Ejecutoria num. 1a./J. 49/2001 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26826776

Ejecutoria num. 1a./J. 49/2001 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 49/2001
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Septiembre de 2001
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y CUARTO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.CAPITULACIONES MATRIMONIALES. RÉGIMEN APLICABLE CUANDO HAY OMISIÓN DE FORMULARLAS (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000).SOCIEDAD CONYUGAL. A FALTA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES, COBRAN APLICACIÓN LOS PRINCIPIOS INHERENTES A LA SOCIEDAD DE GANANCIALES (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000).SOCIEDAD CONYUGAL. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN DE FORMULAR CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN ESE RÉGIMEN PATRIMONIAL (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 de MAYO DE 2000).SOCIEDAD CONYUGAL. LOS BIENES ADQUIRIDOS INDIVIDUALMENTE A TÍTULO ONEROSO POR CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES O A TÍTULO GRATUITO POR AMBOS, DURANTE EL MATRIMONIO CONTRAÍDO BAJO ESE RÉGIMEN, AUN CUANDO NO SE HAYAN FORMULADO CAPITULACIONES MATRIMONIALES, FORMAN PARTE DEL CAUDAL COMÚN (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000).CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 89/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS S�PTIMO Y CUARTO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo n�mero DC. 494/95, promovido por D.P.P.�o y Rosa Mar�a C.M.�nez, el nueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco, sustent� las siguientes consideraciones:

QUINTO. Son inatendibles los conceptos de violaci�n. Antes de entrar a su estudio, se estima pertinente resaltar los siguientes puntos: En los autos de la tercer�a excluyente de dominio qued� demostrado que: a) El trece de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, A.d.R.�o P. y D.P.P.�o, contrajeron matrimonio civil bajo el r�gimen de sociedad conyugal; b) El ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, A.d.R.�o P. y Rosa Mar�a C.P.�rez, contrajeron matrimonio civil bajo el r�gimen de sociedad conyugal; c) Mediante escritura seis mil seiscientos treinta y ocho de fecha cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, de la Notar�a P�blica N�mero Ciento Diecinueve del Distrito Federal, L.A. y A., ambos de apellidos del R�o P., adquirieron en copropiedad, pro indiviso y en partes iguales, de T.V.A.�a, por compraventa, la casa marcada con el n�mero treinta y ocho de la calle R.R. y el terreno sobre el cual est� construida, que es el lote veintis�is, de la colonia A.T. en Mixcoac, en esta ciudad, con superficie de trescientos dieciocho metros cuadrados, con las colindancias citadas en la escritura precitada. En efecto, conforme al segundo testimonio del instrumento notarial citado con antelaci�n, quienes adquirieron el inmueble controvertido fueron exclusivamente L.A. y A.d.R.�o P.. Esto es, de acuerdo con dicha documental p�blica, las personas mencionadas adquirieron s�lo para s�, pues no se aprecia que la adquisici�n la hubieran realizado en otros t�rminos, por ejemplo, por ellos y su respectiva esposa, o bien, con la calidad de administradores de su respectiva sociedad conyugal, etc�tera. No obstante lo anterior, las quejosas sostienen como punto central de su inconformidad, que en autos qued� demostrado que los referidos adquirentes est�n casados con ellas bajo el r�gimen de sociedad conyugal y que, por ello, les pertenece pro indiviso en un cincuenta por ciento el inmueble adquirido por aqu�llos. De esto se advierte, que por el simple hecho de que el r�gimen patrimonial del matrimonio es la sociedad conyugal, sin m�s se afirma que los bienes adquiridos por los esposos les pertenecen pro indiviso en cincuenta por ciento a las esposas. La afirmaci�n es infundada, porque al tenor de lo dispuesto por los art�culos 98, fracci�n V, 99, 178 y 103, fracci�n VII, del C�digo Civil para el Distrito Federal, la constituci�n y la regulaci�n de los reg�menes patrimoniales se rigen por las capitulaciones matrimoniales, en las cuales los c�nyuges pueden establecer los m�s diversos pactos. As�, en lo que respecta a los bienes futuros que se adquieran durante el matrimonio, el art�culo 189, fracci�n VIII, del ordenamiento citado, permite que los esposos puedan decidir, en primer lugar, respecto a las siguientes dos posibilidades: a) que los bienes pertenezcan a uno solo de los dos consortes, o b) que esos bienes pertenezcan a los dos esposos. En este �ltimo caso, los c�nyuges todav�a pueden pactar libremente la proporci�n en la cual los bienes pueden repartirse. En estas circunstancias, no se encuentra ninguna raz�n l�gica ni legal para aceptar lo expuesto en los conceptos de violaci�n, en el sentido de que por la sola circunstancia de que exista una sociedad conyugal, los bienes pertenecen pro indiviso en un cincuenta por ciento a ambos consortes. En segundo lugar, desde ahora debe resaltarse el dato important�simo que existe en el presente caso, consistente en que nadie ha sostenido ni demostrado que los c�nyuges hubieren celebrado capitulaciones matrimoniales. Tampoco nadie ha afirmado ni demostrado que, en capitulaciones matrimoniales, los c�nyuges hubieran pactado que los bienes que adquieran en el futuro durante el matrimonio, aunque uno solo de ellos fuera el adquirente, pertenecer�a pro indiviso a ambos esposos, en un cincuenta por ciento. En los conceptos de violaci�n no se advierte alg�n razonamiento a trav�s del cual se demuestre que, aun sin la existencia de capitulaciones matrimoniales y sin la existencia de un pacto expreso en ella, respecto a los bienes que los c�nyuges adquieran en el futuro pertenecer�an pro indiviso a ambos en un cincuenta por ciento. La demostraci�n de lo anterior era fundamental, porque si en los conceptos de violaci�n se concluye que D.P.P.�o y Rosa Mar�a C.M.�nez tienen un derecho pro indiviso en un cincuenta por ciento sobre el bien inmueble controvertido, ten�a que estar plenamente acreditada la fuente de donde proven�a tal derecho. En esta virtud, este tribunal estima que los conceptos de violaci�n son inatendibles tanto por las razones antes indicadas como por las que se expresar�n a continuaci�n. Por principio, cabe tener en cuenta que, en el presente caso, los demandados en el juicio natural A. y A., ambos del R�o P., contrajeron matrimonio con D.P.P.�o y Rosa Mar�a C.M.�nez, respectivamente, en las fechas precisadas en l�neas precedentes. No existe controversia con relaci�n a que en el rengl�n correspondiente de las actas de matrimonio, donde deb�a anotarse el r�gimen patrimonial bajo el cual los contendientes contraer�an nupcias, se asent� ?sociedad conyugal?. Adem�s, nadie ha afirmado y menos demostrado, que los referidos esposos hubieran celebrado capitulaciones matrimoniales con un determinado contenido. Conforme a lo anterior, cabe afirmar que es verdad que A. y A.d.R.�o P. se encuentran casados con D.P.P.�o y Rosa Mar�a C.M.�nez, respectivamente, bajo el r�gimen de sociedad conyugal; sin embargo, no est� demostrada la celebraci�n de capitulaciones matrimoniales en las que los esposos hubieran pactado que los bienes que uno de ellos adquiera en el futuro, podr�an ser repartidos entre ambos, en la proporci�n del cincuenta por ciento. La falta de demostraci�n de la celebraci�n de un convenio en tal sentido, por parte de los consortes, que conste en capitulaciones matrimoniales produce la inatendibilidad apuntada. Esto es as�, porque en lo que respecta espec�ficamente a la manera en que deber� regularse la sociedad conyugal y a la adquisici�n de bienes futuros de los consortes, el C�digo Civil para el Distrito Federal vigente prev�, que tanto en la constituci�n como en la regulaci�n de cualquiera de los reg�menes patrimoniales del matrimonio, los consortes deben celebrar capitulaciones matrimoniales. En estas condiciones, si no hay capitulaciones no hay base para considerar que el bien adquirido para s� por uno solo de los c�nyuges, le pertenezca tambi�n al otro consorte en un cincuenta por ciento, dado que no existe disposici�n alguna en tal sentido en el c�digo antes mencionado. En efecto, el ordenamiento legal antes precisado regula los reg�menes patrimoniales del matrimonio de manera distinta a las legislaciones que le precedieron, tales como la Ley sobre Relaciones Familiares de mil novecientos diecisiete y el C�digo Civil para el Distrito Federal y Territorio de Baja California de mil ochocientos ochenta y cuatro. Para mejor comprensi�n de estas diferencias, debe recordarse que en los art�culos 1832 y 1859 del C�digo Civil para el Distrito Federal vigente es posible inquirir que, por principio, hay libertad de formas en la expresi�n de los actos jur�dicos, salvo cuando la ley establece una forma determinada con relaci�n a un acto jur�dico en particular. De esta manera, el acto jur�dico puede ser expresado en la forma m�s libre, esto es, oralmente, por escrito p�blico o privado, mediante se�ales, o incluso por medio del silencio, de una abstenci�n o de un no hacer. La salvedad se presenta cuando la ley prev� un formalismo, es decir, cuando la ley determina cu�l es la forma en la que debe ser expresado el acto para que surta plenos efectos jur�dicos, de modo que si en la emisi�n del acto, la forma prevenida se inobserva, el acto no se tiene por emitido (inexistencia), o bien, queda invalidado (nulidad) o los efectos producidos se ven disminuidos (nulidad relativa), o bien, aun cuando surta efectos, se impone una pena al emitente del acto, independientemente de la validez de �ste, por ejemplo, una multa. De acuerdo a lo anterior, existen casos en los cuales, ante el no hacer, la abstenci�n o el silencio del sujeto de derecho, la ley le da efectos jur�dicos a esa actitud, porque si, por regla general, existe libertad de formas, el emitente del acto jur�dico puede adoptar cualquiera de las se�aladas para manifestar su voluntad, incluyendo el silencio o la pasividad. En materia contractual, la ley suple la abstenci�n o el silencio de las partes en lo que se refiere a requisitos esenciales del contrato o las consecuencias jur�dicas de su naturaleza ordinaria, seg�n lo dispuesto en el art�culo 1839 del C�digo Civil para el Distrito Federal. Sin embargo, no es v�lido invocar la suplencia de la ley, cuando �sta de manera expresa y terminante proscribe el silencio, la abstenci�n o el no hacer y, por el contrario, exige que la voluntad se manifieste de manera expresa. En este caso excepcional, previsto en la parte final del art�culo 1832 del C�digo Civil para el Distrito Federal, la �nica manera legal posible para que el acto jur�dico exista o surta efectos, es que se exteriorice del modo indicado en la ley, puesto que si en lugar de ello s�lo se da el silencio, la abstenci�n o el no hacer, no existir� base legal para que ese acto jur�dico pueda surtir efectos. En lo que respecta a los reg�menes patrimoniales del matrimonio, la diferencia m�s ostensible que se advierte entre el sistema del C�digo Civil para el Distrito Federal con respecto a las legislaciones que le precedieron consiste en que, por cuanto hace a la constituci�n y regulaci�n de la sociedad conyugal y de la separaci�n de bienes, los ordenamientos vigentes proscriben, por regla general, el silencio, el no hacer o la abstenci�n y establecer claramente la voluntad expresa de las personas como �nica forma para que esa voluntad admita sufrir efectos jur�dicos, a diferencia de lo que suced�a con la Ley sobre Relaciones Familiares y en el C�digo Civil para el Distrito y Territorio de Baja California de mil ochocientos ochenta y cuatro, los cuales, a la abstenci�n, al silencio o al no hacer de los c�nyuges, la ley atribu�a efectos jur�dicos a tales actitudes, que daban lugar a un ?r�gimen legal? del matrimonio, si los consortes no escog�an entre los reg�menes de sociedad conyugal y de separaci�n de bienes, o bien, si al escoger uno de �stos, por ejemplo, la sociedad conyugal, no pactaba capitulaciones matrimoniales para su regulaci�n, o bien, lo hac�an, pero defectuosamente. Por cuanto al C�digo Civil para el Distrito Federal y Territorio de Baja California, del contenido de sus art�culos 1965, 1967, 1968, 1969 y del 1997 al 2071, s� era posible desprender la existencia de un r�gimen legal, que operaba cuando los c�nyuges se absten�an de celebrar capitulaciones matrimoniales para regular un r�gimen de separaci�n de bienes o de sociedad conyugal voluntaria, o bien, cuando al adoptar este �ltimo, en el pacto correspondiente no quedaban previstas algunas situaciones que en la pr�ctica se pod�an presentar. Es decir, ante la falta de expresi�n de la voluntad de los consortes, la ley supl�a esa omisi�n y establec�a el r�gimen de sociedad conyugal, como r�gimen legal. En la Ley sobre Relaciones Familiares, de los art�culos 270 y 271 era posible desprender que, el r�gimen legal era el de separaci�n de bienes, ya que la primera de dichas disposiciones establec�a, a manera de regla general, que al celebrar el contrato de matrimonio, el hombre y la mujer conservaban la propiedad y administraci�n de los bienes que respectivamente les pertenec�an y que, por consiguiente, todos los frutos y accesiones no eran comunes, sino del dominio exclusivo de la persona a quien correspondieran. Conforme al segundo de los preceptos, eran tambi�n propios de cada uno de los c�nyuges, los salarios, sueldo, honorarios y ganancias obtenidos por un trabajo, el ejercicio de una profesi�n o de un comercio o industria. Los esposos estaban facultados para celebrar pactos para establecer una comunidad patrimonial; pero resultaba claro que en ausencia de esa clase de convenciones, la voluntad de las partes quedaba suplida por los citados preceptos. Como se ve, conforme a los ordenamientos mencionados, el efecto jur�dico que la ley daba al silencio de los consortes al r�gimen patrimonial del matrimonio, era la vigencia de un r�gimen supletorio de la voluntad expresa de los c�nyuges, que variaba seg�n los distintos ordenamientos, pero que por provenir de la ley, y no de la voluntad de los esposos se denominaba ?r�gimen legal? y que pod�a ser el de sociedad o el de separaci�n de bienes. En el C�digo Civil para el Distrito Federal existe una regulaci�n distinta, puesto que como antes se dijo, tal ordenamiento s� prev� un formalismo para que la voluntad de los consortes surta efectos. As�, para la constituci�n de cualquiera de los dos reg�menes patrimoniales del matrimonio previstos en la ley, la voluntad debe manifestarse de modo expreso y su regulaci�n debe hacerse a trav�s de capitulaciones matrimoniales, seg�n se advierte en los art�culos 98, fracci�n V, 99, 178, 179 y 103, fracci�n VII, del C�digo Civil para el Distrito Federal. El precepto citado en primer t�rmino, impone la obligaci�n a los contrayentes de presentar con la solicitud del matrimonio, el convenio en el que se ?expresar� con claridad si el matrimonio se contrae bajo el r�gimen de sociedad conyugal o bajo el r�gimen de separaci�n de bienes?. Lo anterior se encuentra apoyado con la segunda de las disposiciones invocadas al prevenir que, si los pretendientes, por falta de conocimiento, no puedan redactar el convenio a que se refiere el precepto antes citado, tendr� obligaci�n de redactarlo el J. del Registro Civil, con los datos que los mismos pretendientes le proporcionen. El art�culo 178 del ordenamiento citado establece que, el contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el r�gimen de sociedad conyugal o bajo el de separaci�n de bienes. El art�culo 179 del c�digo mencionado, precept�a que las capitulaciones son los pactos mediante los cuales, los consortes eligen la constituci�n de uno de los indicados tipos de r�gimen patrimonial, as� como la administraci�n de los bienes en cualquiera de los dos casos. Por �ltimo, el art�culo 103, fracci�n VII, del mismo c�digo, precisa que en el acto de matrimonio debe constar la manifestaci�n de los c�nyuges de que contraen matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal o de separaci�n de bienes. Como se ve, el C�digo Civil para el Distrito Federal tiene un sistema diferente a los ordenamientos de pasadas �pocas, pues mientras que en �stos, ante el silencio de los c�nyuges o ante el ?no hacer? de su parte, la ley supl�a tal omisi�n y produc�a el efecto de que en tal caso operara el ?r�gimen legal? del matrimonio, que seg�n las distintas legislaciones fue primero la ?sociedad legal? y despu�s la ?separaci�n de bienes?, en la actualidad ya no parten de la base de que pueda existir una conducta omisa de parte de los contrayentes del matrimonio o de los c�nyuges, en lo que respecta a la constituci�n y reglamentaci�n de alg�n r�gimen patrimonial, sino que la ley impone el formalismo de que la voluntad se manifiesta expresamente en capitulaciones matrimoniales, pues s�lo as� es como esa voluntad produce efectos jur�dicos. Esto se confirma con lo se�alado por I.G.�a T�llez, en su obra ?Motivos, C.�n y Concordancia del Nuevo C�digo Civil Mexicano?, Editorial Porr�a, S.A., Segunda edici�n 1965, p�gina cuarenta y siete, pues precisa que la Comisi�n Redactora del C�digo Civil de mil novecientos veintiocho, al concluir sus trabajos sobre la formaci�n del proyecto del nuevo C�digo Civil para el Distrito y Territorios Federales, al presentar su informe al secretario de G.�n, acerca de las principales reformas que conten�a dicho proyecto, expuso que ?Se oblig� a que al contraerse matrimonio forzosamente pactaran los c�nyuges acerca de si establec�an comunidad o separaci�n de bienes, procur�ndose por este medio garantizar debidamente los intereses de la esposa en el momento m�s propicio, cuando el hombre desea hacerla compa�era de su vida. De esta manera, se combaten prejuicios muy arraigados que impiden, por falsa verg�enza o mal entendida dignidad, tratar de asuntos pecuniarios cuando se funda una familia, que imperiosamente exige muchos y continuados gastos.?. En lo que respecta espec�ficamente a la sociedad conyugal y a la adquisici�n de bienes futuros de los consortes, cuestiones que tienen que ver con el problema planteado, el art�culo 189, fracci�n VIII, del C�digo Civil para el Distrito Federal establece como un punto esencial de esas capitulaciones la declaraci�n acerca de si los bienes futuros que adquieran los c�nyuges en el matrimonio pertenecer�n exclusivamente al adquirente o si deben repartirse entre ellos y en qu� proporci�n. Consecuentemente, conforme al sistema del C�digo Civil para el Distrito Federal vigente, en una sociedad conyugal, la �nica manera de determinar que el bien adquirido individualmente por uno de los c�nyuges debe repartirse entre ambos, en una determinada proporci�n, es a trav�s de lo que expresamente se hubiera establecido en las capitulaciones matrimoniales. Si no se cumpli� con ese formalismo, no hay base para considerar que de una adquisici�n hecha en lo individual por uno de los consortes para s�, ambos consortes tienen derecho de la propiedad sobre el bien adquirido en un cincuenta por ciento, puesto que como se ha visto con anterioridad, al silencio de los consortes en este punto, la ley no le atribuye alg�n efecto jur�dico. Adem�s, en las disposiciones que regulan los reg�menes patrimoniales del matrimonio y en las que reglamentan el contrato de sociedad, no hay alguna disposici�n que prevenga que lo que una persona adquiere en lo individual para s�, pertenecer� al fondo com�n de los consortes o, en su caso, a la sociedad. Al aplicar lo expuesto al presente caso, se encuentra que conforme al t�tulo de propiedad exhibido por las terceristas, hoy quejosas, la casa marcada con el n�mero treinta y ocho de la calle R.D. y el terreno sobre el cual est� construida, que es el lote veintis�is, de la colonia A.T., en Mixcoac, en M�xico, Distrito Federal, fue adquirida para s� por A. y A., ambos de apellidos del R�o P.. Por tanto, conforme a lo dispuesto por los art�culos 387, fracci�n I y 403 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, con esa probanza lo �nico que se demuestra es que los propietarios del bien inmueble controvertido son A. y A.d.R.�o P.. Sin embargo, se insiste, no est� acreditada la existencia de capitulaciones matrimoniales en las que los esposos hubieran pactado que los bienes que uno de ellos adquiera en el futuro podr�an ser repartidos entre ambos, en una proporci�n del cincuenta por ciento, seg�n lo sostienen las peticionarias en los conceptos de violaci�n. Por ello, lo �nico evidenciado es un silencio de los esposos respecto a la situaci�n de los bienes adquiridos por ellos en el futuro y a ese silencio, la ley no le otorga el efecto jur�dico se�alado por las peticionarias. En este orden de ideas, resultan inoperantes los argumentos consistentes en que la S. responsable no estudi� adecuadamente las pruebas aportadas al procedimiento de tercer�a excluyente de dominio, as� como losrelativos a que no se analizaron correctamente los agravios expresados a ese respecto en la alzada, puesto que aun cuando as� hubiera sucedido, no les irroga agravio alguno, ni obtendr�an la revocaci�n o modificaci�n de la sentencia reclamada, pues ya qued� asentado que, conforme al art�culo 179 del C�digo Civil para el Distrito Federal, las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separaci�n de bienes y reglamentar la administraci�n de �stos en uno y en otro caso; y aun al tenor del numeral 189, fracci�n VIII, del propio ordenamiento, las capitulaciones matrimoniales deben contener la declaraci�n acerca de si los bienes futuros que adquieran los c�nyuges durante el matrimonio pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben partirse entre ellos y en qu� proporci�n; y en la especie, no est� acreditada la existencia de capitulaciones matrimoniales en las que los esposos hubieran hecho la declaraci�n de m�rito. Entonces, analizadas las pruebas documentales aportadas por las quejosas a la tercer�a, se obtiene que con ellas exclusivamente se prueba que contrajeron matrimonio civil con A. y A.d.R.�o P., respectivamente, bajo el r�gimen de sociedad conyugal, en la fecha y en las condiciones ah� asentadas; con el segundo testimonio de la escritura p�blica n�mero seis mil seiscientos treinta y ocho, se demuestra lo ya razonado en otro apartado de esta ejecutoria; y con la confesi�n del ejecutante en el sentido de que a las terceristas les corresponde el cincuenta por ciento del inmueble embargado, por estar casadas con los ejecutados bajo el r�gimen de sociedad conyugal, no se demuestran los derechos alegados, en primer lugar, porque no se trata de una verdadera confesi�n, puesto que no contiene el reconocimiento de un hecho propio; y en segundo t�rmino, por sustentarse tambi�n en la premisa falsa de que basta con que el matrimonio civil sea celebrado bajo el r�gimen de sociedad conyugal para que los bienes adquiridos por uno de los consortes individualmente y para s�, corresponde en un cincuenta por ciento al otro c�nyuge, lo cual no es as�, pues es menester que los matrimonios multicitados hubieren celebrado capitulaciones matrimoniales, y que �stas contuvieran la declaraci�n de que los bienes futuros adquiridos por los c�nyuges durante el matrimonio pertenecen s�lo al adquirente, o si deben repartirse entre ellos y en qu� proporci�n; de ah� la inoperancia apuntada. Son inoperantes tambi�n los argumentos enderezados a demostrar la indebida aplicaci�n de la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro es: ?SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCI�N EN EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACI�N PARA HACER VALER TERCER�A EXCLUYENTE DE DOMINIO.?, porque aun cuando se estimara fundado, la posible concesi�n de la protecci�n constitucional no tendr�a ning�n efecto restitutorio, al quedar subsistente su parte resolutiva, por las consideraciones expuestas en esta ejecutoria en los precedentes p�rrafos. En consecuencia, al no demostrarse la ilegalidad atribuida a la sentencia reclamada, ni el tribunal advertir motivo alguno para suplir la queja, se debe negar la protecci�n constitucional.

CUARTO

El S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la revisi�n civil 1277/96, promovida por R.C.P., su sucesi�n, el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, sustent� las siguientes consideraciones:

CUARTO. Este tribunal considera esencialmente fundado el agravio formulado por la recurrente. A fin de respaldar lo anterior, es menester ante todo recordar que para decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, la J. Federal se�al� que la sucesi�n de la quejosa no acredit� tener inter�s jur�dico para promover el juicio de garant�as, puesto que no fue parte en el procedimiento de origen y lo ah� deducido s�lo afect� a F.D.P.�rez, parte demandada en el juicio del que se hacen derivar los actos reclamados. Para arribar a dicha conclusi�n, la J. de amparo consider� que F.D.P.�rez y R.C.P., contrajeron matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, pero no se demostr� que la sucesi�n a bienes de la segunda, sea propietaria del cincuenta por ciento del inmueble controvertido, ni mucho menos que el bien embargado y rematado en el procedimiento natural haya formado parte de la sociedad conyugal, toda vez que quien promovi� el amparo no afirm� ni demostr� que se hubieran celebrado capitulaciones matrimoniales, o que los c�nyuges hubieran pactado que los bienes que adquirieran en el futuro durante el matrimonio, aunque uno solo de ellos fuera el adquirente, pertenecieran a ambos, en cincuenta por ciento, no existiendo as� fundamento para sostener la existencia de la copropiedad o comunidad de bienes. Tambi�n sostuvo la juzgadora federal que el demandado en el juicio natural contrajo matrimonio con la autora de la sucesi�n quejosa el veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, bajo el r�gimen de sociedad conyugal y que por no haber capitulaciones matrimoniales donde quedara incluido el inmueble como bien com�n, no se puede tener por demostrada la existencia de los derechos que la solicitante de garant�as consider� afectados. En consecuencia, determin� en la sentencia sujeta a revisi�n que como no exist�a base para considerar si el bien embargado pertenece al fondo com�n de los consortes o en su caso a la sucesi�n, al no acreditarse la copropiedad del inmueble no se afect� el inter�s jur�dico de la sucesi�n quejosa. No estuvo en lo correcto la J. de Distrito, a prop�sito de lo cual es conveniente recordar que el art�culo 4o. de la Ley de A., establece que el juicio de garant�as s�lo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier acto que se reclame y, por su parte, la fracci�n V del art�culo 73 del propio ordenamiento, prev� la improcedencia del juicio constitucional cuando los actos reclamados no afecten los intereses jur�dicos del quejoso. Lo anterior pone de relieve que el inter�s jur�dico es la base primordial para la procedencia del juicio de amparo, pues el art�culo 4o. indicado, alude al perjuicio que un acto causa a una persona, lo que ocurre cuando se ocasiona una lesi�n a los intereses jur�dicos en la persona o en su patrimonio que es lo que da lugar a la acci�n constitucional. As�, como la tutela del derecho s�lo comprende a bienes jur�dicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el inter�s jur�dico debe acreditarse de manera fehaciente y no inferirse a base de presunciones, de modo que la naturaleza intr�nseca del acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectaci�n en la esfera normativa del particular. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en jurisprudencia visible en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V., Materia Com�n, Primera Parte, p�gina 241, ha establecido lo siguiente: ?PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los t�rminos de la ley civil, o sea, como la privaci�n de cualquier ganancia l�cita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sin�nimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona.?. De esta manera, el tribunal estima que el inter�s jur�dico a que se refiere la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de A., consiste en la titularidad que al quejoso corresponde respecto a los derechos o posesiones afectados por el acto reclamado. En consecuencia, si �ste le causa perjuicio a una persona f�sica o moral en su �mbito jur�dico, es indiscutible que lesiona directamente su inter�s, ya sea en su persona, o bien, en su patrimonio, siendo tal momento cuando nace en su favor la acci�n constitucional que habr� de hacer valer mediante el juicio de amparo correspondiente. Conforme con lo hasta aqu� dicho, resulta que el inter�s jur�dico de la sucesi�n de la quejosa deriva de la forma en que se celebr� el contrato matrimonial, y no como lo expres� la J. de Distrito, de una formalidad como lo es la existencia o no de las capitulaciones matrimoniales, cuenta habida que la ausencia de esta condici�n formal no puede traer consigo la inexistencia de los derechos de la sociedad conyugal sobre los bienes adquiridos por uno de los c�nyuges, pues al no percatarse ha de estarse al esp�ritu de la justicia y equidad que norman el r�gimen de la sociedad conyugal. A fin de respaldar lo expuesto, es pertinente transcribir el art�culo 184 del C�digo Civil para el Distrito Federal, que dice: ?La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante �l. Puede comprender no s�lo los bienes de que sean due�os los esposos al formarla, sino tambi�n los bienes futuros que adquieran los consortes.?. De la anterior transcripci�n se advierte que la constituci�n de la sociedad conyugal comienza o tiene su g�nesis al celebrarse el matrimonio, esto es, su nacimiento no est� sujeto a la formulaci�n de capitulaciones matrimoniales, sino �nica y exclusivamente a la voluntad de los consortes. Es por ello que el r�gimen de sociedad conyugal nace cuando as� lo pacten los contrayentes, lo que sucede en el acto de celebrarse el matrimonio, aunque se omitan las capitulaciones matrimoniales. De esta manera, se sigue que a pesar de que no se haya observado este formalismo jur�dico, existe y opera la sociedad conyugal, sin que sea �bice al efecto lo dispuesto por el art�culo 179 del C�digo Civil para el Distrito Federal, en el sentido siguiente: ?Art�culo 179. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separaci�n de bienes y reglamentar la administraci�n de �stos en uno y en otro caso.?. Tal normatividad ciertamente establece la naturaleza de las capitulaciones matrimoniales y su prop�sito, a saber, los pactos que los esposos celebran para constituir el patrimonio de la sociedad conyugal o el r�gimen de separaci�n de bienes; y en ambos casos, reglamentar la administraci�n de los bienes, de donde es posible deducir que la falta de capitulaciones matrimoniales no puede ser motivo para que se deje de cumplir la voluntad de las partes expresada al celebrar el matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, quienes por esa manifestaci�n de voluntad quedan obligadas a las consecuencias del pacto matrimonial y a las que sean conformes a la buena fe, a los principios generales de derecho, al uso o costumbre y a la ley. Lo mencionado pone de manifiesto que el inter�s jur�dico de aquel que celebra el contrato matrimonial deviene del r�gimen a trav�s del cual lo verific� y no del hecho de que se hayan o no celebrado capitulaciones matrimoniales, de aqu� que cuando se afectan los derechos de uno de los consortes o socios en un procedimiento, es claro que formando parte el otro c�nyuge de la sociedad, le asiste el inter�s en que no se menoscaben los derechos que como tal le corresponden, como sucede en el presente asunto, principio que se advierte de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, establecida al resolver la contradicci�n de tesis 38/92, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con residencia en Torre�n, Coahuila, publicada en la p�gina 247 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo IV, Tercera S., Primera Parte, que se�al�: ?SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCI�N EN EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACI�N PARA HACER VALER TERCER�A EXCLUYENTE DE DOMINIO. Tomando en cuenta la naturaleza jur�dica de la sociedad conyugal; que la disposici�n sustantiva aplicable se�ala que los c�nyuges tienen el dominio de los bienes de dicha sociedad y que cada uno en ejercicio del derecho real de que es titular, puede disponer de la parte al�cuota que le corresponde, siempre y cuando el otro c�nyuge otorgue su consentimiento; que el Registro P�blico de la Propiedad, por su propia naturaleza, s�lo tiene efectos declarativos y no constitutivos de derechos; y que la falta de inscripci�n registral de los bienes inmuebles de la sociedad conyugal, en los t�rminos de la disposici�n aplicable, s�lo produce como consecuencia que el derecho respectivo no pueda ser oponible frente a terceros titulares tambi�n de derechos reales, debe concluirse que la falta de inscripci�n registral de los bienes que constituyen la sociedad conyugal, adquiridos durante ella, no impide que exista legitimaci�n para hacer valer por el c�nyuge no demandado en un juicio ejecutivo mercantil, derivado del ejercicio de la acci�n cambiaria directa y como consecuencia de una obligaci�n quirografaria, la tercer�a excluyente de dominio respecto de la parte al�cuota que le corresponde del bien embargado, ya que el derecho real de que es titular le confiere esa calidad frente al derecho personal o de cr�dito que corresponde al embargante.?. As� las cosas, el tribunal arriba a la convicci�n de que la resolutora federal indebidamente tom� en consideraci�n, para afirmar que la sucesi�n recurrente no acredit� su inter�s leg�timo, por la falta de capitulaciones matrimoniales, cuando que, como se advierte de lo antes expuesto, al haberse afectado derechos de la sociedad conyugal estuvo, por ende, autorizada para promover el juicio de amparo indirecto con el car�cter de persona extra�a, al no haber sido o�da ni vencida en juicio ejecutivo mercantil seguido en contra del c�nyuge de la autora en sucesi�n, donde se embargaron bienes de la sociedad conyugal; en todo caso, cabe subrayar que si se cumpli� o no con el formalismo de establecer capitulaciones matrimoniales, ser�a un problema a dilucidar en el fondo del juicio constitucional, puesto que, si bien es verdad que de acuerdo con el art�culo 183 del C�digo Civil para el Distrito Federal, la sociedad conyugal se regir� por las capitulaciones matrimoniales que la constituyen y en lo que no estuviere expresamente estipulado por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, tambi�n lo es que el diverso art�culo 184, precisa que la sociedad conyugal, al celebrarse el matrimonio o durante �l, puede comprender no s�lo los bienes de que sean due�os los esposos al formarla sino tambi�n los bienes futuros que adquieran, a lo que debe sumarse la regla del art�culo 2688 del c�digo sustantivo, relativa a que por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realizaci�n de un fin com�n, de car�cter preponderantemente econ�mico, pero que no constituye una especulaci�n comercial, as� como lo se�alado por el diverso 2691, en el sentido de que la falta de forma escrita para el contrato de sociedad s�lo produce el efecto de que los socios puedan pedir, en cualquier tiempo, que se haga la liquidaci�n de la sociedad, pero mientras que esa liquidaci�n no se pida, el contrato produce todos sus efectos entre los socios, de todo lo cual se concluye que el inter�s jur�dico en la especie, deviene de la celebraci�n del contrato matrimonial bajo el r�gimen de sociedad conyugal y no de que se hayan o no formulado capitulaciones matrimoniales. En tal virtud, al no ser operante en el caso la causa de improcedencia en que la J. de amparo apoy� su determinaci�n, con fundamento en el art�culo 91, fracci�n III, de la Ley de A., deber� revocarse la sentencia recurrida y en consecuencia el tribunal ha de hacerse cargo de los conceptos de violaci�n. QUINTO. M.D.C. en su car�cter de albacea de la sucesi�n intestamentaria a bienes de R.C.P., como concepto de violaci�n adujo: (lo transcribe). Son esencialmente fundados los argumentos de que se trata y para constatarlo es conveniente se�alar, ante todo, que la sociedad conyugal es una comunidad de bienes, pero adem�s, que el art�culo 183 del C�digo Civil, expresamente remite al contrato de sociedad, cuando como en la especie, faltan las capitulaciones matrimoniales. Ahora bien, si de acuerdo con el art�culo 184 del referido ordenamiento, la sociedad conyugal nace cuando los c�nyuges expresan su voluntad de que el matrimonio se celebre bajo dicho r�gimen, en caso de que los consortes no formulen las capitulaciones matrimoniales a que se refiere el art�culo 179 del c�digo sustantivo, que las define como los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separaci�n de bienes y reglamentar la administraci�n de �stas, en uno u otro caso debe hacerse menci�n que el referido numeral no sujeta tal nacimiento de la sociedad conyugal a la formulaci�n de capitulaciones matrimoniales, sino �nica y exclusivamente a la voluntad de los consortes; por ello, cuando aqu�llas no se pactan en el momento de la celebraci�n del matrimonio, la sociedad conyugal opera en virtud de la voluntad externada por los consortes ante el J. del Registro Civil para constituir el r�gimen a trav�s del cual desean celebrar su contrato matrimonial. Es importante mencionar que la Ley sobre Relaciones Familiares estableci� un sistema completamente distinto al del anterior C�digo Civil, en cuanto al r�gimen del matrimonio. En efecto, el c�digo de 1884 tuvo como base el r�gimen de la sociedad legal, establecido tambi�n por las legislaciones anteriores; pero la Ley sobre Relaciones Familiares de 1917, al reglamentar el p�rrafo tercero del art�culo 130 constitucional, que determina que el matrimonio es un contrato civil, rompi� por completo el sistema antes establecido separando de manera absoluta los bienes de los consortes, bienes que, despu�s de esa ley, ya no pertenecen a sociedad legal alguna, sino en particular a cada uno de los esposos, que puedan disponer de ellos libremente. Bajo el r�gimen de la sociedad legal, la presunci�n muciana ten�a necesariamente que existir, puesto que la regla general aplicable, en materia de bienes, era la de que �stos pertenecen a esa sociedad, y constitu�a el caso de excepci�n, el hecho de que los bienes pudieran pertenecer a uno de los c�nyuges, con exclusi�n del otro, bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, la propiedad exclusiva de cada uno de los c�nyuges, con exclusi�n del otro, cambi� de manera absoluta la situaci�n jur�dica, pues bajo la vigencia de ese r�gimen, constituye la regla general el hecho de que los bienes no pertenecen en particular a cada uno de los c�nyuges, y la excepci�n constitu�a el hecho de que la propiedad fuera com�n; asimismo, de lo dispuesto por los art�culos 97, 98, fracci�n V, 183 y 189, fracciones V, VI, y VIII, 207, 208, 211 a 213 y 215, todos del C�digo Civil, los c�nyuges, como ya se dijo al celebrar el contrato matrimonial pueden hacerlo bajo el r�gimen de separaci�n de bienes o de sociedad conyugal, incluso bajo el r�gimen mixto puesto que, ni la separaci�n puede ser absoluta, ni la sociedad puede comprender todos los bienes de cada consorte y por ello, debe manifestarse de manera expresa y clara el r�gimen a trav�s del cual desean celebrar su contrato matrimonial y su silencio no da lugar a alg�n r�gimen en particular, como suced�a trat�ndose de legislaciones anteriores ya que a diferencia de �stas el c�digo que actualmente rige nada puede presumir respecto al r�gimen a trav�s del cual se opta para el matrimonio. La exposici�n de motivos del C�digo Civil para el Distrito Federal, se�ala que oblig� a quienes contraen matrimonio a que forzosamente expresaran si establec�an comunidad o separaci�n de bienes, procur�ndose por ese medio garantizar debidamente los intereses de la esposa en el momento m�s propicio, cuando el hombre decid�a hacerla compa�era de suvida. De esta manera, se combaten prejuicios muy arraigados que impiden, por falsa verg�enza o mal entendida dignidad, tratar de asuntos pecuniarios cuando se funda una familia y se oblig� que al contraerse matrimonio los c�nyuges pactaran expresamente acerca de si establec�an comunidad o separaci�n de bienes. Ya se ha mencionado que el c�digo de 1884 estableci� que cuando los esposos no celebraban ning�n convenio sobre sus bienes, por disposici�n de la ley quedaba establecida la sociedad legal y as�, como en la Ley sobre Relaciones Familiares se adopt� el sistema de separaci�n de bienes, cuando los esposos pactaban sobre ellos, en el proyecto del nuevo c�digo se ordena que los que pretendan contraer matrimonio pacten expresamente la comunidad o la separaci�n de bienes. La intenci�n es que nada se presuma en esta materia y que los c�nyuges arreglen lo relativo a sus bienes por convenios expresos. Asimismo, de los art�culos mencionados se concluye que las capitulaciones matrimoniales tienen la naturaleza de un contrato, pues constituyen convenios celebrados entre los c�nyuges para regular su situaci�n matrimonial y por ello para fijar su sentido y alcance, ha de estarse a las reglas generales de interpretaci�n que rigen para los contratos y que, entre otros, son los art�culos 1851 a 1855 del C�digo Civil. De entre �stos destaca el primero, en el que se sostiene que si los t�rminos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intenci�n de los contratantes, se estar� al sentido literal de sus cl�usulas y concaten�ndolo con el diverso 1796 del propio cuerpo legal, que determina que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley, y que desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que, seg�n su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley; puede colegirse que si expresamente qued� pactado al celebrarse el matrimonio que la voluntad de las partes era establecer una sociedad conyugal, debe tenerse ese consentimiento, ante la ausencia de forma o de capitulaciones matrimoniales, como una clara estipulaci�n de que los bienes que adquieran durante la vida matrimonial formar�a parte de esa sociedad que establecieron, y si existiere voluntad de alguno de ellos de determinar forma diversa a esa situaci�n, se estar� en aptitud de establecerse a trav�s de las capitulaciones matrimoniales. As�, aun cuando el art�culo 1796, que como se ha expresado, cobra aplicaci�n por remitirse a �l el diverso 183, lo cierto es que en casos como el presente, en que nada se dijo, o por lo menos nada se prob� respecto a la existencia de capitulaciones matrimoniales, por no estar regulada la situaci�n en norma alguna y, por ende, al no estar sancionada la omisi�n de la forma en el C�digo Civil, este cuerpo colegiado considera conveniente acudir a algunos criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido tocante a cuando se contrae matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal y no existen capitulaciones matrimoniales, publicados en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Sexta �poca, que respectivamente dicen: ?SOCIEDAD CONYUGAL, CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN CASO DE. De acuerdo con lo dispuesto por el C�digo Civil vigente, el matrimonio no puede subsistir, sin un r�gimen respecto a los bienes, sea de separaci�n o sociedad conyugal. Para ambas hip�tesis, seg�n lo previsto por el art�culo 179, se requieren capitulaciones matrimoniales; en consecuencia, de admitirse la tesis en el sentido de que a falta de capitulaciones no existe la sociedad conyugal sino el r�gimen de separaci�n de bienes, en igualdad de condiciones se deber�a concluir, que a falta de capitulaciones en caso de separaci�n de bienes, quedaba establecida la sociedad conyugal, soluci�n inaceptable, porque la falta de capitulaciones no puede conducir a que se pase de una hip�tesis a la contraria, lo que implicar�a, adem�s, contrariar la voluntad expresada por las partes, en el momento de celebrarse el matrimonio. A mayor abundamiento, por disposici�n de la ley, el contrato de matrimonio, exige la declaraci�n precisa del r�gimen sobre que va a constituirse, y si por cualquiera causa las capitulaciones resultan incompletas, cuando los contrayentes hayan manifestado su voluntad de establecer la sociedad conyugal, �sta, seg�n el art�culo 183 del C�digo Civil se regir�, en lo que no estuviere expresamente estipulado por las disposiciones relativas al contrato en sociedad. En tal virtud, la omisi�n no conduce sino a la aplicaci�n de las reglas que el c�digo estatuye respecto al contrato en sociedad, lo que explica que ya no corresponda a las partes determinar en otra forma, la disposici�n de los bienes, sino que debe estarse a lo previsto en el ordenamiento legal citado. Es m�s a�n, el legislador se inclina abiertamente hacia la sociedad conyugal, puesto que en el art�culo 208 autoriza la separaci�n parcial de los bienes, pero si �stos no se precisan en las capitulaciones de separaci�n, se previene que ser�n objeto de la sociedad conyugal, de modo que lo que no est� reservado a la pertenencia individual de cada c�nyuge, formar� parte de la comunidad de bienes, que es en rigor jur�dico la sociedad conyugal.? (Volumen XXV, p�gina 253). ?SOCIEDAD CONYUGAL, CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN CASO DE. Cuando no existen capitulaciones matrimoniales y los c�nyuges hayan expresado su voluntad en el acta de matrimonio de que ese fuera el r�gimen con relaci�n a los bienes en su matrimonio, se debe decir que esta comunidad por principios de equidad y justicia consecuentes con la situaci�n de mutua cooperaci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges les da derechos iguales sobre los bienes, de manera que como copart�cipes tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular.? (Volumen CXVI, p�gina 99). ?SOCIEDAD CONYUGAL, CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN CASO DE. Cuando los c�nyuges contraen matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal y adquieren bienes inmuebles a nombre propio los cuales por esta circunstancia se inscriben en el Registro P�blico de la Propiedad a nombre del c�nyuge adquirente, deben catalogarse en dos cap�tulos las soluciones de los problemas que surgen con respecto a dichos bienes: el de las relaciones de los c�nyuges entre s� y el de las relaciones de los c�nyuges con terceros. En cuanto al primer cap�tulo de las relaciones entre c�nyuges, debe entenderse que la sociedad conyugal producir� plenos efectos entre ellos, porque as� lo convinieron y, por tanto, los bienes pertenecen a ambos, existan o no capitulaciones matrimoniales y se encuentren o no inscritas �stas en el Registro P�blico de la Propiedad, correspondi�ndoles el porcentaje o proporci�n que se�alen dichas capitulaciones cuando las haya, o bien en un cincuenta por ciento en caso contrario. No es �bice para dejar de aplicar el r�gimen de sociedad conyugal a las relaciones entre los c�nyuges, el hecho de que no consten en escritura p�blica ni se hallen inscritas sus capitulaciones matrimoniales en el Registro P�blico de la Propiedad, porque seg�n lo ha sostenido reiteradamente esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, si bien el art�culo 185 del C�digo Civil del Distrito y Territorios Federales establece que dichas capitulaciones deben constar en escritura p�blica cuando los esposos pacten hacerse copart�cipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslaci�n sea v�lida, tal disposici�n debe entenderse limitada exclusivamente al caso de los bienes inmuebles adquiridos por los c�nyuges con anterioridad a la celebraci�n del matrimonio, ya que respecto de los bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado bajo el r�gimen de sociedad conyugal, la consignaci�n de las capitulaciones matrimoniales en documento privado basta para otorgarles eficacia plena respecto de los esposos, quienes quedan obligados no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino a todas las consecuencias que de acuerdo con la naturaleza del contrato sean conformes a la buena fe, al uso o a la ley.? (Volumen CXVI, p�gina 98). ?SOCIEDAD CONYUGAL. SU EXISTENCIA NO EST� CONDICIONADA A LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES. Demostrada la existencia del contrato de matrimonio, celebrado con el r�gimen de sociedad conyugal, debe establecerse que obliga a los contratantes, no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias, que seg�n su naturaleza son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Por tanto, la falta de capitulaciones matrimoniales no puede originar que no se cumpla la voluntad de las partes, ni se produzcan los efectos de la comunidad de bienes querida, ni tampoco puede determinar que se considere el matrimonio, como regido por la separaci�n de bienes, contraria al consentimiento de los c�nyuges. La sociedad conyugal, si bien tiene semejanza con el contrato de sociedad, no es id�ntica a �l, puesto que �sta tiene personalidad jur�dica propia, distinta de la de los socios, y persigue fines econ�micos, en cambio, aqu�lla, seg�n su naturaleza, no es sino una verdadera comunidad, de mera conservaci�n y aprovechamiento mutuo; una propia comunidad de intereses, que responde adecuadamente a los c�nyuges, que unen sus personas y sus intereses. Esta comunidad por principios de equidad y justicia, consecuentemente con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vincula a los c�nyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. Esto, claro es, siempre que no existan capitulaciones matrimoniales, pues de haberse celebrado, a ellas debe estarse y en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el art�culo 183 del C�digo Civil. Finalmente, en lo que concierne a la sociedad conyugal, lo que usualmente se pacta, es que comprender� los bienes muebles o inmuebles, y sus productos, que los consortes adquieren durante su vida matrimonial, incluyendo el producto de su trabajo y los frutos de los bienes privativos o peculiares de cada uno, ya adquiridos al celebrarse el matrimonio y ante la falta de capitulaciones, as� debe interpretarse que lo desearon por ser esto adem�s, lo m�s l�gico y conforme a su voluntad manifestada en el acto obligatorio de su patrimonio, con sociedad conyugal.? (Volumen XLVI, p�gina 148). Los criterios expuestos ponen de manifiesto que cuando no existen capitulaciones matrimoniales y los c�nyuges hayan expresado su voluntad de establecer la sociedad conyugal, puede estarse a las reglas que el C�digo Civil contempla respecto al contrato en sociedad, o bien, atento los principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua cooperaci�n y esfuerzos de los c�nyuges que les da derechos iguales sobre los bienes, que por lo mismo pertenecen a ambos en un cincuenta por ciento, podr� acudirse a las disposiciones aplicables sobre copropiedad. No podr�a ser otra la soluci�n al problema consistente en la falta de cumplimiento al deber formal de los c�nyuges de formular capitulaciones matrimoniales, pues asumir como postura la negaci�n de derechos de los consortes sobre bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal por no haber pactado aqu�llas, significar�a establecer una sanci�n por inobservar un formalismo que en forma alguna previene el C�digo Civil, de aqu� que no resulte correcto en esta clase de asuntos acudir tanto a lo que disponga la ley sustantiva en lo que ata�e al contrato de sociedad como a los principios de equidad y justicia que permean la copropiedad, y no a la aplicaci�n irrestricta de una consecuencia no contemplada en la norma sustantiva. Desde esta perspectiva, la sociedad conyugal produce plenos efectos entre los c�nyuges porque as� lo convinieron; por tanto, los bienes pertenecen a ambos, existan o no, o est�n o no inscritas en el Registro P�blico de la Propiedad las capitulaciones matrimoniales, en cuyo caso, el porcentaje o proporci�n ser� en un cincuenta por ciento, sin que sea obst�culo para dejar de aplicar el r�gimen de sociedad conyugal a las relaciones entre los c�nyuges, el hecho de que no consten en escritura p�blica ni est�n inscritas las capitulaciones matrimoniales, porque �stas deben constar en escritura p�blica cuando los esposos pacten hacerse copart�cipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslaci�n sea v�lida, pero tal disposici�n (185 del C�digo Civil), debe entenderse limitada s�lo al caso de los bienes inmuebles adquiridos por los c�nyuges con anterioridad al matrimonio, ya que los adquiridos durante �ste y que no se consignen en capitulaciones matrimoniales, deben entenderse como una comunidad que por principios de equidad y de justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua cooperaci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derechos iguales sobre los bienes, de manera que como copart�cipes tanto en los beneficios como en las cargas, ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad las aplicables para resolver las cuestiones que surjan al respecto, es decir, que ambos bienes pertenecen en una parte proporcional a quienes conforman dicha sociedad; por tanto, si como se ver� a continuaci�n, en el caso espec�fico est� demostrado que la sucesi�n quejosa contrajo matrimonio con la parte demandada en un procedimiento al que no fue llamada y que por virtud del mismo se afecta un bien inmueble que fue adquirido durante la vigencia de dicha sociedad, es indiscutible que debe ser o�da la parte afectada por su calidad de socia, lo cual conduce a conceder la protecci�n constitucional que se pide. En efecto, del escrito inicial de demanda se advierte que la sucesi�n quejosa compareci� a solicitar el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, ostent�ndose tercera extra�a al juicio ejecutivo mercantil n�mero 778/93, seguido por G.G.�a M. por conducto de sus endosatarios en procuraci�n G.C.Q. y F�lix F.G., contra F.D.P.�rez, aduciendo medularmente que los actos reclamados son violatorios de sus garant�as consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, porque sin haber sido o�da y vencida en juicio se le pretende privar del 50% de sus derechos de propiedad que tiene sobre el inmueble materia de la controversia, adquiridos por virtud de estar casada en sociedad conyugal con el demandado F.D.P.�rez. De las copias certificadas relativas al expediente 778/93, que remiti� el J.V.�simo Octavo de lo Civil, se�alado como autoridad responsable, se advierte que, efectivamente, la sucesi�n de R.C.P. no es parte en el procedimiento de origen, sino �nicamente G.G.�a M., por conducto de sus endosatarios en procuraci�n G.C.Q. y F�lix F.G., como parte actora, y F.D.P.�rez como demandado; que el primero demand� del segundo en la v�a ejecutiva mercantil el pago de treinta y cinco mil nuevos pesos por concepto de suerte principal, m�s los intereses moratorios; que en dicho juicio se dict� auto de mandamiento en forma y el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y tres se llev� a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en el cual se trab� formal embargo sobre el inmueble ubicado en la avenida Acueducto, n�mero ochocientos noventa y tres, colonia S.P.Z., lote ocho, manzana cuatro B, en la parte zona alta del pueblo de S.P.Z.; que el juicio se sigui� en rebeld�a y el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y tres, se dict� sentencia definitiva en la que se conden� al demandado al pago de lo reclamado y de no hacerlo se har�a trance y remate del inmueble embargado, resoluci�n que caus� ejecutoria al no haber sido recurrida. Tambi�n consta que en la fase de ejecuci�n de sentencia, el J. responsable emiti� sentencia interlocutoria en la que aprob� el remate del inmueble embargado, en favor de C.T.G.�lez. La sucesi�n quejosa, para acreditar que es titular del cincuenta por ciento de los derechos de propiedad sobre el inmueble controvertido, ofreci� las siguientes pruebas: A) Copia certificada de la diligencia de once de marzo de mil novecientos noventa y seis, levantada en los autos del juicio sucesorio intestamentario a bienes de R.C.P., radicado ante el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Federal bajo el n�mero de expediente A-1065/95, y B) Copia certificada del acta de matrimonio de F.D.P.�rez y R.C.P., expedida por el Registro Civil del Distrito Federal. Tales documentales demuestran que M.D.C., fue designada albacea de la sucesi�n intestamentaria a bienes de R.C.P., as� como que el veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, F.D.P.�rez y R.C.P., contrajeron matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal. Por tanto, si la quejosa acredit� haber estado unida en matrimonio con el demandado en el juicio de origen bajo el r�gimen de sociedad conyugal, la comunidad, por principios de equidad y justicia tiene derechos iguales sobre los bienes adquiridos, resultando as� incuestionable que les pertenecen a ambos por igual, de tal suerte que la autora de la sucesi�n es titular del cincuenta por ciento de los derechos de propiedad sobre el inmueble embargado, en consecuencia, debi� ser emplazada en el juicio origen del acto reclamado, ya que dada la naturaleza de la sociedad conyugal �sta no es sino una verdadera comunidad, de mera conservaci�n y aprovechamiento mutuo, es decir, una comunidad de intereses donde los c�nyuges unen su persona y sus intereses, lo que les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes son por mitad. En las relacionadas circunstancias, lo procedente es conceder a la sucesi�n quejosa el amparo y protecci�n de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efectos la sentencia dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil n�mero 778/93, seguido por G.G.�a M. por conducto de sus endosatarios en procuraci�n G.C.Q. y F�lix F.G., contra F.D.P.�rez, as� como la sentencia que aprob� el remate del inmueble embargado y todas sus consecuencias legales y ordene emplazar a juicio a la sucesi�n intestamentaria a bienes de R.C.P., a fin de que comparezca a deducir sus derechos; concesi�n que se hace extensiva a los actos de ejecuci�n atribuidos por no reclamarse por vicios propios en t�rminos de la jurisprudencia 295, visible en la p�gina 516 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte, S. y Tesis Comunes, que dice: ?AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garant�as la resoluci�n que ejecutan, igual declaraci�n debe hacerse respecto de los actos de ejecuci�n, si no se reclaman, especialmente, vicios de �sta.?. SEXTO. En virtud de que la concesi�n del amparo trae como consecuencia que se nulifique la sentencia dictada en el juicio natural as� como sus consecuencias, resulta innecesario el an�lisis de los restantes conceptos de violaci�n encaminados a atacar la diligencia de embargo, la sentencia definitiva y la resoluci�n que aprob� el remate del bien embargado, en t�rminos de la jurisprudencia 440, visible en la p�gina 775 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n1917-1988 en consulta, que dice: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los cap�tulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es in�til decidir sobre �stos.?. Por �ltimo, cabe se�alar que este Tribunal Colegiado, por las razones expuestas con anterioridad, no comparte el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado de este propio Primer Circuito en Materia Civil, externado al resolver el amparo directo n�mero 494/95, quejosas D.P.P.�o y otra, el nueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en cuya ejecutoria se determina que por la sola circunstancia de que exista una sociedad conyugal no se encuentra raz�n l�gica ni legal para aceptar que los bienes pertenecen pro indiviso en un cincuenta por ciento a ambos consortes. En esa virtud, con fundamento en el art�culo 197-A de la Ley de A., debe denunciarse la contradicci�n de tesis por conducto del presidente de este Tribunal Colegiado.

QUINTO

En principio, debe se�alarse que es procedente que esta Primera S. realice el estudio de la presente denuncia de contradicci�n de tesis y pronuncie la resoluci�n correspondiente, aun cuando de autos no conste la opini�n del procurador general de la Rep�blica, pues ante la omisi�n de dicho funcionario debe entenderse que no estim� pertinente intervenir en la presente contradicci�n, facultad que le confiere el art�culo 197-A, p�rrafo primero, de la Ley de A..

Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis jurisprudencial emitida por la otrora Tercera S., que esta Primera S. hace suya, cuyos datos de identificaci�n y texto son los siguientes:

"Octava �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: 56, agosto de 1992

"Tesis: 3a./J. 13/92

"P�gina: 24

"CONTRADICCI�N DE TESIS. LA ABSTENCI�N DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REP�BLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIM� PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA. En el art�culo 197-A, primer p�rrafo, de la Ley de A. concede una facultad potestativa al procurador general de la Rep�blica para que, por s� o por conducto del agente del Ministerio P�blico Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta d�as en relaci�n con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor p�blico se abstiene de formular su parecer en el t�rmino de referencia debe interpretarse que no estim� pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resoluci�n que corresponda sin la opini�n de m�rito.

"Contradicci�n de tesis 19/90. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 5 de noviembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: J.A.L.D.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Ma. Estela F.M.G.P..

"Contradicci�n de tesis 35/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de febrero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: S.H.C.G.�rrez. Secretario: M.M.V.�a.

"Contradicci�n de tesis 30/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: S.H.C.G.�rrez. Secretario: F.C.R.�rez.

"Contradicci�n de tesis 11/90. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Cinco votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Mar�a E.F.M.G.P..

"Contradicci�n de tesis 14/91. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Mayor�a de cuatro votos. V.� en contra el Ministro I.M.C. y M.G.�rrez. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Mar�a E.F.M.G.P..

"Tesis de jurisprudencia 13/92. Aprobada por la Tercera S. de este Alto Tribunal en sesi�n privada celebrada el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y dos. Cinco votos de los se�ores Ministros: presidente J.T.L.C.�rdenas, M.A.G.�itr�n, S.H.C.G.�rrez, I.M.C. y M.G.�rrez y M.M.G.�a.

Nota: Esta tesis tambi�n aparece en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V., Materia Com�n, Primera Parte, tesis 183, p�gina 124.

SEXTO

Por cuesti�n de orden, conviene determinar previamente si existe contradicci�n de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y S�ptimo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver, el primero, el juicio de amparo directo 494/95, y el segundo, el amparo en revisi�n 1277/96, ya que s�lo en tal supuesto es dable determinar cu�l criterio es el que debe prevalecer.

Esta S. ha sostenido que para que exista materia a fin de dilucidar qu� criterio debe subsistir, es necesario, cuando menos formalmente, una oposici�n de criterios en los que se controvierta la misma cuesti�n; esto es, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

En otros t�rminos, se da la contradicci�n cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la otrora Cuarta S., que esta Primera S. hace suya y la tesis aislada emitida por el Tribunal Pleno, que a continuaci�n se transcriben:

"Octava �poca

"Instancia: Cuarta S.

"Fuente: Ap�ndice de 1995

"Tomo: VI, Parte SCJN

"Tesis: 178

"P�gina: 120

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Octava �poca:

"Contradicci�n de tesis 76/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del D�cimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos.

"Contradicci�n de tesis 30/91. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos.

"Contradicci�n de tesis 33/91. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y actualmente Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos.

"Contradicci�n de tesis 71/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del D�cimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos.

"Contradicci�n de tesis 15/91. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del S�ptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos.

"Nota: C.S., tesis 4a./J. 22/92, Gaceta N�mero 58, p�g. 22; v�ase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo X-Octubre, p�g. 152."

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: II, agosto de 1995

"Tesis: P. LIII/95

"P�gina: 69

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de A., establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado, por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, y datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo, ni menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de A., porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

"Contradicci�n de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y S�ptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de junio de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: J.D.G.�n G.�lez.

El Tribunal Pleno en su sesi�n privada celebrada el diecis�is de agosto en curso, por unanimidad de diez votos de los se�ores Ministros presidente J.V.A.A.�n, S.S.A.A., M.A.G.�itr�n, J.D.R., G.D.G.�ngora P., J.� de Jes�s G.�o P., G.I.O.M., H.R.P., O.M.�a S�nchez C. y J.N.S.M.; aprob�, con el n�mero LIII/95 (9a.) la tesis que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis de jurisprudencia. M�xico, Distrito Federal, a diecis�is de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

En la especie, el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene que: en relaci�n con los bienes que cualesquiera de los c�nyuges adquieran durante el matrimonio, cuando no existan capitulaciones matrimoniales y los consortes hayan expresado su voluntad de establecer la sociedad conyugal, puede estarse a las reglas que el C�digo Civil contempla respecto del contrato de sociedad, o bien, atento los principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua cooperaci�n y esfuerzos de los c�nyuges que les da derechos iguales sobre los bienes, que por lo mismo pertenecen a ambos en un cincuenta por ciento, podr� acudirse a las disposiciones aplicables sobre copropiedad, ya que una soluci�n contraria significar�a establecer una sanci�n por inobservar un formalismo que en forma alguna previene el C�digo Civil.

En cambio, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene en esencia que si el matrimonio se celebra bajo el r�gimen de sociedad conyugal, pero no hay capitulaciones matrimoniales, no existe base para considerar que el bien adquirido para s� por uno solo de los c�nyuges le pertenezca tambi�n al otro consorte en un cincuenta por ciento, dado que no existe disposici�n alguna en tal sentido en el C�digo Civil para el Distrito Federal, ya que la �nica manera de determinar que el bien adquirido individualmente por uno de los c�nyuges debe repartirse entre ambos, en una determinada proporci�n, es a trav�s de lo que expresamente se hubiera establecido en las capitulaciones matrimoniales, de acuerdo con lo previsto por el art�culo 189, fracci�n VIII, del C�digo Civil.

Conforme con lo expuesto, existe oposici�n entre los criterios sustentados por el S�ptimo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver, respectivamente, el amparo en revisi�n 1277/96 y el amparo directo 494/95, puesto que ambos analizan un punto com�n, consistente en si deben o no considerarse incluidos en la sociedad conyugal los bienes adquiridos por uno solo de los c�nyuges, cuando no existen capitulaciones matrimoniales; y adoptan dichos tribunales criterios discrepantes en las consideraciones jur�dicas de las sentencias respectivas. De ah� que un tribunal afirme lo que el otro niega, por lo que cabe concluir que s� existe contradicci�n de tesis.

Cabe se�alar que el C�digo Civil para el Distrito Federal, en que se apoyaron los tribunales contendientes para emitir sus resoluciones, fue reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del veinticinco de mayo de dos mil.

La nueva legislaci�n reform�, derog� y adicion� diversos numerales del anterior c�digo, entre ellos, varios que regulaban lo relativo al matrimonio con relaci�n a los bienes y sus reg�menes patrimoniales de sociedad conyugal y separaci�n de bienes, y soluciona el problema jur�dico que se plantea.

No obstante lo anterior, es necesario resolver la presente contradicci�n de tesis y definir mediante jurisprudencia, el criterio que debe prevalecer, en atenci�n a lo siguiente:

  1. Porque es evidente, que se encuentran pendientes asuntos que, regulados por la legislaci�n anterior, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicci�n.

  2. Porque la reciente reforma, al ser de car�cter sustantiva, no tiene efectos retroactivos y, como consecuencia, debe quedar precisado a qui�n le pertenecen los bienes adquiridos durante el matrimonio, cuando los c�nyuges contrajeron matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, sin que hubieran formulado las capitulaciones correspondientes y bajo la tutela de la anterior legislaci�n.

Es aplicable al caso, por analog�a, la tesis de la anterior Tercera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que esta Primera S. comparte, cuyo texto se�ala:

"Octava �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988

"P�gina: 284

"CONTRADICCI�N DE TESIS. DETERMINACI�N DEL CRITERIO QUE DEBE PREVALECER, AUNQUE SE REFIERA A PRECEPTOS PROCESALES CIVILES DEROGADOS. Es procedente resolver la denuncia de contradicci�n de tesis propuesta, respecto de tesis en pugna que se refieran a preceptos procesales civiles de una entidad federativa que ya se encuentren derogados, pues aun cuando el sentido �nico de la resoluci�n que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones concretas de los asuntos en los que se sustentaron las tesis opuestas conforme a lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 197-A de la Ley de A., la definici�n del criterio jurisprudencial es indispensable, por una parte, porque es factible que no obstante tratarse de preceptos procesales civiles locales derogados, pudieran encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por dichos preceptos, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicci�n y, por otra parte, porque trat�ndose de un criterio general sobre legislaci�n procesal civil, el mismo tambi�n ser�a aplicable a preceptos de c�digos procesales de otras entidades federativas que coincidieran con los preceptos que fueron derogados.

"Contradicci�n de tesis 2/84. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 25 de febrero de 1988. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: E.D.�az Infante. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: L.F.M.G.P..

"Nota: En el Informe de 1988, la tesis aparece bajo el rubro ?CONTRADICCI�N DE TESIS. DEBE DETERMINARSE EL CRITERIO QUE DEBE PREVALECER, AUNQUE �STA SE REFIERA A PRECEPTOS PROCESALES CIVILES DEROGADOS.?."

S�PTIMO

Precisado el punto de contradicci�n, es de se�alarse que debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, atento las razones que a continuaci�n se expresan:

En relaci�n con el t�pico objeto de la contradicci�n, existen posturas encontradas, no s�lo entre los tribunales mencionados, sino incluso, entre criterios emitidos por esta Suprema Corte de Justicia, y aun entre la doctrina nacional.

Para encontrar la raz�n de esa confusi�n, se hace necesario un examen hist�rico de las legislaciones que precedieron e influyeron en la legislaci�n que estuvo vigente hasta mayo de dos mil, de las normas que reg�an la materia, de la naturaleza de las capitulaciones matrimoniales, de las de la sociedad conyugal.

Tal an�lisis, no obstante, quedar�a incompleto si no se realiza frente a la tradici�n social y familiar, puesto que s�lo de ese modo nos permitir� determinar tanto la intenci�n del legislador, como de los consortes al capitular, cuando celebraban matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, teniendo siempre presente que el r�gimen patrimonial del matrimonio se inspira en el inter�s de la familia y en la igualdad jur�dica de los consortes.

En efecto, la ayuda mutua que los c�nyuges se deben, est� impl�cita en la obligaci�n que ellos tienen de proporcionarse alimentos.

De all� que sea de esencia de los reg�menes patrimoniales, el ser parte integrante de la relaci�n que le da vida, cuya finalidad es la atenci�n de las cargas matrimoniales desde el punto de vista econ�mico. Por ello, el inter�s de la familia subyace a todo r�gimen patrimonial.

Entrando en materia, el art�culo 178 del C�digo Civil vigente en la �poca en que se suscit� la presente contradicci�n, establec�a que el contrato de matrimonio deb�a celebrarse bajo el r�gimen de sociedad conyugal o bajo el de separaci�n de bienes.

A trav�s de este precepto se definen los reg�menes patrimoniales a que puede quedar sujeto el matrimonio. �stos pueden ser dos: la sociedad conyugal y la separaci�n de bienes; asimismo pueden coexistir ambos reg�menes.

El primero de estos reg�menes est� formado por una comunidad de bienes entre los c�nyuges integrada por la aportaci�n de cada uno de ellos al momento de la constituci�n de la sociedad (a trav�s de las capitulaciones matrimoniales), de todo o parte de los bienes que le pertenecen, y de los que se adquieran por cualquier t�tulo mientras dure tal r�gimen o s�lo de los primeros o bien de los futuros, incluyendo o no las deudas que se contraigan. Los consortes son copart�cipes por igual del logro o goce de los bienes comunes que gravitan sobre la sociedad conyugal.

El r�gimen de separaci�n de bienes es aquel en que ambos c�nyuges conservan la propiedad de sus bienes, la titularidad de los derechos sobre ellos, la responsabilidad personal por las obligaciones que contrajeron cada uno, los patrimonios de ambos y cada uno de los c�nyuges quedan perfectamente diferenciados.

Por otra parte, el art�culo 179 del mismo c�digo dispon�a que: "Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal ola separaci�n de bienes y reglamentar la administraci�n de �stos en uno y otro caso.".

En las capitulaciones matrimoniales los c�nyuges fijan las reglas a las que se sujetar�n sus relaciones patrimoniales. De ah� que el legislador establezca un doble objeto de estos pactos: la constituci�n del r�gimen de bienes a que estar� sujeto el matrimonio y la administraci�n de los mismos.

Como se ver�, el tratamiento legal a esta materia no ha sido uniforme, ni en el tiempo, ni en el espacio. Tal disparidad de trato obedece al papel que a la familia y, especialmente a la mujer, se le ha dado temporal y espacialmente.

Precisado lo anterior, y a fin de entender las razones legislativas del texto que estuvo vigente hasta el treinta y uno de mayo de dos mil, hemos de remontarnos al C�digo Civil Federal de 1870, que regul� como reg�menes matrimoniales a la sociedad legal, la conyugal y la separaci�n de bienes.

En dicho ordenamiento se establec�a que el contrato de matrimonio pod�a celebrarse bajo el r�gimen de sociedad conyugal o bajo el de separaci�n de bienes. Aqu�lla podr�a ser voluntaria o legal. La sociedad voluntaria se reg�a por las capitulaciones que la constituyeran; la sociedad nac�a desde el momento en que se celebrara el matrimonio; la sociedad legal, en cambio, se regulaba de manera supletoria por las reglas de la sociedad com�n. A falta de capitulaciones expresas, se entend�a que el matrimonio se celebraba bajo el r�gimen de sociedad legal. En efecto, los art�culos 2099, 2101, 2102, 2103, 2104, 2109 y 2130 del referido c�digo, a la letra dispon�an:

"Art�culo 2099. El contrato de matrimonio puede celebrarse bajo el r�gimen de sociedad conyugal o bajo el de separaci�n de bienes."

"Art�culo 2101. La sociedad conyugal puede ser voluntaria o legal."

"Art�culo 2102. La sociedad voluntaria se regir� estrictamente por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan: todo lo que no estuviere expresado en ellas de un modo terminante, se regir� por los preceptos contenidos en los cap�tulos 4o., 5o. y 6o. de este t�tulo, que arreglan la sociedad legal."

"Art�culo 2103. La sociedad voluntaria y la legal se regir�n por las disposiciones relativas a la sociedad com�n en todo lo que no estuviere comprendido en este t�tulo."

"Art�culo 2104. La sociedad conyugal, ya sea voluntaria, ya sea legal, nace desde el momento en que se celebra el matrimonio."

"Art�culo 2109. El marido es el leg�timo administrador de la sociedad conyugal, mientras no haya convenio o sentencia que establezca lo contrario."

Art�culo 2130. A falta de capitulaciones expresas, se entiende celebrado el matrimonio bajo la condici�n de sociedad legal.

Las capitulaciones matrimoniales eran definidas por el citado c�digo, como los pactos que los esposos celebraban para constituir, ya sociedad voluntaria, ya separaci�n de bienes, y para administrar �stos en uno y otro caso (art�culo 2112).

Pero en relaci�n con la sociedad legal, se estatu�a que eran propios de cada c�nyuge los bienes de que era due�o al tiempo de celebrarse el matrimonio, y los que pose�a antes de �ste, aunque no fuera due�o de ellos, si los adquiriere por prescripci�n durante la sociedad (art�culo 2133). Se consideraban tambi�n propios los que durante la sociedad adquiriera cada c�nyuge por don de la fortuna, por donaci�n de cualquier especie, por herencia o por legado, constituidos a favor de uno solo de ellos (art�culo 2134).

Respecto de la administraci�n de la sociedad legal, se sentaba la regla de que el dominio y posesi�n de bienes comunes, resid�a en ambos c�nyuges mientras subsistiera la sociedad (art�culo 2156), regla la cual, desde ahora conviene adelantar, por referirse a la administraci�n, no puede servir de pauta para resolver el problema que se presenta.

Por lo que hace a la separaci�n de bienes, se determinaba que pod�a existir o en virtud de capitulaciones anterior al matrimonio o durante �ste, en atenci�n al convenio de los consortes o de sentencia judicial (art�culo 2205). Los c�nyuges conservaban la propiedad y la administraci�n de sus bienes muebles e inmuebles, y el goce de sus productos (art�culo 2208).

En el C�digo Civil de 1884, se reiter� el sistema adoptado en el de 1870, en el cual, seg�n se ha visto, se establec�a como r�gimen supletorio el de sociedad legal.

Los art�culos del c�digo de 1884, que regulaban lo relativo al tema que se trata, eran los siguientes:

"Art�culo 1978. Se llaman capitulaciones matrimoniales los pactos que los esposos celebran para constituir, ya sociedad voluntaria, ya separaci�n de bienes, y para administrar �stos en uno y en otro caso."

"Art�culo 1965. El contrato de matrimonio puede celebrarse bajo el r�gimen de sociedad conyugal o bajo el de separaci�n de bienes."

"Art�culo 1967. La sociedad conyugal puede ser voluntaria o legal."

"Art�culo 1968. La sociedad voluntaria se regir� estrictamente por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan: todo lo que no estuviere expresado en ellas de un modo terminante, se regir� por los preceptos contenidos en los cap�tulos IV, V y VI de este t�tulo, que arreglan la sociedad legal."

"Art�culo 1969. La sociedad voluntaria y la legal se regir�n por las disposiciones relativas a la sociedad com�n en todo lo que no estuviere comprendido en este t�tulo."

"Art�culo 1970. La sociedad conyugal, ya sea voluntaria, ya sea legal, nace desde el momento en que se celebra el matrimonio."

"Art�culo 1975. El marido es el leg�timo administrador de la sociedad conyugal. La mujer s�lo administrar� cuando haya convenio o sentencia que as� lo establezca, en caso de ausencia o impedimento del marido, o cuando �ste haya abandonado injustificadamente el domicilio conyugal."

"Art�culo 1996. A falta de capitulaciones expresas, se entiende celebrado el matrimonio bajo la condici�n de sociedad legal."

Sin embargo, la Ley sobre Relaciones Familiares, de doce de abril de mil novecientos diecisiete, derog� el C�digo Civil de 1884, y estableci� como nuevo r�gimen legal supletorio, el de separaci�n de bienes.

Efectivamente, en el art�culo 270 de dicho cuerpo legal, se preven�a que el hombre y la mujer, al celebrar el contrato de matrimonio, conservar�an la propiedad y administraci�n de bienes que respectivamente les pertenecieran y, por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no ser�an comunes, sino del dominio exclusivo de la persona a quien aqu�llos correspondiera. A su vez, el art�culo 272 establec�a que el hombre y la mujer, antes o despu�s de contraer matrimonio, pod�an convenir en que los productos de todos los bienes que poseyeran o de alguno o algunos de ellos, especific�ndolos en todo caso, fueran comunes; en este supuesto, fijar�an de una manera clara y precisa la fecha en que habr�a de hacerse la liquidaci�n y presentar las cuentas correspondientes.

De lo hasta aqu� expuesto, se tienen las siguientes conclusiones:

  1. En los c�digos de 1870 y 1884 se establec�a, en primer t�rmino, un sistema legal alternativo; se dejaba a elecci�n de los c�nyuges decidir entre la separaci�n de bienes o la sociedad conyugal. A falta de esa elecci�n, se fij� como r�gimen legal supletorio, el de la denominada "sociedad legal", la cual se reglamentaba de forma detallada. As�, se enumeraban los bienes considerados como propios de los consortes y los que integraban el fondo. Del mismo modo, se regulaba la forma de administraci�n y se establec�an las bases para la liquidaci�n.

  2. Adoptando un sistema contrario, la Ley sobre Relaciones Familiares de 1917, fij� como r�gimen legal supletorio el de separaci�n de bienes.

Los ordenamientos legales mencionados constituyeron el punto de partida para que el legislador de 1928, estructurara los reg�menes econ�micos del matrimonio del C�digo Civil que estuvo vigente hasta el treinta y uno de mayo de dos mil. No obstante, a pesar que en dicha legislaci�n se pretendi� un cambio a los sistemas que le precedieron, se mantuvieron algunas reglas de �stos, lo cual ha dado lugar a una serie de opiniones doctrinales y jurisprudenciales contradictorias.

En efecto, en el c�digo de 1928 se preve�a un sistema legal alternativo en el que era indispensable la capitulaci�n expresa. As� se colige del art�culo 178, que dispon�a:

El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el r�gimen de sociedad conyugal o bajo el de separaci�n de bienes.

A su vez, el art�culo 179 prescrib�a:

Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separaci�n de bienes y reglamentar la administraci�n de �stos en uno y en otro caso.

Se deriva de lo anterior que en el C�digo Civil para el Distrito Federal vigente hasta mayo de dos mil, no exist�a un r�gimen supletorio, se requer�a necesariamente la elaboraci�n de capitulaciones matrimoniales.

La raz�n de ello se encuentra en la exposici�n de motivos del cuerpo de leyes en cita, en cuanto se�ala:

"... Se oblig� a que al contraer matrimonio forzosamente pactaran los c�nyuges acerca de si establec�an comunidad o separaci�n de bienes, procur�ndose por este medio garantizar debidamente los intereses de la esposa en el momento m�s propicio, cuando el hombre desea hacerla compa�era de su vida. De esta manera, se combaten perjuicios muy arraigados que impiden, por falsa verg�enza o mal entendida dignidad, tratar de asuntos pecuniarios cuando se funda una familia, que imperiosamente exige muchos y continuados gastos. ... 7o. Se oblig� que al contraerse matrimonio los c�nyuges pactaran expresamente acerca de si establec�an comunidad o separaci�n de bienes. El c�digo de 1884 establec�a que cuando los esposos no celebraran ning�n convenio sobre sus bienes, por disposici�n de la ley quedaba establecida la sociedad legal. En la Ley sobre Relaciones Familiares se adopt� el sistema de separaci�n de bienes, cuando los esposos nada pactaban sobre ellos. En el proyecto del nuevo c�digo se ordena que los que pretendan contraer matrimonio pacten expresamente la comunidad o la separaci�n de bienes. Nada debe presumirse en esta materia; los c�nyuges arreglar�n lo relativo a sus bienes por convenios expresos. ..."

De la anterior transcripci�n se deduce que la intenci�n del legislador no fue otra que la de abolir la Ley sobre Relaciones Familiares, en la parte econ�mica del matrimonio. �sta prohib�a absolutamente el r�gimen de sociedad o comunidad de bienes, como supletorio, con el fin de lograr la independencia de la esposa y su igualdad con el marido. Ese prop�sito, no obstante, tuvo que ceder a la realidad de la �poca a la cual no fue insensible el legislador de 1928, que observ� que, por tradici�n, la mujer se dedicaba a trabajos que no se traduc�an en dinero, lo que propiciaba que la esposa careciera de bienes, mientras que el marido se hac�a due�o de todos los frutos de un trabajo que s�lo pod�a obtener, dejando a la esposa al cuidado del hogar, la familia y de �l mismo.

Con el sistema del c�digo de 1928, se busc� impedir, para proteger a la mujer, que cuando los consortes no se�alaran bajo qu� r�gimen contra�an matrimonio "por falsa verg�enza o mal entendida dignidad", se tuviera como r�gimen supletorio el de separaci�n de bienes.

Surge, por tanto, la interrogante de qu� suced�a cuando a pesar de esa obligaci�n legal, no se hac�a la manifestaci�n a que se refer�a el art�culo 178, esto es, cuando no se celebraban o formulaban capitulaciones matrimoniales.

Al respecto, conviene tener en cuenta las reglas contenidas en los art�culos 97, 98, fracci�n V, 99, 103, 178 y 179 del C�digo Civil vigente hasta mayo de dos mil, que enseguida se transcriben:

"Art�culo 97. Las personas que pretendan contraer matrimonio presentar�n un escrito al J. del Registro Civil del domicilio de cualquiera de ellas, que exprese: ..."

"Art�culo 98. Al escrito a que se refiere el art�culo anterior, se acompa�ar�:

"...

"V. El convenio que los pretendientes deber�n celebrar con relaci�n a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresar� con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el r�gimen de sociedad conyugal o bajo el de separaci�n de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deber�n aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebraci�n del matrimonio. No puede dejarse de presentar este convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versar� sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendr� en cuenta lo que disponen los art�culos 189 y 211, y el J. del Registro Civil deber� tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado.

"Si de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 185 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura p�blica, se acompa�ar� un testimonio de esa escritura."

"Art�culo 99. En el caso de que los pretendientes, por falta de conocimientos, no puedan redactar el convenio a que se refiere la fracci�n V del art�culo anterior, tendr� obligaci�n de redactarlo el J. del Registro Civil, con los datos que los mismos pretendientes le suministren."

"Art�culo 178. El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el r�gimen de sociedad conyugal, o bajo el de separaci�n de bienes."

"Art�culo 179. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separaci�n de bienes y reglamentar la administraci�n de �stos en uno y en otro caso."

"Art�culo 103. Se levantar� luego el acta de matrimonio en la cual se har� constar:

"I. Los nombres, apellidos, edad, ocupaci�n, domicilio y lugar de nacimiento de los contrayentes;

"II. Si son mayores o menores de edad;

"III. Los nombres, apellidos, ocupaci�n y domicilio de los padres;

"IV. El consentimiento de �stos, de los abuelos o tutores, o de las autoridades que deban suplirlo;

"V. Que no hubo impedimento para el matrimonio o que �ste se dispens�;

"VI. La declaraci�n de los pretendientes de ser su voluntad unirse en matrimonio, y la de haber quedado unidos, que har� el J. en nombre de la ley y de la sociedad;

"VII. La manifestaci�n de los c�nyuges de que contraen matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal o de separaci�n de bienes;

"VIII. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, ocupaci�n y domicilio de los testigos, su declaraci�n sobre si son o no parientes de los contrayentes, y si lo son, en qu� grado y en qu� l�nea.

"IX. Que se cumplieron las formalidades exigidas por el art�culo anterior.

"El acta ser� firmada por el J. del Registro Civil, los contrayentes, los testigos, y las dem�s personas que hubieren intervenido si supieren y pudieren hacerlo.

En el acta se imprimir�n las huellas digitales de los contrayentes.

Las reglas que reg�an la materia impon�an distinguir, en lo que nos interesa, dos supuestos, a saber: a) cuando los c�nyuges guardaban absoluto silencio respecto de la forma de constituci�n del r�gimen, as� como sobre su reglamentaci�n; y, b) cuando establec�an como r�gimen el de sociedad conyugal, pero nada dec�an respecto de su regulaci�n, es decir, omit�an formular las capitulaciones matrimoniales.

En el primer caso, cuando los c�nyuges no manifestaban si el matrimonio lo celebraban bajo el r�gimen de sociedad conyugal, el de separaci�n de bienes o mixto, evidentemente cada consorte conservaba la propiedad y administraci�n de sus bienes, del mismo modo en que lo hac�an antes de que contrajeran nupcias, esto es, de hecho exist�a una separaci�n de bienes.

Supuesto distinto se daba cuando los esposos manifestaban su voluntad de celebrar el matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal; pero no se establec�an las condiciones de la misma, es decir, se omit�an formular las capitulaciones matrimoniales.

En esta hip�tesis no pod�a hablarse, como en la anterior, que hab�a un silencio absoluto de los c�nyuges respecto del r�gimen matrimonial que deseaban rigiera su matrimonio, pues hab�a manifestaci�n expresa en cuanto a la constituci�n del r�gimen, pero no en cuanto a su regulaci�n.

Ahora bien, la falta de capitulaci�n en cuanto a la regulaci�n del r�gimen constituido, no afectaba la existencia de la sociedad conyugal.

Al respecto, la anterior Tercera S. de este Alto Tribunal sustent� la jurisprudencia, cuyos datos de localizaci�n, texto y precedentes se transcriben a continuaci�n:

"Sexta �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Ap�ndice de 1995

"Tomo: IV, Parte SCJN

"Tesis: 370

"P�gina: 249

"SOCIEDAD CONYUGAL. SU EXISTENCIA NO EST� CONDICIONADA A LA CELEBRACI�N DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES. Para que exista la sociedad conyugal no es necesario que se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales, sino basta con la expresi�n de que el matrimonio se contrajo bajo el r�gimen de sociedad conyugal. La falta de capitulaciones matrimoniales no puede ser motivo para que se deje de cumplir la voluntad de las partes, ni para que se considere que el matrimonio deba regirse por las disposiciones relativas a la separaci�n de bienes, lo que ser�a contrario al consentimiento expresado por las partes, quienes quedan obligadas, no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que seg�n su naturaleza son conformes a la buena fe, al uso o a la ley.

"Sexta �poca:

"A. directo 1307/57. L.A. de Orbe. 7 de mayo de 1958. Mayor�a de cuatro votos.

"A. directo 4832/58. E.O.E.. 23 de julio de 1959. Mayor�a de cuatro votos.

"A. directo 7145/58. E.L.S.�nchez. 23 de octubre de 1959. Unanimidad de cuatro votos.

"A. directo 4689/59. H.M.�nez vda. de C.. 12 de abril de 1961. Mayor�a de cuatro votos.

A. directo 3668/60. M.M.J.�nez de Tepepa. 26 de abril de 1962. Unanimidad de cuatro votos.

Aun cuando ya se ha dejado anotado que la constituci�n del r�gimen de sociedad conyugal importaba, al menos en parte, el establecimiento de capitulaciones matrimoniales, esta S. comparte en lo esencial el criterio jurisprudencial transcrito, en cuanto sostiene que para que exista la sociedad conyugal basta con la expresi�n de que el matrimonio se contrajo bajo ese r�gimen; de ah� que no pueda sostenerse que en ese supuesto el matrimonio deb�a regirse por las disposiciones relativas a la separaci�n de bienes, ya que ello ser�a contrario al consentimiento expresado por las partes.

Se afirma que se comparte dicho criterio, en virtud de que las capitulaciones matrimoniales, mediante las cuales se constituye la sociedad conyugal tienen naturaleza contractual, en la medida en que su finalidad es la creaci�n de derechos y obligaciones en t�rminos del art�culo 1793 del C�digo Civil; derechos y obligaciones relativas al r�gimen de la sociedad conyugal.

En esas condiciones, si los consortes, en cumplimiento del deber que les impon�a el art�culo 189 del C�digo Civil, redactaban las capitulaciones en t�rminos detallados, expl�citos y terminantes, deb�a estarse al sentido literal de la cl�usula o cl�usulas pactadas y ante la omisi�n de alguna cuesti�n que no estuviese expresamente convenida en las capitulaciones, la misma se regir� supletoriamente por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, ello en t�rminos del art�culo 183 del mencionado C�digo Civil que dispon�a:

"La sociedad conyugal se regir� por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad."

Sobre este numeral, algunos autores discuten si la sociedad conyugal debe ser considerada como una sociedad. Existen varios argumentos para negarle tal car�cter: 1. Cuando se constituye una sociedad se crea una persona moral, y la sociedad conyugalno constituye una persona distinta de los c�nyuges; 2. En la sociedad civil, la aportaci�n de bienes implica la transmisi�n de su dominio a la sociedad, salvo que se pacte otra cosa, en cambio, en la sociedad conyugal no hay transmisi�n de dominio de los bienes, pues �ste reside en ambos c�nyuges desde el momento en que cualquiera de ellos adquiere un bien; 3. La sociedad se constituye por un contrato aut�nomo, la sociedad conyugal nace de un convenio realizado como consecuencia del contrato de matrimonio.

Pero en realidad, la sociedad conyugal debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes.

Esto induce a concluir que la supletoriedad de las disposiciones relativas al contrato de sociedad, s�lo tiene lugar en aquello que no contradiga la naturaleza de la sociedad conyugal.

Adem�s, el numeral en comento remite a la aplicaci�n de las disposiciones relativas al contrato de sociedad, cuando en las capitulaciones matrimoniales no se hubiese expresamente estipulado alguna cuesti�n relativa a los bienes que forman la sociedad conyugal; es decir, presupone la existencia de capitulaciones matrimoniales y si no se estipula alg�n punto relativo a las mismas, esa omisi�n ser� regulada por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.

Sin embargo, en el caso que se analiza, no se est� en ese supuesto, sino en el de que no existen capitulaciones matrimoniales, y es precisamente, ante la inexistencia de las mismas, que debe resolverse a qui�n pertenecen los bienes adquiridos por los c�nyuges durante el matrimonio contra�do bajo el r�gimen de sociedad conyugal.

Pero adem�s, con independencia de lo anterior, al remitirnos al cap�tulo relativo al contrato de sociedad (art�culos 2688 al 2735 del C�digo Civil), se advierte que no existe precepto legal que previera o regulara alguna cuesti�n, o al menos equiparable, a la falta de capitulaciones matrimoniales.

Por consiguiente, para resolver el problema que se presenta, esto es, cuando los c�nyuges no formulaban capitulaciones matrimoniales, al limitarse a se�alar como r�gimen deseado el de sociedad conyugal sin mayor reglamentaci�n espec�fica, debe estarse a las reglas de interpretaci�n que para los contratos y dem�s actos jur�dicos en general establece el C�digo Civil.

Lo anterior en atenci�n de que al celebrarse el contrato de matrimonio y se�alar como r�gimen deseado el de sociedad conyugal, es evidente que la intenci�n o voluntad de los c�nyuges, aun y cuando omitan expresar capitulaciones matrimoniales, es acogerse a dicho r�gimen patrimonial y sus consecuencias.

As� las cosas, cobra aplicaci�n la regla prevista en el art�culo 1839 del C�digo Civil, inmerso dentro del cap�tulo relativo a las "Cl�usulas que pueden contener los contratos".

El numeral precitado establece que los contratantes pueden poner las cl�usulas que crean convenientes; pero las que se refieran a los requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendr�n por puestas aunque no se expresen.

Conforme con dicho numeral, deben tenerse por puestas las cl�usulas que se refieren a los requisitos esenciales del contrato por el cual se constituye la sociedad conyugal, o las que sean consecuencia de su naturaleza ordinaria.

Para determinar esos requisitos esenciales y las consecuencias de la naturaleza ordinaria de la instituci�n, conviene se�alar, por una parte, que la sociedad conyugal estaba organizada con base a preceptos de los C�digos Civiles de 1870 y 1884 y, por otro lado, que se ubicaba dentro de una gran variedad de los reg�menes denominados por la doctrina como de comunidad.

Considerando esos rasgos, M.M.A.�n, en su obra intitulada: Estudios sobre el C�digo Civil del Distrito Federal (promulgado en 1870, con anotaciones relativas a las reformas introducidas por el c�digo de 1884), la define de la siguiente manera:

El r�gimen de sociedad conyugal es aquel en cuya virtud los bienes adquiridos por uno o ambos c�nyuges durante el matrimonio, por el ejercicio de una profesi�n, arte o industria, por legado o herencia dejado a los dos sin designaci�n de partes, por frutos, rentas, accesorios y utilidades producidas por los bienes propios de cada uno, forma un fondo com�n, que lleva el nombre de gananciales que se divide entre los c�nyuges o sus herederos despu�s de la disoluci�n del matrimonio.

Los elementos de dicha definici�n corresponden a los de una sociedad de gananciales que se caracteriza por estar formada con los bienes adquiridos individualmente a t�tulo oneroso por cualquiera de los c�nyuges durante el matrimonio mediante sus esfuerzos, por los frutos y productos recibidos por los bienes que sean de propiedad com�n; y los adquiridos por fondos del caudal com�n o adquiridos a t�tulo gratuito por ambos c�nyuges.

Este tipo de comunidad tiene como fundamento y finalidad, sobrellevar las cargas matrimoniales, es decir, los gastos de manutenci�n y auxilio de los consortes y los hijos si los hubiere.

As� lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia, seg�n se advierte de la transcripci�n que enseguida se hace de la primera de las ejecutorias que integran la jurisprudencia antes mencionada (amparo directo n�mero 1307/57, resuelta por mayor�a de cuatro votos de la entonces Tercera S. de este Alto Tribunal):

... La sociedad conyugal, si bien tiene semejanzas con el contrato de sociedad, no es id�ntica a �l, puesto que �sta tiene personalidad jur�dica propia, distinta de la de los socios, y persigue fines econ�micos, en cambio, aqu�lla, seg�n su naturaleza, no es sino una verdadera comunidad, de mera conservaci�n y aprovechamiento mutuo; una propia comunidad de intereses, que responde adecuadamente a los c�nyuges, que unen sus personas y sus intereses. Esta comunidad, por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vincula a los c�nyuges, le da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. ...

Aun cuando el C�digo Civil vigente hasta el mes de mayo de dos mil, no detallaba, como lo hicieran los de 1870 y 1884 (en sus art�culos 2141 y 2008, respectivamente), los bienes que conformaban el patrimonio social, la Suprema Corte, atendiendo a la tradici�n jur�dica y social existente, consider� que en los matrimonios celebrados donde los consortes se limitaban a manifestar que deseaban celebrar el matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, sin detallar minuciosamente su contenido, ese se�alamiento bastaba para constituir una sociedad de gananciales, integrada, b�sicamente, por los bienes adquiridos durante el matrimonio a t�tulo oneroso, inclusive el producto del trabajo, as� como rentas y frutos.

A este respecto, en la sentencia mencionada se consider�, en lo que nos interesa, lo siguiente:

... Esto, claro es, siempre que no existan capitulaciones matrimoniales, pues de haberse celebrado, a ellas debe estarse y en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el art�culo 183 del C�digo Civil. Finalmente, en lo que concierne a la sociedad conyugal, lo que usualmente se pacta, es que comprender� los bienes muebles e inmuebles, y sus productos, que los consortes adquieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto de su trabajo y los frutos de los bienes privativos o peculiares de cada uno, ya adquiridos al celebrarse el matrimonio y ante la falta de capitulaciones, as� debe interpretarse que lo desearon, por ser esto adem�s, lo m�s l�gico y conforme a su voluntad manifestada en el pacto obligatorio de su matrimonio, con (sic) sociedad conyugal. ...

En esas condiciones, es v�lido concluir que cuando los c�nyuges constitu�an, al celebrar matrimonio, un r�gimen de sociedad conyugal, pero omit�an regularlo, con fundamento en el art�culo 1839 del C�digo Civil, deb�an tenerse por puestas las cl�usulas inherentes al r�gimen de sociedad de gananciales con el que se identificaba la sociedad conyugal, y las que fueran consecuencia de su naturaleza ordinaria, en los t�rminos precedentes.

Esta soluci�n se ajusta al art�culo 1796 del C�digo Civil, conforme con el cual, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley; y que desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que, seg�n su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley.

Conforme con el numeral precitado, si la sociedad conyugal se perfecciona por el mero consentimiento, y su existencia no est� condicionada a que se establezcan capitulaciones matrimoniales, obliga a los consortes a sus consecuencias que, seg�n su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley.

Esas consecuencias no son otras que las precisadas con anterioridad.

No debe perderse de vista, que en t�rminos del art�culo 1856 del C�digo Civil, el uso o la costumbre del pa�s se tendr�n en cuenta para interpretar la ambig�edad de los contratos; y que la tradici�n, no s�lo jur�dica, sino social en nuestro pa�s, es que las personas que contraen matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, lo hacen con la intenci�n de que ingresen al fondo com�n los bienes y productos que adquieran durante el matrimonio, puesto que de lo contrario no habr�an elegido ese r�gimen, sino el de separaci�n de bienes.

De no ser as�, se adoptar�a una soluci�n no s�lo contraria a la intenci�n de las partes, sino a esa tradici�n jurisprudencial, sin que existan motivos para cambiarla.

Adem�s, como qued� precisado con antelaci�n, la sociedad conyugal debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes.

Esta comunidad, por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. Esto, claro es, siempre que no existan capitulaciones matrimoniales, pues de haberse celebrado, a ellas debe estarse y en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el art�culo 183 del C�digo Civil.

Robustece todo lo expresado, el criterio sostenido por la otrora Tercera S. de este M�ximo Tribunal, que esta Primera S. hace suyo, que se transcribe a continuaci�n:

"Sexta �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XI, Cuarta Parte

"P�gina: 194

"SOCIEDAD CONYUGAL. SU EXISTENCIA NO EST� CONDICIONADA A LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES. De acuerdo con la correcta interpretaci�n jur�dica de los art�culos relativos del C�digo Civil para el Distrito y Territorios Federales, de la exposici�n de motivos del C�digo Civil para dicha entidad, se sigue que, el legislador fundamentalmente se propuso que pactada la comunidad de bienes no pudiera dejar de producir sus efectos. As�, demostrada la existencia del contrato de matrimonio, celebrado con el r�gimen de sociedad conyugal, debe establecerse que obliga a los contratantes, no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias, que seg�n su naturaleza son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Por tanto, la falta de capitulaciones matrimoniales, no puede originar que no se cumpla la voluntad de las partes, ni se produzcan los efectos de la comunidad de bienes querida, ni tampoco puede determinar que se considere el matrimonio, como regido por la separaci�n de bienes, contraria al consentimiento de los c�nyuges. La sociedad conyugal, si bien tiene semejanzas con el contrato de sociedad, no es id�ntica a �l, puesto que �sta tiene personalidad jur�dica propia, distinta de la de los socios, y persigue fines econ�micos, en cambio, aqu�lla, seg�n su naturaleza, no es sino una verdadera comunidad, de mera conservaci�n, y aprovechamiento mutuo; una propia comunidad de intereses, que responde adecuadamente a los c�nyuges, que unen sus personas y sus intereses. Esta comunidad, por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. Esto, claro es, siempre que no existen capitulaciones matrimoniales, pues de haberse celebrado, a ellas debe estarse y en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el art�culo 183 del C�digo Civil. Finalmente, en lo que concierne a la sociedad conyugal, lo que usualmente se pacta, es que comprender� los bienes muebles e inmuebles, y sus productos, que los consortes adquieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto de su trabajo y los frutos de los bienes privativos o peculiares de cada uno, ya adquiridos al celebrarse el matrimonio y ante la falta de capitulaciones, as� debe interpretarse que lo desearon, por ser esto adem�s, lo m�s l�gico y conforme a su voluntad manifestada en el pacto obligatorio de su matrimonio, con sociedad conyugal.

"A. directo 1307/57. L.A. de Orbe. 7 de mayo de 1958. Mayor�a de 4 votos. Ponente: M.R.�rez V�zquez. Disidente: J.C.E..

"Volumen VIII, Cuarta Parte, p�g. 215. A. directo 2031/57. Mar�a P�rez Vda. de Y�nez. 14 de febrero de 1958. Mayor�a de 3 votos. Disidente: J.C.E..

Volumen IX, Cuarta Parte, p�g. 157. A. directo 5360/56. P.B.C.�n. 10 de marzo de 1958. Mayor�a de 3 votos. Ponente: M.R.�rez V�zquez. Disidente: J.C.E..

Tambi�n resulta aplicable la tesis sostenida por la propia Tercera S., que se�ala:

"Sexta �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: CXVI, Cuarta Parte

"P�gina: 99

"SOCIEDAD CONYUGAL, CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN CASO DE. Cuando no existen capitulaciones matrimoniales y los c�nyuges hayan expresado su voluntad en el acta de matrimonio de que ese fuera el r�gimen con relaci�n a los bienes en su matrimonio, se debe decir que esta comunidad por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua cooperaci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derechos iguales sobre los bienes, de manera que como copart�cipes tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular.

"A. directo 9658/65. Mar�a Guadalupe M�rquez V�zquez. 16 de febrero de 1967. Cinco votos. Ponente: M.A.."

Luego entonces, la omisi�n de formular capitulaciones matrimoniales al celebrarse el matrimonio bajo el r�gimen patrimonial de sociedad conyugal, no impide que se cumpla la voluntad de los c�nyuges, o sea obst�culo para que se produzcan los efectos de la comunidad de bienes, o que ello d� lugar a que se estime el matrimonio como regido por la separaci�n de bienes, lo que se reitera, ser�a contrario al consentimiento de los consortes.

As�, demostrada la existencia del contrato de matrimonio, celebrado con el r�gimen de sociedad conyugal, debe establecerse que obliga a los contratantes, no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que, seg�n su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley.

La conclusi�n alcanzada, no se desvirt�a con las consideraciones emitidas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Por principio de cuentas, dicho tribunal parte de una premisa err�nea: la de considerar que no existe sociedad conyugal cuando los c�nyuges eligen al celebrar matrimonio, el r�gimen de sociedad conyugal, pero no pormenorizan las capitulaciones matrimoniales.

Tal consideraci�n es contraria al criterio jurisprudencial transcrito, as� como a lo dispuesto por el art�culo 179 del C�digo Civil que estuvo vigente hasta el mes de mayo de dos mil, atento las razones expuestas en l�neas precedentes.

Adem�s, el problema no debe enfocarse desde el punto de vista meramente formalista, sino desde el de interpretaci�n de la voluntad de las partes.

Al margen de ello, es verdad que cuando la ley exige una determinada forma para que el acto surta sus efectos, si esa forma no se observa, el acto se tiene por no emitido (lo que se traduce en su inexistencia), queda invalidado o es anulable.

No obstante, no debe perderse de vista que el formalismo tiene como objetivos el dar seguridad a las transacciones, acelerando las circunstancias y el contenido de los actos jur�dicos, garantizar la prueba de su existencia o proteger a ciertas clases sociales.

En el caso, ya se ha dejado establecido que el deber de capitular en forma expresa se estableci� a favor de la mujer, a fin de que no quedara desprotegida cuando por "falsa verg�enza o mal entendida dignidad", no capitulara y se le aplicara el r�gimen supletorio de separaci�n de bienes establecido en la anterior Ley sobre Relaciones Familiares.

La ley ordena, incluso, que si los consortes no acompa�an el convenio que contenga las capitulaciones matrimoniales, lo har� el J. del Registro Civil.

A pesar de lo anterior, era com�n que los c�nyuges que contra�an matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, no establecieran la regulaci�n del mismo.

Es evidente que el legislador de 1928 no previ� ese hecho irregular. Pero esa deficiencia no puede redundar en perjuicio de las personas cuyos derechos se pretendi� garantizar, cuando, como en la situaci�n que se analiza, expresaron su voluntad respecto del r�gimen que deber�a regir su relaci�n patrimonial.

Aunado a ello, no obsta que se sostenga que la legislaci�n anterior no supl�a la abstenci�n o el silencio de las partes en caso de que no existieran capitulaciones matrimoniales.

La raz�n de ello es que para que se presente el problema relacionado con el valor jur�dico del silencio, era esencial que hubiera realmente silencio, esto es, que la persona de que se trate no hubiese manifestado su voluntad con relaci�n a un acto jur�dico en forma alguna, ni de palabra, ni por signos, ni por actos o hechos de los cuales pudiese inducirse una voluntad t�cita. Jur�dicamente, el silencio supone la ausencia de toda manifestaci�n de voluntad, aun t�cita, la completa inacci�n o pasividad del sujeto en t�rminos tales que es imposible conocer su pensamiento en favor o en contra del contrato que se le propone.

As� acontece en el caso de la inexistencia de capitulaciones matrimoniales derivada de un silencio absoluto, porque no se constitu�a r�gimen alguno ni reglamentaci�n del mismo. En tal hip�tesis, como se anticip�, los c�nyuges conservaban el dominio y administraci�n de sus bienes, lo que de hecho equivale a una separaci�n de bienes.

En este supuesto, evidentemente, no hab�a nada que presumir, seg�n la regla general de que el silencio no produce efectos, salvo que la ley se los conceda, toda vez que, en principio, el silencio no es manifestaci�n eficaz para generar un contrato.

Sin embargo, no sucede lo mismo cuando la voluntad se expresaba, pero se omit�a formular capitulaciones matrimoniales. En este caso, el problema se traslada al �mbito de la interpretaci�n.

Adem�s, la doctrina ha reconocido que excepcionalmente el silencio puede importar manifestaci�n de voluntad suficiente, no s�lo cuando la ley le da ese valor expresamente, como sucede en el caso del mandato(art�culo 2547 del C�digo Civil), sino tambi�n cuando las partes as� lo han convenido y cuando las circunstancias que lo acompa�an permiten atribuirle ese car�cter.

Efectivamente, es opini�n generalmente admitida por la doctrina de que el silencio constituye una manifestaci�n de la voluntad suficiente para generar un contrato cuando va acompa�ado de otras circunstancias que permitan considerarlo, sin ambig�edades, como expresi�n de la voluntad de la persona de que se trata, esto es, lo que los autores denominan el silencio circunstanciado. En ese supuesto, se considera que en realidad no se trata de una excepci�n a la regla general de que el silencio s�lo importa manifestaci�n de voluntad cuando la ley le concede ese valor, sino de una cuesti�n de interpretaci�n de voluntad en la cual deber�n apreciarse las circunstancias respectivas, que pueden ser muchas y de muy diversa naturaleza.

En esas condiciones, cuando los consortes manifestaban su expresa voluntad de celebrar matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, pero omit�an se�alar la manera en que hab�a de regularse la misma, no se estaba en el caso de un silencio absoluto, sino en el de una expresi�n deficiente de la voluntad, que daba lugar, no a la inexistencia de la sociedad conyugal, creada por acuerdo de los c�nyuges, sino a la aplicaci�n de las reglas supletorias de interpretaci�n que permitieran conocer su voluntad, en el entendido de que no pod�a sostenerse que en dicho supuesto cada c�nyuge conservaba la propiedad de los bienes que a t�tulo oneroso hab�a adquirido durante el matrimonio, en raz�n de que semejante soluci�n ir�a, por una parte, contra la expresa voluntad de las partes y, por otro lado, implicar�a el establecimiento de un r�gimen supletorio de separaci�n de bienes, similar al sistema establecido en la Ley sobre Relaciones Familiares, proscrito por el legislador de 1928, lo que conducir�a a un resultado contrario al que pretendi� evitar el C�digo Civil vigente hasta mayo de dos mil, puesto que, a pesar de la expresa voluntad de las partes, la mujer quedar�a desprotegida, pues no debe desconocerse que en la �poca en que se promulg� el c�digo, la gran mayor�a de las mujeres en nuestra sociedad se dedicaban a labores del hogar.

Postura semejante, adem�s, desatender�a la naturaleza de la sociedad conyugal como parte integrante de la relaci�n que le dio vida, cuya finalidad es la distribuci�n de las cargas y beneficios econ�micos durante el matrimonio.

Por tanto, esta S. considera que debe prevalecer con el car�cter de obligatorio, en t�rminos del �ltimo p�rrafo del art�culo 192 de la Ley de A., el criterio sustentado por esta Primera S., el cual se plasma en las tesis que se redactan en los t�rminos que a continuaci�n se indican, debiendo ordenarse la publicaci�n de las mismas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, para los efectos del art�culo 195 de la propia ley.

SOCIEDAD CONYUGAL. CONSECUENCIAS DE LA OMISI�N DE FORMULAR CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN ESE R�GIMEN PATRIMONIAL (C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COM�N Y PARA TODA LA REP�BLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000).-La sociedad conyugal debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes que por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. Lo anterior siempre y cuando no se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales, pues de haberlo hecho a ellas debe estarse y, en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el art�culo 183 del C�digo Civil citado, en el entendido de que el contrato de matrimonio celebrado bajo el r�gimen de sociedad conyugal, se perfecciona por el mero consentimiento de las partes y su existencia no est� condicionada al establecimiento de capitulaciones matrimoniales, por lo que es inconcuso que obliga a los consortes no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que, seg�n su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Por tanto, la omisi�n de formular tales capitulaciones no impide que se cumpla la voluntad de los c�nyuges o que constituya un obst�culo para se produzcan los efectos de la comunidad de bienes querida, ni tampoco puede llegar al extremo de considerar al matrimonio como regido por la separaci�n de bienes, lo que ser�a contrario al consentimiento de los c�nyuges.

SOCIEDAD CONYUGAL. LOS BIENES ADQUIRIDOS INDIVIDUALMENTE A T�TULO ONEROSO POR CUALQUIERA DE LOS C�NYUGES O A T�TULO GRATUITO POR AMBOS, DURANTE EL MATRIMONIO CONTRA�DO BAJO ESE R�GIMEN, AUN CUANDO NO SE HAYAN FORMULADO CAPITULACIONES MATRIMONIALES, FORMAN PARTE DEL CAUDAL COM�N (C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COM�N Y PARA TODA LA REP�BLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000).-Si se toma en consideraci�n, por un lado, que los elementos que definen a la sociedad conyugal se identifican con los de una sociedad de gananciales, que se caracteriza por estar formada con los bienes adquiridos individualmente a t�tulo oneroso por cualquiera de los c�nyuges durante el matrimonio, mediante sus esfuerzos; por los frutos y productos recibidos por los bienes que sean de propiedad com�n; y los adquiridos por fondos del caudal com�n o adquiridos a t�tulo gratuito por ambos c�nyuges y, por otro, que el fundamento y finalidad de este tipo de comunidad consiste en sobrellevar las cargas matrimoniales, es decir, los gastos de manutenci�n y auxilio de los consortes y los hijos, si los hubiere, es inconcuso que aunque no se hubiesen formulado capitulaciones en los matrimonios celebrados bajo el r�gimen de sociedad conyugal, este �ltimo se�alamiento bastaba para constituir una sociedad de gananciales, integrada b�sicamente, entre otros, por los bienes adquiridos individualmente a t�tulo oneroso por cualesquiera de los c�nyuges, inclusive el producto del trabajo, las rentas y los frutos.

CAPITULACIONES MATRIMONIALES. R�GIMEN APLICABLE CUANDO HAY OMISI�N DE FORMULARLAS (C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COM�N Y PARA TODA LA REP�BLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000).-De lo dispuesto por el art�culo 179 del citado C�digo Civil se advierte que las capitulaciones matrimoniales ten�an un doble objeto: tanto la constituci�n de la sociedad conyugal o la separaci�n de bienes, como la administraci�n de �stos, en uno y otro caso. Ahora bien, si los c�nyuges guardaban absoluto silencio respecto de la forma de constituci�n del r�gimen matrimonial, evidentemente cada consorte conservaba la propiedad y administraci�n de sus bienes, del mismo modo en que lo hac�an antes de que contrajeran nupcias, lo que de hecho equival�a a una separaci�n de bienes, mientras que cuando los esposos manifestaban expresamente su voluntad de celebrar el matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, pero omit�an formular capitulaciones matrimoniales, esto es, no establec�an las condiciones de la misma, no pod�a considerarse que el matrimonio deb�a regirse por las disposiciones relativas a la separaci�n de bienes, ya que ello ser�a contrario al consentimiento expreso de los consortes; antes bien, dada la naturaleza contractual del pacto mediante el cual se estableci� la sociedad conyugal, su inexistencia deb�a suplirse de conformidad con las reglas de interpretaci�n establecidas en el propio c�digo, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 1839 del citado C�digo Civil, deb�an tenerse por puestas las cl�usulas inherentes al r�gimen de sociedad de gananciales con el que se identificaba la sociedad conyugal, y las que fueran consecuencia de su naturaleza ordinaria.

SOCIEDAD CONYUGAL. A FALTA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES, COBRAN APLICACI�N LOS PRINCIPIOS INHERENTES A LA SOCIEDAD DE GANANCIALES (C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COM�N Y PARA TODA LA REP�BLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000).-Debe convenirse que durante la vigencia del citado c�digo, cuando los c�nyuges contra�an matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, pero omit�an formular capitulaciones matrimoniales, pues se limitaban a se�alar el r�gimen deseado, sin mayor reglamentaci�n espec�fica, cobraba aplicaci�n la regla prevista en el art�culo 1839 del propio ordenamiento, inmerso dentro del cap�tulo relativo a las "Cl�usulas que pueden contener los contratos", en el sentido de que deb�an tenerse por puestas las cl�usulas que se refieren a los requisitos esenciales del contrato por el cual se constituye la sociedad conyugal, o los que sean consecuencia de su naturaleza ordinaria. Ello es as�, por un lado, porque la sociedad conyugal prevista en el referido C�digo Civil de 1928 y vigente para el Distrito Federal hasta el mes de mayo de 2000, estaba organizada con base en preceptos de los C�digos Civiles de 1870 y 1884; y, por otro, porque se ubica dentro de una gran variedad de los reg�menes denominados por la doctrina como de comunidad, cuyos rasgos corresponden a los de sociedad de gananciales, que es con el que se identificaba la sociedad conyugal.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados S�ptimo y Cuarto en Materia Civil, ambos del Primer Circuito, a las que se refiere esta resoluci�n.

SEGUNDO

Deben prevalecer con el car�cter de jurisprudencia los criterios que en esta resoluci�n sustenta esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

TERCERO

R.�tanse de inmediato las tesis jurisprudenciales que se sustentan en la presente resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n, a la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales de Circuito y a los Jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el art�culo 195 de la Ley de A..

N.�quese. R.�tase copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados entre los que se suscit� la contradicci�n y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C., H.R.P., J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. (ponente) y presidente J.� de Jes�s G.�o P..

Nota: La resoluci�n dictada en el amparo directo 1307/57, citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Sexta �poca, Tomo XI, Cuarta Parte, p�gina 196.