Ejecutoria num. 2a./J. 23/2002 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26826406

Ejecutoria num. 2a./J. 23/2002 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 23/2002
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Abril de 2002
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 119/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.NÓMINAS. LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL (VIGENTE PARA EL AÑO 2001) VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL INCLUIR EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO O TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DENTRO DEL OBJETO IMPOSITIVO DETERMINADO COMO REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 119/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS S�PTIMO Y NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Las consideraciones que sirvieron de sustento al S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 2867/2001, en la parte conducente son:

CUARTO. Los agravios son infundados. ... Adem�s, plantea la recurrente que en el precepto legal impugnado en el juicio de garant�as, al definirse las erogaciones que deben considerarse destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado respecto al impuesto de n�minas, debi� respetar lo que dispone la Ley F. del Trabajo respecto a la integraci�n del salario pues, de pensar lo contrario, se estar�a en presencia de la derogaci�n del �ltimo ordenamiento legal invocado. Tambi�n es infundada la cuesti�n relatada con antelaci�n por los motivos que se expresan a continuaci�n: El art�culo 178 del C�digo Financiero del Distrito F. que fue impugnado por la recurrente con motivo de la adici�n de su segundo p�rrafo, publicada en la Gaceta Oficial de esa entidad, de treinta y uno de diciembre de dos mil, es del tenor siguiente: 'Art�culo 178. Se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre n�minas, las personas f�sicas y morales que, en el Distrito F., realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado, independientemente de la designaci�n que se les otorgue. Para los efectos de este impuesto, se considerar�n erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, las siguientes: I.S. y salarios; II. Tiempo extraordinario de trabajo; III. Premios, primas, bonos, est�mulos e incentivos; IV. Compensaciones; V.G. y aguinaldos; VI. P.�n patronal al fondo de ahorros; VII. Primas de antig�edad; VIII. I.�n por despido o terminaci�n de la relaci�n laboral; IX. Comisiones; y, X.P. realizados a administradores, comisarios o miembros de los consejos directivos de vigilancia o administraci�n de sociedades y asociaciones.'. Como se observa, el precepto normativo transcrito establece la obligaci�n de pagar el impuesto sobre n�minas a las personas f�sicas y morales que realicen en el Distrito F. erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado, con independencia de la designaci�n que se les d�. El numeral tambi�n enumera en forma limitativa las erogaciones que deben considerarse destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado para efectos de ese impuesto. Ahora bien, como bien lo afirm� la J. del conocimiento, el contenido del art�culo examinado de ninguna manera regula aspectos relacionados con la materia de trabajo, ya que no hace referencia a los elementos esenciales de las relaciones de tipo laboral ni altera la naturaleza jur�dica de los conceptos que integran el salario descritos en el art�culo 84 de la Ley F. del Trabajo. En efecto, la Asamblea Legislativa del Distrito F. se�al� con toda precisi�n que, exclusivamente para los efectos de ese impuesto, deben considerarse erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado las enunciadas en las diez fracciones que forman el art�culo 178 del C�digo Financiero del Distrito F.; de tal suerte que ese dispositivo legal no define aspecto alguno relacionado con los elementos que integran el salario, dado que se limita a enumerar los conceptos que deben considerarse como erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, se insiste que las hip�tesis descritas en el numeral �nicamente tienen relaci�n con el impuesto sobre n�minas; consecuentemente, no existi� la inexacta actuaci�n en la que considera la responsable (sic) incurri� la a quo. Es importante hacer alusi�n a que el art�culo 82 de la Ley F. del Trabajo se�ala que el salario es la retribuci�n que el patr�n debe pagar al trabajador por los servicios que le presta. Por su parte, el art�culo 84 de la propia ley se�ala que el salario se integra de la manera siguiente: '... con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitaci�n, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestaci�n que se entregue al trabajador por su trabajo.'. En ese estado de cosas, el segundo p�rrafo del art�culo 178 del C�digo Financiero del Distrito F. no contempla aspectos ajenos a los que establece el art�culo 84 de la Ley F. del Trabajo como aquellos que integran el salario, puesto que en las diversas fracciones que lo conforman se consideran erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, como son las siguientes: sueldos y salarios; tiempo extraordinario de trabajo; premios, primas, bonos, est�mulos e incentivos; compensaciones; gratificaciones y aguinaldos; participaci�n patronal al fondo de ahorros, primas de antig�edad; indemnizaci�n por despido o terminaci�n de la relaci�n laboral; comisiones; y pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los consejos directivos de vigilancia o administraci�n de sociedades y asociaciones. Tampoco la adici�n en comento extiende el concepto del v�nculo laboral a periodos posteriores a su terminaci�n, por prever en la fracci�n VIII del art�culo 178 del C�digo Financiero del Distrito F., que un tipo de erogaci�n destinada a remunerar el trabajo personal subordinado es aquella que se realiza para el pago de indemnizaciones por despido o terminaci�n de la relaci�n laboral. Efectivamente, cuando el patr�n realiza una erogaci�n para indemnizar a uno de sus trabajadores con motivo del despido injustificado del que fue objeto o por la terminaci�n de la relaci�n laboral, el pago correspondiente deriva de la existencia del trabajo personal subordinado que se presta al patr�n aun existiendo el v�nculo laboral pues, precisamente, cuando se d� la separaci�n del trabajo en forma injustificada, el trabajador tiene derecho a demandar su reinstalaci�n o la indemnizaci�n correspondiente conforme a los art�culos 123, fracci�n IX, segundo p�rrafo, de la Constituci�n F. y 48 de la Ley F. del Trabajo; de lo que resulta que, en el primer caso, la existencia de la relaci�n de trabajo continuar� y, en el segundo supuesto, si bien no se da esa continuaci�n, lo cierto es que con la declaraci�n realizada por la autoridad laboral competente sobre el despido injustificado, debe entenderse que no existi� ruptura leg�tima de ese v�nculo laboral y por esa circunstancia el patr�n debe pagar la indemnizaci�n respectiva demandada por el trabajador. En cuanto a la indemnizaci�n derivada de la terminaci�n de la relaci�n laboral, no debe perderse de vista el contenido de los art�culos 50, 51 y 52 de la Ley F. del Trabajo que, en ese orden, sustancialmente establecen la forma en que hay que pagar dicha indemnizaci�n; las causas de rescisi�n de la relaci�n de trabajo sin responsabilidad para el trabajador; el derecho que �ste tiene de separarse de su trabajo cuando se actualice alguna causa prevista en el segundo numeral relacionado y la obligaci�n del patr�n de pagar la indemnizaci�n en t�rminos de lo que se�ala el primer precepto legal. En ese contexto, en el supuesto de que surja la separaci�n de que se trata, es decir, sin responsabilidad para el trabajador, el patr�n debe indemnizarlo, lo que significa que tambi�n en la hip�tesis que nos ocupa la ruptura de la relaci�n de trabajo no se da por voluntad de las partes y, por ello, el pago al que est� constre�ido el patr�n deriva de ese v�nculo que precisamente se dar� por concluido con la entrega de la indemnizaci�n; por tanto, al considerar la J. que no existi� la invasi�n competencial que le plante� la inconforme, su actuaci�n fue acertada ...

Posteriormente, el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa remiti� el acuerdo de quince de enero del a�o dos mil dos, referente a la aclaraci�n oficiosa que acord� en relaci�n con la ejecutoria de fecha veintid�s de agosto del a�o dos mil uno, a que se refiere esta denuncia de contradicci�n de tesis (el p�rrafo que se manda aclarar obra subrayado), el cual, por su inter�s, enseguida se transcribe:

El tribunal en Pleno estima pertinente aclarar de oficio la ejecutoria de fecha veintid�s de agosto de dos mil uno, con fundamento en los art�culos 58 y 223 del C�digo F. de P.mientos Civiles, de aplicaci�n supletoria al juicio de garant�as, seg�n lo dispone el art�culo 2o. de la Ley de Amparo, aclaraci�n que se realiza en los t�rminos que a continuaci�n se expresan: En el p�rrafo primero de la hoja setenta y tres, perteneciente al considerando cuarto de la ejecutoria, se se�al� lo siguiente: '... el trabajador tiene derecho a demandar su reinstalaci�n o la indemnizaci�n correspondiente, conforme a los art�culos 123, fracci�n IX, segundo p�rrafo, de la Constituci�n F. ...'; siendo lo correcto el art�culo 123, apartado A, fracci�n XXII, de la propia Constituci�n. As� pues, este tribunal advierte que existi� un error al invocarse el precepto constitucional y en esa medida debe aclararse la ejecutoria en el aspecto relacionado, de conformidad con la tesis n�mero P. LXXXI/96, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo III, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y seis, cuyo contenido es el siguiente: 'ACLARACI�N OFICIOSA DE SENTENCIA EN MATERIA DE AMPARO. PROCEDE EN APLICACI�N SUPLETORIA DEL C�DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SIEMPRE QUE NO SE ALTERE LA SUSTANCIA DE LO DECIDIDO. Las sentencias dictadas por los tribunales federales en materia de amparo pueden ser aclaradas oficiosamente por �stos, por aplicaci�n supletoria y anal�gica del art�culo 58 del C�digo F. de P.mientos Civiles, que otorga a los tribunales la facultad para subsanar las omisiones que noten, as� como de los numerales 223 a 226 de tal ordenamiento, que regulan la instituci�n de la aclaraci�n de sentencia. La supletoriedad opera de conformidad con el art�culo 2o. de la Ley de Amparo, aun cuando tal instituci�n no se encuentre prevista en �sta, siempre que sea indispensable aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisi�n o bien corregir alg�n error o defecto de la sentencia, sin alterar la sustancia de lo decidido pues dicha aclaraci�n no contradice los principios del proceso de amparo; por lo contrario, es congruente con �stos y los complementa.'. Del mismo modo, es aplicable la jurisprudencia que resolvi� la contradicci�n de tesis n�mero 4/96, emitida por el Pleno del M�ximo Tribunal del pa�s, publicada en la p�gina seis, T.V., correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete del Semanario consultado, que es del siguiente tenor: 'ACLARACI�N DE SENTENCIAS DE AMPARO. S�LO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaraci�n de sentencias es una instituci�n procesal que, sin reunir las caracter�sticas de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, as� como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garant�as, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constituci�n y en la jurisprudencia, y sus caracter�sticas de las peculiaridades del juicio de amparo. De aqu�lla, se toma en consideraci�n que su art�culo 17 eleva a la categor�a de garant�a individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la instituci�n procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilaci�n de 1995, T.V., p�gina 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jur�dico de decisi�n y como documento, que �ste es la representaci�n del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad s�lo es atribuible a �ste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el J. debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jur�dico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el J. o tribunal que las dict� puede, v�lidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, m�xime si el error material puede impedir su ejecuci�n, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podr� ser cumplido. Sin embargo, la aclaraci�n s�lo procede trat�ndose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo.'. N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n y tres copias para las autoridades responsables, al J. S�ptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito F. y al agente del Ministerio P�blico F. de la adscripci�n. As� lo acordaron y aprobaron los se�ores Magistrados: presidente A.P.D.�n, F.J.M.N. y D.D.G., de este S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. Magistrado presidente: A.P.D.�n. Magistrado: D.D.G.. Magistrado ponente: F. J.M.N.. Secretaria de Acuerdos: L.. Z.V.A.�o.

CUARTO

La ejecutoria dictada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 1659/2001, en su parte considerativa dice:

"SEXTO. En el concepto de agravio que se analiza, la quejosa arguye que los preceptos legales reclamados, al establecer los conceptos de erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, se fueron m�s all� de lo dispuesto en una relaci�n normal al incluir pagos ajenos otorgados a esa relaci�n laboral, originados con motivo de la terminaci�n de la misma o con posterioridad a ella, cuyo fin no se encuentra destinado a remunerar el trabajo personal subordinado; es decir, abarca prestaciones que no van destinadas a remunerar ese trabajo, siendo el supuesto de indemnizar por la terminaci�n de la relaci�n laboral lo que resulta incongruente, en raz�n de que si no hay una relaci�n laboral ni prestaci�n de trabajo personal, no se puede remunerar lo que no existe ni se ha presentado (sic); que el J. del conocimiento, en la sentencia impugnada, introdujo la definici�n de un diccionario para justificar que 'remunerar' significa recompensar, premiar, galardonar, retribuir o pagar un servicio, aplic�ndola a pagos que se hacen cuando existe una relaci�n de trabajo, pero no cuando �sta termina, es decir, al momento de la terminaci�n de la relaci�n laboral el patr�n paga al trabajador el sueldo que le debe por el trabajo prestado, pero si le paga una indemnizaci�n por terminaci�n laboral, este pago ser�a considerado una compensaci�n por el trabajo que ya no se va a prestar, lo que ser�a una prestaci�n laboral que no estar�a destinada a remunerar ese trabajo. Los conceptos de agravio antes referidos resultan fundados en atenci�n a las siguientes consideraciones. Previo al an�lisis y soluci�n de los conceptos de agravio es conveniente precisar los siguientes aspectos. El C�digo Financiero del Distrito F., en el cap�tulo quinto, prev� el impuesto sobre n�minas en sus art�culos 178, 179 y 180; el texto original de tales preceptos es el que a continuaci�n se copia: 'Art�culo 178. Se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre n�minas, las personas f�sicas y morales que, en el Distrito F., realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado, independientemente de la designaci�n que se les otorgue. Para los efectos de este impuesto, se considerar�n erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, los salarios y dem�s prestaciones que se deriven de una relaci�n laboral.'. 'Art�culo 179. El impuesto sobre n�minas se determinar�, aplicando la tasa del 2% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado.'. 'Art�culo 180. El impuesto sobre n�minas se causar� en el momento en que se realicen las erogaciones por el trabajo personal subordinado y se pagar� mediante declaraci�n, en la forma oficial aprobada, que deber� presentarse a m�s tardar el d�a quince del mes siguiente. Los contribuyentes del impuesto sobre n�minas, deber�n formular declaraciones hasta en tanto no presenten el aviso de baja al patr�n.'. Los art�culos 178 y 180 transcritos fueron reformados el treinta y uno de diciembre de dos mil y treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, respectivamente, para quedar en los t�rminos siguientes: 'Art�culo 178. Se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre n�minas, las personas f�sicas y morales que, en el Distrito F., realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado, independientemente de la designaci�n que se les otorgue. Para los efectos de este impuesto, se considerar�n erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, las siguientes: I.S. y salarios; II. Tiempo extraordinario de trabajo; III. Premios, primas, bonos, est�mulos e incentivos; IV. Compensaciones; V.G. y aguinaldos; VI. P.�n patronal al fondo de ahorros; VII. Primas de antig�edad; VIII. I.�n por despido o terminaci�n de la relaci�n laboral; IX. Comisiones; y, X.P. realizados a administradores, comisarios o miembros de los consejos directivos de vigilancia o administraci�n de sociedades y asociaciones.'. 'Art�culo 180. El impuesto sobre n�minas se causar� en el momento en que se realicen las erogaciones por el trabajo personal subordinado y se pagar� mediante declaraci�n, en la forma oficial aprobada, que deber� presentarse a m�s tardar el d�a quince del mes siguiente. Los contribuyentes del impuesto sobre n�minas, deber�n formular declaraciones aun cuando no hubieren realizado erogaciones a que se refiere el p�rrafo anterior, en el periodo de que se trate, hasta en tanto no presenten el aviso de baja al patr�n o de suspensi�n temporal de actividades.'. Ahora bien, el tributo en cuesti�n es el impuesto sobre n�minas cuyo significado de la palabra 'n�minas' se advierte que conforme al Diccionario Enciclop�dico de Editorial Grijalbo publicado en 1995, en la p�gina 1317, se�ala como significado: 'lista de nombre; relaci�n de las personas que perciben un sueldo fijo de una empresa; dicho sueldo, que excluye cantidades extraordinarias y documentos en que consta.'; asimismo, en la propia obra citada, en la p�gina 931 establece que: 'haber' significa 'pago regular por un servicio prestado.'. La otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, tramitado en el expediente varios 550/77, que es jurisprudencia de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 192, tercer p�rrafo, de la Ley de Amparo, sostuvo lo siguiente: '�... Si creemos que la palabra ?remuneraci�n? pertenece al patrimonio del habla com�n, la noci�n relativa no se reduce al salario. Tiene aquel vocablo, en el lenguaje vulgar, una connotaci�n ampl�sima, dentro de la cual cabe con absoluta naturalidad, sin violencia alguna, la distribuci�n a los trabajadores de las utilidades de la empresa. En efecto, ense�a el Diccionario de laAcademia Espa�ola que ?remunerar? (sin�nimo de recompensar o galardonar) no s�lo quiere decir reparar un da�o y retribuir un servicio, sino que tambi�n significa premiar favores, virtudes, beneficios o m�ritos. Dentro del significado tan amplio de dicha palabra, resulta obvio que la participaci�n de utilidades a los trabajadores constituye una de las numerosas formas de remunerar el trabajo. Por otra parte, si nos inclinamos a pensar que ?remuneraci�n? es un tecnicismo jur�dico, hab�a que investigar si alguna norma, de car�cter fiscal o de otra �ndole, directa o indirectamente relacionada con el tema, limita o restringe la aceptaci�n lat�sima del vocablo o reduce su connotaci�n s�lo al supuesto del salario. Pero observamos que no es as�, dado que, a la inversa la donaci�n remuneratoria (la cual sin asomo de duda, implica una remuneraci�n) es aquella que hace en atenci�n a servicios recibidos por el donante, y que �ste no tiene obligaci�n de pagar (art�culo 2336 del C�digo Civil). Ahora bien, si hay remuneraci�n hasta en los casos en que quien remunera no est� jur�dicamente obligado a pagar, con mayor raz�n la habr� cuando el que realiza la prestaci�n s� se halla obligado a cubrirla, como es precisamente el caso de la distribuci�n de utilidades a favor de los trabajadores.� ... Para llegar a establecer si en el concepto �remuneraci�n� se debe incluir o no el reparto de utilidades, es necesario hacer, previamente, las siguientes consideraciones. El art�culo 20 de la Ley F. del Trabajo, se�ala: �Se entiende por relaci�n de trabajo, cualquiera que sea el acto que le d� origen, la prestaci�n de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario ... Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma y denominaci�n, es aquel que por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario ...�. Atenta la definici�n anterior, tenemos que en la relaci�n laboral existe, entre otros aspectos, un contrato conmutativo y oneroso, pues el salario que se abona no constituye una donaci�n ni tiene por causa un t�tulo gratuito. Hay una prestaci�n que consiste en el trabajo y una contraprestaci�n que configura el salario. La naturaleza conmutativa del contrato de trabajo hace que el trabajador, cuando ejerce su derecho a reclamar una retribuci�n por la actividad laboral desenvuelta, no act�e a t�tulo indemnizatorio, no por ning�n otro concepto que no sea el de exigir la obligaci�n correlativa de una prestaci�n cumplida, hay un beneficio rec�proco en este intercambio que las partes realizan: trabajo por salario. Por tal motivo, para que exista contrato de trabajo es necesario que la prestaci�n de una actividad o servicio siga o acompa�e rec�procamente el pago de aquel que lo presta y por otra parte del que lo recibe. De lo contrario, se destruir�a la naturaleza jur�dica de este contrato, no ya s�lo por cuanto la onerosidad de su esencia, sino porque las prestaciones del contrato de trabajo se fundan en la existencia de una retribuci�n la cual debe ser cierta; lo anterior en el sistema jur�dico mexicano se encuentra plasmado en el tercer p�rrafo del art�culo 5o. constitucional, que dice: �Nadie podr� ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribuci�n y sin su pleno consentimiento ...�'. En efecto, el trabajador no se contrata para satisfacer la demanda de trabajo que tiene la producci�n, sino para obtener, a cambio de la prestaci�n de sus servicios, una remuneraci�n que le permita subsistir o mejorar su nivel de vida o el de los suyos. Adem�s, es bien sabido que el de trabajo no integra un contrato aleatorio, dado que es norma general que el trabajador sabe cu�l es la retribuci�n que va a recibir a consecuencia del trabajo prestado, ya est� su retribuci�n establecida por raz�n de la tarea, o por tiempo. Sobre el particular, los art�culos 24, 25, fracciones V, VI y VII, 31, 56 y 57 de la Ley F. del Trabajo se�alan: 'Art�culo 24. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se har�n dos ejemplares, por lo menos, de los cuales quedar� uno en poder de cada parte.'. 'Art�culo 25. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deber� contener: ... V. La duraci�n de la jornada; VI. La forma y el monto del salario; VII. El d�a y el lugar de pago del salario ...'. 'Art�culo 31. Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad.'. 'Art�culo 56. Las condiciones de trabajo en ning�n caso podr�n ser inferiores a las fijadas en esta ley y deber�n ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina pol�tica, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley.'. 'Art�culo 57. El trabajador podr� solicitar de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje la modificaci�n de las condiciones de trabajo, cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias econ�micas que la justifiquen. ...'. Asimismo, es conveniente precisar en este estudio la connotaci�n de salario y remuneraci�n. Habitualmente se utiliza la voz salario para designar el pago que el trabajador percibe por su labor, se usan tambi�n otros varios t�rminos entre los que destacan los siguientes: sueldo, emolumentos, estipendio, derechos, honorarios, jornal, remuneraci�n y haberes. Existiendo entre ellos los siguientes distingos: sueldo es la cantidad que el Estado paga a sus empleados, y viene del antiguo franc�s soulde, hoy sou, de donde derivan las palabras soldado y soldada. Emolumento es lo que aumenta nuestro haber y lo que hace crecer nuestros bienes, y expresa la idea de sobresueldo o gajes, como t�rmino opuesto a menoscabo o detrimento. Estipendio es la cantidad estipulada de antemano por un trabajo cualquiera; deriva de stare y de pondus, estar o atenderse al peso o a la cantidad convenida para el pago. Derechos son pagos especiales determinados por arancel, es decir, por disposiciones legales en vigencia. Honorarios es como el salario distinguido, honroso, que se da a los profesionales acad�micos por sus trabajos particulares. Jornal, del italiano giorno, d�a, del lat�n giornale, se usa para denominar el salario diario. Haberes es la cantidad que peri�dicamente se entrega a los militares. Por remuneraci�n se entiende la acci�n o efecto de pagar; hay quienes han intentado distinguir entre remuneraci�n y salario, se�alando que con el primer vocablo se designa todo cuanto el empleado percibe por el ejercicio de su trabajo, provenga del empresario o de otra persona y, el t�rmino salario se reserva, dentro de tal criterio, para la retribuci�n que abona directamente el empresario. De esta manera se intenta una divisi�n que no se encuentra jur�dicamente justificada con base en normas de derecho positivo; ya que si alguien que no es el patr�n entrega algo a un trabajador cae dentro de cualquier otro concepto pero no el de pago de una contraprestaci�n de un servicio. Por otra parte, el art�culo 123 constitucional al referirse al pago que deben realizar los patrones a los trabajadores utiliza el vocablo salario; asimismo, el art�culo 82 de la Ley F. del Trabajo utiliza esa misma acepci�n para se�alar la retribuci�n que debe pagar el patr�n al trabajador por su trabajo, por tal virtud se debe considerar que el t�rmino 'remuneraci�n' que utiliza la ley impugnada es sin�nimo de aqu�l, pues como se ha visto en el sistema jur�dico mexicano no existe raz�n alguna para distinguirlos. Ahora bien, el salario dentro de la legislaci�n mexicana comprende, de acuerdo con el art�culo 84 de la ley reglamentaria del apartado A del art�culo 123 constitucional '... los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitaci�n, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestaci�n que se entregue al trabajador por su trabajo.'. De acuerdo a lo anterior el salario comprende una prestaci�n de base y prestaciones complementarias; la primera tiene que ser siempre de curso legal, y las segundas pueden revestir diversas formas y naturalezas, que pueden ser habitaci�n, alimentos o vestuario. La Cuarta Sala de este Alto Tribunal interpretando los preceptos relativos al salario de la Ley F. del Trabajo, ha emitido las siguientes tesis: 'SALARIO, INTEGRACI�N DEL. APORTACI�N AL INFONAVIT Y PAGO DE VACACIONES. NO QUEDAN COMPRENDIDOS. De acuerdo con el art�culo 84 de la Ley F. del Trabajo de 1970, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitaci�n, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestaci�n que se entregue al trabajador por su trabajo; en consecuencia, para los efectos del pago de indemnizaciones a que se refiere el art�culo 89 del citado ordenamiento, el salario debe cuantificarse de conformidad con las diferentes prestaciones que lo integran y obteniendo el promedio diario, sin que puedan considerarse como salario el pago de vacaciones y la aportaci�n que se hace al Infonavit; pues por lo que se refiere a las vacaciones, las cantidades que por tal concepto recibe el trabajador, no incrementan en modo alguno el salario diario, ya que no es m�s que lo que recibe el trabajador por el pago de los d�as dejados de laborar, precisamente por estar de vacaciones; por lo que respecta a la aportaci�n al Infonavit, son cantidades destinadas a resolver el problema habitacional de los trabajadores, de manera solidaria, sin que incrementen el salario para los efectos de su integraci�n, ya que su destino es crear sistemas de financiamiento que les permita obtener cr�dito barato y suficiente, para adquirir en propiedad habitaciones c�modas e higi�nicas, para la construcci�n, reparaci�n y mejora de sus casas y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.'. Tesis 270, p�gina 244, Quinta Parte, Ap�ndice 1917-1985. 'SALARIO, LOS VI�TICOS NO FORMAN PARTE DEL. Es cierto que la Ley F. del Trabajo dispone que dentro del salario quedan comprendidos no s�lo los pagos hechos por cuota diaria, sino tambi�n las gratificaciones, percepciones, habitaci�n y cualquiera otra cantidad que sea entregada a un trabajador a cambio de su trabajo, incluyendo adem�s todas las ventajas econ�micas establecidas en el contrato a su favor; pero para que una prestaci�n pueda considerarse parte integrante del salario, es preciso que se le entregue a cambio de su trabajo, lo que no ocurre con los llamados vi�ticos, que son las cantidades dadas a un trabajador para sus gastos de transporte, hospedaje y alimentaci�n, en los casos en que tiene que desempe�ar sus labores fuera de su domicilio o residencia habitual, pues tales sumas son entregadas no como una contraprestaci�n del servicio desempe�ado, sino para resarcirlo de los gastos extraordinarios que tiene que hacer por verse en la necesidad de permanecer fuera del lugar de su residencia.'. 'PORTEROS. SU DERECHO A UNA HABITACI�N, NO FORMA PARTE DEL SALARIO. No puede estimarse como salario el uso de la habitaci�n concedida a una persona, para el desempe�o de su cargo de portero, porque dicho uso no es el precio de su trabajo, sino un requisito para que pueda realizarlo.'. Tesis 176, p�gina 158, Quinta �poca, Ap�ndice 1917-1985. 'SALARIO, INTEGRACI�N DEL. Independientemente de la denominaci�n que se d� al concepto de pago si el trabajador tiene incorporado a su salario el llamado �tiempo extra� como pago normal y constante, debe entenderse que forma parte del salario, por ser una percepci�n regular y fija.'. Cuarta Sala. S.�n Tercera. P�gina 56. Informe de 1977. ... Como se observa, la citada Sala ha establecido, como elementos que debe contener el salario, por regla general, entre otros, los siguientes: periodicidad, continuidad, fijeza y un m�nimo. Periodicidad se refiere a la fecha en que debe de pagarse, la continuidad alude a la permanencia del pago y la fijeza consiste en que el monto del pago a recibir no var�e el m�nimo que aquello que perciba un trabajador no sea inferior a una cantidad determinada por el organismo correspondiente y que se considera es la legal. Sentado lo anterior, procede analizar si, en el presente caso, la hip�tesis a que se refiere el art�culo 178, fracci�n VIII, del C�digo Financiero del Distrito F., se puede o no considerar como una erogaci�n destinada a remunerar el trabajo personal subordinado derivada del impuesto sobre n�minas. No se puede desvincular el origen del impuesto reclamado en el sentido de que el impuesto sobre n�minas tiene como caracter�stica esencial que se impuso con base en un pago regular por servicios prestados, asentados en una lista de nombres de personas que perciben un sueldo fijo en una empresa y que ese sueldo excluye cantidades extraordinarias y documentos en el que consta. La naturaleza de la que consta la indemnizaci�n por despido o terminaci�n de la relaci�n laboral es ajena a la caracter�stica que prevalece en el impuesto sobre n�minas o en la remuneraci�n al trabajo personal subordinado, en atenci�n a lo siguiente: Este pago referido no puede considerarse como la remuneraci�n al trabajo personal subordinado en raz�n de que las remuneraciones consisten en los pagos hechos por cuota diaria, las gratificaciones, percepciones, habitaci�n y cualquier otra cantidad que sea entregada a un trabajador a cambio de su trabajo incluyendo, adem�s, todas las ventajas econ�micas establecidas en el contrato a su favor, y para que una prestaci�n pueda considerarse parte integrante del salario, es preciso que se le entregue a cambio de su trabajo, lo que no acontece en la especie, ya que el impuesto (sic) referido tiene un fin distinto, que ser�a el de compensar de alguna forma al trabajador por el despido del que fue sujeto. El pago por indemnizaci�n, despido o terminaci�n de la relaci�n laboral existente no lo recibe el trabajador derivado de una relaci�n laboral existente, sino de una que ya concluy� y que su finalidad ser�a la de resarcir o recompensarlo del perjuicio que se le ocasiona por no poder seguir laborando en el puesto que desempe�aba por una causa ajena a su voluntad, bien porque el patr�n no quiere reinstalarlo en su trabajo, bien porque aqu�l se vea obligado a romper la relaci�n por una causa imputable al patr�n; o sea, que tal indemnizaci�n constituye una compensaci�n para el trabajador que no puede continuar desempe�ando su trabajo. Otra de las caracter�sticas de las que adolece la remuneraci�n por la indemnizaci�n en el despido o terminaci�n de la relaci�n laboral, es que no es una percepci�n regular y fija, sino que solamente se hace en una ocasi�n, careciendo de periodicidad, continuidad, fijeza y un m�nimo; esto es, la periodicidad se refiere a la fecha en que debe de pagarse; la continuidad alude a la permanencia del pago; y la fijeza consiste en que el monto del pago a recibir no var�e y el m�nimo es aquello que percibe un trabajador que no sea inferior a una cantidad determinada por el organismo (sic) correspondiente y que se considere en lo legal. Tampoco se encuentra consignado en la n�mina, ya que al tratarse de una liquidaci�n por indemnizaci�n se har� constar en un documento distinto, como ser�a una liquidaci�n por ese concepto. En las relatadas circunstancias y al no encontrarse ubicado en el supuesto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado el art�culo 178, fracci�n VIII, del C�digo Financiero del Distrito F., que establece el impuesto reclamado, lo procedente en este aspecto es declararlo inconstitucional por contravenir el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En raz�n de lo anterior, se concede al quejoso el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n."

QUINTO

Atendiendo a los relacionados criterios, corresponde ahora verificar, previamente, si existe o no la contradicci�n denunciada entre los criterios sustentados por ambos Tribunales Colegiados en Materia de Administrativa del Primer Circuito que han quedado transcritos.

Para ello es necesario tener presente que la contradicci�n de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes al resolver los negocios jur�dicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jur�dicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jur�dicos discrepantes y que, adem�s, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, requiri�ndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente id�nticos.

Es aplicable la jurisprudencia n�mero 22/92, de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, Octava �poca, tomo 58, octubre de 1992, p�gina 22, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, que enseguida se transcribe:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n F. y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

SEXTO

A fin de facilitar la resoluci�n del presente asunto, es conveniente sintetizar las resoluciones del S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, destacando los aspectos relevantes en que exista coincidencia y aquellos en los que se advierta la diferencia de opini�n, para determinar si en realidad incurren en la divergencia acusada.

  1. El S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el AR. 2867/2001, incluyendo la aclaraci�n de la ejecutoria correspondiente, en esencia, sostuvo:

    1. Que el art�culo 178 del C�digo Financiero del Distrito F. impone la obligaci�n a cargo de las personas f�sicas y morales que en el Distrito F. realicen erogaciones en especie o en dinero por remuneraci�n al trabajo personal subordinado de cubrir el impuesto sobre n�minas.

    2. Que el precepto en cuesti�n enumera limitativamente las erogaciones que deben considerarse destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado para efectos del tributo.

    3. El precepto reclamado no regula aspectos relacionados con la materia laboral, puesto que no hace referencia a los elementos esenciales del v�nculo laboral ni altera la naturaleza jur�dica de los conceptos que integran el salario acorde con el art�culo 84 de la Ley F. del Trabajo.

    4. La autoridad legislativa en el art�culo 178 del C�digo Financiero del Distrito F. no define aspectos relacionados con los elementos que integran el salario de un trabajador, sino que se limita exclusivamente a precisar cu�les son las erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, de lo que se sigue que sus hip�tesis s�lo tienen relaci�n con el impuesto sobre n�minas.

    5. Luego de definir el salario y los conceptos que lo integran, concluye que el segundo p�rrafo del art�culo 178 del C�digo Financiero del Distrito F. no contemplaaspectos ajenos a los que integran el salario acorde con el art�culo 84 de la Ley F. del Trabajo.

    6. Que el hecho de que la fracci�n VIII del art�culo 178 en comento, adicionada en el a�o dos mil, incluya el pago realizado con motivo de indemnizaciones por despido o terminaci�n del nexo laboral como una erogaci�n destinada a remunerar el trabajo personal subordinado para efectos del tributo que regula, no tiene como efecto extender el concepto del v�nculo laboral a periodos posteriores a la terminaci�n del nexo, ya que ese pago deriva de la existencia de un trabajo personal subordinado cuando la separaci�n se lleva a cabo injustamente, supuesto en el que el art�culo 123, apartado A, fracci�n XXII, constitucional y 48 de la Ley F. del Trabajo, confieren la opci�n al obrero de solicitar su reinstalaci�n o su indemnizaci�n; en el primer caso, de obtener laudo favorable se debe considerar continuo el v�nculo; y, en el segundo, se determina la ruptura injustificada.

    7. Se�ala que la indemnizaci�n derivada de la separaci�n del trabajador sin su responsabilidad surge sin la concurrencia de su voluntad, sino como decisi�n unilateral del patr�n, cuyo pago deriva directamente del v�nculo que se ve roto hasta que se paga la indemnizaci�n, de ah� que no exista invasi�n competencial de la responsable.

  2. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el AR. 1659/2001, se basa en las siguientes consideraciones:

    1. Comienza por definir la palabra "n�minas" por ser �sta la denominaci�n del impuesto previsto en los art�culos 178 a 180 del C�digo Financiero del Distrito F., se�alando que conforme al Diccionario Enciclop�dico de Editorial Grijalbo publicado en 1995, p�gina 1317, significa: "lista de nombre, relaci�n de las personas que perciben un sueldo fijo de una empresa, dicho sueldo que excluye cantidades extraordinarias y documentos en que consta"; tambi�n defini� la palabra "haberes" que dijo, significa: "pago regular por un servicio prestado.".

    2. Reprodujo parte de la jurisprudencia por contradicci�n de tesis de esta Segunda Sala, que sostuvo en la S�ptima �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, bajo el rubro: "REPARTO DE UTILIDADES. EL IMPUESTO DEL UNO POR CIENTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL PRESTADO BAJO LA DIRECCI�N Y DEPENDENCIA DE UN PATR�N DEBE GRAVAR LAS CANTIDADES ENTREGADAS A LOS TRABAJADORES POR ESE CONCEPTO.".

    Cabe aclarar que la jurisprudencia anterior se ocup� de la interpretaci�n de los art�culos 48 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que rigi� hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro; el art�culo 1o., fracci�n XIV y 33 de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para 1965-1966, donde se establec�a el impuesto del 1% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la direcci�n y dependencia de un patr�n, criterio en el que se estableci� que se debi� cubrir el tributo, entre otros conceptos, por el pago realizado por participaci�n de utilidades a los trabajadores, lo que se aprecia de la siguiente reproducci�n de la jurisprudencia referida:

    "REPARTO DE UTILIDADES. EL IMPUESTO DEL UNO POR CIENTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL PRESTADO BAJO LA DIRECCI�N Y DEPENDENCIA DE UN PATR�N DEBE GRAVAR LAS CANTIDADES ENTREGADAS A LOS TRABAJADORES POR ESE CONCEPTO. El asunto a dilucidar en el presente caso es determinar si el reparto de utilidades puede considerarse como remuneraci�n al trabajo personal prestado bajo la direcci�n de un patr�n y, por ende, si dicha participaci�n se encuentra dentro de la hip�tesis prevista por los art�culos 48 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que rigi� hasta el 31 de diciembre de 1964, art�culo 1o, fracci�n XIV, y 33 de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para 1965-1966, o sea afectada por el pago del uno por ciento sobre erogaciones por concepto de remuneraci�n al trabajo personal (criterio que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito) o, por el contrario, si el citado reparto de utilidades se encuentra fuera de la hip�tesis a que se contraen los mencionados numerales por no quedar comprendido dentro del precitado concepto de remuneraci�n al trabajo personal (criterio que sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito). Ahora bien, los art�culos de las leyes invocadas instituyen un tributo que asciende al uno por ciento, calculado sobre el total de las erogaciones hechas por concepto de remuneraci�n al trabajo prestado bajo la direcci�n y dependencia del patr�n. La remuneraci�n al trabajo personal comprende varias especies: adem�s de la prestaci�n que podr�amos denominar original o fundamental que es el salario, incluye otras prestaciones suplementarias o complementarias que puedan situarse bajo el rubro de 'remuneraciones', como son, por ejemplo, la prima de vacaciones, la de antig�edad, la de puntualidad, el fondo de ahorros y la participaci�n de los trabajadores en las ganancias de la empresa. Que el concepto de 'remuneraci�n' no se identifica con el 'salario', ni se reduce a �ste, es f�cil advertirlo; si s�lo el salario entra�a (y no tambi�n otras prestaciones, como la distribuci�n de utilidades) una remuneraci�n, no se explicar�a, en modo alguno, la redacci�n adoptada por las correspondientes disposiciones contenidas en los art�culos 33 de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para mil novecientos sesenta y seis y 16 de la Ley que reforma y adiciona diversas leyes fiscales (publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 31 de diciembre de 1966), que dicen que 'las personas f�sicas, las morales o las unidades econ�micas que hagan pagos por concepto de remuneraci�n al trabajo personal, prestado bajo su direcci�n o dependencia, causar�n el impuesto con la cuota del uno por ciento, que se aplicar� sobre el monto total de los pagos que efect�e aun cuando no excedan del salario m�nimo'. Si 'remuneraci�n' fuera sin�nimo de 'salario', las normas, en lugar de expresar: 'por concepto de remuneraci�n', habr�an dicho: 'por concepto de salarios', y en vez de hablar del uno por ciento sobre el 'monto total de los pagos que efect�en', habr�an hablado simplemente del 'monto total de los salarios que cubran'. Si creemos que la palabra 'remuneraci�n' pertenece al patrimonio del habla com�n, la noci�n relativa no se reduce al salario. Tiene aquel vocablo, en el lenguaje vulgar, una connotaci�n ampl�sima, dentro de la cual cabe con absoluta naturalidad, sin violencia alguna, la distribuci�n a los trabajadores de las utilidades de la empresa. En efecto, ense�a el Diccionario de la Academia Espa�ola que 'remunerar' (sin�nimo de recompensar o galardonar) no s�lo quiere decir reparar un da�o o retribuir un servicio, sino que tambi�n significa premiar favores, virtudes, beneficios, o m�ritos. Dentro del significado tan amplio de dicha palabra, resulta obvio que la participaci�n de utilidades a los trabajadores constituye una de las numerosas formas de remunerar el trabajo. Por otra parte, si nos inclinamos a pensar que 'remuneraci�n', es un tecnicismo jur�dico, habr�a que investigar si alguna norma, de car�cter fiscal o de otra �ndole, directa o indirectamente relacionada con el tema, limita o restringe la acepci�n lat�sima del vocablo o reduce su connotaci�n s�lo al supuesto del salario. Pero observamos que no es as�, dado que, la inversa, la donaci�n remuneratoria (la cual sin asomo de duda, implica una remuneraci�n) es aquella 'que hace en atenci�n a servicios recibidos por el donante, y que �ste no tiene obligaci�n de pagar' (art�culo 2336 del C�digo Civil). Ahora bien, si hay remuneraci�n hasta en los casos en que quien remunera no est� jur�dicamente obligado a pagar, con mayor raz�n la habr� cuando el que realiza la prestaci�n s� se halla obligado a cubrirla, como es precisamente el caso de la distribuci�n de utilidades en favor de los trabajadores. El art�culo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que rigi� hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro comprende dentro del concepto de 'remuneraci�n' al trabajo personal, no s�lo los sueldos, salarios y sobresueldos, sino todas las remuneraciones ordinarias y aun las extraordinarias y, adem�s, cualquier otra clase de ventajas, sean en dinero, en especie, en bonos de fundador o en partes sociales (fracci�n IV). Es patente que el mencionado art�culo 95 no limita ni restringe el concepto de remuneraci�n ni, menos a�n, lo reduce s�lo al supuesto del salario. Por otro lado, el art�culo 48 de la ley de esta materia, que inici� su vigencia el primero de enero de mil novecientos sesenta y cinco, incluy�, expresa y categ�ricamente, entre los distintos tipos de remuneraci�n del trabajo personal, la participaci�n de utilidades. Esta norma y el art�culo 95 antes mencionado no se invocan como fundamento ni como causa justificativa de la conclusi�n consistente en que la distribuci�n de utilidades queda comprendida dentro de lo que previenen las respectivas disposiciones de las diversas leyes de ingresos de la Federaci�n, sino que se citan �nicamente para demostrar que la extens�sima connotaci�n del t�rmino 'remuneraci�n' no se ve reducida ni restringida por las disposiciones conexas, las cuales no limitan el concepto de remuneraci�n a s�lo la hip�tesis del salario. En tales condiciones, aunque hay diferencia entre salario y reparto de utilidades, debe decirse, sin embargo, que tienen un fundamento com�n, a saber: la existencia de la relaci�n laboral y la prestaci�n del servicio por quien percibe el salario y tiene derecho a una parte en la distribuci�n de las ganancias. Por consiguiente, es obvio que tal distribuci�n se realiza en atenci�n al trabajo desempe�ado, con motivo del mismo y a causa del propio trabajo; y resulta patente, tambi�n, que no se le conceda ni una m�nima parte en la distribuci�n relativa a determinado a�o a quien no sea trabajador de la empresa, o a quien no haya laborado precisamente durante ese mismo a�o. Sentado lo anterior, debe estimarse que la cuant�a de la participaci�n que en las utilidades de la empresa le compete a cierto sujeto, s� est� en proporci�n directa con el trabajo que el mismo desempe��, pues se toma en consideraci�n as� el monto del salario de cada trabajador, con el n�mero de d�as que cada uno labor� en el a�o respectivo (art�culo 100-M de la Ley F. del Trabajo abrogada y 123 de la vigente); y, por ello, que el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa (Informe de la Suprema Corte de Justicia en 1974, III, p�ginas 84 a 86) no es el correcto. Adem�s de lo que ya se ha dicho, resulta inaceptable aducir, como lo hace dicho tribunal, como bases para pretender concluir partiendo de ellas, que no es remuneraci�n la distribuci�n de utilidades, que �sta es s�lo un pago que se realiza en cumplimiento de una disposici�n constitucional, que se trata de una prestaci�n especial que establece la fracci�n IX de la correspondiente norma de la Carta Magna, o que la repetida distribuci�n de utilidades no remunera el trabajo personal, sino que 's�lo' hace part�cipe al obrero en el resultado econ�mico de la empresa, como factor de la producci�n. En efecto, los asalariados, que integran uno de los factores de la producci�n, tienen por ello, derecho de participar en las ganancias de la empresa, pues es notorio que tal participaci�n se justifica precisamente porque, mediante su trabajo, contribuyeron a la obtenci�n de estas ganancias. Si la distribuci�n de utilidades a los trabajadores no puede estimarse como retribuci�n del esfuerzo del elemento empresarial, ni como remuneraci�n del capital, tiene que considerarse como una remuneraci�n suplementaria por raz�n de lo �nico que aportan los trabajadores, es decir, su fuerza de trabajo. Del mismo modo que los dividendos son una retribuci�n por la parte que el capital le corresponde en la obtenci�n de utilidades, la parte que a los trabajadores les incumbe en la distribuci�n de �stas constituye una remuneraci�n al trabajo. Que el salario se determine previamente, y la participaci�n de utilidades se establezca al final del a�o; que aqu�l repercuta en los gastos de la empresa y �sta, en cambio, no influya en la cuenta de resultados; que el salario entra�e un ingreso de percepci�n cierta y la distribuci�n de las ganancias entre los trabajadores sea algo aleatorio, s�lo demuestra que esta �ltima no se identifica con el salario, pero de todo ello no se infiere, ni puede inferirse, que la repetida distribuci�n est� exenta del impuesto sobre el monto total de las erogaciones en concepto de remuneraci�n al trabajo personal. Finalmente, tampoco es v�lida la argumentaci�n que consiste en advertir que el art�culo 16 de la Ley que reforma y adiciona diversas leyes fiscales (Diario Oficial de la Federaci�n del 31 de diciembre de 1966) 'no remite' al art�culo 48 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y porque, seg�n se hizo notar, es razonable citar dicho precepto para demostrar que ni �ste ni otras normas conexas con el problema, restringen o limitan en medida alguna la connotaci�n ampl�sima del vocablo 'remuneraci�n', ni reduce al caso del salario el significado de dicho vocablo. Por todas las consideraciones expuestas debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa." (S�ptima �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 181-186, Tercera Parte, p�gina 101).

  3. P.� al an�lisis sobre si fue o no correcto que en la fracci�n VIII del art�culo 178 del C�digo Financiero del Distrito F. se incluyera, entre otros conceptos destinados a remunerar el trabajo personal subordinado, el pago de la indemnizaci�n por despido o terminaci�n del v�nculo laboral, concluyendo en el sentido de que la naturaleza de ese pago es ajena a las caracter�sticas que prevalecen en el impuesto sobre n�minas porque:

    ? No puede considerarse como una remuneraci�n al trabajo personal subordinado, si se toma en consideraci�n que las remuneraciones consisten en los pagos hechos por cuota diaria, percepciones, habitaciones y cualquier otra cantidad que sea entregada a un trabajador a cambio de sus servicios.

    ? Entonces, el pago por indemnizaci�n (por despido o terminaci�n de la relaci�n laboral) no es otorgado con motivo del v�nculo laboral existente, sino que ese pago se cubre cuando ya concluy� el nexo; con la particularidad de que tiene como finalidad resarcir o compensar el perjuicio causado al trabajador por no poder seguir laborando en el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador, m�xime que no se trata de una percepci�n regular y fija, puesto que se efect�a en una sola ocasi�n, la cual no aparece en la n�mina, sino que se hace constar en un documento distinto, llamado liquidaci�n.

  4. Bajo esa perspectiva, concluy� que el art�culo 178, fracci�n VIII, del C�digo Financiero del Distrito F. viola el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n F., puesto que el concepto que contempla: pago de indemnizaci�n por despido o terminaci�n de la relaci�n laboral no est� ubicado en el supuesto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado, motivo por el cual concedi� el amparo solicitado.

S�PTIMO

Del an�lisis de las ejecutorias que motivaron la presente contradicci�n de criterios se advierte que, en el caso, s� se configura la divergencia de opiniones jur�dicas, de acuerdo con las consideraciones que enseguida se precisan:

El S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito considera, en lo sustancial, que es correcto que el legislador en el art�culo 178, fracci�n VIII, del C�digo Financiero del Distrito F. contemple, entre otros conceptos sobre los que el patr�n debe cubrir el impuesto sobre n�minas, los pagos que realiza por concepto de indemnizaci�n derivados de la terminaci�n del v�nculo laboral y por raz�n de despido, ya que tal precepto se concreta a establecer cu�les son las erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, pero no regula los elementos esenciales del v�nculo laboral que corresponden a la materia laboral.

En cambio, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estim� lo contrario.

Se pone de relieve, por tanto, que ambos Tribunales Colegiados al resolver los negocios jur�dicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jur�dicamente iguales, pues realizaron el an�lisis del art�culo 178, fracci�n VIII, del C�digo Financiero para el Distrito F., donde se establece que forma parte de la base impositiva el pago de indemnizaciones que cubra el patr�n por despido o terminaci�n de la relaci�n laboral, esto es, que se introduce dicho concepto como uno sobre los que debe pagarse el impuesto sobre n�minas; asimismo, que ambos �rganos jurisdiccionales adoptaron posiciones o criterios jur�dicos discrepantes, dado que mientras el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se�al� que es correcta su inclusi�n en el precepto cuestionado, el Noveno Colegiado de la misma materia y circuito consider� que el legislador no debi� incluir ese concepto dentro de los que generan el pago del tributo, concluyendo que al incluirlo viol� el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional; adem�s, la diferencia de criterios se suscit� en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, lo que se evidencia de la transcripci�n de las ejecutorias correspondientes.

En tales condiciones queda planteada la contradicci�n de tesis.

Con el prop�sito de dirimir la contradicci�n debe tenerse presente, en primer lugar, que los art�culos 178 y 179 del C�digo Financiero del Distrito F., cuando ese c�digo entr� en vigor (1o. de enero de 1995), establec�an:

"Art�culo 178. Se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre n�minas, las personas f�sicas y morales que, en el Distrito F., realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado, independientemente de la designaci�n que se les otorgue. Para los efectos de este impuesto, se considerar�n erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, los salarios y dem�s prestaciones que se deriven de una relaci�n laboral."

Art�culo 179. El impuesto sobre n�minas se determinar�, aplicando la tasa del 2% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado.

Ese tributo fue materia de impugnaci�n ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, donde se hizo valer, entre otros conceptos, el atingente a la invasi�n de esferas de competencia derivado de que legislaba en materia laboral reservada a la Federaci�n un �rgano parlamentario local; sobre este aspecto, la Suprema Corte emiti� la jurisprudencia cuyos datos de identificaci�n y texto son los siguientes:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: VII, marzo de 1998

"Tesis: P. XIII/98

"P�gina: 27

N�MINAS. EL C�DIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE, NO VIOLA LA ESFERA RESERVADA A LA FEDERACI�N EN EL ART�CULO 73, FRACCI�N X, CONSTITUCIONAL, YA QUE NO REGULA ASPECTOS RELATIVOS A LA RELACI�N DE TRABAJO. Si bien es facultad privativa del Congreso de la Uni�n legislar en materia de relaciones de trabajo, seg�n se desprende de la fracci�n X del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dicha potestad se limita a expedir las leyes reglamentarias del art�culo 123 constitucional. Por ello, al establecer el C�digo Financiero del Distrito F. el impuesto sobre n�minas en sus art�culos 178 a 180, de ninguna manera pretende regular alg�n aspecto relativo a la relaci�n laboral, dado que lo �nico que hace es crear un tributo quetiene como objeto las erogaciones de tipo salarial, pero sin pretensi�n alguna de establecer los t�rminos y condiciones que habr�n de observarse en la concertaci�n de las relaciones de trabajo individuales o colectivas; tampoco fija el contenido de esa relaci�n jur�dica, es decir, las obligaciones y derechos inherentes a los sujetos que participan en ella, ni, finalmente, las instancias administrativas que vigilen el cumplimiento de esas obligaciones y sancionen su incumplimiento, o los mecanismos procesales e instancias jurisdiccionales para que las partes diriman sus posibles diferencias. Todo ello ser�a lo que dar�a contenido de naturaleza laboral a una legislaci�n, sin que del an�lisis del contenido de los art�culos 178 a 180 de la mencionada legislaci�n, derive que alguno de los aspectos mencionados se encuentre regulado en ellos, por m�s que en el primero de esos dispositivos se aluda a las erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, los salarios y dem�s prestaciones que deriven de una relaci�n laboral, ya que no se trata sino de una referencia para determinar el objeto y la base del impuesto sobre n�minas, por lo que con �ste no se est� gravando la relaci�n laboral. Consecuentemente, no existe una invasi�n de la esfera exclusiva de la Federaci�n, prevista en el art�culo 73, fracci�n X, ni por ende, una violaci�n al art�culo 124, ambos de la citada Constituci�n Pol�tica.

Otro tema que tambi�n resolvi� la Suprema Corte en aquella ocasi�n, fue el relacionado con la violaci�n al principio de legalidad, atento que en el texto de la ley s� se establec�a el objeto del tributo; al respecto, emiti� la jurisprudencia que enseguida se copia:

"N�MINAS. EL ART�CULO 178 DEL C�DIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE DEFINE EL OBJETO DEL IMPUESTO SOBRE ELLAS, NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Siguiendo el criterio establecido por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver sobre la constitucionalidad de los art�culos 45-G a 45-I de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito F., debe decirse que el art�culo 178 del C�digo Financiero del Distrito F., no viola el principio de legalidad tributaria establecido por el art�culo 31, fracci�n IV de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el objeto del impuesto se encuentra claramente definido en �l, ya que determina que el mismo consiste en las erogaciones en dinero o en especie que se realicen para remunerar el trabajo subordinado de una persona como contraprestaci�n por sus servicios, la cual se encuentra prevista por los art�culos 82 y 84 de la Ley F. del Trabajo." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: III, abril de 1996. Tesis: P./J. 17/96. P�gina 5).

Ahora bien, el texto reformado del art�culo 178, fracci�n VIII, del C�digo Financiero del Distrito F., que entr� en vigor en el a�o dos mil uno establece, textualmente, lo que enseguida se reproduce:

Art�culo 178. Se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre n�minas, las personas f�sicas y morales que, en el Distrito F., realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado, independientemente de la designaci�n que se les otorgue. Para los efectos de este impuesto, se considerar�n erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, las siguientes: I.S. y salarios; II. Tiempo extraordinario de trabajo; III. Premios, primas, bonos, est�mulos e incentivos; IV. Compensaciones; V.G. y aguinaldos; VI. P.�n patronal al fondo de ahorros; VII. Primas de antig�edad; VIII. I.�n por despido o terminaci�n de la relaci�n laboral; IX. Comisiones; y X.P. realizados a administradores, comisarios o miembros de los consejos directivos de vigilancia o administraci�n de sociedades y asociaciones.

En la exposici�n de motivos de la reforma de antecedentes, respecto al precepto cuestionado, se dijo:

"... art�culo 178, p�rrafo segundo y se adicionan las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X. Derivado del reconocimiento que las autoridades fiscales del Distrito F. hacen de la carga tributaria, tanto local como federal a cargo del contribuyente se considera conveniente se�alar los conceptos que constituyen base gravable para el impuesto sobre n�minas lo que tiende a facilitar al contribuyente su manejo. Como consecuencia del razonamiento que es fundamento para la modificaci�n de este art�culo, es que se considera establecer de manera precisa lo relativo a las dem�s prestaciones que se deriven de una relaci�n laboral, no permitiendo ahora la interpretaci�n de cu�les son esos conceptos, sino que est�n establecidos en ley consider�ndose los que se prev�n a lo largo de las diez fracciones que ahora constituyen este precepto ..."

De lo anterior se desprende lo siguiente:

  1. El C�digo Financiero para el Distrito F. contiene en el art�culo 178 normas jur�dicas de naturaleza tributaria, aunque basta la lectura de sus fracciones para verificar que los conceptos que incluye son tomados, en lo fundamental, de la Ley F. del Trabajo.

  2. Sin embargo, la observaci�n anterior no significa que el c�digo de referencia, al establecer el r�gimen del "impuesto sobre n�minas" est� legislando en materia laboral.

  3. La circunstancia de que los preceptos que regulaban el impuesto sobre n�minas, en su origen, no tuvieran un cat�logo que estableciera cu�les eran los conceptos gravados por el tributo, provoc� que se recurriera a la Ley F. del Trabajo para establecer los factores o elementos que constitu�an las erogaciones en dinero o en especie que realizan los patrones para remunerar el trabajo personal subordinado de una persona como contraprestaci�n por el servicio, determin�ndose que tales elementos eran los conceptos integradores del salario.

    Ahora bien, el precepto que es materia de interpretaci�n por parte de los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito, incluye, en sus diferentes fracciones, un cat�logo de conceptos que constituyen la base gravable del tributo, y de ese cat�logo la �nica que es objeto de discrepancia y que se habr� de clarificar en esta resoluci�n, es la fracci�n VIII, que a la letra dice:

    "Art�culo 178. Se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre n�minas, las personas f�sicas y morales que, en el Distrito F., realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado, independientemente de la designaci�n que se les otorgue.

    "Para los efectos de este impuesto, se considerar�n erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, las siguientes:

    "...

    VIII. I.�n por despido o terminaci�n de la relaci�n laboral.

    En relaci�n con la facultad tributaria del Estado, cabe se�alar que dentro de las actividades que desarrolla, se encuentra la encaminada a la prestaci�n de los servicios p�blicos y a la satisfacci�n de las necesidades generales, lo cual tiene como consecuencia, l�gicamente, que debe allegarse y utilizar medios y recursos personales, materiales y jur�dicos para lograr el cumplimiento de esos fines.

    En materia impositiva, las bases generales est�n contempladas, entre otros preceptos, en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n F., donde se prev�:

    "Art�culo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

    "...

    IV. Contribuir para los gastos p�blicos, as� de la Federaci�n, como del Distrito F. o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

    De ese precepto se desprende que dichas bases son, por una parte, la obligaci�n de los gobernados de contribuir a los gastos p�blicos y, por la otra, el derecho que tienen de que la contribuci�n sea de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El Constituyente, por tanto, dej� al legislador ordinario, sea federal o local, la facultad de determinar c�mo y en qu� forma deben los mexicanos contribuir al gasto p�blico, siempre apeg�ndose a los mencionados principios.

    En este orden de ideas, cabe resaltar como importante en esta contradicci�n, que el legislador tiene plenas facultades para seleccionar el hecho imponible a efecto de integrar un sistema impositivo que satisfaga los principios se�alados por la Constituci�n; �sta le da libertad de gravar cualquier hecho que considere indicador de una capacidad contributiva, siempre y cuando cumpla con los requisitos tributarios de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino a un gasto p�blico y no infrinja ninguna otra garant�a individual.

    Es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno, identificada con el n�mero P./J. 17/90, consultable en la Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, T.V., Primera Parte, julio a diciembre de 1990, visible en la p�gina 75, que es del tenor literal siguiente:

    CONTRIBUCIONES, OBJETO DE LAS. EL LEGISLADOR TIENE LIBERTAD PARA FIJARLO, SIEMPRE QUE RESPETE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N. Es inexacto que el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n, al otorgar al Estado el poder tributario, establezca que el objeto de las contribuciones quede limitado a los ingresos, utilidades o rendimientos de los contribuyentes, pues tan restringida interpretaci�n no tiene sustento en esa norma constitucional, que otorga plena libertad al legislador para elegir el objeto tributario, con tal de que respete los principios de proporcionalidad, equidad y destino.

    Precisado lo anterior, cabe destacar que no s�lo los ingresos, utilidades o rendimientos constituyen indicadores de una capacidad contributiva, sino que existen m�ltiples indicadores m�s. El Estado, al establecer las contribuciones, est� gravando esos indicadores que conforme a la t�cnica fiscal pueden manifestarse a trav�s de la obtenci�n de ingresos, de la propiedad de un patrimonio o capital, o de la realizaci�n de gastos o erogaciones destinados a adquirir bienes o servicios.

    La imposici�n sobre los ingresos se origina en el momento en el que se presentan tales entradas como indicadores de capacidad contributiva, trat�ndose de las personas f�sicas cuando las obtienen en efectivo, bienes o cr�dito, y en el caso de las personas morales cuando obtienen utilidades. La imposici�n sobre el patrimonio o capital grava la riqueza ya adquirida por los contribuyentes, como sucede en el impuesto predial y en el impuesto sobre tenencia o uso de veh�culos; por �ltimo, la imposici�n al gasto o erogaciones se produce en forma diferente, pues �sta acontece una vez que las personas poseyendo la riqueza, hacen uso de ella para adquirir los bienes y los servicios.

    El objeto, la base y el sujeto pasivo son diversos en cada una de las tres especies de impuestos a que se ha hecho referencia.

    En el primer caso, o sea, cuando el impuesto grava los ingresos, el objeto del impuesto lo constituye el hecho o acto de obtener ingresos en dinero o en especie, la base son los ingresos percibidos menos las deducciones permitidas por la ley, y el sujeto pasivo lo son las personas f�sicas o morales que obtienen dichos ingresos.

    En los impuestos al capital o al patrimonio el objeto lo constituye el bien mueble o inmueble, la base es el valor del capital o del patrimonio, y el sujeto pasivo lo son las personas poseedoras o propietarias de dichos bienes.

    Por �ltimo, trat�ndose de la imposici�n al gasto, el objeto del tributo es la realizaci�n de una erogaci�n, la base se conforma por el gasto que el legislador escoge de entre los que efect�a el contribuyente, y el sujeto pasivo es la persona que realiza ese gasto o erogaci�n.

    Las anteriores consideraciones tienen como finalidad aclarar el sistema que poseen las tres categor�as impositivas para gravar los indicadores de capacidad contributiva, ya que no resulta lo mismo gravar los ingresos o la propiedad de un patrimonio o un capital o los gastos o erogaciones de los particulares, en virtud de los elementos tributarios propios de cada forma de imposici�n.

    Los impuestos sobre ingresos y la propiedad de un patrimonio o capital son los cl�sicos impuestos directos, pues recaen sobre las personas que perciben los primeros, o son propietarias o poseedoras del patrimonio o capital, y reciben esa denominaci�n porque para efectos de la imposici�n, la capacidad contributiva se evidencia de manera directa. Por su parte, los impuestos al gasto o consumo constituyen los denominados indirectos, ya que son aquellos que gravan el uso de la riqueza, en la medida que su utilizaci�n a trav�s del gasto o erogaci�n refleja la capacidad contributiva indirectamente.

    Es aplicable el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que a la letra dice:

    "GASTOS Y EROGACIONES DE LAS PERSONAS. EL ESTADO TIENE FACULTAD DE GRAVARLOS EN EJERCICIO DE SU POTESTAD TRIBUTARIA. El art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al legislador ordinario la facultad de determinar c�mo y en qu� forma los mexicanos deben contribuir al gasto p�blico. El legislador tiene la facultad para seleccionar el objeto del tributo siempre que �ste satisfaga los principios establecidos en la Constituci�n. El precepto constitucional se�alado no establece como requisito que los grav�menes se impongan s�lo a los ingresos, a los bienes o al capital. Al no existir restricci�n constitucional en este sentido el Estado est� facultado para gravar erogaciones o gastos en dinero o en especie que revelen capacidad contributiva de quienes los efect�an y, por ende, sean susceptibles de ser objeto de imposici�n por parte del Estado." (Octava �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Ap�ndice de 1995. Tomo: I, Parte SCJN. Tesis: 148. P�gina 151).

    Ahora bien, es conveniente puntualizar que, como ya se manifest�, el legislador tiene libertad para seleccionar el objeto del tributo, pero una vez que eligi� el indicador de capacidad contributiva afecto al gravamen, as� como sus elementos, esto es, objeto, sujeto y base, debe circunscribirse a tales l�mites que �l mismo se demarc�, en virtud de que su libertad impositiva no es arbitraria, sino que, como ya se anticip�, al establecer la mec�nica integral de la contribuci�n debe respetar los principios tributarios contemplados en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional.

    Cabe observar, por otra parte, que al escoger el �ndice de capacidad contributiva dentro del universo de materias a su alcance competencial, el legislador debe desarrollar los elementos propios del tributo de manera congruente y apegada a la naturaleza jur�dica que es propia de la materia seleccionada. En el impuesto sobre n�minas, el legislador fij� como objeto del mismo las erogaciones, en dinero o en especie, que por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado tiene que efectuar el patr�n, pues as� lo estableci� literalmente en el art�culo 178 del C�digo Financiero para el Distrito F. y en la exposici�n de motivos en que se destac� el mismo concepto.

    En esa medida, al establecer los elementos que conforman la base gravable del impuesto de antecedentes a trav�s de un cat�logo espec�fico, que en la legislaci�n original omiti� y que acorde con la exposici�n de motivos de la reforma cuestionada ya reproducida, ahora introduce, se tuvo el prop�sito de precisar las prestaciones que derivan de una relaci�n laboral para evitar confusiones en torno a este aspecto. Esta Segunda Sala considera correcta la decisi�n del legislador de contemplar dentro del C�digo Financiero ese cat�logo de gastos que constituir�n la base gravable pues, ciertamente, ello tender� a facilitar el manejo del tributo; sin embargo, al establecer este cat�logo, el legislador debi� circunscribirse al objeto del impuesto que, como ya se anticip�, est� constituida por la totalidad de los gastos efectuados por el patr�n con motivo del numerario o de las prestaciones en especie que cubra a los trabajadores por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado.

    Con esa perspectiva debe examinarse el caso espec�fico referido a la fracci�n VIII, que fue materia de interpretaci�n por parte de los Tribunales Colegiados discrepantes, para determinar si existe o no congruencia con el objeto predeterminado anotado en el p�rrafo anterior, puesto que si dentro de la base gravable se incluyen ingresos, percepciones o gastos ajenos al objeto que el mismo legislador acot�, incurrir�a en violaci�n al principio tributario de proporcionalidad, porque en este aspecto rebasar�a el indicador de capacidad contributiva que se propuso gravar.

    Son aplicables por analog�a los criterios del Tribunal Pleno que enseguida se reproducen:

    "PREDIAL, IMPUESTO SOBRE PREDIOS R�STICOS A SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCI�N, INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE LO ESTABLECE, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA. Los art�culos 26, fracci�n II, inciso c) y e), fracci�n IV, 27, fracci�n II, inciso a), 28 fracci�n II, 29 y 99 �nico del t�tulo sexto del de la Ley de Ingresos del Municipio de Escuinapa, Sinaloa, para el a�o de mil novecientos ochenta y nueve, reformados por el Decreto 724, que lo establecen, contravienen los principios de proporcionalidad y equidad establecidos en el art�culo 31, fracci�n IV de la Constituci�n, porque establecen como base del mismo un porcentaje sobre el valor total de la producci�n anual comercializada tomando como referencia el precio medio rural por tonelada, pues dicho gravamen tiene como objeto la propiedad o posesi�n de inmuebles, por lo que, el monto de la base gravable, independientemente del sistema t�cnico que rija para calcularlo, debe determinarse tomando en cuenta la extensi�n de los inmuebles, su ubicaci�n y otros factores an�logos, de manera que esa base guarde relaci�n de congruencia directa con el objeto del impuesto, y no con elementos accidentales ajenos como lo son el volumen de producci�n, el valor comercializado en la zona de los productos del inmueble, e incluso las posibilidades de comercializaci�n. De ah� que no se respete el principio de proporcionalidad por este gravamen predial, pues no hay relaci�n congruente entre la capacidad tributaria demostrada al ser propietario o poseedor del predio de que se trate y el valor comercial medio por tonelada de los productos del mismo. Por otra parte, al establecerse como �nico sistema para determinar el impuesto a pagar, el relativo al precio medio de comercializaci�n de los productos de inmueble, se vulnera el principio de equidad, ya que, se propicia que los poseedores o propietarios de inmuebles r�sticos que no est�n en producci�n, no tengan que pagar el tributo, por ausencia de base gravable, cuando todos se encuentran en iguales condiciones desde el punto de vista predial, pues todos incurren en la hip�tesis generadora del impuesto, consistente precisamente en ser propietarios o poseedores de los inmuebles respectivos, no existiendo raz�n para que unos s� cubran el gravamen y otros no." (Octava �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: VIII, septiembre de 1991. Tesis: P. XL/91. P�gina: 6).

    "RADICACI�N, IMPUESTO SOBRE. LOS ART�CULOS 83 BIS-G Y 83 BIS-H DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE M�XICO, EN VIGOR A PARTIR DEL A�O DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. Los art�culos antes mencionados, al establecer que el impuesto sobre radicaci�n se calcula aplicando al n�mero de metros cuadrados de construcci�n del predio en donde se ejerza la radicaci�n o, en caso de que no exista edificaci�n o �sta no exceda del 15% de la superficie total, al n�mero de metros cuadrados del terreno, el factor (que va del 1.06 al 2.00) que resulte de considerar el sector tipo (habitacional popular, medio o residencial) y el grupo de Municipio (1, 2 o 3) en que se localiza el inmueble,violan el principio de proporcionalidad tributaria, porque no atienden al hecho generador del tributo, que conforme al art�culo 83 bis-C de la misma ley consiste en el aprovechamiento de los servicios p�blicos generalizados e indivisibles que se efect�a a trav�s de la radicaci�n, es decir, mediante la disposici�n material y formal y el uso permanente, continuo y habitual de un inmueble, ya que los beneficios que tales servicios reportan no est�n en relaci�n directa con el tama�o del inmueble, adem�s de que los factores que integran la tasa tampoco se determinan fundamentalmente por la existencia de los servicios de cuyo aprovechamiento se trata, sino por las caracter�sticas de las edificaciones, diversos servicios divisibles y otras variables urbanas." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: IV, julio de 1996. Tesis: P./J. 42/96. P�gina 84).

    Recapitulando, en el supuesto examinado, no cabe duda que tanto del texto del art�culo 178 como de la iniciativa que dio lugar a la reforma examinada se desprende que aqu�l grava no todo tipo de gasto que hagan los patrones, sino espec�ficamente las erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado; en consecuencia, las erogaciones que el patr�n realice distintas a tales remuneraciones no pueden, v�lidamente, quedar incluidas dentro de dicho impuesto, pues su falta de congruencia con el objeto previamente elegido provoca, como ya se explic�, la falta de proporcionalidad en el tributo.

    En tales condiciones corresponde determinar ahora si conforme a las normas que son propias de la naturaleza jur�dica de la materia seleccionada por el legislador como objeto del gravamen, el pago de indemnizaciones por despido o terminaci�n de la relaci�n laboral constituyen una erogaci�n en dinero que remunera al trabajo personal subordinado, acorde con las disposiciones que rigen la materia laboral, o si no es as�.

    Al respecto, debe tenerse presente lo que dispone el art�culo 123, apartado A, fracci�n XXII, de la Constituci�n F.:

    "Art�culo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente �til; al efecto, se promover�n la creaci�n de empleos y la organizaci�n social para el trabajo, conforme a la ley.

    "El Congreso de la Uni�n, sin contravenir a las bases siguientes deber� expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regir�n:

    "A. Entre los obreros, jornaleros, empleados dom�sticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

    "...

    XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociaci�n o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga l�cita, estar� obligado, a elecci�n del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. ...

    Para dilucidar este punto, tambi�n conviene reproducir el texto de los art�culos 48, 49, 50, 53, 54, 276, 433, 434, 436, 439, 483, 484, 485, 486, 487, 490, 495, 496, 500, 501, 502 y 503 de la Ley F. del Trabajo, que establecen:

    "Art�culo 48. El trabajador podr� solicitar ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, a su elecci�n, que se le reinstale en el trabajo que desempe�aba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario.

    "Si en el juicio correspondiente no comprueba el patr�n la causa de la rescisi�n, el trabajador tendr� derecho, adem�s, cualquiera que hubiese sido la acci�n intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo."

    "Art�culo 49. El patr�n quedar� eximido de la obligaci�n de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el art�culo 50 en los casos siguientes:

    "I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antig�edad menor de un a�o;

    "II. Si comprueba ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, que el trabajador, por raz�n del trabajo que desempe�a o por las caracter�sticas de sus labores, est� en contacto directo y permanente con �l y la Junta estima, tomando en consideraci�n las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relaci�n de trabajo;

    "III. En los casos de trabajadores de confianza;

    "IV. En el servicio dom�stico; y

    "V. Cuando se trate de trabajadores eventuales."

    "Art�culo 50. Las indemnizaciones a que se refiere el art�culo anterior consistir�n:

    "I. Si la relaci�n de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un a�o, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de un a�o, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer a�o y de veinte d�as por cada uno de los a�os siguientes en que hubiese prestado sus servicios;

    "II. Si la relaci�n de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnizaci�n consistir� en veinte d�as de salario por cada uno de los a�os de servicios prestados; y

    "III. Adem�s de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de tres meses de salario y en el de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones."

    "Art�culo 53. Son causas de terminaci�n de las relaciones de trabajo:

    "I. El mutuo consentimiento de las partes;

    "II. La muerte del trabajador;

    "III. La terminaci�n de la obra o vencimiento del t�rmino o inversi�n del capital, de conformidad con los art�culos 36, 37 y 38;

    "IV. La incapacidad f�sica o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible la prestaci�n del trabajo; y

    "V. Los casos a que se refiere el art�culo 434."

    "Art�culo 54. En el caso de la fracci�n IV del art�culo anterior, si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendr� derecho a que se le pague un mes de salario y doce d�as por cada a�o de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 162, o de ser posible, si as� lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que le correspondan de conformidad con las leyes."

    "Art�culo 276. Para el pago de indemnizaciones en los casos de riesgos de trabajo, se observar�n las normas siguientes:

    "I. Si el riesgo produce incapacidad, el pago se har� de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 483;

    "II. El patr�n bajo cuya autoridad se prest� el trabajo, ser� responsable de los accidentes de trabajo; y

    "III. Si se trata de enfermedades de trabajo, cada patr�n que hubiese utilizado los servicios del trabajador durante 90 d�as, por lo menos, en los tres a�os anteriores a la fecha en que se determine el grado de incapacidad para el trabajo, contribuir� en la proporci�n en que hubiese utilizado los servicios.

    "El trabajador podr� ejercitar la acci�n de pago de la indemnizaci�n contra cualquiera de los patrones a que se refiere el p�rrafo anterior, pero el demandado podr� llamar a juicio a los dem�s o repetir contra ellos."

    "Art�culo 433. La terminaci�n de las relaciones de trabajo como consecuencia del cierre de las empresas o establecimientos o de la reducci�n definitiva de sus trabajos, se sujetar� a las disposiciones de los art�culos siguientes."

    "Art�culo 434. Son causas de terminaci�n de las relaciones de trabajo:

    "I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patr�n, o su incapacidad f�sica o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminaci�n de los trabajos;

    "II. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotaci�n;

    "III. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva;

    "IV. Los casos del art�culo 38; y

    "V. El concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducci�n definitiva de sus trabajos."

    "Art�culo 436. En los casos de terminaci�n de los trabajos se�alados en el art�culo 434, salvo el de la fracci�n IV, los trabajadores tendr�n derecho a una indemnizaci�n de tres meses de salario, y a recibir la prima de antig�edad a que se refiere el art�culo 162."

    "Art�culo 439. Cuando se trate de la implantaci�n de maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos, que traiga como consecuencia la reducci�n de personal, a falta de convenio, el patr�n deber� obtener la autorizaci�n de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 782 y siguientes. Los trabajadores reajustados tendr�n derecho a una indemnizaci�n de cuatro meses de salario, m�s veinte d�as por cada a�o de servicios prestados o la cantidad estipulada en los contratos de trabajo si fuese mayor y a la prima de antig�edad a que se refiere el art�culo 162."

    "Art�culo 483. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produzcan incapacidades, se pagar�n directamente al trabajador.

    "En los casos de incapacidad mental, comprobados ante la Junta, la indemnizaci�n se pagar� a la persona o personas, de las se�aladas en el art�culo 501, a cuyo cuidado quede; en los casos de muerte del trabajador, se observar� lo dispuesto en el art�culo 115."

    "Art�culo 484. Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este t�tulo, se tomar� como base el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempe�aba, hasta que se determine el grado de la incapacidad, el de la fecha en que se produzca la muerte o el que percib�a al momento de su separaci�n de la empresa."

    "Art�culo 485. La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podr� ser inferior al salario m�nimo."

    "Art�culo 486. Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este t�tulo, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario m�nimo del �rea geogr�fica de aplicaci�n a que corresponda el lugar de prestaci�n del trabajo, se considerar� esa cantidad como salario m�ximo. Si el trabajo se presta en lugares de diferentes �reas geogr�ficas de aplicaci�n, el salario m�ximo ser� el doble del promedio de los salarios m�nimos respectivos."

    "Art�culo 487. Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendr�n derecho a:

    "I. Asistencia m�dica y quir�rgica;

    "II. R.�n;

    "III. H.�n, cuando el caso lo requiera;

    "IV. Medicamentos y material de curaci�n;

    "V. Los aparatos de pr�tesis y ortopedia necesarios; y

    "VI. La indemnizaci�n fijada en el presente t�tulo."

    "Art�culo 490. En los casos de falta inexcusable del patr�n, la indemnizaci�n podr� aumentarse hasta en un veinticinco por ciento, a juicio de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje. Hay falta inexcusable del patr�n:

    "I. Si no cumple las disposiciones legales y reglamentarias para la prevenci�n de los riesgos de trabajo;

    "II. Si habi�ndose realizado accidentes anteriores, no adopta las medidas adecuadas para evitar su repetici�n;

    "III. Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas por los trabajadores y los patrones, o por las autoridades del trabajo;

    "IV. Si los trabajadores hacen notar al patr�n el peligro que corren y �ste no adopta las medidas adecuadas para evitarlo; y

    "V. Si concurren circunstancias an�logas, de la misma gravedad a las mencionadas en las fracciones anteriores."

    "Art�culo 495. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnizaci�n consistir� en una cantidad equivalente al importe de mil noventa y cinco d�as de salario."

    "Art�culo 496. Las indemnizaciones que debe percibir el trabajador en los casos de incapacidad permanente parcial o total, le ser�n pagadas �ntegras, sin que se haga deducci�n de los salarios que percibi� durante el periodo de incapacidad temporal."

    "Art�culo 500. Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la indemnizaci�n comprender�:

    "I. Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y

    "II. El pago de la cantidad que fija el art�culo 502."

    "Art�culo 501. Tendr�n derecho a recibir la indemnizaci�n en los casos de muerte:

    "I. La viuda, o el viudo que hubiese dependido econ�micamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad de cincuenta por ciento o m�s, y los hijos menores de diecis�is a�os y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o m�s;

    "II. Los ascendientes concurrir�n con las personas mencionadas en la fracci�n anterior, a menos que se pruebe que no depend�an econ�micamente del trabajador;

    "III. A falta de c�nyuge sup�rstite, concurrir� con las personas se�aladas en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivi� como si fuera su c�nyuge durante los cinco a�os que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.

    "IV. A falta de c�nyuge sup�rstite, hijos y ascendientes, las personas que depend�an econ�micamente del trabajador concurrir�n con la persona que re�na los requisitos se�alados en la fracci�n anterior, en la proporci�n en que cada una depend�a de �l; y

    "V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social."

    "Art�culo 502. En caso de muerte del trabajador, la indemnizaci�n que corresponda a las personas a que se refiere el art�culo anterior ser� la cantidad equivalente al importe de setecientos treinta d�as de salario, sin deducir la indemnizaci�n que percibi� el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al r�gimen de incapacidad temporal."

    "Art�culo 503. Para el pago de la indemnizaci�n en los casos de muerte por riesgo de trabajo, se observar�n las normas siguientes:

    "I. La Junta de Conciliaci�n Permanente o el inspector del trabajo que reciba el aviso de la muerte, o la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnizaci�n, mandar� practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigaci�n encaminada a averiguar qu� personas depend�an econ�micamente del trabajador y ordenar� se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, dentro de un t�rmino de treinta d�as, a ejercitar sus derechos;

    "II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte era menor de seis meses, se girar� exhorto a la Junta de Conciliaci�n Permanente, a la de Conciliaci�n y Arbitraje o al inspector del trabajo del lugar de la �ltima residencia, a fin de que se practique la investigaci�n y se fije el aviso mencionado en la fracci�n anterior;

    "III. La Junta de Conciliaci�n Permanente, la de Conciliaci�n y Arbitraje o el inspector del trabajo, independientemente del aviso a que se refiere la fracci�n I, podr� emplear los medios publicitarios que juzgue conveniente para convocar a los beneficiarios;

    "IV. La Junta de Conciliaci�n Permanente, o el inspector del trabajo, concluida la investigaci�n, remitir� el expediente a la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje;

    "V. Satisfechos los requisitos se�alados en las fracciones que anteceden y comprobada la naturaleza del riesgo, la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, con audiencia de las partes, dictar� resoluci�n, determinando qu� personas tienen derecho a la indemnizaci�n;

    "VI. La Junta de Conciliaci�n y Arbitraje apreciar� la relaci�n de esposo, esposa, hijos y ascendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podr� dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil; y

    VII. El pago hecho en cumplimiento de la resoluci�n de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje libera al patr�n de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, s�lo podr�n deducir su acci�n en contra de los beneficiarios que lo recibieron.

    El precepto constitucional y los legales acabados de reproducir contemplan el pago y alcance de la indemnizaci�n que debe cubrir el patr�n en caso de que despida o rescinda injustificadamente el contrato individual de un trabajador, o que por alguna otra causa tenga que darse por concluido dicho v�nculo, que constituyen, seg�n la mencionada fracci�n VIII, uno de los conceptos que el art�culo 178 del C�digo Financiero para el Distrito F. se�ala para fijar la base del tributo, lo que obliga a establecer su naturaleza jur�dica.

    Ciertamente, la Ley F. del Trabajo en los art�culos acabados de copiar, contempla los supuestos en los que el patr�n debe pagar al trabajador una indemnizaci�n cuando por alguna causa existe ruptura del nexo laboral, algunas veces por decisi�n unilateral del patr�n y otras por causas ajenas a las partes, hip�tesis que para una mejor comprensi�n enseguida se enuncian:

    1. Por despido injustificado.

    2. Cuando el patr�n plantea la insumisi�n al arbitraje o se niega a acatar el laudo.

    3. En caso de rescisi�n injustificada.

    4. Por incapacidad f�sica o mental derivada de riesgo no profesional.

    5. Terminaci�n colectiva de las relaciones de trabajo.

    6. En caso de reajuste de personal por implantaci�n de maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos.

    7. Incapacidad total permanente derivada de enfermedad o riesgo de trabajo.

    8. Por muerte del trabajador.

    Es conveniente aclarar que la conclusi�n del nexo laboral, cuando se pacta de manera voluntaria entre las partes, a que se refiere el art�culo 53, fracci�n I, de la Ley F. del Trabajo, no trae como consecuencia, al igual que en las restantes hip�tesis de terminaci�n del v�nculo, la obligaci�n patronal de pagar alg�n tipo de indemnizaci�n.

    En otro orden de ideas, esta Segunda Sala procede a fijar la naturaleza jur�dica de la indemnizaci�n que cubre el patr�n por despido injustificado, para lo cual debe recurrirse a los criterios sostenidos por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n; el primero que se cita, correspondiente a una tesis aislada y el segundo que constituye criterio jurisprudencial que, si bien no se refiere directamente al tema analizado, resulta �til para fijar su alcance, los cuales son del tenor literal siguiente:

    "DESPIDO INJUSTIFICADO EQUIPARADO A RESCISI�N UNILATERAL. Dada la naturaleza del derecho laboral y las caracter�sticas propias del contrato de trabajo, el despido injustificado equivale a la rescisi�n unilateral del patr�n de dicho contrato; de tal suerte que, al accionar el trabajador, no pueda pedir la rescisi�n de su contrato, que ya est� realizada, sino el pago de la indemnizaci�n de tres meses, por concepto de da�os y perjuicios, por el incumplimiento del contrato, de donde se colige que no es exacto que se pida, por una parte su cumplimiento y por la otra, su rescisi�n." (Quinta �poca. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: CXXVII. P�gina 372).

    "SALARIOS CA�DOS, MONTO DE LOS, CUANDO LA ACCI�N QUE SE EJERCIT� FUE LA DE INDEMNIZACI�N CONSTITUCIONAL. Esta Cuarta Sala reitera el criterio que ha sostenido en la jurisprudencia n�mero 1724, publicada en la p�gina 2773 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1988, acerca de que cuando el trabajador demanda la reinstalaci�n y el pago de salarios ca�dos, �stos se cubrir�n tomando en cuenta el aumento de salarios habidos durante el ejercicio; en cambio, si demanda la indemnizaci�n constitucional, los salarios vencidos deben cuantificarse con base en el sueldo percibido en la fecha de la rescisi�n, porque la ruptura de la relaci�n laboral oper� desde aquella �poca. Esto se explica en raz�n de que ambas acciones son de naturaleza distinta, ya que en la primera el actor pretende que la relaci�n laboral debe continuar en los t�rminos y condiciones pactados, como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de trabajo; y, en la segunda, da por concluido ese v�nculo contractual y demandael pago de la indemnizaci�n constitucional, de forma que los salarios vencidos solicitados ya no tienen el mismo concepto de los que se generaron con motivo de la relaci�n de trabajo que contin�a vigente, sino que adquieren el car�cter de indemnizaci�n o reparaci�n del da�o producido por la falta en que incurri� el patr�n al rescindir la relaci�n laboral, encontrando al respecto aplicaci�n el art�culo 89 de la Ley F. del Trabajo en cuanto establece que para determinar el monto de la indemnizaci�n que debe pagarse a los trabajadores se tomar� como base el salario correspondiente al d�a en que nazca el derecho a la indemnizaci�n." (Jurisprudencia n�mero 4a./J. 14/93, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, Octava �poca, Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, tomo 64, abril de 1993, p�gina 11).

    De los criterios antes reproducidos, se desprende que la indemnizaci�n a que se refiere la fracci�n XXII del art�culo 123, apartado A, constitucional, en relaci�n con los art�culos 48, 49, 50 y 53 de la Ley F. del Trabajo, implica el pago de una compensaci�n para resarcir los da�os y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de trabajo, provocado por decisi�n unilateral del patr�n que, si bien comprende, en caso de despido el pago de los tres meses de salario (integrado) y en el de rescisi�n sin responsabilidad para el trabajador, adem�s, veinte d�as m�s de salario, que es lo que propiamente comprende la indemnizaci�n, los salarios ca�dos inherentes a esas pretensiones no se cuantifican con los incrementos que hubieran beneficiado el puesto entre la fecha del despido y la en que se cubra la indemnizaci�n, puesto que la decisi�n del patr�n de concluir el v�nculo en comuni�n con la del trabajador de que ya no desea regresar al trabajo, provocan que se considere disuelto el nexo desde la fecha en que el patr�n despidi� injustamente al obrero; entonces, ese pago no se realiza como una remuneraci�n por la prestaci�n del trabajo personal subordinado, sino como compensaci�n a guisa de reparaci�n de los da�os y perjuicios causados al trabajador por no poder ya cobrar su salario en la �poca y t�rminos convenidos.

    Por su parte, la indemnizaci�n que se cubre con motivo del resto de las causas de terminaci�n en que no interviene la voluntad de las partes, como ocurre, verbigracia, con la incapacidad f�sica o mental derivada de riesgo no profesional, la terminaci�n colectiva de las relaciones de trabajo, el reajuste de personal por implantaci�n de maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos, la incapacidad total permanente derivada de enfermedad o riesgo de trabajo o la muerte del trabajador, tiene como prop�sito ayudar econ�micamente al trabajador o a su familia cuando esa causa ajena a la voluntad de las partes ha provocado la extinci�n de la fuente de trabajo, en algunos casos, mientras el trabajador se coloca en otro empleo o simplemente para procurar un auxilio en los gastos que la enfermedad que le ha impedido continuar trabajando origine, lo que implica que este tipo de indemnizaciones no constituye una erogaci�n en dinero o en especie, que cubre el patr�n por concepto de remuneraci�n al trabajo personal subordinado.

    En otro orden de ideas, en lo que ata�e a la terminaci�n voluntaria del nexo laboral prevista en el art�culo 53 de la Ley F. del Trabajo, es importante tener presente que en ese supuesto el patr�n no tiene la obligaci�n de pagar indemnizaci�n alguna, pues los alcances que debe cubrir al trabajador se reducen a lo siguiente:

  4. Salarios devengados del �ltimo periodo laborado y pendiente de pago y horas extras, en su caso.

  5. Pago proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.

  6. De tener m�s de quince a�os de servicios, pago de prima de antig�edad.

  7. Pago proporcional de las dem�s prestaciones extralegales pactadas con motivo del trabajo, por ejemplo, alg�n incentivo o bono trimestral o de fin de a�o, que est� pendiente de pago.

  8. Pago de prestaciones extralegales que comprendan beneficios de previsi�n social que deben cubrirse cuando termina el v�nculo, como fondo de ahorro, entre otras.

    Lo anterior evidencia que el trabajador que se retira voluntariamente del empleo no tiene derecho a que se le pague indemnizaci�n alguna.

    Ilustran las manifestaciones anteriores los siguientes criterios:

    "CONVENIO DE TERMINACI�N VOLUNTARIA DE LA RELACI�N LABORAL. EFECTOS.-Si en un convenio ratificado y aprobado por la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, se establece por un lado la terminaci�n voluntaria del contrato de trabajo por parte del trabajador con anuencia del patr�n y, por otro, una gratificaci�n que �ste le entrega a aqu�l por los servicios prestados, no significa de manera alguna que al trabajador se le rescinda su contrato de trabajo, ni que se d� el caso de una compensaci�n o renuncia a las prestaciones legales o contractuales a que se refiere el art�culo 33 del c�digo laboral, m�xime si se establece que con dicha gratificaci�n se da por satisfecho el trabajador de todas las prestaciones que pudieran corresponderle conforme a la ley, al pacto colectivo o a su contrato individual, el que da por terminado voluntariamente en los t�rminos del art�culo 53, fracci�n I, del ordenamiento antes citado." (S�ptima �poca. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: 55. Quinta Parte. P�gina 15).

    "CONTRATO DE TRABAJO, TERMINACI�N VOLUNTARIA DEL.-Cuando unos trabajadores se limitan a manifestar su voluntad de dar por terminada la relaci�n laboral, esa manifestaci�n no requiere la intervenci�n de las autoridades del trabajo, porque obviamente una renuncia al trabajo no es un acto de compensaci�n, liquidaci�n o transacci�n, o un convenio que para su validez deba ser ratificado ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje competente." (Sexta �poca. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: CXV. Quinta Parte. P�gina 17).

    Consecuentemente, es dable concluir que esta �ltima hip�tesis de terminaci�n voluntaria, al no implicar pago indemnizatorio alguno, no es de las que contempla la fracci�n VIII del art�culo 178 examinado, que s�lo alude al pago de indemnizaci�n con motivo de terminaci�n del v�nculo laboral o al resto de las indemnizaciones que paga el patr�n cuando hay ruptura del v�nculo.

    Las consideraciones anteriores conducen a esta Sala a la conclusi�n de que si las indemnizaciones por despido y aquellas que cubre el patr�n cuando la ruptura del v�nculo obedece a alguna causa ajena a la voluntad de las partes, no son remuneraciones al trabajo personal subordinado, como ya se demostr�, no pueden, constitucionalmente, formar parte de la base gravable del objeto del impuesto que el legislador eligi�, circunstancia que provoca desproporcionalidad del mismo s�lo en la parte que se considera, como ya se dijo, al pago de tales indemnizaciones como parte de la base impositiva.

    No es obst�culo a la conclusi�n alcanzada la circunstancia de que el art�culo 178 del C�digo Financiero para el Distrito F. disponga que las erogaciones por concepto de indemnizaciones por despido o terminaci�n de la relaci�n laboral, se considerar�n erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado "para los efectos de este impuesto", porque en este supuesto espec�fico se rebasa el indicador de la capacidad contributiva afecto al gravamen.

    Es cierto que a trav�s de esa redacci�n o de otras semejantes se logran precisar elementos de la figura tributaria que ordinariamente son oscuros o dudosos; sin embargo, una sana l�gica tributaria requiere que exista congruencia con las partes b�sicas del gravamen, pues, de no ser as�, a t�tulo de definirlas, delimitarlas o aclararlas, para efectos tributarios se desconocen los principios del sistema jur�dico que regula la materia de lo que es considerado como indicador de capacidad contributiva.

    De esa manera, si el legislador haciendo uso de esa libertad que la Constituci�n F. le confiere para establecer un tributo, elige como indicador de capacidad contributiva una instituci�n jur�dica que pertenezca a una rama espec�fica del derecho, como ocurre en este supuesto con la materia laboral, pero que tambi�n podr�a suceder con otras materias como la mercantil, si se tomara como objeto del tributo el reporto, la comisi�n mercantil o el factoraje financiero; o la civil, si se seleccionara la hipoteca o la prenda, no s�lo es pertinente o conveniente, sino necesario, acudir a la normatividad que es propia de cada una de tales instituciones para fijar sus elementos y caracter�sticas, a fin de hacer congruente y proporcional la ley impositiva al establecer los elementos del tributo como objeto, base y tasa.

    Por tanto, no es l�gico ni jur�dicamente posible considerar que si un tributo, como el de n�minas que se analiza, establece como objeto impositivo las erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, y este objeto, atendiendo a su naturaleza jur�dica laboral lleva a concluir que las indemnizaciones por despido o terminaci�n del v�nculo laboral no constituyen remuneraciones al trabajo personal subordinado, no es admisible que so pretexto de aclarar conceptos oscuros o dudosos se incluyan dichas indemnizaciones, dado que ello provocar�a arbitrariedad en la labor legislativa al dar oportunidad de gravar cualquier indicador de manifestaci�n de riqueza, apart�ndose del objeto previamente determinado, m�xime que en nuestro sistema impositivo mexicano no existe ning�n tributo que incluya la totalidad de operaciones de una persona como sus ingresos, capital, patrimonio y gasto, pues ni siquiera el impuesto sobre la renta tiene esa caracter�stica exorbitante.

    En otros casos, esta Segunda Sala ha acudido a la materia de la que deriva el hecho imponible para establecer si el legislador ha dado cumplimiento a los principios tributarios contemplados en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, entre el que se puede citar el que deriv� de la tesis aislada 2a. XLI/97, publicada en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, abril de 1997, visible en la p�gina 102, que a la letra dice:

    VALOR AGREGADO. EL ART�CULO 15, P�RRAFO FINAL, DEL REGLAMENTO DE LA LEY RESPECTIVA, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.-Esa disposici�n prev� que s�lo las casas de bolsa podr�n considerar dentro del valor de sus actividades, la diferencia entre los ingresos que perciban por concepto de intereses, premios de reporto y compraventa de valores, y los pagos que efect�en por dichos conceptos, lo que no se permite a las instituciones de cr�dito. Ello quebranta el principio de equidad tributaria en virtud de que, ante una misma situaci�n de hecho (consistente en ingresos percibidos por concepto de intereses, premios de reporto y compraventa de valores) que, en el impuesto en cuesti�n, sirve como reveladora de la capacidad contributiva, se establece un mecanismo distinto del de las instituciones de cr�dito, para las casas de bolsa, sin existir una diferencia en la situaci�n de hecho en que se encuentran, ya que las operaciones a que se refiere el precepto reglamentario no var�an su naturaleza por la instituci�n que las realice, es decir, la misma operaci�n puede ser practicada por los bancos y por casas de bolsa, quienes deber�n realizarlas ajust�ndose, ambas, a los preceptos legales que regulan el tipo de operaciones de referencia. Adem�s, no es �bice para estimarlo inequitativo, que unas act�en con fondos de terceros y otras con propios y de terceros, pues ello no repercute en las operaciones en cuesti�n, que se rigen por las mismas reglas, sino que, en todo caso, dar� lugar a consecuencias en diferentes �mbitos fiscales, mas no representan una variaci�n en cuanto al objeto gravado por la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

    La circunstancia de que se acuda a las normas de la instituci�n correspondiente propia para fijar los elementos de un tributo, no implica intromisi�n por parte del legislador a aquella normatividad, sino que se acude a ella para dar coherencia al sistema jur�dico pues, se reitera, no es l�gico considerar que para la materia laboral exista un cat�logo de conceptos que constituyen las erogaciones que se cubren por el trabajo personal subordinado y para la materia fiscal sea uno distinto.

    Por tanto, la inconstitucionalidad de la fracci�n VIII del art�culo 178 del C�digo Financiero para el Distrito F., deriva de la circunstancia de que al seleccionar el indicador de capacidad contributiva que se grava por el legislador a trav�s del impuesto sobre n�minas, las indemnizaciones por despido o terminaci�n del v�nculo laboral no tienen la naturaleza de remuneraciones por trabajo personal subordinado y, por ende, no guardan relaci�n con el objeto tributario.

    Consecuentemente, es dable concluir que el legislador local al contemplar en la fracci�n VIII del art�culo 178 como una de las hip�tesis de causaci�n del impuesto sobre n�minas, los pagos realizados por indemnizaci�n por despido y terminaci�n del nexo laboral, lo hizo contrariando el principio tributario de proporcionalidad contemplado en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n F., lo que es bastante para considerar inconstitucional el precepto en cuesti�n.

    Como corolario de lo expuesto, se estima conveniente precisar que la presente contradicci�n de criterios, en tanto resuelve la inconstitucionalidad de la fracci�n VIII del art�culo 178 del C�digo Financiero para el Distrito F., no produce la inconstitucionalidad del tributo, porque s�lo se refiere a uno de sus elementos, a saber, la inclusi�n incorrecta de uno de los conceptos que deban considerarse para fijar la base gravable; en esa medida, es dable concluir que aislando ese �nico elemento que se considera contrario a la Constituci�n F., el tributo debe continuar aplic�ndose en el resto de las hip�tesis que comprenden la base gravable acorde con el criterio jurisprudencial del Tribunal Pleno sustentado en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., noviembre de 1998, tesis: P./J. 62/98, consultable en la p�gina 11, que a la letra dice:

    CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESI�N DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.-Existen mecanismos de tributaci�n que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren c�lculos b�sicos que no necesitan una mayor pormenorizaci�n en la ley. As�, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su c�lculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino s�lo a aquellos que se ubiquen en sus hip�tesis jur�dicas. En efecto, hay normas tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y otras que prev�n variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producir� que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresi�n por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectar� el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitar� a remediar el vicio de la variable de que se trate para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto.

OCTAVO

En m�rito de lo hasta aqu� expuesto, en el caso debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, la tesis que sustenta esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los siguientes t�rminos:

N�MINAS. LA FRACCI�N VIII DEL ART�CULO 178 DEL C�DIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL (VIGENTE PARA EL A�O 2001) VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL INCLUIR EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACI�N POR DESPIDO O TERMINACI�N DE LA RELACI�N LABORAL DENTRO DEL OBJETO IMPOSITIVO DETERMINADO COMO REMUNERACI�N AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO.-En uso de su facultad impositiva, el legislador del Distrito F. estableci� el impuesto sobre n�minas, determinando en el art�culo 178 del C�digo Financiero que el objeto de dicho gravamen est� constituido por las erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, precisando a continuaci�n en varias fracciones diferentes conceptos o tipos de pagos que deber�n considerarse incluidos como base del impuesto, entre ellos, las indemnizaciones por despido o terminaci�n de la relaci�n laboral, seg�n se instituye en la fracci�n VIII, pero esta hip�tesis resulta inconstitucional por violaci�n al principio de proporcionalidad tributaria que establece la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, porque si la instituci�n que el legislador eligi� como indicador de capacidad contributiva deriva de alguna rama espec�fica del derecho como en este caso ocurre con la materia laboral, resulta necesario acudir a la normatividad de la que derive tal instituci�n para fijar sus elementos y caracter�sticas y, de esa manera, dar congruencia a la ley impositiva al establecer los elementos del tributo como objeto, base y tasa, ya que el �rgano legislativo ordinario no puede v�lidamente ampliar o modificar esas bases que proporciona la legislaci�n especializada, a t�tulo de aclaraci�n o precisi�n, sobre conceptos ajenos al objeto predeterminado, como sucede en el supuesto examinado, ya que si de conformidad con los art�culos 123, apartado A, fracci�n XXII, de la Constituci�n F. y 48 a 50, 53, 54, 276, 433, 434, 436, 439, 483 a 487, 490, 495, 496 y 500 a 503, de la Ley F. del Trabajo, las indemnizaciones por despido o terminaci�n de la relaci�n laboral no son remuneraciones al trabajo personal subordinado, sino que constituyen para el primer supuesto el pago de una compensaci�n que resarcir� los da�os y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de trabajo, y en el segundo supuesto tienen como prop�sito ayudar econ�micamente al trabajador o a su familia, provoca desproporcionalidad en el tributo. Lo anterior no conduce a concluir sobre la inconstitucionalidad del impuesto, sino s�lo el concepto establecido en la referida fracci�n VIII a la que se refieren las consideraciones precedentes.

En m�rito de lo expuesto y fundado, con apoyo en los art�culos 107, fracci�n XIII y 197-A de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis que ha sido denunciada en autos.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los t�rminos que han quedado precisados en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

N.�quese; rem�tase la tesis jurisprudencial aprobada por esta Segunda Sala al Pleno y a la otra Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en la contradicci�n y al Semanario Judicial de la Federaci�n, para su correspondiente publicaci�n, y env�ese testimonio de la presente resoluci�n a los Tribunales Colegiados de Circuito que intervinieron en esta contradicci�n y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

As�, lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros Juan D�az R., M.A.G.�itr�n, S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente J.V.A.A.�n. Fue ponente el Ministro Juan D�az R..