebra una empresa autorizada de factoraje financiero con sus clientes, personas morales o personas f�sicas que realicen actividades empresariales, por virtud del cual la primera adquiere de los segundos derechos de cr�dito relacionados a proveedur�a de bienes, de servicios o de ambos, con recursos provenientes de las operaciones pasivas. El car�cter ejecutivo de este contrato se desprende de lo dispuesto por el art�culo 48 de aquel ordenamiento, el cual se transcribe a continuaci�n:

Art�culo 48. El contrato o documento en que se hagan constar los cr�ditos, arrendamientos financieros o factoraje financiero que otorguen las organizaciones auxiliares del cr�dito correspondientes, as� como los documentos que demuestren los derechos del cr�dito transmitidos a empresas de factoraje financiero, notificados debidamente al deudor, junto con la certificaci�n del estado de cuenta a que se refiere el art�culo anterior, ser�n t�tulo ejecutivo mercantil, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito alguno.

La habilitaci�n, por su parte, encuentra su regulaci�n en la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, art�culos 323 a 333, y se define como el contrato en virtud del cual un sujeto, llamado acreditado, queda obligado a invertir el importe del cr�dito otorgado por el acreditante, en la adquisici�n de las materias primas y en el pago de los jornales, salarios y gastos directos de explotaci�n indispensables para los fines de su empresa. El car�cter de t�tulo ejecutivo viene dado por los art�culos 66 y 68 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, mismos que se transcriben:

"Art�culo 66. Los contratos de cr�dito refaccionario y de habilitaci�n o av�o, que celebren las instituciones de cr�dito, se ajustar�n a lo dispuesto por la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, y a las bases siguientes:

"I. Se consignar�n, seg�n convenga a las partes y cualquiera que sea su monto, en p�liza ante corredor p�blico titulado, en escritura p�blica o en contrato privado, que en este �ltimo caso se firmar� por triplicado ante dos testigos y se ratificar� ante notario p�blico, corredor p�blico titulado, J. de primera instancia en funciones de notario o ante el encargado del Registro P�blico correspondiente;

"II. Sin satisfacer m�s formalidades que las se�aladas en la fracci�n anterior, se podr�n establecer garant�as reales sobre bienes muebles o inmuebles, adem�s de los que constituyen la garant�a propia de estos cr�ditos, o sobre la unidad industrial, agr�cola, ganadera o de servicios con las caracter�sticas que se mencionan en el art�culo siguiente;

"III. Los bienes sobre los cuales se constituya la prenda, en su caso, podr�n quedar en poder del deudor en los t�rminos establecidos en el art�culo 329 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito. ..."

"Art�culo 68. Los contratos o las p�lizas en los que, en su caso, se hagan constar los cr�ditos que otorguen las instituciones de cr�dito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la instituci�n de cr�dito acreedora, ser�n t�tulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.

"El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este art�culo, har� fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijaci�n de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios, en todos los casos en que por establecerse as� en el contrato:

"I. El acreditado o el mutuatario pueda disponer de la suma acreditada o del importe de los pr�stamos en cantidades parciales o est� autorizado para efectuar reembolsos previos al vencimiento del plazo se�alado en el contrato, y

II. Se pacte la celebraci�n de operaciones o la prestaci�n de servicios, mediante el uso de equipos y sistemas automatizados.

Es oportuno se�alar que la v�a procesal privilegiada atribuida a estos contratos en nada afecta su naturaleza intr�nseca; �stos son contratos mercantiles y seguir�n si�ndolo, no pudiendo asimilarse, en virtud de su simple car�cter ejecutivo, con otros institutos legales que poseen esta misma v�a procesal preferente.

Esta circunstancia fue advertida de forma conveniente por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil, al se�alar:

"Por todo ello es inconcuso que la Sala responsable incurre en un error manifiesto al sostener que como el contrato de factoraje base de la acci�n es un t�tulo ejecutivo, en t�rminos del art�culo 48 de la ley de la materia, le es aplicable la figura del aval; pues, se repite, esa figura jur�dica no es aplicable a cualquier clase de t�tulo ejecutivo, ya que es t�pica y exclusiva de los t�tulos de cr�dito a que se refiere la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, entre los que no se encuentra el t�tulo ejecutivo base de la acci�n."

En consecuencia, ser�a desacertado derivar que del mero car�cter procesal-ejecutivo que poseen ambos, t�tulos ejecutivos y t�tulos de cr�dito, les resultan aplicables a los primeros, con independencia de los negocios jur�dicos en ellos consignados (convenios, contratos, declaraci�n unilateral de voluntad), las instituciones jur�dicas correspondientes a otra clase distinta de negocios jur�dicos, como lo son los t�tulos de cr�dito, los cuales poseen una naturaleza peculiar por tratarse de instituciones pertenecientes al derecho cambiario.

Toca ahora examinar si las partes pueden emplear v�lidamente, en ejercicio de la autonom�a de la voluntad, una figura de garant�a prevista, en principio, s�lo para los t�tulos de cr�dito.

La funci�n jur�dica de los t�tulos de cr�dito es la de ser representativos de la riqueza mobiliaria e inmobiliaria facilitando su circulaci�n. Se ha afirmado que a trav�s de ellos el mundo moderno puede movilizar sus propias riquezas; gracias a ellos el derecho consigue vencer el tiempo y el espacio, transportando, representados en esos t�tulos, bienes distantes y materializando en el presente riquezas futuras. Estos t�tulos poseen un r�gimen jur�dico particular derivado de sus caracter�sticas de literalidad, incorporaci�n, autonom�a, abstracci�n y circulaci�n, plasmado en la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito.

En nuestro sistema jur�dico la garant�a cambiaria por antonomasia es el aval, el cual encuentra su regulaci�n en los art�culos 109 a 116 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, correspondientes al t�tulo primero, cap�tulo segundo, denominado "De la letra de cambio". As� pues, la figura del aval se halla prevista y regulada como una forma de garant�a propia de los t�tulos de cr�dito.

Esta instituci�n fue desarrollada por el derecho mercantil como una forma particular de responsabilidad patrimonial que protegiera el intercambio de t�tulos-valor y que, sin entorpecer o retardar su circulaci�n, otorgara al beneficiario la m�xima seguridad en la satisfacci�n de su cr�dito. Esta circunstancia implica efectos jur�dicos peculiares que hacen del aval una forma sui generis de garant�a mercantil y que permiten distinguirla de otros institutos de garant�a. A continuaci�n se enuncian algunas caracter�sticas particulares de esta garant�a mercantil:

  1. El contenido de la obligaci�n del aval puede ser �nicamente una prestaci�n econ�mica de dar, que se resuelve en la satisfacci�n de una suma determinada de dinero contenida en el t�tulo. As�, el contenido de la obligaci�n del aval es siempre cambiario, no pudiendo formar parte del contenido obligacional del aval cl�usulas que desnaturalicen el car�cter cambiario del acto o que sean incompatibles con �l. De ah� que el aval no importe, naturalmente, una garant�a de las relaciones extracartulares del avalado.

  2. El aval es un acto unilateral y no receptivo. La obligaci�n del avalista es perfecta, irrevocable e incondicionada desde su origen, sin que tales calidades se adquieran despu�s de ninguna aceptaci�n, expresa o t�cita.

  3. En el aval, al ser un acto cambiario, la obligaci�n que se asume es abstracta, es decir, su relaci�n circulatoria prescinde, se desvincula de la causa e incluso resulta v�lida aun cuando la obligaci�n garantizada sea nula por cualquier causa.

  4. El avalista adquiere una obligaci�n directa y personal, no la de su avalado, y responde por el pago de la letra, en todo o en parte, no por el cumplimiento de aqu�l.

  5. Es formal y escrito, el aval debe manifestar su voluntad con indicaci�n de las palabras "por aval" u otra equivalente y su firma, haci�ndose constar, ya sea en el mismo instrumento, o en otro documento adherido. Aunque la ley crea un supuesto de presunci�n de aval cuando consta una firma en el instrumento y no puede atribu�rsele otro sentido.

    En la ejecutoria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se argumenta que:

    ... como el art�culo 78 del C�digo de Comercio permite que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y t�rminos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados, basta que haya aceptado la calidad de aval en el contrato de habilitaci�n para que deba responder con esa calidad, porque si bien el aval es una instituci�n propia de los t�tulos de cr�dito, en t�rminos del art�culo 109 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, no hay precepto legal que proh�ba adquirir esa calidad de aval respecto de un contrato de habilitaci�n y, por el contrario, en materia mercantil el art�culo 78 del C�digo de Comercio otorga el reconocimiento a la voluntad de las partes como norma suprema en los contratos, al establecer que cada uno se obliga en los t�rminos que aparezca que quiso obligarse; de modo que esa instituci�n del aval en el contrato de habilitaci�n implica que el suscriptor con ese car�cter adquiere el car�cter de obligado solidario, en t�rminos de los art�culos 1984, 1987, 1988 y 1989 del C�digo Civil para el Distrito Federal. ... Por tanto, la instituci�n del aval, aunque est� prevista para los t�tulos de cr�dito, cuando se utiliza con alg�n otro contrato como el de la especie, debe interpretarse en el contexto del documento y considerarse que en realidad es un obligado solidario, quien prest� su voluntad al suscribir el acto jur�dico, y no puede en un juicio desconocer su obligaci�n solidaria, porque falta a la buena fe, ni el �rgano jurisdiccional puede eximirlo de la obligaci�n por ser una cuesti�n formal.

    Conviene advertir que el criterio anterior contiene cierta incongruencia, pues si bien el tribunal se pronuncia aceptando la aplicabilidad de la figura del aval en el contrato de habilitaci�n, afirmando que no obstante ser propia de los t�tulos de cr�dito, las partes, libremente fundadas en la libertad contractual, pueden pactar tal responsabilidad cambiaria en un contrato mercantil, m�s adelante se muestra inconsistente con tal postura, ya que interpretando la voluntad de las partes, a la que de modo previo hab�a reconocido plena eficacia jur�dica para obligarse en calidad de aval en un contrato, efect�a ahora un reenv�o a la normatividad civil supletoria, relativa a la solidaridad pasiva, y no a la normatividad mercantil relativa al aval contenida en la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, pues la solidaridad mercantil atribuida al avalista posee diferencias de la correspondiente a la solidaridad civil y no debe, por tanto, remitirse de forma inmediata a la legislaci�n supletoria.

    Por otra parte, esta postura desatiende ciertos postulados de la teor�a del acto jur�dico, as� como las normas referentes a la interpretaci�n contractual.

    En efecto, el hecho de que no exista precepto legal que proh�ba adquirir la calidad de aval respecto de un contrato de habilitaci�n y que el art�culo 78 del C�digo de Comercio reconozca a la autonom�a de la voluntad como la ley suprema de los contratos, no implica en forma alguna que aqu�lla sea capaz de alterar el peculiar r�gimen jur�dico de las instituciones que la ley mercantil ha instaurado a fin de adaptarlas o combinarlas artificiosamente entre s�, pues con ello quedar�a alterada la congruencia y sistem�tica que orientan a las diversas instituciones jur�dicas mercantiles.

    En este supuesto en particular, se presenta de modo claro lo que la doctrina ha denominado imposibilidad jur�dica. Imposible jur�dico -se�ala F.- es aquello que por el ordenamiento delderecho positivo no puede verificarse y es incompatible y contradictorio con la existencia del derecho. Por lo mismo, lo imposible jur�dico se resuelve en una acci�n in�til al desconocer la voluntad de las partes ciertos supuestos o categor�as l�gico-jur�dicos que necesariamente deben regir, intervenir o validar la instituci�n jur�dica o acto para que �ste produzca las consecuencias de derecho esperadas. Lo imposible jur�dico resulta de una contradicci�n o incongruencia, en ocasiones insalvable, que atenta contra la esencia de una relaci�n jur�dica o la l�gica de una instituci�n. Casos t�picos son los convenios para hacer irrevocable un testamento, pactar un arrendamiento perpetuo, poner plazo a un matrimonio, la compraventa de los derechos de patria potestad sobre un menor, etc�tera. Todas ellas conllevan formas que distorsionan la naturaleza y principios esenciales que conforman y dan sentido a las instituciones y a las relaciones jur�dicas generadas dentro de un sistema jur�dico determinado.

    La autonom�a de la voluntad, se reitera, no puede desnaturalizar el contenido de las instituciones jur�dicas alterando la propia t�cnica jur�dica que determina su estructura y operaci�n dentro del orden jur�dico. Lo contrario ser�a admitir que los particulares, en uso de la libre contrataci�n, se hallan facultados para derogar o modificar el r�gimen jur�dico de los diversos institutos legales, desconociendo las categor�as y presupuestos que necesariamente han de regirlos, alterando el orden y coherencia que debe prevalecer para el adecuado funcionamiento del sistema jur�dico en su conjunto.

    De esta forma, la eventual aplicaci�n artificiosa de la figura del aval en otra clase de negocios jur�dicos, distintos de las obligaciones cambiarias, s�lo conducir�a a desnaturalizar la propia figura del aval, generando perniciosas consecuencias jur�dicas de dif�cil reparaci�n. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que a continuaci�n se transcribe:

    "Quinta �poca

    "Instancia: Tercera Sala

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: XXXV

    "P�gina: 1237

    "CONTRATOS, VOLUNTAD DE LAS PARTES EN LOS. Si bien es verdad que la voluntad de las partes, es la suprema ley de los contratos, tambi�n lo es que dicho principio tiene dos limitaciones forzosas, ineludibles: la primera, que se deriva del inter�s p�blico, que est� por encima de la voluntad individual, y la segunda, de la t�cnica jur�dica, sobre la que tampoco puede prevalecer el capricho de los contratantes.

    "Amparo civil directo 3781/30. Espinosa M. y coagraviados. 12 de julio de 1932. Mayor�a de tres votos. Disidentes: J.�n O. y R.C.. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

    Ahora bien, cuando el empleo de la palabra aval aparece como una especie de cobertura econ�mica para garantizar un negocio distinto de la letra de cambio u otro t�tulo de cr�dito, tal circunstancia debe atribuirse m�s bien al desconocimiento jur�dico de las partes respecto del peculiar r�gimen legal que posee ese instituto de garant�a en materia mercantil. Es frecuente que personas no versadas en la ciencia del derecho empleen de forma cotidiana la palabra aval como sin�nimo gen�rico de garant�a o fianza, sin hacer otra distinci�n ni reparar en sus particularidades jur�dicas espec�ficas. Este sentido popular del vocablo es de uso extendido y se utiliza en gran variedad de contratos, incluso civiles, por lo com�n elaborados sin el adecuado asesoramiento de peritos en derecho que pudieran evidenciar esta falta de t�cnica jur�dica en la redacci�n de las cl�usulas contractuales.

    Por otra parte, si bien en la ejecutoria del Quinto Tribunal Colegiado, dicho �rgano no se pronunci� directamente en cuanto al tipo particular de responsabilidad que adquir�a quien se obliga en calidad de aval en un contrato mercantil, se�alando que: "... si se toma en cuenta que las obligaciones de car�cter civil o mercantil (que no deriven de un t�tulo de cr�dito), admiten ser garantizadas en su pago por un tercero, a trav�s del contrato de fianza a que se refiere el art�culo 2794 del C�digo Civil para el Distrito Federal, o bien, a trav�s de la instituci�n jur�dica de la solidaridad pasiva a que se refieren los art�culos relacionados 1987, 1988 y 1989 del C�digo Civil en cita, la cual no se presume ...", el Tercer Tribunal Colegiado s� lo hizo, estimando que en aquellos casos dicho garante deber�a responder como un obligado solidario.

    Esta Primera Sala no ignora que de hacerse a un lado el estudio de dicha situaci�n, pronunci�ndose tan s�lo en cuanto a la aplicabilidad o no de la figura del aval en los contratos mercantiles, pero sin abordar lo relativo a la forma en que eventualmente responder�a tal garante, s�lo generar�a graves perjuicios, ya que se estar�a dando pie a m�ltiples abusos por parte de contratantes inescrupulosos que, habiendo consentido de forma libre garantizar cierto negocio con su patrimonio, invocar�an luego dicho criterio, aduciendo la ineficacia jur�dica de dicha garant�a y solicitando su exoneraci�n judicial ante la falta de un pronunciamiento espec�fico sobre la materia. De ah� la necesidad de tal pronunciamiento, el que, por otra parte, tan s�lo ser�a consecuente con las elementales implicaciones y consecuencias jur�dicas que subyacen en la propia contradicci�n denunciada, permitiendo resolver de forma integral la problem�tica planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis cuyos rubro y datos de localizaci�n se transcriben:

    "Octava �poca

    "Instancia: Cuarta Sala

    "Fuente: Ap�ndice de 1995

    "Tomo: VI, Parte SCJN

    "Tesis: 185

    "P�gina: 126

    "CONTRADICCI�N DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACI�N DEL PROBLEMA JUR�DICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO. La finalidad perseguida por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, al otorgar competencia a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para resolver las contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo cu�l tesis debe prevalecer, es la de preservar la unidad en la interpretaci�n de las normas que integran el orden jur�dico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez, tiende a garantizar la seguridad jur�dica; tan importante y trascendental prop�sito se tornar�a inalcanzable si se llegara a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n est� obligada, inexorablemente, a decidir en relaci�n con el criterio que se establece en una de las tesis contradictorias, a pesar de considerar que ambas son incorrectas o jur�dicamente insostenibles. Por consiguiente, la Suprema Corte v�lidamente puede acoger un tercer criterio, el que le parezca correcto, de acuerdo con el examen l�gico y jur�dico del problema, lo que es acorde, adem�s, con el texto de las citadas disposiciones en cuanto indican que la Sala debe decidir ?... cu�l tesis debe prevalecer?, no, cu�l de las dos tesis debe prevalecer.

    "Contradicci�n de tesis 1/91. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito. 1o. de julio de 1992. Cinco votos.

    "Contradicci�n de tesis 24/91. Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del D�cimo Noveno Circuito. 1o. de julio de 1992. Cinco votos.

    "Contradicci�n de tesis 34/92. Entre las sustentadas por el Tercero y Quinto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 18 de enero de 1993. Cinco votos.

    "Contradicci�n de tesis 35/92. Entre las sustentadas por el Primer y Octavo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 12 de abril de 1993. Cinco votos.

    "Contradicci�n de tesis 80/90. Entre las sustentadas por el Sexto y S�ptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 3 de mayo de 1993. Cinco votos.

    Nota: Tesis 4a./J. 2/94, G.N.�mero 74, p�g. 19; v�ase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XIII-febrero, p�g. 103.

    De determinarse lo contrario, atendiendo a un fino sentido formalista, se solucionar�a tan s�lo parcialmente la presente problem�tica y la resoluci�n de la contradicci�n de tesis denunciada no cumplir�a cabalmente con su objeto de brindar seguridad jur�dica a los gobernados.

    As� pues, cuando quede evidenciada esta falta de t�cnica jur�dica en la redacci�n de los contratos, como ocurre en este caso, el juzgador deber� remitirse a la interpretaci�n jur�dica del documento en su conjunto, pues el uso equ�voco del t�rmino aval no debe frustrar la intenci�n real de las partes ni ser veh�culo para liberar de responsabilidad, libremente asumida, a uno de los participantes involucrados en el acto, pues s�lo en el caso de que en un contrato no pueda venirse al conocimiento de la verdadera intenci�n o voluntad de las partes, deber� declararse nulo. Lo anterior, con fundamento en el C�digo Civil Federal, cuyos numerales relativos a la interpretaci�n contractual son de aplicaci�n supletoria, mismos que se reproducen a continuaci�n:

    "Art�culo 1851. Si los t�rminos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intenci�n de los contratantes, se estar� al sentido literal de sus cl�usulas.

    "Si las palabras parecieren contrarias a la intenci�n evidente de los contratantes, prevalecer� �sta sobre aqu�llas."

    "Art�culo 1852. Cualquiera que sea la generalidad de los t�rminos de un contrato, no deber�n entenderse comprendidos en �l cosas distintas y casos diferentes de aqu�llos sobre los que los interesados se propusieron contratar."

    "Art�culo 1853. Si alguna cl�usula de los contratos admitiere diversos sentidos, deber� entenderse en el m�s adecuado para que produzca efecto."

    "Art�culo 1854. Las cl�usulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas."

    "Art�culo 1855. Las palabras que pueden tener distintas acepciones ser�n entendidas en aquella que sea m�s conforme a la naturaleza y objeto del contrato."

    "Art�culo 1856. El uso o la costumbre del pa�s se tendr�n en cuenta para interpretar las ambig�edades de los contratos."

    "Art�culo 1857. Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los art�culos precedentes, si aqu�llas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y �ste fuere gratuito, se resolver�n en favor de la menor transmisi�n de derechos e intereses; si fuere oneroso se resolver� la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses.

    "Si las dudas de cuya resoluci�n se trata en este art�culo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cu�l fue la intenci�n o la voluntad de los contratantes, el contrato ser� nulo."

    En el caso que nos ocupa, consta expresamente el deseo de uno de los participantes en el negocio de garantizar las obligaciones convenidas, no obstante que �ste haya sido manifestado con t�cnica jur�dica deficiente al recurrir en su denominaci�n a una figura jur�dica de garant�a que no tiene aplicaci�n en el �mbito contractual, pues no debe desatenderse que la ley dispone para estos casos f�rmulas de interpretaci�n que privilegian la intenci�n real de las partes sobre las palabras empleadas. De esta forma, si alguna cl�usula en los contratos admitiese diversos sentidos, deber� entenderse en el m�s adecuado para que produzca efectos; y si alg�n t�rmino tuviere diversas acepciones, ser� entendido en aquel que sea m�s conforme con la naturaleza y objeto del contrato.

    Precisado lo anterior, corresponde ahora analizar el tipo de responsabilidad que asume quien aparece como aval en un contrato mercantil.

    La responsabilidad solidaria resulta de la ley o de la clara voluntad de las partes de obligarse en ese sentido, y en este caso particular no existen elementos que permitan concluir llanamente un juicio de solidaridad pasiva, pues dentro del documento elaborado por las partes �nicamente fue empleado el t�rmino aval, sin ning�n adjetivo o elemento adicional, aunado a que en t�rminos del art�culo 1998 del C�digo Civil, de aplicaci�n supletoria, no cabe presumir esta responsabilidad. Es decir, la propia ley proh�be taxativamente que a partir de simples indicios, ligados con los hechos, se llegue a tal conjetura debido a la gravedad que implica la asunci�n de este tipo de responsabilidad patrimonial, por ello, la ley requiere para su existencia, siempre y de forma indefectible, una declaraci�n expresa. Por tanto, no resulta eficaz para la determinaci�n de su existencia la interpretaci�n por analog�a ni la basada en presunciones.

    Por otra parte, cabe destacar que si bien el art�culo 114 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito se�ala que el avalista es un obligado solidario de aquel cuya firma ha garantizado, la figura del aval es una solidaridad especial, de tipo cambiario, derivada de la particular naturaleza de los t�tulos de cr�dito y diferenciada de la solidaridad civil.

    En efecto, del examen comparativo de los preceptos que regulan la solidaridad y el aval, tanto en el C�digo Civil Federal como en la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, respectivamente, se advierte que:

  6. La solidaridad es, por definici�n, una modalidad que implica pluralidad de sujetos activos o pasivos, o ambos, respecto de una misma obligaci�n; en donde cualquier acreedor (activa) puede exigir a cualquier deudor (pasiva), el cumplimiento de la misma, con la particularidad de que su cumplimiento extingue la obligaci�n entre los acreedores y los deudores. En cambio, el aval constituye una instituci�n netamente de garant�a de t�tulos de cr�dito.

  7. La solidaridad no se presume, el aval s�.

  8. Nada impide que la solidaridad se pacte en documento distinto al de la obligaci�n relativa; en cambio, el aval debe constar en el cuerpo del documento o en hoja adherida a �l.

  9. Si la obligaci�n sobre la que existe pluralidad de sujetos es nula, ello hace carecer de sentido jur�dico a la solidaridad, lo que no acontece con el aval, en el que a pesar de que la obligaci�n del avalado sea nula, ser�a v�lida la del avalista.

  10. Es posible que la solidaridad se pacte bajo condici�n; en el aval esto no es jur�dicamente permisible.

  11. En la solidaridad todos los obligados se encuentran en un mismo plano y, por regla general, lo que beneficia a uno tambi�n lo reportan los dem�s; en el aval, el avalista queda obligado (solidariamente) s�lo con aquel cuya firma ha garantizado, con independencia de la suerte de los dem�s obligados cambiarios.

  12. El deudor solidario que paga por entero la deuda puede repetir en contra de los dem�s codeudores, pero a prorrata; el avalista que paga tiene acci�n por el valor total de lo pagado.

    Por tanto, de la sola expresi�n "aval", empleada de forma aislada en el instrumento contractual, no puede derivarse llanamente un juicio de solidaridad pasiva, al no existir de forma expresa e indubitable la asunci�n de tal responsabilidad patrimonial. Por ello, se reitera que si bien en materia de t�tulos de cr�dito la solidaridad cambiaria cabe presumirse, no sucede lo mismo en la materia civil, que lo proh�be tajantemente; en consecuencia, el uso equ�voco del t�rmino "aval" no puede interpretarse en el sentido de un obligado civil solidario, pues esta responsabilidad, o existe de forma expl�cita o no puede tener lugar.

    Es as� que esta Primera Sala estima que en estas circunstancias el instituto de garant�a m�s conforme con la naturaleza y objeto de los contratos mercantiles, as� como con la intenci�n real de las partes, salvo que pueda derivarse otro sentido de las cl�usulas del documento analizado, es el instituto de la fianza. Lo anterior, tomando en consideraci�n que la fianza resulta la figura m�s usual e id�nea, dentro de las formas convencionales de garant�a, para que un tercero responda por el incumplimiento contractual de la amplia gama de prestaciones que pueden estipularse como parte de una relaci�n contractual, aunado a lo antes dicho en relaci�n con ser esta figura (la fianza) la que el entendimiento popular confunde ordinariamente con el instituto del aval, equiparando a ambas tal y como si se tratase de figuras semejantes.

    Por �ltimo, a fin de ilustrar en mejor forma las diferencias entre el contrato de fianza y el aval, se presenta a continuaci�n una relaci�n comparativa entre estas dos instituciones:

  13. La fianza puede recaer sobre obligaciones cuyo contenido sea de cualquier tipo -dar, hacer o no hacer-, en cambio, el aval �nicamente puede garantizar obligaciones cambiarias en numerario. El aval, de esta forma, no garantiza ninguna obligaci�n extracartular del avalado.

  14. El aval es siempre mercantil, mientras que la fianza sigue la calidad de la obligaci�n garantizada.

  15. El avalista se convierte en deudor cambiario, por ello, queda obligado solidariamente frente a todo portador; el fiador es deudor com�n, pudiendo serlo con obligaci�n s�lo subsidiaria y simplemente mancomunada, o bien, con obligaci�n solidaria.

  16. El ejercicio de la responsabilidad contra el avalista no requiere excusi�n ni interpelaci�n judicial previa al avalado; en la fianza civil existe el derecho de excusi�n previa del deudor principal y aun de los otros cofiadores.

  17. En el aval no existe el beneficio de divisi�n; la fianza civil admite este beneficio en la especie no solidaria.

  18. La nulidad o anulabilidad de la obligaci�n avalada, que no provenga de vicios de forma, no afecta al aval; esos vicios en la obligaci�n afianzada afectan la fianza, haci�ndola nula o anulable a su vez.

  19. La obligaci�n del avalista es directa e independiente; la del fiador es siempre accesoria.

  20. El aval no puede retractarse; el fiador puede hacerlo, cuando no se acept� su oferta o cuando se trata de operaciones futuras, en ciertos casos.

  21. El aval debe referirse a operaci�n cambiaria determinada (aun cuando se otorgue en conjunto para varios documentos); la fianza puede referirse a operaciones futuras e indeterminadas, hasta un monto cierto o incierto.

  22. En ciertas circunstancias, la ley presume la existencia del aval (cuando la sola firma consta sin poderse inferir otro sentido).

  23. El aval no tiene derecho a ser relevado de su garant�a; el fiador puede ser exonerado de ella.

  24. El aval se constituye s�lo por la declaraci�n cartular; la fianza tiene un origen convencional, legal o judicial.

  25. Si el avalista quiebra, el portador no puede requerir se le presente otro en su lugar; en la fianza, en tal caso, se puede requerir otro fiador.

    El aval tiene as� una regulaci�n jur�dica propia, independiente de otras figuras de garant�a y exclusiva en s� misma, en tanto que por sus efectos y finalidades s�lo es susceptible de aplicaci�n a las obligaciones cambiarias.

    En las relatadas condiciones debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio que sustenta esta Primera Sala en la presente resoluci�n, debiendo quedar redactado con los siguientes rubro y texto:

    AVAL. AL CONSTITUIR UNA GARANT�A MERCANTIL DE APLICACI�N EXCLUSIVA A LOS T�TULOS DE CR�DITO, A QUIEN AS� SE OBLIGUE EN UN CONTRATO MERCANTIL, DEBE TEN�RSELE, CONFORME A LA NATURALEZA Y OBJETO DE ESTE TIPO DE CONTRATOS, COMO FIADOR, SALVO QUE DE LA INTERPRETACI�N DE SUS CL�USULAS PUEDA DERIVARSE OTRO INSTITUTO DE GARANT�A. En nuestro sistema jur�dico la figura del aval encuentra su regulaci�n en los art�culos 109 a 116 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, correspondientes al t�tulo primero, cap�tulo segundo, denominado "De la letra de cambio"; as�, esta instituci�n se halla prevista y regulada como una garant�a de tipo cambiario, por lo que su aplicaci�n es exclusiva a los t�tulos de cr�dito. Ahora bien, cuando el empleo de la palabra"aval" aparece como una especie de cobertura econ�mica para garantizar un negocio distinto de la letra de cambio u otro t�tulo de cr�dito, esta circunstancia debe atribuirse al desconocimiento jur�dico de las partes respecto del peculiar r�gimen legal que posee ese instituto de garant�a en materia mercantil, por lo que cuando quede evidenciada esta falta de t�cnica jur�dica en la redacci�n de los contratos, el juzgador deber� acudir a la interpretaci�n del documento en su conjunto, pues el uso equ�voco del t�rmino "aval" no debe frustrar la intenci�n real de las partes ni ser el veh�culo para liberar de responsabilidad, libremente asumida, a uno de los contratantes, por lo que atento a las reglas de interpretaci�n contractual contenidas en el C�digo Civil Federal, de aplicaci�n supletoria, las cuales privilegian la verdadera intenci�n de las partes sobre el empleo equ�voco de las palabras, si alguna cl�usula en los contratos admitiese diversos sentidos, deber� entenderse el m�s adecuado para que produzca efectos, y si alg�n t�rmino tuviere diversas acepciones, ser� entendido en aquel que sea m�s conforme con la naturaleza y el objeto del contrato. En este sentido, esta Primera Sala estima que en estos casos el instituto de garant�a m�s conforme con la naturaleza y objeto de los contratos mercantiles, as� como con la intenci�n real de las partes, salvo que pueda derivarse otro sentido de las cl�usulas del contrato en cuesti�n, es el instituto de la fianza.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

Existe la contradicci�n de tesis a que se refiere este expediente.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con el car�cter de jurisprudencia, la tesis sustentada por esta Primera Sala.

TERCERO

D�se publicidad a la tesis, en los t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; env�ese testimonio de la presente resoluci�n a cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito cuyas ejecutorias se examinaron y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores M.J.V.C. y C., H.R.P., Jos� de Jes�s G.�o P. (ponente), O.S.C. de G.�a V. y presidente J.N.S.M., por lo que se refiere a los puntos primero y tercero resolutivos; y por mayor�a de cuatro votos, con voto en contra de la se�ora Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V., por cuanto se refiere al segundo punto resolutivo.

La se�ora Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V., expres� que formular� voto particular.