Ejecutoria num. 2a./J. 12/2002 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26826496

Ejecutoria num. 2a./J. 12/2002 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 12/2002
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Marzo de 2002
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2000. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL PROPIO CIRCUITO.UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE AUTOGOBIERNO CONFERIDAS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA. LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL QUE LA INTEGRAN SON PARTE DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 12/2000. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL S�PTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL PROPIO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Las consideraciones que sirvieron de sustento en relaci�n con la materia de esta contradicci�n al S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 2277/99, interpuesto por �ngela G.Z. y otro, son las siguientes:

PRIMERO. Este Tribunal Colegiado tiene competencia legal para decidir el presente asunto con apego a los art�culos 85, fracci�n II, de la Ley de Amparo y 37, fracci�n IV, del cap�tulo III, secci�n 2a. de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n. SEGUNDO. El auto recurrido se apoya en los razonamientos siguientes: 'M�xico, Distrito Federal, a tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Vista; la demanda presentada por �ngela G.Z.S.�nchez y E.T.B.A., contra actos del director de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatl�n (ENEP Acatl�n) y otras autoridades; f�rmese cuaderno auxiliar, reg�strese como corresponda. De la lectura integral de la demanda de amparo y de los anexos que se exhibieron con la misma, se advierte que la citada demanda de garant�as resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracci�n XVIII del art�culo 73, con relaci�n al art�culo 11, ambos de la Ley de Amparo, en atenci�n a las siguientes consideraciones: En el presente caso, los quejosos se�alaron como autoridades responsables al director de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatl�n (ENEP Acatl�n); Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico; y la Comisi�n de Honor de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico; por otra parte, los quejosos se�alaron como acto reclamado la resoluci�n de fecha tres de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, mediante la cual se decret� la expulsi�n definitiva como alumnos de la Facultad de Derecho de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales en el Plantel Acatl�n de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, la cual fue emitida por el director de dicha instituci�n; as� como la resoluci�n del diecinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual se confirm� dicha expulsi�n de los quejosos de dicho plantel, dictada por el Tribunal Universitario de la citada Universidad Nacional Aut�noma de M�xico. Ahora bien, el art�culo 73, fracci�n XVIII, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: �Art�culo 73. El juicio de amparo es improcedente ... XVIII. En los dem�s casos en que la improcedencia resulte de alguna disposici�n de la ley.�. Por su parte, el art�culo 11 de la ley de la materia dice que: �Art�culo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.�. En efecto, los actos que emiten los funcionarios universitarios en ejercicio del cargo que desempe�an en una instituci�n descentralizada, como lo es la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, no pueden considerarse como actos de autoridad, ya que esa calidad se sustenta en que los actos reclamados provengan de una relaci�n de gobernante a gobernado, pues s�lo as� se puede concluir que se cuente con facultades coercitivas necesarias para hacer cumplir sus determinaciones y s�lo de esta manera es factible estimar que el acto de autoridad deba ser enjuiciado a trav�s del juicio de amparo. En el presente caso, los quejosos reclaman la baja emitida en su contra como estudiantes de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales en el Plantel Acatl�n, de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, actos que se emitieron con el objeto de regular las relaciones del alumnado en dicho organismo educativo y, por lo mismo, no pueden considerarse actos de autoridad. En efecto, este razonamiento cobra mayor certeza si se toma en cuenta que los integrantes de un organismo descentralizado cuando son colocados frente a la propia persona moral o frente a sus dem�s miembros, entre ellos el alumnado, no originan de ninguna forma una relaci�n de gobernante a gobernado, pues �sta s�lo se da en la actividad externa de esos organismos frente a los particulares; por tanto, si los actos impugnados en esta v�a fueron dictados dentro de las relaciones internas del organismo descentralizado, como en el caso, luego entonces, esos actos encuentran origen en el ejercicio de la facultad de coordinaci�n e impulso de las actividades propias de la universidad, motivo por el cual carecen de imperatividad y coercitividad de que todo acto de autoridad es revestido, por lo que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a tal consideraci�n la tesis de jurisprudencia que se encuentra visible en la p�gina 399 del Tomo IV, octubre de 1996, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo rubro dice: �FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA JUR�DICA DE LOS ACTOS QUE SUSCRIBEN, PARA QUE PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO EN SU CONTRA.�. Igualmente, es aplicable al caso la tesis visible en la p�gina 226, T.V., octubre de 1991, de la Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo rubro dice: �ORGANISMOS P�BLICOS DESCENTRALIZADOS. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE REALIZAN DENTRO DE SU R�GIMEN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD.�. Por lo anteriormente expuesto y al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracci�n XVIII del art�culo 73 en relaci�n con el art�culo 11, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el art�culo 145 de la misma legislaci�n se desecha la demanda de amparo por motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se tienen como autorizados �nicamente para o�r y recibir notificaciones por parte del quejoso a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda.'. TERCERO. Los recurrentes hacen valer los siguientes agravios (se transcriben). CUARTO. Son infundados los agravios expresados por los recurrentes por las siguientes consideraciones: Aducen, sustancialmente, que la resoluci�n que se impugna les irroga perjuicio, porque el a quo no tom� en consideraci�n la naturaleza de los actos reclamados, es decir, que los actos emitidos por los funcionarios de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico s� son (sic) autoridades para efectos del amparo, en virtud de que los actos emitidos por los citados funcionarios tienen la caracter�stica de unilateralidad, imperatividad y coercitividad; adem�s de que fueron emitidos con base en la ley que ordena una conducta en contra del sujeto al que va dirigido y cuyo cumplimiento puede ser exigido a trav�s de la fuerza p�blica, motivo por el cual se debe revocar la resoluci�n impugnada. Para una mejor comprensi�n del asunto es pertinente transcribir la tesis denominada: 'AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS P�BLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JUR�DICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.', que a la letra dice: 'Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el n�mero 300 aparece publicado en la p�gina 519 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: �AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El t�rmino ?autoridades? para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza p�blica en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, est�n en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos p�blicos, por el hecho de ser p�blica la fuerza de que disponen.�, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, m�ximo int�rprete de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajust�ndolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervenci�n de los entes p�blicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rector�a del Estado en materia econ�mica, que a su vez modific� la estructura estadual, y gest� la llamada administraci�n paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participaci�n estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicaci�n generalizada de �ste en la actualidad conduce a la indefensi�n de los gobernados, pues estos organismos en su actuaci�n, con independencia de la disposici�n directa que llegaren a tener o no de la fuerza p�blica, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a trav�s de los cuales crean, modifican o extinguen por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los �rganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les est�n atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jur�dica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza p�blica o bien a trav�s de otras autoridades.'. Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, tesis XXVII/97, p�gina 118. De la transcripci�n anterior se desprende que se interrumpe el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial de rubro: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.', por lo que es pertinente precisar el concepto de autoridad para los efectos de esta materia, el cual se entiende como todo �rgano ya sea persona o funcionario, entidad o cuerpo colegiado que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, con facultades de decisi�n o ejecuci�n y con poder de imperio en el ejercicio de tales facultades, cuyo desempe�o afecte situaciones generales o especiales, jur�dicas o f�cticas. En otras palabras, para determinar si el acto que se reclama es un verdadero acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se deben cubrir los siguientes requisitos: 1. La existencia de una norma legal en la que se funde al emitir el acto; 2. Si conforme a esa norma se le faculta a tomar decisiones que afecten la esfera jur�dica de un gobernado; 3. La presencia de una relaci�n subordinada, gobernante-gobernado, sin que obste a lo anterior la posibilidad o no de utilizar la fuerza p�blica. Requisitos que en la especie no cubre la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico. En el caso, no se puede hablar de un acto de autoridad, toda vez que los funcionarios de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico no tienen el car�cter de autoridad para efectos del amparo, habida cuenta que los actos que emitieron van encaminados a regular las relaciones internas de los miembros componentes de la propia entidad de conformidad con su legislaci�n interna, y no con base en una norma legal como requisito indispensable para todo acto de autoridad, norma que s�lo puede ser emitida por un �rgano especialmente creado para ello y que en nuestro pa�s se restringe al Congreso de la Uni�n, por ser la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico un organismo inmerso en el �mbito federal; por lo que no es susceptible de hablarse de que las facultades con las que obraron al emitir los actos reclamados las se�aladas como responsables, emanaron de una norma legal. En efecto, las disposiciones en que se apoy� la primera resoluci�n fueron �stas: art�culos 5o., 41, fracciones I y VI, 90, 93, p�rrafo segundo, 95, fracciones I, II y VI, 97, fracci�n I, 98, fracci�n II, inciso e) y dem�s relativos del Estatuto General de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico. Por su parte, el Tribunal Universitario al confirmar la primera resoluci�n se bas� en las siguientes normas: art�culos 93, 95, fracci�n VI, 98, 99, 100 y 101 del Estatuto General de la Universidad; y 1o., 4o., 5o., 8o., 9o., 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21 y 22 del Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisi�n de Honor. Como puede inferirse de lo anterior, la facultad de obrar no eman� de ninguna ley, sino que se apoy� en normas internas de la propia universidad, pues como se desprende de la L.O.�nica de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, publicada el seis de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, se decret� lo siguiente: 'Art�culo 1o. La Universidad Nacional Aut�noma de M�xico es una corporaci�n p�blica -organismo descentralizado del Estado- dotada de plena capacidad jur�dica y que tiene por fines impartir educaci�n superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y t�cnicos �tiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.'. 'Art�culo 2o. La Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, tiene derecho para: I.O. como lo estime mejor, dentro de los lineamientos generales se�alados por la presente ley. ...'. 'Art�culo 3o. Las autoridades universitarias ser�n: 1. La junta de gobierno; 2. El Consejo Universitario; 3. El rector; 4. El patronato; 5. Los directores de facultades, escuelas e institutos; 6. Los consejos t�cnicos a que se refiere el art�culo 12.'. 'Art�culo 7o. El Consejo Universitario estar� integrado: I. Por el rector; II. Por los directores de facultades, escuelas o instituciones; III. Por representantes profesores y representantes alumnos de cada una de las facultades y escuelas en la forma que determine el estatuto; IV. Por un profesor representante de los centros de extensi�n universitaria; V. Por un representante de los empleados de la universidad. El secretario general de la universidad, lo ser� tambi�n del consejo.'. 'Art�culo 8o. El Consejo Universitario tendr� las siguientes facultades: I.E. todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organizaci�n y funcionamiento t�cnico, docente y administrativo de la universidad; II. Conocer de los asuntos que de acuerdo con las normas y disposiciones generales, a que se refiere la fracci�n anterior, le sean sometidos; III. Las dem�s que esta ley le otorga, y, en general, conocer de cualquier asunto que no sea de la competencia de alguna otra autoridad universitaria.'. De la transcripci�n anterior se desprende que las disposiciones en que se fund� el director de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatl�n, as� como el Tribunal Universitario, se encuentran inmersas dentro del conjunto normativo que rige la vida interna de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, expedido por ella misma; por tanto, no se actualizan los supuestos a que se refiere la jurisprudencia transcrita con antelaci�n e invocada por los agraviados, toda vez que en principio no puede hablarse de una norma legal y, menos a�n, que se vulnere la esfera jur�dica de los hoy quejosos, puesto que no se modific� o extingui� alg�n derecho previamente adquirido respaldado en disposiciones legales. Por otra parte, tampoco puede hablarse de una relaci�n jur�dica entre los quejosos y los citados funcionarios, ni de gobernante a gobernado, en virtud de que los actos que emitieron lo hicieron como entes de derecho privado, porque sus actos tienen origen en el ejercicio de la facultad de coordinaci�n e impulso de las actividades de la propia universidad, quien cuenta con total libertad para autodirigirse, con la �nica salvedad de que como ente integrante de nuestra sociedad deber� respetar los derechos constitucionales que rigen a nuestro pa�s; en consecuencia, al no contar los actos reclamados con las cualidades antes se�aladas, es que no son susceptibles de examinarse a trav�s del juicio de amparo; motivo por el cual este tribunal considera que fue acertada la determinaci�n del a quo en desechar la demanda de amparo, de ah� que procede declarar infundados los agravios a estudio. Finalmente, argumentan los recurrentes que el a quo no debi� aplicar en la sentencia impugnada la jurisprudencia: 'ORGANISMOS P�BLICOS DESCENTRALIZADOS. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE REALIZAN DENTRO DE SU R�GIMEN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD.'. Resulta inoperante el agravio anterior, habida cuenta que, en primer lugar, porque los recurrentes no expresaron razonamiento eficaz del porqu� consideran que el J. no debi� aplicar en la resoluci�n reclamada la mencionada tesis; en segundo lugar, porque ser�a insuficiente para revocar el auto recurrido por los razonamientos antes apuntados, de ah� que resulte inoperante el agravio a estudio. En las relacionadas condiciones, al resultar inoperantes los agravios expresados, lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los art�culos 83, 85 y 86 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se confirma el acuerdo recurrido de tres de marzo de mil novecientos noventa y nueve dictado por el J. Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el cuaderno auxiliar A-443/98. SEGUNDO. Se desecha la demanda de amparo.

CUARTO

Por otra parte, las consideraciones que en relaci�n con la materia de esta resoluci�n fueron sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo en Materias Penal y Civil del propio circuito, al resolver el recurso de queja 32/98 interpuesto por el secretario general de la Universidad Aut�noma de Nuevo Le�n el cuatro de junio de mil novecientos ochenta y ocho, son del siguiente tenor:

"CUARTO. Lo aducido a t�tulo de agravios resulta infundado. En efecto, sustancialmente, manifiesta el recurrente en el primero de sus agravios que el J. de Distrito no advirti� que, en el caso, el quejoso no agot� el principio de definitividad aduciendo que contra el acto impugnado existe el recurso de apelaci�n previsto en el art�culo 12 del Estatuto General de la Universidad Aut�noma de Nuevo Le�n, medio de impugnaci�n que se puede interponer contra los acuerdos dictados por las comisiones permanentes del Consejo Universitario. Al respecto, cabe decir que es inexacto lo que se alega habida cuenta que, por una parte, de las constancias que en apoyo a su informe justificado remiti� el a quo se aprecia que el acto reclamado consistente en la suspensi�n por tiempo indefinido de sus derechos como alumno decretada contra el promovente del amparo, deriv� de un acuerdo emitido no por una comisi�n permanente sino por el Consejo Universitario de la Universidad Aut�noma de Nuevo Le�n y, por otra, aun aceptando que, en la especie, existiese alg�n recurso, como se sostiene, esta circunstancia no es raz�n v�lida para desechar una demanda de garant�as, por el contrario, es correcto el proceder del J. de Distrito al admitirla, ya que ello le permitir� durante la sustanciaci�n del juicio respectivo tener un cabal conocimiento de la litis y resolver lo que proceda conforme a derecho; por tanto, el agravio del recurrente resulta infundado. Al caso, es aplicable la tesis jurisprudencial n�mero 209, localizable en la p�gina 143, T.V., Materia Com�n, Primera PartedelAp�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1917 a 1995, que bajo el rubro: 'DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBST�CULO PARA ADMITIRLA. La existencia de un posible recurso contra los actos reclamados, motivo de un juicio de garant�as, no es �bice para admitir y tramitar la demanda de amparo, sino que, por el contrario, es conveniente hacerlo, a fin de estudiar debidamente la cuesti�n; sin perjuicio de que despu�s se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo aparece realmente la existencia de alguna causa de improcedencia.'. Lo expuesto en el segundo agravio tambi�n deviene infundado, habida cuenta que, aun cuando pudiera considerarse que la instituci�n educativa de la que proviene el acto reclamado, por la naturaleza de sus actividades no se le puede catalogar como autoridad; sin embargo, debe decirse que con independencia de lo anterior, s� es dable sostener que para los efectos del juicio de amparo, una instituci�n universitaria puede tener car�cter de autoridad cuando con sus determinaciones afecte la esfera jur�dica de un gobernado, como ocurre en la especie al suspender en sus derechos como alumno universitario al promovente del amparo, de manera que no es acertado lo que a guisa de agravios expresa el recurrente. Sirve de apoyo a lo anterior, por analog�a, la tesis jurisprudencial n�mero I.4o.A.194 A, visible en la p�gina 809 del Tomo V, febrero de 1997, parte correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: 'UNIVERSIDAD NACIONAL AUT�NOMA DE M�XICO. LA AUTONOM�A DE QUE GOZA NO LA EXCLUYE DE LA APLICACI�N DE LAS LEYES QUE CONFORMAN EL ESTADO DE DERECHO. La autonom�a de que goza la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico significa que queda en libertad de nombrar a sus autoridades, elaborar sus planes y programas dentro de los principios de libertad de c�tedra e investigaci�n, as� como administrar su patrimonio sin la injerencia del Estado, pero tal albedr�o no puede extenderse al grado de suponer que la instituci�n no est� sujeta al r�gimen jur�dico del pa�s, es decir, que pueda conducirse con absoluta independencia, ya que ello podr�a provocar anarqu�a y arbitrariedad; por lo que si entre la diversidad de actos emitidos por los funcionarios universitarios se encuentran aquellos que re�nen los atributos esenciales del proceder autoritario, como la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, que se traducen en la posibilidad de actuar sin el consenso de los particulares y aun en contra de su voluntad imponer sus determinaciones, dichos actos son susceptibles de ser analizados a trav�s del juicio de amparo, y la sentencia que se pronuncie, cualquiera que sea su sentido, dejar� intocada la autonom�a de la universidad, ya que obviamente podr� continuar ejerciendo la libertad de autodirigirse, con la �nica salvedad de que como ente integrante de nuestra sociedad deber� respetar los derechos constitucionales que rigen en nuestro pa�s; consecuentemente, los actos de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico que ostentan las cualidades para considerarlos como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pueden ser examinados a trav�s de �ste, sin perjuicio de la autonom�a de que goza tal instituci�n.'. A la luz de lo antes considerado, ha de arribarse a la conclusi�n de que es legal el auto admisorio de la demanda de amparo de m�rito y, por tanto, se impone declarar infundado el presente recurso de queja. Por lo expuesto y con apoyo adem�s en el art�culo 95 de la Ley de Amparo, se resuelve: �NICO. Se declara infundado el presente recurso de queja."

QUINTO

El an�lisis de las resoluciones transcritas revela la existencia de la contradicci�n de tesis denunciada.

Con el fin de corroborar tal aserto, es pertinente precisar los supuestos esenciales que conforman el marco f�ctico dentro del cual se emitieron las referidas determinaciones opositoras.

Al respecto, destaca que los Tribunales Colegiados de Circuito emitieron sus criterios al resolver diversos medios de defensa, un recurso de revisi�n y un recurso de queja, que fueron interpuestos dentro de juicios de amparo en los que se controvirti� la constitucionalidad de sendas resoluciones emitidas por universidades p�blicas aut�nomas, a trav�s de las cuales se determin�, en una de ellas, la baja de dos alumnos de una de esas instituciones y, en la otra, la suspensi�n por tiempo indefinido en los derechos que asisten a un alumno.

Los Tribunales Colegiados S�ptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito y el entonces Quinto del Cuarto Circuito se abocaron a determinar si conforme a lo dispuesto en la Ley de Amparo y a su interpretaci�n jurisprudencial, las resoluciones de una universidad p�blica aut�noma, a trav�s de las cuales se impide a un gobernado continuar disfrutando del servicio p�blico educativo que imparten, constituyen un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garant�as.

Aun cuando ambos tribunales se basaron en supuestos an�logos, arribaron a conclusiones dis�miles.

En efecto, el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 2277/99, considera que al tenor de lo dispuesto en el art�culo 11 de la Ley de Amparo y conforme a la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, con el n�mero P.X., en la p�gina 118, que lleva por rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS P�BLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JUR�DICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.", los actos que impiden a un gobernado continuar disfrutando del servicio p�blico educativo que imparte una universidad p�blica aut�noma no tienen el car�cter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que:

  1. Tales actuaciones est�n encaminadas a regular las relaciones internas de los miembros componentes de la propia universidad de conformidad con su legislaci�n interna y no con base en una norma legal, requisito indispensable para todo acto de autoridad.

  2. Las normas que otorguen la atribuci�n que permita desarrollar un acto de autoridad �nicamente pueden ser establecidas por el �rgano especialmente creado para ello, en el caso de un organismo federal, el Congreso de la Uni�n.

  3. El acto a trav�s del cual la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico expulsa definitivamente a alguno de sus alumnos no se realiza en ejercicio de facultades emanadas de una norma legal, dado que para ello el �rgano respectivo de esa entidad se bas� en disposiciones que rigen su vida interna, expedidas por ella misma.

  4. El acto a trav�s del cual la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico expulsa definitivamente a alguno de sus alumnos no se basa en una norma legal.

  5. El acto a trav�s del cual la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico expulsa definitivamente a alguno de sus alumnos no vulnera la esfera jur�dica de �stos, puesto que con ello no se modifica o extingue alg�n derecho previamente adquirido respaldado en disposiciones legales.

    Por su parte, el entonces Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo en Materias Civil y Penal del propio circuito, al resolver el recurso de queja 32/98, interpuesto en contra del acuerdo emitido por el respectivo J. de Distrito, a trav�s del cual se admiti� la correspondiente demanda de garant�as, en relaci�n con el criterio materia de la presente contradicci�n, sostiene que:

  6. Aun cuando a la Universidad Aut�noma del Estado de Nuevo Le�n, por la naturaleza de sus actividades no se le puede catalogar como autoridad; sin embargo, para los efectos del juicio de amparo s� es dable sostener que una instituci�n universitaria tiene el car�cter de autoridad cuando con sus determinaciones afecta la esfera jur�dica de un gobernado, como ocurre cuando lo suspende por tiempo indefinido en sus derechos como alumno universitario.

  7. Al hacer suyo un criterio de un diverso Tribunal Colegiado de Circuito, el cual lleva por rubro: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUT�NOMA DE M�XICO. LA AUTONOM�A DE QUE GOZA NO LA EXCLUYE DE LA APLICACI�N DE LAS LEYES QUE CONFORMAN EL ESTADO DE DERECHO.", sostiene que la autonom�a de que gozan las universidades p�blicas significa que quedan en libertad de nombrar a sus autoridades, elaborar sus planes y programas dentro de los principios de libertad de c�tedra e investigaci�n, as� como administrar su patrimonio sin la injerencia del Estado; pero ello no implica que puedan conducirse con absoluta independencia, por lo que si entre los actos emitidos por los servidores p�blicos universitarios se encuentran algunos que re�nen los atributos esenciales del proceder autoritario, que se traducen en la posibilidad de actuar sin el consenso de los particulares e imponer en contra de su voluntad sus determinaciones, dichos actos son susceptibles de ser analizados a trav�s del juicio de amparo.

  8. Igualmente, al hacer suyo el referido criterio, sostuvo que las sentencias de amparo contra los actos de autoridad de las universidades p�blicas no afectan la autonom�a de �stas, pues obviamente podr�n continuar ejerciendo la libertad de autodirigirse y, con independencia del sentido en que se dicten aqu�llas, dicha autonom�a no las excluye de respetar lo dispuesto en la Constituci�n General de la Rep�blica.

    Como se advierte, en la presente contradicci�n de tesis los referidos Tribunales Colegiados de Circuito parten del supuesto consistente en la existencia de juicios de amparo en los que se controvierte una resoluci�n emitida por una universidad p�blica, a trav�s de la cual se impide a un gobernado continuar disfrutando del servicio p�blico educativo que se le ven�a proporcionando y, al respecto, dichos tribunales emiten criterios opuestos en virtud de que uno estima que los actos de esa naturaleza s� corresponden a los de una autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en tanto que el otro sostiene lo contrario.

    En tal virtud, debe concluirse que existe la contradicci�n de tesis denunciada, dado que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los respectivos medios de defensa interpuestos dentro de un juicio de amparo, examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, adoptando criterios discrepantes con motivo de diversas interpretaciones jur�dicas de an�logos elementos de conocimiento. Sirve de apoyo a la anterior conclusi�n la tesis jurisprudencial cuyos rubro, texto y datos de identificaci�n, son los siguientes:

    "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Octava �poca, C.S., Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo 58, octubre de 1992, tesis 4a./J. 22/92, p�gina 22).

    Por ende, partiendo del contexto f�ctico y jur�dico antes referido, se advierte que el punto fundamental de contradicci�n que debe dilucidar esta S. consiste en determinar si el juicio de amparo resulta procedente contra las resoluciones emitidas por las universidades p�blicas que impiden a un gobernado continuar disfrutando del servicio p�blico que �stas le estaban proporcionando.

    Para fortalecer la anterior conclusi�n, cabe se�alar que no obsta a ella la circunstancia de que las consideraciones opositoras se hayan sostenido al resolver recursos de diversa naturaleza, que los actos reclamados se hayan emitido por diferentes universidades p�blicas aut�nomas ni que, en un caso, se haya expulsado a los quejosos y, en otro, se haya suspendido por tiempo indefinido al peticionario de garant�as, pues ello no trasciende a los supuestos esenciales de esta contradicci�n.

    Al respecto, debe tomarse en cuenta que de acuerdo con lo sostenido por este Alto Tribunal, para que exista una contradicci�n de tesis resulta necesario que las resoluciones relativas se hayan adoptado respecto de una misma cuesti�n jur�dica suscitada en un mismo plano y que, expresa o impl�citamente, hayan arribado a conclusiones opuestas sobre esa cuesti�n; por lo que para determinar si efectivamente existe dicha oposici�n no basta atender a la conclusi�n del razonamiento vertido en las correspondientes actuaciones judiciales, sino que es indispensable tomar en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho que por enlace l�gico sirven de base o presupuesto al criterio respectivo, ya que �nicamente cuando exista coincidencia en tales circunstancias podr� afirmarse, v�lidamente, que existe una contradicci�n de tesis cuya resoluci�n dar� lugar a un criterio jurisprudencial que por sus caracter�sticas de generalidad y abstracci�n podr� aplicarse en asuntos similares.

    De ah� que al estudiar las circunstancias f�cticas y jur�dicas que sirven de marco a las resoluciones que generan una supuesta contradicci�n de tesis, esta Suprema Corte debe distinguir entre las que por servir de basamento l�gico a los criterios emitidos se erigen en verdaderos presupuestos que han de presentarse en las determinaciones opuestas, y entre aquellas que aun cuando aparentemente sirven de sustento a las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto l�gico del criterio emitido.

    As�, para que efectivamente exista la contradicci�n denunciada ser� necesario que los criterios opositores hayan partido de los mismos supuestos esenciales, es decir, de los que sirven de basamento l�gico a las conclusiones divergentes adoptadas.

    En este orden de ideas, no afecta la existencia de esta contradicci�n la circunstancia de que uno de los criterios se haya emitido al resolver un recurso de revisi�n interpuesto en contra del auto que desech� la demanda de garant�as y el otro al fallar un recurso de queja interpuesto en contra del prove�do inicial en el que se admiti� el citado libelo, ni el hecho de que en una de las resoluciones opuestas, en la que se determin� la procedencia del respectivo juicio de amparo, el criterio sostenido pudiera no ser concluyente, al referirse a la inexistencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia.

    As� es, si bien el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito arrib� a su conclusi�n al resolver un recurso de revisi�n previsto en el art�culo 83, fracci�n I, de la Ley de Amparo, interpuesto en contra del auto que desech� la respectiva demanda de garant�as, y el entonces Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, emiti� su criterio al conocer de un recurso de queja establecido en el art�culo 95, fracci�n I, del propio ordenamiento, en contra del prove�do que admiti� la respectiva demanda de amparo, al calificar inicialmente la procedencia de �sta; ello no obstaculiza la existencia de esta contradicci�n, ya que las consideraciones emitidas en esta �ltima resoluci�n no se basaron en un an�lisis provisional sobre la existencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, sino en un an�lisis definitivo y vinculatorio en relaci�n con el resto de las determinaciones que pudiere adoptar el J. de Distrito en el juicio respectivo, a trav�s del cual se concluy� que el acto reclamado a la respectiva universidad p�blica s� es controvertible mediante el juicio de amparo, no s�lo para admitir la demanda de garant�as sino, inclusive, para no decretar, posteriormente, el sobreseimiento en el juicio como consecuencia de la improcedencia de �ste por no tratarse de un acto de autoridad.

    Dicho en otras palabras, el pronunciamiento emitido por este �ltimo tribunal s� es revelador de que, conforme a su criterio, el juicio de amparo es procedente contra actos de la naturaleza del reclamado, con independencia de que tal juzgamiento se realice inicialmente o al momento del dictado de la sentencia respectiva; m�xime que al tratarse de una cuesti�n de derecho de mera interpretaci�n jur�dica, la postura de este tribunal adoptada sobre ese preciso punto no depende del momento procesal en el que est� conociendo del asunto, a diferencia de lo que sucede con las diversas consideraciones de la citada resoluci�n en las que el propio Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que la posibilidad de que exista un medio ordinario de defensa, que no haya agotado el quejoso antes de acudir al juicio de garant�as, no se traduce en un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de �ste; determinaci�n que �nicamente vincula al J. de Distrito para el efecto de no desechar la demanda por la existencia de esa probabilidad, dejando a dicho juzgador la libertad de que, de estimar plenamente acreditada dicha causa con posterioridad, mediante un auto o en la sentencia respectiva, se sobresea en el juicio respecto del acto impugnado.

    En el mismo sentido, resulta irrelevante que los criterios opuestos se hayan sostenido al resolver recursos de diversa naturaleza, lo que en el caso no trasciende a la existencia de la contradicci�n. Sirve de apoyo a este aserto la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n:

    "CONTRADICCI�N DE TESIS. LOS CRITERIOS CONTRADICTORIOS PUEDEN PROVENIR DE JUICIOS DE DIFERENTE NATURALEZA. La circunstancia de que una contradicci�n de tesis tenga su origen en criterios sustentados en sentencias dictadas por Tribunales Colegiados de Circuito, habi�ndose pronunciado una de ellas con motivo de un juicio de amparo indirecto en revisi�n, en tanto que la otra se emiti� con motivo de un juicio de amparo directo, no es obst�culo para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia conozca de la contradicci�n, aunque los juicios en los cuales los criterios hayan sido sustentados sean de diferente naturaleza, ya que el art�culo 11, fracci�n XV, de la L.O.�nica del Poder Judicial Federal, establece la competencia del Pleno de este Alto Tribunal para conocer de todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte cuya competencia no corresponda a las S. de la misma, quedando comprendidos dentro de dichos asuntos las contradicciones entre tesis que, en amparos que no versen exclusivamente sobre la misma materia, sustenten dos o m�s Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere el p�rrafo final del art�culo 196 y 197-A de la Ley de Amparo." (Octava �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n, T.V., mayo de 1991, tesis P. XXIII/91, p�gina 10).

    Por otra parte, conviene se�alar que la existencia de esta contradicci�n tampoco se ve afectada por la circunstancia de que el acto reclamado provenga de diversas universidades p�blicas, de la Nacional Aut�noma de M�xico, y de la Aut�noma de Nuevo Le�n, ya que para efectos del punto de contradicci�n que debe dilucidarse en esta resoluci�n, como m�s adelante se precisa, resulta relevante el concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, as� como la naturaleza de la autonom�a que se confiere a las instituciones de esa naturaleza en el art�culo 3o. constitucional, por lo que el criterio que se adopte no guarda relaci�n con una espec�fica universidadp�blicaaut�noma, sino con �stas en su conjunto.

    Incluso, no est� por dem�s hacer referencia a los diversos ordenamientos federales y estatales que regulan a las universidades p�blicas aut�nomas, de cuyo contenido se advierte que, en esencia, todas ellas constituyen �rganos del Estado que son dotados de autonom�a en t�rminos del art�culo 3o. constitucional lo que, como se ver� m�s adelante, resulta relevante para esta resoluci�n; en ese orden de ideas, debe tomarse en cuenta lo previsto en los ordenamientos vigentes que a continuaci�n se reproducen.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de A. (publicada en el Diario Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de A. el 24 de febrero de 1974).

    "Art�culo 1o. El Instituto Aut�nomo de Ciencias y Tecnolog�a de A., se transforma en la Universidad Aut�noma de A.."

    Art�culo 2o. La Universidad Aut�noma de A. funcionar� como organismo p�blico descentralizado del Estado con personalidad jur�dica propia para adquirir y administrar bienes.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma del Estado de Baja California (publicada en el P.�dico Oficial del �rgano de Gobierno del Estado de Baja California el 28 de febrero de 1957).

    Art�culo 1o. Se crea la Universidad Aut�noma del Estado de Baja California, como una instituci�n de servicio p�blico, descentralizada de la administraci�n del Estado, con plena capacidad jur�dica, y con los siguientes fines: dar ense�anza preparatoria y superior para formar profesionales; fomentar y llevar a cabo investigaciones cient�ficas, dando preferencia a las que tienden a resolver los problemas estatales y nacionales; y extender los beneficios de la cultura.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Baja California Sur (publicada en el Bolet�n Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 6 de octubre de 1978).

    "Art�culo 1o. La Universidad Aut�noma de Baja California Sur es un organismo descentralizado del Estado, cuya sede oficial est� en la ciudad de La Paz, y adopta el lema: 'S.�a como meta, patria como destino'."

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Campeche (publicada en el Diario Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Campeche el 20 de junio de 1991).

    "Art�culo 1o. La Universidad Aut�noma de Campeche es una corporaci�n p�blica, con gobierno propio y patrimonio libremente administrado, dotada de plena capacidad jur�dica y que tiene por fines impartir educaci�n media superior y superior para formar profesionales, investigadores, profesores universitarios y t�cnicos �tiles a la sociedad; planear y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas estatales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura, especialmente la ciencia, el arte y la t�cnica. La universidad tiene autonom�a para ejercer las funciones de docencia, investigaci�n y difusi�n de la cultura; para darse sus propios ordenamientos y organizar su funcionamiento como lo estime conveniente y para utilizar y aplicar libremente sus recursos econ�micos."

    "Art�culo 2o. Para realizar sus fines, la Universidad Aut�noma de Campeche se inspirar� en los principios de libre investigaci�n y libertad de c�tedra y acoger� en su seno, con prop�sitos exclusivos de docencia e investigaci�n, todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de car�cter cient�fico y social, pero sin tomar parte en las actividades de grupos de pol�tica militante, aun cuando tales actividades se apoyen en aquellas corrientes o tendencias.

    "El pluralismo ideol�gico y el respeto a un orden responsable en el cual pueda manifestarse, son principios esenciales de la actividad universitaria."

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma Agraria "A.N." del Estado de Coahuila de Zaragoza (publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila el 4 de abril de 1989).

    "Art�culo 1o. Se crea, con personalidad jur�dica, patrimonio y gobierno propios, un organismo p�blico descentralizado del Estado, que se denominar� Universidad Aut�noma Agraria 'A.N.'."

    "Art�culo 2o. La sede de la universidad estar� en Buenavista, Municipio de Saltillo, Estado de Coahuila y podr� establecer sus unidades y dependencias en cualquier otro lugar, si existen las condiciones propicias para ello."

    "Art�culo 3o. La universidad, basada en el principio de autonom�a, tendr� por objetivos fundamentales:

    "I.I. educaci�n superior en el campo de las ciencias agrarias y sus afines para formar profesionistas con juicio cr�tico, humanista, democr�tico y nacionalista, capaces de contribuir a la soluci�n de los problemas del medio rural;

    "II. Realizar investigaci�n en las �reas cient�ficas de su competencia que favorezcan al desarrollo social y econ�mico, integral, arm�nico e independiente tanto de la Rep�blica y sus regiones como del Estado; y

    III. Preservar, promover y acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnolog�a, en un proceso de intercambio sistem�tico con la sociedad, para contribuir al desarrollo rural de manera integral.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Coahuila (publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila el 4 de enero de 1991).

    Art�culo 1o. La Universidad Aut�noma de Coahuila es un organismo p�blico, descentralizado por servicio, dotado de plena personalidad jur�dica y aut�noma en sus aspectos econ�mico, t�cnico y administrativo.

    L.O.�nica de la Universidad de Colima (publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima el 22 de noviembre de 1980).

    "Art�culo 1o. La Universidad de Colima es un organismo p�blico, descentralizado, con personalidad jur�dica propia, capacidad para adquirir y administrar bienes, que tiene por fines los se�alados en esta misma ley."

    "Art�culo 2o. Se otorga a la Universidad de Colima el derecho de autonom�a, para que pueda realizar sus fines con la m�s amplia libertad y organizar su propio gobierno, conforme a los lineamientos establecidos por esta ley, en su reglamento y dem�s disposiciones legales que acuerde el Consejo Universitario y autoridades competentes."

    L.O.�nica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas el 23 de febrero del 2000).

    "Art�culo 1o. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, es un organismo aut�nomo de inter�s p�blico y social, con personalidad jur�dica y patrimonio propio, al servicio de los intereses educativos, sociales y culturales del Estado de Chiapas y de M�xico, de conformidad con lo establecido en la fracci�n VII del art�culo 3o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos."

    "Art�culo 2o. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas tiene autonom�a para tomar sus propias determinaciones y a trav�s de sus �rganos de gobierno, realizar sus fines garantizando la libertad de c�tedra y de investigaci�n, de acuerdo a los planes y programas de estudios aprobados; el libre examen, discusi�n y difusi�n de las ideas, as� como para determinar sus planes y programas de estudios, programas acad�micos, m�todos de ense�anza, de investigaci�n, de difusi�n de la cultura, de extensi�n de los servicios a la comunidad y fijar los t�rminos de ingreso, promoci�n y permanencia de su personal acad�mico.

    "La universidad ser� regida por las disposiciones de la presente ley, de su estatuto general y de los reglamentos especiales que expida el Consejo Universitario."

    "Art�culo 3o. La sede permanente de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es la capital del Estado; sin embargo, podr� establecer en cualquier lugar de la entidad las subsedes que considere convenientes para el cumplimiento de sus fines."

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Chihuahua (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Chihuahua el 30 de diciembre de 1986).

    "Art�culo 1o. La Universidad Aut�noma de Chihuahua es un organismo p�blico descentralizado, con domicilio legal en la capital del Estado, dotado de personalidad jur�dica, patrimonio y competencia propios para ejercer las atribuciones que la ley le confiere."

    Art�culo 2o. La universidad gozar� de autonom�a para gobernarse, darse sus propios reglamentos, elegir de manera independiente a sus autoridades, planear y llevar a cabo sus actividades y aplicar sus recursos de acuerdo con lo establecido por el art�culo tercero, fracci�n octava de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Ciudad Ju�rez (publicada en el P.�dico Oficial del Estado Libre y Soberano de Chihuahua el 30 de diciembre de 1995).

    "Art�culo 1o. Se establece la Universidad Aut�noma de Ciudad Ju�rez en el Estado de Chihuahua, con domicilio en Ciudad Ju�rez."

    "Art�culo 2o. La Universidad Aut�noma de Ciudad Ju�rez es un organismo p�blico descentralizado, dotado de personalidad jur�dica y patrimonio propios, con autonom�a para ejercer las funciones de la ense�anza y el aprendizaje, la investigaci�n cient�fica, la difusi�n de la cultura y la extensi�n de los servicios."

    L.O.�nica de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico (publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 6 de enero de 1945).

    Art�culo 1o. La Universidad Nacional Aut�noma de M�xico es una corporaci�n p�blica -organismo descentralizado del Estado- dotada de plena capacidad jur�dica y que tiene por fines impartir educaci�n superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y t�cnicos �tiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma Metropolitana (publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el lunes 17 de diciembre de 1973).

    Art�culo 1o. Se crea la Universidad Aut�noma Metropolitana, como organismo descentralizado del Estado, con personalidad jur�dica y patrimonio propio.

    L.O.�nica de la Universidad Ju�rez del Estado de Durango (publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango el 7 de junio de 1962).

    "Art�culo 1o. La Universidad Ju�rez del Estado de Durango es una corporaci�n p�blica, aut�noma y dotada de plena capacidad jur�dica."

    "Art�culo 2o. La Universidad Ju�rez del Estado de Durango tiene capacidad para adquirir y administrar bienes en los t�rminos de esta ley y personalidad jur�dica para celebrar convenios con otras instituciones docentes nacionales o extranjeras, encaminados a su finalidad educativa y para tratar y convenir con toda clase de autoridades y personas cuanto fuere �til o necesario para el mejor logro de los fines de la instituci�n. ..."

    "Art�culo 4o. R.�n a la universidad los principios de libertad de c�tedra y de investigaci�n as� como el respeto absoluto a la libre manifestaci�n del pensamiento."

    "Art�culo 5o. La Universidad Ju�rez del Estado de Durango tiene derecho a:

    I.O. como mejor lo estime conveniente, dentro de los lineamientos generales se�alados por esta ley ...

    L.O.�nica de la Universidad de Guanajuato (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Guanajuato el 17 de mayo de 1994).

    Art�culo 3o. La Universidad de Guanajuato es un organismo p�blico, descentralizado del Estado, aut�nomo en su r�gimen interno, con capacidad jur�dica y patrimonio propio, por lo que tiene la facultad y responsabilidad de gobernarse a s� misma; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura; determinar sus planes y programas; fijar los t�rminos de ingreso, promoci�n y permanencia de su personal acad�mico y administrar su patrimonio.

    Ley de la Universidad Aut�noma de Guerrero N�mero 343 (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Guerrero el 28 de agosto de 2001).

    "Art�culo 1o. La Universidad Aut�noma de Guerrero, es una instituci�n p�blica de educaci�n media superior y superior, de inter�s social, con autonom�a, personalidad jur�dica y patrimonio propio, regida por la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la presente ley, el estatuto, reglamentos y dem�s disposiciones normativas aprobadas por el H. Consejo Universitario."

    "Art�culo 2o. La universidad tendr� como domicilio legal la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, capital del Estado de Guerrero y podr� establecer dependencias y unidades, ofrecer servicios educativos y realizar sus funciones institucionales en las diversas regiones y Municipios de la entidad."

    "Art�culo 3o. La universidad tiene autonom�a para gobernarse, organizarse, definir sus fines, atribuciones, estructura y funciones acad�micas; establecer sus planes y programas; administrar su patrimonio y fijar los t�rminos de ingreso, promoci�n y permanencia de sus trabajadores y estudiantes."

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma del Estado de H. (publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de H. el 1o. de mayo de 1977).

    Art�culo 1o. La Universidad Aut�noma del Estado de H. es un organismo de car�cter p�blico, descentralizado, aut�nomo en sus aspectos econ�mico, acad�mico, t�cnico y administrativo, dotado de plena capacidad y personalidad jur�dica.

    L.O.�nica de la Universidad de Guadalajara (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Jalisco el 15 de enero de 1994).

    Art�culo 1o. La Universidad de Guadalajara es un organismo p�blico descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco con autonom�a, personalidad jur�dica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educaci�n media superior y superior, as� como coadyuvar al desarrollo de la cultura en la entidad.

    Ley de la Universidad Aut�noma del Estado de M�xico (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de M�xico el 3 de marzo de 1992).

    "Art�culo 1o. La Universidad Aut�noma del Estado de M�xico es un organismo p�blico descentralizado del Estado de M�xico, establecida por esta ley con personalidad jur�dica y patrimonio propios, dotada de plena autonom�a en su r�gimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos acad�micos, t�cnico, de gobierno, administrativo y econ�mico.

    El Instituto Cient�fico y Literario Aut�nomo del Estado de M�xico es el antecedente de esta universidad, que constituye una comunidad acad�mica dedicada al logro del objeto y fines que le son asignados por la presente ley, conforme a los principios del art�culo 3o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    L.O.�nica de la Universidad Michoacana de San Nicol�s de H. (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Michoac�n el 3 de febrero de 1986).

    "Art�culo 1o. La Universidad Michoacana de San Nicol�s de H. es una instituci�n de servicio, descentralizada del Estado, con personalidad jur�dica y patrimonio propios; dedicada a la educaci�n media-superior y superior, en sus diversos niveles y modalidades, la investigaci�n cient�fica, la difusi�n de la cultura y la extensi�n universitaria."

    "Art�culo 2o. La universidad gozar� de autonom�a, conforme a lo dispuesto en esta ley ..."

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma del Estado de Morelos (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Morelos el 22 de noviembre de 1967).

    Art�culo 1o. La Universidad Aut�noma del Estado de Morelos es la instituci�n que como organismo descentralizado se encarga de impartir la ense�anza superior; tiene personalidad jur�dica, patrimonio y plena autonom�a en su r�gimen jur�dico, econ�mico y administrativo.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Nayarit (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Nayarit el 9 de marzo de 1985).

    Art�culo 1o. La Universidad Aut�noma de Nayarit es una instituci�n de inter�s y servicio p�blico, con personalidad jur�dica propia, con plena capacidad para autogobernarse, adquirir y administrar su patrimonio, estableciendo su estructura y las normas que deben regir sus funciones y sus relaciones, tanto internas como externas. Cuyo objeto es impartir el servicio p�blico de la educaci�n media superior y superior para la formaci�n de profesionistas, investigadores y profesores universitarios �tiles a la sociedad y con una orientaci�n human�stica, t�cnica y cient�fica; planear y realizar investigaciones cient�ficas acerca de la realidad a nivel estatal, regional, nacional e internacional, as� como extender los resultados del quehacer universitario y difundir la cultura hacia la sociedad.

    L.O.�nica de la Universidad de Nuevo Le�n (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Nuevo Le�n el 7 de junio de 1971).

    Art�culo 1o. La Universidad Aut�noma de Nuevo Le�n, es una instituci�n de cultura superior, al servicio de la sociedad, descentralizada del Estado, con plena capacidad y personalidad jur�dica.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma B.J.�rez de Oaxaca (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Oaxaca el 7 de marzo de 1988).

    Art�culo 1o. La Universidad Aut�noma B.J.�rez de Oaxaca es una instituci�n creada por la ley, descentralizada del servicio educativo del Estado, dotada de personalidad jur�dica y plena autonom�a que tiene como finalidad la docencia de nivel medio superior y superior para formar profesionistas, docentes universitarios, investigadores y t�cnicos, la investigaci�n orientada al beneficio integral de la comunidad y la extensi�n y difusi�n de la cultura universitaria con elevado prop�sito de servicio social.

    Ley de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Puebla el 23 de abril de 1991).

    "Art�culo 1o. La Universidad Aut�noma de Puebla es un organismo p�blico descentralizado del Estado, con personalidad jur�dica y patrimonio propio. Tiene por objeto contribuir a la prestaci�n de los servicios educativos en los niveles medio superior y superior; realizar investigaci�n cient�fica, tecnol�gica y human�stica y coadyuvar al estudio, preservaci�n, acrecentamiento y difusi�n de la cultura.

    "La atenci�n a la problem�tica estatal tendr� prioridad en los objetivos de la universidad y la instituci�n contribuir� por s� o en coordinaci�n con otras entidades de los sectores p�blico, social y privado al desarrollo nacional."

    "Art�culo 2o. La universidad tendr� su domicilio en el Municipio de Puebla, pero podr� establecer dependencias y realizar sus planes y programas en todo el Estado.

    "La inviolabilidad de los recintos universitarios se normar� por las disposiciones de orden constitucional y de derecho p�blico procedentes."

    Art�culo 3o. La universidad tiene autonom�a y libertad para organizarse y gobernarse a s� misma, definir su estructura y funciones acad�micas, as� como sus planes y programas, fijar los t�rminos de ingresos, promoci�n y permanencia de su personal acad�mico y administrar su patrimonio.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Quer�taro (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Quer�taro el 2 de enero de 1986).

    "Art�culo 1o. La Universidad Aut�noma de Quer�taro es un organismo p�blico descentralizado del Estado, dotado de autonom�a, personalidad jur�dica y patrimonio propio.

    La autonom�a implica la facultad y responsabilidad de gobernarse a s� misma, bajo los principios de libertad de c�tedra, libertad de investigaci�n, libertad de difusi�n de la cultura y libertad para prestar servicio social a la comunidad.

    L.O.�nica de la Universidad de Quintana Roo (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Quintana Roo el 14 de septiembre de 1994).

    "Art�culo 1o. La Universidad de Quintana Roo es un organismo p�blico descentralizado del Estado de Quintana Roo para impartir educaci�n superior, con personalidad jur�dica y patrimonio propios."

    "Art�culo 4o. Para el cumplimiento de sus fines, la universidad contar� con las siguientes facultades:

    "I.O. y realizar sus actividadesconforme lodispuesto en la presente ley;

    "II.E. todas las normas y disposiciones internas, para el debido cumplimiento de sus fines;

    "III. Planear, programar, organizar, ejecutar y evaluar sus actividades acad�micas de docencia, investigaci�n, difusi�n y extensi�n de la cultura; las labores relacionadas con el desarrollo cient�fico, tecnol�gico y cultural; y las actividades administrativas y t�cnicas inherentes a las anteriores;

    "...

    "VII.E. las normas y fijar los requisitos para el ingreso y la permanencia de los alumnos, tomando en cuenta su capacidad y aprovechamiento.

    "Para la fijaci�n de los requisitos no se considerar�n limitaciones derivadas de sexo, edad, estado civil, condici�n socioecon�mica, militancia pol�tica, ni creencias personales;

    "VIII.E. las disposiciones relacionadas con el ingreso, la promoci�n y la permanencia del personal acad�mico de la universidad.

    "Se establecer� la participaci�n de los aspirantes a formar parte del personal acad�mico, en concursos de oposici�n o procedimientos igualmente id�neos, para evaluar y selecci�n (sic) los m�s aptos; as� mismo, se llevar�n a cabo las evaluaciones peri�dicas, para determinar la promoci�n y permanencia del mismo.

    "En ning�n caso en la normatividad correspondiente, se establecer�n limitaciones para el ingreso, la promoci�n y la permanencia del personal acad�mico, referidas a edad, sexo, condici�n socioecon�mica, militancia pol�tica o creencias personales.

    "...

    XII. Administrar libremente su patrimonio y realizar las actividades que permitan su incremento; para tal fin, promover� la creaci�n de empresas, industrias y servicios que la vinculen a los sistemas estatal y nacional de producci�n y le permitan coadyuvar al desarrollo de la comunidad. Asimismo podr� participar en la constituci�n de asociaciones, sociedades y fundaciones que tengan por objeto impulsar el desarrollo de sus actividades, y celebrar los convenios necesarios para el logro de los prop�sitos establecidos en esta fracci�n.

    L.O.�nica del Art�culo 100 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de San Luis Potos� (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de San Luis Potos� el 22 de diciembre de 1949, actualmente lo dispuesto en el citado precepto constitucional se prev� en el art�culo 11 de la propia N.F., seg�n reforma del 20 de noviembre de 1996).

    "Art�culo 1o. La Universidad Aut�noma de San Luis Potos�, tiene por objeto difundir la cultura en el Estado, hacer investigaci�n cient�fica y formar los profesionistas, especialistas o t�cnicos cuyas actividades requieren legalmente t�tulo oficial para su ejercicio o que por su importancia y responsabilidad necesiten de una preparaci�n adecuada."

    "Art�culo 2o. Para la consecuci�n de sus fines, la Universidad Aut�noma de San Luis Potos� tiene las siguientes atribuciones:

    "...

    "VI.O. y reglamentar su gobierno y funcionamiento, y nombrar su personal directivo, el profesorado y empleados, conforme lo determine el estatuto."

    "Art�culo 4o. La universidad es absolutamente libre para organizarse y funcionar; para celebrar toda clase de convenios con otras instituciones educativas nacionales o extranjeras, encaminados a su finalidad educativa y para tratar y convenir con toda clase autoridades y personas cuando fuere �til o necesario para el mejor logro de los fines de la universidad.

    La autonom�a de la universidad deber� ser protegida y respetada por todas las leyes y autoridades del Estado, sin que pueda por ning�n concepto impedir o dificultar la organizaci�n, libre gobierno, funciones o relaciones de la universidad, la designaci�n de sus funcionarios o profesores o el desempe�o de sus cargos o intentar su separaci�n.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de S. (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de S. el 22 de diciembre de 1993).

    Art�culo 1o. La Universidad Aut�noma de S. es una instituci�n de educaci�n p�blica descentralizada del Estado que, con base en el r�gimen de autonom�a que consagra la fracci�n VII del art�culo 3o. de la Constituci�n General de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con personalidad jur�dica propia y capacidad para adquirir y administrar bienes integrantes de su patrimonio. Tiene por objeto impartir educaci�n en los niveles medio superior, subprofesional, superior y posgrado; realizar investigaci�n cient�fica, tecnol�gica y humanista y contribuir al estudio, preservaci�n y fomento de la cultura, difundiendo al pueblo sus beneficios con elevado prop�sito de servicio social.

    L.O.�nica de la Universidad de Occidente (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de S. el 10 de agosto de 2001).

    "Art�culo 1o. La Universidad de Occidente es un organismo del Estado con personalidad jur�dica y patrimonio propios y su domicilio ser� la ciudad de Los Mochis, Ahome, S.. Podr� establecer unidades en diversas localidades del Estado de acuerdo con las necesidades del servicio educativo."

    "Art�culo 3o. La universidad para el debido cumplimiento de sus fines, tendr� las siguientes atribuciones:

    "I.O.se de la manera que juzgue conveniente para la realizaci�n eficiente de sus actividades, dentro de los lineamientos generales que establece la presente ley;

    "II. Planear, programar, desarrollar, controlar y evaluar los resultados de las actividades de docencia, investigaci�n, extensi�n universitaria y difusi�n de la cultura, as� como las de apoyo administrativo;

    "III.E. constancias y certificados de estudios y otorgar diplomas, t�tulos y grados acad�micos conforme a los planes y programas de estudio y requisitos establecidos por la universidad en los t�rminos de ley;

    "...

    "VII. Fijar los t�rminos de ingreso, promoci�n y permanencia de su personal acad�mico;

    "VIII. Respetar el libre examen y discusi�n de las ideas dentro de los planes y programas de estudio vigentes y propiciar un ambiente de participaci�n plural y democr�tico;

    "...

    "XII. Fijar los t�rminos para la selecci�n, admisi�n, estancia y egreso de sus alumnos;

    XIII. Administrar su patrimonio.

    L.O.�nica de la Universidad de Sonora (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 1991).

    Art�culo 4o. La Universidad de Sonora es una instituci�n aut�noma de servicio p�blico, con personalidad jur�dica y capacidad para autogobernarse, elaborar sus propios estatutos, reglamentos y dem�s aspectos normativos, as� como para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una instituci�n de educaci�n superior y ejercer� la libertad de ense�anza, investigaci�n y difusi�n de la cultura; aplicar� sus recursos con sujeci�n a la normatividad relativa y, en general, cumplir� con las atribuciones que esta ley, el estatuto general y los dem�s reglamentos le confieran.

    L.O.�nica de la Universidad Ju�rez Aut�noma de Tabasco (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Tabasco el 19 de diciembre de 1987).

    Art�culo 1o. La Universidad 'Ju�rez' Aut�noma de Tabasco es un organismo p�blico descentralizado del Estado, con autonom�a constitucional, personalidad jur�dica y patrimonio propio, responsable en y ante el Estado de la prestaci�n del servicio p�blico de educaci�n superior.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Tamaulipas (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Tamaulipas el 15 de marzo de 1967).

    "Art�culo 1o. La Universidad Aut�noma de Tamaulipas tendr� sus oficinas directivas en Ciudad Victoria y las facultades, escuelas, instituciones y departamentos estar�n en las ciudades del Estado que se determine de acuerdo con las necesidades de la poblaci�n. No obstante su car�cter disperso, la Universidad Aut�noma de Tamaulipas ser� una instituci�n uniforme y coherente, mantendr� estrecha relaci�n entre sus miembros y procurar� unificar el esp�ritu universitario para el mejor cumplimiento de sus fines."

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Tlaxcala (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Tlaxcala el 21 de noviembre de 1976).

    Art�culo 2o. La Universidad Aut�noma de Tlaxcala es un organismo de servicio p�blico descentralizado, con personalidad jur�dica, patrimonio propio y plena autonom�a en su r�gimen jur�dico, econ�mico y administrativo.

    L.O.�nica de la Universidad Veracruzana (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Veracruz el 25 de diciembre de 1993).

    "Art�culo 1o. La Universidad Veracruzana es una instituci�n p�blica de educaci�n superior, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, con domicilio en la capital del Estado de Veracruz-Llave y regida por las disposiciones de esta ley, el estatuto general y los estatutos y reglamentos especiales aprobados por el Consejo Universitario General."

    "Art�culo 11. Son atribuciones de la Universidad Veracruzana:

    "I.I. educaci�n superior en sus diversas modalidades, para formar los profesionales, investigadores, t�cnicos y artistas que el Estado y el pa�s requieran;

    "II.F. planes y programas de estudio en los diferentes niveles y modalidades de la educaci�n impartida y definir las l�neas prioritarias institucionales de investigaci�n con sus correspondientes planes y programas atendiendo en todo tiempo a los requerimientos de la sociedad y promoviendo el desarrollo de la misma;

    "...

    "VII. Planear, organizar, programar, dirigir, ejecutar y evaluar peri�dicamente sus funciones sustantivas;

    "...

    "XI. Administrar libremente su patrimonio, organizar eventos y ofrecer y prestar servicios a fin de incrementarlo, coordin�ndose con los sectores productivos del pa�s y del extranjero;

    "...

    XVI. Otorgar grados acad�micos, expedir t�tulos de posgrado, de licenciatura, y de t�cnicos, cartas de pasante, certificados de estudio, diplomas y constancias, de acuerdo con sus respectivos planes y programas.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Yucat�n (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Yucat�n el 31 de agosto de 1984).

    "Art�culo 1o. La Universidad de Yucat�n es una instituci�n de ense�anza superior, aut�noma por ley, descentralizada del Estado, para organizar, administrar y desarrollar sus fines, con plena capacidad, personalidad jur�dica y patrimonio propio."

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma "F.G.�a S." del Estado de Zacatecas (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Zacatecas el 13 de junio de 2001).

    "Art�culo 4o. La Universidad Aut�noma de Zacatecas 'F.G.�a S.' ... es una instituci�n p�blica, descentralizada del Estado por servicio, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, cuyos fines esenciales son:

    "I.I. educaci�n de modo que se obtenga la adecuada preparaci�n del estudiante, para la eficacia de sus servicios a la sociedad como profesionista, t�cnico, catedr�tico universitario o investigador;

    "II.O., realizar y fomentar la investigaci�n cient�fica, human�stica y tecnol�gica de tal forma que comprenda lo universal, y en especial los problemas nacionales y regionales, proponiendo las soluciones que estime conducentes;

    "III. Extender y divulgar la ciencia, la tecnolog�a, el arte y la cultura;

    "IV. Fortalecer a su cuerpo acad�mico mediante la formaci�n y actualizaci�n; y

    "V. Coadyuvar a que se erradique la marginaci�n y la desigualdad social, mediante la universalidad del conocimiento y el desarrollo de los m�s elevados valores humanos, fortaleciendo as� la soberan�a y la identidad nacionales."

    "Art�culo 5o. Para el cumplimiento de la alta misi�n que el Estado le confiere, la universidad tiene plena autonom�a acad�mica y administrativa. Posee tambi�n la facultad y la responsabilidad de gobernarse en forma democr�tica, sin m�s limitaciones y prerrogativas que las que le imponga la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci�n Local y esta ley."

    Como se advierte del texto de los preceptos antes transcritos, las leyes federales y locales que establecen y regulan a las universidades p�blicas antes referidas dotan a �stas de autonom�a en t�rminos de lo establecido en el art�culo 3o. de la Constituci�n General de la Rep�blica, ya sea en forma expresa o impl�cita; adem�s, por lo regular, en los mismos dispositivos se precisa su naturaleza de organismos descentralizados, ya sea de la administraci�n p�blica federal o de la respectiva de car�cter local; todo lo cual resulta indicativo de que, para determinar si constituyen actos de autoridad los emitidos por dichas universidades con el fin de impedir a un gobernado continuar gozando del servicio p�blico de educaci�n que le estaban prestando, resulta irrelevante que los criterios opositores sustentados por los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito se refieran a diversas universidades p�blicas aut�nomas, pues con independencia de ello, para concluir sobre la cuesti�n mencionada, resulta necesario precisar el concepto de autoridad para efectos del juicio de garant�as, la ubicaci�n constitucional de los organismos p�blicos descentralizados, la naturaleza y alcances de la autonom�a prevista en el art�culo 3o., fracci�n VII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, as� como los efectos que en la esfera jur�dica de un alumno universitario tiene su expulsi�n o suspensi�n por tiempo indefinido, determinada por la respectiva instituci�n educativa.

    Por �ltimo, conviene destacar que tampoco se afecta la existencia de esta contradicci�n por el hecho de que el acto reclamado, en un caso constituya una expulsi�n de alumnos universitarios y, en otro, sea la suspensi�n por tiempo indefinido en los derechos de uno de �stos, ya que debe tomarse en cuenta que ambas determinaciones, para efectos del an�lisis de la procedencia del juicio de garant�as coinciden en su esencia, pues ambos actos, por un tiempo indefinido, impiden a un gobernado continuar disfrutando del servicio p�blico educativo que le otorgaban las respectivas universidades p�blicas aut�nomas, incluso, en el caso de la denominada "suspensi�n por tiempo indefinido" debe se�alarse que la suspensi�n del goce de una prerrogativa por su naturaleza es de car�cter temporal, por lo que al no limitarse en ese aspecto, en realidad no corresponde a esa especie de sanci�n. Adem�s, su duraci�n queda al arbitrio del ente decisor, generando no s�lo la imposibilidad de gozar del servicio respectivo sino, incluso, la incertidumbre sobre las consecuencias de la resoluci�n, debiendo tomarse en cuenta que el hecho de que se d� diversa denominaci�n a actos que provocan la misma consecuencia no resulta relevante para el an�lisis de procedencia del juicio de garant�as.

SEXTO

Conforme a las consideraciones que a continuaci�n se desarrollan, el criterio que debe prevalecer para resolver la presente contradicci�n es el que adopta esta Segunda S., similar al sostenido por el entonces Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo en Materias Penal y Civil del propio circuito.

Como qued� precisado en el considerando que antecede, el punto de contradicci�n materia de esta resoluci�n consiste en determinar si el juicio de amparo resulta procedente contra las resoluciones emitidas por las universidades p�blicas que impiden a un gobernado continuar disfrutando del respectivo servicio p�blico educativo.

Para tal fin, por principio, conviene precisar cu�ndo se est� en presencia de un acto de autoridad que sea susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo, para lo cual debe tomarse en cuenta lo considerado en los diversos precedentes que sobre tal t�pico ha resuelto la actual integraci�n de este Alto Tribunal.

En ese tenor, conviene reproducir las consideraciones emitidas por esta Segunda S. al resolver la contradicci�n de tesis 71/98, fallada el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cuatro votos, bajo la ponencia del se�or Ministro M.A.G.�itr�n, dado que en ella, adem�s de las aportaciones propias, se realiza una adecuada s�ntesis de los diferentes fallos que sobre el concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garant�as hab�a emitido hasta ese momento esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. En tal determinaci�n se sostuvo:

"Es necesario en primer t�rmino precisar el t�rmino de 'autoridad', para los efectos del juicio de amparo.

"El art�culo 103 constitucional establece:

"'Los Tribunales de la Federaci�n resolver�n toda controversia que se suscite:

"'I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garant�as individuales.

"'II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberan�a de los Estados, y

"'III. Por leyes o actos de las autoridades de �stos que invadan las esferas de la autoridad federal.'

"Ni este precepto ni el art�culo 107 de la propia Carta Magna, en el que se consagran los principios procesales del juicio de amparo, definen el t�rmino 'autoridad'.

"Tampoco en la ley reglamentaria de los preceptos constitucionales invocados precedentemente se defini� el vocablo aludido; en el art�culo 11 de la ley reglamentaria de los art�culos 103 y 107 constitucionales se establece:

"'Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.'

"Es decir, el legislador �nicamente aludi� a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de garant�as, pero no abord� las caracter�sticas que debe reunir �sta para ser considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio.

"Con el prop�sito de ilustrar los antecedentes y la evoluci�n que ha tenido el concepto de autoridad responsable cabe realizar la transcripci�n de lo expuesto por el tratadista A.N.C.� en su obra Lecciones de Amparo (cuarta edici�n, M�xico, Editorial Porr�a, 1993, tomo I, p�ginas 342 a 345):

"'I. El juicio de amparo, como he establecido, se inicia en nuestro derecho p�blico en el documento constitucional que se conoce con el nombre de Voto de la Minor�a de 1842; se consigna por primera vez en nuestro derecho positivo en el Acta de Reformas de 1847 y define su forma definitiva, su propia fisonom�a jur�dica, en la Constituci�n de 1857; m�s tarde se expidieron las diversas leyes org�nicas de los art�culos constitucionales respectivos, desde la de 1861, hasta las reformas sustanciales de 1950 y 1968.

"'A trav�s de este periodo, en que nuestro juicio de amparo fue desenvolvi�ndose en los textos de nuestros diferentes documentos constitucionales, la instituci�n adquiri� su car�cter propio y afirm� sus elementos constitutivos esenciales. Estos elementos, estimo, son los siguientes: Es un juicio de car�cter constitucional que se tramita ante los tribunales federales, precisamente en contra de las autoridades y nunca de los particulares y que tiene como finalidad proteger al individuo en el goce de sus garant�as constitucionales y mantener el equilibrio entre las soberan�as de la Federaci�n y de los Estados.

"'II. De estos caracteres esenciales, se destaca la circunstancia de que el juicio de amparo no puede ser hecho valer sino en contra de las autoridades. Tal y como concibi� la instituci�n su creador, don M.O., por medio del juicio de amparo, se cre� un sistema de defensa de los particulares en contra del Estado y se procur� por tanto por medio del juicio constitucional, poner a cubierto a los individuos de las violaciones a sus derechos p�blicos que pudieran cometer precisamente las autoridades. Se trata, en conclusi�n, de un sistema de protecci�n de los derechos del hombre en contra de sus violadores posibles, que no pueden ser otros que aquellos en contra de los cuales tales derechos han sido instituidos, en contra de los detentadores de la fuerza y del poder p�blicos.

"'Este principio fundamental del juicio de amparo, que se deriva de su propia naturaleza y de sus fines, ha hecho que a trav�s de las diferentes reglamentaciones de la instituci�n, ya sea en lostextosconstitucionales que se han elaborado al efecto, o bien en las leyes org�nicas que se han promulgado, se sostenga el principio de que el juicio de amparo s�lo procede en contra de las autoridades. La Constituci�n Pol�tica en vigor sostiene este criterio en las tres fracciones del art�culo 103 constitucional, cuando afirma que los Tribunales de la Federaci�n conocer�n de las leyes y actos de las autoridades que violen las garant�as individuales o bien impliquen invasi�n de la soberan�a de la Federaci�n o de los Estados y reitera este principio en las fracciones respectivas del art�culo 107 constitucional, as� como en los art�culos 1o., fracciones II y III, y 116, fracci�n VI, de la Ley de Amparo.

"'En esta situaci�n es evidente que la t�cnica jur�dica al ponerse en ejecuci�n los textos constitucionales y reglamentar los relativos al juicio de amparo, ha tenido necesidad de elaborar una tesis respecto de lo que deba entenderse por autoridad para los efectos de la procedencia del juicio de garant�as. El concepto autoridad como la mayor parte de los conceptos jur�dicos, no es un�voco, sino eminentemente equ�voco, es decir, su connotaci�n puede ser muy diversa, raz�n por la cual la interpretaci�n y aplicaci�n de dichos conceptos, provoca sin duda alguna, dificultad en la pr�ctica.

"'Por otra parte, debido a la proliferaci�n de los �rganos del Estado y a la complejidad cada vez mayor de dichos �rganos y de sus auxiliares, se presentan muchas situaciones, que podr�amos denominar de �penumbra�, en las que es bien dif�cil determinar cu�ndo se trata de una verdadera autoridad y en consecuencia, sus actos pueden ser impugnados por el juicio de amparo, o bien se est� en presencia de una entidad que carece de las calidades necesarias para ser considerada como tal y, por tal raz�n, el juicio constitucional es improcedente para combatir la constitucionalidad de sus actos.

"'Corresponde en esta cuesti�n, como en otras muchas de nuestro derecho constitucional, la honra al ilustre presidente de la Corte, don I.L.V., de haber se�alado la ruta y el camino para definir el concepto de autoridad para los efectos del amparo.

"'Para mayor claridad, intentar� un compendio de la tesis de Vallarta:

"'1. El amparo jam�s juzga de la legitimidad de las autoridades, sino de su competencia.

"'2. El amparo tiene como finalidad garantizar al individuo el goce de sus libertades individuales, protegerlo contra las arbitrariedades de las autoridades, aun las de facto.

"'3. En principio, en un r�gimen de derecho, no pueden existir autoridades que no deriven su competencia de la ley; pero, es indudable que las entidades que tienen prima facie -de hecho- las caracter�sticas de tales y act�an en consecuencia, deben ser consideradas como autoridades y, por tanto, sus actos, cuando afectan los derechos de los particulares, pueden ser enjuiciados a trav�s del juicio de amparo, siempre que impliquen violaci�n a las garant�as individuales.'

"Importa destacar de la transcripci�n anterior que de la naturaleza, antecedentes y evoluci�n del juicio de amparo no se juzgan actos de particulares. Por lo que un primer par�metro para fijar el concepto de autoridad responsable se desprende de distinguir entre actos de particulares y los que no lo son, siendo que en contra de estos �ltimos el juicio de amparo ser� procedente.

"La definici�n del concepto de autoridad responsable ha quedado ahora a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su car�cter de m�ximo interprete de la Constituci�n General de la Rep�blica.

"Al respecto tradicionalmente se ha sostenido el criterio en el sentido de que el concepto de autoridad s�lo comprende a quienes disponen de la fuerza p�blica, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, est�n en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos p�blicos, por el hecho de ser p�blica la fuerza de que disponen. En efecto, la tesis relativa aparece publicada con el n�mero 300, en la p�gina 519 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, Segunda Parte, correspondiente a los a�os 1917-1988, y su expresi�n literal es la siguiente:

"'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El t�rmino �autoridades� para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza p�blica en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, est�n en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos p�blicos, por el hecho de ser p�blica la fuerza de que disponen. ...'

"Sin duda el criterio supraindicado se basa a su vez en el concepto de 'imperio' entendido como la potestad o parte de la fuerza p�blica necesaria para asegurar la ejecuci�n de las decisiones y mandatos de la justicia.

"Ciertamente, puede apreciarse en los precedentes relativos a dicha tesis de jurisprudencia, la alusi�n a esta potestad como elemento esencial del concepto 'autoridad', seg�n las ideas que sobre el particular expres� I.L.V..

"As�, el primer precedente, relativo al amparo en revisi�n promovido por M.F.T., publicado en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo IV, p�gina 1067, en lo conducente se�ala que:

"'... al decir la Constituci�n General de la Rep�blica, que el amparo procede por leyes o actos de autoridades que violen las garant�as individuales, no significa, en manera alguna, que por autoridades deba entenderse, para los efectos del amparo, �nica y exclusivamente aquellas que est�n establecidas con arreglo a las leyes, y que, en el caso especial de que se trata, hayan obrado dentro de la esfera legal de sus atribuciones, al ejecutar los actos que se reputan violatorios de garant�as individuales. Lejos de eso, ense�an el se�or Vallarta y otros tratadistas mexicanos de derecho constitucional, que el t�rmino �autoridades� para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza p�blica, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, est�n en posibilidad material de obrar, no como simples particulares, sino como individuos que ejercen actos p�blicos, por el hecho mismo de ser p�blica la fuerza de que disponen; y agregan esos tratadistas que bajo ese concepto, debe entenderse que el amparo procede, no solamente contra autoridades leg�timamente constituidas, sino tambi�n contra meras autoridades de facto, por m�s que se les suponga usurpadoras de atribuciones que legalmente no les correspondan.'

"De esta manera, los tribunales del Poder Judicial de la Federaci�n han venido sosteniendo que la autoridad para efectos del juicio de amparo debe ser un �rgano del Estado, sea persona o funcionario, o bien, entidad o cuerpo colegiado, que por circunstancias de derecho o de hecho dispongan de la fuerza p�blica y est�n en posibilidad, por ello, de ejercer actos p�blicos, esto es, en ejercicio del poder de imperio. Para ilustrar lo precedentemente se�alado cabe invocar las tesis siguientes:

"'AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN EL CAR�CTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. Jur�dicamente es incorrecto tener en un juicio de amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando, en realidad, esas autoridades internas de la comunidad no tienen el car�cter de autoridades para los efectos del juicio de amparo, porque si bien es cierto que en las fracciones I y II del art�culo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria se incluye a las asambleas generales y a los comisariados entre las autoridades de los n�cleos de poblaci�n ejidales o comunales que poseen tierras, tambi�n lo es que de las atribuciones que los art�culos 47 y 48 de la misma ley se�alan a dichas autoridades internas se desprende que no tienen el car�cter de autoridades que puedan disponer de la fuerza p�blica, sino que son �rganos de direcci�n de los ejidos o comunidades correspondientes.' (publicada en la p�gina 59 de los Precedentes que no han integrado jurisprudencia, de la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n 1969-1985, Semanario Judicial de la Federaci�n).

"'AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL DIRECTOR DE LA COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Del art�culo 14 de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, que establece las obligaciones y facultades del director de la Comisi�n Federal de Electricidad, se advierte que los actos del citado director carecen de la imperatividad y coercitividad que caracterizan a todo acto de autoridad, pues s�lo le otorga facultades propias de un administrador de empresa para el buen desempe�o de sus funciones, pero ninguna de esas facultades le permiten, a dicho funcionario, incurrir con car�cter imperativo y coercitivo en la esfera jur�dica de los particulares. Por tanto, sus actos tienen el car�cter de actos de particulares y, en consecuencia, no puede ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo, que s�lo procede contra actos de autoridad que violen garant�as individuales conforme los art�culos 103 y 107 constitucionales y 1o., fracci�n I, de la Ley de Amparo.' (tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la p�gina 835 del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo XII, diciembre de 1993).

"No obstante la definici�n que de autoridad responsable vino sosteniendo este Tribunal Constitucional, diversos tratadistas establecieron diversos conceptos sobre el tema en estudio que revelaron la necesidad de ajustarlo a las nuevas realidades del actuar del Estado mexicano. De esta forma el tratadista I.B. (El Juicio de Amparo, vig�sima quinta edici�n, M�xico, Editorial Porr�a, 1988, p�gina 191), sobre el particular sostiene:

"'De conformidad con lo anterior, y refiriendo el concepto de autoridad a nuestro juicio de amparo (no tocando por ahora la calificaci�n de �responsable�, por ser ello tema de otro cap�tulo posterior), debe decirse que el sentido en que est� empleado en la fracci�n del art�culo 103 constitucional y primera del art�culo 1o. de la Ley de Amparo, es el siguiente: por �autoridades� se entiende a aquellos �rganos estatales de facto o de jure, con facultades de decisi�n o ejecuci�n, cuyo ejercicio engendra la creaci�n, modificaci�n o extinci�n de situaciones generales o particulares, de hecho o jur�dicas, o bien produce una alteraci�n o afectaci�n de ellas, de manera imperativa, unilateral y coercitiva.'

"El propio autor A.N. en la obra anteriormente referida (p�gina 346), se ocupa del tema en estudio en los siguientes t�rminos:

"'De acuerdo con las doctrinas del derecho p�blico, por autoridad debemos entender aquellos �rganos que est�n, en atenci�n a lo dispuesto por la ley, investidos de facultades de decisi�n y de ejecuci�n. Con el fin de hacer m�s clara la exposici�n de esta doctrina, quiero consignar la opini�n al respecto del maestro G.F., quien dice: �La divisi�n de competencia entre los �rganos de la administraci�n da lugar a la clasificaci�n de ellos en raz�n de la naturaleza de las facultades que les son atribuidas. Desde este punto de vista, los �rganos de la administraci�n pueden separarse en dos categor�as, unos que tienen car�cter de autoridades y otros que tienen el car�cter de auxiliares. Cuando la competencia otorgada a un �rgano implica la facultad de realizar actos de naturaleza jur�dica que afecten la esfera de los particulares y la de imponer a �stos sus determinaciones, es decir, cuando el referido �rgano est� investido de facultades de decisi�n y de ejecuci�n, se est� frente a un �rgano de autoridad ... . En consecuencia, se debe aceptar, que a diferencia de los �rganos que tienen el verdadero car�cter de autoridades, existen otros, que se pueden llamar auxiliares, que carecen de las facultades de decisi�n y al mismo tiempo, de ejecuci�n, toda vez que su actividad se reduce a coadyuvar con las autoridades en la ejecuci�n de las decisiones por �stas dictadas.

"'Podemos pues, afirmar que tienen el car�cter de autoridades, aquellas entidades que est�n investidas de las facultades de decisi�n o de ejecuci�n y que, en consecuencia, est�n dotadas de la competencia necesaria para realizar actos de naturaleza jur�dica que afectan la esfera de los particulares y la de imponer a �stos sus determinaciones.

"'En consecuencia, podemos intentar definir el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, conjugando los dos elementos cuyo an�lisis he llevado al cabo, en los siguientes t�rminos:

"'Por autoridad, para los efectos del amparo, debe entenderse toda entidad que virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, est�n en posibilidad de realizar actos que afecten a los particulares en su persona o patrimonio y de imponer dichos actos en forma imperativa.'

"De lo anteriormente reproducido se desprende que doctrinariamente se vino formulando un nuevo concepto de autoridad responsable para efectos del amparo que part�a de se�alar que se trata de un �rgano del Estado, sin destacar la cuesti�n relativa al uso de la fuerza p�blica como distintiva de la misma e insist�a como caracter�sticas de su actuar la unilateralidad, las facultades de decisi�n y ejecuci�n y, sobre todo, el hecho de que incidan en la esfera jur�dica del gobernado.

"Asimismo debe destacarse que en la tesis en la que se se�al� el imperio de la fuerza p�blica como elemento para determinar si se estaba en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo se hizo con el prop�sito de incluir a quienes sin tener sustento en la ley para usar de la fuerza p�blica pod�an realizar actos que afectaran al gobernado en sus garant�as. En otras palabras, lo que se sostuvo no fue que para ser autoridad para los afectos del amparo resultaba esencial contar con la fuerza p�blica o con el imperio, sino que quien contara, incluso por v�as de hecho, con esa fuerza p�blica o imperio, deb�a considerarse como autoridad. En buena l�gica podr�a concluirse que en esa tradicional tesis de este Alto Tribunal no se rechaz� que una autoridad por disposici�n legal que no contara con fuerza p�blica, tuviera ese car�cter para efectos del amparo, puesto que pod�a afectar al gobernado en sus garant�as. Sin embargo, debe reconocerse que en forma casi autom�tica se interpret� la tesis en el sentido de que el contar con la fuerza p�blica o el imperio era el dato esencial para estimar si se estaba en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Esto fue lo que dio lugar a una corriente doctrinal encaminada a dar mayor extensi�n al concepto de autoridad.

"En efecto, reiteradamente la doctrina nacional se vino pronunciando sobre la urgente necesidad de ampliar al concepto de autoridad responsable para efectos del amparo. De esta forma, el tratadista H�ctor F.Z. (en su obra Protecci�n Jur�dica de los Derechos Humanos. Estudios Comparativos, M�xico, Comisi�n Nacional de Derechos Humanos, 1991, p�gina 74), tras de exponer la urgente necesidad de revisar los conceptos e instrumentos tradicionales de defensa de los derechos humanos en M�xico, recuerda que en el Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Constitucional que se celebr� en la Ciudad de M�xico los d�as veinticinco a treinta de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco se aprob� la recomendaci�n de revisar el concepto de autoridad responsable y, concretamente, hacer procedente el juicio contra actos de entidades paraestatales.

"Los criterios jurisprudenciales anteriormente expuestos, en la interpretaci�n que se hizo de ellos, fueron abandonados por el Tribunal Pleno al resolver el amparo en revisi�n 1195/92, promovido por �scar T.�a A. el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis por unanimidad de diez votos, en donde se sostuvo en relaci�n con el tema de la presente contradicci�n de tesis lo siguiente:

"'Sin embargo, la jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal no tiene, necesariamente, que permanecer inalterable, sino que puede reexaminarse y modificarse o interrumpirse de acuerdo a las exigencias de la realidad en la que se pretenda fijar la norma.

"'Y es que el derecho es esencialmente din�mico ya que al ser un producto social, es decir, al surgir por efecto de la vida del hombre en colectividad, siendo la sociedad por naturaleza evolutiva en el tiempo y espacio, en consecuencia debe irse adaptando a esos cambios, a fin de lograr su facticidad, esto es, la debida relaci�n entre la norma jur�dica y la realidad que regula y en la que se aplica.

"'De esta forma, la Suprema Corte de Justicia, m�ximo int�rprete de la Constituci�n Federal, puede, sin duda alguna, modificar sus criterios de interpretaci�n, cuando la realidad en que se aplican sufre cambios; ahora bien, sobre el particular se estima que la fijaci�n que se ha dado al concepto de autoridad por este tribunal, debe ajustarse al momento que actualmente se vive, en el que la organizaci�n y las funciones del Estado han resentido cambios sustanciales.

"'Efectivamente, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el decurso del tiempo.

"'De un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho, en el que el crecimiento de la colectividad y concomitantemente de los problemas y necesidades de �sta, suscitaron una creciente intervenci�n del ente p�blico en diversas actividades tanto de prestaci�n de servicios como de producci�n y comercializaci�n de productos. En este sentido, advertimos en la d�cada de los ochenta profundos cambios constitucionales que dieron paso a la llamada rector�a del Estado en materia econ�mica.

"'Consecuentemente, la estructura estatal se modific� y creci�, espec�ficamente en el �mbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se gest� la llamada administraci�n paraestatal, formada por los organismos descentralizados y las empresas de participaci�n estatal, que indudablemente escapan al concepto de autoridad establecido en la jurisprudencia de que se trata.

"'De esta guisa, la aplicaci�n generalizada del criterio, en la actualidad conduce a la indefensi�n de los gobernados, considerados ya individual o colectivamente, pues estos entes en su actuaci�n, con independencia de la disposici�n directa que puedan tener o no de la fuerza p�blica, pueden, con fundamento en una norma legal, emitir actos unilaterales a trav�s de los cuales crean, modifican o extinguen por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afectan su esfera legal.

"'Es decir, dichos entes pueden dictar actos que afectan la esfera jur�dica de los particulares, por s� y ante s� de manera unilateral, esto es, sin la necesidad de acudir a los �rganos judiciales y del consenso de la voluntad del afectado, que implican el ejercicio de facultades decisorias que les est�n atribuidas en la ley, y que por ende constituyen un Poder Ejecutivo, una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y no se agota, y que por tanto, s� se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad.

"'En este sentido, es imprescindible aclarar que la tesis que nos ocupa no puede ser aplicada actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie. El criterio que debe servir de base para definir los casos en que se est� en presencia de un acto de autoridad, debe referirse no tanto a la disposici�n directa de la fuerza p�blica y la naturaleza jur�dica de quien lo emite, sino a la naturaleza del acto mismo.

"'En esta l�nea de interpretaci�n, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del amparo, debe ante todo atender a la norma legal para examinar si lo faculta o no, para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten, unilateralmente, laesferajur�dica del interesado, y que pueden exigirse ya sea directamente mediante el uso de la fuerza p�blica, o bien a trav�s de otras autoridades que dispongan de ella.

"'Estas ideas, incluso han sido recogidas en diversas ejecutorias de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. A manera de ejemplo cabe citar las siguientes:

"'En el amparo en revisi�n n�mero 3996/34, promovido por J.C.O., contra actos de la secretar�a particular de la presidencia de la Rep�blica, la Segunda S., despu�s de aludir a la ejecutoria pronunciada en el amparo promovido por M.F.T., que constituye el primer precedente de la jurisprudencia cl�sica relativa al concepto de autoridad para efectos del juicio constitucional, que ha sido rese�ada con antelaci�n, expres� lo siguiente:

"'�A juicio de la S., deben precisarse a�n m�s conceptos, encontr�ndose que el criterio que debe servir de norma para definir en qu� casos se est� en presencia de un acto de autoridad, debe referirse a la naturaleza misma de esos actos, los que pueden ser, seg�n la doctrina antes expresada, una resoluci�n que afecte a los particulares o actos de ejecuci�n con esa misma caracter�stica, provenientes, uno de otros, de �rganos del Estado, dentro fuera (sic) de las �rbitas de sus atribuciones legales. Partiendo de este punto de vista, debe concluirse que, independientemente de que, en t�rminos generales, la secretar�a particular del ciudadano presidente de la Rep�blica tenga o no el car�cter de una autoridad, en los t�rminos de las leyes que regulen esa dependencia oficial, en el presente caso el acto que se reclama s� constituye una decisi�n y la amenaza de la ejecuci�n correspondiente, puesto que seg�n se desprende de los documentos de autos, la oficina mencionada gir� un oficio fechado el dos de junio de mil novecientos treinta y cuatro, en el que se le dice que, en virtud de estar plenamente acreditada la violaci�n de la cl�usula quinta del contrato de arrendamiento relativo, se declara administrativamente la caducidad del mismo, y en comunicaci�n posterior, de veinticinco de junio del propio a�o, se dice que por no haber comprobado que se cumpli� con las estipulaciones del mismo contrato, se da �ste por rescindido y se le concede un plazo de cuarenta d�as para que proceda a la desocupaci�n del local; y en el escrito de alegatos, presentado por la quejosa ante la S., se asienta que el comandante de resguardo del Bosque de Chapultepec, encargado de ejecutar el lanzamiento dictado en su contra, se present� sin llevar orden ni mandamiento escrito de autoridad competente y orden� se rompieran los sellos que se encontraban ubicados en las puertas del kiosco arrendado y que veinte subalternos a sus �rdenes sacaran todas las mercanc�as y objetos que se encontraban en dicho lugar. De los t�rminos de la primera de las comunicaciones mencionadas, se desprende sin duda alguna, que los actos que reclama s� tienen el car�cter de actos de autoridad para los efectos del amparo, ya que la declaraci�n administrativa de la caducidad de un contrato, es un acto t�pico de autoridad, y tambi�n lo es el requerimiento que se hace sobre la entrega del local dado en arrendamiento. As� pues, debe estimarse que esos actos s� dan lugar a un juicio de amparo y en tal virtud, revoc�ndose el sobreseimiento, debe examinarse el fondo de la cuesti�n constitucional planteada.� (Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo XLV, p�ginas 5037 y 5038).

"'En este caso, se aprecia que la Segunda S., al aclarar los conceptos vertidos en el precedente indicado, alude no tanto al empleo de la fuerza p�blica como al elemento definitorio de la autoridad para los efectos del juicio de garant�as, sino a la naturaleza del acto reclamado, en tanto �ste afecte la situaci�n jur�dica de un particular.

"'En la contradicci�n de tesis 29/94, entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado y los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero, Quinto y S�ptimo, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, la Segunda S., en su actual integraci�n consider�:

"'�SEXTO. A fin de dilucidar la contradicci�n de tesis planteada es menester, primero, determinar qu� es un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.

"'�El art�culo 103, fracci�n I, de la Constituci�n General, dispone:

"'�?Art�culo 103. Los Tribunales de la Federaci�n resolver�n toda controversia que se suscite:

"'�?I. Por leyes o actos de autoridad que violen las garant�as individuales.?

"'�Id�ntico texto presenta la fracci�n I del art�culo 1o. de la Ley de Amparo.

"'�El Diccionario Jur�dico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, se�ala en lo conducente: ?Autoridad ... III. Los juristas entienden por 'autoridad': la posesi�n de quien se encuentra investido de facultades o funciones o la persona o cosa que goza (o se le atribuye) 'fuerza, ascendencia u obligatoriedad'. Por extensi�n la expresi�n se aplica para designar a los individuos u �rganos que participan del poder p�blico, nombrando as� a los detentadores (leg�timos) del poder.

"'�?De lo anterior se desprende que el significado persistente de auctoritas expresa, primeramente, 'ascendencia, fuerza, v�nculo'; en segundo lugar, manifiesta capacidad, atributo, potestad, funci�n; por �ltimo, se refiere a los individuos o entidades investidos de estas facultades o funciones. Estos tres significados descriptivos (estrechamente relacionados entre s�) reciben la carga ritual, m�gica o ideol�gica que rodea los usos de 'autoridad'.

"'�?El significado jur�dico relevante de la noci�n de autoridad presupone la idea de una investidura (i.e. potestad, funci�n). La noci�n de autoridad jur�dica gira, as�, alrededor del concepto de facultad la cual indica el poder o capacidad de un individuo (o grupo) para modificar la situaci�n jur�dica existente ...?

"'�La L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Federal, establece en sus art�culos 1o., 2o., 3o. y 45:

"'�?Art�culo 1o. La presente ley establece las bases de organizaci�n de la administraci�n p�blica federal, centralizada y paraestatal.

"'�?La presidencia de la Rep�blica, las secretar�as de Estado y los departamentos administrativos, integran la administraci�n p�blica centralizada.

"'�?Los organismos descentralizados, las empresas de participaci�n estatal, las instituciones nacionales de cr�dito, las organizaciones auxiliares nacionales de cr�dito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administraci�n p�blica paraestatal.?

"'�?Art�culo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Uni�n, habr� las siguientes dependencias de la administraci�n p�blica centralizada:

"'�?I.S.�as de Estado, y

"'�?II. Departamentos Administrativos.?

"'�?Art�culo 3o. El Poder Ejecutivo de la Uni�n se auxiliar�, en los t�rminos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administraci�n p�blica paraestatal:

"'�?I. Organismos descentralizados. ...?

"'�?Art�culo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Uni�n o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.?

"'�Ahora bien, de acuerdo con la doctrina existen los siguientes tipos de relaciones jur�dicas que derivan de la actuaci�n del Estado y sus �rganos:

"'�Las relaciones de coordinaci�n son los v�nculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o m�s personas f�sicas o morales, en su calidad de gobernados.

"'�Las relaciones de supra a subordinaci�n son las que surgen entre los �rganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempe�a frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como caracter�sticas la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende s�lo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza p�blica.

"'�En otros t�rminos, el calificativo del acto de autoridad involucra a un �rgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situaci�n de hecho o de derecho por medio de una decisi�n, con la ejecuci�n de esa decisi�n, o bien por ambas.

"'�Al respecto G.F. expresa: ?Cuando las facultades otorgadas a un �rgano implican el poder de decisi�n y ejecuci�n, es decir, la autorizaci�n para realizar actos de naturaleza jur�dica que afecten la esfera de los particulares y la de imponer a �stos sus determinaciones, se tiene el concepto de autoridad ... Los �rganos de la administraci�n que tienen el car�cter de autoridades, pueden concentrar en sus facultades las de decisi�n y las de ejecuci�n; y en este caso, se les conoce con el nombre de �rganos ejecutivos, pero tambi�n puede suceder que s�lo tengan facultades de decisi�n y que la ejecuci�n en sus indeterminaciones se lleve a cabo por otro �rgano diferente.?.

"'�Adem�s, para que el acto de un �rgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra o subordinaci�n; o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio.

"'�En lo que respecta al caso espec�fico de la Comisi�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, la misma es un organismo p�blico descentralizado de car�cter t�cnico y social, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, que tiene por objeto regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares, en bienes ejidales o comunales; suscribir las escrituras p�blicas o t�tulos con los que reconozca la propiedad de los particulares en virtud de la regularizaci�n efectuada; celebrar los convenios que sean necesarios para su objeto; garantizar y/o entregar a la instituci�n que corresponda, las indemnizaciones a que tengan derecho los n�cleos de poblaci�n ejidal o comunal con motivo de las expropiaciones. Adem�s, corresponde espec�ficamente al director general promover ante la Secretar�a de la Reforma Agraria la expropiaci�n de los terrenos ejidales o comunales que requieran regularizaci�n.

"'�La L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Federal, establece que la administraci�n p�blica centralizada est� formada por las secretar�as de Estado y por los departamentos administrativos y que la administraci�n p�blica paraestatal se integra, entre otros, con los organismos descentralizados.

"'�De acuerdo con lo anterior, tenemos que la comisi�n de que se trata es parte integrante de la administraci�n p�blica paraestatal, dado que fue creada por decreto del Ejecutivo Federal como un organismo descentralizado; as�, aunque no forma parte del Poder Ejecutivo, s� constituye un �rgano auxiliar del mismo.

"'�A.�s S.R. define a la descentralizaci�n administrativa en los siguientes t�rminos: ?La descentralizaci�n administrativa es la t�cnica de la organizaci�n jur�dica de un ente p�blico, que integra una personalidad a la que se le asigna una limitada competencia territorial o aquella que parcialmente administra asuntos espec�ficos, con determinada autonom�a o independencia, y sin dejar de formar parte del Estado, el cual no prescinde de su poder pol�tico regulador y de la tutela administrativa? ... Cabe agregar que esta S. toma en consideraci�n que no todos los actos de la indicada comisi�n son, necesariamente, actos de autoridad para efectos del amparo, sino s�lo aquellos en que afecta la esfera jur�dica de los particulares mediante el ejercicio del poder, sea que lo haga dentro de las atribuciones jur�dicas que las disposiciones le otorgan, o fuera de ellas.�.

"'Lo hasta aqu� expuesto conlleva a este Tribunal Pleno a interrumpir el criterio que aparece publicado con el rubro de: �AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.�, que se sustenta sobre la base de considerar como autoridad s�lo a aquella persona que dispone de fuerza p�blica en virtud de circunstancias legales o de hecho, pues como se ha se�alado, dicho criterio debe ajustarse al momento que actualmente se vive, en el que la organizaci�n y las funciones del Estado han resentido cambios sustanciales que permiten conceptuar a la autoridad con independencia de que pueda o no hacer uso directo de la fuerza p�blica.

"'En el caso concreto, de manera tradicional se ha sostenido como un argumento definitivo que niega el car�cter de autoridad para los efectos del juicio de garant�as a las universidades, su naturaleza administrativa de organismos descentralizados aut�nomos, cuya esencia los excluye de la organizaci�n estatal, de tal suerte que no pueden ser considerados como �rganos de �ste ni de sus actos de autoridad.

"'Empero, este criterio resulta ahora inadmisible por las siguientes razones:

"'El art�culo 49 de la Constituci�n General de la Rep�blica, en su primer p�rrafo, dispone que: �El Supremo Poder de la Federaci�n se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.�. Esta disposici�n se encuentra recogida en las Constituciones de los Estados.

"'Ciertamente, con el objeto de dar coherencia y lograr el cumplimiento de la funci�n administrativa encomendada al Poder Ejecutivo, la administraci�n p�blica se organiza esencialmente en dos formas: la centralizaci�n y la descentralizaci�n.

"'La administraci�n p�blica centralizada se presenta como una estructura de �rganos en niveles diversos, dependientes unos de otros en una relaci�n de jerarqu�a presidida por su jefe m�ximo, en el nivel federal encarnado en el presidente de la Rep�blica, y en el local, en los gobernadores de los Estados.

"'La administraci�n p�blica descentralizada se expresa en una estructura de organismos desvinculados en diverso grado de la administraci�n central, a los que se encomienda el desempe�o de algunas tareas administrativas por motivos de servicio, colaboraci�n o por regi�n. En esta faceta del Estado advertimos tambi�n a las empresas de participaci�n estatal de las que se vale para realizar directamente actividades de intervenci�n en la econom�a del pa�s; ambas clases de entes conforman la llamada administraci�n paraestatal.

"'En este orden de ideas, los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, en tanto que son componentes de la administraci�n p�blica, y su objeto general es auxiliarlo en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de asuntos del orden administrativo.

"'Sus objetos espec�ficos son diversos. As�, en el nivel federal, advertimos que el art�culo 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece que:

"'�Son organismos descentralizados las personas jur�dicas creadas conforme a lo dispuesto por la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Federal y cuyo objeto sea: I. La realizaci�n de actividades correspondientes a las �reas estrat�gicas o prioritarias; II. La prestaci�n de un servicio p�blico o social; o, III. La obtenci�n o aplicaci�n de recursos para fines de asistencia o seguridad social.�

"'En estas condiciones, estos entes se configuran como entidades creadas por ley o decreto del titular del Poder Ejecutivo, con personalidad jur�dica y patrimonio propios. En el orden federal, la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Federal, en su art�culo 45, determina que: �Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Uni�n o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.�.

"'Este otorgamiento de personalidad y patrimonio propios a los organismos que nos ocupan, tal y como lo acepta en forma general la doctrina, obedece a la necesidad de darles ya sea una simple autonom�a t�cnica o bien una autonom�a verdaderamente org�nica, o ambas, con el fin de que cumplan los cometidos a su cargo.

"'La autonom�a t�cnica implica el no sometimiento de los organismos a las reglas de gesti�n administrativa y financiera aplicables por lo general a todos los servicios centralizados del Estado.

"'La autonom�a org�nica se traduce en la especial organizaci�n interna del organismo que le permite incluso en el caso extremo el autogobierno.

"'Bajo esta �ptica, se trata pues de una autoadministraci�n en el marco de las leyes, restringida a la ejecuci�n de los fines espec�ficos encomendados a dichos organismos.

"'Esto es, los organismos descentralizados reflejan una forma de organizaci�n administrativa del Estado, no ajena a �ste, que presenta una autonom�a para efectos de gesti�n y para lograr un desarrollo eficaz y eficiente de las funciones que tienen encomendadas, por lo que no es admisible la afirmaci�n en el sentido de que no son parte del Estado.

"'Lo que en realidad se produce es, en los t�rminos expuestos por la doctrina, una afectaci�n por parte del Estado, de una parte de sus bienes, que siguen siendo de su propiedad, a las necesidades propias del servicio prestado, limitando as� la responsabilidad del propio Estado a la persona que constituye el patrimonio especialmente afectado, y si bien tales organismos obran en nombre propio, ello implica que act�an en nombre y por cuenta de un patrimonio especial del Estado en oposici�n al concepto de su patrimonio general, y que el ente p�blico por su voluntad ha dotado de autonom�a ...

"'Por ello, se sostiene que no puede, bajo los argumentos examinados, admitirse la negaci�n absoluta y general del car�cter de autoridad de esta instituci�n y, por el contrario, se afirma que debe atenderse al caso concreto y analizarse si dichos entes, con fundamento en una ley de origen p�blico, ejercen un poder jur�dico de tal suerte que afecten por s� y ante s� y de manera unilateral la esfera jur�dica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso directo de la fuerza p�blica ...'

"Las consideraciones vertidas anteriormente dieron origen a la tesis del Tribunal Pleno P.X., publicada en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, p�gina 118, que dice: 'AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS P�BLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JUR�DICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el n�mero 300 aparece publicado en la p�gina 519 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: �AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El t�rmino ?autoridades? para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza p�blica en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, est�n en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos p�blicos, por el hecho de ser p�blica la fuerza de que disponen.�, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, m�ximo int�rprete de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajust�ndolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervenci�n de los entes p�blicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambiosconstitucionalesque dan paso a la llamada rector�a del Estado en materia econ�mica, que a su vez modific� la estructura estadual, y gest� la llamada administraci�n paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participaci�n estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicaci�n generalizada de �ste en la actualidad conduce a la indefensi�n de los gobernados, pues estos organismos en su actuaci�n, con independencia de la disposici�n directa que llegaren a tener o no de la fuerza p�blica, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a trav�s de los cuales crean, modifican o extinguen por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los �rganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les est�n atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jur�dica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza p�blica o bien a trav�s de otras autoridades.'.

"De lo reproducido precedentemente se desprende que la actual integraci�n de esta Suprema Corte estima que se trata de una autoridad para efectos del amparo la que emite actos unilaterales a trav�s de los cuales crea, modifica o extingue por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los �rganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le est�n atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza p�blica como distintivo del concepto que se analiza.

"Aunado a lo anteriormente expuesto, esta S. estima que el concepto de autoridad responsable est� dado, en primer lugar, por exclusi�n de los actos de particulares, tal como se expuso al principio del presente considerando. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evoluci�n del juicio de amparo apuntan a sostener que �ste es improcedente contra actos de particulares, de lo que se sigue, haciendo una interpretaci�n en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio ser� procedente. Lo expuesto anteriormente revela que debe atenderse a la clasificaci�n que la teor�a general del derecho hace de las relaciones jur�dicas de coordinaci�n, supra a subordinaci�n y supraordinaci�n. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislaci�n los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los Tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jur�dicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinaci�n. Las relaciones de supra a subordinaci�n son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho p�blico que tambi�n establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuaci�n de los �rganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constituci�n establece una serie de garant�as individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el �rgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinaci�n son las que se establecen entre los �rganos del propio Estado.

"Para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relaci�n jur�dica que se somete a la decisi�n de los �rganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinaci�n, debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el car�cter de gobernado, para lo cual resulta en la pr�ctica m�s sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relaci�n de coordinaci�n, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusi�n de que se trata de una relaci�n de supra a subordinaci�n, existiendo entonces una autoridad responsable.

"Debe destacarse que en parte la argumentaci�n expuesta precedentemente fue recogida en la tesis que a continuaci�n se reproduce:

"'AUTORIDADES. QUI�NES LO SON, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Conforme a la tesis de jurisprudencia visible con el n�mero 54 en la p�gina 115 de la Sexta Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n publicado en 1965, autoridades son, para los efectos del amparo, todas aquellas personas que de hecho o de derecho �disponen de la fuerza p�blica�. Esa tesis, formada con ejecutorias que van del Tomo IV al Tomo LXX de la Quinta �poca del Semanario citado, necesita ser afinada en la �poca actual, en que las funciones del Poder Ejecutivo se han desplazado con complejidad creciente a organismos descentralizados y paraestatales. Y se tiene que llegar a la conclusi�n de que si los particulares no pueden por su voluntad unilateral, ni por estipulaci�n respecto de tercero (art�culos 1860, 1861, 1868 y relativos del C�digo Civil aplicable en materia federal), imponer a otros cargas que sean exigibles mediante el uso de la fuerza p�blica, ni directamente ni indirectamente (acudiendo para ello a los tribunales, por ejemplo), uno de los elementos que viene a caracterizar a las autoridades, para los efectos del amparo (art�culo 103, fracci�n I, de la Constituci�n Federal), es el hecho de que con fundamento en alguna disposici�n legal puedan tomar determinaciones o dictar resoluciones que vengan, en alguna forma cualquiera, a establecer cargas en perjuicio de terceros, que puedan ser exigibles mediante el uso directo o indirecto de la fuerza p�blica (seg�n que dispongan ellas mismas de esa fuerza, o que haya posibilidad de un camino legal para acudir a otras autoridades que dispongan de ella). Y cuando esas cargas sean en alguna manera exigibles mediante el uso de la facultad econ�mico-coactiva, como impuestos, derechos o aprovechamientos (art�culo 1o. fracci�n I, del C�digo F. de la Federaci�n), se estar� frente a autoridades facultadas para dictar resoluciones de car�cter fiscal.' (S�ptima �poca, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federaci�n, tomo 145-150, Sexta Parte, p�gina 366).

"Del criterio que informa la tesis precedentemente reproducida se desprende, que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito integr� un concepto de autoridad responsable para efectos del amparo tomando en consideraci�n lo expuesto con anterioridad en torno a la distinci�n de este concepto por exclusi�n de los actos de particulares.

"Asimismo, lo considerado hasta aqu� tambi�n en alguna medida fue aplicado por la anterior integraci�n de este Alto Tribunal; sobre el particular cabe invocar las tesis siguientes:

"'SECRETARIO DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA P�BLICA, NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO CONTRA LAUDOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Debe sobreseerse el amparo en que se se�ala como autoridad responsable al secretario de Salubridad y Asistencia P�blica, atribuy�ndole como acto reclamado, el tratar de cumplir el laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje en el conflicto laboral seguido por dicho secretario de Salubridad en contra del quejoso; pues si bien es verdad que el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Uni�n, por el contenido de su art�culo 1o., de ninguna manera priva a los respectivos titulares de su car�cter de autoridad, antes bien, por tener este car�cter resultan vinculados por las disposiciones del propio estatuto, tambi�n es verdad que el art�culo 2o., del mismo ordenamiento, reconoce la existencia de una relaci�n jur�dica de trabajo entre autoridades y funcionarios, por un lado, y por otro, los trabajadores al servicio de una y otros, ligados entre s�, por un complejo de obligaciones y derechos rec�procos. Ahora bien, la violaci�n de las primeras y la infracci�n de los �ltimos, como producidos inter partes, dentro de aquella relaci�n jur�dico-laboral, no dan origen a controversias de que deban conocer los tribunales de la Federaci�n, al tenor del art�culo 103 constitucional, sino que surten la competencia del Tribunal de Arbitraje, seg�n el art�culo 99-I y el �nico procedimiento id�neo para resolverlo, es el previsto en el art�culo 100, ambos del estatuto que se menciona.' (Quinta �poca, Cuarta S., Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo C, p�gina 61).

"'AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO, NO TIENE ESTE CAR�CTER LA DEPENDENCIA OFICIAL QUE HA SIDO DEMANDADA ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Si la Secretaria de Salubridad y Asistencia tuvo el car�cter de parte demandada en el juicio seguido por el quejoso ante el Tribunal de Arbitraje, es claro que en el amparo no se le puede considerar como autoridad, y por lo mismo debe sobreseerse en el juicio de garant�as, en atenci�n a que de acuerdo con los art�culos 103, fracci�n I, de la Constituci�n Federal y 1o., fracci�n I de la Ley de Amparo, el juicio constitucional s�lo procede contra actos de autoridad.' (Quinta �poca, Cuarta S., Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XCVII, p�gina 2632).

"'TRABAJADORES DEL ESTADO, AUTORIDAD RESPONSABLE EN CONFLICTOS DE LOS. Si el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico intervino en calidad de actor en el conflicto individual que suscit� a un trabajador, y lleg� a obtener resoluci�n favorable, es claro que adquiri� el derecho de ejecutarla, pero s�lo como simple parte dentro de ese conflicto, y no como autoridad, por no hab�rsele encomendado esa ejecuci�n, ni tampoco el tribunal sentenciador pudo ordenarle su cumplimiento, por no haber fungido con el car�cter de autoridad, sino lisa y llanamente de particular, al colocarse en igual plano que �ste cuando litiga ante un organismo con jurisdicci�n especial para resolver conflictos de la �ndole del en que surgi� el acto reclamado. Por tanto, si el inferior estim� autoridad responsable a dicho secretario de Hacienda, al darle entrada a la demanda, con respecto a los actos que se le atribuyeron y consider�ndolo igualmente como tercer perjudicado, es indudable que infringi� el art�culo 1o., fracci�n I, de la Ley de Amparo, por lo que debe declararse fundada la queja.' (Quinta �poca, Cuarta S., Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo LXXXVII, p�gina 3080).

"'LAUDOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE, LA AUTORIDAD QUE LOS EJECUTA NO TIENE EL CAR�CTER DE RESPONSABLE, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Como el reclamante se�ala autoridad responsable ejecutora, a la Secretaria de Hacienda y Cr�dito P�blico, y como esta instituci�n fue actora en el conflicto de que dimana el acto reclamado, evidentemente que no tiene caracter�sticas de autoridad responsable, dentro de la contienda constitucional, toda vez que al tratar de ejecutar dicha secretaria, no act�a en funci�n de autoridad, sino cumplimentando la resoluci�n del Tribunal de Arbitraje, en el conflicto sometido por la secretaria al conocimiento del mencionado tribunal, y por tanto, es improcedente el amparo y debe sobreseerse en cuanto se dirige en contra de sus actos.' (Quinta �poca, Cuarta S., Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo LXXXV, p�gina 2463).

"De los criterios anteriormente reproducidos se desprende que al analizar la procedencia de los juicios de amparo se lleg� a la conclusi�n de que la autoridad se�alada como responsable no ten�a ese car�cter, en virtud de que en los supuestos analizados, se se�al� a distintos �rganos del Estado que ten�an el car�cter de patr�n, lo que revela que se trataba de relaciones de coordinaci�n que deb�an ventilarse a trav�s del procedimiento ordinario establecido ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje.

"En adici�n a lo expuesto precedentemente debe considerarse que el art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer el derecho a la jurisdicci�n, contempla la posibilidad del gobernado de plantear ante un �rgano jurisdiccional cualquier controversia. El precepto referido establece:

"'Art�culo 17. Ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"'Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

"'Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones.

"'Nadie puede ser aprisionado por deudas de car�cter puramente civil.'

"Del numeral reproducido se desprende que el Constituyente crea a favor de los gobernados la facultad de acudir a los �rganos jurisdiccionales para plantear cualquier controversia, de lo que se sigue que el legislador debe establecer los procedimientos para que la garant�a individual se�alada se actualice, por lo que todas las relaciones jur�dicas dentro del sistema jur�dico mexicano deben ser susceptibles de ventilarse, en caso de controversia, ante un �rgano jurisdiccional y en el supuesto de falta de reglamentaci�n espec�fica en un caso concreto debe estimarse procedente el juicio de amparo, como lo consider� el Tribunal Pleno en el criterio visible en la tesis P. CLXIV/97 publicada en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., diciembre de 1997, p�gina 56.

"'ACCI�N PENAL. LA GARANT�A QUE TUTELA EL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO P�BLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQU�LLA, NO SE ENCUENTRA SUJETA A QUE SE ESTABLEZCA EN LEY LA V�A JURISDICCIONAL DE IMPUGNACI�N ORDINARIA, POR LO QUE MIENTRAS �STA NO SE EXPIDA, EL JUICIO DE AMPARO ES PROCEDENTE EN FORMA INMEDIATA PARA RECLAMAR TALES RESOLUCIONES. De la reforma al art�culo 21, p�rrafo cuarto, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que entr� en vigor el 1o. de enero de 1995, y de los antecedentes legislativos que le dieron origen, se desprende el reconocimiento en favor del querellante, denunciante, v�ctima del delito o de los familiares de �sta, del derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio P�blico sobre el no ejercicio o desistimiento de la acci�n penal, correspondiente al derecho de exigir al Estado la persecuci�n de los delitos, lo que se traduce en el nacimiento de una garant�a individual, cuyo respeto no puede considerarse postergado o sujeto a la condici�n suspensiva de que el legislador ordinario, en los diferentes fueros, emita las disposiciones legales que reglamenten el instrumento para impugnar por la v�a jurisdiccional ordinaria las determinaciones de m�rito, puesto que ante la vigencia de la disposici�n constitucional relativa, la protecci�n del derecho garantizado es inmediata, ya que, en tal hip�tesis, no se requieren medios materiales o legales diferentes de los existentes para que la autoridad cumpla cabalmente y desde luego, con el mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos, siendo obvio que dentro del sistema constitucional mexicano, el medio para controlar directamente el cumplimiento de esas funciones es el juicio de amparo. Por consiguiente, la ausencia de ordenamientos legales que precisen la v�a jurisdiccional ordinaria para impugnar por la v�a de legalidad las resoluciones del Ministerio P�blico sobre el no ejercicio y desistimiento de la acci�n penal, no impide que tales determinaciones puedan ser reclamadas de modo inmediato y en tanto se expidan las leyes ordinarias, a trav�s del juicio de amparo, dado que al estar regulada la actuaci�n relativa de la representaci�n social por la propia Constituci�n Pol�tica, entre otros de sus preceptos, en los art�culos 14 y 16, bien puede y debe examinarse esa actuaci�n en el juicio de garant�as. Arribar a una postura que sobre el particular vede la procedencia del juicio de amparo, ser�a tanto como desconocer la existencia de la mencionada garant�a individual y el objetivo y principios que rigen al juicio de amparo, que de acuerdo con lo dispuesto en los art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente contra leyes o actos de autoridad que violen garant�as individuales.'

"Por otro lado, el derecho constitucional comparado revela que los mecanismos de protecci�n de los derechos humanos se han extendido para proteger a los gobernados de cualquier acto de �rganos p�blicos e inclusive, en algunos casos, de particulares, de lo que se desprende que ha sido preocupaci�n internacional la de establecer mecanismos efectivos de defensa de los derechos humanos independientemente del car�cter del agente al que se le imputa la violaci�n.

"Para concretar el presente estudio en el tema de la presente contradicci�n resulta conveniente reproducir enseguida la opini�n sobre el concepto que de autoridad responsable da el presidente de esta Suprema Corte y tratadista G.D.G.�ngora P. en su obra I.�n al Estudio del Juicio de Amparo (Quinta Edici�n actualizada, M�xico, Editorial Porr�a, 1995, p�gina 5):

"'Un ejemplo de la aplicaci�n de la f�rmula jurisprudencial que estudiamos, es el que dio el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al dictar la ejecutoria cuyo sumario dice:

"'AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO NO LO ES EL DIRECTOR DE UNA ESCUELA OFICIAL. El director de una escuela oficial ni de hecho, ni legalmente se encuentra en posibilidad de ejercer actos p�blicos, ni de imponerlos por la fuerza p�blica, por lo que no tiene el car�cter de autoridad y el amparo dirigido en su contra es improcedente. Revisi�n administrativa 412/71. E.T.M.�oz, 14 de mayo de 1971, Informe de 1971, p�g. 139.

"'Este criterio, que sigue fielmente la jurisprudencia comentada, es, sin embargo, completamente equivocado. El director de una escuela oficial ejerce una autoridad administrativa propia o delegada, y tiene la representaci�n del poder p�blico dentro de su jurisdicci�n educativa y escolar, en virtud de la cual obra. El ramo de educaci�n p�blica es un servicio p�blico y la escuela oficial un establecimiento de ese servicio p�blico y, por tanto, la persona encargada de dirigirla una autoridad dentro de la esfera de su competencia.

"'Con mayor criterio, distinguiendo entre una resoluci�n que afecte a los particulares y actos de ejecuci�n con esa misma caracter�stica, la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia, en un asunto jur�dicamentesimilar, resolvi� losiguiente:

"'�Si por autoridad debe entenderse toda persona investida por la ley para dictar, seg�n su propio criterio y bajo su responsabilidad, determinaciones de cumplimiento obligatorio y para hacer cumplir esas mismas determinaciones y, en el caso el director y secretario de la Escuela Nacional de Maestros, dictaron e hicieron cumplir la determinaci�n con fundamento en la cual se impidi� al quejoso que se inscribiera en la susodicha escuela, resulta claro que los citados director y secretario de la mencionada escuela, s� tienen el car�cter de autoridades.�

"'�Era necesario un acto p�blico impuesto por la fuerza p�blica, para impedir al quejoso que se inscribiera en la escuela? No. Evidentemente bastaba con la orden de que no se le inscribiera, para estar frente a un acto de autoridad.

"'El criterio que hemos transcrito de la Segunda S., fue dictado al resolver el recurso de revisi�n 466/930, promovido por C.A.R.�guez, que forma parte de los cinco asuntos que integraron la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia a que nos hemos referido.'."

Con base en las anteriores consideraciones, esta Segunda S. aprob� la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n:

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CAR�CTER UN �RGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JUR�DICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JUR�DICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teor�a general del derecho distingue entre relaciones jur�dicas de coordinaci�n, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervenci�n de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinaci�n, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho p�blico, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuaci�n de un tribunal, existiendo como l�mite a su actuaci�n las garant�as individuales consagradas en la Constituci�n y las de supraordinaci�n que se entablan entre �rganos del Estado. Los par�metros se�alados resultan �tiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un �rgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinaci�n, regidas por el derecho p�blico, afectando la esfera jur�dica del gobernado." (Novena �poca, Segunda S., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, tesis 2a. XXXVI/99, p�gina 307).

Posteriormente, en su sesi�n p�blica del veintiocho de septiembre de dos mil uno, esta Segunda S., al resolver por unanimidad de votos la contradicci�n de tesis 76/99, bajo la ponencia del se�or Ministro Jos� V.A.A.�n, precis� como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes:

  1. La existencia de un �rgano del Estado que establece una relaci�n de supra a subordinaci�n con un particular.

  2. Que esa relaci�n tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al �rgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad.

  3. Que con motivo de esa relaci�n emite actos unilaterales a trav�s de los cuales crea, modifica o extingue por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afectan la esfera legal del particular.

  4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los �rganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado.

    Tales consideraciones dieron lugar a la tesis CCIV/2001 aprobada por esta Segunda S. en la sesi�n privada del diecisiete de octubre de dos mil uno, la cual lleva por rubro y texto:

    AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relaci�n de supra a subordinaci�n con un particular; b) que esa relaci�n tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza p�blica la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relaci�n emita actos unilaterales a trav�s de los cuales cree, modifique o extinga por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los �rganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.

    En ese contexto, para dilucidar la presente contradicci�n de tesis, por principio, debe se�alarse que las universidades p�blicas aut�nomas, en tanto que constituyen organismos descentralizados de la administraci�n p�blica federal, o bien, de las administraciones p�blicas locales, son �rganos que integran al Estado y que forman parte de la respectiva entidad pol�tica.

    En efecto, los organismos descentralizados no cuentan con una personalidad distinta a la del Estado mexicano, pues si bien no integran al Poder Ejecutivo, ya sea federal o local, ello no obsta para desconocer que forman parte de la administraci�n p�blica y, por ende, necesariamente integran la entidad pol�tica a la que pertenecen, bien sea a la Federaci�n o a la correspondiente entidad federativa.

    En el caso de la Federaci�n, as� deriva de lo dispuesto en los art�culos 73, fracci�n XXIV y 79, fracci�n I, preceptos constitucionales cuyo texto actual tiene su origen en la reforma publicada el treinta de julio de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federaci�n, en los cuales se reconoce que la Federaci�n se integra tanto por los Poderes respectivos, como por los entes p�blicos federales, entre los que se ubican, necesariamente, los organismos p�blicos descentralizados. Los referidos numerales disponen:

    "Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:

    "...

    "XXIV. Para expedir la ley que regule la organizaci�n de la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n y las dem�s que normen la gesti�n, control y evaluaci�n de los Poderes de la Uni�n y de los entes p�blicos federales."

    "Art�culo 79. La entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n, de la C�mara de Diputados, tendr� autonom�a t�cnica y de gesti�n en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organizaci�n interna, funcionamiento y resoluciones, en los t�rminos que disponga la ley.

    "Esta entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n tendr� a su cargo:

    I.F. en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicaci�n de fondos y recursos de los Poderes de la Uni�n y de los entes p�blicos federales, as� como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a trav�s de los informes que se rendir�n en los t�rminos que disponga la ley.

    En ese tenor, debe tomarse en cuenta que las universidades p�blicas aut�nomas, en tanto se establecen generalmente como organismos descentralizados de la respectiva administraci�n p�blica federal o local, son parte de la correspondiente entidad pol�tica y, por ende, son aut�nticos �rganos del Estado, sin que ello obste para reconocer que en cuanto a las relaciones jur�dicas que entablan al seno del orden jur�dico nacional poseen una personalidad y un patrimonio propios que los distinguen de los restantes poderes y organismos paraestatales o aut�nomos de la entidad pol�tica a la que pertenecen, as� como una esfera competencial propia.

    Por otra parte, de especial relevancia resulta para la materia de la presente resoluci�n, precisar qu� consecuencias acarrea para el efecto de la procedencia del juicio de amparo contra los actos que puedan emitir las universidades p�blicas en comento, la circunstancia de que a estos �rganos del Estado, en la ley respectiva, el legislador federal o las correspondientes legislaturas locales, las dote de autonom�a. En relaci�n con los antecedentes y el alcance de la autonom�a universitaria conviene reproducir las consideraciones emitidas por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia al resolver el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de diez votos, bajo la ponencia del se�or M.J.V.C. y C., el amparo en revisi�n 1195/92, en las que, en la parte conducente se sostuvo:

    "De esta guisa, en la l�nea de pensamiento sustentada en esta resoluci�n, resulta que no puede argumentarse indefectiblemente que la universidad de que se viene hablando, no pueda ser considerada autoridad para los efectos del juicio amparo, ya que se trata de un organismo p�blico descentralizado que forma parte del Estado, al ser un componente de la administraci�n p�blica del Estado de Michoac�n.

    "Y es que se trata de un establecimiento p�blico creado por una ley que le dio vida y la dot� de personalidad, encomend�ndole un servicio p�blico descentralizado, sin que el hecho de que se le otorgue una autonom�a especial reconocida inclusive en el orden constitucional autorice a considerarla como un ente ajeno al Estado, cuyos actos escapen al orden legal.

    "En efecto, es cierto que la autonom�a de las universidades presenta or�genes, evoluci�n y rasgos muy espec�ficos; sin embargo, tal y como se encuentra concebida en nuestro orden jur�dico, no es sino una f�rmula para conseguir el funcionamiento m�s eficaz de las universidades p�blicas en cuanto instituciones creadas para la prestaci�n de un servicio p�blico.

    "Sobre el particular, debe destacarse que en sus or�genes estas instituciones en el orden universal responden b�sicamente a dos moldes: las universidades del mundo anglosaj�n, en el que surgen como iniciativas independientes del Estado y se desarrollan al margen de la actividad de �ste. M�s bien, son producto de la iniciativa privada que aporta el patrimonio inicial y establece sus estatutos. Su vida se rige por las reglas del mercado y en esa medida no tiene v�nculo de compromiso el Estado con ellas; as�, su autonom�a no es resultado de una concesi�n de los poderes p�blicos sino consecuencia de su especial concepci�n; y las universidades del sistema napole�nico en el que se les considera como una funci�n del Estado y, por ende, se concept�an como servicios integrados en la jerarqu�a administrativa de �ste, de tal suerte que sus autoridades y financiamiento son p�blicos.

    "Posteriormente, advertimos con el decurso del tiempo el surgimiento de las universidades p�blicas en el mundo anglosaj�n y la reivindicaci�n de autonom�a para las universidades p�blicas en los pa�ses que segu�an el sistema napole�nico.

    "De manera especial llama la atenci�n para efectos del presente fallo el fen�meno mencionado en �ltimo t�rmino: la reivindicaci�n de autonom�a para las universidades p�blicas.

    "Al respecto, debe se�alarse que el movimiento que surgi� en los albores de este siglo en Am�rica Latina y se desarroll� m�s tarde en Europa (por ejemplo en Espa�a a finales de la d�cada de los a�os sesenta y comienzo de los a�os setenta) tuvo por finalidad esencial terminar con la autoridad del Estado en la direcci�n universitaria, y en su sustituci�n por una direcci�n colegiada formada por profesores, estudiantes y graduados en igualdad de representaci�n, as� como lograr su autogesti�n. Este nuevo modelo se viene a generalizar a lo largo de la primera mitad del siglo XX en Am�rica Latina.

    "Sin embargo, estas nuevas formas adoptadas por las universidades americanas no cristalizan la autonom�a en los t�rminos de las universidades anglosajonas, es decir, no se conciben como entidades autosuficientes en un mercado abierto; su creaci�n es precisamente a manera de una fundaci�n privada; encuentran su origen en la ley y parte importante de su financiamiento en los fondos p�blicos, aunque el Estado se excluye de su gobierno interno y fijaci�n de reglas funcionales. Se caracteriza por ser, pues, un modelo de autogesti�n.

    "En este sentido, las universidades de que se viene hablando surgen como un punto intermedio entre los modelos universitarios supraindicados, que van configur�ndose en forma diversa en las distintas latitudes.

    "Particularmente en nuestro pa�s, esta evoluci�n alcanza un sistema en el que, siendo la educaci�n un servicio p�blico por definici�n constitucional, se previene una prestaci�n de manera mixta, esto es, tanto por el Estado como por los particulares, aunque sujeto en el �ltimo caso, a los lineamientos y objetivos planteados en la propia Carta Magna.

    "De esta forma advertimos la existencia, por un lado, de las universidades privadas cuya autonom�a refleja sin duda alguna el modelo universitario anglosaj�n, aunque en cierta forma moderado por la sujeci�n a una plataforma de principios constitucionales y, por otro, las universidades p�blicas dotadas de una autonom�a.

    "Pero esta autonom�a de las universidades p�blicas de manera alguna puede conducir a la afirmaci�n de su concepci�n como entidades ajenas al Estado.

    "El fen�meno de la autonom�a universitaria en M�xico, sin duda, tiene sus primeros asomos en la legislaci�n del entonces Colegio de San Nicol�s de H. en el Estado de Michoac�n, del a�o de mil novecientos diecisiete; en la legislaci�n de San Luis Potos�, en mil novecientos veintitr�s; y, en la L.O.�nica de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico de mil novecientos veintinueve.

    "A manera de antecedente y para una mejor compresi�n de este aspecto cabe referirnos, aunque someramente, a la evoluci�n de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, como un modelo universitario nacional.

    "Este establecimiento educativo fue creado en mil novecientos diez mediante su ley constitutiva, en la que se consider� como un �rgano del Estado, supedit�ndola al ente p�blico en cuanto a la designaci�n de su rector, quien era nombrado directamente por el presidente de la Rep�blica (art�culo 3o.) y por lo que se refiere a su jefatura, que reca�a en el secretario de Instrucci�n P�blica y Bellas Artes (art�culo 3o.). Adem�s, el rector deb�a rendir informes anuales a dicha dependencia (art�culo 17).

    "En mil novecientos veintinueve se expidi� por el presidente de la Rep�blica, en uso de facultades extraordinarias, la ley org�nica de esta universidad, en la que se le otorg� expresamente autonom�a. No obstante, en esta etapa, la instituci�n a�n se encontraba directamente vinculada con la organizaci�n jer�rquica del Estado, ya que el Consejo Universitario, en su integraci�n, requer�a de un delegado de la Secretar�a de Educaci�n P�blica (art�culo 8o.); su rector era designado por este consejo de una terna propuesta por el presidente de la Rep�blica (art�culos 12, inciso d) y 14); y subsist�a la obligaci�n de la universidad de rendir un informe al presidente de la Rep�blica (art�culo 32).

    "En 1933, se promulg� una nueva ley org�nica que vino a otorgar expresamente autonom�a absoluta a la universidad, pero su vigencia fue ef�mera.

    "Finalmente, en el a�o de mil novecientos cuarenta y cuatro, el treinta de diciembre se expidi� su actual ley org�nica, publicada en el Diario Oficial el seis de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, en cuya exposici�n de motivos se aclar� que la finalidad de este ordenamiento es llevar a la pr�ctica las consecuencias derivadas de la definici�n misma de la universidad como una corporaci�n p�blica, dotada de plena capacidad jur�dica y que tiene por objeto impartir la educaci�n superior y organizar la investigaci�n cient�fica para formar profesionistas y t�cnicos �tiles a la sociedad y extender la cultura.

    Bajo esta �ptica, la universidad p�blica en nuestro pa�s se concept�a como parte del Estado y no fuera de �ste y, por ello, sujeta al orden jur�dico nacional. Su autonom�a no la excluye del aparato estatal en forma absoluta ni es ilimitada. As�, en la ley en comento se establece expresamente en su art�culo 2o., fracci�n I, que la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico tiene derecho para organizarse como lo estime mejor, dentro de los lineamientos generales se�alados en su ley org�nica.

    De especial relevancia resulta la previsi�n a nivel constitucional de las bases que rigen a la autonom�a universitaria, las cuales fueron incorporadas en la fracci�n VIII del art�culo 3o. de la Constituci�n General de la Rep�blica, mediante reforma publicada el nueve de junio de mil novecientos ochenta en el Diario Oficial de la Federaci�n.

    Cabe agregar que en la iniciativa presidencial relativa, cuya lectura tuvo lugar en la sesi�n de la C�mara de Diputados celebrada el diecis�is de octubre de mil novecientos setenta y nueve, se expresaron, entre otras cuestiones, lo siguiente:

    La autonom�a universitaria es una instituci�n que hoy es familiar a la naci�n mexicana. Es compromiso permanente del Estado respetar irrestrictamente la autonom�a para que las instituciones de cultura superior se organicen, administren y funcionen libremente, y sean sustento de las libertades, jam�s como f�rmula de enfeudamiento que implique un derecho territorial por encima de las facultades primigenias del Estado. Fortalecer estas instituciones arraigadas y obligadas con la colectividad nacional e independientes entre s� es requisito indispensable para el cumplimiento de su objeto. Las universidades e instituciones de educaci�n superior que derivan su autonom�a de la ley, deber�n responsabilizarse primeramente ante las propias comunidades y en �ltima instancia ante el Estado, del cumplimiento de sus planes, programas, m�todos de trabajo y de que sus recursos han sido destinados a sus fines. La universidad se consolidar� de esta manera id�neamente para formar individuos que contribuyan al desarrollo del pa�s.

    En el dictamen relativo, se aclar� que:

    "... Mediante el ejercicio y observancia de la autonom�a universitaria, se hace responsables a las universidades aut�nomas, de cumplir con su natural funci�n de impartir la educaci�n superior, ante sus comunidades, ante el Estado y ante s� mismas, dejando a �stas la facultad de formular sus planes, proponer sus programas y ejecutar sus m�todos de trabajo, a trav�s de una libre organizaci�n e independiente administraci�n de sus recursos, declarando el compromiso del Estado de respetar irrestrictamente la autonom�a de las instituciones de cultura superior.

    "...

    "Se precisa, tambi�n, que la autonom�a jam�s podr� ser interpretada o concebida como f�rmula de enfeudamiento, que implique un derecho territorial por encima de las facultades primigenias del Estado.

    "Confirma el principio constitucional de igualdad de los mexicanos ante la ley.

    Contra el pueblo, contra M�xico, no caben fueros ni privilegios, ni derivados del artificio de una supuesta jerarqu�a social, ni aun de la noble y digna posici�n de la libre b�squeda de la verdad se confirma que aun en este campo, tiene aplicaci�n el precepto de que no hay libertad sin ley, y que es el Estado en uso pleno de la soberan�a popular, el que otorga, y en su caso limita o restringe, el uso de tales facultades. No cabe otro Estado dentro del Estado mexicano. No existe en el orden jur�dico nada sobre, ni m�s all�, del r�gimen constitucional. ...

    Adem�s, en el debate correspondiente, cabe destacar las intervenciones de los siguientes legisladores, en lo que interesa al presente fallo. El diputado G.F.Z. se�al�:

    ... S�lo en una naci�n como M�xico, con aut�ntica y profunda vocaci�n revolucionaria, se sustenta que la soberan�a radica en el pueblo, se integra su gobierno mediante el sufragio universal, se toma la valiosa opini�n, se busca la participaci�n de todos en la orientaci�n del destino com�n y ahora se otorga la autonom�a a las universidades para darles garant�as y libertades a los universitarios en el ense�ar, investigar y difundir la cultura; dota a la universidad del derecho a organizarse, de funcionar y de aplicar sus recursos econ�micos como lo estime m�s conveniente; es decir, le da capacidad, libertad de administrarse, capacidad para dictar suspropios ordenamientos legales...

    Por su parte, el diputado F.O.A. sostuvo:

    ... La autonom�a universitaria se constituye por un conjunto de libertades que permiten a las casas de cultura superior, cumplir con plenitud su misi�n de servir a la ciencia, a la cultura y a la sociedad. La libertad de debatir todas las corrientes, doctrinas y estructuras sociales sin limitaci�n alguna; la de gobernarse a s� mismas con disposiciones propias y con autoridades elegidas en su seno; la de designar a su personal bien acad�mico o administrativo; determinar sus planes de estudio y sus normas; decidir respecto a su propia pol�tica de admisi�n; establecer equilibrio entre ense�anza e investigaci�n y determinar su desarrollo mediato o inmediato. ...

    A su vez, el diputado J.M.P. manifest�:

    ... Autonom�a no es extraterritorialidad o falta de respeto a las leyes que rigen a los habitantes de un pa�s y de un Estado. La autonom�a es la facultad de autogobernarse en lo acad�mico ... pero dentro de los lineamientos generales de una ley org�nica que no se dan los universitarios a s� mismos, pues ello equivaldr�a a sustraerse de la vida de la sociedad a la que pertenecen y al orden legal de la Rep�blica; autonom�a es la facultad de autogobierno que le permite a la universidad administrar sus fondos, nombrar sus profesores, elegir sus autoridades, aplicar medidas disciplinarias para los fines educativos, formular sus planes y programas congruentes con la realidad del pa�s; autonom�a quiere decir que los profesores son libres para exponer su c�tedra y que en ning�n caso el Estado pretenda imponer maestros ni doctrinas a la comunidad universitaria; la autonom�a debe ser respetada desde fuera, pero tambi�n implica la obligaci�n de respetarla desde dentro ... Que no se pretenda que la autonom�a es un sin�nimo de impunidad. ...

    El diputado Carlos S�nchez C�rdenas expres�:

    ... La autonom�a se refiere, como la iniciativa lo dice, como el dictamen lo establece, a una independencia de las universidades respecto de los �rganos del Poder del Estado, respecto del gobierno; establece la facultad para autodeterminar su vida, para decidir sus planes de estudio, designar a sus autoridades, administrar su presupuesto; pero no la separaci�n entre las universidades y el Estado, del tipo de la separaci�n de la iglesia respecto del Estado. ... Debe quedar claramente establecido que las relaciones de autonom�a que se proponen en la enmienda dictaminada por las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Educaci�n P�blica, se limitan al texto concreto de la ley. Como una demostraci�n de que a la autonom�a que el Estado concede a las universidades respecto del gobierno, y a la responsabilidad de financiar sus actividades, que el Estado asume hacia las universidades e institutos aut�nomos de educaci�n superior, obliga a �stas, deben responder a la sociedad y al Estado con actividad en el cumplimiento de sus funciones, y tambi�n desde el punto de vista econ�mico; no es posible que desde el punto de vista econ�mico podamos aceptar que las universidades reciban subsidios, a veces muy elevados, y no tengan que rendir cuentas ante nadie. Si la C�mara de Diputados puede intervenir para indagar la marcha econ�mica de las instituciones p�blicas; si el Ejecutivo mismo env�a la cuenta p�blica para su examen por la C�mara de Diputados, es claro que las universidades e institutos superiores p�blicos aut�nomos tienen el deber de rendir cuentas ante la correspondiente C�mara de Diputados, acerca del uso adecuado de los fondos que el poder p�blico y el Estado les proporcionan para cumplir con sus funciones.

    El senador G.M.�n G.�a se�al�:

    ... Es menester, entonces, como se�ala el dictamen sometido a vuestra soberan�a, que la universidad informe y justifique ampliamente el subsidio que recibe, ya que en esa forma se mantendr� firme el principio de rendir cuentas al pueblo que las hace posible. El uso racional y escrupuloso de los recursos asignados a las universidades ayudar� a que no se rezaguen en ning�n momento frente a otras instituciones privadas de educaci�n superior, que por sus caracter�sticas, han podido en alguna medida, aventajarla en no pocos campos, alterando la v�a de nuestro desarrollo econ�mico y social.

    Por �ltimo, el senador J.G.G.�a R. manifest�:

    ... En la relaci�n entre universidad y pueblo �ste no es quien recibe, sino fundamentalmente el que da. De aqu� nace la obligaci�n que deben tener las universidades para destinar sus presupuestos a los fines estrictamente acad�micos que se les encomienda, y para rendir cuentas ante la sociedad como lo sostiene el dictamen y es pertinente aclararlo, porque el Estado Federal y los Estados miembros de la Federaci�n, cuando otorgan subsidios a las universidades, lo hacen en nombre del pueblo y el pueblo siempre mantendr� el derecho de ser informado sobre el destino de esos presupuestos.

    Del relatado proceso legislativo surgi� el texto actual de la fracci�n VII del art�culo 3o. de la Constituci�n General de la Rep�blica. Este �ltimo numeral dispone:

    "Art�culo 3o. ...

    "La educaci�n que imparta el Estado tender� a desarrollar arm�nicamente todas las facultades del ser humano y fomentar� en �l, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

    "I. Garantizada por el art�culo 24 la libertad de creencias, dicha educaci�n ser� laica y, por tanto, se mantendr� por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

    "II. El criterio que orientar� a esa educaci�n se basar� en los resultados del progreso cient�fico, luchar� contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

    "Adem�s:

    "a) Ser� democr�tico, considerando a la democracia no solamente como una estructura jur�dica y un r�gimen pol�tico, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econ�mico, social y cultural del pueblo;

    "b) Ser� nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atender� a la comprensi�n de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia pol�tica, al aseguramiento de nuestra independencia econ�mica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y

    "c) Contribuir� a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicci�n del inter�s general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religi�n, de grupos, de sexos o de individuos.

    "...

    VII. Las universidades y las dem�s instituciones de educaci�n superior a las que la ley otorgue autonom�a, tendr�n la facultad y la responsabilidad de gobernarse a s� mismas; realizar�n sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este art�culo, respetando la libertad de c�tedra e investigaci�n y de libre examen y discusi�n de las ideas; determinar�n sus planes y programas; fijar�n los t�rminos de ingreso, promoci�n y permanencia de su personal acad�mico; y administrar�n su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal acad�mico como del administrativo, se normar�n por el apartado A del art�culo 123 de esta Constituci�n, en los t�rminos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las caracter�sticas propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonom�a, la libertad de c�tedra e investigaci�n y los fines de las instituciones a que esta fracci�n se refiere.

    Ante lo dispuesto en este numeral, es necesario precisar cu�l es el origen, el l�mite y las finalidades que constitucionalmente corresponden a las atribuciones de autogobierno que derivan de la autonom�a universitaria regulada en el precepto constitucional antes transcrito.

    Por principio, cabe se�alar que la autonom�a universitaria tiene rasgos propios y espec�ficos, diferentes de los que corresponden a la autonom�a que conforme a la Constituci�n General de la Rep�blica se otorga a diversos �rganos del Estado, como son los Tribunales Agrarios, el Banco de M�xico, el Instituto Federal Electoral, la entidad de F.izaci�n Superior de la Federaci�n, la Comisi�n Nacional de Derechos Humanos y los Tribunales Contencioso Administrativos regulados, respectivamente, en los art�culos 27, fracci�n XIX, p�rrafo segundo; 28, p�rrafo sexto; 41, fracci�n III; 73, fracci�n XXIX-H; 79, p�rrafo primero; 102, apartado B, p�rrafo cuarto; 116, fracci�n V; y, 122, apartado C, base quinta, todos de la propia N.F..

    En cuanto al origen de la autonom�a universitaria, el mencionado art�culo 3o., fracci�n VIII, constitucional, se�ala con precisi�n que �sta ser� conferida en la ley, es decir, en un acto formal y materialmente legislativo, ya sea que provenga del Congreso de la Uni�n o de las Legislaturas Locales.

    Por otra parte, la autonom�a de la que pueden ser legalmente dotadas las universidades p�blicas confiere a �stas las atribuciones necesarias para gobernarse a s� mismas. Esta facultad de autogobierno se encuentra acotada en el propio texto constitucional, en virtud de que su ejercicio est� condicionado a lo que se establezca en las leyes respectivas, en las que se deben desarrollar las bases m�nimas que permitan a las universidades aut�nomas cumplir con las finalidades que les son encomendadas constitucionalmente, educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios que, al tenor del art�culo 3o. constitucional, rigen a la educaci�n que imparte el Estado respetando, adem�s, la libertad de c�tedra e investigaci�n, de libre examen y discusi�n de las ideas.

    En abono a lo anterior, en la propia Constituci�n se precisa que la referida autonom�a conlleva que las respectivas universidades p�blicas est�n facultadas para:

  5. Determinar sus planes y programas;

  6. Fijar los t�rminos de ingreso, promoci�n y permanencia de su personal acad�mico; y,

  7. Administrar su patrimonio.

    En tal virtud, debe estimarse que la autonom�a universitaria conlleva constitucionalmente que las universidades p�blicas gocen de independencia para determinar por s� solas, atendiendo a lo dispuesto en la Constituci�n General de la Rep�blica y en las leyes respectivas, los t�rminos y condiciones en que desarrollar�n los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoci�n y permanencia de su personal acad�mico y la forma en que administrar�n su patrimonio.

    Es decir, la capacidad de decisi�n que se confiere a las universidades p�blicas est� supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuaci�n de cualquier �rgano del Estado y, en el �mbito de las actividades espec�ficas para las cuales les fue conferida la autonom�a, deben sujetarse a los principios que en la propia N.F. informan a la educaci�n p�blica, de donde se sigue que la autonom�a universitaria no significa inmunidad ni extraterritorialidad en excepci�n del orden jur�dico.

    Por otro lado, debe tenerse presente que en aras de que las universidades p�blicas logren el pleno desarrollo de los referidos �mbitos de la autonom�a universitaria, tanto el legislador federal como las Legislaturas Locales han habilitado a determinados �rganos de tales instituciones para que emitan disposiciones administrativas de observancia general que regulen, en complemento con lo dispuesto en la Constituci�n General de la Rep�blica, las Constituciones Locales y las leyes respectivas, los t�rminos y condiciones en que presten servicios educativos, los requisitos de ingreso, promoci�n y permanencia de su personal acad�mico y la forma en que administrar�n su patrimonio. Al respecto, resulta ilustrativo lo dispuesto en los diversos ordenamientos que a continuaci�n se transcriben.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de A. (publicada en el Diario Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de A. el 24 de febrero de 1974, reformada el 7 de diciembre de 1997).

    "Art�culo 11. Son facultades del Consejo Universitario:

    I. Dictar las normas que regulen la estructura y vida de la universidad, as� como el funcionamiento acad�mico y administrativo, seg�n las disposiciones de esta ley y sin m�s limitaciones que la misma establezca. El estatuto de esta ley deber� precisar las orientaciones contenidas en el art�culo 3o. de esta ley. El Consejo Universitario interpretar�, cuando sea necesario, la legislaci�n de la instituci�n.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma del Estado de Baja California (publicada en el P.�dico Oficial del �rgano del Gobierno del Estado de Baja California el 28 de febrero de 1957).

    "Art�culo 24. Son atribuciones del Consejo Universitario:

    I.E. todas las normas y disposiciones generales destinadas al mejoramiento de la organizaci�n y funcionamiento t�cnico, docente y administrativo de la universidad.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Baja California Sur (publicada en el Bolet�n Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 6 de octubre de 1978).

    "Art�culo 10. Son atribuciones del Consejo General Universitario:

    "...

    IV. Expedir las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organizaci�n y funcionamiento t�cnico, docente y administrativo de la universidad.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Campeche (publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Campeche el 20 de junio de 1991).

    "Art�culo 16. Son atribuciones del Consejo Universitario:

    "I.E. todas las normas y disposiciones de car�cter general encaminadas a la mejor organizaci�n y funcionamiento t�cnico, docente y administrativo de la universidad."

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma Agraria "A.N." del Estado de Coahuila de Zaragoza (publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila el 4 de abril de 1989).

    "Art�culo 13. Corresponde al Consejo Universitario:

    "I.E. el estatuto, los reglamentos y normas generales para el funcionamiento de la universidad.

    II.R., adicionar y abrogar las disposiciones internas.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Coahuila (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Coahuila el 4 de enero de 1991).

    "Art�culo 13. Son atribuciones del Consejo Universitario:

    I.E. las normas relativas a la organizaci�n y funcionamiento de la universidad y sus dependencias.

    L.O.�nica de la Universidad de Colima (publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima el 22 de noviembre de 1980).

    "Art�culo 10. El Consejo Universitario ser� la m�xima autoridad de la universidad y tendr� las siguientes facultades:

    I.E. las normas legales, reglamentos y disposiciones generales, orientadas a la mejor organizaci�n y funcionamiento de la universidad que no est�n reservadas por esta ley a otra autoridad.

    L.O.�nica de la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas (publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas el 23 de febrero del 2000).

    "Art�culo 12. El Consejo Universitario tendr� las siguientes facultades:

    "I.A. el estatuto general de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y expedir todas las normas y disposiciones generales de car�cter interno relativas a la estructura, organizaci�n y funcionamiento t�cnico, acad�mico y administrativo de la universidad.

    II.A., modificar o suprimir planes y programas de estudios, acad�micos y m�todos de ense�anza a propuesta del rector.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Chiapas (publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas el 16 de agosto de 1989).

    "Art�culo 18. Corresponde al Consejo Universitario:

    "...

    "III.E. en los t�rminos de esta ley, las disposiciones reglamentarias, relativas a su aplicaci�n, as� como a la organizaci�n y funcionamiento de la universidad; las que por su validez deber�n sujetarse a los principios de esta norma fundamental.

    "...

    X. Aprobar su propio reglamento.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Chihuahua (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Chihuahua el 30 de diciembre de 1986).

    "Art�culo 9o. Son atribuciones del Consejo Universitario:

    I.E. y reformar los reglamentos que se deriven de �sta y dictar las disposiciones que se requieran para su mejor aplicaci�n as� como para cuidar de su exacta observancia.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Ciudad Ju�rez (publicada en el P.�dico Oficial del Estado Libre y Soberano de Chihuahua el 30 de diciembre de 1995).

    "Art�culo 12. Corresponde al Consejo Universitario:

    I. Dictar las disposiciones generales encaminadas a la buena organizaci�n y al eficaz funcionamiento t�cnico, acad�mico y administrativo de la universidad y conocer todos los asuntos relativos.

    L.O.�nica de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico (publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 6 de enero de 1945).

    "Art�culo 8o. El Consejo Universitario tendr� las siguientes facultades:

    I.E. todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organizaci�n y funcionamiento t�cnico, docente y administrativo de la universidad.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma Metropolitana (publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el lunes 17 de diciembre de 1973).

    "Art�culo 13. Corresponde al Colegio Acad�mico:

    "...

    II.E. las normas y disposiciones reglamentarias de aplicaci�n general para la mejor organizaci�n y funcionamiento t�cnico, docente y administrativo de la universidad.

    L.O.�nica de la Universidad de Ju�rez del Estado de Durango (publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango el 7 de junio de 1962).

    "Art�culo 24. La Junta Directiva tendr� las siguientes atribuciones:

    "I.A. y expedir su reglamento interno.

    II.E. todas las normas encaminadas a la mejor organizaci�n y funcionamiento t�cnico, docente y administrativo de la universidad.

    Ley de la Universidad de Guanajuato (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Guanajuato el 17 de mayo de 1994).

    "Art�culo 10. Corresponde al Consejo Universitario:

    I.E. los reglamentos y disposiciones de car�cter general para normar las funciones y actividades de la universidad.

    Ley de la Universidad Aut�noma de Guerrero (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Guerrero el 28 de agosto de 2001).

    "Art�culo 19. El H. Consejo Universitario tendr� las siguientes facultades:

    "I.E., abrogar, derogar, reformar y adicionar el estatuto, reglamento y dem�s disposiciones relativas a la estructura, organizaci�n y funcionamiento de la universidad, de sus instancias de vinculaci�n y apoyo a su desarrollo, as� como difundirlas en el �rgano oficial."

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma del Estado de H. (publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de H. del 1o. de mayo de 1977).

    "Art�culo 18. Corresponde al Consejo Universitario:

    "I.R. y adicionar el estatuto general de la Universidad Aut�noma del Estado de H.. Dichas reformas y adiciones deber�n ser aprobadas, por lo menos, por las dos terceras partes de los miembros que integren el consejo.

    II.F. y aprobar su reglamento interior, as� como los reglamentos, normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organizaci�n y funcionamiento econ�mico, acad�mico, t�cnico y administrativo de la universidad.

    L.O.�nica de la Universidad de Guadalajara (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Jalisco el 15 de enero de 1994).

    "Art�culo 31. Son atribuciones del Consejo General Universitario:

    I.A. el estatuto general, as�como las normas y pol�ticas generales en materiaacad�mica, administrativa y disciplinaria de la universidad.

    Ley de la Universidad Aut�noma del Estado de M�xico (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de M�xico el 3 de marzo de 1992).

    "Art�culo 21. El Consejo Universitario tiene las siguientes facultades:

    I.E. y modificar el estatuto universitario, reglamentos y dem�s disposiciones necesarias para la organizaci�n y funcionamiento de la universidad, observando el procedimiento previsto en la reglamentaci�n aplicable.

    L.O.�nica de la Universidad Michoacana de San Nicol�s de H. (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Michoac�n el 3 de febrero de 1986).

    "Art�culo 12. El Consejo Universitario tendr� las siguientes atribuciones:

    I.E. y modificar el estatuto universitario, los reglamentos y disposiciones generales, inherentes a la organizaci�n y funcionamiento de la universidad.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma del Estado de Morelos (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Morelos el 22 de noviembre de 1967).

    "Art�culo 13. El Consejo Universitario tendr� las siguientes atribuciones:

    I.E. el estatuto universitario y todas las normas y disposiciones generales, para la organizaci�n y funcionamiento docente, t�cnico y administrativo de la universidad.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Nayarit (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Nayarit el 9 de marzo de 1985).

    "Art�culo 22. El Consejo General Universitario tendr� las siguientes facultades y obligaciones:

    "...

    IV. Expedir las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organizaci�n y funcionamiento acad�mico y administrativo de la universidad.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Nuevo Le�n (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Nuevo Le�n el 7 de junio de 1971).

    "Art�culo 19. Son facultades del Consejo Universitario:

    "...

    II.F. el Estatuto General de la Universidad, que comprender� la organizaci�n de la ense�anza por facultades, escuelas, institutos, departamentos y dem�s dependencias que la integran actualmente y los que se creen en el futuro. Asimismo, acordar� su reglamento interior y de gobierno, y todos los ordenamientos necesarios para el buen funcionamiento y la realizaci�n de los fines que competen a la universidad.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de B.J.�rez de Oaxaca (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Oaxaca el 7 de marzo de 1988).

    "Art�culo 36. Son atribuciones y deberes del Consejo Universitario:

    I. Dictar la normatividad jur�dica interna de la universidad, sujet�ndose para ello a las bases que establece esta ley.

    Ley de la Benem�rita Universidad Aut�noma de Puebla (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Puebla el 23 de abril de 1991).

    "Art�culo 14. El Consejo Universitario es la m�xima autoridad de la instituci�n y tiene como facultades exclusivas las siguientes:

    "I.F. y aprobar el estatuto de la universidad.

    II.E. su propio reglamento y toda clase de reglamentos y disposiciones encaminados a regular la organizaci�n y funcionamiento de la universidad.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Quer�taro (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Quer�taro el 2 de enero de 1986).

    "Art�culo 12. El Consejo Universitario tiene las siguientes facultades:

    I.E. el estatuto org�nico y las dem�s normas reglamentarias de esta ley.

    L.O.�nica de la Universidad de Quintana Roo (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Quintana Roo el 14 de septiembre de 1994).

    "Art�culo 19. Son atribuciones del Consejo Universitario:

    I.E. y aprobar todas las normas y disposiciones generales destinadas al mejoramiento de la organizaci�n y funcionamiento acad�mico, t�cnico y administrativo de la universidad.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de S. (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de S. el 22 de diciembre de 1993).

    "Art�culo 26. Son facultades del H. Consejo Universitario:

    I.F., aprobar y modificar el estatuto general de la universidad, dictar el reglamento interior del propio consejo y expedir todos los reglamentos, normas y disposiciones generales en materia acad�mica, administrativa y disciplinaria, necesarias para mejorar la organizaci�n y funcionamiento de la universidad en su diversos aspectos; conocer y resolver los asuntos que, de conformidad con la presente ley y sus reglamentos, le sean sometidos a su consideraci�n; en todos los casos la legislaci�n universitaria no deber� contravenir a lo preceptuado por esta ley org�nica.

    L.O.�nica de la Universidad de Occidente (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de S. el 10 de agosto de 2001).

    "Art�culo 17. El Consejo Acad�mico Universitario tendr� las siguientes atribuciones:

    "...

    "III.E. normas y disposiciones reglamentarias de aplicaci�n general para la adecuada regulaci�n de las actividades universitarias.

    "...

    VIII.A. a propuesta del rector, y expedir los reglamentos y dem�s disposiciones que deban regir la organizaci�n y funcionamiento acad�mico y administrativo de la universidad.

    L.O.�nica de la Universidad de Sonora (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 1991).

    "Art�culo 21. Son atribuciones del Colegio Acad�mico, las siguientes:

    "...

    III.E. las normas y disposiciones reglamentarias para la mejor organizaci�n y funcionamiento acad�mico de la universidad, previo dictamen t�cnico del consejo jur�dico.

    L.O.�nica de la Universidad Ju�rez Aut�noma de Tabasco (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Tabasco el 19 de diciembre de 1987).

    "Art�culo 14. Corresponde al Consejo Universitario:

    "...

    II.E. el estatuto general, reglamentos y dem�s disposiciones de aplicaci�n general para la mejor organizaci�n y funcionamiento t�cnico, docente y administrativo de la universidad.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Tlaxcala (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Tlaxcala el 24 de noviembre de 1976).

    "Art�culo 18. Adem�s de las facultades espec�ficas que esta ley expresamente le confiere, el Consejo Universitario tendr� las siguientes:

    "I.F. el reglamento y el estatuto de la universidad, los cuales deber�n ser aprobados por el voto de las dos terceras partes de los miembros que integran el Consejo Universitario.

    II.E. todas las normas y disposiciones generales de car�cter interno, encaminadas a la mejor organizaci�n y funcionamiento t�cnico, docente y administrativo de la universidad, y aprobar, en su caso, las que le propongan las dem�s autoridades universitarias.

    L.O.�nica de la Universidad Veracruzana (publicada en el P.�dico Oficial de Veracruz el 25 de diciembre de 1993).

    "Art�culo 25. Corresponde al Consejo Universitario General:

    I.E. el estatuto general, la reglamentaci�n necesaria y los acuerdos espec�ficos para la eficiente operaci�n de la Universidad Veracruzana.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Yucat�n (publicada en el Diario Oficial del Estado de Yucat�n el 31 de agosto de 1984).

    "Art�culo 15. Son atribuciones y obligaciones del Consejo Universitario:

    "...

    "II.E. el estatuto general de la universidad, que comprender� la organizaci�n de la educaci�n por facultades, escuelas, institutos, centros y dem�s dependencias que la integran actualmente y las que se creen en el futuro, as� como su reglamento interior y todos los ordenamientos necesarios para el buen funcionamiento y la realizaci�n de los fines que competen a la universidad."

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma "F.G.�a S." del Estado de Zacatecas (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Zacatecas el 13 de junio de 2001).

    "Art�culo 17. Ser�n atribuciones del Consejo Universitario:

    I.E., expedir y reformar el estatuto general y los reglamentos que normen la vida universitaria.

    Como se advierte de los preceptos antes transcritos, en las leyes federales y estatales aplicables se ha establecido una cl�usula habilitante a favor de las universidades p�blicas, mediante la cual se les autoriza para emitir disposiciones de observancia general, debiendo considerarse que este conjunto normativo integra el orden jur�dico nacional, en tanto que es expedido con base en una autorizaci�n del Congreso de la Uni�n o de las respectivas Legislaturas Locales y, por ende, debe apegarse a lo dispuesto en la Constituci�n General de la Rep�blica y en las leyes respectivas.

    En ese tenor, resulta equivocada la premisa de la que parte el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al considerar que las disposiciones con base en las cuales act�an los �rganos que integran a las universidades p�blicas no constituyen normas legales, pues lo cierto es que emanan de un �rgano del Estado que v�lidamente es dotado por el legislador de la atribuci�n suficiente para expedir disposiciones de observancia general, que regulan tanto su integraci�n como los diversos v�nculos que entablan con otras personas oficiales y privadas. En cuanto a la validez de la facultad para emitir dichas disposiciones as� como los t�rminos en que se insertan en el orden jur�dico nacional, resulta ilustrativa, en lo conducente, la tesis de esta Segunda S. que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n:

    "DIVISI�N DE PODERES. LA FACULTAD CONFERIDA EN UNA LEY A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, NO CONLLEVA UNA VIOLACI�N A ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. De la interpretaci�n hist�rica, causal y teleol�gica de lo dispuesto en el art�culo 49 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que con el establecimiento del principio de divisi�n de poderes se busc�, por un lado, dividir el ejercicio del poder y el desarrollo de las facultades estatales entre diversos �rganos o entes que constitucionalmente se encuentran en un mismo nivel, con el fin de lograr los contrapesos necesarios que permitan un equilibrio de fuerzas y un control rec�proco; y, por otro, atribuir a los respectivos �rganos, especialmente a los que encarnan el Poder Legislativo y el Poder Judicial, la potestad necesaria para emitir, respectivamente, los actos materialmente legislativos y jurisdiccionales de mayor jerarqu�a en el orden jur�dico nacional, de donde se sigue que la prohibici�n contenida en el referido numeral, relativa a que el Poder Legislativo no puede depositarse en un individuo, conlleva que en ning�n caso, salvo lo previsto en los art�culos 29 y 131 de la propia N.F., un �rgano del Estado diverso al Congreso de la Uni�n o a las Legislaturas Locales, podr� ejercer las atribuciones que constitucionalmente les son reservadas a �stos, es decir, la emisi�n de los actos formalmente legislativos, dado que �stos por ser constitucionalmente la fuente primordial de regulaci�n respecto de las materias que tienen una especial trascendencia a la esfera jur�dica de los gobernados, deben aprobarse generalmente por el �rgano de representaci�n popular. En tal virtud, si al realizarse la distribuci�n de facultades entre los tres Poderes, el Constituyente y el Poder Revisor de la Constituci�n no reservaron al Poder Legislativo la emisi�n de los actos de autoridad materialmente legislativos, y al presidente de la Rep�blica le otorgaron en la propia sede constitucional la facultad para emitir disposiciones de observancia general sujetas al principio de supremac�a de la ley, con el fin de que tal potestad pudiera ejercerse sin necesidad de que el propio Legislativo le confiriera tal atribuci�n, debe concluirse que no existe disposici�n constitucional alguna que impida al Congreso de la Uni�n otorgar a las autoridades que org�nicamente se ubican en los Poderes Ejecutivo o Judicial, la facultad necesaria para emitir disposiciones de observancia general sujetas al principio de preferencia o primac�a de la ley, derivado de lo previsto en el art�culo 72, inciso h), constitucional, lo que conlleva que la regulaci�n contenida en estas normas de rango inferior, no puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto en los actos formalmente legislativos, los que tienen una fuerza derogatoria y activa sobre aqu�llas, pues pueden derogarlas o, por el contrario, elevarlas de rango convirti�ndolas en ley, prest�ndoles con ello su propia fuerza superior." (Novena �poca, Segunda S., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., agosto de 2001, tesis 2a. CXXXI/2001, p�gina 230).

    Ahora bien, entre las disposiciones emitidas en ejercicio de la autonom�a en comento, de manera ejemplificativa, cabe hacer menci�n de la regulaci�n que al respecto ha expedido el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico. A continuaci�n se transcribe el t�tulo y fecha de aprobaci�n de los principales ordenamientos que integran la denominada legislaci�n universitaria.

    Estatuto General de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico (9 de marzo de 1945).

    Estatuto del Personal Acad�mico (28 de junio de 1974).

    Estatuto del Personal Administrativo al Servicio de la Universidad Nacional (20 de diciembre de 1965).

    Estatuto de la Defensor�a de los Derechos Universitarios (29 de mayo de 1985).

    Estatuto del Sistema Universidad Abierta (25 de febrero de 1972).

    Reglamento General de Estudios de Posgrado (14 de diciembre de 1995).

    Reglamento General de Estudios T�cnicos y Profesionales (15 de diciembre de 1967).

    Reglamento General de Ex�menes (11 de septiembre de 1986).

    Reglamento General de Incorporaci�n y R.�n de Estudios (20 de diciembre de 1966).

    Reglamento General de Inscripciones (10 de abril de 1973).

    Reglamento General de los Centros de Extensi�n Universitaria (13 de febrero de 1970).

    Reglamento General de Pagos (15 de marzo de 1999).

    Reglamento General de Pagos por Tr�mites y Servicios Educativos (7 de junio de 1999).

    Reglamento General del Servicio Social de la UNAM (26 de septiembre de 1985).

    Reglamento General del Sistema Bibliotecario de la UNAM (19 de julio de 1990).

    Reglamento General para la Presentaci�n, Aprobaci�n y Modificaci�n de Planes de Estudio (11 de diciembre de 1985).

    Reglamento de Becas (18 de enero de 1956).

    Reglamento de funcionamiento de la Comisi�n Especial del Consejo Universitario encargada de la vigilancia y dictamen de las elecciones de los consejeros universitarios representantes del personal acad�mico y de los alumnos (8 de abril de 1991).

    Reglamento de Integraci�n y Funcionamiento del Comit� de Licitaciones del Patronato Universitario (11 de mayo de 1993).

    Reglamento de la Comisi�n Especial de Seguridad del Consejo Universitario de la UNAM (17 de septiembre de 1990).

    Reglamento de la Defensor�a de los Derechos Universitarios (30 de julio de 1986).

    Reglamento de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (22 de septiembre de 1998).

    Reglamento de la Escuela Nacional Preparatoria (20 de octubre de 1972).

    Reglamento de pagos por servicios de incorporaci�n y revalidaci�n de estudios (26 de septiembre de 1985).

    Reglamento de planeaci�n (18 de noviembre de 1998).

    Reglamento de seguridad y coordinaci�n en materia de investigaci�n para la salud en la UNAM (9 de febrero de 1989).

    Reglamento del Colegio de Directores de Bachillerato de la UNAM (29 de mayo de 1985).

    Reglamento del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas (26 de enero de 1971).

    Reglamento del Estatuto del Sistema Universidad Abierta de la UNAM, relativo al ingreso, la permanencia y los ex�menes (2 de diciembre de 1997).

    Reglamento del H. Consejo Universitario (28 de octubre de 1949).

    Reglamento del reconocimiento al m�rito universitario (30 de noviembre de 1967).

    Reglamento del sistema de c�tedras y est�mulos especiales de la UNAM (26 de septiembre de 1985).

    Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisi�n de Honor (1o. de diciembre de 1998).

    Reglamento para la elecci�n de consejeros acad�micos de �rea y del bachillerato representantes de profesores investigadores y alumnos (18 de marzo de 1996).

    Reglamento para la elecci�n de consejeros universitarios y t�cnicos representantes de profesores y alumnos (12 de septiembre de 1986).

    Reglamento sobre la participaci�n y colaboraci�n de los egresados con la UNAM (26 de septiembre de 1985).

    Reglamento sobre los ingresos extraordinarios (11 de diciembre de 1985).

    Reglamento Interno de los Consejos Acad�micos de �rea (3 de febrero de 1994).

    Reglamento Interno del Consejo Acad�mico del Bachillerato (24 de enero de 1994).

    Reglamento Interno del Consejo de Difusi�n Cultural (14 de noviembre de 1994).

    Reglamento Interno del Consejo T�cnico de la Investigaci�n Cient�fica (16 de abril de 1986).

    Reglamento Interior de la Junta de Gobierno (13 de marzo de 1945).

    Reglamento Interior del Patronato Universitario (10 de marzo de 1976).

    Reglamento Interior del Consejo T�cnico de Humanidades (16 de abril de 1986).

    (Datos obtenidos de la obra "Compendio de Legislaci�n Universitaria 1910-2001", editada en cuatro vol�menes por la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico en el mes de octubre de 2001).

    En relaci�n con lo dispuesto en los ordenamientos referidos a manera de ejemplo, as� como en los diversos que son emitidos por el �rgano competente de cada universidad p�blica, debe tomarse en cuenta que en ellos no se regula exclusivamente el funcionamiento interno de los diversos �rganos que las componen, sino que incluso se establecen derechos y obligaciones tanto para los servidores p�blicos que encarnan dichos �rganos, como para los gobernados con los que entablan relaciones jur�dicas de diversa �ndole.

    Al respecto, cabe recordar que como lo establece el art�culo 3o., fracci�n VII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, las relaciones jur�dicas que entablen las universidades p�blicas aut�nomas con su personal acad�mico y administrativo son de naturaleza laboral, y se deben sujetar a lo establecido en el apartado A del art�culo 123 de la propia N.F. y, por ende, a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En tal virtud, no hay duda en cuanto a que en las referidas relaciones tales �rganos del Estado no acuden investidos de imperio, sino equiparados a un patr�n, en una relaci�n de coordinaci�n. As� lo ha reconocido esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n:

    "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACI�N LABORAL. Los funcionarios de los organismos p�blicos descentralizados, en su actuaci�n, con independencia de la disposici�n directa que llegaren a tener o no de la fuerza p�blica, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a trav�s de los cuales crean, modifican o extinguen por s� o ante s� situaciones jur�dicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les est�n atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garant�as, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jur�dica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza p�blica o bien a trav�s de otras autoridades. As�, las universidades, como organismos descentralizados, son entes p�blicos que forman parte de la administraci�n p�blica y por ende del Estado, y si bien presentan una autonom�aespecial, que implica autonormaci�n y autogobierno,tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestaci�n del servicio que les est� atribuido y que se fundamenta en la libertad de ense�anza, pero no implica de manera alguna su disgregaci�n de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obst�culo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de �ste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de ense�anza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen p�blico ejercen o no un poder jur�dico que afecte por s� o ante s� y de manera unilateral la esfera jur�dica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza p�blica, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad se�alada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del a�o sab�tico a uno de sus empleados acad�micos, actu� con el car�cter de patr�n en el �mbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa instituci�n con su personal acad�mico, dentro del marco constitucional previsto en la fracci�n VII del art�culo 3o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, s� pueda tener tal car�cter." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, tesis P. XXVIII/97, p�gina 119).

    De diferente naturaleza a las relaciones que se entablan entre las universidades p�blicas y los trabajadores, son las que se establecen entre esos �rganos del Estado y los gobernados que reciben los respectivos servicios educativos, generalmente denominados por la normatividad aplicable como alumnos.

    El v�nculo jur�dico que se entabla entre las universidades p�blicas y sus alumnos surge cuando �stos cumplen con los requisitos previstos en las respectivas disposiciones de observancia general, ya sea en las emitidas por el Congreso de la Uni�n o por la correspondiente Legislatura Local, o bien, en las expedidas por el �rgano universitario al cual la ley habilita para emitir actos de esa naturaleza. Al efecto, resultan ilustrativas las siguientes normas:

    Estatuto de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico aprobado en la sesi�n del 9 de marzo de 1945 por el Consejo Constituyente Universitario (incluye las reformas aprobadas por el Consejo Universitario en sus sesiones del 28 de noviembre de 1969 y 27 de febrero de 1973).

    "T�tulo quinto

    "De los alumnos

    "Art�culo 87. Con los reglamentos especiales se determinar�n los requisitos y condiciones para que los alumnos se inscriban y permanezcan en la universidad, as� como sus deberes y derechos, de acuerdo con las siguientes bases:

    "I. En el momento de la inscripci�n firmaran la protesta universitaria, por la cual se comprometen a hacer en todo tiempo honor a la instituci�n, a cumplir sus compromisos acad�micos y administrativos, a respetar los reglamentos generales sin pretender excepci�n alguna y a mantener la disciplina;

    "II. Ning�n alumno podr� ser inscrito m�s de dos veces en una asignatura. El Reglamento General de Ex�menes establecer� la forma de acreditar la materia de que se trate, cuando exceda ese limite;

    "III. El Reglamento General de Inscripciones determinar� los l�mites m�ximos de tiempo en que un alumno podr� terminar los ciclos correspondientes al bachillerato y las carreras profesionales. Tales lapsos se fijar�n se�alando un margen adicional a la duraci�n normal que establezcan los planes de estudio respectivos;

    "IV. Las personas que no concluyan sus estudios en los lapsos se�alados por el reglamento general de inscripciones, podr�n acreditar las materias que les falten en la forma que establezca el Reglamento General de Ex�menes, aunque ya no ser�n inscritos como alumnos de la universidad;

    "V. Los alumnos podr�n expresar libremente, dentro de la universidad, sus opiniones sobre todos los asuntos que a la instituci�n concierne sin m�s limitaciones que el no perturbar las labores universitarias y ajustarse a los t�rminos del decoro y del respeto debidos a la universidad y a sus miembros. Para toda reuni�n dentro de los planteles de la universidad deber�n llenarse los requisitos que se�ale el reglamento relativo;

    "VI. Los alumnos podr�n organizar libremente las sociedades que estimen convenientes y las autoridades mantendr�n con todas ellas las relaciones de cooperaci�n para fines culturales, deportivos, sociales y de asistencia mutua que se propongan los organizadores, en los t�rminos que fije el reglamento; pero no aceptar�n la representaci�n de los alumnos en el arreglo de asuntos acad�micos o administrativos, los que, invariablemente, deber�n gestionar los interesados;

    VII. Las observaciones de car�cter t�cnico deber�n presentarlas los alumnos por conducto de sus representantes en el Consejo Universitario y en los consejos t�cnicos.

    Reglamento General de Inscripciones de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, aprobado en la sesi�n del 10 de abril de 1973 por el Consejo Universitario (incluye las reformas aprobadas por el Consejo Universitario en su sesi�n del 1o. de julio de 1997).

    "Art�culo 1o. La Universidad Nacional Aut�noma de M�xico selecciona a sus estudiantes tomando en cuenta el grado de capacitaci�n acad�mica y las condiciones de salud de los mismos."

    "Art�culo 2o. Para ingresar a la universidad es indispensable:

    "a) Solicitar la inscripci�n de acuerdo con los instructivos que se establezcan;

    "b) Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio m�nimo de siete o su equivalente;

    "c) Ser aceptado mediante concurso de selecci�n, que comprender� una prueba escrita y que deber� realizarse dentro de los periodos que al efecto se se�alen."

    Art�culo 12. Los aspirantes a ingresar a la UNAM que sean admitidos adquirir�n la condici�n de alumnos con todos los derechos y obligaciones que establecen las leyes, reglamentos y disposiciones de la universidad.

    Estatuto General de la Universidad Aut�noma de Nuevo Le�n, aprobado en la sesi�n del 8 de septiembre de 2000 por el Consejo Universitario.

    "Cap�tulo II

    "De los alumnos

    "Art�culo 133. Se considera alumno universitario aquel que est� debidamente inscrito en el departamento escolar y de archivo y se encuentra cursando alg�n programa acad�mico de nivel medio superior o superior en alguna de las dependencias de la Universidad Aut�noma de Nuevo Le�n."

    "Art�culo 140. Los alumnos de la universidad tendr�n los siguientes derechos:

    "I. Recibir los servicios educativos, asesor�as y recursos did�cticos necesarios para su formaci�n personal y profesional.

    "II. Obtener en tiempo y forma su credencial y los documentos que acrediten oficialmente los estudios cursados.

    "III. Solicitar la revisi�n de los ex�menes sustentados por escrito, en los t�rminos de las disposiciones reglamentarias aplicables.

    "IV. Inconformarse con las resoluciones dictadas por las autoridades y funcionarios universitarios.

    "V. Gozar de la garant�a de audiencia en los asuntos que afecten sus intereses.

    "VI. Ejercer el derecho de voto en los procesos de elecci�n de director, u ocupar los cargos de representaci�n del sector estudiantil en la dependencia y ante los �rganos de gobierno universitarios, de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos en el presente estatuto y en el reglamento interno respectivo.

    "VII. Expresar respetuosamente y por escrito sus opiniones respecto de los planes de programas de su dependencia y de la universidad en general.

    "VIII. Tener acceso a las diferentes instalaciones de la universidad, de conformidad con los reglamentos respectivos.

    "IX. Recibir informaci�n y orientaci�n sobre la organizaci�n y funcionamiento de la universidad.

    "X. Los dem�s que establezca la legislaci�n universitaria."

    "Art�culo 141. Son obligaciones de los alumnos:

    "I.F. y otorgar la protesta universitaria al ingresar, reingresar o reinscribirse en la instituci�n, con el compromiso de cumplir y respetar las disposiciones contenidas en la ley org�nica, en el presente estatuto y en las dem�s disposiciones de la legislaci�n vigente.

    "II. Respetar y honrar a la universidad, dentro y fuera de sus instalaciones.

    "III. Asistir con puntualidad y regularidad a los cursos y actividades en los que se encuentre inscrito.

    "IV. Atender y desarrollar las actividades de aprendizaje y formaci�n contenidas en los planes y programas que curse.

    "V.S. a las evaluaciones y dem�s formas de medici�n del aprendizaje establecidas en los planes y programas de estudio y en las disposiciones reglamentarias de la universidad.

    "VI. Prestar el servicio social obligatorio y participar en otros programas similares en forma voluntaria, en beneficio de su formaci�n y de la sociedad, en la forma y los t�rminos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias respectivas.

    "VII. Guardar el debido respeto a las autoridades y a los funcionarios de la universidad, a los miembros del personal acad�mico, a los alumnos y dem�s integrantes de la comunidad universitaria.

    "VIII. Acatar las determinaciones de la universidad emitidas por sus autoridades y funcionarios competentes, de conformidad con las disposiciones de la legislaci�n universitaria.

    "IX. Realizar personalmente los tr�mites acad�micos y administrativos que correspondan a su condici�n, salvo en casos plenamente justificados.

    "X. Cubrir las cuotas y dem�s aportaciones que fijen las autoridades competentes.

    "XI. Cuidar el patrimonio universitario y, en su caso, resarcir los da�os y perjuicios que se hayan causado al mismo, cuando as� lo determine la autoridad competente.

    "XII. A. de llevar a cabo acciones de proselitismo a favor de alg�n grupo pol�tico, religioso o sectario dentro de las instalaciones de la universidad, o servirse de cualquier bien que sea propiedad de �sta, o utilizar el nombre de la instituci�n con tal prop�sito.

    "XIII. Observar y cumplir las disposiciones que sobre conducta y disciplina establece la legislaci�n vigente.

    "XIV. Mantener un comportamiento social congruente con su calidad de universitario.

    XV. Las dem�s previstas en la legislaci�n universitaria.

    Estatuto org�nico de la Universidad Aut�noma de San Luis Potos� aprobado en la sesi�n extraordinaria del 8 de diciembre de 1983 por el Consejo Universitario.

    "Cap�tulo VI

    "De los alumnos

    "Art�culo 93. Son alumnos de la universidad quienes se inscriban y cumplan con sus actividades de validez acad�mica.

    "Los cursos sin escolaridad formal o de extensi�n, no otorgan el car�cter de alumno."

    "Art�culo 94. La universidad conceder� inscripci�n como alumnos a quienes cumplieran todos los requisitos establecidos por las disposiciones acad�micas y administrativas. Los estudios cursados en las facultades, escuelas o unidades acad�micas multidisciplinarias de la universidad, dar�n preferencia para obtener inscripci�n en los ciclos o niveles seg�n establezca el reglamento de inscripciones."

    "Art�culo 95. Son derechos de los alumnos:

    "I.O. la calidad de alumnos universitarios.

    "II. La libertad de expresi�n, de reuni�n y de asociaci�n.

    "III. Elegir a sus representantes y en su caso, ejercer dichos cargos.

    "IV. Ejercer el derecho de petici�n en forma escrita y respetuosa ante el Consejo Directivo y dem�s �rganos de gobierno.

    "V. La revisi�n de los resultados de sus ex�menes conforme establezca el reglamento respectivo.

    "En los ex�menes a t�tulo de suficiencia, los consejos t�cnicos consultivos podr�n sustituir a los maestros de la asignatura, cuando existieran las causas justificadas que precise el mismo Reglamento de Ex�menes.

    "VI. Elegir libremente la forma de titulaci�n de entre las que existan en el reglamento de cada facultad, escuela o unidad acad�mica multidisciplinaria, de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos. Asimismo, podr�n ejercer el derecho de pasant�a hasta en tres materias, en los t�rminos que establezcan los acuerdo del Consejo Directivo.

    "VII. Los alumnos contar�n gratuitamente con los servicios asistenciales que ofrece el Centro de Salud Universitario.

    VIII. Los dem�s que les otorgue este estatuto, los reglamentos y los acuerdos del Consejo Directivo.

    Como se advierte, una vez que un gobernado cumple con los respectivos requisitos legales adquiere la condici�n de alumno, con lo que se incorpora en su esfera jur�dica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una espec�fica situaci�n jur�dica.

    Ahora bien, en relaci�n con esa espec�fica situaci�n jur�dica son m�ltiples y de diversa naturaleza los actos que pueden desarrollar los �rganos competentes de las universidades p�blicas, por lo que para determinar si el juicio de amparo procede en su contra, es necesario analizar en el caso concreto tanto el origen de la modificaci�n que sufra la referida situaci�n jur�dica, como la naturaleza de esa precisa transformaci�n jur�dica.

    En ese orden, el acto mediante el cual el �rgano competente de una universidad p�blica expulsa o materialmente por tiempo indefinido impide a un gobernado continuar disfrutando del c�mulo de derechos que le asist�an al ubicarse en la situaci�n jur�dica de alumno, se traduce en el ejercicio de una aut�ntica potestad administrativa, expresi�n de una relaci�n de supra a subordinaci�n, que tiene su origen en la ley y que, adem�s, implica el dictado de un acto unilateral que extingue ante s� la situaci�n jur�dica del gobernado que hab�a incorporado en su patrimonio los derechos y obligaciones correspondientes a un alumno universitario, sin necesidad de acudir ante la potestad jurisdiccional com�n para que v�lidamente surta efectos en el mundo jur�dico tal determinaci�n.

    En efecto, las resoluciones mediante las cuales una universidad p�blica desincorpora de la esfera jur�dica de un gobernado los diversos derechos que le correspond�an al adquirir la categor�a de alumno universitario, se sustentan en la atribuci�n que legalmente permite a dicho �rgano del Estado imponer tal sanci�n, directamente y de manera unilateral, extinguiendo ante s� la situaci�n jur�dica derivada del car�cter de alumno, sin necesidad de que las partes involucradas, el �rgano universitario decisor y el gobernado, requieran acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente surtan efectos las consecuencias jur�dicas impuestas por aqu�l sin el consenso de �ste. En relaci�n con el sustento legal de esta atribuci�n decisoria, destaca lo previsto en las siguientes normas jur�dicas:

    Estatuto de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico (aprobado por el Consejo Constituyente Universitario en su sesi�n del 9 de marzo de 1945).

    "Art�culo 87. Las sanciones que podr�n imponerse, en los casos que no tengan expresamente se�alada una pena, ser�n las siguientes:

    "...

    "II. A los alumnos:

    "a) A.�n;

    "b) Negaci�n de cr�ditos o cancelaci�n de los concedidos respecto al pago de cuotas;

    "c) S.�n o separaci�n de cargos o empleos que desempe�en;

    "d) S.�n hasta por un a�o en sus derechos escolares; o

    e) Expulsi�n definitiva de la facultad o escuela.

    Estatuto General de la Universidad Aut�noma de Nuevo Le�n, aprobado en la sesi�n del 8 de septiembre de 2000 por el Consejo Universitario.

    "Art�culo 155. Las sanciones que podr�n imponerse en los casos se�alados expresamente en el presente estatuto o en los dem�s reglamentos universitarios, previa garant�a de audiencia que se conceda al interesado o afectado, son las siguientes:

    "...

    "III. A los alumnos:

    "a) A.�n verbal o por escrito, por parte del director o de la junta directiva.

    "b) P�rdida del derecho para sustentar los ex�menes en los que se hubiere inscrito, de acuerdo con las normas establecidas.

    "c) S.�n acad�mica mayor a 15 d�as y hasta por un a�o dictada por el Consejo Universitario.

    "d) Sanciones econ�micas por incumplimiento de las normas espec�ficas establecidas en los reglamentos que entra�en un da�o al patrimonio universitario.

    "e) N.�n de los estudios cursados fraudulentamente y p�rdida del derecho para obtener la certificaci�n de los mismos.

    f) Expulsi�n de la universidad, acordada por el Consejo Universitario. ...

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Campeche (publicada en el Diario Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Campeche el 20 de junio de 1991).

    "Art�culo 107. Las sanciones que podr�n imponerse en los casos que no la tengan expresamente se�alada ser�n las siguientes:

    "...

    "II. A los alumnos:

    "a) A.�n en privado.

    "b) S.�n hasta por un a�o en sus derechos escolares, y

    "c) Expulsi�n definitiva de la universidad.

    La autoridad que tenga facultad para imponer una sanci�n, otorgar� siempre al acusado el derecho de ser o�do en su defensa.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Chiapas (publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas el 16 de agosto de 1989).

    "Art�culo 59. A los alumnos que alteren el orden o la disciplina en las escuelas de la universidad o en sus instalaciones, de acuerdo con el reglamento correspondiente, se les aplicar�n la siguientes medidas disciplinarias:

    "I. Si la falta cometida altera el orden o la disciplina en una sola escuela de la universidad, seg�n su gravedad, el alumno podr� ser amonestado o suspendido por un ciclo escolar, previa investigaci�n realizada por el consejo t�cnico de la escuela, a los reincidentes se les aplicar�n las sanciones de la fracci�n siguiente; y

    "II. Si la falta cometida altera el orden o la disciplina en dos o m�s escuelas de la universidad, seg�n su gravedad, el alumno ser� suspendido por un ciclo escolar o expulsado definitivamente, previa investigaci�n realizada por el consejo t�cnico de la escuela en que estudie o de la secretar�a acad�mica seg�n el caso."

    Art�culo 61. Las expulsiones ser�n aplicadas por el secretario acad�mico de la universidad.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Chihuahua (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Chihuahua el 30 de diciembre de 1986).

    "Art�culo 77. El universitario que incurra en responsabilidad ser� sancionado con:

    "I.A.�n;

    "II. S.�n;

    "III. D.�n; y

    "IV. Expulsi�n."

    Art�culo 78. La sanci�n ser� impuesta por la autoridad universitaria competente mediante un procedimiento en que se respete la garant�a de audiencia y de acuerdo a lo que establezca el reglamento respectivo.

    L.O.�nica de la Universidad Aut�noma de Guerrero (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Guerrero el 28 de agosto de 2001).

    "Art�culo 71. Las sanciones aplicables a quienes incurran en responsabilidad ser�n:

    "I. Apercibimiento;

    "II. A.�n;

    "III. S.�n temporal;

    "IV. D.�n;

    "V.I.�n en el cargo;

    "VI. Expulsi�n de la instituci�n; y

    VII. En su caso, interposici�n de denuncia o querella ante las autoridades competentes. ...

    L.O.�nica de la Universidad de Guadalajara (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Jalisco el 15 de enero de 1994).

    "Art�culo 89. Las sanciones aplicables con motivo de la comisi�n de las infracciones establecidas en la normatividad universitaria, son las siguientes:

    "I.A.�n;

    "II. Apercibimiento;

    "III. S.�n hasta por un a�o, seg�n el caso;

    "IV. Expulsi�n definitiva;

    "V. Separaci�n definitiva del cargo, e

    "VI. I.�n para desempe�ar otro tipo de empleo en la universidad.

    "Las sanciones que se impongan al personal al servicio dela universidad que consistan en suspensi�n en susderechos laborales, en ning�n caso y por ning�n motivo podr�n exceder del t�rmino de ocho d�as naturales. Si la conducta a sancionar exige mayor severidad se proceder� a rescindir la relaci�n laboral y en su caso, la inhabilitaci�n para desempe�ar otro empleo en la universidad.

    Las sanciones administrativas previstas en este art�culo, se aplicar�n en forma independiente de la responsabilidad penal en que pueda incurrir el infractor.

    L.O.�nica de la Universidad de Nayarit (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Nayarit el 20 de agosto de 1969).

    "Art�culo 81. A los responsables de infracciones a esta ley y su reglamento se les impondr�n las siguientes sanciones:

    "a) A.�n;

    "b) S.�n temporal;

    "c) Apercibimiento;

    "d) Expulsi�n; y,

    "e) D.�n."

    "Art�culo 82. Las sanciones se�aladas en el art�culo anterior, se aplicar�n al responsable por el �rgano expresamente facultado para ello y tomando en consideraci�n la gravedad de la falta, circunstancias de ejecuci�n y dem�s elementos que pudieran servir para normar el criterio del propio �rgano del conocimiento."

    Art�culo 87. El Consejo General Universitario conocer�, adem�s en segunda instancia, de los fallos que dicten en la materia del presente cap�tulo los consejos de facultad y de escuela y la comisi�n de responsabilidades, cuando dichas resoluciones sean recurridas oportunamente, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias respectivas.

    L.O.�nica de la Universidad de Sonora (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 1991).

    "Art�culo 66. Las sanciones aplicables a los alumnos ser�n las siguientes:

    "a) A.�n.

    "b) La suspensi�n hasta por un a�o de sus derechos escolares.

    "c) Expulsi�n definitiva de la universidad.

    "Cuando la conducta del infractor haya ocasionado da�os patrimoniales, adem�s de la sanci�n que se le aplique deber� reparar el da�o cometido.

    La autoridad competente de acuerdo con la gravedad de la falta y los antecedentes del alumno determinar� la sanci�n aplicable, entre las que enumera el presente art�culo.

    L.O.�nica de la Universidad Veracruzana (publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Veracruz el 25 de diciembre de 1993).

    "Art�culo 111. Las sanciones que podr�n imponerse, de acuerdo con los estatutos y reglamentos respectivos, ser�n las siguientes:

    "...

    "III. A los alumnos:

    "a) A.�n;

    "b) S.�n temporal hasta por seis meses en sus derechos escolares;

    "c) Expulsi�n de la entidad acad�mica a la que est�n adscritos;

    d) Expulsi�n definitiva de la Universidad Veracruzana. ?

    Por ende, es indudable que la atribuci�n que permite a las universidades p�blicas extinguir la situaci�n jur�dica en la que se ubican los gobernados al obtener la categor�a de alumnos universitarios constituye una potestad que tiene su origen en la ley, ya sea porque el respectivo congreso la confiere en un acto de esta naturaleza o porque la correspondiente universidad p�blica, con base en la respectiva cl�usula legal habilitante, dota a alguno de sus �rganos de esa facultad, distinci�n que resulta irrelevante para efectos de la procedencia del juicio de garant�as, pues con independencia de ella, lo cierto es que tal atribuci�n se encuentra contenida en una disposici�n de observancia general que integra el orden jur�dico nacional.

    Por otra parte, la unilateralidad de las determinaciones de las universidades p�blicas mediante las cuales expulsan a sus alumnos o producen efectos an�logos en su esfera jur�dica, se constata en la medida en que la extinci�n de la respectiva situaci�n jur�dica y la consecuente desincorporaci�n de los derechos que asisten a un alumno universitario, depende �nicamente de la voluntad de esos �rganos del Estado, siendo irrelevante el consenso del afectado; incluso, para que surta efectos en el mundo jur�dico la determinaci�n en comento no se requiere acudir a los tribunales ordinarios, pues sus consecuencias jur�dicas se concretar�n con la emisi�n de la misma.

    En abono a lo anterior, cabe se�alar que no obsta a la conclusi�n adoptada la circunstancia de que la unilateral determinaci�n sobre la expulsi�n de un alumno universitario pueda ser impugnada ante un �rgano de la propia universidad p�blica, pues con independencia de la denominaci�n que se d� a dicho �rgano, en algunos casos tribunal universitario, lo cierto es que pertenece al propio organismo paraestatal y que en todo caso ejerce funciones de revisor en la propia sede administrativa, con el fin de verificar la legalidad del acto impugnado; de ah� que, por la propia naturaleza de las funciones de este �rgano interno, para que surta efectos jur�dicos la respectiva expulsi�n, no es necesario que el �rgano decisor acuda ante el revisor en sede universitaria, pues en esa hip�tesis la atribuci�n de �ste no corresponde a la de un �rgano del Estado que resuelve conflictos derivados de una relaci�n de coordinaci�n, sino, precisamente, de supra a subordinaci�n.

    Es decir, aun cuando exista un �rgano universitario que est� facultado para revisar a instancia del afectado la determinaci�n adoptada unilateralmente, debe tomarse en cuenta que la resoluci�n definitiva tambi�n provendr� de la propia universidad p�blica, con independencia del consenso del gobernado, siendo la propia universidad la que finalmente extinga ante s� los derechos derivados de la situaci�n jur�dica en que se ubica un alumno universitario.

    En ese orden de ideas, debe concluirse que los actos mediante los cuales las universidades p�blicas expulsan a sus alumnos o desincorporan de la esfera jur�dica de �stos los derechos que les corresponden, constituyen actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en tanto que son emitidos por un �rgano del Estado, con base en una atribuci�n legal que coloca a dichas instituciones, respecto de sus alumnos, en una relaci�n de supra a subordinaci�n, en tanto que les permite unilateralmente extinguir la situaci�n jur�dica derivada del car�cter de alumno universitario, sin necesidad de acudir a un tribunal para que surtan efectos las consecuencias jur�dicas de tal determinaci�n.

    En consecuencia, el criterio que debe prevalecer se plasma en la siguiente tesis jurisprudencial, atento lo dispuesto en los art�culos 192, p�rrafo tercero y 197-A de la Ley de Amparo:

    UNIVERSIDADES P�BLICAS AUT�NOMAS. LA DETERMINACI�N MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JUR�DICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASIST�AN AL UBICARSE EN LA SITUACI�N JUR�DICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAV�S DEL JUICIO DE AMPARO.-Las universidades p�blicas aut�nomas son organismos descentralizados que forman parte de la administraci�n p�blica y, por ende, integran la entidad pol�tica a la que pertenecen, esto es, la Federaci�n o la correspondiente entidad federativa; adem�s, se encuentran dotadas legalmente de autonom�a, en t�rminos del art�culo 3o., fracci�n VIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que gozan de independencia para determinar por s� solas, supeditadas a los principios constitucionales que rigen la actuaci�n de cualquier �rgano del Estado, los t�rminos y condiciones en que desarrollar�n los servicios educativos que presten, los requisitos de ingreso, promoci�n y permanencia de su personal acad�mico y la forma en que administrar�n su patrimonio, destacando que en la ley en la que se les otorga la referida autonom�a, con el fin de que puedan ejercerla plenamente, se les habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general. En ese tenor, una vez que un gobernado cumple con los requisitos que le permiten adquirir la categor�a de alumno previstos en las respectivas disposiciones legislativas y administrativas, incorpora en su esfera jur�dica un conjunto espec�fico de derechos y obligaciones, por lo que la determinaci�n mediante la cual una universidad p�blica aut�noma lo expulsa, o por tiempo indefinido le impide continuar disfrutando de dicha situaci�n jur�dica, constituye un acto de autoridad impugnable a trav�s del juicio de amparo, ya que se traduce en el ejercicio de una potestad administrativa, expresi�n de una relaci�n de supra a subordinaci�n, que tiene su origen en una disposici�n integrada al orden jur�dico nacional y que implica un acto unilateral, lo cual hace innecesario acudir a los tribunales ordinarios para que surtan efectos las consecuencias jur�dicas impuestas por el �rgano decisor sin el consenso del afectado.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre las sustentadas por el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el entonces Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo en Materias Penal y Civil del propio Circuito.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con el car�cter de jurisprudencia, el criterio que en esta resoluci�n se sustenta.

N.�quese; rem�tase de inmediato al Semanario Judicial de la Federaci�n la tesis de jurisprudencia que se sustenta y h�gase del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos establecidos en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, y env�ese copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados contendientes; en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As�, lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.D.R., M.A.G.�itr�n, S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente J.V.A.A.�n. Fue ponente el cuarto de los Ministros antes mencionados.