Ejecutoria num. 1a./J. 45/2001 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26826891

Ejecutoria num. 1a./J. 45/2001 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 45/2001
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 2001
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/99-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.APELACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 70/99-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver en sesi�n de cuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, la improcedencia civil n�mero 117/99, interpuesta por M.�a S.C.P.�rez, expres� lo que a continuaci�n se transcribe en la parte conducente:

CUARTO.-Los agravios son fundados. En efecto, para una mejor comprensi�n del asunto conviene destacar que M.�a S.C.P.�rez, ante el J.zgado Primero de Distrito con residencia en Naucalpan de J.�rez, Estado de M�xico, promovi� juicio de amparo indirecto contra actos del J.ez Primero de lo Familiar del Distrito J.dicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, M�xico, que hizo consistir en la interlocutoria de fecha veinticinco de enero del a�o en curso, pronunciada en el incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal.-El J.ez de Distrito, al proveer sobre dicha demanda, por auto de fecha veintid�s de febrero del presente a�o, la desech� al considerar que no se cumpl�a con el principio de definitividad del acto reclamado, porque contra �ste proced�a el recurso de apelaci�n previsto en el art�culo 432 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, por lo que la demanda de garant�as era improcedente.-Ahora bien, la recurrente alega que el auto que impugna viola los art�culos 432 y 717 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, en relaci�n a los numerales 73, fracci�n XIII y 114, fracci�n III, de la Ley de Amparo, en virtud de que es falso que no se haya impugnado la interlocutoria del incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal, pues contra �sta se interpuso recurso de apelaci�n, promoci�n que no fue acordada favorablemente por el J.ez Primero de lo Familiar de Tlalnepantla, M�xico, en virtud de que de acuerdo con el art�culo 717 del C�digo de Procedimientos Civiles no era apelable, porque se trata de una interlocutoria dictada en ejecuci�n de sentencia, lo cual en t�rminos del citado art�culo no admite apelaci�n, como se desprende del propio texto del referido precepto legal que dice: ?De las resoluciones dictadas para la ejecuci�n de la sentencia o convenio no se admitir� otro recurso que el de responsabilidad.?, recurso este que a la fecha se encuentra derogado, pues con anterioridad se regulaba por los art�culos 467 a 477 del c�digo procesal civil, por lo que la inconforme interpuso el juicio de garant�as.-Lo anterior es fundado, en virtud de que la liquidaci�n de la sociedad conyugal consistente en la divisi�n de los bienes comunes que se adquirieron por los esposos durante el matrimonio y cuando deriva de un juicio de divorcio, es una consecuencia del mismo, al decretarse la disoluci�n del v�nculo matrimonial, pudi�ndose dejar su liquidaci�n para la etapa de ejecuci�n de sentencia; as�, el art�culo 711 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, establece: ?Art�culo 711. Cuando la sentencia condene a dividir una cosa com�n y no d� las bases para ello, se convocar� a los interesados a una junta para que en la presencia judicial determine las bases de la partici�n, o designen un partidor y si no se pusieren de acuerdo en una u otra cosa, el J.ez designar� la persona que haga la partici�n y que sea perito en la materia, si fuere menester conocimientos especiales. Se�alar� a �ste un t�rmino prudente para que preste el proyecto partitorio.-Presentado el plan de partici�n, quedar� en la secretar�a a la vista de los interesados por seis d�as comunes, para que formulen las objeciones dentro de ese mismo tiempo y de las que se correr� traslado al partidor y se sustanciar� en la misma forma de los incidentes de liquidaci�n de sentencia. El J.ez al resolver mandar� hacer las adjudicaciones y extender las hijuelas con una breve relaci�n de los antecedentes respectivos.?.-Del art�culo transcrito, se advierte que cuando la sentencia condena a dividir una cosa colectiva y no da bases para ello, se convocar� a los interesados para que lo hagan de com�n acuerdo por s� o por conducto de un partidor y si no lo hicieren, el J.ez designar� este �ltimo, al que se le otorgar� un t�rmino para que presente el proyecto respectivo; exhibido �ste, se dar� vista a los interesados para que formulen objeciones, de las que se correr� traslado al partidor y se sustanciar� en la misma forma de los incidentes de liquidaci�n de sentencia; sin embargo, el juzgador al resolver mandar� hacer las adjudicaciones respectivas, y extender las hijuelas con una breve relaci�n de los antecedentes correspondientes.-Por su parte, el art�culo 717 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, establece que: ?Art�culo 717. De las resoluciones dictadas para la ejecuci�n de la sentencia o convenio no se admitir� otro recurso que el de responsabilidad.?.-Este art�culo, establece el principio de la no recurribilidad de las resoluciones dictadas por la ejecuci�n de una sentencia. Ciertamente, el empleo de la palabra ?para?, constituye una preposici�n con que se denota el fin o t�rmino a que se ?encamina una acci�n?, esto de acuerdo al quinto tomo del Diccionario de la Lengua Espa�ola, d�cimo novena edici�n.-Por lo que, el empleo de la preposici�n ?para?, en el art�culo 717 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, implica el fin directo y determinante de ejecutar la sentencia definitiva; en tal virtud, el precepto legal en cita establece la regla general de la no impugnabilidad de las resoluciones dictadas con motivo de la ejecuci�n de las sentencias definitivas, incluyendo dentro de �stas, a las interlocutorias que se dicten en el incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal.-Ciertamente, la afirmaci�n contenida en el p�rrafo que antecede, se corrobora con el contenido del art�culo 432 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, que fue reformado por Decreto N�mero 146 de fecha dos de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, publicado en la Gaceta de Gobierno N�mero 117 del d�a doce de diciembre de ese mismo a�o, que establece: ?Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos cuando lo disponga este c�digo, si adem�s, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicte. La apelaci�n, en este caso, se admitir� sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario.?.-De este precepto se desprende, que son apelables: a) Las sentencias interlocutorias; y b) Los autos; sin embargo, la impugnaci�n de estas resoluciones se encuentra constre�ida a cuando as� lo disponga el C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, lo cual denota que el legislador s�lo quiso que las interlocutorias y los autos fueren apelables cuando as� expresamente lo estableciera la legislaci�n citada.-En tal virtud, si el acto reclamado lo constituye la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal, la cual implica el fin directo de la ejecuci�n de la sentencia de divorcio que contiene dicha condena y el art�culo 717 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, establece el principio de la no recurribilidad de las resoluciones dictadas para la ejecuci�n de una sentencia, no puede obligarse al quejoso a que agote el recurso de apelaci�n, antes de acudir al juicio de garant�as. M�xime, si el art�culo 711 de la legislaci�n invocada que es el aplicable para la liquidaci�n de la sociedad conyugal, no establece el recurso de apelaci�n contra la interlocutoria que se pronuncie en ese procedimiento; por lo que ese medio de impugnaci�n, conforme al numeral 432 de la ley en cita, no procede.-Por lo anteriormente expuesto, cabe concluir que la resoluci�n que resuelve un incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal, no es recurrible mediante el recurso de apelaci�n, pues ello se desprende, en primer lugar, porque el legislador no estableci� tal circunstancia en el art�culo 711 del c�digo procesal civil; es decir, que contra la interlocutoria que se dicte en los procedimientos de ejecuci�n de sentencia de divisi�n de una cosa com�n proceda el recurso de apelaci�n, lo cual se advierte tambi�n del contenido del art�culo 432 que en su parte conducente, establece: ?Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos cuando lo disponga este c�digo, si adem�s, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicte. ...?, y en segundo lugar, esto se corrobora con lo establecido en el numeral 717 del c�digo invocado al establecer imperativamente el principio de la no recurribilidad de las resoluciones dictadas para la ejecuci�n de una sentencia; pues de otra manera, si el legislador hubiera querido establecer el recurso de apelaci�n o cualquier otro medio de impugnaci�n en contra de la interlocutoria dictada en relaci�n a la ejecuci�n de las sentencias, lo hubiera hecho expresamente, como lo hizo el del Distrito Federal al establecer en el numeral 527 del C�digo de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, que dice: ?De las resoluciones dictadas para la ejecuci�n de una sentencia, no se admitir� otro recurso que el de responsabilidad y si fuere sentencia interlocutoria, el de queja por ante el superior.?; o bien, lo estatuido en el art�culo 723, fracci�n II, del c�digo �ltimamente citado, al estatuir: ?El recurso de queja tiene lugar: ... II. Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecuci�n de sentencias.?; lo que en el Estado de M�xico no sucedi�, pues no estableci� la impugnaci�n o no de resoluciones dictadas ?para? y ?en? ejecuci�n de sentencia, contrariamente a la legislaci�n del Distrito Federal, ni tampoco previ� el recurso de queja en lo referente a las interlocutorias respectivas; por lo que debe estarse expresamente a lo establecido en el art�culo 717 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, de que las resoluciones dictadas para la ejecuci�n de la sentencia no admitir�n recurso alguno.-Por lo tanto, le asiste raz�n al recurrente en cuanto a que conforme al art�culo 717 de la legislaci�n adjetiva civil, tal resoluci�n no es apelable, por lo que interpuso acertadamente el juicio de garant�as y en tal virtud, procede revocar la resoluci�n recurrida y ordenar admitir la demanda de amparo; al respecto, es aplicable la tesis aislada del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en el Semanario J.dicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo XI, junio de 1993, p�gina 300, que dice: ?RESOLUCIONES DICTADAS EN EJECUCI�N DE SENTENCIA, TIENEN EL CAR�CTER DE DEFINITIVAS (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE M�XICO).? (la transcribe).-Razones las anteriores por las cuales procede revocar la resoluci�n impugnada y ordenar admitir la demanda de garant�as, de no existir diversa causal de improcedencia comprobada en forma fehaciente e indudable, distinta de la examinada.

La anterior resoluci�n dio origen a la tesis aislada que a continuaci�n se transcribe:

"Novena �poca.

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito

"Fuente: Semanario J.dicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: X, diciembre de 1999

"Tesis: II.2o.C.178 C

"P�gina: 784

"SOCIEDAD CONYUGAL, LA INTERLOCUTORIA QUE SE PRONUNCIA EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACI�N DE LA, NO ES RECURRIBLE EN APELACI�N (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE M�XICO).-La liquidaci�n de la sociedad conyugal consiste en la divisi�n de los bienes comunes que en su caso se adquirieron por los esposos durante el matrimonio y, cuando deriva de un juicio de divorcio, es una consecuencia del mismo, pudi�ndose dejar tal liquidaci�n para la etapa de ejecuci�n de sentencia. Ahora bien, la interlocutoria que se pronuncie al respecto no es recurrible, ya que el art�culo 717 del c�digo procesal civil se�ala que: ?De las resoluciones dictadas para la ejecuci�n de la sentencia o convenio no se admitir� otro recurso que el de responsabilidad.?. Este precepto establece el principio de la no recurribilidad de las resoluciones dictadas para la ejecuci�n de una sentencia pues el empleo de la preposici�n ?para?, en el art�culo 717 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, implica el fin directo y determinante de ejecutar la sentencia; en tal virtud, el precepto legal en cita establece la regla general de la no impugnabilidad de las resoluciones dictadas con motivo de la ejecuci�n de las sentencias definitivas, incluyendo en �stas a las interlocutorias que se dicten en el incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal. Lo anterior se corrobora con el contenido del art�culo 432 del c�digo adjetivo civil, que establece: ?Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos cuando lo disponga este c�digo, si adem�s, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicte ...?. De esta disposici�n legal se desprende, que son apelables: a) Las sentencias interlocutorias y b) Los autos; sin embargo, la impugnaci�n de estas resoluciones se encuentra constre�ida a cuando as� lo disponga el C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico; lo cual denota, que el legislador s�lo quiso que las interlocutorias y los autos fueren apelables cuando as� expresamente lo dispusiera la legislaci�n citada. En consecuencia, si el acto reclamado lo constituye la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal, lo que implica el fin directo de la ejecuci�n de la sentencia de divorcio que contiene dicha condena y el art�culo 717 del C�digo de Procedimientos Civiles, establece el principio de la no recurribilidad de las resoluciones dictadas para la ejecuci�n de una sentencia; no puede obligarse al quejoso a que agote el recurso de apelaci�n que, se ha visto, es improcedente antes de acudir al juicio de garant�as.

Amparo en revisi�n (improcedencia) 117/99. M.�a S.C. P�rez. 4 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ra�l Sol�s Sol�s. Secretario: A.�n A.O..

CUARTO

Por su parte, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de dicho circuito, en sesi�n de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro, al dar vista al amparo en revisi�n n�mero 53/94, interpuesto por J.M.�.R., desech� por mayor�a de votos el proyecto del Magistrado relator y emiti� la resoluci�n correspondiente en la que sostuvo:

... En la sesi�n celebrada el d�a veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro, el anterior proyecto fue desechado por mayor�a de votos de los se�ores Magistrados, presidente Salvador Bravo G�mez y Ra�l D�az I.A., quienes lo emitieron en el sentido de confirmar el sobreseimiento del juicio de garant�as revisado, en contra del emitido por el relator, Magistrado V�ctor C.V.�or, quien sostiene su ponencia, en el sentido de revocar la sentencia impugnada y conceder al quejoso el amparo solicitado.-La mayor�a se basa en las siguientes consideraciones: ?Como se sostuvo en el proyecto, una interpretaci�n correcta del art�culo 717 del c�digo procesal civil vigente en el Estado, permite concluir que si bien de manera gen�rica se estableci� la irrecurribilidad de las determinaciones dictadas en ejecuci�n de sentencia, es de inferirse que ello se encuentra referido s�lo a las resoluciones que de manera directa est�n encaminadas a ejecutar una sentencia definitiva.?.-En efecto, para proceder a la ejecuci�n de una sentencia ejecutoria, pueden ocurrir dos circunstancias distintas, a saber: a) Cuando la resoluci�n contiene condena gen�rica, es preciso proceder a su liquidaci�n o a la determinaci�n de la condena espec�fica, para lo cual es preciso sustanciar un incidente, en el cual las partes deduzcan oportunamente sus derechos; y b) Cuando la sentencia contiene condena l�quida o a hacer algo o entregar una cosa, s�lo es preciso determinar lo conducente a fin de proceder a su ejecuci�n por la v�a de apremio.-Ahora bien, en el primero de los supuestos mencionados, lo que ocurre pr�cticamente es que la soluci�n de la controversia se extiende m�s all� de lo resuelto en la sentencia, pues se deja la determinaci�n espec�fica de los derechos a la v�a de apremio, en relaci�n a lo cual existe debate, por lo que se tramita una incidencia, en cuyo caso, es de sostenerse la recurribilidad de las interlocutorias que deciden al respecto, conforme al art�culo 432 del c�digo procesal civil vigente en el Estado; sin embargo, si la resoluci�n s�lo tiende en forma inmediata al cumplimiento del fallo definitivo, resultar� aplicable lo dispuesto en el diverso numeral 717 del propio cuerpo legal.-En la especie, la responsable dict� sentencia en la cual determin� que al haber declarado la nulidad del matrimonio materia de la litis, deber�a procederse a la divisi�n de los bienes comunes, en t�rminos de las capitulaciones matrimoniales y aplicarse �ntegramente los productos a favor del actor; con apoyo en lo anterior, L.C.M.�ndez promovi� ?incidente de liquidaci�n de la sociedad conyugal? y el tres de septiembre pasado se resolvi� la incidencia, liquid�ndose la sociedad conyugal y se adjudicaron los bienes a cada una de las partes.-Por tanto, si la interlocutoria combatida no es un acto que de manera inmediata estuviese encaminada a ejecutar una resoluci�n judicial, es dable concluir que no es irrecurrible, sino que debi� ser combatida en apelaci�n y en tal virtud, si el quejoso no la hizo valer previamente al ejercicio de la acci�n constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XIII, de la Ley de Amparo, lo cual da lugar a confirmar el sobreseimiento del juicio de garant�as revisado, aun cuando por diversas consideraciones.

De la anterior resoluci�n se deriv� la siguiente tesis aislada:

"Octava �poca

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito

"Fuente: Semanario J.dicial de la Federaci�n

"Tomo: XIV, agosto de 1994

"Tesis: II.1o.164 C

"P�gina: 621

"INCIDENTE PROMOVIDO PARA LA EJECUCION DE UNA SENTENCIA. ES RECURRIBLE (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE M�XICO).-Una correcta interpretaci�n del art�culo 717, del c�digo procesal civil vigente en el Estado, permite concluir que si bien de manera gen�rica se estableci� la irrecurribilidad de las determinaciones dictadas en ejecuci�n de sentencia, es de inferirse que ello se encuentra referido s�lo a las resoluciones que de manera directa est�n encaminadas a ejecutar un fallo definitivo. Para proceder a cumplimentar una sentencia ejecutoria, pueden ocurrir dos circunstancias distintas, a saber: a) cuando la resoluci�n contiene condena gen�rica, es preciso proceder a su liquidaci�n, o sea, a determinar la condena espec�fica, para lo cual se debe sustanciar un incidente, en el que las partes deduzcan oportunamente sus derechos; y, b) cuando la sentencia contiene condena l�quida u ordena hacer algo o entregar una cosa, s�lo es preciso determinar lo conducente a fin de proceder a su ejecuci�n por la v�a de apremio. En el primero de los supuestos, la soluci�n de la controversia se extiende m�s all� de lo resuelto en la sentencia, pues se deja la determinaci�n espec�fica de los derechos a la v�a de apremio, en relaci�n a lo cual subsiste el debate, por lo que se tramita una incidencia; en cuyo caso, es de sostener la recurribilidad de las interlocutorias que decidan al respecto, conforme al art�culo 432 del c�digo procesal civil vigente en el Estado. Sin embargo, si la resoluci�n tiende en forma inmediata al cumplimiento del fallo futuro, resultar� aplicable lo dispuesto en el diverso 717 del propio cuerpo legal, en relaci�n a la irrecurribilidad de tales determinaciones. En esas condiciones, si la responsable dicta una sentencia en la que se determina que al haber declarado la nulidad del matrimonio materia de la litis, debe procederse a la divisi�n de los bienes comunes en t�rminos de las capitulaciones matrimoniales y la quejosa interpone incidente de liquidaci�n de lasociedad conyugal, el cual culmina con una sentencia interlocutoria, es de estimarse que tal interlocutoria no es un acto que de manera inmediata estuviese encaminado a ejecutar una resoluci�n judicial; en esa virtud, no es irrecurrible, sino debi� ser combatido en apelaci�n, a fin de agotar el principio de definitividad del juicio de garant�as.

Amparo en revisi�n 53/94. J.M.�.R.. 28 de abril de 1994. Ponente: V�ctor C.V.�or. Secretario: J.L.F.G.�lez. Resuelto por mayor�a de votos de los M.S.B. G�mez y Ra�l D�az I.A. comision�ndose al segundo para elaborar el engrose, contra el emitido por el Magistrado V�ctor C.V.�or.

QUINTO

En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicci�n de criterios, pues s�lo en tal supuesto es dable determinar cu�l es el que debe prevalecer.

Para que exista materia a dilucidar respecto de cu�l criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposici�n de criterios jur�dicos en los que se analice la misma cuesti�n; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

En otras palabras, existe contradicci�n de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, y

  3. Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial:

    "Octava �poca

    "Instancia: Cuarta Sala

    "Fuente: Gaceta del Semanario J.dicial de la Federaci�n

    "Tomo: 58, octubre de 1992

    "Tesis: 4a./J. 22/92

    "P�gina: 22

    "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de J.sticia, o de la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    "Contradicci�n de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del D�cimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: I.M.�a C�rdenas. Secretario: N�stor G.D.�nguez.

    "Contradicci�n de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: I.M.�a C�rdenas. Secretario: P.J.�s H.�ndez M..

    "Contradicci�n de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: R.�n G.A.�n.

    "Contradicci�n de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del D�cimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: C.G.�a V�zquez. Secretario: El�as �lvarez Torres.

    "Contradicci�n de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del S�ptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: C.G.�a V�zquez. Secretario: El�as �lvarez Torres."

    Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se da o no contradicci�n de criterios.

    De las resoluciones de los Tribunales Colegiados de las que se deriv� la presente denuncia de contradicci�n de tesis, se aprecia:

  4. Los dos Tribunales Colegiados examinaron la procedencia del recurso de apelaci�n en contra de sentencias interlocutorias dictadas en incidentes de liquidaci�n de sociedad conyugal, en ejecuci�n de sentencias de juicios ordinarios civiles de similar naturaleza, en un caso, de divorcio voluntario y, en otro, de nulidad de matrimonio, para determinar con base en ello, a la luz del principio de definitividad del acto reclamado, la procedencia del juicio de amparo indirecto.

  5. Los dos Tribunales Colegiados adoptaron posiciones o criterios jur�dicos discrepantes: uno consider� que la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidaci�n de la sociedad conyugal, no admite recurso alguno pues as� lo establece la legislaci�n adjetiva civil del Estado y, por tanto, tiene el car�cter de definitiva para fines del juicio de amparo; el otro, afirm� que dicha resoluci�n, en tanto tiene como finalidad dividir los bienes comunes a la sociedad en t�rminos de las capitulaciones matrimoniales, no es un acto que de manera inmediata est� encaminado a la ejecuci�n de la sentencia del juicio natural y, por tanto, no es una resoluci�n definitiva para efectos de la procedencia del juicio de garant�as, pues en t�rminos de la legislaci�n procesal civil del Estado, es recurrible en apelaci�n.

  6. La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones y razonamientos de las sentencias respectivas; y,

  7. Los criterios divergentes provienen del examen de los mismos elementos, dado que ambos colegiados emitieron su resoluci�n en base a la interpretaci�n de los art�culos 432 y 717 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico, en relaci�n con la fracci�n XIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo.

    En conclusi�n, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver la improcedencia n�mero 117/99, en la que se reclam� del J.ez Primero de Distrito en el Estado de M�xico, el desechamiento de la demanda de garant�as interpuesta por M.�a S.C.P.�rez en contra de la interlocutoria dictada por el J.ez Primero de lo Familiar del Distrito J.dicial de Tlalnepantla, Estado de M�xico, en el incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal sostuvo, en lo que interesa a la presente contradicci�n de tesis, que en t�rminos del art�culo 717 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico, las resoluciones dictadas en ejecuci�n de sentencia no admiten ning�n recurso, conclusi�n que corrobora el diverso dispositivo 432 del propio ordenamiento, por lo que la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal, al tener el car�cter de definitiva, para efectos del juicio de garant�as, puede ser impugnada en v�a de amparo indirecto.

    Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (hoy Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de ese circuito), al resolver el amparo en revisi�n 53/94, en el que se reclam� de la J.ez Cuarto de Distrito en el Estado de M�xico, el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo indirecto interpuesto por J.M.�.R., en contra de la sentencia interlocutoria dictada en ejecuci�n de sentencia del juicio ordinario civil de nulidad de matrimonio, por el J.ez Tercero de lo Familiar del Distrito J.dicial de Tlalnepantla, Estado de M�xico, sostuvo que una correcta interpretaci�n del art�culo 717 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico, en relaci�n con el art�culo 432 de dicho c�digo, permite afirmar que cuando el incidente de liquidaci�n tiene como finalidad la determinaci�n de la condena espec�fica y no la de dar cumplimiento al fallo en forma inmediata, la resoluci�n que de dicho incidente se derive puede ser recurrida en apelaci�n en t�rminos del citado numeral 432 del c�digo adjetivo civil del Estado y, por tanto, si el quejoso no hizo valer dicho recurso previamente a la interposici�n de la demanda de garant�as, esta acci�n es improcedente en t�rminos del art�culo 73, fracci�n XIII, de la Ley de Amparo.

    De lo antes expuesto, se desprende que en la especie subsisten dos aspectos medulares respecto de los cuales debe definirse la posibilidad de analizar si existe la oposici�n de criterios planteada, los cuales se hacen consistir en lo siguiente:

    1. Establecer si la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal, tiene el car�cter de definitiva, para los efectos del juicio de amparo indirecto; y,

    2. Determinar si contra la interlocutoria dictada en ejecuci�n de sentencia de un juicio ordinario civil de nulidad de matrimonio o de divorcio voluntario procede el recurso de apelaci�n en t�rminos del art�culo 432 del c�digo adjetivo civil del Estado de M�xico.

    Pues bien, en cuanto a la primera de las dos hip�tesis planteadas, debe decirse que en la misma se contempla el aspecto de la definitividad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, tomando como punto de referencia a la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal.

    Sobre el particular, esta Primera Sala considera que legalmente no existen condiciones para abordar en el presente asunto, el an�lisis que se plantea en dicho supuesto por las razones siguientes:

    Por lo que se refiere al tema concreto de la definitividad de las resoluciones para el efecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en los t�rminos previstos por el art�culo 114, fracci�n III, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, esta Primera Sala al fallar en sesi�n de treinta y uno de enero de dos mil uno, la contradicci�n de tesis 25/96, defini� claramente el significado de la expresi�n "�ltima resoluci�n" a que se refiere el precepto aludido.

    Las torales consideraciones que sustentan el criterio mencionado, se hicieron consistir en el hecho de que trat�ndose del procedimiento de ejecuci�n de sentencias, el �nico acto impugnable en amparo lo constituye la �ltima resoluci�n del mismo, que invariablemente lo ser� aquella en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jur�dica para darle cumplimiento.

    Tales consideraciones coinciden con lo sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal en el criterio aislado que a continuaci�n se transcribe y en el cual se determina el significado de la expresi�n "�ltima resoluci�n", cuyos datos de identificaci�n son los siguientes:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario J.dicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: V, abril de 1997

    "Tesis: P. LVII/97

    "P�gina: 16

    "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESI�N ?�LTIMA RESOLUCI�N?, A QUE SE REFIERE EL P�RRAFO SEGUNDO DE LA FRACCI�N III DEL ART�CULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.-El art�culo 114, fracci�n III, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnaci�n de los actos dictados en un procedimiento de ejecuci�n de sentencia, como presupuesto de procedencia de la v�a indirecta, que se reclame la �ltima resoluci�n dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposici�n de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garant�as, lo que se obtiene si la procedencia de �ste contra violaciones sufridas en la ejecuci�n de una sentencia, se limita a la impugnaci�n de la ?�ltima resoluci�n? que se dicte en esa fase ejecutiva, resoluci�n que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jur�dica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 113 de la legislaci�n invocada, al que se acude en forma anal�gica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretaci�n diferente.

    "Amparo en revisi�n 1413/94. J.H.�ndez M.. 12 de agosto de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: R.L.H.�ndez.

    "Amparo en revisi�n 2137/95. L. y L�pez D.�n, S.A. de C.V. 12 de agosto de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretaria: A.C. de O..

    El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el ocho de abril en curso, aprob�, con el n�mero LVII/1997, la tesis aislada que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis jurisprudencial. M�xico, Distrito Federal, a ocho de abril de mil novecientos noventa y siete.

    Por su parte, la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en relaci�n al tema relativo a las resoluciones intermedias dictadas en ejecuci�n de sentencia, sostuvo la tesis aislada que a continuaci�n se transcribe, cuyos datos de identificaci�n son los siguientes:

    "Novena �poca

    "Instancia: Segunda Sala

    "Fuente: Semanario J.dicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: VII, febrero de 1998

    "Tesis: 2a. VIII/98

    "P�gina: 230

    "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCI�N DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.-De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 114, fracci�n III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garant�as contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicci�n voluntaria y otros similares; b) Ejecutados despu�s de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no est�n encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecuci�n; y c) De ejecuci�n de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificaci�n se encuentran tambi�n los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecuci�n de sentencias, no pueden ser combatidas a trav�s del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinaci�n con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculizaci�n de su cumplimiento. Por tanto, no proceder� el juicio de amparo en contra del incidente de oposici�n a la ejecuci�n del convenio homologado, en t�rminos de los art�culos 73, fracci�n XVIII y 114, fracci�n III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resoluci�n terminal con la que culmine el procedimiento de ejecuci�n.

    "Amparo en revisi�n 1211/97. F.J.R.�guez M.�nez. 10 de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: G.I.O.M.. Secretario: J.J.F.L.."

    Lo antes expuesto, evidencia que el tema al que se refiere el presente estudio, contradice lo sustentado tanto por esta Primera Sala como por el Pleno de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, toda vez que en la hip�tesis planteada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, se sostiene que la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal tiene el car�cter de definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, en tanto que los pronunciamientos que sobre el particular ha sustentado este Alto Tribunal, conducen a la afirmaci�n de que la "�ltima resoluci�n" que se dicte en la fase ejecutiva debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jur�dica para darle cumplimiento.

    Por tanto, resulta incuestionable que de acuerdo con tales consideraciones, a la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal no se le debe otorgar el car�cter de definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, sino que se debe considerar como una resoluci�n intermedia dictada en ejecuci�n de sentencia, a virtud de que en ella no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni se declara la imposibilidad material o jur�dica para darle cumplimiento.

    En consecuencia, esta Primera Sala considera que el supuesto jur�dico en que se apoy� el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el sentido de que la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal, tiene el car�cter de definitiva, para los efectos del juicio de amparo indirecto, no debe formar parte del estudio de la presente contradicci�n.

    En ese orden de ideas, es evidente que el tema a dilucidar en la presente contradicci�n de tesis, debe girar en torno a si de acuerdo con lo previsto en los art�culos 432 y 717 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico, procede el recurso de apelaci�n en contra de la interlocutoria dictada en ejecuci�n de sentencia de un juicio en el que se decidi� respecto de la nulidad del matrimonio.

    Pues bien, del an�lisis de las resoluciones emitidas por los �rganos jurisdiccionales de que se trata, esta Primera Sala concluye que s� existe oposici�n de criterios, puesto que en las resoluciones de los dos tribunales se controvierte la misma cuesti�n, pero se resuelve en forma opuesta, ya que ambos colegiados interpretaron en diverso sentido el alcance y significado de los art�culos 432 y 717 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico, respecto al punto de si la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal, en ejecuci�n de sentencia, es o no impugnable mediante el recurso de apelaci�n.

SEXTO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, considera que debe de prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio que se sostiene en esta resoluci�n.

En efecto, ha quedado precisado en el anterior considerando que el punto de contradicci�n consiste en determinar si la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal, dictada en ejecuci�n de sentencia, es o no recurrible por alg�n medio de impugnaci�n ordinario, concretamente el recurso de apelaci�n.

Al respecto, debe se�alarse que el procedimiento o etapa de ejecuci�n de sentencia, tiene especial trascendencia dentro de la actividad jurisdiccional, pues es a trav�s de esta etapa procesal que se concreta la realidad jur�dica para que el derecho alcance su efectividad pr�ctica. En este sentido no puede concebirse plenamente la actividad de los �rganos jurisdiccionales del Estado, sin el efecto pr�ctico que se deriva de sus resoluciones por excelencia: las sentencias.

En efecto, la raz�n primordial del juicio o proceso jurisdiccional es la declaraci�n del juzgador acerca del conflicto de intereses que las partes han puesto a su conocimiento, para que mediante su facultad de juzgar -iurisdictio-, decida el punto controvertido que ha sido sometido a su conocimiento.

En este sentido, el proceso jurisdiccional y la resoluci�n que lo resuelve en el fondo, constituyen fundamento de la garant�a de tutela judicial a que se refiere el segundo p�rrafo del art�culo 17 constitucional, que se�ala:

Art�culo 17. ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Ahora bien, para que sea completa y efectiva esta garant�a de tutela judicial, escondici�n indispensable que se complete el ciclo de la actividad jurisdiccional a trav�s de la ejecuci�n de la sentencia emitida por el juzgador; el que el juzgador o el tribunal, en su caso, resuelvan mediante sentencia firme el conflicto de intereses puesto a su conocimiento, sin la respectiva materializaci�n de su resoluci�n, es justicia denegada. Esta materializaci�n de la sentencia es la raz�n de ser y fin �ltimo de una verdadera tutela judicial: que sea efectiva. Efectividad que significa que el �rgano jurisdiccional ha de velar porque las resoluciones judiciales se ejecuten, en la medida de lo posible, en sus propios t�rminos, as� lo establece la Constituci�n General de la Rep�blica en el p�rrafo tercero del mismo art�culo 17, que establece:

"Art�culo 17. ... Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones."

Ahora bien, en tanto la ejecuci�n eficaz e inmediata de las sentencias es de inter�s p�blico, el legislador local ha estimado que los procedimientos de ejecuci�n fundados en resoluciones o sentencias definitivas, que por tanto han adquirido la naturaleza de cosa juzgada, no deben de ser innecesariamente obstaculizados, entorpeciendo su secuencia ejecutiva mediante la interposici�n de recursos, por lo que en el ordenamiento adjetivo civil del Estado, estableci� la prohibici�n expresa de ello.

En efecto, el art�culo 717 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico, correspondiente al t�tulo quinto "De la v�a de apremio", cap�tulo I "Ejecuci�n de las sentencias", establece textualmente:

Art�culo 717. De las resoluciones dictadas para la ejecuci�n de la sentencia o convenio no se admitir� otro recurso que el de responsabilidad.

Cabe aclarar que el cap�tulo relativo al recurso de responsabilidad a que se refiere el art�culo transcrito, fue derogado por Decreto N�mero 146 de la Legislatura del Estado, publicado en la Gaceta del Gobierno de doce de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, por lo que, en consecuencia, debe entenderse que de acuerdo con la regla especial del art�culo 717, las resoluciones -cualquiera que sea su naturaleza-, dictadas en ejecuci�n de sentencia o convenio no admiten recurso alguno.

No contradice la anterior conclusi�n, la regla general que respecto al recurso de apelaci�n establece el art�culo 432 del propio c�digo adjetivo civil, que se�ala:

"Art�culo 432. Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos cuando lo disponga este c�digo, si adem�s, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicte. La apelaci�n, en este caso, se admitir� sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario."

En efecto, el anterior precepto establece como regla general respecto a la impugnaci�n de sentencias interlocutorias y autos, la procedencia del recurso de apelaci�n, condicionando dicha procedencia a dos presupuestos, a saber: que el c�digo lo disponga en forma expresa y que la sentencia definitiva del negocio de que se trate sea apelable.

En el caso debe decirse que si bien las sentencias definitivas de los negocios naturales de los que se derivaron las respectivas interlocutorias, son apelables en t�rminos del cap�tulo III, del t�tulo octavo del c�digo en comento, pues no existe en la legislaci�n civil de la entidad, ninguna norma que determine expresamente lo contrario; es igualmente cierto que el c�digo, al hacer referencia a las resoluciones dictadas en ejecuci�n de sentencias, no dispone de manera expresa que sean apelables, antes al contrario, como qued� dicho, el art�culo 717 es claro al afirmar que dichas resoluciones no admiten recurso alguno; luego entonces, es de afirmarse que no se actualizan en el caso los dos presupuestos a que se refiere el art�culo 432 del c�digo procesal de la entidad, para considerar que las resoluciones de m�rito sean impugnables en apelaci�n.

No obsta para llegar a la anterior conclusi�n que, como afirma en su ejecutoria el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, se trate de una interlocutoria que resuelve el incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal, en cumplimiento de una sentencia principal en que la condena es gen�rica y, por tanto, requiere de sustanciar en forma incidental la liquidaci�n correspondiente con el fin de determinar la condena espec�fica, raz�n por la cual, al decir del citado tribunal, la interlocutoria de referencia "no es un acto que de manera inmediata estuviese encaminada a ejecutar una resoluci�n judicial", por lo cual era procedente recurrirla en apelaci�n, afirmaci�n que es contraria a lo establecido en la ley, pues debe reiterarse, el texto expreso del multicitado art�culo 717 del c�digo procesal civil del Estado de M�xico, es contundente al afirmar sin reserva alguna, que las resoluciones dictadas para la ejecuci�n de sentencias no admiten ning�n recurso, por tanto, donde el legislador no hace diferencia, no debe hacerla el juzgador.

Por el contrario, debe se�alarse que la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal, en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada de divorcio o de nulidad de matrimonio, por su finalidad misma, as� como por lo establecido en la legislaci�n aplicable, es la resoluci�n que por excelencia permite dar eficacia a la sentencia definitiva en forma directa e inmediata.

En efecto, los art�culos 247 y 270 del C�digo Civil del Estado de M�xico, establecen que una vez declarada la nulidad del matrimonio o ejecutoriado el divorcio, se proceder� a la divisi�n de los bienes comunes. Por su parte, el art�culo 711 del C�digo de Procedimientos Civiles de la propia entidad, regula c�mo se ha de proceder en el caso de aquellas condenas que ordenen dividir una cosa com�n, sin dar base para ello, concluyendo que una vez determinadas las bases de la partici�n, el J.ez mandar� hacer las adjudicaciones correspondientes.

Los textos de los art�culos de referencia son los siguientes:

"Art�culo 247. Declarada la nulidad del matrimonio se proceder� a la divisi�n de los bienes comunes. Los productos repartibles, si los dos c�nyuges hubieren procedido de buena fe, se dividir�n entre ellos en la forma convenida en las capitulaciones matrimoniales; si s�lo hubiere habido buena fe por parte de uno de los c�nyuges, a �ste se aplicar�n �ntegramente esos productos. Si ha habido mala fe de parte de ambos c�nyuges, los productos se aplicar�n a favor de los hijos."

"Art�culo 270. Ejecutoriado el divorcio, se proceder� desde luego a la divisi�n de los bienes comunes, se tomar�n las precauciones necesarias para asegurar las obligaciones que queden pendientes entre los c�nyuges, o con relaci�n a los hijos. Los consortes divorciados tendr�n obligaci�n de contribuir, en proporci�n a sus bienes, a la subsistencia y educaci�n de los hijos varones hasta que lleguen a la mayor edad, y de las hijas aunque sean mayores de edad, hasta que contraigan matrimonio, siempre que vivan honestamente."

Art�culo 711. Cuando la sentencia condene a dividir una cosa com�n y no d� las bases para ello, se convocar� a los interesados a una junta para que en la presencia judicial determinen las bases de la partici�n, o designen un partidor y si no se pusieren de acuerdo en una u otra cosa, el J.ez designar� la persona que haga la partici�n y que sea perito en la materia, si fuere menester conocimientos especiales. Se�alar� a �ste un t�rmino prudente para que presente el proyecto partitorio.-Presentado el plan de partici�n, quedar� en secretar�a a la vista de los interesados por seis d�as comunes, para que formulen las objeciones dentro de ese mismo tiempo y de las que se correr� traslado al partidor y se sustanciar� en la misma forma de los incidentes de liquidaci�n de sentencia. El J.ez al resolver mandar� hacer las adjudicaciones y extenderlas hijuelas con una breve relaci�n de los antecedentes respectivos.

De las anteriores transcripciones queda claro que una vez declarada la disoluci�n del v�nculo matrimonial, por sentencia ejecutoriada de nulidad o divorcio, se proceder� por efecto de la propia sentencia, a la divisi�n de los bienes comunes de los c�nyuges, partici�n que habr� de resolverse en forma de incidente de liquidaci�n de sentencia, de cuya resoluci�n s�lo restar� que el J. adjudique los bienes en los t�rminos de la misma, secuencia que permite arribar a la conclusi�n de que la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal, s� es una resoluci�n que en forma directa e inmediata se dicta para la ejecuci�n de la sentencia respectiva y, por tanto, en t�rminos del art�culo 717 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, es irrecurrible en la v�a ordinaria.

En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, estima que en t�rminos de la legislaci�n adjetiva civil para el Estado de M�xico, la interlocutoria que resuelve, en ejecuci�n de sentencia, el incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal, no admite el recurso ordinario de apelaci�n a que se refiere el art�culo 432 de ese ordenamiento legal.

Finalmente, cabe establecer que no es obst�culo para concluir en los t�rminos expuestos, el hecho de que mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, resolvi� en relaci�n con el desechamiento de una demanda de garant�as interpuesta en contra de una interlocutoria dictada en un incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal derivada de un juicio de divorcio; el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (hoy Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito), emiti� su criterio al decidir respecto de la interlocutoria dictada en ejecuci�n de sentencia de un juicio ordinario civil de nulidad de matrimonio.

Se concluye as�, porque con independencia de que en el c�digo procesal del Estado de M�xico, no existe un tr�mite o reglamentaci�n especial que distinga la ejecuci�n de una resoluci�n que deriva de un divorcio y otra que emana de una nulidad de matrimonio, finalmente la decisi�n correspondiente debe darse al trav�s de la interlocutoria que decida el incidente que necesariamente debe tramitarse para procurar la ejecuci�n de la sentencia definitiva que haya resuelto el negocio principal. Luego, como la presente contradicci�n de tesis se refiere justamente a resoluciones interlocutorias dictadas en ejecuci�n de sentencia, resulta irrelevante el que las mismas se refieran a diversas formas de disoluci�n del v�nculo matrimonial.

En las relatadas condiciones y con fundamento en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que debe de prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado en esta ejecutoria en t�rminos de la tesis de los siguientes rubro y texto:

APELACI�N. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE LIQUIDACI�N DE SOCIEDAD CONYUGAL (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE M�XICO).-Si se toma en consideraci�n, por un lado, que el proceso jurisdiccional y la sentencia que lo resuelve en el fondo constituyen el fundamento de la garant�a de tutela judicial a que se refiere el art�culo 17, segundo p�rrafo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, siendo condici�n indispensable, para que sea completa y efectiva, que el �rgano jurisdiccional vele porque sus resoluciones se ejecuten, en la medida de lo posible, en sus propios t�rminos, en tanto la ejecuci�n eficaz e inmediata de las sentencias es de inter�s p�blico y, por otro, que el legislador del Estado de M�xico ha estimado que los procedimientos de ejecuci�n fundados en resoluciones o sentencias definitivas que, por tanto, han adquirido la naturaleza de cosa juzgada no deben ser innecesariamente obstaculizados mediante la interposici�n de recursos, tal como se establece en el art�culo 717 del C�digo de Procedimientos Civiles para esa entidad, puede concluirse que la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidaci�n de sociedad conyugal, en cumplimiento de una sentencia definitiva de divorcio o de nulidad de matrimonio, en la medida en que es una resoluci�n que tiende de manera directa e inmediata a hacer efectiva la ejecutoria de que se trate pues una vez resuelto el incidente no resta otra actuaci�n del J.ez m�s que la de adjudicar los bienes en t�rminos de la partici�n, es una resoluci�n contra la que no procede el recurso de apelaci�n, sin que sea obst�culo para llegar a tal conclusi�n, la regla general que respecto a dicho recurso prev� el diverso art�culo 432 del citado c�digo, que establece que ser�n apelables las sentencias interlocutorias y los autos cuando as� lo disponga el c�digo si, adem�s, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicte, en virtud de que aun cuando la sentencia definitiva de la que deriva la interlocutoria de que se trata es apelable, el precepto primeramente citado es claro al afirmar que dichas resoluciones no admiten recurso alguno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

Existe contradicci�n de tesis en los t�rminos precisados en esta resoluci�n.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n.

TERCERO

D�se publicidad de inmediato a la tesis de jurisprudencia en acatamiento a lo previsto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, arch�vese el toca.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C., J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente J.� de Jes�s G.�o P. (ponente). Ausente el se�or M.H.R.P..