Ejecutoria num. 1a./J. 19/2001 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26826890

Ejecutoria num. 1a./J. 19/2001 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 19/2001
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 2001
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 25/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a treinta y uno de enero de dos mil uno.

Vistos para resolver los autos de la probable contradicci�n de criterios entre los sustentados por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver, el primero, el amparo en revisi�n civil n�mero 2332/95, dando origen a la tesis n�mero TC012003.9 CI2, de rubro: "ARRENDAMIENTO. LANZAMIENTO EN EJECUCI�N DE SENTENCIA DEFINITIVA. EL AUTO QUE CONCEDE T�RMINO PARA LA ENTREGA VOLUNTARIA DEL BIEN, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO." y respecto del segundo, contenido en la tesis de jurisprudencia identificada con el n�mero I.3o.C. J/16, de rubro: "ARRENDAMIENTO. LANZAMIENTO, AUTO QUE DECRETA EL, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.", visible �sta a p�ginas 68 y 69 del N�mero 47 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n correspondiente al mes de noviembre de 1991, sustentada en los amparos en revisi�n civiles de n�meros 658/90, 833/90, 958/90, 1651/90 y 297/91; contradicci�n denunciada por el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado citado en primer orden; y

RESULTANDO:

PRIMERO

Mediante oficio n�mero 2C-ST-046, de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, recibido en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el d�a veintis�is siguiente, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito denunci� la probable contradicci�n de criterios sustentados entre ese tribunal y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los t�rminos siguientes:

C.P. de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.-Presente. De acuerdo con lo dispuesto por el Pleno de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en sesi�n celebrada el d�a treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis, con fundamento en los art�culos 197-A de la Ley de Amparo, 10, fracci�n VIII y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se denuncia la contradicci�n del criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al tenor de las siguientes consideraciones: Primero. Este Tribunal Colegiado, al resolver el amparo en revisi�n civil n�mero RC. 2332/95, promovido por J.L.S. J�come, pronunci� fallo el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis, en el que sustent� el criterio que a la letra dice: ?ARRENDAMIENTO. LANZAMIENTO EN EJECUCI�N DE SENTENCIA DEFINITIVA. EL AUTO QUE CONCEDE T�RMINO PARA LA ENTREGA VOLUNTARIA DEL BIEN, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.-Conforme a la interpretaci�n l�gica del art�culo 527 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe distinguirse entre lo que constituye una resoluci�n dictada �para la ejecuci�n de una sentencia� y la diversa �en ejecuci�n de la misma�; la primera, debe entenderse como aquella que est� encaminada directa e inmediatamente a la ejecuci�n de un fallo, y la que, por su propia naturaleza, ya no requiere de otra determinaci�n legal; en cambio, la resoluci�n emitida en ejecuci�n de sentencia no constituye precisamente la �ltima determinaci�n judicial previa a su material ejecuci�n, sino que est� orientada a preparar y lograr tal objetivo. Por ello, el acuerdo que concede al inquilino un t�rmino para la entrega voluntaria del inmueble, no est� encaminado directa e inmediatamente a la ejecuci�n de la sentencia respectiva, ya que requiere de otra determinaci�n legal posterior para la ejecuci�n material de �sta, como lo es el acuerdo que ordena el desahucio forzoso, es decir, el acto reclamado aludido queda comprendido dentro de las resoluciones que se emiten �en ejecuci�n de sentencia�, ya que est� orientado en forma indirecta a lograr y preparar la materia de la ejecuci�n de la sentencia correspondiente, debido a que fue dictado para instar al recurrente a que voluntariamente desocupe y entregue el inmueble materia del juicio natural, apercibido de lanzamiento en caso contrario, por lo cual este �ltimo prove�do de m�rito no es el �ltimo auto dictado en ejecuci�n de la sentencia respectiva, dado que de �l todav�a pueden derivar diversos actos para lograr la ejecuci�n material de �sta, como puede ser, entre otros, el que el inconforme no cumpla voluntariamente con lo ordenado en el acuerdo relativo a la entrega voluntaria y, por ello, el J. natural quede obligado a hacer efectivo el apercibimiento contenido en el propio auto, decret�ndose la orden de lanzamiento respectiva. En esta virtud debe concluirse que si el acto reclamado lo es el acuerdo que confiere al inquilino un plazo para la entrega voluntaria del inmueble, el mismo no implica el �ltimo acto de ejecuci�n de la sentencia correspondiente, sino por el contrario, es un acto previo en el proceso de dicha ejecuci�n, de lo que se sigue que el amparo promovido en contra de aquel acuerdo que s�lo previene la entrega voluntaria es improcedente, porque en este caso no se surte la hip�tesis prevista en el art�culo 114, fracci�n III, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede s�lo contra el �ltimo acuerdo de ejecuci�n de sentencia.-Amparo en revisi�n 2332/95. J.L.S. J�come. 31 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: V�ctor M.I.D.�nguez. Secretario: A.M.R.M.�as.?.-Segundo. Por otra parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, emiti� tesis de jurisprudencia que aparece publicada en las p�ginas 68 y 69 del N�mero 47 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, correspondiente al mes de noviembre de 1991, cuyo rubro y texto precisan: ?ARRENDAMIENTO. LANZAMIENTO, AUTO QUE DECRETA EL, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.-El auto por el que se ordena la ejecuci�n de la sentencia definitiva, y que ordena se ponga a la actora en posesi�n material del inmueble arrendado, procedi�ndose en su caso, al lanzamiento del demandado, el que s�lo podr� llevarse a cabo treinta d�as despu�s de que ese auto quede notificado personalmente, incuestionablemente, resulta el �ltimo pronunciado en el procedimiento de ejecuci�n, ya que despu�s de ese prove�do s�lo queda su cumplimiento; raz�n por la cual, con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 114, fracci�n III, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, en su contra procede el amparo indirecto.-Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.-Amparo en revisi�n 658/90. Gloria V.S.O.. 3 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: J.B.S.. Secretario: M.V.M.�nez.-Amparo en revisi�n 833/90. F�lix O.R.�guez. 16 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: J.B.S.. Secretario: M.V.M.�nez.-Amparo en revisi�n 958/90. M.A.B.C.. 20 de septiembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: J.B.S.. Secretario: M.A.R.�guez Barajas.-Amparo en revisi�n 1651/90. Y.S.�nchez de H.�ndez G.�lez. 24 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: J.B.S.. Secretario: G.S.O. en revisi�n 297/91. J.� de Jes�s Guel D�az de Le�n. 4 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: M.E.S.V.. Secretario: V.C.B.T..?.-Tercero. Como consecuencia de lo anterior, se observa que los criterios sustentados por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se refieren a criterios diversos sobre una misma cuesti�n.-Ante tal circunstancia y por virtud de existir criterios opuestos, se estima procedente la denuncia de contradicci�n de tesis, con fundamento en el art�culo 197-A de la Ley de Amparo.-En consecuencia, se solicita tener a este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, denunciando la contradicci�n de criterios a que se ha hecho referencia.-Se anexa al presente copia certificada de la resoluci�n pronunciada por este cuerpo colegiado, de fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis, en el recurso de revisi�n RC. 2332/95, promovido por J.L.S. J�come, en 18 fojas �tiles ...

SEGUNDO

En auto de fecha diecis�is de abril de mil novecientos noventa y seis, el Ministro presidente de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, orden� formar y registrar con el n�mero 25/96 el expediente relativo a la probable denuncia de contradicci�n de criterios entre los sustentados por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito y solicitar al presidente de este �ltimo que remitiera copia certificada de las sentencias pronunciadas en los amparos en revisi�n n�meros 658/90, 833/90, 958/90, 1651/90 y 297/91.

Recibida que fuera en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal la documentaci�n solicitada, contenida en el oficio n�mero 104/96-T suscrito por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en prove�do de trece de mayo del a�o retropr�ximo, el Ministro presidente en funciones de esta Primera S. tuvo por debidamente integrado el presente asunto mandando dar vista al procurador general de la Rep�blica -quien omiti� expresar su parecer- y, finalmente, turnar los autos para su estudio y emisi�n del proyecto de resoluci�n correspondiente a la ponencia del se�or M.J.V.C. y C..

TERCERO

Previo dictamen del Ministro ponente, en el que consider� que en el caso no se surte la competencia exclusiva por raz�n de la materia para el conocimiento del asunto por parte de la Primera S., sino que dado el planteamiento jur�dico gen�rico que se controvierte en la probable contradicci�n, se actualiza la competencia del Pleno de este M�ximo Cuerpo Colegiado del pa�s, la presidencia de la propia S., por auto de diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y siete, solicit� se diera de baja el asunto y se turnara al Tribunal Pleno.

CUARTO

En prove�do dictado el d�a diez de noviembre siguiente, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden�, por una parte, dar de baja de la Primera S. la probable contradicci�n de tesis y, a su vez, formar y registrar con el n�mero 49/97 el expediente relativo para el conocimiento del Pleno de este Alto Tribunal, siendo returnado al Ministro inicialmente designado para la emisi�n del proyecto de resoluci�n y, por la otra, notificar lo anterior a los Tribunales Colegiados correspondientes.

QUINTO

Listado que fuera el presente asunto, en sesi�n del Tribunal Pleno de fecha veintitr�s de agosto de mil novecientos noventa y nueve se acord� su retiro.

Finalmente, por acuerdo del propio Tribunal Pleno de fecha trece de noviembre de dos mil se envi� el presente asunto para que fuera resuelto por la Primera S., la que se aboc� a su conocimiento en fecha veintinueve de noviembre de dos mil.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

De conformidad con lo previsto por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, esta Primera S. es competente para conocer de la probable contradicci�n de tesis a que este toca se refiere, toda vez que en ella dos Tribunales Colegiados de Circuito sostienen criterios diferentes respecto de un planteamiento jur�dico que por raz�n de materia es de la competencia exclusiva de esta S., pues el t�pico sujeto a estudio se encuentra relacionado exclusivamente con la materia civil, atento a que gira en torno a determinar si en contra del auto que concede al inquilino un t�rmino de treinta d�as para que haga entrega voluntaria al actor del inmueble arrendado, apercibido de lanzamiento en caso contrario, procede el amparo indirecto previsto en el art�culo 114, fracci�n III, p�rrafo segundo, de la ley de la materia.

SEGUNDO

En principio es conveniente se�alar que el procurador general de la Rep�blica se abstuvo de exponer, por s� o por conducto de alguien a quien legalmente designara, su parecer en relaci�n con el estudio que nos ocupa, debi�ndose entender que no estim� pertinente intervenir, lo que implica resolver sin la opini�n de m�rito.

Al respecto, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Octava �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: 56, agosto de 1992

"Tesis: 3a./J. 13/92

"P�gina: 24

"CONTRADICCI�N DE TESIS. LA ABSTENCI�N DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REP�BLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIM� PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-En el art�culo 197-A, primer p�rrafo, de la Ley de Amparo concede una facultad potestativa al procurador general de la Rep�blica para que, por s� o por conducto del agente del Ministerio P�blico Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta d�as en relaci�n con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor p�blico se abstiene de formular su parecer en el t�rmino de referencia debe interpretarse que no estim� pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resoluci�n que corresponda sin la opini�n de m�rito.

"Contradicci�n de tesis 19/90. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 5 de noviembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: J.A.L.D.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Mar�a E.F.M.G.P..

"Contradicci�n de tesis 35/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de febrero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: S.H.C.G.�rrez. Secretario: M.M.V.�a.

"Contradicci�n de tesis 30/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: S.H.C.G.�rrez. Secretario: F.J.C.R.�rez.

"Contradicci�n de tesis 11/90. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Cinco votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Mar�a E.F.M.G.P..

"Contradicci�n de tesis 14/91. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Mayor�a de cuatro votos. V.� en contra el Ministro I.M.C. y M.G.�rrez. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Mar�a E.F.M.G.P..

"Tesis de jurisprudencia 13/92. Aprobada por la Tercera S. de este Alto Tribunal en sesi�n privada celebrada el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y dos. Cinco votos de los se�ores Ministros: presidente J.T.L.C.�rdenas, M.A.G.�itr�n, S.H.C.G.�rrez, I.M.C. y M.G.�rrez y M.M.G.�a.

Nota: Esta tesis tambi�n aparece en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V., Materia Com�n, Primera Parte, tesis 183, p�gina 124.

TERCERO

Previo al an�lisis de la cuesti�n de fondo, resulta pertinente, en primer t�rmino, determinar si la presente denuncia de probable contradicci�n de criterios fue hecha valer por parte leg�tima y, en segundo, si en la especie se actualizan o no los presupuestos para la procedencia de una controversia de tal naturaleza para, en su caso, estar en aptitud de establecer qu� criterio debe prevalecer con el car�cter de tesis de jurisprudencia.

Para tales efectos, es menester tomar en consideraci�n lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica y 197-A de la Ley de Amparo, los que respectivamente expresan:

"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la S. respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las S. de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas S., el procurador general de la Rep�blica o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidir� cu�l tesis debe prevalecer.

"La resoluci�n que pronuncien las S. o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos p�rrafos anteriores, s�lo tendr� el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicci�n."

"Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as.

"La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.

De la interpretaci�n arm�nica de las transcripciones precedentes se puede concluir, en primer orden, que la denuncia de probable contradicci�n de criterios a que este toca se refiere proviene de parte leg�tima, toda vez que la formula el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los t�rminos que quedaron anotados en el primer resultando de esta resoluci�n.

Asimismo, se logra advertir que para la existencia de un conflicto de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el que tendr� por objeto decidir qu� tesis debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, deben concurrir los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes.

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y

  3. Que los distintos criterios provengan del examen delos mismos elementos.

En el caso espec�fico, se cumple con los requisitos mencionados.

Para llegar a la anterior determinaci�n, conviene destacar el sentido de los razonamientos jur�dicos sustentados por ambos Tribunales Colegiados, dentro de las resoluciones que dieron origen a los criterios que se estima se contraponen.

En lo referente al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito:

En fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis resolvi� el amparo en revisi�n civil n�mero 2332/95, interpuesto por J.L.S. J�come, en contra de la resoluci�n dictada por la J. Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco en los autos del juicio de amparo A-748/95-IV, que desech� la demanda; ello, en base a los argumentos que en lo conducente expresan:

SEGUNDO.-La resoluci�n de la J. de Distrito se apoy� en las siguientes consideraciones: ?Vista la demanda con la que se da cuenta, promovida por J.L.S. J�come por su propio derecho, contra actos del J.T.�simo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y ejecutor adscrito a dicho juzgado, se provee: Del an�lisis integral de la demanda constitucional, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con el art�culo 114, fracci�n III, ambos de la Ley de Amparo.-En efecto, el precepto legal invocado en segundo orden dispone que: �Art�culo 114. El amparo se pedir� ante el J. de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o despu�s de concluido.-Si se trata de actos de ejecuci�n de sentencia, s�lo podr� promoverse el amparo contra la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las dem�s violaciones cometidas durante este procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. ...�.-El acto reclamado se hace consistir en el auto de fecha diez de agosto del a�o en curso, dictado por el J.T.�simo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el juicio 324/93, que ordena se notifique al ahora quejoso que cuenta con treinta d�as para desocupar la localidad arrendada, apercibido que de no hacerlo ser�a lanzado a su costa y las supuestas violaciones cometidas en el procedimiento (sic).-De lo anterior se aprecia que el acto precisado en el p�rrafo anterior no constituye la �ltima resoluci�n dictada en este procedimiento de ejecuci�n, ya que todav�a est� pendiente de dictarse el auto que ordene el lanzamiento, que s� constituir�a la �ltima resoluci�n pronunciada en ejecuci�n de sentencia; de ah� que se actualice la causal de improcedencia antes invocada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 734, consultable en la p�gina 1204 de la Segunda Parte, S. y Tesis Comunes, Volumen II del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que a la letra dice: �EJECUCI�N DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.-Si el acto reclamado consiste en una resoluci�n dictada en ejecuci�n de una sentencia y la cual no es la �ltima en el procedimiento de ejecuci�n, el juicio de garant�as debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 114, fracci�n III, de la Ley de Amparo.�.-En consecuencia, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el art�culo 145 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garant�as.?.-TERCERO.-Los agravios son del tenor literal siguiente: ?�nico. La resoluci�n impugnada se�ala que (transcribe).-Dicha resoluci�n viola en mi perjuicio lo dispuesto por el art�culo 114, fracci�n III, de la Ley de Amparo, as� como lo dispuesto en el art�culo 193 del cuerpo de leyes invocado, en virtud de que el a quo dej� de tomar en consideraci�n lo establecido en la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a continuaci�n se transcribe: I.3o.C. J/16. �ARRENDAMIENTO. LANZAMIENTO, AUTO QUE DECRETA EL, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.� (transcribe). G.N.�mero 47, p�gina 68, Octava �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n, T.V., noviembre (sic) p�gina 99.-En efecto, dicha jurisprudencia es obligatoria para los Jueces de Distrito y la misma se�ala con claridad que la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento de ejecuci�n se refiere a: �... el auto por el que se ordena ... que se ponga a la actora en posesi�n material del inmueble arrendado procedi�ndose, en su caso, al lanzamiento del demandado, el que s�lo podr� llevarse a cabo treinta d�as despu�s de que ese auto quede notificado personalmente ...�, deriv�ndose de la jurisprudencia se�alada que: �el auto que decreta el lanzamiento� s�lo es el cumplimiento al auto de ejecuci�n, lo que implicar�a la existencia de dos ��ltimos autos�, situaci�n que es por dem�s il�gica.-En consecuencia, es clara la existencia del agravio que hago valer, en virtud de que los actos reclamados de las autoridades responsables constituyen el �ltimo dictado en el procedimiento de ejecuci�n, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia con anterioridad invocada y, en consecuencia, es procedente se revoque el auto dictado por el J. Primero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, dictando un nuevo auto en el que se admita la demanda de amparo o, en su caso, mandando prevenirla, para todos los efectos legales conducentes.?.-QUINTO (sic).-Los agravios preinsertos son fundados pero inoperantes e infundados.-Previamente al estudio de los agravios en comento, se considera necesario transcribir el auto de diez de agosto de mil novecientos noventa y cinco, que el quejoso se�al� como acto reclamado y que la J. de Distrito razon� que no es reclamable en amparo indirecto, que a la letra dice: ?A sus autos el escrito de cuenta, como lo solicita el promovente, mediante notificaci�n personal a la parte demandada, h�gase saber que tiene treinta d�as para desocupar la localidad arrendada, apercibida que para el caso de no hacerlo se proceder� al lanzamiento a su costa en cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, para lo cual se da al presente auto de ejecuci�n efectos de mandamiento en forma, con fundamento en los art�culos 525, �ltimo p�rrafo, 114, fracci�n IV, del C�digo de Procedimientos Civiles. N.�quese.?.-Por una parte, se considera que los agravios transcritos son fundados pero inoperantes, debido a que es cierto que la J. Federal inobserv� lo preceptuado en el art�culo 193 de la Ley de Amparo, porque no aplic� al caso en estudio la jurisprudencia titulada ?ARRENDAMIENTO. LANZAMIENTO, AUTO QUE DECRETA EL, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.?, transcrita en los agravios de referencia, la que es procedente en contra de los actos de la naturaleza del prove�do preinserto. La inoperancia de los agravios indicados deriva del hecho de que con la inobservancia de la jurisprudencia mencionada no se lesion� la esfera jur�dica del recurrente, en virtud de que a juicio de este tribunal, es improcedente el amparo indirecto en contra del acto mencionado; lo que significa que no se comparte el criterio que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sustent� en la jurisprudencia precitada, acorde a las consideraciones que acto seguido se expondr�n.-Para una mejor comprensi�n de esta ejecutoria, se considera necesario precisar que la locuci�n ?ejecuci�n de sentencia? significa la serie de tr�mites en un juicio despu�s de pronunciada aqu�lla con el objeto de cumplimentarla.-Asimismo, de la interpretaci�n l�gica del art�culo 527 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe distinguirse entre lo que constituye una resoluci�n dictada ?para la ejecuci�n de una sentencia? y la diversa ?en ejecuci�n de la misma?; por la primera debe entenderse la que est� encaminada directa e inmediatamente a la ejecuci�n de un fallo y la que por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinaci�n legal; en cambio, la resoluci�n emitida en ejecuci�n de sentencia no constituye precisamente la �ltima determinaci�n judicial, previa a su material ejecuci�n, sino que est� orientada a preparar y lograr tal objetivo.-Ahora bien, del an�lisis de la resoluci�n recurrida, con vista a los agravios en cuesti�n y acorde a las consideraciones precisadas, se advierte que no le asiste la raz�n al inconforme, pues de la lectura del acto reclamado transcrito con antelaci�n se observa que el mismo no est� encaminado directa e inmediatamente a la ejecuci�n de la sentencia respectiva, ya que requiere de otra determinaci�n legal posterior para la ejecuci�n material de �sta; es decir, el acto reclamado aludido queda comprendido dentro de las resoluciones que se emiten ?en ejecuci�n de sentencia?, ya que est� orientado en forma indirecta a lograr y preparar la material ejecuci�n de la sentencia correspondiente, debido a que fue dictado para instar al recurrente a que voluntariamente desocupe y entregue el inmueble materia del juicio natural, apercibido de lanzamiento, en caso contrario. En esta tesitura, es inconcuso que el prove�do de m�rito no es el �ltimo acto dictado en ejecuci�n de la sentencia respectiva, dado que de �l todav�a pueden derivarse diversos actos para lograr la ejecuci�n material de �sta, como puede ser, entre otros, el que el inconforme no cumpla voluntariamente con lo ordenado en el propio acto reclamado y, por ello, el J. natural quede obligado a hacer efectivo el apercibimiento contenido en el propio auto y, por ende, decrete la orden de lanzamiento respectiva. Por tanto, se colige que el acto reclamado en cita no implica el �ltimo auto de ejecuci�n de la sentencia correspondiente, sino por el contrario, acorde a las consideraciones ya externadas, es un acto previo en el proceso de dicha ejecuci�n. Cabe advertir que el �ltimo acto ser�a el prove�do en que se ordene el lanzamiento; por ello, en la especie, no pueden existir dos �ltimos actos de ejecuci�n, como el quejoso incorrectamente lo esgrime.-Las anteriores consideraciones conllevan a concluir que en la especie no se surte la hip�tesis prevista en el art�culo 114, fracci�n III, de la Ley de Amparo; lo que permite considerar que en la especie s� se actualiza la causal de improcedencia que contempla el numeral 73, fracci�n XVIII, de la propia ley y, por ello, procede confirmar el desechamiento de la demanda de amparo promovida por el recurrente, con apoyo en el dispositivo 145 de la ley invocada. Este criterio fue sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisi�n n�mero 212/95.-En virtud de lo anterior procede confirmar la resoluci�n recurrida.-Por lo expuesto, y con fundamento en los art�culos 82, 83, fracci�n IV y 85, fracci�n II, de la Ley de Amparo, se

resuelve: PRIMERO.-Se confirma la resoluci�n dictada el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco por la J. Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto n�mero A-748/95-IV.-SEGUNDO.-Se desecha la demanda de amparo promovida por J.L.S. J�come, contra los acto (sic) que reclam� del J.T.�simo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario y ejecutores adscritos a dicho juzgado, ambas autoridades del Distrito Federal; actos que se precisaron en el resultando primero de esta ejecutoria.-N.�quese ...

Ahora bien, respecto del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito:

  1. En fecha tres de agosto de mil novecientos noventa, resolvi� el amparo en revisi�n civil n�mero 658/90 que hizo valer G.V.S.O., en su car�cter de quejosa, en contra de la resoluci�n dictada el d�a diecinueve de abril del mismo a�o en el juicio de amparo A-187/90, por la J. Cuarto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, mediante la cual desech� la demanda, con apoyo en las consideraciones que a continuaci�n se reproducen:

    SEGUNDO.-El auto recurrido es del tenor literal siguiente: ?M�xico, Distrito Federal, a diecinueve de abril de mil novecientos noventa. Vista la demanda de amparo, copias y documentos que se acompa�an, que promueve G.V.S.O., por su propio derecho, contra actos del J. D�cimo S�ptimo del Arrendamiento Inmobiliario y del director de la Oficina Central de N.icadores y Ejecutores, ambos del Distrito Federal, as� como del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Congreso de la Uni�n, por violaci�n a las garant�as individuales consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales; al efecto, el J. acuerda: F�rmese y reg�strese en el libro auxiliar con el n�mero A-187/90; y considerando: I. Los actos reclamados se hacen consistir en lo siguiente (se transcriben).-II. De la demanda de garant�as y de la transcripci�n que antecede, se advierte que el juicio de amparo que se promueve es improcedente en atenci�n a las siguientes razones: a) En lo que se refiere al auto de ejecuci�n de sentencia de ocho de marzo del a�o en curso, en el que entre otras cosas se requiere a la parte demandada para que en el plazo de treinta d�as desocupe la localidad arrendada, apercibida de lanzamiento a su costa si no lo efect�a voluntariamente, no ocasiona a la promovente de la acci�n constitucional un da�o de imposible reparaci�n, ya que trat�ndose de actos llevados a cabo en ejecuci�n de sentencia, s�lo podr� promoverse el amparo contra la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento de ejecuci�n respectivo; en otras palabras, el amparo ser� improcedente cuando no exista el elemento perjuicio, y de existir �ste, no tenga el car�cter de irreparable, pues de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 114, fracci�n III, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo s�lo procede contra esa clase de actos. Ahora bien, es evidente que el prove�do que se combate no irroga un perjuicio irreparable a la quejosa, porque contra la �ltima resoluci�n que se dicte en el procedimiento de ejecuci�n de la sentencia, estar� en posibilidad de promover el juicio de amparo y en la misma demanda podr� reclamar las dem�s violaciones que considere se cometieron durante ese procedimiento que la hubieren dejado sin defensa. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n XVIII del art�culo 73, en relaci�n con la disposici�n legal antes citada. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 136, visible en la p�gina 208 del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava Parte, que a la letra dice: �EJECUCI�N DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.-Si el acto reclamado consiste en una resoluci�n dictada en ejecuci�n de una sentencia y la cual no es la �ltima en el procedimiento de ejecuci�n, el juicio de garant�as debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 114, fracci�n III, de la Ley de Amparo.�.-b) En lo concerniente a los actos que se atribuyen al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Congreso de la Uni�n, en cuanto a la expedici�n, promulgaci�n y aprobaci�n del art�culo 525 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cabe decir que al haberse desechado la demanda, en lo que se refiere al acto de aplicaci�n de los citados ordenamientos legales, tambi�n es improcedente el amparo contra las normas que se tildan de inconstitucionales, habida cuenta que no son autoaplicativas, ello con fundamento en el art�culo 73, fracci�n VI, de la Ley de Amparo aplicada a contrario sensu; es aplicable por analog�a la jurisprudencia 77, visible en la p�gina 158 del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, Primera Parte, que reza: �LEYES, AMPARO CONTRA, Y CONTRA ACTOS DE APLICACI�N DE LAS MISMAS. SOBRESEIMIENTO.-Si se impugna la constitucionalidad de una ley no a ra�z de su sola vigencia, por afectar desde luego a la parte quejosa, sino a consecuencia de actos concretos de aplicaci�n, y la sentencia sobresee el juicio respecto a todos los actos de aplicaci�n de la ley, y en el recurso se combate �nicamente la sentencia en cuanto neg� el amparo respecto a la ley, no as� en cuanto sobresey� el juicio a prop�sito de los actos de aplicaci�n, lo anterior tiene como consecuencia que deba revocarse la negativa del amparo y decretarse el sobreseimiento del juicio, tambi�n en relaci�n a la ley que se reclama, porque si se impugn� su constitucionalidad por haberse producido actos de aplicaci�n y tocante a �stos se sobresey� el juicio, y contra el sobreseimiento no se inconforma el recurrente, desaparecidos los actos de aplicaci�n, el sobreseimiento debe pronunciarse tambi�n sobre la ley.�.-En las narradas circunstancias se desecha la demanda de amparo que se examina.-Por lo expuesto, fundado y con apoyo adem�s en lo que dispone el art�culo 145 de la Ley de Amparo, se

    resuelve: �NICO.-Por ser notoriamente improcedente, se desecha la demanda de garant�as A-187/90 que formula G.V.S.O., contra actos del J. D�cimo S�ptimo del Arrendamiento Inmobiliario y del director de la Oficina Central de N.icadores y Ejecutores, ambos del Distrito Federal, as� como del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Congreso de la Uni�n, por violaci�n a las garant�as individuales consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales.?.-TERCERO.-En v�a de agravios, la recurrente expresa lo siguiente: ?Prima facie, el a quo, lejos de haber apoyado su resoluci�n en la fracci�n III del art�culo 114 de la ley reglamentaria, la invoc� contraviniendo su verdadera inteligencia y alcance. En efecto, si bien es verdad que contra actos de ejecuci�n de sentencia s�lo podr� promoverse el amparo contra la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las dem�s violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, tambi�n lo es, enti�ndase bien, que ello acontece cuando en dicha fase procedimental se tramitan diversos incidentes de nulidad de actuaciones, falta de personalidad, excepci�n superveniente, como lo es el pago, liquidaci�n de gastos y costas judiciales, determinaci�n en cantidad l�quida del adeudo, etc., que culminan con una ��ltima resoluci�n� o sentencia interlocutoria, lo que no aconteci� en el caso sometido al conocimiento del a quo. Cierto es tambi�n que al promoverse la acci�n de amparo en contra de aquella resoluci�n final o conclusiva del procedimiento respectivo, podr�n reclamarse, al mismo tiempo, las dem�s violaciones in procedendo que hubieran �dejado sin defensa al quejoso�, frase esta �ltima que corrobora la idea en el sentido de que s�lo cuando se tramita un procedimiento incidental en la fase de ejecuci�n de sentencia, se pueden impugnar las violaciones de esa naturaleza, porque �nicamente en esos procedimientos caben los recursos ordinarios o medios legales de defensa. Dicho de otra manera, existe un ostensible paralelismo entre el juicio que se inicia de cualquier forma hasta la admisi�n del fallo definitivo y �el procedimiento respectivo� de que habla la fracci�n III, p�rrafo segundo, del art�culo 114 de la ley. En efecto, por disposici�n expresa de la Constituci�n y de su ley reglamentaria, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio �ya sea que la violaci�n se cometa en ellos�, violaciones in iudicando, o que �cometidas durante el procedimiento�, violaciones in procedendo �afecten la defensa del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo ...�; y en trat�ndose de �actos de ejecuci�n de sentencia, s�lo podr� promoverse el amparo contra la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las dem�s violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso�. A mayor abundamiento, la misma ley reglamentaria cita unejemplo que sirve de orientaci�n para comprender mejor la norma jur�dica transcrita con anterioridad; me refiero al caso de los �remates�, pues por lo que toca a �stos, declara la ley �s�lo podr� promoverse el juicio contra la resoluci�n definitiva en que se aprueben o desaprueben�, resoluci�n que, agrego por mi parte, es pronunciada en un �procedimiento� en el que el afectado pudo haber hecho valer de antemano alg�n recurso ordinario o alg�n medio de defensa legal con anterioridad a la emisi�n de �la resoluci�n definitiva� que hubiere o no aprobado el remate.-Sentadas estas reflexiones salta a la vista lo antijur�dico del auto combatido, toda vez que el a quo, para haber desechado mi libelo de garant�as, no hizo una correcta interpretaci�n de la norma que le sirvi� de base para su emisi�n. En efecto, si durante la etapa relacionada con la ejecuci�n de la sentencia no se tramit� procedimiento alguno del que emanaran algunas violaciones cometidas en �l y que me dejaron sin defensa, y si en esa etapa no se pronunci� resoluci�n definitiva que cerrara el repetido procedimiento, no se concibe c�mo el a quo determin� que el auto de ejecuci�n de fecha ocho de marzo del a�o en curso, no ocasiona a la suscrita �un da�o de imposible reparaci�n�, ya que trat�ndose de actos llevados a cabo en ejecuci�n de sentencia, s�lo podr� promoverse el amparo contra la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento de ejecuci�n respectivo, porque dentro de la �ltima resoluci�n que se dicte en el procedimiento de ejecuci�n de sentencia, estar� en posibilidad de promover el juicio de amparo y en la misma demanda podr� reclamar las dem�s violaciones que considere se cometieron durante ese procedimiento que la hubieren dejado sin defensa, pasando por alto que, por una parte, el mencionado auto de ejecuci�n constituye, para efectos de la procedencia de la acci�n de amparo, la �ltima resoluci�n pronunciada en el periodo de ejecuci�n de sentencia, la cual se caracteriza, adem�s, por ser aut�noma, independiente y desvinculada de todo procedimiento ajeno a tal periodo; por otra parte, ese mismo auto no puede ser objeto de an�lisis al promoverse la demanda de garant�as �contra la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo�, raz�n por la que se colige que el a quo contravino el verdadero y genuino sentido y alcance de la norma jur�dica que invoc� para haber desechado mi libelo de amparo.-Asimismo, conviene agregar que diversos Tribunales Colegiados de Circuito han sostenido id�ntico punto de vista al sostenido por la suscrita, sirviendo de ejemplo los que transcribo a continuaci�n: �SENTENCIA INTERLOCUTORIA EN AMPARO INDIRECTO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL PUEDEN SER COMBATIDAS JUNTO CON LA.� y �EJECUCI�N DE SENTENCIA, �LTIMO ACTO EN EL PROCEDIMIENTO DE, CUANDO SE CONDENA A LA ENTREGA DE UN INMUEBLE (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE OAXACA).�.-As� pues, habiendo sido el auto de fecha ocho de marzo del corriente a�o, la �ltima resoluci�n pronunciada en la etapa de ejecuci�n de la sentencia que me conden� a desocupar y entregar el inmueble, se ve con clar�sima evidencia que no estaba yo obligada a esperar a que se dictara �en el procedimiento respectivo� la resoluci�n conclusiva de �ste, ya que el mismo no existi�. Dicho de otra manera, si durante la fase de ejecuci�n de sentencia no exist�a �un peque�o procedimiento�, el �procedimiento respectivo� de que habla el art�culo 114, fracci�n III, p�rrafo segundo, de la ley, en el que se hubieran cometido diversas violaciones a las leyes del procedimiento que me hubieren dejado en estado de indefensi�n, no estuve obligada a esperar a que se dictara �la �ltima resoluci�n� en ese procedimiento, porque �ste no se abri�, siendo, por ende, el acto reclamado el que reviste el car�cter de ��ltima resoluci�n� dictada en la fase de ejecuci�n de sentencia; y siendo esto as�, seguro como lo es, salta a la vista lo ilegal del auto sujeto a examen, por cuya virtud deber� ser revocado el mismo.-II. Bastar�a lo anterior para persuadirse de lo antijur�dico del auto impugnado, en cuanto a la inconstitucionalidad de las normas jur�dicas reclamadas de tales.-En efecto, habiendo partido el a quo de una premisa a todas luces falsa, la conclusi�n tuvo la misma suerte para desechar mi libelo de garant�as por ese concepto. No obstante esto, tratar� de demostrar la ilegalidad del propio auto recurrido.-Ya est� muy gastado el tema relativo a la procedencia del amparo contra leyes, de ah� que me limitar� a recordar que de conformidad con lo que establecen los art�culos 73, fracciones VI y XII, p�rrafo tercero y 114, fracci�n I, de la ley reglamentaria, la acci�n de amparo debe ejercerse inmediatamente despu�s de haber sido aplicada la ley tildada de inconstitucional, o bien, con posterioridad a la comisi�n de la resoluci�n que hubiere decidido el recurso ordinario o medio de defensa legal que se hubiere enderezado contra el primer acto concreto de aplicaci�n. Dicho de otra manera, de acuerdo con los principios que rigen la procedencia del juicio de amparo contra una ley reclamada de inconstitucional, el particular afectado por ella tiene la opci�n de ejercitar de inmediato tal acci�n, o bien, promover el juicio de garant�as en su contra despu�s de que se haya agotado el principio de definitividad del acto reclamado.-Ahora bien, si con fecha ocho de marzo del corriente a�o se me aplicaron por vez primera las disposiciones reclamadas de inconstitucionales, la suscrita estuvo, desde luego, en aptitud legal de ejercer la acci�n de amparo contra ellas, m�xime si se toma en consideraci�n que el perjuicio se patentiz� con esa aplicaci�n, resultando, por tanto, inaplicable el criterio invocado por el a quo, en el sentido de que cobra vida �por analog�a� la jurisprudencia que declara la procedencia del �sobreseimiento� del juicio de garant�as, a pesar de que se hubieren impugnado leyes inconstitucionales, cuanto m�s que en el presente caso concreto, no se plante� el �sobreseimiento� del juicio de garant�as, sino el desechamiento de la demanda de amparo. M�s a�n, la ilegalidad de la resoluci�n impugnada se hace ostensible porque el a quo no supo distinguir -se le aconseja tome el curso de amparo que imparte el Instituto del Poder Judicial de la Federaci�n- que cuando el quejoso promueve juicio de garant�as en ocasi�n del primer acto concreto de aplicaci�n de una ley, puede proponer de modo simult�neo conceptos de violaci�n por estimar que �sta es inconstitucional y, adem�s, aducir violaci�n por vicios propios, esto es, porque el auto, el decreto judicial, la providencia jurisdiccional, la resoluci�n, etc., sea ilegal, con independencia de si es o no contraria a la Constituci�n la ley reclamada. De todo lo que hasta aqu� llevo dicho, salta a la vista lo antijur�dico del auto sujeto a revisi�n, toda vez que al promover el juicio de garant�as en contra de diversas disposiciones legales, observ� todos y cada uno de los lineamientos que rigen su procedencia, abstracci�n hecha de que se tratare de una ley autoaplicativa o heteroaplicativa, pues, como es sabido, esta bipartita clasificaci�n ha perdido todo inter�s pr�ctico, ya que para la procedencia de la acci�n de amparo, en contra de ambas se toma en cuenta el acto concreto de aplicaci�n, salvo si se desea ejercer la acci�n de amparo a prop�sito de la entrada en vigor de una ley autoaplicativa. Si la autoridad emisora de la resoluci�n impugnada hubiere conocido estos principios, lejos de haber desechado mi libelo inicial de garant�as, lo habr�a admitido, y al no hacerlo, los contravino en mi perjuicio.?.-CUARTO.-De los agravios que esgrime la recurrente, se advierte que hay argumentos suficientes para revocar el prove�do combatido, toda vez que en �ste se reconoce que en el acto reclamado, consistente en el auto de ejecuci�n de la sentencia definitiva, se determina que se debe desocupar y entregar el bien alquilado, apercibiendo a ella que de no hacerlo ser� lanzada a su costa; luego entonces, resulta indiscutible que despu�s de tal prove�do s�lo queda la ejecuci�n material de lo ordenado en aquel fallo definitivo, por lo que para efectos de la procedencia del amparo, debe estimarse que el acuerdo de referencia constituye la �ltima resoluci�n pronunciada en el periodo de ejecuci�n, am�n de que de no estimarse as�, podr�a cumplimentarse ese auto sin dejar a la quejosa posibilidad de defensa, eso con independencia de que si se acepta que no se debe impugnar el mismo, �ste quedar�a consentido y dar�a la pauta para que se configurara en lo futuro la causal de improcedencia consistente en que el acto que lo suceda sea derivado de uno que se consinti�; asimismo, debe estimarse que como es incorrecto el desechamiento motivado por la causal de improcedencia ya cuestionada, tambi�n lo es que con apoyo en el mismo se haya desechado la demanda de garant�as por lo que respecta a los otros actos reclamados. Consecuentemente, se debe considerar que es procedente revocar el auto recurrido debiendo ordenarse al J. Federal que dicte otro en su lugar por el que admita la demanda de garant�as de referencia, lo que debe entenderse sin perjuicio de que en el momento procesal oportuno se dicte la resoluci�n que en derecho corresponda.-Por lo expuesto y con apoyo adem�s, en el art�culo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.-Se revoca el acuerdo recurrido dictado por el J. Cuarto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, el d�a 19 de abril de 1990, en el juicio de amparo A-187/90.-SEGUNDO.-Se ordena al J. de Distrito dictar otro auto por el que admita la demanda de garant�as entablada por la recurrente, lo que debe entenderse sin perjuicio de que en el momento procesal oportuno dicte la resoluci�n que en derecho corresponda.-N.�quese ...

  2. En diecis�is de agosto de mil novecientos noventa, resolvi� el amparo en revisi�n civil n�mero 833/90 promovido por F�lix O.R.�guez -quejoso en el juicio de garant�as A-250/90- en contra de la resoluci�n de fecha veinticinco de mayo anterior, dictada por la J. Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, con la que desech� la demanda; lo anterior atento a las consideraciones que en su parte interesante rezan:

    II.-La resoluci�n recurrida se encuentra apoyada en las consideraciones siguientes: ?Del estudio integral de la demanda de garant�as se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracci�n XVIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, en relaci�n con la fracci�n III del art�culo 114 del mismo ordenamiento legal.-El art�culo 114 se�ala que el amparo se pedir� ante el J. de Distrito: �III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o despu�s de concluido.-Si se trata de actos de ejecuci�n de sentencia, s�lo podr� promoverse el amparo contra la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las dem�s violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso. ...�.-En efecto, el quejoso se�ala como acto reclamado lo siguiente: �De la se�alada en el inciso A), la orden de privarme de mi posesi�n de la vivienda n�mero 15 bis de calle de Alcanfores sin n�mero, esquina Ahuejote, en la colonia A.�n San Marcos Xochimilco, Distrito Federal, de la cual nunca me ha sido notificada sentencia alguna que haya resuelto la desocupaci�n de dicho local arrendado por la suscrita. De la se�alada con el inciso B), la ejecuci�n de tal orden ya que como lo reitero, nunca se me ha notificado sentencia alguna, seg�n lo dispone el art�culo 114, fracci�n VI, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.�. Al escrito de demanda de amparo, el quejoso anex� el original de la c�dula de notificaci�n mediante la cual el diecisiete de abril del a�o en curso se le hizo saber el contenido �ntegro del auto pronunciado el seis de abril del mismo a�o, que a la letra dice: �A sus autos el escrito de cuenta recibido el tres del actual, como lo solicita, y habiendo causado ejecutoria la sentencia definitiva (foja 68) dictada en el presente juicio y toda vez que el t�rmino concedido a la parte demandada para cumplir voluntariamente con la condena ya concluy� sin que lo hubiera hecho hasta la fecha, con apoyo en los art�culos 114, fracci�n VI y 525 del C�digo de Procedimientos Civiles, ejec�tese en sus t�rminos dicha sentencia y al efecto p�ngase a la parte actora en posesi�n material del bien inmueble arrendado, procedi�ndose en su caso, al lanzamiento del demandado, pero tal lanzamiento s�lo podr� llevarse a cabo treinta d�as despu�s de que este auto de ejecuci�n quede notificado personalmente al demandado en el �ltimo domicilio se�alado en autos para o�r y recibir toda clase de notificaciones, as� como en la localidad arrendada por destinarse a casa habitaci�n. N.�quese. Lo provey� y firma el J. Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario. L.. J.L.O.L.. Doy fe.�.-De lo anterior, resulta que el auto en que se ordena el lanzamiento del quejoso de la localidad arrendada, treinta d�as despu�s de que el auto de ejecuci�n quede notificado personalmente, no es el �ltimo dictado en ese procedimiento, ya que en caso de incumplimiento a lo que en �ste se se�ala, deber� ordenarse el lanzamiento, auto que s� se considerar� el �ltimo dictado en el procedimiento de ejecuci�n y contra el cual se pueden reclamar las dem�s violaciones cometidas durante el procedimiento que le hubieren dejado sin defensa, lo cual actualiza la causa de improcedencia invocada.?.-III.-La quejosa recurrente expresa los siguientes agravios: ?El J. del conocimiento argumenta como causa para desechar la demanda de amparo, el anexo de la c�dula de notificaci�n �mediante la cual el 17 de abril del a�o en curso� se le hizo saber el contenido �ntegro �del auto pronunciado el 6 de abril del mismo a�o.�.-Auto en el que se lee: �A sus autos el escrito de cuenta, recibido el tres del actual, como lo solicita y habiendo causado ejecutoria la sentencia definitiva (foja 68) dictada en el presente juicio ...�.-Como se desprende de la reproducci�n del auto anterior, el J. a quo pretende hacer valer tal auto como si hubiera sido notificado en tiempo; pero lo cierto es que lo que se est� notificando es el auto de la sentencia definitiva que ha causado ejecutoria que obra a fojas 68; sentencia que, como se puede ver, ha dejado en estado de indefensi�n al quejoso, por lo que no pudo recurrir en tiempo la sentencia que debi� notificarse personalmente y que nunca se hizo.-Pues como se argument� en el amparo, el art�culo 114, fracci�n VI, del C�digo de Procedimientos Civiles para el D.F. �Ser� notificado personalmente en el domicilio se�alado por los litigantes: ... VI. La sentencia que condene al inquilino de casa habitaci�n a desocuparla y la resoluci�n que decrete su ejecuci�n.�. En este orden de ideas, al quejoso jam�s se le notific� la sentencia, lo que se est� notificando al quejoso es la resoluci�n de la ejecuci�n.-Con tal acto se afectan mis derechos, porque no se sigue un orden l�gico en la aplicaci�n de la sentencia, ahora con la ejecuci�n de la orden de lanzamiento me dejan sin defensa, ya que no recurr� dicha sentencia, pero si no la objet� fue porque no se me hizo saber tal sentencia en tiempo.-M�s adelante, argumenta el J. a quo �... de lo anterior, resulta que el auto en que se ordena el lanzamiento del quejoso de la localidad arrendada, 30 d�as despu�s de que el auto de ejecuci�n quede notificado personalmente, no es el dictado en ese procedimiento, ya que en caso de incumplimiento a lo que en �ste se�ala, deber� ordenarse el lanzamiento, auto que s� se considera el �ltimo dictado en el procedimiento de ejecuci�n y contra el cual se pueden reclamar las dem�s violaciones cometidas durante el procedimiento que lo hubieran dejado sin defensa, lo cual actualiza la causa de improcedencia invocada.�.-El J. del conocimiento dice que despu�s de que quede notificado el auto de ejecuci�n personalmente, queda por recurrir el lanzamiento, auto que se puede recurrir y se pueden reclamar las dem�s violaciones cometidas durante el procedimiento que le hubieren dejado sin defensa.-Sin embargo, la invocada jurisprudencia por la quejosa en el inciso C) dice lo contrario, la cual se reproduce: �La existencia de un posible recurso contra los actos reclamados motivo de un juicio de garant�as, no es �bice para admitir y tramitar la demanda de amparo, sino que, por el contrario, es conveniente hacerlo a fin de estudiar debidamente la cuesti�n, sin perjuicio de que despu�s se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo aparece realmente la existencia de alguna causa de improcedencia.�.-Esto es, la jurisprudencia dice que el hecho de que exista la posibilidad de un recurso, que en este caso el quejoso pueda hacer valer en el futuro, no era motivo para desechar la demanda, sino de hacer el estudio correspondiente y darle entrada, aun cuando en la secuela del procedimiento tuviera que sobreseerse el amparo.?.-IV.-Son fundados los agravios que hace valer el quejoso recurrente, atentas las consideraciones siguientes: De las constancias de autos, cuyo valor probatorio es pleno, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 403 del C�digo de Procedimientos Civiles en materia federal, se desprende que el quejoso se�al� como acto reclamado: ?... la orden de privarme de mi posesi�n de la vivienda n�mero 15 bis de la calle de Alcanfores sin n�mero, esquina Ahuejote, en la colonia A.�n San Marcos Xochimilco, Distrito Federal, de la cual nunca me ha sido notificada sentencia alguna que haya resuelto la desocupaci�n de dicho local arrendado por la suscrita. ...?.-La J. Federal estim� que ese acto no es el �ltimo dictado durante el procedimiento de ejecuci�n, ya que en caso de incumplimiento a lo que en el mismo se ordena, deber� decretarse el lanzamiento, auto que s� ser�a el �ltimo que se pronunciara en el procedimiento de ejecuci�n y contra el cual se pueden reclamar las dem�s violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En esa virtud, la a quo estim� que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracci�n XVIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, en relaci�n con la fracci�n III del art�culo 114 de ese mismo cuerpo de leyes, precepto este �ltimo que previene que el amparo se pedir� ante el J. de Distrito contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o despu�s de concluido; y que si se trata de actos de ejecuci�n de sentencia, s�lo podr� promoverse el amparo contra la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso.-Las consideraciones emitidas por la a quo son ilegales. Si la inferior reconoce que en el auto reclamado contenido en el original de la c�dula de notificaci�n que el quejoso anex� a su demanda de amparo, se orden� la ejecuci�n de la sentencia definitiva y que al efecto se pusiera a la actora en posesi�n material del bien inmueble arrendado, procedi�ndose en su caso al lanzamiento del demandado, lanzamiento que s�lo podr�a llevarse a cabo treinta d�as despu�s de que ese auto de notificaci�n quede notificado personalmente al demandado, resulta incuestionable que ese prove�do es el �ltimo pronunciado en el procedimiento de ejecuci�n, puesto que en el mismo ya se est� ordenando la ejecuci�n de la sentencia, decret�ndose que se ponga a la actora en posesi�n material del bien inmueble arrendado. Despu�s de este prove�do s�lo queda su cumplimiento material. De no ser as�, podr�a cumplimentarse ese auto sin dejar al quejoso con posibilidades de defensa y, a mayor abundamiento, el auto que decret� la ejecuci�n quedar�a consentido. Cabe se�alar que aun cuando elquejoso no formula agravio al respecto, como este Tribunal Colegiado advierte que se ha cometido violaci�n manifiesta en su contra, suple en su beneficio la deficiencia de la queja con apoyo en lo dispuesto por la fracci�n VI del art�culo 76 bis de la Ley de Amparo. Debe asimismo advertirse que criterio similar al que se sustenta ha sido sostenido por este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la sentencia que recay� al recurso en revisi�n n�mero RC. 658/90, pronunciada el tres de agosto del a�o en curso. De acuerdo con lo expuesto, se hace innecesario el estudio de los agravios propuestos por el recurrente.-En las condiciones apuntadas y de acuerdo con las consideraciones expuestas, procede revocar la resoluci�n recurrida y ordenar a la J. Federal provea sobre la admisi�n de la demanda, como en derecho proceda.-Por lo anteriormente expuesto y con apoyo, adem�s, en los art�culos 103, fracci�n I y 107, fracci�n III, inciso a), de la Constituci�n Federal, se resuelve: PRIMERO.-Se revoca la resoluci�n recurrida dictada por la J. Primero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, con fecha veinticinco de mayo del a�o en curso.-SEGUNDO.-Se ordena a dicha J. para que provea acerca de la admisi�n de la demanda de amparo como en derecho proceda.-N.�quese ...

  3. En fecha veinte de septiembre de mil novecientos noventa, resolvi� el amparo en revisi�n civil n�mero 958/90 planteado por la quejosa M.A.B.C., en contra de la resoluci�n de catorce de junio del mismo a�o, dictada por la J. Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en el juicio de amparo A-270/90, con la que desech� la demanda, de conformidad con las consideraciones que literalmente expresa:

    II.-La resoluci�n recurrida se encuentra apoyada en las estimaciones siguientes: ?Vista la demanda de garant�as presentada por M.A.B.C., por su propio derecho, y escrito aclaratorio por el que pretende cumplimentar la prevenci�n decretada en prove�do de cuatro de junio en curso, contra actos del J. S�ptimo del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal y otros, se acuerda: Del an�lisis integral de la demanda, se advierte se actualiza la causal de improcedencia contenida en el art�culo 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con el 114, fracci�n III, segundo p�rrafo, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado del J. S�ptimo del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, consistente en la resoluci�n interlocutoria de fecha treinta de abril del a�o en curso, que resuelve el recurso de revocaci�n interpuesto por la ahora tercero perjudicada.-En efecto, de la lectura de la resoluci�n interlocutoria impugnada, se advierte que en la misma se resuelve revocar el auto de diecinueve de marzo del a�o en curso, quedando en los t�rminos que especifica y que, en esencia, ordena requerir personalmente a la demandada, aqu� quejosa, para que desocupe voluntariamente el inmueble controvertido, otorg�ndole para ese efecto un t�rmino de treinta d�as h�biles, apercibida que de no hacerlo se proceder� a su lanzamiento.-Por su parte, los art�culos 73, fracci�n XVIII y 114, fracci�n III, segundo p�rrafo, de la Ley de Amparo, establecen literalmente: �Art�culo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los dem�s casos en que la improcedencia resulte de alguna disposici�n de la ley.� y �Art�culo 114. El amparo se pedir� ante el J. de Distrito: ... III. ... Si se trata de actos de ejecuci�n de sentencia, s�lo podr� promoverse el amparo contra la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las dem�s violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. ...�.-As� las cosas, como en el caso a estudio se aprecia que a�n no se ha dictado el �ltimo auto de ejecuci�n, que ser�a aquel que una vez transcurridos los treinta d�as concedidos para la desocupaci�n voluntaria de la localidad arrendada, sin que se hubiera verificado �sta, ordenara se turnaran los autos al ejecutor correspondiente a fin de proceder a su lanzamiento, es de concluir que a�n no es el momento procesal oportuno para la promoci�n del juicio de garant�as y, por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo en lo que se refiere a los actos del J. S�ptimo del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, desechamiento que se hace extensivo en lo que se refiere a los actos reclamados del director de la Oficina Central de N.icadores y Ejecutores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que es autoridad ejecutora, en virtud de que respecto de �ste no se reclaman vicios propios.-Respecto de los actos reclamados del procurador federal del Consumidor, del director general del Arrendamiento Inmobiliario, del subdirector general de Arrendamiento Inmobiliario, del encargado del �rea de la Direcci�n General de Arrendamiento Inmobiliario, licenciado H�ctor E.M.V. y del conciliador, licenciado A.C.C., todos de la Procuradur�a Federal del Consumidor, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el art�culo 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con el art�culo 1o., fracci�n I, ambos de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia n�mero 14, visible a p�gina 32 de la Octava Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, que a letra dice: �ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA.-No pueden ser objeto del juicio de garant�as, que se ha institu�do para combatir los de las autoridades que se estimen violatorios de la Constituci�n.�.-En efecto, las autoridades mencionadas en el p�rrafo precedente no tienen el car�cter de autoridades para los efectos del amparo, dado que tienen facultades de decisi�n respecto de los asuntos de su competencia, pero no de ejecuci�n, por lo que para su cumplimentaci�n tiene que acudirse ante un �rgano jurisdiccional, en este caso un J. del Arrendamiento Inmobiliario; es decir, tienen analog�a con la funci�n que ejerce un �rbitro, o sea, sus actos, al no ser de autoridad, deben clasificarse como provenientes de particulares en contra de los cuales no procede el juicio de garant�as, como ha quedado en la jurisprudencia transcrita, que es de acatamiento obligatorio para la suscrita, en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo.-En tal virtud, al haberse actualizado la causal de improcedencia invocada, en modo manifiesto e indudable, lo procedente es desechar la demanda respecto de esos actos.-Por lo que se refiere a los actos reclamados del Congreso de la Uni�n, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de los secretarios de G.�n, de Hacienda y Cr�dito P�blico, de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos, de Comunicaciones y Transportes, de E.�n P�blica, de Salud, de Trabajo y Previsi�n Social, de Turismo, de Comercio y Fomento Industrial y del director del Diario Oficial, dependiente de la Secretar�a de G.�n, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XVIII, de la Ley de Amparo, en relaci�n con la jurisprudencia n�mero 83, visible a p�gina 167 de la Primera Parte, Pleno, del Ap�ndice 1917-1985, que a la letra dice: �LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACI�N.-Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicaci�n concreta en perjuicio del quejoso, el J. no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicaci�n, acto este que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por s� solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculaci�n entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicaci�n, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) Que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicaci�n necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) Que la negativa del amparo contra estos �ltimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicaci�n, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) Que la concesi�n del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender tambi�n el acto de su aplicaci�n.�.-Al haberse desechado la presente demanda de garant�as respecto del acto de aplicaci�n de las disposiciones relativas a los decretos de reformas y adiciones a la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a siete de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, y los publicados ese mismo d�a que reforman y adicionan diversas disposiciones relacionadas con inmuebles en arrendamiento, actos que se reclaman como heteroaplicativos y toda vez que no debe desvincularse del estudio del acto de aplicaci�n concreto, ya que es �ste el que le causa perjuicio y no los preceptos legales en abstracto, se surte con lo anterior, en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia invocada.-Por tanto, al haberse actualizado las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en el art�culo 145 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de garant�as. Con las copias exhibidas en el escrito aclaratorio, f�rmese por separado legajo.?.-III.-La s�ntesis y el estudio de los agravios planteados por la quejosa recurrente se hace en forma simult�nea en los t�rminos siguientes: Dichos agravios son parcialmente fundados, habida cuenta de que por lo que hace al acto reclamado que se hizo consistir en la sentencia interlocutoria dictada por el J. S�ptimo del Arrendamiento Inmobiliario, con fecha treinta de abril del a�o en curso, la J. Federal obr� ilegalmente al desechar la demanda de garant�as promovida en contra de dicho acto. De las constancias que informan el juicio constitucional, cuyo valor probatorio es pleno en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que mediante la indicada interlocutoria se revoc� el auto dictado el diecinueve de marzo del presente a�o y, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 504 y 525, �ltimo p�rrafo, del C�digo de Procedimientos Civiles, se orden� que mediante notificaci�n personal se requiriera a la ahora quejosa para que desocupara voluntariamente el inmueble arrendado dentro del t�rmino de treinta d�as h�biles contados a partir de que le fuera notificado ese prove�do, con el apercibimiento de que de no hacerlo se proceder�a al lanzamiento de la localidad en controversia. Dicho acto, seg�n se advierte, tiende al cumplimiento de la sentencia definitiva en la medida en que, para el caso de que la inquilina no desocupara la localidad en controversia dentro del t�rmino que para el efecto se le concedi�, se apercibe, desde luego, a dicha parte con el lanzamiento forzoso, de donde resulta que incuestionablemente este prove�do es el �ltimo pronunciado en el procedimiento de ejecuci�n, en tanto que ordena ya la ejecuci�n de la sentencia, decret�ndose el lanzamiento. Despu�s de ese prove�do s�lo queda su cumplimiento material. De no ser as�, podr�a cumplimentarse ese auto sin dejar a la quejosa con posibilidades de defensa y a mayor abundamiento el auto que decret� el lanzamiento quedar�a consentido. En esa virtud, en relaci�n con ese acto deber� modificarse la sentencia recurrida. Criterio similar ha sustentado este Tercer Tribunal Colegiado en la sentencia que dict� el diecis�is de agosto del a�o en curso, en el amparo en revisi�n n�mero 833/90.-En cuanto a los actos que se reclamaron del procurador federal del Consumidor, del director general de Arrendamiento Inmobiliario, del subdirector general de Arrendamiento Inmobiliario, del encargado del �rea de la Direcci�n General de Arrendamiento Inmobiliario, licenciado H�ctor E.M.V. y del conciliador, todos de la Procuradur�a Federal del Consumidor, cabe considerar que la J. de amparo procedi� de manera jur�dica al desechar la demanda de amparo promovida contra los actos reclamados de ellos, ya que como acertadamente sostuvo la a quo federal y as� lo reconoce la agraviada, ninguno tiene el car�cter de autoridad para los efectos del amparo, dado que exclusivamente tienen la facultad de decisi�n respecto de los asuntos de su competencia, pero no de ejecuci�n, ya que para su cumplimiento tiene que acudirse ante un �rgano jurisdiccional. No es �bice para lo considerado el argumento que se hace consistir en que los actos reclamados al respecto producen los mismos efectos que los actos de autoridad, ya que para efectos pr�cticos, quienes los emiten son autoridades e implican la obligatoriedad de todo acto de autoridad con sus mismas consecuencias, toda vez que tales argumentos no desvirt�an lo considerado, ni la jurisprudencia invocada por la inferior, en cuanto sostiene que los actos de particulares no pueden ser objeto del juicio de garant�as que se ha institu�do para combatir los de las autoridades que se estiman violatorios de la Constituci�n. Por ende, aun en el supuesto no concedido que los actos que se reclaman tuviesen los mismos efectos que los que emanan de una autoridad para los efectos del amparo, aqu�llos no pueden dar lugar al juicio constitucional, sino que caen bajo la sanci�n de las leyes comunes y, por ende, de los procedimientos que se�alan las mismas.-Tambi�n procedi� de manera legal la J. de amparo al desechar la demanda de amparo promovida contra actos del Congreso de la Uni�n, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de los secretarios de G.�n, de Hacienda y Cr�dito P�blico, de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos, de Comunicaciones y Transportes, de E.�n P�blica, de Salud, del Trabajo y Previsi�n Social, de Turismo, de Comercio y Fomento Industrial y del director del Diario Oficial, dependiente de la Secretar�a de G.�n, toda vez que al haberse desechado la demanda de garant�as respecto del acto de aplicaci�n de las disposiciones relativas a los decretos de reformas y adiciones de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a siete de febrero de mil novecientos ochenta y cinco y los publicados ese mismo d�a, que reforman y adicionan diversas disposiciones relacionadas con inmuebles destinados al arrendamiento, actos que se reclaman como autoaplicativos, tambi�n procede el desechamiento de la demanda de amparo contra los actos reclamados de las autoridades mencionadas anteriormente; toda vez que de acuerdo con la jurisprudencia invocada por la J. de amparo y que no constituye criterio aislado, como pretende la recurrente, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicaci�n, pues es este acto el que precisamente causa perjuicio a la quejosa y no la ley o reglamento por s� solos considerados en abstracto. Luego entonces, con independencia de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o decretos, al haberse desechado la demanda de garant�as contra los actos de aplicaci�n reclamados del procurador federal del Consumidor y subordinados, no es factible la admisi�n de la demanda constitucional contra leyes o reglamentos. La resoluci�n de la a quo, en consecuencia, se funda en la jurisprudencia que invoc�, careciendo de relevancia que dicha funcionaria no hubiese precisado qu� recurso era el procedente en estos casos, puesto que su labor se constre��a a determinar la procedencia o improcedencia de los actos reclamados en el juicio de amparo promovido por la ahora quejosa. Cabe asimismo destacar que la propia ley determina los casos de improcedencia del juicio de garant�as, motivo por el cual si en el caso espec�fico, el amparo promovido por la ahora recurrente resultaba improcedente por las causas examinadas, ello encuentra fundamento en la ley de la materia y especialmente en lo dispuesto por los art�culos 145 y 73, fracci�n XVIII, de dicho cuerpo legal.-En las condiciones apuntadas, siendo parcialmente fundados los agravios examinados, procede la modificaci�n del auto recurrido.-Por lo anteriormente expuesto y con apoyo adem�s en el art�culo 103, fracci�n VIII, in fine, de la Constituci�n Federal, se resuelve: PRIMERO.-Se modifica la resoluci�n recurrida dictada por la J. Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, con fecha catorce de junio del a�o en curso.-SEGUNDO.-Se ordena a dicha J. que provea acerca de la admisi�n de la demanda de amparo promovida contra actos del J. S�ptimo del Arrendamiento Inmobiliario y director de la Oficina Central de N.icadores y Ejecutores, como en derecho proceda.-TERCERO.-Por notoriamente improcedente se desecha la demanda de amparo promovida por M.A.B.C., contra los actos que reclam� del H. Congreso de la Uni�n, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de G.�n, secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, secretario de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos, secretario de Comunicaciones y Transportes, secretario de E.�n P�blica, secretario de Salud, secretario del Trabajo y Previsi�n Social, secretario de Turismo, secretario de Comercio y Fomento Industrial, director del Diario Oficial, dependiente de la Secretar�a de G.�n, procurador federal del Consumidor, director general de Arrendamiento Inmobiliario de la Procuradur�a Federal del Consumidor, subdirector general de Arrendamiento Inmobiliario de la Procuradur�a Federal del Consumidor, encargado del �rea de la Direcci�n General del Arrendamiento Inmobiliario de la Procuradur�a Federal del Consumidor, L.. H�ctor E.M.V. y conciliador de la Procuradur�a Federal del Consumidor, L.. A.C.C., especificados en el primer resultando de esta resoluci�n.-N.�quese ...

  4. En veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y uno, resolvi� el amparo en revisi�n civil n�mero 1651/90 que hizo valer Y.S.�nchez de H.�ndez G.�lez, en contra de la resoluci�n de fecha quince de noviembre de mil novecientos noventa, por la que el J. Tercero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal desech� la demanda; ello, con apoyo en las consideraciones que en su parte toral, a continuaci�n se transcriben:

    SEGUNDO.-La inconforme hace valer estos agravios: ?... Pasa por alto la resoluci�n impugnada, el principio general de derecho que establece que en ejecuci�n de sentencias no proceden recursos ordinarios, ya que de lo contrario, los juicios se har�an interminables e inejecutables. V. a este respecto la resoluci�n que combato, el art�culo 527 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establece: �De las resoluciones dictadas para ejecuci�n de una sentencia, no se admitir� otro recurso que el de responsabilidad y si fuere sentencia interlocutoria, el de queja por ante el superior.�.-En consecuencia, la resoluci�n impugnada conculca en mi agravio la fracci�n XIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo que invoca; resultando infundada e inmotivada, adem�s, porque no determina en virtud de qu� precepto legal antes de recurrir al juicio de amparo, deber�a la suscrita quejosa haber agotado el recurso de apelaci�n y, por lo mismo, la resoluci�n que combato es violatoria en mi perjuicio de la garant�a de seguridad que establece el art�culo 16 de la Constituci�n Federal.-SEGUNDO.-La resoluci�n que combato es violatoria del art�culo 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con el art�culo 114, fracci�n III, de la Ley de Amparo, ya que en contra de lo que se establece en la resoluci�n impugnada, el auto que se reclama en el juicio de amparo, resoluci�n de fecha seis de septiembre de mil novecientos noventa, dictada por el C. J.T.�simo Tercero del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, s� constituye la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, ya que en ella se me ordena la desocupaci�n y entrega del inmueble y se me apercibe delanzamiento si no lo hago dentro del t�rmino se�alado. Luego, es evidente que si yo no cumplo con lo que se me ordena, sin necesidad de una nueva resoluci�n judicial, se proceder� a hacer efectivo el apercibimiento de lanzamiento que se me hace.?.-TERCERO.-Los agravios transcritos son parcialmente fundados.-En efecto, uno de los actos que reclama la quejosa recurrente es el auto de fecha dos de noviembre de mil novecientos noventa, que desech� por fr�volo e improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que promovi� en relaci�n con el juicio seguido en su contra por D.C. �ngeles, sobre terminaci�n de contrato de arrendamiento.-Respecto de dicho acto, efectivamente, como se expresa en el fallo recurrido, no se surti� el principio de definitividad que debe concurrir en el juicio de garant�as en raz�n de que pudo ser impugnado a trav�s del recurso ordinario procedente y, por ello, es incierto que el fallo a revisi�n viole el art�culo 527 del C�digo de Procedimientos Civiles, que estatuye que de las resoluciones dictadas para la ejecuci�n de una sentencia no se admitir� otro recurso que el de responsabilidad, y si fuera sentencia interlocutoria, el de queja por ante el superior, porque el referido auto que desech� el incidente es obvio que no se comprende en las hip�tesis que contempla el numeral antes citado, ya que no se encamin� a la ejecuci�n de la sentencia dictada en el juicio de que se trata. En tal virtud, el desechamiento de la demanda por tal raz�n y con base en la causal prevista por el art�culo 73, fracci�n XIII, de la Ley de Amparo, no reviste la ilegalidad que se le atribuye.-Tocante a los actos de ejecuci�n de la sentencia aludida, el auto de seis de septiembre del a�o pr�ximo pasado, que concedi� a la demandada el t�rmino de treinta d�as para desocupar el inmueble arrendado con apercibimiento de lanzamiento en su defecto, es el �ltimo acuerdo tendiente a la ejecuci�n de dicha sentencia, ya que de actualizarse la segunda de aquellas hip�tesis, s�lo dar� lugar al cumplimiento de lo ordenado y en este evento, no habr�a oportunidad para la supuesta agraviada de que a trav�s del juicio de garant�as que intenta se juzgue sobre la ilegalidad que atribuye al citado mandamiento de ejecuci�n, evit�ndole as�, en su respectivo caso, los consiguientes perjuicios.-En tal virtud, contra el repetido acto procede el amparo indirecto, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 114, fracci�n III, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, resultando as� injur�dico el desechamiento de la demanda, en base al razonamiento expuesto a lo antes expresado.-Este tribunal ha sustentado el mismo criterio en los siguientes fallos: Amparo en revisi�n 833/90. F�lix O.R.�guez. 16 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: J.B.S.. Secretario: M.A.R.�guez Barajas; y amparo en revisi�n 658/90. Gloria V.S.O.. 3 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: J.B.S.. Secretario: M.V.M.�nez.-Por tanto, se impone modificar el auto a revisi�n, confirmando el desechamiento de la demanda en base a la causal prevista por el art�culo 73, fracci�n XIII, de la Ley de Amparo y ordenar al J. de Distrito admita dicha demanda en lo tocante a los actos de ejecuci�n reclamados a que se hizo m�rito.-Por lo expuesto: PRIMERO.-Se modifica el auto recurrido.-SEGUNDO.-Se confirma el desechamiento de la demanda, apoyado en la causal prevista por el art�culo 73, fracci�n XIII, de la Ley de Amparo.-TERCERO.-El J. de Distrito del conocimiento dar� curso a la propia demanda en cuanto se refiere a los actos de ejecuci�n precisados en el inciso 2) del cap�tulo de actos reclamados.-N.�quese ...

  5. Finalmente, en cuatro de abril de mil novecientos noventa y uno, resolvi� el amparo en revisi�n civil n�mero 297/91, interpuesto por J.� de Jes�s Guel D�az de Le�n, en contra de la resoluci�n de veinte de febrero anterior, emitida por el J. Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo A-87/91, que fue desechado; lo anterior, atento a las consideraciones que en su parte conducente, rezan:

    SEGUNDO.-La resoluci�n recurrida se funda en las siguientes consideraciones: ?I.-El acto reclamado se hace consistir en lo siguiente (lo transcribe).-II.-De la demanda de garant�as y de la transcripci�n que antecede, se advierte que el juicio de amparo que se promueve es improcedente por las siguientes razones: a) Respecto del auto admisorio de demanda dictado por el J. Vig�simo Quinto del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, en el juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario y terminaci�n de contrato 1337/89, seguido por Bienes Ra�ces Barreda, S.A. de C.V., contra J.� de Jes�s Guel D�az de Le�n, cabe decir que no constituye un acto de imposible reparaci�n dentro del juicio, ya que por s� mismo no vulnera derechos sustantivos de las partes, motivo por el cual no procede en su contra la acci�n constitucional. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 595, visible en la p�gina 1030 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1917-1988, S. y Tesis Comunes, que a la letra dice: �DEMANDA, ADMISI�N DE LA. AMPARO IMPROCEDENTE.-El auto que da entrada a una demanda no est� comprendido en lo dispuesto por la fracci�n IX del art�culo 107 constitucional; por tanto, no siendo un acto del procedimiento que deje sin defensa al quejoso, ni teniendo el car�cter de irreparable, el amparo es improcedente contra el referido auto.�. b) A mayor abundamiento, el prove�do de veintinueve de agosto del a�o pr�ximo anterior, mediante el cual se concede al demandado un plazo de treinta d�as para que desocupe la localidad arrendada, apercibido que de no hacerlo ser� lanzado a su costa, no ocasiona al promovente de la acci�n constitucional un da�o de imposible reparaci�n, ya que trat�ndose de actos llevados a cabo en ejecuci�n de sentencia, s�lo podr� promoverse el amparo contra la �ltima resoluci�n que se dicte en el procedimiento de ejecuci�n respectivo; en otras palabras, el amparo ser� improcedente cuando no exista el elemento perjuicio y de existir �ste no tenga el car�cter de irreparable, pues de conformidad con el art�culo 114, fracci�n III, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, el juicio de garant�as s�lo procede contra esa clase de actos. Ahora bien, es evidente que el prove�do que se impugna no irroga un perjuicio irreparable al quejoso, porque contra la �ltima resoluci�n que se dicte en el procedimiento de ejecuci�n de sentencia estar� en posibilidad de promover el juicio de amparo, y en la misma demanda podr� reclamar las dem�s violaciones que considere se cometieron en su perjuicio durante ese procedimiento, que lo hubieren dejado sin defensa; consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracci�n XVIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, en relaci�n con la disposici�n legal antes citada. Resulta aplicable la jurisprudencia 734, visible en la p�gina 1204 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte, S. y Tesis Comunes, bajo el rubro: �EJECUCI�N DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.�. Independientemente de lo anterior, a la fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y uno han transcurrido con exceso los treinta d�as que se concedieron al demandado, ahora quejoso, en el referido prove�do de veintinueve de agosto de mil novecientos noventa para desocupar el inmueble controvertido; por lo tanto, es v�lido sostener que ha dejado de existir el objeto de ese acto reclamado, no obstante que contin�a subsistiendo; tal circunstancia hace improcedente este juicio constitucional por haber fenecido el plazo que se concedi� al peticionario de garant�as, sin que desde ese d�a hasta hoy, se le haya perturbado en el goce de los derechos posesorios que detenta sobre el inmueble en contienda, por lo que cobra vigencia la causa de improcedencia que contempla la fracci�n XVI del art�culo 73 de la ley de la materia, en relaci�n con la jurisprudencia 51, visible en la p�gina 87 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte, S. y Tesis Comunes, que dice: �ACTO RECLAMADO. CESACI�N DE SUS EFECTOS.-Cuando el acto reclamado consiste en que no se ha concedido al quejoso un plazo a que tiene derecho conforme a la ley, debe considerarse que han cesado los efectos de ese acto, si durante la tramitaci�n del amparo, ha transcurrido ese plazo, sin que se interrumpa al quejoso en el goce de los derechos que reclama.�. En las narradas circunstancias, se desecha la demanda de amparo que se examina.?.-TERCERO.-El quejoso, hoy recurrente, expresa los agravios que a continuaci�n se transcriben: ?Fuente del agravio. Lo es el contenido del inciso a) del considerando segundo de la resoluci�n desechatoria de la demanda de amparo y punto resolutivo �nico de la misma.-Preceptos violados. La indebida aplicaci�n de la fracci�n IX del art�culo 107 constitucional.-Fundamento del agravio. Se manifiesta en la resoluci�n impugnada en el considerando segundo, inciso a), lo siguiente (transcribe).-Dicha argumentaci�n transcrita y dictada por el juzgador es incongruente con la fundamentaci�n aplicada indebidamente y que es la jurisprudencia 595, visible en la p�gina 1030 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1917-1988, S. y Tesis Comunes y que se apoya en la fracci�n IX del art�culo 107 constitucional.-La jurisprudencia en cuesti�n, manifiesta: �... el auto que da entrada a una demanda no est� comprendido en lo dispuesto por la fracci�n IX del art�culo 107 constitucional ...�; por tanto, manifiesta el juzgador, no es un acto que deje sin defensa al quejoso ni que tenga el car�cter de irreparable, es improcedente el referido amparo contra el auto que se impugna en el mismo.-Cabe se�alar que la fracci�n IX del art�culo 107 constitucional, dice: �Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretaci�n directa de un precepto de la Constituci�n, caso en que ser�n recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, limit�ndose la materia del recurso exclusivamente a la decisi�n de las cuestiones propiamente constitucionales.�. La resoluci�n del Tribunal Colegiado de Circuito no ser� recurrible cuando se funde en la jurisprudencia que haya establecido la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretaci�n directa de un precepto de la Constituci�n.�.-Y digo que es incongruente por la sencilla raz�n de que la tesis sustentada por el quejoso en el juicio de garant�as ampliamente descrito en el acto reclamado por el quejoso y en los respectivos conceptos de violaci�n en el juicio de garant�as, consistente en la omisi�n del C.J. del conocimiento de la controversia de arrendamiento en cuesti�n, en aplicar el precepto 47 del C�digo de Procedimientos Civiles, revisando la legitimaci�n del poder para pleitos y cobranzas con el que sustenta la personalidad el promovente de la demanda ya se�alada, y que con dicha omisi�n admite la misma con los defectos procesales que, inclusive han quedado debidamente se�alados y que son de tracto sucesivo en la secuela del procedimiento, afectando inclusive en la ejecuci�n de la demanda por parte de la autoridad se�alada como responsable ejecutora y, a mayor abundamiento, lo manifestado por el Juzgador de Distrito no es aplicable a lo reclamado por el quejoso, ya que lo reclamado en el juicio de garant�as no emana, como puede verse, de una resoluci�n pronunciada por un Tribunal Colegiado de Circuito o de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la ley o la interpretaci�n directa de un precepto de la Constituci�n, o si lo anterior es recurrible o no.-Segundo. Fuente del agravio. Lo es el contenido del inciso b) del considerando segundo desechatorio de la demanda de amparo y el punto resolutivo �nico de la misma.-Preceptos violados. Se violan por su indebida aplicaci�n los art�culos 114, fracci�n III, p�rrafo segundo y el art�culo 73, fracci�n XVIII, de la Ley de Amparo.-Fundamentos del agravio. En el inciso b) del considerando segundo de la resoluci�n desechatoria, se manifiesta (transcribe).-De lo anterior queda manifiesto que el juzgador no toma en cuenta, tal como se manifiesta en el juicio de garant�as, que el C.J. conocedor de la controversia de arrendamiento ha dictado la resoluci�n de conceder al suscrito treinta d�as para desocupar la localidad arrendada y, como se ha dicho, respecto de la personalidad de quien por mandato de una persona moral carece de legitimaci�n respectiva y que dicha violaci�n subsiste aun despu�s de dictada la sentencia definitiva, en todos los actos del procedimiento.-Que, adem�s, por disposici�n del citado C.J.V.�simo Quinto del Arrendamiento Inmobiliario, el personal adscrito a la Oficina Central de N.icadores y Ejecutores del Tribunal Superior de Justicia del D.F., trat� de llevar a cabo el lanzamiento del suscrito de la vivienda en cuesti�n, el d�a primero de febrero �ltimo, como ya se ha dicho, cumpliendo supuestamente lo dispuesto por el prove�do de veintinueve de agosto de mil novecientos noventa, lo que de volver a intentarse, s� me causar�a un perjuicio irreparable.-Del contenido del art�culo 114, fracci�n III, p�rrafo segundo y que a continuaci�n transcribo (transcribe), como puede verse, es aplicado indebidamente por el juzgador, en primer lugar, porque s� se combate la �ltima resoluci�n, misma que, como se ha dicho, ordena al demandado en el juicio y quejoso en el amparo con prevenci�n de ser lanzado, desocupe la vivienda que ocupa y que por la naturaleza de la falta de legitimaci�n de la personalidad del promovente, ya antes dicha, ha dejado sin defensa al mismo.-En segundo lugar, el precepto citado en ninguna parte manifiesta el elemento perjuicio irreparable, hecho de la queja.-Consecuentemente, el precepto citado de ninguna manera actualiza la improcedencia prevista por el art�culo 73 de la Ley de Amparo, por lo que por este concepto es aplicado indebidamente el mismo. Por otra parte, el juzgador, al tratar de que el art�culo 73 de la Ley de Amparo en su fracci�n XVIII tenga vigencia para el desechamiento del juicio de garant�as, las tesis jurisprudenciales que quiere hacer valer son inoperantes en el estado jur�dico del quejoso, pues respecto del plazo de treinta d�as concedido al quejoso para la desocupaci�n de la vivienda que ocupa, apercibido de lanzamiento y que no obstante ha transcurrido con exceso, despu�s de dicho transcurso s� ha sido perturbado en el goce de sus derechos posesorios que detenta sobre dicha vivienda, hecho que ha quedado manifiesto tanto en este recurso como en el respectivo juicio de garant�as.-Y por otra parte, se hace notar que ha quedado manifiesto el plazo concedido al quejoso para la desocupaci�n de la vivienda que ocupa en cuesti�n con el apercibimiento ya antes dicho, por lo que la cesaci�n de los efectos del acto subsisten pues, vuelvo a repetir, quedan evidentes los mismos con el intento que se reclama como acto de ejecuci�n llevado a cabo y que en cualquier momento se va a repetir por el C.J. de la Oficina Central de N.icadores y Ejecutores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.?.-CUARTO.-Es infundado el primer agravio ya que el J. recurrido, en la parte relativa del acuerdo que ahora se combate, por cuanto al acto reclamado que se hizo consistir en el auto por el que admiti� la demanda el J. Vig�simo Quinto del Arrendamiento Inmobiliario, el desechamiento de la demanda de garant�as, respecto de ese auto, en ning�n momento se bas� en la fracci�n IX del art�culo 107 constitucional, sino acertadamente en el razonamiento sustancial de que dicho auto admisorio de demanda, por s� mismo, no vulnera derechos sustantivos, apoyando esa consideraci�n en la jurisprudencia 595, visible en la p�gina 1030 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, S. y Tesis Comunes, rubro: ?DEMANDA, ADMISI�N DE LA. AMPARO IMPROCEDENTE.?; es de vital importancia destacar que si bien el sumario de dicha jurisprudencia refiere la fracci�n IX del art�culo 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el J. Federal de que se trata involuntariamente omiti� destacar la nota aclaratoria que se contiene en la rese�ada jurisprudencia, que a la letra dice: ?La fracci�n IX del art�culo 107 constitucional, corresponde actualmente a la fracci�n III de dicho precepto legal.?; tal error no puede producir los efectos que pretende el agraviado, en el sentido de que hubo una inexacta aplicaci�n e interpretaci�n en el caso concreto, respecto de la jurisprudencia citada, motivos estos por los que conforme a la aclaraci�n realizada por este tribunal de garant�as, en el caso concreto, el agravio a estudio carece de inconsistencia legal, as� como tambi�n lo concerniente a que el J. del arrendamiento olvid� considerar los efectos jur�dicos contenidos en el art�culo 47 del C�digo de Procedimientos Civiles; sobre este particular y atendiendo a la naturaleza de lo expuesto y relacionado con el precepto legal en cita, constitucionalmente, el a quo federal estaba imposibilitado para entrar al estudio solicitado, pues dichos planteamientos relacionados con la supuesta falta de personalidad y legitimaci�n del apoderado de la parte actora, son cuestiones que, en su caso, debieron haberse impugnado en un diverso evento constitucional, pero no as�, se insiste, en un amparo indirecto que se intent� contra el auto que admiti� la demanda.-Respecto al segundo agravio, aun cuando fundado en parte, resulta inoperante, porque si bien es verdad, es err�nea la consideraci�n del J. de Distrito en cuanto a que el auto que concede el t�rmino de treinta d�as a la parte arrendataria para que desocupe y haga entrega del bien arrendado, ese auto no se encuentra dentro de los supuestos del art�culo 114, fracci�n III, de la Ley de Amparo, ya que el prove�do en cuesti�n se debe de considerar como aquel dictado en ejecuci�n de sentencia. Sobre el particular, este tribunal de garant�as, en las ejecutorias RC. 833/90; RC. 658/90; RC. 958/90 y RC. 1651/90, sustancialmente ha resuelto que el auto por el que se ordena la ejecuci�n de la sentencia y se ponga a la parte actora en posesi�n material del inmueble arrendado, apercibido el demandado de lanzamiento, transcurridos los treinta d�as posteriores a ese auto, este auto de autoridad es considerado como el �ltimo pronunciado en el procedimiento de ejecuci�n; por ello, conforme a las caracter�sticas rese�adas cobra vigencia la hip�tesis contenida en la fracci�n III del art�culo 114 de la Ley de Amparo, raz�n por la cual resulta procedente contra ese acuerdo el amparo biinstancial; no obstante lo anterior, se dice que es inoperante el motivo de inconformidad que se analiza, porque si como lo refiere el propio agraviado, por cierto de manera muy limitativa, que el J. del Arrendamiento Inmobiliario de que se trata en el correspondiente contradictorio, con fecha veintinueve de agosto de mil novecientos noventa pronunci� un auto en el que conced�a al demandado el t�rmino de treinta d�as para desocupar la vivienda arrendada, olvid�ndose el hoy inconforme de puntualizar cu�l es el perjuicio jur�dico que, en su caso, le ocasiona ese acuerdo, pero por otro lado y recogiendo la manifestaci�n propia del hoy recurrente en el sentido de que con fecha primero de febrero del a�o que transcurre, se trat� de ejecutar el aludido prove�do de veintinueve de agosto �ltimo, como atinadamente se estableci� en la parte relativa de la resoluci�n ahora impugnada y en v�a de revisi�n, encontr�ndose demostrado por exposici�n directa del peticionario de garant�as que a la fecha citada (primero de febrero de mil novecientos noventa y uno), estaba en posesi�n del correspondiente inmueble, conforme a estos se�alamientos, el J. deDistrito adecuadamente y conforme a lo previsto en el art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de Amparo, aplic� la jurisprudencia de rubro: ?ACTO RECLAMADO. CESACI�N DE SUS EFECTOS.? y el art�culo 145 del precitado ordenamiento legal y desech�, tambi�n por estas �ltimas razones, la demanda de garant�as intentada por J.� de Jes�s Guel D�az de Le�n, por su propio derecho.-Consecuentemente y por todo lo antes expresado, sin mayores consideraciones, con fundamento en el art�culo 91, fracci�n I (aplicable por analog�a) de la Ley de Amparo, deber� confirmarse el acuerdo recurrido.-Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve: �NICO.-Se confirma la resoluci�n de fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y uno, dictada por el J. Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en el expediente A-87/991, a cuya virtud desech� de plano la demanda de amparo promovida por J.� de Jes�s Guel D�az de Le�n, contra los actos y autoridades precisados en la parte relativa de esta ejecutoria.-N.�quese ...

    Ahora bien, las tesis que sustentan los Tribunales Colegiados contendientes, son las siguientes:

    El criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se identifica con el n�mero TC012003.9CI2 y literalmente expresa:

    ARRENDAMIENTO. LANZAMIENTO EN EJECUCI�N DE SENTENCIA DEFINITIVA. EL AUTO QUE CONCEDE T�RMINO PARA LA ENTREGA VOLUNTARIA DEL BIEN, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.-Conforme a la interpretaci�n l�gica del art�culo 527 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe distinguirse entre lo que constituye una resoluci�n dictada ?para la ejecuci�n de una sentencia? y la diversa, ?en ejecuci�n de la misma?; la primera, debe entenderse como aquella que est� encaminada directa e inmediatamente a la ejecuci�n de un fallo, y la que, por su propia naturaleza, ya no requiere de otra determinaci�n legal; en cambio, la resoluci�n emitida en ejecuci�n de sentencia no constituye precisamente la �ltima determinaci�n judicial previa a su material ejecuci�n, sino que est� orientada a preparar y lograr tal objetivo. Por ello, el acuerdo que concede al inquilino un t�rmino para la entrega voluntaria del inmueble, no est� encaminado directa e inmediatamente a la ejecuci�n de la sentencia respectiva, ya que requiere de otra determinaci�n legal posterior para la ejecuci�n material de �sta, como lo es el acuerdo que ordena el desahucio forzoso, es decir, el acto reclamado aludido queda comprendido dentro de las resoluciones que se emiten ?en ejecuci�n de sentencia?, ya que est� orientado en forma indirecta a lograr y preparar la materia de la ejecuci�n de la sentencia correspondiente, debido a que fue dictado para instar al recurrente a que voluntariamente desocupe y entregue el inmueble materia del juicio natural, apercibido de lanzamiento en caso contrario, por lo cual este �ltimo prove�do de m�rito no es el �ltimo auto dictado en ejecuci�n de la sentencia respectiva, dado que de �l todav�a pueden derivar diversos actos para lograr la ejecuci�n material de �sta, como puede ser, entre otros, el que el inconforme no cumpla voluntariamente con lo ordenado en el acuerdo relativo a la entrega voluntaria y, por ello, el J. natural quede obligado a hacer efectivo el apercibimiento contenido en el propio auto, decret�ndose la orden de lanzamiento respectiva. En esta virtud debe concluirse que si el acto reclamado lo es el acuerdo que confiere al inquilino un plazo para la entrega voluntaria del inmueble, el mismo no implica el �ltimo acto de ejecuci�n de la sentencia correspondiente, sino por el contrario, es un acto previo en el proceso de dicha ejecuci�n, de lo que se sigue que el amparo promovido en contra de aquel acuerdo que s�lo previene la entrega voluntaria es improcedente, porque en este caso no se surte la hip�tesis prevista en el art�culo 114, fracci�n III, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede s�lo contra el �ltimo acuerdo de ejecuci�n de sentencia.

    La tesis de jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, es la de n�mero I.3o.C. J/16 y se lee:

    "ARRENDAMIENTO. LANZAMIENTO, AUTO QUE DECRETA EL, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.-El auto por el que se ordena la ejecuci�n de la sentencia definitiva, y que ordena se ponga a la actora en posesi�n material del inmueble arrendado, procedi�ndose en su caso, al lanzamiento del demandado, el que s�lo podr� llevarse a cabo treinta d�as despu�s de que ese auto quede notificado personalmente, incuestionablemente, resulta el �ltimo pronunciado en el procedimiento de ejecuci�n, ya que despu�s de ese prove�do s�lo queda su cumplimiento; raz�n por la cual, con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 114, fracci�n III, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, en su contra procede el amparo indirecto."

    Como es de verse, la probable contradicci�n de criterios materia del presente asunto consiste sustancialmente en que mientras el �rgano jurisdiccional se�alado en primer t�rmino sostiene, en s�ntesis, que en contra del auto que concede al inquilino un t�rmino de treinta d�as para que haga entrega voluntaria al actor del inmueble arrendado, apercibido de lanzamiento en caso contrario -al no encontrarse dicho prove�do encaminado en forma directa a la ejecuci�n de la sentencia definitiva dictada en un juicio de arrendamiento inmobiliario puesto que requiere de una determinaci�n ulterior-, no procede el amparo indirecto previsto en el art�culo 114, fracci�n III, p�rrafo segundo, de la ley de la materia, atento a que dicho acuerdo no debe considerarse como "�ltima resoluci�n" dictada en el procedimiento de ejecuci�n; por el contrario, el cuerpo colegiado citado en segundo orden asevera que en contra del prove�do de m�rito s� procede el juicio constitucional, habida cuenta que constituye indudablemente el �ltimo pronunciado en el procedimiento de ejecuci�n, porque al no cumplir el demandado con lo ordenado, s�lo restar�a efectuar materialmente el apercibimiento decretado, lanz�ndolo del inmueble forzosamente.

    En las relatadas circunstancias, es procedente declarar que en el caso a estudio s� existe contradicci�n entre los criterios sustentados por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver, por un lado, el amparo en revisi�n civil n�mero 2332/95 y, por el otro, los amparos en revisi�n civil n�meros 658/90, 833/90, 958/90, 1651/90 y 297/91.

    Lo anterior es as�, en atenci�n a que ambos han expresado su posici�n en torno a un tema determinado en el que se controvierte el mismo planteamiento jur�dico, debi�ndose destacar que dichos criterios son contrastantes.

    Es aplicable al caso la tesis del Tribunal Pleno siguiente:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: II, agosto de 1995

    "Tesis: P. LIII/95

    "P�gina: 69

    "CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS.-Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado, por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, y datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo, ni menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

    "Contradicci�n de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y S�ptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de junio de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: J.D.G.�n G.�lez.

    "El Tribunal Pleno en su sesi�n privada celebrada el diecis�is de agosto en curso, por unanimidad de diez votos de los se�ores Ministros presidente J.V.A.A.�n, S.S.A.A., M.A.G.�itr�n, J.D.R., G.D.G.�ngora P., J.� de Jes�s G.�o P., G.I.O.M., H.R.P., O.M.�a S�nchez C. y J.N.S.M.; aprob�, con el n�mero LIII/95 (9a.) la tesis que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis de jurisprudencia. M�xico, Distrito Federal, a diecis�is de agosto de mil novecientos noventa y cinco."

    Ahora bien, es pertinente mencionar que el an�lisis del presente asunto se constre�ir� exclusivamente a determinar si en contra del auto multicitado procede o no el amparo indirecto previsto en el art�culo 114, fracci�n III, p�rrafo segundo, de la ley de la materia; de tal manera que se llegar� a una conclusi�n aplicable en exclusiva, al orden civil.

    Lo anterior es as� en virtud de que, se reitera, la tesis que, en su caso, habr� de prevalecer con car�cter de jurisprudencia no abarcar� un aspecto gen�rico aplicable en cualquier materia, pues �nicamente deber� clarificarse la interrogante relativa a cu�l de los prove�dos conducentes debe considerarse como "�ltima resoluci�n" dictada en el procedimiento de ejecuci�n de una sentencia definitiva en materia civil, en contra de la cual procede el juicio constitucional.

    Ello se robustece al dirigir la atenci�n a lo previsto por el numeral en cita, que textualmente indica:

    "Art�culo 114. El amparo se pedir� ante el J. de Distrito:

    "...

    "III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o despu�s de concluido.

    "Si se trata de actos de ejecuci�n de sentencia, s�lo podr� promoverse el amparo contra la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las dem�s violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.

    "Trat�ndose de remates, s�lo podr� promoverse el juicio contra la resoluci�n definitiva en que se aprueben o desaprueben."

    De la lectura integral del numeral transcrito se puede advertir una clase espec�fica de procedencia del amparo indirecto, que opera en contra de la "�ltima resoluci�n" dictada en el procedimiento de ejecuci�n de una resoluci�n definitiva, pudiendo reclamarse en la demanda todas las violaciones cometidas en el propio procedimiento.

    Por lo tanto, es v�lido estimar que la tesis correspondiente ir� dirigida al campo de esta clase de procedencia espec�fica para acudir al juicio de amparo biinstancial.

    Una vez delimitada la materia de contradicci�n, procede determinar qu� tesis debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia.

CUARTO

A criterio de esta Primera S., a ninguno de los tribunales en conflicto le asiste la raz�n y, por lo tanto, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia la tesis que sustenta esta S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyo rubro y texto se asentar� en ulteriores l�neas.

Para llegar a esa determinaci�n es necesario dirigir la atenci�n al hecho consistente en que la regla espec�fica para la procedencia del juicio de amparo indirecto previsto en el art�culo 114, fracci�n III, segundo p�rrafo, de la ley de la materia, hace referencia a que se combata la "�ltima resoluci�n" de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictada en el procedimiento de ejecuci�n de una sentencia definitiva; circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinaci�n que goza ya del car�cter de cosa juzgada, la que por ser de orden p�blico debe cumplirse en forma efectiva.

Pues bien, debe decirse que en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, el legislador tiende a evitar su obstaculizaci�n impidiendo que en el juicio constitucional se combata precisamente la "�ltima resoluci�n" que se emita en el procedimiento de ejecuci�n respectivo, y no as� sucesivas determinaciones que, por el contrario, lo retardar�an, como es el caso de las que sostienen los Tribunales Colegiados contendientes en el sentido de que esa "�ltima resoluci�n" es la que apercibe al condenado para que d� cumplimiento voluntario a la sentencia definitiva, apercibido de hacerlo forzosamente, o bien, la que ante el incumplimiento ordena la ejecuci�n material de tal apercibimiento.

Es por ello que la "�ltima resoluci�n" en contra de la cual procede el juicio de amparo biinstancial, en t�rminos del numeral de m�rito, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de dicha resoluci�n definitiva, o bien, la que declara la imposibilidad jur�dica o material para darle cumplimiento.

A mayor abundamiento, se debe tomar en consideraci�n, adem�s, que a efecto de evitar abusos de las autoridades correspondientes, en el mismo precepto legal se previene de manera expresa que en la demanda del juicio constitucional biinstancial la parte afectada podr� hacer valer las dem�s violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecuci�n de la sentencia definitiva.

Todo lo anterior se robustece con las consideraciones conducentes emitidas por el Pleno de este Alto Tribunal al resolver, en fecha doce de agosto de mil novecientos noventa y seis y por unanimidad de once votos, los amparos en revisi�n n�meros 1413/94 y 2137/95.

Al efecto se logra leer respectivamente lo siguiente:

"QUINTO.-Por cuesti�n de m�todo se considera procedente analizar primeramente el primer y segundo agravios, en virtud de que por tratarse de cuestiones relacionadas con la procedencia de la acci�n constitucional, en caso de resultar infundados ser�a innecesario examinar los restantes, por tener que confirmarse el sobreseimiento en el juicio.-En el primer y segundo agravio, que se analizan de manera conjunta por su estrecha vinculaci�n, en esencia sostiene el recurrente que contrariamente a lo decidido por el J. a quo en el considerando tercero de la sentencia recurrida, no proced�a el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto de la ley impugnada y su acto de aplicaci�n, ya que el amparo se promovi� por considerar inconstitucional los art�culos 696 y 697 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, a trav�s del primer acto de aplicaci�n y dentro del t�rmino que para el efecto establece la fracci�n XII del art�culo 73 de la Ley de Amparo y adem�s, el art�culo 114, fracci�n III, de la ley citada no distingue que si se trata del primer acto de aplicaci�n, el quejoso deber� esperar hasta la resoluci�n definitiva que recaiga a un procedimiento sumario determinado.-Que el J. a quo omite analizar la constitucionalidad de la ley reclamada, condicion�ndola a la definitividad del acto concreto de aplicaci�n, lo cual es incorrecto, ya que el an�lisis de la inconstitucionalidad de la ley debi� examinarse previamente por ser preferente su estudio.-Que los actos reclamados con independencia de que se impugnen a trav�s del primer acto de aplicaci�n, s� lesionan derechos sustantivos del quejoso, porque queda a merced de la ejecuci�n del convenio; por ello mismo, resulta incongruente que el J. de Distrito sobresea en el juicio respecto de las consecuencias del acto reclamado.-Los argumentos de agravio que expone el recurrente deben declararse infundados por las siguientes consideraciones: Cabe precisar que aun cuando en su demanda de amparo el quejoso reclama el prove�do del treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, debe entenderse que se refiere al d�a treinta del mes y a�o citados, ya que as� se desprende de los propios antecedentes relatados por el quejoso en su demanda (fojas 4 y 9 del cuaderno de amparo) y de la copia autorizada que la autoridad responsable acompa�� a su informe justificado, lo que no da lugar a dudas a entender que el acto reclamado lo es el prove�do de fecha treinta de mayo de mil novecientos noventa y cuatro y no de fecha treinta y uno del mes y a�o citados, acto respecto del cual se resolver� en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 78 y 79 de la Ley de Amparo.-Para una mejor comprensi�n del asunto, resulta conveniente realizar una sinopsis del mismo: 1. Ante el J. S�ptimo de lo Civil en el Estado de M�xico, bajo el n�mero de expediente 1665/93, se ventil� el juicio verbal de rescisi�n de contrato de arrendamiento, en el cual el quejoso fue la parte demandada; durante la tramitaci�n del procedimiento las partes llegaron a un convenio, el que solicitaron al J. del conocimiento se elevara a la categor�a de cosa juzgada, quien con fecha nueve de diciembre de mil novecientos noventa y tres, con apoyo en lo dispuesto en el art�culo 653 del C�digo de Procedimientos Civiles lo aprob�, condenando a las partes a estar en lo que en el mismo se convino, como si se tratara de una sentencia ejecutoriada y elev�ndolo a la categor�a de cosa juzgada.-2. La parte actora del juicio verbal, quien tiene a su favor el t�tulo ejecutivo que acredita su derecho, ante el incumplimiento de la sentencia ejecutoriada, acude al J. para que obligue al demandado a cumplir con la misma.-3. El J. del conocimiento, otorgando el derecho que tiene el condenado en la sentencia para oponerse al procedimiento ejecutivo, con fundamento en lo que previene el art�culo 702 del c�digo adjetivo civil, por auto de fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro, le da vista al demandado con la petici�n de la actora.-4. El quejoso, demandado en el juicio de que se trata, por escrito de fecha diecis�is de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, solicita al J. que se tramite un incidente en que se le tenga demandando a la actora para que le otorgue por escrito el convenio de pr�rroga de arrendamiento, que aduce celebraron en forma verbal.-5. Por auto de fecha diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, el J. acuerda la petici�n del demandado en los siguientes t�rminos: ?Con el escrito que presenta J.H.�ndez, copia simple de un convenio, dos sobres cerrados y copia simple del escrito, f�rmese cuaderno incidental. Y toda vez que los fundamentos de derecho que se invocan, no resultan aplicables, dada la situaci�n jur�dica que guarda el expediente principal, no ha lugar a admitir a tr�mite el incidente que se propone, ello conforme lo establecido en el art�culo 696 del c�digo procesal civil; se dejan a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la v�a y forma que corresponda.-N.�quese.?.-6. Por diverso escrito del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, el demandado, desahogando la vista que se le orden� dar con los autos mencionados en los numerales 3 y 5, en s�ntesis manifest� al J. que se opon�a a la desocupaci�n del inmueble y para ello, se apoya en que posteriormente a la sentencia elevada a la categor�a de cosa juzgada, celebr� un convenio verbal con la actora por virtud del cual se le prorrog� en la posesi�n del inmueble, mismo que v�a incidental (sic) ya hizo valer anteriormente en el procedimiento de ejecuci�n.-Al escrito antes citado, recay� el auto de fecha treinta de mayo de mil novecientos noventa y cuatro que se reclama, alegando que carece de fundamentaci�n y motivaci�n, el cual a la letra dice: ?Naucalpan de Ju�rez, M�xico, a treinta de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. A sus autos el escrito de J.H.�ndez M., por mediodel cual desahoga en tiempo la vista que le fuera dada en autos el d�a veintiocho de abril del a�o en curso y dieciocho de mayo del a�o en curso; ahora bien, con respecto a todas y cada una de las manifestaciones que se vierten en el escrito que se acuerda y dada la situaci�n jur�dica que prevalece en el presente juicio, con fundamento en los art�culos 696, 697 y dem�s relativos y aplicables del C�digo de Procedimientos Civiles en vigor, no ha lugar a tenerlas por hechas, por lo cual las partes deber�n estar al contenido literal del convenio que corre en autos, para los efectos legales procedentes.-N.�quese personalmente.?.-7. En contra de los autos mencionados, el quejoso promovi� el juicio de amparo del que deriva esta revisi�n, reclamando la inconstitucionalidad de los art�culos 696 y 697 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, considerando el quejoso procedente la acci�n constitucional por tratarse del primer acto de aplicaci�n de los mismos, con apoyo en lo dispuesto por el art�culo 73, fracci�n XII, de la Ley de Amparo.-Ahora bien, teniendo en cuenta que la reclamaci�n se realiza en torno a normas procesales, resulta tener presente que es un principio jur�dico el que las normas no deben analizarse en forma aislada, sino que deben relacionarse con las dem�s que pertenecen al mismo sistema, para as� desentra�ar su sentido y alcance.-As� se tiene que el juicio verbal del que deriva la acci�n constitucional que dio origen a esta revisi�n, encuentra su regulaci�n en el libro segundo, t�tulo cuarto, cap�tulo octavo, del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico y al respecto, tenemos: en su art�culo 646 se establece que en dichos juicios se observar�n las disposiciones que rigen para el juicio escrito con las modificaciones que se contienen en dicho cap�tulo; en el art�culo 650 dispone que una vez admitida la demanda, se emplazar� al demandado y se les citar� a una audiencia que tendr� verificativo el octavo d�a en que surta efectos la citada; el art�culo 651 se�ala que en dicha audiencia se dar� contestaci�n a la demanda, en que el demandado formular� las excepciones y defensas y podr� oponer la reconvenci�n; esta �ltima podr� ser contestada en la misma audiencia o, en su defecto, se citar� nuevamente para la continuaci�n de la audiencia; en el art�culo 656 se establece que una vez producida la contestaci�n de la demanda, como la reconvenci�n y compensaci�n, en su caso, el J. mandar� abrir una dilaci�n probatoria por un t�rmino no mayor de quince d�as, en que las partes podr�n ofrecer las pruebas de sus respectivos derechos o defensas; una vez concluido el t�rmino, el J. se�alar� la fecha para que reciban las probanzas; los art�culos 657, 658 a 662, establecen los t�rminos y formas de desahogar las pruebas testimoniales, periciales y de inspecci�n judicial; por su parte, su art�culo 600 dispone que las pruebas supervenientes y aquellas de que no haya tenido conocimiento alguna de las partes, podr�n oponerse hasta antes de la conclusi�n del t�rmino probatorio, pero no ser�n admitidas despu�s de cinco d�as de que haya tenido conocimiento de los hechos en que se funda; el art�culo 664 establece que concluida la recepci�n de pruebas, se citar� a las partes para la audiencia de alegatos con efectos de citaci�n para sentencia; y el art�culo 653 se�ala que cuando las partes lleguen a una conciliaci�n se levantar� el acta respectiva, la cual ser� autorizada por el J. y su secretario y firmada por las partes, la cual producir� efectos de cosa juzgada para la ejecuci�n correspondiente.-Por su parte, los art�culos 696 y 697 reclamados, se encuentran incluidos en el libro segundo, t�tulo quinto, cap�tulo primero, denominado ?Ejecuci�n de las sentencias? y junto con los numerales 702, 703, 713 y 715, establecen: ?Art�culo 696. Procede la v�a del apremio a instancia de parte, siempre que se trate de la ejecuci�n de una sentencia o de un convenio celebrado en el juicio, ya sea por las partes o por terceros que hayan venido al juicio por cualquier motivo que sea. Igualmente procede la v�a de apremio en la ejecuci�n de convenios aprobados por la Procuradur�a Federal del Consumidor y de laudos emitidos por dicha procuradur�a.?.-?Art�culo 697. La ejecuci�n de sentencia que haya causado ejecutoria, se har� por el J. que hubiere conocido del negocio en primera instancia.-La ejecuci�n de los autos firmes que resuelvan un incidente queda a cargo del J. que conozca del principal.-La ejecuci�n de los convenios celebrados en juicio, se har� por el J. que conozca del negocio en que tuvieren lugar, pero no procede la v�a de apremio si no constan en escritura p�blica o judicialmente en autos.?.-?Art�culo 702. Cuando se pida la ejecuci�n de sentencia, el J. se�alar� al deudor el t�rmino improrrogable de ocho d�as para que la cumpla si en ella no se hubiere fijado alg�n t�rmino para ese efecto.?.-?Art�culo 703. Pasado el plazo del art�culo anterior sin haberse cumplido la sentencia, se proceder� a su ejecuci�n por la v�a de apremio.?.-?Art�culo 713. Cuando en virtud de la sentencia o de la determinaci�n del J. deba entregarse alguna cosa inmueble, se proceder� inmediatamente a poner en posesi�n de la misma al actor o a la persona en quien corresponda, practicando a este fin todas las diligencias conducentes que solicite el interesado.-Si la cosa fuere mueble y pudiere ser habida, se le mandar� entregar al actor o al interesado que indicar� la resoluci�n. Si el obligado se resistiere, lo har� el ejecutor, quien podr� emplear el uso de la fuerza p�blica y aun mandar romper las cerraduras.-En caso de no poderse entregar los bienes se�alados en la sentencia, se despachar� ejecuci�n por la cantidad que se�ale el actor que puede ser moderada prudentemente por el J., sin perjuicio de que se oponga al monto el deudor.?.-?Art�culo 715. Todos los gastos y costas que se originen en la ejecuci�n de la sentencia, ser�n a cargo del que fue condenado en ella.?.-Ahora bien, cabe se�alar que la fracci�n VII del art�culo 107 de la Constituci�n Federal establece la procedencia del juicio de amparo, ante el J. de Distrito, contra actos dictados despu�s de concluido el juicio.-A su vez, el art�culo 114, fracci�n III, de la Ley de Amparo, dispone: ?... Si se trata de actos de ejecuci�n de sentencia, s�lo podr� promoverse el amparo contra la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las dem�s violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. ...?.-Los preceptos mencionados contrariamente a lo que alega el recurrente, s� exigen para la impugnaci�n de actos dictados en ejecuci�n de una sentencia, que se reclame la �ltima resoluci�n, como presupuesto de procedencia de la v�a indirecta.-En ese sentido, la Segunda S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyo criterio comparte este Tribunal Pleno, ha sostenido que la regla espec�fica de procedencia del juicio de amparo, contenida en la fracci�n III, p�rrafos segundo y tercero del art�culo 114 de la Ley de Amparo, rige incluso cuando la resoluci�n dictada dentro del procedimiento de ejecuci�n de sentencia, que no es la �ltima, constituye el primer acto de aplicaci�n de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame tambi�n �sta, pues esos actos dictados en ejecuci�n de sentencia tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el car�cter de cosa juzgada, cuya ejecuci�n no debe obstaculizarse, de modo que mientras no se dicte la resoluci�n definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento as� como el problema de constitucionalidad del precepto legal aplicado, s�lo podr�n impugnarse hasta que se dicte la �ltima resoluci�n en el procedimiento de ejecuci�n.-Lo anterior, se desprende de lo decidido en la tesis de jurisprudencia n�mero 29/96, publicada en las p�ginas 226 y 227 del Tomo III del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, correspondiente al mes de junio de 1996, que dice: ?AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCI�N DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCI�N DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. S�LO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCI�N DEFINITIVA RESPECTIVA.-El art�culo 114, fracci�n III, p�rrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecuci�n de sentencia, el juicio de amparo indirecto s�lo podr� promoverse contra la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las dem�s violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que trat�ndose de remates, s�lo podr� promoverse contra la resoluci�n definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla espec�fica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resoluci�n dictada dentro del procedimiento de ejecuci�n de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicaci�n de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame tambi�n �sta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el car�cter de cosa juzgada, cuya ejecuci�n no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resoluci�n definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, as� como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podr�n impugnarse a trav�s del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento de ejecuci�n, y si se trata del remate, contra la resoluci�n que lo apruebe o desapruebe.?.-Por otra parte, para entender el significado que debe darse a la expresi�n ?�ltima resoluci�n?, a que se refiere el p�rrafo segundo de la fracci�n III del art�culo 114 de la Ley de Amparo, este tribunal hace suyo el criterio sostenido por la Segunda S. de esta Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que por ?�ltima resoluci�n? que se dicte en la fase ejecutiva de una sentencia, debe entenderse la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jur�dica para darle cumplimiento.-Lo anterior se desprende de lo decidido en la tesis n�mero XLIX/96, publicada en las p�ginas 367 y 368 del Tomo III del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, correspondiente al mes de junio de 1996, que dice: ?AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO QUE DEBE DARSE A LA EXPRESI�N ��LTIMA RESOLUCI�N�, A QUE SE REFIERE EL P�RRAFO SEGUNDO DE LA FRACCI�N III DEL ART�CULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.-El art�culo 114, fracci�n III, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnaci�n de los actos dictados en ejecuci�n de una sentencia, como presupuesto de procedencia de la v�a indirecta, que se reclame la �ltima resoluci�n. Este requisito persigue, de conformidad con la exposici�n de motivos de la Ley de Amparo, evitar abusos del juicio de garant�as, lo que se obtiene si la procedencia de �ste contra violaciones sufridas en la ejecuci�n de una sentencia, se limita a la impugnaci�n de la ��ltima resoluci�n� que se dicte en esa fase ejecutiva, resoluci�n que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jur�dica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 113 de la legislaci�n invocada, al que se acude en forma anal�gica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que brinde una interpretaci�n diferente.?.-Pues bien, de lo relacionado se desprende que el acto de aplicaci�n que se reclama en el juicio de amparo no constituye el cierre de la etapa de ejecuci�n, sino el inicio de la misma, ya que los autos impugnados derivan de la vista que el juzgador dio al quejoso con la pretensi�n del actor en el juicio para que obligue al demandado a cumplir con la sentencia ejecutoriada. En consecuencia, conforme a los criterios transcritos, cuando una ley funda un acto dictado dentro de la ejecuci�n de una sentencia, como sucede en la especie, no procede la acci�n constitucional en contra de ella, ya que la intenci�n del legislador, contenida en la fracci�n III del art�culo 114 de la Ley de Amparo, es que las sentencias firmes sean cumplidas sin que la promoci�n, por tanto, de m�ltiples amparos, obstaculicen su ejecuci�n, siendo hasta que se dicte la �ltima resoluci�n en la fase ejecutiva, cuando el quejoso estar� en aptitud de ejercer la acci�n constitucional, raz�n por la cual es incorrecto lo que sostiene el recurrente en el sentido de que por virtud del sobreseimiento queda a merced de la ejecuci�n de la sentencia.-Es infundado lo alegado por el recurrente, en el sentido de que el J. a quo ten�a la obligaci�n de analizar previamente a la improcedencia del juicio de amparo, la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados, ya que de conformidad con las reglas que rigen el procedimiento del juicio constitucional, las causales de improcedencia, por ser una cuesti�n de orden p�blico, deben ser analizadas primeramente a las cuestiones de fondo planteadas, conforme lo dispone el �ltimo p�rrafo del art�culo 73 de la Ley de Amparo.-Resulta aplicable al respecto el siguiente criterio: ?IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO.-La improcedencia en este juicio, se rige por disposiciones que deben ser consideradas de orden p�blico, de suerte que la cuesti�n de procedencia del juicio, debe ser resuelta de modo previo.? (tesis publicada en la p�gina 1539, Segunda Parte, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988).-Por las mismas razones, resulta infundado el planteamiento de que el J. a quo haya omitido analizar la cuesti�n de constitucionalidad alegada, ya que una vez actualizada una causal de improcedencia de la acci�n constitucional, el juzgador de amparo se encuentra impedido de examinar la cuesti�n de fondo.-Es aplicable lo decidido por el Tribunal Pleno, en la tesis publicada en la p�gina 1264, Primera Parte, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, que dice: ?SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL.-El sobreseimiento en el juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley se�ala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuesti�n planteada, por estar cumplida una condici�n de improcedencia del amparo, cuesti�n que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garant�as que se se�alan.?.-Por cuanto a que resulta incongruente que el J. a quo haya sobrese�do en el juicio respecto del acto reclamado, consistente en el lanzamiento del quejoso del inmueble que tiene en arrendamiento, debe decirse que el argumento de agravio es inoperante, porque por una parte, es err�neo que el juzgador de amparo haya reconocido los efectos y consecuencias del acto reclamado, ya que del an�lisis de la sentencia recurrida, se desprende que en el cap�tulo de resultandos precis� �nicamente los actos y autoridades que se se�alan en la demanda de amparo, sin hacer consideraci�n alguna al respecto y, por otra parte, en la parte final del considerando tercero, estim� que el sobreseimiento en el juicio respecto de la ley y su aplicaci�n, deb�a hacerse extensivo al lanzamiento que reclama el quejoso, toda vez que �ste se reclam� como efecto y consecuencia de los anteriores actos, determinaci�n que no combate el recurrente en sus razonamientos y por tal motivo debe confirmarse.-Por �ltimo, deben desestimarse los restantes agravios que expone el recurrente, dado que en nada cambiar�an la estimaci�n de este Tribunal Pleno, en el sentido de que debe confirmarse la resoluci�n recurrida, aun cuando en el tercer agravio se alega la reposici�n del procedimiento, ya que sin prejuzgar sobre lo fundado o no del agravio, el sobreseimiento decretado por el juzgador debe subsistir y, en consecuencia, lo �nico que se obtendr�a es alargar innecesariamente la soluci�n del asunto.-Es aplicable lo decidido por el Tribunal Pleno, en la tesis publicada en la p�gina 1204, Primera Parte, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, que dice: ?REPOSICI�N DEL PROCEDIMIENTO. NO DEBE ORDENARSE A PESAR DE QUE EN LA PRIMERA INSTANCIA SE HAYAN COMETIDO VIOLACIONES PROCESALES. SI EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO POR EL JUEZ DE DISTRITO DEBE SUBSISTIR.-Aun cuando est� demostrado que el J. de Distrito cometi� violaciones en perjuicio del quejoso, cuyas defensas resultaron afectadas, no debe ordenarse la reposici�n del procedimiento si en el fallo recurrido se decret� el sobreseimiento en el juicio y del examen efectuado en la revisi�n surgen elementos suficientes para considerar, sin lugar a dudas, que el pronunciamiento referido debe subsistir, pues de efectuar el reenv�o, una vez reparadas dichas violaciones, el juzgador necesariamente habr� de llegar a la misma conclusi�n y en consecuencia lo �nico que se obtendr�a es alargar innecesariamente la soluci�n del asunto.?.-En consecuencia, al resultar infundados por una parte y por otra inoperantes los agravios expresados por los recurrentes, este Tribunal Pleno estima procedente confirmar la sentencia recurrida.-Por lo expuesto y fundado, y adem�s con apoyo en lo dispuesto por los art�culos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se

resuelve: PRIMERO.-En la materia de la revisi�n se confirma la sentencia recurrida.-SEGUNDO.-Se sobresee en el presente juicio promovido por J.H.�ndez M., en contra de los actos reclamados al gobernador del Estado de M�xico, secretario general de Gobierno del Estado de M�xico, Congreso del Estado de M�xico, director de la Gaceta de Gobierno del Estado de M�xico, J. S�ptimo de lo Civil en el Estado de M�xico, con residencia en Naucalpan de Ju�rez y ministros ejecutores adscritos al mismo.-N.�quese ..."

CUARTO.-No es el caso de examinar los conceptos de agravio, porque este Alto Tribunal advierte, de oficio, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia derivada de la aplicaci�n del art�culo 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con el numeral 114, fracci�n III, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen (se transcriben).-Con arreglo a estas disposiciones, trat�ndose de actos de ejecuci�n de sentencia de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la acci�n de amparo s�lo resulta procedente en contra de la �ltima resoluci�n dictada en el procedimiento respectivo, con motivo de la cual podr�n aducirse las violaciones cometidas durante este �ltimo.-En la especie, el acto reclamado en donde se aduce que fueron aplicadas tambi�n las leyes impugnadas, se hace consistir en el prove�do dictado por el J. responsable para la ejecuci�n de la sentencia pronunciada el tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco en el juicio especial de arrendamiento promovido en contra de la parte quejosa, que a la letra dice: ?Monterrey, Nuevo Le�n, a 28 veintiocho de junio de 1995 mil novecientos noventa y cinco. Por recibido el anterior escrito que suscribe J.E.G.R.�guez, parte actora dentro del juicio especial de arrendamiento, que promueve en contra de L. y L�pez D.�n, S.A. de C.V., en que se act�a. En atenci�n al contenido de su escrito de cuenta y considerando que a la fecha el gerente o representante legal de la demandada, L. y L�pez D.�n, S.A. de C.V., no han dado cumplimiento en forma voluntaria a la condena decretada en su contra en la sentencia definitiva dictada por esta autoridad, de fecha 3 tres de febrero del a�o en curso, que en lo conducente los conden� a la desocupaci�n y entrega del bien inmueble objeto del presente juicio, en consecuencia, y no existiendo obst�culo alguno para proceder a la ejecuci�n forzosa, es decir, de obsequiar favorablemente la petici�n que eleva en su escrito de cuenta, por consiguiente, y de conformidad a lo establecido por los art�culos 14 y 16 constitucionales, 42, 459, 475,fracci�n I y 241 del c�digo de procedimientos en vigor en el Estado, proc�dase a dar cumplimiento al fallo dictado en lo que condene a la desocupaci�n y entrega del bien inmueble objeto de este litigio a la actora, autoriz�ndose a uno de los ministros ejecutores adscritos a este tribunal, a fin de que ejecute la sentencia de lanzamiento de la finca ubicada en la finca marcada con el n�mero 5695 cinco mil seiscientos noventa y cinco de la avenida B.R.N. de esta ciudad, en la inteligencia de que la presente determinaci�n tiene fuerza de orden de cateo, la que podr� entenderse con el propio ejecutado o, en su defecto, con cualquier otro miembro de la familia, agente de polic�a, portero o vecino, autoriz�ndose el rompimiento de cerraduras de las puertas de acceso para el caso de ser necesario, en la inteligencia de que los bienes y objetos que se encuentran en el interior de la misma si no hubiere persona autorizada para recibirlos, se remitir�n por inventario a un lugar de dep�sito, dej�ndose constancia de ello en autos, procedi�ndose de inmediato a dar posesi�n de ese inmueble al interesado, tanto material como jur�dicamente, a fin de dar cumplimiento a la presente determinaci�n, la cual tiene fuerza de orden de cateo, lib�rese (sic) atento oficio al director de Seguridad P�blica del Estado en solicitud de elementos de polic�a de esa corporaci�n, a efecto de que se sirva auxiliar al ministro ejecutor de este juzgado. N.�quese ...?.-Del texto de este prove�do y de las constancias de autos remitidas en v�a de informe justificado por la responsable, se advierte que en la especie se reclama un prove�do dictado dentro del procedimiento sustanciado para lograr el cumplimiento forzoso de la sentencia con la cual culmin� el juicio natural, prove�do que no tiene por efecto dar por concluido dicho procedimiento, seg�n puede desprenderse del criterio sostenido por la Segunda S. de esta Suprema Corte, que este Tribunal Pleno hace suyo, sentado en los autos de los cuales derivan las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, p�ginas doscientos veintis�is y trescientos sesenta y siete, respectivamente, que dicen: ?AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCI�N DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCI�N DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. S�LO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCI�N DEFINITIVA RESPECTIVA.? y ?AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO QUE DEBE DARSE A LA EXPRESI�N ��LTIMA RESOLUCI�N�, A QUE SE REFIERE EL P�RRAFO SEGUNDO DE LA FRACCI�N III DEL ART�CULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.? (se transcriben).-En esos t�rminos, considerando que en la especie el prove�do judicial que se controvierte no es reclamable en la v�a de amparo indirecto, en la medida en que no constituye la �ltima resoluci�n del procedimiento tendiente a la ejecuci�n de la sentencia, seg�n lo precisado en las tesis transcritas, debe concluirse que es improcedente la acci�n deducida en su contra, como tambi�n lo es la acci�n intentada en contra de las leyes que se reclaman con motivo de su aplicaci�n en el mismo prove�do, de acuerdo con el criterio sentado en la primera de las tesis transcritas y con apoyo tambi�n en la tesis jurisprudencial publicada con el n�mero 221 de la compilaci�n de mil novecientos noventa y cinco, Tomo I, Materia Constitucional, que dice: ?LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACI�N.? (transcribe).-En consecuencia, lo procedente es modificar la sentencia recurrida y sobreseer �ntegramente en el juicio, conforme al art�culo 74, fracci�n III, de la Ley de Amparo.-Por lo expuesto y fundado, se

resuelve: PRIMERO.-Se modifica la sentencia recurrida.-SEGUNDO.-Se sobresee en este juicio respecto de la totalidad de los actos reclamados por la parte quejosa.-N.�quese ...

Las consideraciones transcritas, con apoyo en las cuales fueron resueltos los amparos en revisi�n n�meros 1413/94 y 2137/95 dieron origen a la tesis aislada del Tribunal Pleno siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: V, abril de 1997

"Tesis: P. LVII/97

"P�gina: 16

"AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESI�N ?�LTIMA RESOLUCI�N?, A QUE SE REFIERE EL P�RRAFO SEGUNDO DE LA FRACCI�N III DEL ART�CULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.-El art�culo 114, fracci�n III, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnaci�n de los actos dictados en un procedimiento de ejecuci�n de sentencia, como presupuesto de procedencia de la v�a indirecta, que se reclame la �ltima resoluci�n dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposici�n de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garant�as, lo que se obtiene si la procedencia de �ste contra violaciones sufridas en la ejecuci�n de una sentencia, se limita a la impugnaci�n de la ?�ltima resoluci�n? que se dicte en esa fase ejecutiva, resoluci�n que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jur�dica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 113 de la legislaci�n invocada, al que se acude en forma anal�gica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretaci�n diferente.

"Amparo en revisi�n 1413/94. J.H.�ndez M.. 12 de agosto de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: R.L.H.�ndez.

"Amparo en revisi�n 2137/95. L. y L�pez D.�n, S.A. de C.V. 12 de agosto de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretaria: A.C. de O..

"El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el ocho de abril en curso, aprob�, con el n�mero LVII/1997, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito Federal, a ocho de abril de mil novecientos noventa y siete."

Una vez aclarado el criterio del Tribunal Pleno respecto del tema gen�rico relativo a qu� prove�do debe considerarse como "�ltima resoluci�n" dictada la fase ejecutiva de los juicios, en contra del cual procede el juicio de amparo indirecto, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 114, fracci�n III, p�rrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales, procede resolver el planteamiento espec�fico consistente, en esencia, en determinar cu�l es la "�ltima resoluci�n" que se dicta en el procedimiento de ejecuci�n de sentencia de un juicio de arrendamiento inmobiliario, en contra de la cual procede la v�a constitucional biinstancial.

Pues bien, del c�mulo de razonamientos sustentados por el Tribunal Pleno de este M�ximo �rgano Colegiado del pa�s, que anteceden, se logra obtener tambi�n las bases para la debida soluci�n de la contradicci�n de criterios a que este asunto se contrae en lo espec�fico.

Sobre el particular, es pertinente retrotraer la atenci�n al hecho relativo a que la contienda entre los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito gira en torno a que el Segundo se pronunci� en el sentido de que esa "�ltima resoluci�n" es la que concede al inquilino un t�rmino de treinta d�as para que haga entrega voluntaria al actor del inmueble arrendado, apercibido de lanzamiento en caso contrario; mientras que el tercero lo hizo concluyendo que es aquella emitida posterior al incumplimiento y que ordena la ejecuci�n material.

As� las cosas, a criterio de esta Primera S. a ninguno de los tribunales en conflicto asiste la raz�n y, por lo tanto, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia la tesis que sostiene esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyo rubro y texto se asentar� en ulteriores l�neas.

Para arribar a la conclusi�n que antecede es necesario precisar que en los recursos de revisi�n civiles n�meros 2332/95, por un lado y 658/90, 833/90, 958/90, 1651/90 y 297/91, por el otro, dentro de los cuales los �rganos colegiados de m�rito sostuvieron sus criterios discrepantes, los hicieron al conocer de juicios de amparo indirecto promovidos en contra de sendos autos dictados por Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en etapa de ejecuci�n de sentencia definitiva pronunciada en juicios de ese orden.

Es decir, la mencionada fase ejecutiva obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden p�blico; por ello, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese prop�sito, como es el caso de aquellas que ordenan al condenado a entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concedi�ndole un t�rmino y apercibi�ndolo de que en caso contrario se proceder� al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo.

Empero, ninguno de tales prove�dos resulta ser el �ltimo dictado en el procedimiento ejecutivo, pues ambos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciaci�n material de lo ordenado; en el primer caso, depende de la voluntad o no del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupaci�n forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de primera instancia de origen emitir�n sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resoluci�n definitiva.

Por tal motivo, deviene inobjetable colegir que la "�ltima resoluci�n" que se pronuncia en el procedimiento de ejecuci�n de sentencia de un juicio del arrendamiento inmobiliario es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva o, en su caso, la que declara la imposibilidad material o jur�dica para darle cumplimiento.

En ese orden de ideas, s�lo en contra de la determinaci�n que se dicte -reconociendo o declarando la imposibilidad de cumplir la sentencia-, proceder� el juicio de amparo indirecto previsto por el p�rrafo segundo, fracci�n III, del art�culo 114 de la ley de la materia.

De esta manera no �nicamente se impide la promoci�n de demandas de garant�as en contra de cualquier determinaci�n, sino tambi�n se da la pauta para poder reclamar todas las violaciones cometidas en el propio procedimiento ejecutivo.

En el contexto precedente, robustecido con la identidad de argumentos que llevaron al Tribunal Pleno a resolver el planteamiento general previo, deviene procedente pronunciar la tesis que en el aspecto espec�fico analizado deber� prevalecer con car�cter de jurisprudencia, de rubro y texto siguientes:

ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCI�N EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JUR�DICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA �LTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.-El art�culo 114, fracci�n III, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnaci�n de los actos dictados en un procedimiento de ejecuci�n de sentencia, como presupuesto de procedencia de la v�a indirecta, que se reclame la "�ltima resoluci�n" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "�ltima resoluci�n" que se dicta y en contra de la cual procede la v�a constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jur�dica para darle cumplimiento. Lo anterior es as�, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecuci�n obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden p�blico y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese prop�sito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concedi�ndole un t�rmino y apercibi�ndole de que en caso contrario se proceder� al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; tambi�n lo es que estos prove�dos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciaci�n material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupaci�n forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas en torno a las cuales los tribunales de origen emitir�n sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resoluci�n definitiva.

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de criterios entre los sustentados por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver, el primero, el amparo en revisi�n civil n�mero 2332/95 y, el segundo, los amparos en revisi�n civil n�meros 658/90, 833/90, 958/90, 1651/90 y 297/91, en los t�rminos precisados en el considerando tercero de esta resoluci�n.

SEGUNDO

En el tema de contradicci�n debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, la tesis que se contiene en el �ltimo considerando de esta sentencia.

TERCERO

Rem�tase de inmediato la tesis que se sustenta en el presente fallo a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis, para su publicaci�n �ntegra en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como a las S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese y c�mplase; con testimonio de esta resoluci�n, comun�quese a los Tribunales Colegiados sustentantes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C. (ponente), H.R.P., J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente J.� de Jes�s G.�o P..

Nota: Las tesis de rubros: "ARRENDAMIENTO. LANZAMIENTO EN EJECUCI�N DE SENTENCIA DEFINITIVA. EL AUTO QUE CONCEDE T�RMINO PARA LA ENTREGA VOLUNTARIA DEL BIEN, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO." y "ARRENDAMIENTO. LANZAMIENTO, AUTO QUE DECRETA EL, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.", citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas con los n�meros I.2o.C.3 C y I.3o.C. J/16, en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo III, abril de 1996, p�gina 339 y en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, T.V., noviembre de 1991, p�gina 99, respectivamente.