Ejecutoria num. 1a./J. 13/2002 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26826451

Ejecutoria num. 1a./J. 13/2002 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 13/2002
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Abril de 2002
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.DELITOS FISCALES. PARA LA PROCEDENCIA DE LA SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR AQUELLOS ILÍCITOS, SE REQUIERE LA MANIFESTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE QUE EL INTERÉS FISCAL SE ENCUENTRA GARANTIZADO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 40/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL D�CIMO NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Con el prop�sito de establecer y delimitar la materia de la contradicci�n, se estima conveniente transcribir, en la parte que interesa, los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales contendientes.

  1. El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo n�mero 1005/97-I, promovido por ... el veintid�s de abril de mil novecientos noventa y ocho, sostuvo lo siguiente:

    "QUINTO. ... Por �ltimo, el concepto de violaci�n relacionado con la negativa a otorgar el beneficio de la sustituci�n de la pena o condena condicional es igualmente infundado, pues la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 101, 94 y 17-A del C�digo F. de la Federaci�n, en relaci�n con el 45 de la Ley Aduanera, permite establecer que trat�ndose de delitos fiscales, para que proceda la condena condicional, la sustituci�n y conmutaci�n de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, como en el caso que ocupa nuestra atenci�n, es necesario que se justifique, adem�s de los requisitos se�alados en el art�culo 90 del C�digo Penal Federal, comprobar que los adeudos fiscales est�n cubiertos o garantizados a satisfacci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico; por lo que los Jueces Federales no pueden sustituirse a la opini�n de dicha dependencia del Ejecutivo que es la �nica facultada para ello e incluso para otorgar el perd�n al inculpado. Lo anterior es as� porque, en estos casos, no procede la condena a la reparaci�n del da�o ni tampoco la imposici�n de multas, lo que queda bajo el resorte competencial de las autoridades exactoras (art�culo 94) quienes en t�rminos del art�culo 17-A, ya citado, est�n facultadas para determinar el monto de las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, tomando en cuenta el tiempo transcurrido y los cambios de precios que hubiere sufrido la mercanc�a en el pa�s, de acuerdo con el procedimiento all� detallado; por lo que no basta que las mercanc�as est�n afectas directamente al cumplimiento de las obligaciones y cr�ditos fiscales como se pretende, pues se reitera que es necesario calcular el importe de cada uno de los conceptos regulados por el art�culo 94 del C�digo F. de la Federaci�n, lo que de ninguna manera podr�an hacer los Jueces Federales por carecer de competencia para ello. De sostener el criterio del promovente, llev�ndolo al absurdo, tendr�a que aceptarse que dichos juzgadores tambi�n estar�an facultados para fijar las multas que procedan y condenar a la reparaci�n del da�o causado al Estado, previa cuantificaci�n de �ste. Luego entonces, si en el caso concreto no consta en el expediente la manifestaci�n expresa de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en el sentido de que los adeudos fiscales de referencia est�n cubiertos o garantizados a su satisfacci�n, es inconcuso que al haberlo considerado as� el Magistrado responsable, se apega a lo ordenado por la ley y no viola en perjuicio del quejoso ninguna de las garant�as individuales que invoca. Por cuanto a la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, que el promovente invoca en apoyo de sus conceptos de violaci�n, debe decirse que, si bien es respetable, este cuerpo colegiado no la comparte por los motivos y fundamentos antes expuestos; m�xime si se considera que se apoya en apreciaciones personales y subjetivas que en cada caso concreto el �rgano jurisdiccional tendr�a que hacer para establecer el valor de las mercanc�as, lo que se aparta de los normativos legales ya analizados, por lo que debe hacerse la denuncia de contradicci�n correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n." (100 vuelta y 103 vuelta).

    Por lo que hace a los juicios de amparo directo 20/98-I y 85/98-I, ambos resueltos el veintis�is de agosto de mil novecientos noventa y ocho, y 556/98-I fallado el seis de noviembre del mismo a�o, resulta innecesaria su transcripci�n, pues las consideraciones vertidas en dichas resoluciones, en la parte relativa al tema de la presente contradicci�n, coinciden literalmente con las expuestas en la resoluci�n que ha quedado transcrita en el p�rrafo precedente.

    Las anteriores resoluciones, junto con el diverso amparo directo n�mero 832/98, fallado el trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, que no obra en autos al haberse dictado con posterioridad al requerimiento que se le hiciera al Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, dieron lugar a la tesis jurisprudencial, cuyos datos de identificaci�n, contenido y precedentes, a la letra dicen:

    "Novena �poca

    "Instancia: Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XII, octubre de 2000

    "Tesis: XIX.1o. J/13

    "P�gina: 1126

    "CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES. Una interpretaci�n arm�nica de los art�culos 101, 94 y 17-A del C�digo F. de la Federaci�n en relaci�n con el 45 de la Ley Aduanera, permite establecer que, trat�ndose de delitos fiscales, para que proceda la condena condicional es necesario justificar, adem�s de los requisitos se�alados en el art�culo 90 del C�digo Penal Federal, que los adeudos fiscales est�n cubiertos o garantizados a satisfacci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico; por lo que los Jueces Federales no pueden sustituirse a la opini�n de dicha dependencia del Ejecutivo que es la �nica facultada para ello e incluso para otorgar el perd�n al inculpado. Lo anterior es as� porque, en estos casos, no procede la condena a la reparaci�n del da�o ni tampoco la imposici�n de multas, lo que queda bajo el resorte competencial de las autoridades exactoras (art�culo 94), quienes en t�rminos del diverso 17-A ya citado, est�n facultadas para determinar el monto de las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, tomando en cuenta el tiempo transcurrido y los cambios de precios que hubiere sufrido la mercanc�a en el pa�s de acuerdo con el procedimiento all� detallado; por lo que no basta que la mercader�a secuestrada quede afecta directamente al cumplimiento de las obligaciones y cr�ditos fiscales, para considerar que ha quedado cubierto el inter�s fiscal, pues se reitera que es necesario calcular el importe de cada uno de los conceptos regulados por el art�culo 94 del C�digo F. de la Federaci�n; lo que de ninguna manera podr�an hacer los Jueces Federales por carecer de competencia para ello. De sostener el criterio del promovente, llev�ndolo al absurdo, tendr�a que aceptarse que los Jueces Federales tambi�n estar�an facultados para fijar las multas que procedan y condenar a la reparaci�n del da�o causado al Estado, previa cuantificaci�n de �ste.

    "PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO NOVENO CIRCUITO.

    "A. directo 1005/97. 22 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio S�nchez C�rdenas. Secretario: J.V.P..

    "A. directo 20/98. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio S�nchez C�rdenas. Secretario: S.G.L..

    "A. directo 85/98. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio S�nchez C�rdenas. Secretario: S.G.L..

    "A. directo 556/98. 6 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio S�nchez C�rdenas. Secretario: J.V.P..

    A. directo 832/98. 13 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: A.G.M.. Secretario: P.G.M.�oz.

  2. El Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito resolvi� el juicio de amparo n�mero 143/94-VI, en ejecutoria de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cuatro, con base en las consideraciones que se insertan en la parte relacionada con este asunto:

    "SEXTO. ... Se irroga tambi�n dicha violaci�n de garant�as al demandante al resultar fundado, asimismo, el concepto de violaci�n que endereza a combatir la negativa a obtener el beneficio de la sustituci�n de la pena corporal impuesta, toda vez que aunque es verdad que no obran en el sumario constancias que justifiquen que se haya efectuado el pago de los impuestos omitidos en t�rminos de lo que dispone el art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n, tambi�n es cierto que conforme lo prev� el propio dispositivo, dichos impuestos se encuentran garantizados, habida cuenta que el veh�culo y la mercanc�a asegurados quedaron a disposici�n del administrador de la aduana fronteriza de la ciudad de M.A.�n, Tamaulipas, dependiente de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, para cubrir los impuestos omitidos, por lo que en tales condiciones puede estimarse cubierta, en el caso, la condici�n que para la procedencia del beneficio solicitado requiere el art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n, en lo relativo a la comprobaci�n de que el adeudo fiscal se encuentra garantizado y, por ende, resolver, en consecuencia, lo que al respecto proceda atendiendo a lo dispuesto en los art�culos 70 y 90 del C�digo Penal Federal. En consecuencia, procede conceder a ... el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que reiterando la plena responsabilidad del ahora quejoso en la comisi�n del delito de contrabando y su equiparable, con plenitud de jurisdicci�n reindividualice la pena y resuelva lo que en derecho proceda respecto la solicitud del beneficio de sustituci�n de la misma." (foja 34 del cuaderno respectivo).

    En el juicio de amparo directo 726/94-II, el trece de marzo de mil novecientos noventa y cinco resolvi�:

    "QUINTO. ... En cambio, por lo que toca a la negativa de concederle al quejoso alguno de los beneficios que contempla la ley para sustituir la pena de prisi�n, este tribunal estima que s� se satisfacen los requisitos exigidos por el art�culo 101 del C�digo F.F., ya que en autos obran constancias de las cuales se advierte que el inter�s fiscal se encuentra suficientemente garantizado. A fojas siete se localiza el acta de embargo precautorio de mercanc�a (diecinueve pacas de ropa usada), as� como del veh�culo en que se transportaba; de igual modo, a fojas cuatro de autos obra la clasificaci�n arancelaria de mercanc�a de la cual se advierte que el valor de la misma es de siete mil seiscientos ochenta y dos nuevos pesos, mientras que el impuesto omitido asciende a dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho nuevos pesos con veinticuatro centavos. De acuerdo con lo anterior, no puede soslayarse que el inter�s fiscal est� garantizado suficientemente, con independencia de que exista o no una declaratoria espec�fica de la autoridad tributaria, atento que por disposici�n del art�culo 45 de la Ley Aduanera ?Las mercanc�as est�n afectas directa y preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y cr�ditos fiscales ...?. As� lo anterior, se estima incorrecta la negativa por parte de la responsable de otorgarle al sentenciado el beneficio de la sustituci�n de la pena de prisi�n, toda vez que este tribunal considera que el art�culo 101 del c�digo tributario en que funda su determinaci�n, s�lo obliga a la autoridad judicial previamente a otorgar cualquier beneficio a los sentenciados por la comisi�n de delitos fiscales, a cerciorarse de que los adeudos de la misma naturaleza est�n cubiertos o garantizados a fin de que en el �ltimo de los casos, la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con arreglo a las leyes fiscales, pueda resarcirse a satisfacci�n de las contribuciones omitidas, recargos y sanciones que pudieran surgir con cargo al sentenciado y que s�lo en el supuesto excepcional de que los bienes secuestrados en garant�a de dichos cr�ditos resultaran notoriamente insuficientes para los fines se�alados, ser�an improcedentes los citados beneficios. En las relacionadas condiciones, procede otorgar el amparo y protecci�n constitucional que solicita, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada exclusivamente en lo que se refiere al estudio de la sustituci�n de la pena y considerando lo expuesto en este fallo resuelva con plenitud de jurisdicci�n lo que en derecho proceda." (foja 59 vuelta del respectivo toca).

    Para resolver los juicios de amparo directo 247/95-IV, 455/95-X y 127/96-IV, de fechas veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, once de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis, respectivamente, el tribunal en cita se apoy� en las mismas consideraciones expuestas en la resoluci�n que antecede, por lo que, de igual forma, resulta innecesaria su transcripci�n.

    De las anteriores resoluciones deriv� la tesis jurisprudencial que a continuaci�n se transcribe:

    "Novena �poca

    "Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: V, marzo de 1997

    "Tesis: XIX.2o. J/8

    "P�gina: 746

    "SUSTITUCI�N DE LA PENA DE PRISI�N, TRAT�NDOSE DE DELITOS FISCALES. En t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n, para que proceda la condena condicional, la sustituci�n de la pena o cualquier otro beneficio respecto de los delitos fiscales, adem�s de los requisitos se�alados en el C�digo Penal Federal, ser� necesario comprobar que los adeudos fiscales est�n cubiertos o garantizados a satisfacci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico. Ahora bien, cuando en los autos del proceso penal relativo existen constancias que acreditan fehacientemente la existencia de un embargo precautorio o aseguramiento de bienes bastantes en favor de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, este tribunal estima que la negativa del beneficio en favor del sentenciado fundada en tal precepto y en el hecho de que la autoridad hacendaria no ha emitido una declaratoria sobre el extremo inicialmente apuntado, resulta violatoria de garant�as, pues la autoridad judicial no puede soslayar que el inter�s fiscal se encuentra garantizado, con independencia de que exista o no una declaratoria espec�fica de la autoridad tributaria, atento que por disposici�n del art�culo 60 de la Ley Aduanera ?Las mercanc�as est�n afectas directa y preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y cr�ditos fiscales ...?; por tanto, una recta interpretaci�n del art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n, conduce a establecer que el mismo s�lo obliga a la autoridad judicial, previamente a otorgar cualquier beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, a cerciorarse de que los adeudos de la misma naturaleza est�n cubiertos o garantizados a fin de que en el �ltimo de los casos, la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con arreglo a las leyes fiscales aplicables, pueda resarcirse a satisfacci�n, de las contribuciones omitidas, recargos y sanciones que pudieran surgir con cargo al sentenciado y que s�lo en el presupuesto excepcional de que los bienes secuestrados en garant�a de dichos cr�ditos resultaran notoriamente insuficientes para los fines se�alados, ser�an improcedentes los citados beneficios.

    "SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO NOVENO CIRCUITO.

    "A. directo 143/94. 21 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: R.T.S.. Secretaria: G.E.C.G.�mez.

    "A. directo 726/94. 13 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Guadalupe M�ndez H.�ndez. Secretario: M.A.C.A..

    "A. directo 247/95. 20 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: R.T.S.. Secretaria: G.E.C.G.�mez.

    "A. directo 455/95. 11 de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: L.A.C.G.�lez. Secretario: A.O.�n G..

    A. directo 127/96. 5 de diciembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: R.T.S.. Secretaria: G.E.C.G.�mez.

CUARTO

Es procedente que esta Primera S. realice el an�lisis de la presente denuncia de contradicci�n de tesis y dicte la resoluci�n que corresponda, aun sin contar con la opini�n del procurador general de la Rep�blica, pues debe entenderse que dicho funcionario no estim� pertinente intervenir en el asunto, facultad que le confiere el art�culo 197-A, p�rrafo primero, de la Ley de A..

Al respecto, sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, junio de 2001

"Tesis: P./J. 76/2001

"P�gina: 5

"CONTRADICCI�N DE TESIS. LA ABSTENCI�N DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REP�BLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIM� PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA. El art�culo 197-A, primer p�rrafo, de la Ley de A. concede una facultad potestativa al procurador general de la Rep�blica para que, por s� o por conducto del agente del Ministerio P�blico que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta d�as en relaci�n con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor p�blico se abstiene de formular su parecer en el t�rmino de referencia, debe entenderse que no estim� pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que posibilita dictar la resoluci�n que corresponda.

"Contradicci�n de tesis 25/90. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 14 de noviembre de 1991. Unanimidad de quince votos. Ausentes: No� Casta��n Le�n, V.A.G., S.R.�guez R.�n, A.G.M.�nez y J.D.R.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: Di�genes C.F..

"Contradicci�n de tesis 5/98. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 23 de mayo de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: J.D.�az R. y J.V.A.A.�n. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: A.V.G..

"Contradicci�n de tesis 18/98-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Cuarto Circuito. 7 de junio de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: G.I.O.M.. Ponente: J.V.C. y C.. Secretario: H.S.C.�s.

"Contradicci�n de tesis 20/98. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito. 13 de junio de 2000. Once votos. Ponente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Secretario: I.M.P.�o.

Contradicci�n de tesis 58/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 7 de diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: J.V.C. y C.. Ponente: J.V.C. y C.; en su ausencia hizo suyo el proyecto J.N.S.M.. Secretario: F.C. D�az.

QUINTO

Por cuesti�n de orden, conviene determinar si en la especie existe la contradicci�n de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del D�cimo Noveno Circuito, ya que s�lo en tal supuesto es dable determinar cu�l criterio es el que debe prevalecer.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido en jurisprudencia que existe materia a dilucidar respecto de cu�l criterio debe prevalecer, si existe al menos, formalmente, una oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la mismacuesti�n, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que originaron, precisamente, las tesis jurisprudenciales que sustentan los �rganos jurisdiccionales contendientes.

En otros t�rminos, se da la contradicci�n anterior, cuando concurren los siguientes supuestos:

  1. Al resolver los asuntos, se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

  2. La diferencia de criterios se presente en las consideraciones, interpretaciones o razonamientos jur�dicos de las sentencias respectivas; y,

  3. Los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    La tesis de jurisprudencia de referencia, cuyos datos de localizaci�n, rubro, texto y precedentes, son las siguientes:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XIII, abril de 2001

    "Tesis: P./J. 26/2001

    "P�gina: 76

    "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    "Contradicci�n de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayor�a de ocho votos. Ausente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Disidentes: J.V.A.A.�n y G.D.G.�ngora P.. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: F.O.A..

    "Contradicci�n de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: C.M.A..

    "Contradicci�n de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: J.C.R.N..

    "Contradicci�n de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: G.I.O.M. y J.V.A.A.�n. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: R.D.A.S.��ez.

    "Contradicci�n de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayor�a de diez votos. Disidente: H.R.P.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: J.L.V.C.."

    Para determinar sobre la posible existencia de contradicci�n de criterios entre los citados tribunales, se estima necesario mencionar, brevemente, los antecedentes que se aprecian en cada uno de ellos.

    1. En los juicios de amparo directo 1005/97-I, 20/98-I, 85/98-I y 556/98-I, seguidos ante el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, est�n constituidos por resoluciones dictadas por Tribunales Unitarios del mismo circuito, que confirmaron o modificaron en el recurso de apelaci�n, las pronunciadas por Jueces Federales, que a su vez declararon penalmente responsables a diversos sujetos por los delitos, entre otros, de contrabando y su equiparable, previstos y sancionados, respectivamente, en los art�culos 102, 104 y 105 del C�digo F. de la Federaci�n; y de igual forma, se confirmaron las consideraciones del a quo en torno a la negativa de otorgar a los sentenciados la sustituci�n y conmutaci�n de la pena de prisi�n o el beneficio de la condena condicional.

      En contra de las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Unitarios, cada uno de los sentenciados, en momentos distintos, promovi� juicio de amparo directo, mismos que a la postre ser�an negados por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito.

    2. Los antecedentes que se advierten de las resoluciones dictadas por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, en los juicios de amparo directo 143/94-VI, 726/94-II, 247/95-IV, 455/95-X y 127/96-IV, est�n constituidos, de igual manera, por sentencias dictadas en el recurso de apelaci�n por Tribunales Unitarios del D�cimo Noveno Circuito, que confirmaron o modificaron las sentencias de condena impuestas por Jueces Federales a diversas personas por los delitos, entre otros, de presunci�n y equiparaci�n de contrabando, previstos en los art�culos 103 y 105 del C�digo F. de la Federaci�n y sancionados en el diverso 104 del mismo ordenamiento; asimismo, en dichas resoluciones se confirm� la decisi�n del a quo de no otorgar a los sentenciados la sustituci�n y conmutaci�n de la pena corporal o el beneficio de la condena condicional.

      Al resolver los juicios de amparo promovidos por cada uno de los sentenciados en contra de las sentencias de alzada, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito concedi� el amparo a los quejosos �nicamente por lo que hace a la negativa de la responsable de otorgarles el beneficio de la sustituci�n de la pena de prisi�n con base en las consideraciones por ella expuestas.

      Ahora bien, conforme a los requisitos previstos en la tesis jurisprudencial del Tribunal Pleno antes citada, y de acuerdo al examen de las ejecutorias relatadas y de las tesis jurisprudenciales que de ellas derivaron, se concluye que s� existe contradicci�n de tesis, por lo siguiente:

      Por una parte, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito sostiene el criterio consistente en que de la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 101, 94 y 17-A del C�digo F. de la Federaci�n, en relaci�n con el 45 de la Ley Aduanera, se desprende que para la procedencia de la condena condicional es necesario justificar, adem�s de los requisitos se�alados en el C�digo Penal Federal, que los adeudos fiscales est�n cubiertos o garantizados a satisfacci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, por lo que los Jueces Federales no pueden sustituirse a la opini�n de dicha dependencia del Ejecutivo que es la �nica facultada para ello.

      Que lo anterior es as�, pues trat�ndose de delitos fiscales no procede la condena a la reparaci�n del da�o ni tampoco la imposici�n de multas, lo que queda bajo el resorte competencial de las autoridades exactoras, quienes en t�rminos del art�culo 17-A del C�digo F. de la Federaci�n, est�n facultadas para determinar el monto de las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, tomando en cuenta el tiempo transcurrido y los cambios de precios que hubiere sufrido la mercanc�a en el pa�s de acuerdo con el procedimiento all� detallado; por lo que no basta que la mercanc�a secuestrada (merced al delito cometido) quede afecta directamente al cumplimiento de las obligaciones y cr�ditos fiscales, para considerar que ha quedado cubierto el inter�s fiscal, pues es necesario calcular el importe de cada uno de los conceptos regulados por el art�culo 94 del C�digo F. de la Federaci�n, lo que de ninguna manera podr�an hacer los Jueces Federales por carecer de competencia para ello.

      En tanto que el Segundo Tribunal del mismo circuito sostiene que cuando en los autos del proceso penal relativo existan constancias que acrediten fehacientemente la existencia de un embargo precautorio o aseguramiento de bienes bastantes en favor de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, la negativa de la responsable de otorgar a los sentenciados los beneficios de la sustituci�n y conmutaci�n de sanciones o la condena condicional, fundada en el art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n y en el hecho de que la autoridad hacendaria no ha emitido una declaratoria en el sentido de que se encuentra garantizado el inter�s fiscal, resulta violatoria de garant�as, pues la autoridad judicial no puede soslayar que el inter�s fiscal se encuentra garantizado, con independencia de que exista o no una declaratoria espec�fica de la autoridad tributaria, atento que por disposici�n del art�culo 60 de la Ley Aduanera: "Las mercanc�as est�n afectas directa y preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y cr�ditos fiscales ...".

      Que una recta interpretaci�n del art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n conduce a establecer que el mismo s�lo obliga a la autoridad judicial, previamente a otorgar cualquier beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, a cerciorarse de que los adeudos de la misma naturaleza est�n cubiertos o garantizados a fin de que en el �ltimo de los casos, la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con arreglo a las leyes fiscales aplicables, pueda resarcirse a satisfacci�n de las contribuciones omitidas, recargos y sanciones que pudieran surgir con cargo al sentenciado y que s�lo en el presupuesto excepcional de que los bienes secuestrados en garant�a de dichos cr�ditos resultaran notoriamente insuficientes para los fines se�alados, ser�an improcedentes los citados beneficios.

      Por tanto, del examen de las partes considerativas en que se contienen los criterios de los dos Tribunales Colegiados, se advierte que ambos analizaron los siguientes elementos comunes:

  4. En dichos asuntos se analizan resoluciones dictadas por Tribunales Unitarios del D�cimo Noveno Circuito, que negaron a diversos sujetos sentenciados por delitos fiscales los beneficios de sustituci�n y conmutaci�n de la pena de prisi�n, o bien, la condena condicional.

  5. En todos los casos se examina el fundamento legal en que se apoyaron los tribunales responsables para negar a los sentenciados los citados beneficios, siendo �ste el art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n; e igualmente se analiza el art�culo 60 de la Ley Aduanera, aun cuando err�neamente el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito se haya referido a �l citando al art�culo 45 del referido ordenamiento.

    Ahora bien, de lo antes expuesto se advierte que el punto de contradicci�n radica en determinar si para la procedencia de la sustituci�n y conmutaci�n de sanciones o la condena condicional, trat�ndose de delitos fiscales, adem�s de cumplir con los requisitos que para el caso se�ala el C�digo Penal Federal, es necesario que exista en los autos del proceso penal la manifestaci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico en el sentido de que el inter�s fiscal se encuentra garantizado satisfactoriamente, o bien, si el propio J. de la causa puede, con base en las constancias que acreditan un embargo o aseguramiento de bienes en favor del fisco federal, determinar que dicho cr�dito fiscal est� garantizado y, por ende, conceder el beneficio al sentenciado, con independencia de que exista en los autos del proceso penal la opini�n de la autoridad tributaria.

    Lo anterior revela que s� existe la contradicci�n de tesis planteada, pues un Tribunal Colegiado afirma lo que otro niega.

    Adem�s, cabe indicar que los criterios de ambos Tribunales Colegiados se contienen en las consideraciones de sus respectivas sentencias.

    No es obst�culo para concluir sobre la existencia de la contradicci�n de criterios, la circunstancia de que el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito haya hecho menci�n en sus ejecutorias y en la tesis jurisprudencial que de ellas se deriv�, de los art�culos 94 y 17-A, ambos del C�digo F. de la Federaci�n, y que el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito nada haya dicho al respecto, toda vez que el an�lisis de dichos dispositivos �nicamente se efectu� con el objeto de fijar la postura del primero de los tribunales nombrados, esto es, del porqu� se requiere la opini�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico para la procedencia de los beneficios a que alude el art�culo 101 del ordenamiento invocado.

    Pero, adem�s, es claro que la contradicci�n de criterios se presenta por la distinta interpretaci�n que del art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n realizan los tribunales contendientes, pues mientras uno sostiene que es indispensable contar con la opini�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico para otorgar a los sentenciados por delitos fiscales los beneficios antes nombrados, el otro sostiene una postura contraria.

    Asimismo, cabe precisar que si bien del rubro de las tesis sustentadas por los �rganos jurisdiccionales contendientes pudiera concluirse que no se surten los requisitos de existencia de una contradicci�n de tesis, pues mientras una de ellas hace referencia a la procedencia de la "condena condicional", y la otra a la procedencia de la "sustituci�n de la pena de prisi�n", figuras que reciben diverso tratamiento en la legislaci�n penal federal, pues incluso est�n previstas en cap�tulos distintos, lo cierto es que del an�lisis integral de las consideraciones expuestas en cada una de las ejecutorias de donde derivan, se desprende que su estudio se abord� conjuntamente; m�xime que el art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n, de cuya interpretaci�n se origina la presente contradicci�n de tesis, alude impl�citamente a ambos beneficios, como se ver� m�s adelante.

    Por otra parte, debe se�alarse que el art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n fue reformado con posterioridad al dictado de las resoluciones de cada uno de los tribunales contendientes; sin embargo, ello no impide que esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n proceda a resolver cu�l es el criterio que entre los sustentados por los tribunales de amparo debe prevalecer, pues la reforma en comento no modific� la esencia de dicho precepto ni el punto que origin� la discrepancia de criterios.

    Sobre la observaci�n anterior es menester transcribir el art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n, vigente al momento de resolver cada uno de los Tribunales Colegiados sus respectivas ejecutorias, as� como la reforma que sufri� el mismo.

    Art�culo publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y uno, vigente a partir del primero de enero del siguiente a�o:

    Art�culo 101. Para que proceda la condena condicional, la sustituci�n y conmutaci�n de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, adem�s de los requisitos se�alados en el C�digo Penal aplicable en materia federal, ser� necesario comprobar que los adeudos fiscales est�n cubiertos o garantizados a satisfacci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

    Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y nueve:

    "Art�culo 101. No procede la sustituci�n y conmutaci�n de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, cuando se trate de los delitos previstos en los art�culos 102 y 105 fracciones I a la IV cuando les correspondan las sanciones previstas en las fracciones II y III segundo p�rrafo del art�culo 104; 108 y 109 cuando les correspondan las sanciones dispuestas en la fracci�n III del art�culo 108, todos de este c�digo. En los dem�s casos, adem�s de los requisitos se�alados en el C�digo Penal aplicable en materia federal, ser� necesario comprobar que los adeudos fiscales est�n cubiertos o garantizados a satisfacci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico."

    De lo anterior se aprecia que la reforma que sufri� el precepto transcrito se realiz� con el objeto de limitar la procedencia de los beneficios a que alude el mismo por la comisi�n de los delitos all� previstos, cuando a �stos les corresponda una determinada sanci�n; sin embargo, dicho precepto no sufri� modificaci�n alguna por lo que hace al punto espec�fico que origin� la divergencia de criterios de los �rganos jurisdiccionales contendientes, esto es, en relaci�n con la expresi�n: "ser� necesario comprobar que los adeudos fiscales est�n cubiertos o garantizados a satisfacci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico"; por tanto, aunque se haya reformado dicho art�culo con posterioridad al dictado de las sentencias de los Tribunales Colegiados, debe entenderse que subsiste la divergencia de criterios que requiere ser superada a trav�s del pronunciamiento que realice este Alto Tribunal.

    Asimismo, la eliminaci�n en el precepto reformado de la instituci�n de la condena condicional, tampoco afecta la opini�n anterior, en tanto que con la expresi�n utilizada "cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales", queda inmersa la condena condicional.

    Sirve de apoyo a la anterior conclusi�n, la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que establece:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XIII, abril de 2001

    "Tesis: P. VIII/2001

    "P�gina: 322

    "CONTRADICCI�N DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE AUN CUANDO LA NORMA INTERPRETADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO HAYA SUFRIDO UNA REFORMA, SI �STA NO MODIFIC� SU ESENCIA. No es dable concluir que es inexistente una contradicci�n de tesis, cuando la norma legal que interpretaron los tribunales y que los llev� a conclusiones discrepantes, sufre una reforma que s�lo modific� en parte la terminolog�a empleada, pero no la esencia del precepto, en tanto que se entiende que si el contenido sustancial se mantiene, subsiste la divergencia de criterios que requiere ser superada a trav�s del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

    Contradicci�n de tesis 43/98-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 7 de diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: J.V.C. y C.. Ponente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Secretario: I.M.P.�o.

SEXTO

En el aspecto estrictamente de legalidad que constituye la materia de la presente contradicci�n de tesis, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de acuerdo a las consideraciones expuestas a continuaci�n.

En principio, conviene hacer la precisi�n de que no obstante que las ejecutorias de donde derivan los criterios en contradicci�n tuvieron como antecedentes recursos de apelaci�n en los que se resolvi� sobre la procedencia de los beneficios de sustituci�n y conmutaci�n de sanciones o la condena condicional, espec�ficamente en relaci�n con los delitos de contrabando, su equiparable y presunci�n de contrabando, el estudio que se emprenda en la presente resoluci�n tendr� por objeto determinar si es o no necesaria lamanifestaci�n de la autoridad tributaria para la procedencia de los citados beneficios, trat�ndose de la comisi�n de cualquier delito fiscal, habida cuenta que el art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n alude en general a los delitos fiscales, sin hacer referencia a alg�n tipo penal en espec�fico.

Adem�s, en el presente caso, el punto de contradicci�n surge con independencia de los tipos penales que fueron analizados en cada una de las sentencias dictadas por los tribunales contendientes, toda vez que no existe respecto de �stos discrepancia en torno a si proceden o no los beneficios tantas veces nombrados, sino �nicamente si es necesario que conste en los autos del proceso penal la opini�n de la autoridad tributaria para su procedencia.

Ahora bien, para entrar al tema debatido, se estima necesario analizar, previamente, los dispositivos que prev�n el �mbito de competencia que corresponde tanto a las autoridades judiciales como a las administrativas, ambas federales, en relaci�n con el tema materia de esta contradicci�n.

En este cometido, debe tomarse en consideraci�n lo dispuesto en los art�culos 21, 31, fracci�n IV y 73, fracci�n XXI, de la Constituci�n Federal, as� como lo prescrito en los art�culos 2o., s�ptimo p�rrafo, 3o. y 4o. del C�digo F. de la Federaci�n, mismos que a la letra dicen:

Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"Art�culo 21. La imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigaci�n y persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico, el cual se auxiliar� con una polic�a que estar� bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, las que �nicamente consistir�n en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutar� �sta por el arresto correspondiente, que no exceder� en ning�n caso de treinta y seis horas. ..."

"Art�culo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

"...

"IV. Contribuir para los gastos p�blicos, as� de la Federaci�n, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

"Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:

"...

XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federaci�n y fijar los castigos que por ellos deban imponerse. ...

C�digo F. de la Federaci�n.

"Art�culo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

"...

"Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecuci�n y la indemnizaci�n a que se refiere el s�ptimo p�rrafo del art�culo 21 de este c�digo son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de �stas. Siempre que en este c�digo se haga referencia �nicamente a contribuciones no se entender�n incluidos los accesorios, con excepci�n de lo dispuesto en el art�culo 1o."

"Art�culo 3o. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho p�blico distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participaci�n estatal.

"Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecuci�n y la indemnizaci�n a que se refiere el s�ptimo p�rrafo del art�culo 21 de este c�digo, que se apliquen en relaci�n con aprovechamientos, son accesorios de �stos y participan de su naturaleza. ..."

"Art�culo 4o. Son cr�ditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores p�blicos o de los particulares, as� como aquellos a los que las leyes les den ese car�cter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.

La recaudaci�n proveniente de todos los ingresos de la Federaci�n, aun cuando se destinen a un fin espec�fico, se har� por la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico o por las oficinas que dicha secretar�a autorice.

De la interpretaci�n arm�nica de los preceptos transcritos se desprende que trat�ndose de los delitos fiscales, la imposici�n de las penas compete exclusivamente a las autoridades judiciales, en tanto que la determinaci�n de las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas y, el hacerlas efectivas, corresponde a la autoridad tributaria.

Esto �ltimo obedece a dos razones principalmente: primero, porque siendo las contribuciones de inter�s general, por el fin que con ellas se persigue, su obtenci�n no debe estar supeditada a la conclusi�n de un procedimiento penal; y, segundo, porque al ser los recargos y las sanciones accesorios de las contribuciones, participan de su naturaleza, es decir, revisten un car�cter esencialmente administrativo, por lo que deben hacerse efectivas por las autoridades tributarias.

Tales afirmaciones encuentran su fundamento en el art�culo 94 del C�digo F. de la Federaci�n, que a la letra dispone:

Art�culo 94. En los delitos fiscales la autoridad judicial no impondr� sanci�n pecuniaria; las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, har�n efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, sin que ello afecte al procedimiento penal.

Esta circunstancia trae como consecuencia que se generen dos procedimientos distintos e independientes entre s�, ya que persiguen fines distintos: el de car�cter penal referente a la demostraci�n de la existencia del delito, la responsabilidad y la imposici�n de la pena, lo cual compete a las autoridades judiciales; y el administrativo, en el que procede comprobar si se ha cumplido o no con la obligaci�n fiscal y, en su caso, cobrar los impuestos omitidos, recargos, o bien, aplicar sanciones administrativas, que corresponde a la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

Al respecto, resulta ilustrativa la tesis de la Primera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyos datos de identificaci�n, contenido y precedentes, a continuaci�n se transcriben:

"Quinta �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XXVIII

"P�gina: 307

"CONTRABANDO. Si bien el contrabando origina dos infracciones, una administrativa y otra penal, y consecuentemente, dos procedimientos, tambi�n lo es que �stos son independientes entre s�, aunque algunas veces pueden tener cierta relaci�n; pero en cada uno de ellos se persiguen fines diversos: en el administrativo, saber si se han causado derechos aduanales sencillos o adicionales, para imponer las penas correspondientes relativas, y en el penal, comprobar la existencia de un delito y la responsabilidad del delincuente; as�, si en un caso de contrabando, no se instruye el expediente administrativo, tal omisi�n no constituye violaci�n a las leyes de procedimiento penal.

A. penal directo 2919/27. N.A.. 17 de enero de 1930. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: E.O.A.. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

Por otra parte, resulta oportuno se�alar que la violaci�n de las normas fiscales determina la comisi�n de un il�cito tributario (lato sensu). A su vez, el il�cito tributario ha sido clasificado por la doctrina en infracci�n o delito, siguiendo para ello diversos criterios que permiten su diferenciaci�n, entre los que destacan:

  1. La naturaleza del �rgano que impone las sanciones. As�, trat�ndose de infracciones, ser�n impuestas por las autoridades administrativas, mientras que los delitos son sancionados por los �rganos judiciales.

  2. La naturaleza de las propias sanciones. En este caso, la distinci�n radica en que las aplicables a las infracciones son de contenido econ�mico, mientras que para los delitos, se reservan las sanciones penales, entre ellas, las privativas de libertad.

  3. Los procedimientos a trav�s de los cuales se imponen. Pues mientras las sanciones previstas para una infracci�n se imponen a trav�s de un procedimiento administrativo, las sanciones previstas para los delitos van precedidas de un procedimiento judicial.

    El legislador mexicano, siguiendo esa misma l�nea, distingui� entre delitos e infracciones de car�cter fiscal. As�, en el C�digo F. de la Federaci�n, en cap�tulos distintos, est�n previstos ambos il�citos tributarios, los cuales se diferencian de acuerdo a los criterios antes descritos.

    Existe, por otro lado, un ordenamiento de naturaleza fiscal federal que s�lo establece infracciones: la Ley Aduanera.

    Ahora bien, en la legislaci�n tributaria federal, algunos il�citos fiscales s�lo se encuentran previstos como infracciones y, en ocasiones, dada la gravedad de los mismos, tambi�n se regulan como delitos. En otras palabras, el legislador ha considerado una determinada conducta como infracci�n, a la vez que como delito, lo que origina que la misma conducta traiga aparejada la jurisdicci�n del J. y la del �rgano administrativo, con los consecuentes procedimientos penales y administrativos, y las respectivas sanciones penales y administrativas.

    Expuesto lo anterior, conviene tener presente las caracter�sticas propias de los procedimientos penal y administrativo, trat�ndose de la comisi�n de il�citos fiscales, cuesti�n que enseguida se aborda.

    Para proceder penalmente en contra de una persona por la comisi�n de un delito fiscal, es necesario, conforme al art�culo 92 del C�digo F. de la Federaci�n, que la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico formule querella, declaratoria de perjuicio o posible perjuicio, declaratoria en los casos de contrabando de mercanc�as por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercanc�as de tr�fico prohibido, o bien, denuncia de hechos ante el Ministerio P�blico Federal, dependiendo del delito de que se trate.

    El precepto en comento, en la parte conducente, dispone:

    "Art�culo 92. Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este cap�tulo, ser� necesario que previamente la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico:

    "I.F. querella, trat�ndose de los previstos en los art�culos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado.

    "II. Declare que el fisco federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los establecidos en los art�culos 102 y 115.

    "III.F. la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercanc�as por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercanc�as de tr�fico prohibido.

    En los dem�s casos no previstos en las fracciones anteriores bastar� la denuncia de los hechos ante el Ministerio P�blico Federal. ...

    Ahora bien, seguida la averiguaci�n previa por parte del Ministerio P�blico Federal y ejercitada la acci�n penal, compete al J. Federal de la causa determinar con base en las pruebas aportadas en el proceso la responsabilidad del inculpado, imponi�ndole en caso de sentencia condenatoria la sanci�n correspondiente, que en ning�n caso comprender� la pecuniaria, ante la expresa prohibici�n contenida en el art�culo 94 del C�digo F. de la Federaci�n, que prev� sobre el particular:

    Art�culo 94. En los delitos fiscales la autoridad judicial no impondr� sanci�n pecuniaria; las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, har�n efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, sin que ello afecte al procedimiento penal.

    Ciertamente, la sanci�n pecuniaria que comprende tanto la multa como la reparaci�n del da�o no puede ser impuesta por el juzgador, pues ello compete en exclusiva a la autoridad administrativa, quien en t�rminos del citado art�culo 94 de la ley tributaria, debe hacer efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes.

    Cabe hacer menci�n que la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico debe formular en la querella o en la declaratoria de perjuicio correspondiente, la cuantificaci�n de los da�os y perjuicios ocasionados por el delito cometido, l�gicamente cuando esto sea posible, ello para que el �rgano judicial est� en aptitud de determinar en su sentencia el tipo de pena aplicable al delito de que se trate. Pero esta cuantificaci�n, seg�n lo dispone el s�ptimo p�rrafo del art�culo 92 del C�digo F. de la Federaci�n, �nicamente surtir� efectos en el procedimiento penal. El dispositivo en comento, en la parte que interesa, dice:

    "Art�culo 92. Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este cap�tulo, ser� necesario que previamente la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico:

    "...

    En los delitos fiscales en que sea necesaria querella o declaratoria de perjuicio y el da�o o el perjuicio sea cuantificable, la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico har� la cuantificaci�n correspondiente en la propia declaratoria o querella. La citada cuantificaci�n s�lo surtir� efectos en el procedimiento penal. Para conceder la libertad provisional, excepto trat�ndose de los delitos graves previstos en este c�digo, para efectos de lo previsto en el art�culo 194 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, el monto de la cauci�n que fije la autoridad judicial comprender�, en su caso, la suma de la cuantificaci�n antes mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyendo actualizaci�n y recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad provisional. La cauci�n que se otorgue en los t�rminos de este p�rrafo, no sustituye a la garant�a del inter�s fiscal. ...

    Ahora bien, por lo que hace al procedimiento fiscal, la autoridad administrativa, espec�ficamente la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, independientemente del procedimiento penal y en uso de sus facultades de comprobaci�n, debe determinar, mediante la resoluci�n administrativa correspondiente, las contribuciones omitidas, los recargos que se generen por su impago, as� como el monto de la sanci�n pecuniaria que corresponda seg�n la infracci�n cometida; lo anterior, seg�n se advierte de lo dispuesto en el art�culo 94 del C�digo F. de la Federaci�n, transcrito l�neas arriba.

    As�, a manera ilustrativa, puede se�alarse que trat�ndose de la comisi�n de alguna infracci�n fiscal, que a su vez est� prevista como delito, la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico tomar� en cuenta los siguientes conceptos para determinar el monto del cr�dito fiscal:

  4. Las contribuciones omitidas (actualizadas conforme a los art�culos 17-A y 21 del C�digo F. de la Federaci�n, cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales).

  5. Los recargos que se generen por la falta de pago oportuno de las contribuciones (calculados previa actualizaci�n de las contribuciones omitidas, conforme lo prev� el mencionado art�culo 21 del C�digo F. de la Federaci�n).

  6. La multa correspondiente a la infracci�n fiscal cometida (actualizada de acuerdo al art�culo 17-A del C�digo F. de la Federaci�n, conforme lo dispone el segundo p�rrafo del art�culo 70 del mismo c�digo y el art�culo 5o. de la Ley Aduanera, cuando se trate de infracciones previstas en ese ordenamiento).

    Cabe agregar, por otra parte, que dentro del procedimiento fiscal, la autoridad tributaria est� facultada para practicar el embargo precautorio sobre los bienes o la negociaci�n del contribuyente, tal y como se advierte del art�culo 145 del C�digo F. de la Federaci�n, por lo que en la comprobaci�n de alg�n il�cito fiscal puede proceder en tal forma.

    Asimismo y en relaci�n con las infracciones previstas en la Ley Aduanera, la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico tiene facultades, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 151 del referido ordenamiento, para practicar el embargo precautorio de las mercanc�as y de los medios en los en que se transporten, mismos que estar�n afectos directa y preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y cr�ditos fiscales, conforme a lo previsto en el diverso art�culo 60 de la ley en comento.

    Sentado lo anterior, resulta necesario acudir al contenido del art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n, materia de la presente contradicci�n, que dice:

    "Art�culo 101. No procede la sustituci�n y conmutaci�n de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, cuando se trate de los delitos previstos en los art�culos 102 y 105 fracciones I a la IV cuando les correspondan las sanciones previstas en las fracciones II y III segundo p�rrafo del art�culo 104; 108 y 109 cuando les correspondan las sanciones dispuestas en la fracci�n III del art�culo 108, todos de este c�digo. En los dem�s casos, adem�s de los requisitos se�alados en el C�digo Penal aplicable en materia federal, ser� necesario comprobar que los adeudos fiscales est�n cubiertos o garantizados a satisfacci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico."

    El precepto transcrito establece los casos en los que no procede otorgar los beneficios de sustituci�n y conmutaci�n de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, as� como los requisitos que deber�n satisfacerse en los casos en los que s� proceda otorgar a �stos dichos beneficios.

    Sobre lo anterior, cabe precisar que la expresi�n utilizada por el legislador en dicho precepto al establecer: "o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales", debe entenderse referente a todos los beneficios que puedan gozar los sentenciados por esta clase de il�citos y que se encuentran previstos en el C�digo Penal Federal, entre ellos, la condena condicional; de ah� que uno de los tribunales contendientes haya hecho referencia a esta figura jur�dica en la tesis jurisprudencial que sustent� en relaci�n con el tema.

    Asimismo, conviene dejar sentado que por adeudo fiscal debe entenderse tanto las contribuciones omitidas que se hubieren dejado de pagar a la hacienda p�blica, como los aprovechamientos y accesorios que deriven de las mismas, esto es, las sanciones econ�micas y los recargos.

    Lo anterior, seg�n se desprende del art�culo 4o. del C�digo F. de la Federaci�n que, en la parte que interesa, dice:

    Art�culo 4o. Son cr�ditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores p�blicos o de los particulares, as� como aquellos a los que las leyes les den ese car�cter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. ...

    Pues bien, de lo relacionado con antelaci�n, debe concluirse que para que proceda la conmutaci�n y sustituci�n de la pena de prisi�n o alg�n otro beneficio en favor de los sentenciados por delitos fiscales, adem�s de cumplirse con los requisitos que para cada uno de ellos establece el C�digo Penal Federal, es necesario que en los autos del proceso penal conste la manifestaci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico en el sentido de que el inter�s fiscal se encuentra garantizado, entendida esta manifestaci�n como el documento que acredite fehacientemente la aceptaci�n de la autoridad tributaria de tener por garantizados los adeudos fiscales.

    Ello es as�, pues de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 94 del C�digo F. de la Federaci�n, es a la autoridad tributaria a la que le corresponde hacer efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas que se hubieren generado con motivo de lainfracci�n fiscal; por lo que aun y cuando en los autos del proceso penal existan constancias que acrediten la existencia de un embargo precautorio o aseguramiento de bienes en favor de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, ello no implica, necesariamente, que el inter�s fiscal se encuentre garantizado, pues es necesario que dicha autoridad actualice y determine el monto del adeudo fiscal, cuesti�n que escapa a la esfera competencial de los Jueces Federales y que acarrea la imposibilidad para �stos de conocer si el valor de los bienes embargados es suficiente para garantizar el inter�s fiscal; am�n de que el monto de estos conceptos puede, incluso, llegar a superar el valor econ�mico de dichos bienes.

    En efecto, se ha expuesto con antelaci�n que en materia fiscal una misma conducta puede ser constitutiva, simult�neamente, de un delito y de una infracci�n, conducta que a su vez genera la instauraci�n de dos procedimientos distintos e independientes, cuyos fines difieren sustancialmente: en el penal, acreditar la responsabilidad penal del inculpado e imponer la sanci�n corporal correspondiente; en el administrativo, comprobar la existencia de la infracci�n fiscal y, en consecuencia, sancionar pecuniariamente al contribuyente.

    Tambi�n se ha se�alado que trat�ndose de delitos fiscales, no procede la imposici�n de sanciones pecuniarias, ante la expresa prohibici�n contenida en el art�culo 94 del C�digo F. de la Federaci�n, por lo que son las autoridades administrativas quienes, previo c�lculo del adeudo fiscal que se hubiere generado con motivo de la violaci�n al ordenamiento tributario, deben hacerlas efectivas.

    Por consiguiente, el �rgano judicial se encuentra imposibilitado material y jur�dicamente para determinar si el inter�s fiscal se encuentra o no garantizado, pues no obstante que de los autos del proceso penal se advierta la existencia de un embargo en favor de la hacienda p�blica, al estar impedidos los Jueces Federales para imponer sanciones pecuniarias por esta clase de delitos y, por ende, para calcular su monto, no pueden conocer en realidad el importe exacto del adeudo fiscal, que incluye, como se ha dicho, las contribuciones omitidas, los recargos y la sanci�n administrativa correspondiente.

    Adem�s, puede suceder que el embargo practicado coactivamente por parte de las autoridades tributarias en el procedimiento administrativo, consista de bienes que se deterioren f�cilmente o de objetos cuyo valor no responda al de las multas y dem�s grav�menes fiscales derivados de la infracci�n cometida; o bien, puede suceder que los bienes embargados hayan sido robados y que quien acredite ser su leg�timo propietario los reivindique, lo que ocasionar�a que el fisco tendr�a que entregarlos y quedar�a sin garant�a.

    De esto se sigue que los bienes embargados precautoriamente no siempre ser�n suficientes para tener por garantizado el inter�s fiscal, tal y como lo ha sostenido en otras ocasiones esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, como se advierte de las tesis aisladas que a continuaci�n se transcriben:

    "Sexta �poca

    "Instancia: Primera S.

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Volumen: XVII, Segunda Parte

    "P�gina: 58

    "CONDENA CONDICIONAL. CONTRABANDO. Dispone el art�culo 240 del C�digo Penal que, para que proceda la condena condicional en materia de delitos fiscales, adem�s de satisfacerse los requisitos se�alados por el C�digo Penal, se deber� acreditar que el inter�s fiscal est� satisfecho o garantizado. De acuerdo con dicho precepto, no basta que las autoridades administrativas hayan secuestrado o retenido la mercanc�a materia del contrabando; es menester que, aparte de esa retenci�n e independientemente de ella, se garantice aquel inter�s, porque en ocasiones se trata de objetos que se deterioran o de objetos cuyo valor no responde al de las multas y dem�s grav�menes fiscales derivados del contrabando, o bien puede ser que el objeto haya sido robado y que quien acredite ser un leg�timo propietario lo reivindique, y entonces el fisco tendr�a que entregarlo y quedar�a sin garant�a.

    "A. directo 5539/57. I.O.. 17 de noviembre de 1958. Unanimidad de 4 votos. Ponente: R.C.S."

    "Sexta �poca

    "Instancia: Primera S.

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Volumen: X, Segunda Parte

    "P�gina: 35

    "CONDENA CONDICIONAL (CONTRABANDO). Si el art�culo 90 del C�digo Penal, en relaci�n con el 30, establecen que la reparaci�n del da�o comprende a la restituci�n de la cosa obtenida por el delito y la indemnizaci�n material y moral a la v�ctima, y la condena condicional no suspende el pago de aqu�lla, es incuestionable que por estatuir situaciones generales no pudo abarcar a todas las particulares y que s�lo en leyes t�cnicas es dable comprender, por su peculiar naturaleza intr�nseca, de suerte que si una ley especial, como la fiscal, sin destruir la t�nica de la ley punitiva, aclara que el Estado tambi�n puede ser sujeto pasivo y precisa lo que debe incluirse dentro del da�o patrimonial inferido a �ste y fija el procedimiento expedido por el cual se conoce el qu�ntum del inter�s fiscal y, a�n m�s, otorga an�logas facilidades que el c�digo punitivo para que el infractor pueda gozar del citado beneficio, bastando con que garantice aquel inter�s (art�culo 240), o sea, que no es necesario que inmediatamente erogue su importe, indiscutiblemente que debe concluirse, que los dispositivos 90 de la ley penal federal y 240 del C�digo F., no se contraponen, sino que son concurrentes. Consecuentemente, si bien es cierto que el art�culo 60 del c�digo aduanero permite que el fisco se garantice reteniendo las mercanc�as, por la misma raz�n precedente, el infractor, aun en ese supuesto, est� obligado a garantizar las prestaciones indicadas, ya que los objetos pueden deteriorarse, demeritarse, ser recuperados por su leg�timo due�o o simplemente, puede suceder que no alcancen a cubrir aqu�l inter�s.

    "A. directo 5970/57. A.G.�n. 10 de abril de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: A.�n Mercado Alarc�n."

    "Quinta �poca

    "Instancia: Primera S.

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: CXXII

    "P�gina: 199

    "CONDENA CONDICIONAL, GARANT�A DEL INTER�S FISCAL, PARA OBTENERLA. Dispone el art�culo 240 del C�digo F., que para que proceda la condena condicional en materia de delitos fiscales, adem�s de satisfacerse los requisitos se�alados por el C�digo Penal se deber� acreditar que el inter�s fiscal est� satisfecho o garantizado. De acuerdo con dicho precepto, no basta que las autoridades administrativas hayan secuestrado o retenido la mercanc�a materia del contrabando; es menester que aparte de esa retenci�n e independientemente de ella, se garantice aquel inter�s, porque en ocasiones se trata de objetos que se deterioran o de objetos cuyo valor no responde al de las multas y dem�s grav�menes fiscales derivados del contrabando, o bien puede ser que el objeto haya sido robado y que quien acredite ser su leg�timo propietario lo reivindique, y entonces el fisco tendr�a que entregarlo y quedar�a sin garant�a.

    A. penal directo 5008/52. Por acuerdo de la Primera S., de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 9 de octubre de 1954. Unanimidad de cinco votos. Ponente: A.�n Mercado Alarc�n.

    Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideraci�n lo siguiente:

    El art�culo 141 del C�digo F. de la Federaci�n dispone:

    "Art�culo 141. Los contribuyentes podr�n garantizar el inter�s fiscal en alguna de las formas siguientes:

    "I. Dep�sito en dinero u otras formas de garant�a financiera equivalentes que establezca la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico mediante reglas de car�cter general que se efect�en en las cuentas de garant�a del inter�s fiscal a que se refiere el art�culo 141-A.

    "II. Prenda o hipoteca.

    "III. Fianza otorgada por instituci�n autorizada, la que no gozar� de los beneficios de orden y excusi�n.

    "IV. Obligaci�n solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia.

    "V.E. en la v�a administrativa.

    "VI. T�tulos valor o cartera de cr�ditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del cr�dito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptar�n al valor que discrecionalmente fije la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

    "La garant�a deber� comprender, adem�s de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, as� como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este periodo y en tanto no se cubra el cr�dito, deber� actualizarse su importe cada a�o y ampliarse la garant�a para que cubra el cr�dito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.

    "El reglamento de este c�digo establecer� los requisitos que deber�n reunir las garant�as. La Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico vigilar� que sean suficientes tanto en el momento de su aceptaci�n como con posterioridad y, si no lo fueren, exigir� su ampliaci�n o proceder� al secuestro o embargo de otros bienes.

    "En ning�n caso las autoridades fiscales podr�n dispensar el otorgamiento de la garant�a.

    La garant�a deber� constituirse dentro de los treinta d�as siguientes a la fecha en que se hubiere notificado por la autoridad fiscal correspondiente la resoluci�n sobre la cual se deba garantizar el inter�s fiscal, salvo en los casos en que se indique un plazo diferente en otros preceptos de este c�digo.

    El precepto transcrito establece las formas y modalidades en que un particular puede garantizar el inter�s fiscal, los conceptos que deber� comprender �sta, los requisitos que deber� reunir, la prohibici�n para dispensarla y el plazo para su constituci�n.

    Asimismo, el numeral citado reserva al Reglamento del C�digo F. de la Federaci�n, el establecimiento de los requisitos que deber�n reunir las garant�as del inter�s fiscal, agregando, adem�s, que la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico vigilar� que �stas sean suficientes tanto al momento de su aceptaci�n como con posterioridad y, si no lo fueren, exigir� su ampliaci�n o proceder� al secuestro o embargo de otros bienes.

    Por su parte, el art�culo 68 del Reglamento del C�digo F. de la Federaci�n se�ala, entre otras cosas, que la garant�a del inter�s fiscal deber� ofrecerse por el interesado ante la autoridad recaudadora correspondiente, para que la califique, acepte si procede y le d� el tr�mite correspondiente.

    El art�culo en comento a la letra dice:

    "Art�culo 68. La garant�a del inter�s fiscal se ofrecer� por el interesado ante la autoridad recaudadora correspondiente, para que la califique, acepte si procede y le d� el tr�mite correspondiente.

    La autoridad recaudadora para calificar la garant�a ofrecida deber� verificar que se cumplan los requisitos que establecen el c�digo y este reglamento en cuanto a la clase de la garant�a ofrecida, el motivo por el cual se otorg� y que su importe cubre los conceptos que se�ala el art�culo 141 del c�digo; cuando no se cumplan, la autoridad requerir� al promovente, a fin de que en un plazo de cinco d�as contados a partir del d�a siguiente a aquel en que se le notifique dicho requerimiento, cumpla con el requisito omitido; en caso contrario no se aceptar� la garant�a.

    De lo anterior se desprende que, para tener por garantizado el inter�s fiscal, no basta que el interesado ofrezca como garant�a cualquiera de las figuras que prev� el art�culo 141 del C�digo F. de la Federaci�n, sino que es requisito indispensable que la autoridad tributaria califique y acepte previamente la misma.

    Por ende, si para garantizar el inter�s fiscal se requiere de la aceptaci�n por parte de la autoridad administrativa de las garant�as ofrecidas por el contribuyente, debe concluirse, por igualdad de raz�n, que trat�ndose del embargo precautorio o aseguramiento de bienes practicado en raz�n de la infracci�n fiscal cometida, se requiere, de igual forma, de la aceptaci�n por parte del fisco federal en el sentido de que dichos bienes garantizan el inter�s fiscal, cuenta habida que la finalidad que persigue esta aceptaci�n en ambos supuestos es la misma: que el fisco se asegure de que las garant�as sean suficientes para resarcirse del cr�dito fiscal en caso de que las mismas se vuelvan exigibles.

    As�, atento al principio de derecho que establece que donde existe la misma raz�n debe existir la misma disposici�n, ha de considerarse que para tener por garantizado el inter�s fiscal, es necesario, en ambos supuestos, la aceptaci�n de las garant�as por parte de la autoridad tributaria, lo que en el caso concreto viene a corroborar que la procedencia de los beneficios a que alude el art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n, est� sujeta a que se cumplan los requisitos que para cada uno de ellos establece el C�digo Penal Federal y a que la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico manifieste, mediante la aceptaci�n correspondiente, que los adeudos fiscales se encuentran garantizados.

    Desde luego, debe precisarse que son dos cosas distintas el embargo precautorio o aseguramiento de bienes llevado a cabo por parte de la autoridad tributaria en uso de sus facultades de comprobaci�n o como consecuencia de una infracci�n fiscal y las garant�as de que puede hacer uso el contribuyente, previstas en el art�culo 141 del C�digo F. de la Federaci�n; sin embargo, ello no es �bice para considerar que en el primer supuesto no se requiera de la aceptaci�n por parte del fisco federal en el sentido de que los bienes embargados o asegurados son suficientes para tener por garantizado el inter�s fiscal pues, se reitera, la finalidad que persigue esta aceptaci�n en ambos casos es la misma.

    Otro argumento que corrobora la conclusi�n alcanzada en la presente resoluci�n, es el relativo a la reforma que sufri� el art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y uno.

    Hasta antes de la reforma en comento, el numeral invocado dec�a:

    Art�culo 101. Para que proceda la condena condicional cuando se incurra en delitos fiscales, adem�s de los requisitos se�alados en el C�digo Penal aplicable en materia federal, ser� necesario comprobar que el inter�s fiscal est� satisfecho o garantizado.

    El precepto reformado, vigente al momento de resolverse los criterios en contradicci�n, qued� como sigue:

    Art�culo 101. Para que proceda la condena condicional, la sustituci�n y conmutaci�n de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, adem�s de los requisitos se�alados en el C�digo Penal aplicable en materia federal, ser� necesario comprobar que los adeudos fiscales est�n cubiertos o garantizados a satisfacci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

    En el dictamen formulado por la Comisi�n de Hacienda y Cr�dito P�blico, el diez de diciembre de mil novecientos noventa y uno, los diputados integrantes de dicha comisi�n se�alaron, en relaci�n con dicho precepto, lo siguiente:

    "Dentro del cap�tulo de delitos fiscales, el Ejecutivo propone se actualicen los montos que sirven a las autoridades para determinar las penas por contrabando, defraudaci�n fiscal, para depositarios e interventores y por apoderarse de mercanc�as en recintos fiscales o fiscalizados, medida que beneficiar� a los contribuyentes, ya que se aumentan sustancialmente los l�mites m�nimos que sirven para fijar las penas de los il�citos mencionados, adem�s se establecen �stos en cantidades y no en salarios m�nimos, por lo que no existe inconveniente de esta representaci�n en proponer su aprobaci�n.

    "En esta materia, la comisi�n que suscribe considera conveniente reformar los art�culos 101 y 102, �ltimo p�rrafo, del C�digo F. de la Federaci�n, para establecer, en el primer caso que, previa garant�a del inter�s fiscal, se podr�n realizar sustituciones o conmutaciones de sanciones y otros beneficios a los sentenciados por delitos fiscales, y en el segundo caso, para incrementar de 45% a 55% el porcentaje que sirve de fundamento a las autoridades fiscales para determinar la procedencia de la querella por la omisi�n de impuestos al comercio exterior, en los casos en que �sta se deba a una inexacta clasificaci�n arancelaria, medidas que son necesarias establecer en beneficio de los contribuyentes, proponi�ndose el siguiente texto:

    "?Art�culo 101. Para que proceda la condena condicional, la sustituci�n y conmutaci�n de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, adem�s de los requisitos se�alados en el C�digo Penal aplicable en materia federal, ser� necesario comprobar que los adeudos fiscales est�n cubiertos o garantizados a satisfacci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.? ..."

    Como se observa de la transcripci�n anterior, la reforma que sufri� el precepto citado se efectu� con el objeto de ampliar los beneficios de sustituci�n y conmutaci�n de sanciones o cualquier otro a los sentenciados por delitos fiscales, pues hasta antes de la reforma en cuesti�n, �nicamente proced�a el beneficio de la condena condicional. Asimismo, el legislador estableci� en dicho precepto que la procedencia de los beneficios antes mencionados est� condicionada a que se cumplan dos diferentes supuestos: 1) Que el sentenciado satisfaga los requisitos previstos en el C�digo Penal aplicable en materia federal; y, 2) Que se compruebe que los adeudos fiscales est�n cubiertos o garantizados a satisfacci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

    Ahora bien, la locuci�n adverbial de modo "a satisfacci�n", empleada por el legislador en la reforma que sufri� dicho precepto, tiene como significados, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Espa�ola de la Real Academia Espa�ola, los siguientes: "A gusto de uno, cumplidamente.".

    En consecuencia, no puede afirmarse que sea el J. el que, con base en las constancias que acreditan un embargo precautorio o aseguramiento de bienes en favor de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, determine que el inter�s fiscal se encuentra garantizado, pues en los t�rminos en que se encuentra redactada la norma citada, no deja lugar a dudas en cuanto a que es a la autoridad tributaria a la que le corresponde determinar si "a su gusto" o "cumplidamente" dichos bienes pueden garantizar o no el cr�dito fiscal.

    En abundancia de preceptos que ejemplifican los casos en los que se requiere de la manifestaci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en el sentido de que el inter�s fiscal se encuentra garantizado, se encuentran los art�culos 92 y 159 del C�digo F. de la Federaci�n, que se�alan:

    "Art�culo 92. Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este cap�tulo, ser� necesario que previamente la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico:

    "...

    "Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres fracciones de este art�culo se sobreseer�n a petici�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos cr�ditos fiscales queden garantizados a satisfacci�n de la propia secretar�a. La petici�n anterior se har� discrecionalmente, antes de que el Ministro (sic) P�blico Federal formule conclusiones y surtir� efectos respecto de las personas a que la misma se refiera. ...

    "En caso de que el inculpado hubiera pagado o garantizado el inter�s fiscal a entera satisfacci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, la autoridad judicial, a solicitud del inculpado, podr� reducir hasta en un 50% el monto de la cauci�n, siempre que existan motivos o razones que justifiquen dicha reducci�n."

    "Art�culo 159. Cuando los bienes se�alados para la trabaestuvieren ya embargados por otras autoridades no fiscales o sujetos a c�dula hipotecaria, se practicar� no obstante la diligencia. Dichos bienes se entregar�n al depositario designado por la oficina ejecutora o por el ejecutor y se dar� aviso a la autoridad correspondiente para que �l o los interesados puedan demostrar su derecho de prelaci�n en el cobro.

    Si los bienes se�alados para la ejecuci�n hubieran sido ya embargados por parte de autoridades fiscales locales, se practicar� la diligencia, entreg�ndose los bienes al depositario que designe la autoridad federal y se dar� aviso a la autoridad local. En caso de inconformidad, la controversia resultante ser� resuelta por los tribunales judiciales de la Federaci�n. En tanto se resuelve el procedimiento respectivo no se har� aplicaci�n del producto, salvo que se garantice el inter�s fiscal a satisfacci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

    Y la redacci�n empleada por el legislador en dichos preceptos, al igual que la utilizada en el art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n, no deja lugar a dudas en cuanto a que es a la autoridad tributaria a la que le corresponde determinar, exclusivamente, si el inter�s fiscal se encuentra o no garantizado.

    De lo expuesto, es de concluirse que el requisito de procedencia de los beneficios a que alude el art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n, relativo a que deber� comprobarse que los adeudos fiscales est�n cubiertos o garantizados a satisfacci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, precisa de la manifestaci�n de dicha autoridad en ese sentido, esto es, que el cr�dito fiscal se encuentra garantizado satisfactoriamente, debi�ndose entender por dicha manifestaci�n, el documento, recibo o comprobante de conformidad respectivo, que deber� allegar el inculpado al procedimiento penal para poder gozar de los beneficios a que alude el art�culo 101 del citado ordenamiento tributario.

    Por tanto, esta S. considera que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado en la presente resoluci�n, el cual se plasma en la tesis que se redacta en los t�rminos que a continuaci�n se indican, debiendo ordenarse la publicaci�n de la misma en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, para los efectos del art�culo 195 de la Ley de A..

    DELITOS FISCALES. PARA LA PROCEDENCIA DE LA SUSTITUCI�N Y CONMUTACI�N DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR AQUELLOS IL�CITOS, SE REQUIERE LA MANIFESTACI�N DE LA SECRETAR�A DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO DE QUE EL INTER�S FISCAL SE ENCUENTRA GARANTIZADO.-Para que procedan los referidos beneficios a favor de los sentenciados por delitos fiscales, previstos en el art�culo 101 del C�digo F. de la Federaci�n, adem�s de satisfacerse los requisitos que al efecto establece el C�digo Penal Federal, es menester que en los autos del proceso penal exista la manifestaci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico de que el inter�s fiscal est� cubierto o garantizado satisfactoriamente, entendida esta manifestaci�n como el documento, recibo o comprobante que acredite fehacientemente la aceptaci�n de la autoridad tributaria de tener por garantizados los adeudos fiscales. Lo anterior obedece a que de acuerdo a lo dispuesto en el art�culo 94 del c�digo tributario invocado, es a la autoridad administrativa a la que le corresponde hacer efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas que se hubieren generado con motivo de la infracci�n fiscal; por tanto, de existir constancias en los autos del proceso penal que acrediten la pr�ctica de un embargo precautorio o aseguramiento de bienes a favor de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, ello no implica que el inter�s fiscal se encuentre garantizado, por ser necesario que esa autoridad actualice y determine el monto del adeudo fiscal, cuesti�n que escapa a la esfera competencial de los Jueces Federales quienes no pueden imponer sanciones pecuniarias por los delitos referidos y, por ende, los imposibilita, material y jur�dicamente, para determinar si el valor de los bienes embargados es suficiente para garantizar el cr�dito fiscal.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del D�cimo Noveno Circuito.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, bajo la tesis jurisprudencial que ha quedado redactada en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

TERCERO

Rem�tase de inmediato la tesis que se sustenta en la presente resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como al Tribunal Pleno, a la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito, para su conocimiento.

N.�quese; c�mplase y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C., H.R.P., Jos� de Jes�s G.�o P., ponente O.S.C. de G.�a V. y presidente J.N.S.M..