Ejecutoria num. 1a./J. 17/2001 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26826992

Ejecutoria num. 1a./J. 17/2001 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 17/2001
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 2001
RESUMEN

ALBACEAS. CARECEN DE FACULTADES PARA ALLANARSE A LAS DEMANDAS INSTAURADAS EN CONTRA DE LA SUCESIÓN SIN LA ANUENCIA DE LOS HEREDEROS (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

ALBACEAS. CARECEN DE FACULTADES PARA ALLANARSE A LAS DEMANDAS INSTAURADAS EN CONTRA DE LA SUCESI�N SIN LA ANUENCIA DE LOS HEREDEROS (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL).

CONTRADICCI�N DE TESIS 36/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

A fin de establecer y delimitar la materia de esta contradicci�n, se estima conveniente transcribir las partes considerativas de las ejecutorias dictadas en los asuntos que oportunamente fueron sometidos a la potestad jurisdiccional de los Tribunales Colegiados contendientes, a fin de estar en aptitud de resolver si existe o no la controversia de criterios denunciada.

El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Puebla, Puebla, denunciante, al emitir las resoluciones de fechas diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, y seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, en los amparos en revisi�n n�meros 276/89, 616/87 y 828/98, respectivamente, en lo conducente sustenta su criterio en los t�rminos siguientes:

  1. Ejecutoria dictada el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve en el amparo en revisi�n n�mero R. 276/89, relativo al juicio de amparo 725/89, instaurado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla:

TERCERO

Son parcialmente fundados los agravios transcritos.-

Para decretar el sobreseimiento en el juicio de garant�as, el Juez de Distrito sostuvo, por un lado, que los actos que el quejoso reclama por su propio derecho no afectan su inter�s jur�dico porque no es parte en el juicio generador de los actos reclamados, emergiendo, por tanto, la causal de improcedencia prevista por el art�culo 73, fracci�n V, de la Ley de Amparo y, por otro, que de acuerdo con el art�culo 477 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado procede el recurso de apelaci�n en contra de la sentencia definitiva que reclama, mismo que no hizo valer previamente al solicitar el amparo, de ah� que sea evidente que no se agot� el principio de definitividad que impera en el juicio de garant�as, actualiz�ndose la causal de improcedencia prevista por la fracci�n XIII del referido art�culo 73 de la ley de la materia, por lo que resulta procedente sobreseer en el juicio de conformidad con el art�culo 74, fracci�n III, de la legislaci�n en comento.-

Ahora bien, el sobreseimiento decretado por el a quo, tocante a los actos que el amparista reclama por su propio derecho, no se combate a trav�s de razonamientos jur�dicos concretos, pues basta la simple lectura del cap�tulo de agravios del escrito de revisi�n para percatarse que con relaci�n a su inter�s jur�dico, el hoy inconforme s�lo alega que justific� plenamente que promovi� el juicio de amparo como representante legal de la sucesi�n a bienes de M.R.A. y que por tanto acredit� su inter�s jur�dico para defender los bienes de esa entidad y evitar la dilapidaci�n de los bienes que correspondieron a la difunta; alegatos que resultan ser simples afirmaciones que, como se ha dicho, no atacan jur�dicamente los fundamentos que en ese aspecto sostuvo el Juez Federal, en tanto �ste no decret� el sobreseimiento en el juicio porque el quejoso haya dejado de acreditar su car�cter de representante legal de esa sucesi�n, sino s�lo sobresey� respecto de los actos que reclama por su propio derecho, esto es, en ning�n momento estim� que el entonces amparista no tuviera el car�cter de albacea definitivo de la referida entidad jur�dica, sino que, lo que sostuvo fue que �ste no puede, por su propio derecho, solicitar el amparo contra los actos que reclama por carecer de inter�s jur�dico para ello al no aparecer como demandado en el juicio natural, lo que en la especie no se combate y en consecuencia debe tenerse firme, siendo procedente por tanto confirmar en ese aspecto el sobreseimiento decretado. Tiene aplicaci�n la tesis jurisprudencial n�mero 3, sustentada por este tribunal, que dice: �AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN.-

No puede considerarse como agravio la simple manifestaci�n y opini�n del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado.�.-

Es en cambio fundado el agravio que esgrime el recurrente, tocante al sobreseimiento decretado por el a quo en relaci�n a los actos que reclama en su car�cter de albacea definitivo de la sucesi�n a bienes de M.R.A., mismo que esencialmente hace consistir en que, contra el procedimiento de donde emanan los actos reclamados tuvo que promover el juicio de amparo al no haber otro recurso que hacer valer.-

En efecto, de las constancias que integran el sumario de garant�as y en espec�fico a fojas tres vuelta de �ste, se advierte que el quejoso present� su demanda de amparo en la Oficial�a Com�n de Partes a los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla el seis de junio de mil novecientos ochenta y nueve, seg�n sello de recibido que en ese escrito obra.-

Del expediente n�mero 29/89, de donde emanan los actos reclamados, se observa, entre otras cosas, que por auto de ocho de marzo de mil novecientos ochenta y nueve se declar� ejecutoriada la sentencia dictada en ese procedimiento, misma que conden� a R.H.�ndez M.�nez, por s� y como representante legal de la sucesi�n a bienes de M.R.A., a otorgar la escritura p�blica de compraventa en favor del demandante S.M.C.; asimismo, la �ltima actuaci�n que obra dentro de ese expediente es de fecha quince de mayo de mil novecientos ochenta y nueve y se refiere a tener por devueltos los autos de la Notar�a P�blica N�mero Uno del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, una vez que hab�a efectuado el tiraje de la escritura correspondiente.-

Del cap�tulo de hechos de la demanda de garant�as se aprecia que el quejoso se�al� que en el juicio de otorgamiento de escritura p�blica de compraventa seguido en contra de R.H.�ndez M.�nez y del representante legal de la sucesi�n a bienes de M.R.A., no se le dio ninguna intervenci�n para poder defender los intereses de la sucesi�n, siendo que es el representante legal de la misma, al ser su albacea definitivo.-

Lo anterior revela que asiste raz�n al inconforme, pues si su representada no tuvo intervenci�n en el juicio de donde emanan los actos reclamados y previamente a que solicitara la protecci�n constitucional ya se hab�a dictado sentencia en ese procedimiento y se hab�a declarado ejecutoriada, es evidente que no estaba en posibilidad de agotar los recursos ordinarios contra ese fallo; adem�s de que si se�al� que no fue o�do en el juicio natural, es incuestionable que se le equipara a una persona extra�a al mismo y, por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 107, fracci�n VII, de la Constituci�n General de la Rep�blica y 114, fracci�n I, de la Ley de Amparo, la v�a procedente para defenderse de ese procedimiento lo constituye el amparo indirecto que promovi�, sin que debiera acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de garant�as, contemplado por el art�culo 73, fracci�n XIII, de la Ley de Amparo, ya que por las razones indicadas no estaba en aptitud de intentar los medios de impugnaci�n ordinarios que establece la ley, en la especie, de conformidad con el art�culo 477 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, el de apelaci�n, seg�n lo se�al� el juzgador a quo.-

En las condiciones relatadas, al no existir la causal de improcedencia invocada por el Juez a quo para sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos que el quejoso reclama como albacea definitivo de la sucesi�n a bienes de M.R.A., de acuerdo con el art�culo 91, fracci�n I, de la Ley de A. y con la tesis que m�s adelante se transcribir�, en ese aspecto procede revocar la sentencia recurrida y entrar al estudio del fondo del asunto al tenor de los conceptos de violaci�n expuestos en la demanda respectiva. La tesis a que se hizo alusi�n est� relacionada en segundo lugar con la jurisprudencia n�mero 258, visible a p�ginas 435 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, Octava Parte, que dice: �REVISI�N.-

La sentencia que en revisi�n se pronuncie, debe concretarse a los agravios propuestos por los recurrentes, pero cuando dichos agravios se consideren fundados, habr� que examinar tambi�n, la justificaci�n o falta de justificaci�n, del fallo materia de la queja de acuerdo con los conceptos de violaci�n invocados en la demanda.�.-

CUARTO

Como conceptos de violaci�n el quejoso hizo valer los siguientes: �El p�rrafo segundo del art�culo 14 de la Constituci�n General de la Rep�blica establece: �Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.�.-

En el caso que motiva esta demanda de garant�as no se tom� en cuenta en el juicio sumario n�mero 29/1989, relativo al juicio sumario de otorgamiento de escritura verbal de compraventa, promovido por el se�or S.M.C., ante el Juez de lo Civil de Zacapoaxtla, Puebla, y que se sigui� en contra de mi padrastro, el se�or R.H.�ndez M.�nez y de mi difunta madre, M.R.A., con respecto al predio con casa denominado Tiopanteno, ubicado en el predio de Huahuaxtla, del Municipio de X.�n de V.S., del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, que se describe en el cuerpo de esta demanda; y a pesar de que legalmente yo represento a mi difunta madre M.R.A., ya que en el juicio n�mero 200/1988, que se tramita ante el propio Juez de lo Civil de Zacapoaxtla, Puebla, fui nombrado albacea definitivo de la sucesi�n intestamentaria de mi difunta madre; y como en dicho juicio no se demand� a mi difunta madre, representada por m�, sino que a secas se demand� a mi padrastro R.H.�ndez y a mi madre M.R.A., y mi mencionado padrastro, al contestar la demanda, la confes� lisa y llanamente sin oponer excepciones de su parte, y tambi�n contest� la demanda mencionada, haci�ndolo como representante legal de la sucesi�n de mi madre, misma representaci�n que no justific� dentro del procedimiento de otorgamiento de la escritura verbal de compraventa del predio antes mencionado, haci�ndolo en sentido afirmativo, confesando los hechos de la demanda, y el ciudadano J. y notario p�blico de Zacapoaxtla, Puebla, no tuvieron cuidado de que el demandado R.H.�ndez M.�nez probara dicha representaci�n con la que se ostent� al contestar la demanda, pues en esta forma, el se�or S.M.C. obtuvo sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, causando grave perjuicio a los intereses de la sucesi�n intestamentaria que represento, dilapid�ndose de esta forma el predio denominado Tiopanteno, ubicado en el pueblo antes mencionado y que corresponde a la sucesi�n intestamentaria que represento y el cual me fue imposible defender, puesto que no se me tom� en consideraci�n como parte, dej�ndome en la indefensi�n de los bienes de la intestamentar�a que represento, raz�n por la que al no estar enterado de dicho procedimiento me fue imposible intervenir en defensa de los intereses de la mencionada intestamentar�a, se me priv� del derecho de contestar la demanda, de aportar pruebas y de interponer recursos, por lo que al no quedar otro medio que hacer valer para defender los intereses de mi finada madre, me veo en la necesidad de hacer valer este juicio de garant�as en contra de la sentencia definitiva ejecutoriada dictada por el Juez de lo Civil de Zacapoaxtla, Puebla, y en el juicio sumario de otorgamiento y firma de contrato de compraventa verbal del predio en cuesti�n, y que est� marcado con el n�mero 29/1989, seguido ante el Juez de lo Civil del Distrito de Zacapoaxtla, Puebla; raz�n por la cual solicito el amparo y protecci�n de la Justicia Federal para que se me restituya en el goce de la garant�a constitucional violada, ya que tambi�n se han violado por el juzgador las leyes esenciales del procedimiento, para dejarme en la indefensi�n de los bienes de la sucesi�n que represento.�.-

QUINTO

Son esencialmente fundados los conceptos de violaci�n aducidos y esta circunstancia, aunada a que este tribunal considera estar en la obligaci�n de suplir la deficiencia de los mismos, de conformidad con lo establecido por la fracci�n VI del art�culo 76 bis de la Ley de Amparo, hace procedente conceder la protecci�n constitucional, suplencia que se justifica, atendiendo a que el hecho de tener por contestada la demanda natural en sentido afirmativo por quien aun cuando siendo el representante legal de una sucesi�n demandada no tiene la facultad o el consentimiento de los dem�s herederos de esa entidad jur�dica para hacerlo en esos t�rminos, confesando o ratificando de esta forma un acto de dominio que afecta al patrimonio hereditario, constituye una grave violaci�n al art�culo 3471 del C�digo Civil del Estado de Puebla, pues si est�n legalmente determinadas las facultades del albacea de una sucesi�n y �ste excedi�ndose de las mismas act�a de cierta manera, afectando con ello los derechos de la entidad jur�dica que representa, y tal proceder es sancionado favorablemente por la autoridad, dicha autorizaci�n es violatoria del art�culo antes citado y deja sin defensa a la sucesi�n, toda vez que si el albacea act�a dentro de sus facultades legales no puede existir indefensi�n de la sucesi�n, pero si como en el caso, act�a extralimit�ndose de ellas en perjuicio de los intereses de esa entidad y esto es sancionado por la autoridad, tal autorizaci�n, dados sus efectos, l�gicamente s� deja sin defensa a la sucesi�n.-

En los conceptos de violaci�n de la demanda de garant�as transcritos en el considerando que antecede, el quejoso aduce esencialmente que en el juicio de otorgamiento de escritura p�blica de compraventa promovido por S.M.C. en contra de R.H.�ndez M.�nez y del representante legal de la sucesi�n de M.R.A., el citado H.�ndez M.�nez, por s� y en representaci�n de la referida sucesi�n, contest� la demanda confes�ndola, representaci�n que no justific� y que el Juez natural no tuvo el cuidado de que la probara debidamente, motivo por el cual el actor obtuvo sentencia favorable, lo que caus� graves perjuicios a la sucesi�n que el propio amparista representa en su car�cter de albacea definitivo, al no tomarla en consideraci�n y dejar en la indefensi�n los bienes de la misma.-

Estos planteamientos, como se dijo, medularmente resultan fundados, sin embargo, por s� mismos son ineficaces para poner de manifiesto la violaci�n de garant�as alegada, toda vez que carecen de los razonamientos jur�dicos indispensables para demostrar la conclusi�n que versa sobre ellos, misma que es cierta; en esos t�rminos, es aqu� donde se suple la queja deficiente.-

De las constancias del juicio sumario de otorgamiento de escritura p�blica de compraventa n�mero 29/989, promovido por S.M.C. en contra de R.H.�ndez M.�nez y del representante legal de quien en vida llev� el nombre de M.R.A., que acompa�� a su informe justificado la autoridad responsable ordenadora (fojas 36 a 57 del sumario de garant�as), se advierte que: 1. Por escrito de fecha veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y nueve, S.M.C. promovi� el juicio de m�rito, manifestando tener conocimiento de que R.H.�ndez M.�nez era el representante legal de la finada M.R.A..-

  1. Por auto de veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y nueve, el Juez natural admiti� la demanda y orden� emplazar a R.H.�ndez M.�nez, por su propio derecho y en su car�cter de representante legal de M.R.A..-

  2. El treinta y uno de enero del mismo a�o se emplaz� a R.H.�ndez M.�nez.-

  3. El dos de febrero del a�o en curso, R.H.�ndez M.�nez compareci� personalmente para exhibir y ratificar ante el Juez originario un escrito por medio del cual dio contestaci�n a la demanda, allan�ndose totalmente a la misma y se�alando ser el representante legal de M.R.A., con el car�cter de albacea provisional de su sucesi�n y tener autorizaci�n para litigar en ese aspecto, acompa�ando al efecto una copia certificada deducida del expediente 356/988, relativo al juicio intestamentario de la finada.-

  4. Por auto de seis de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, el Juez natural tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, declarando asimismo concluida la controversia y ordenando pasar los autos para dictar sentencia.-

  5. El nueve de febrero del presente a�o, el Juez ordinario dict� sentencia condenando al demandado R.H.�ndez M.�nez, por s� y por su representaci�n, a otorgar la escritura p�blica de compraventa en favor del actor.-

Ahora bien, para una mayor claridad conviene transcribir, en lo conducente, la copia certificada de la constancia deducida del expediente 356/988, del Juzgado de lo Civil de Zacapoaxtla, Puebla, que R.H.�ndez M.�nez exhibi� al contestar la demanda en representaci�n de la sucesi�n a bienes de M.R.A. para acreditar dicha personalidad, misma que obra a foja cuarenta y ocho del sumario de garant�as: �A.�n de albacea provisional.-

Expediente 356/1988.-

En la ciudad de Zacapoaxtla, Estado de Puebla, siendo las 10 diez horas del d�a dieciocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, ante el ciudadano licenciado E.Z.C., Juez de lo Civil de este Distrito Judicial y secretaria con quien act�a, ciudadana Mar�a de los �ngeles L�pez S�nchez, compareci� voluntariamente el se�or R.H.�ndez M.�nez, quien despu�s de haber sido protestado en debida forma para que se produzca con verdad y advertido de las penas que se imponen a las personas que declaran con falsedad en actuaciones judiciales, dijo quedar entendido, agregando por sus generales ser originario de Tecuicuilco, Tetela de O., Puebla y vecino de Totutla, Tetela de O., de este Estado, casado, de setenta y tres a�os de edad, que sabe algo leer y escribir, campesino, de paso por esta ciudad y expres�: Que en este acto viene a aceptar el cargo de albacea provisional en la sucesi�n intestamentaria de la finada se�ora M.R.A., exvecina de la poblaci�n de Huahuaxtla, perteneciente a X.�n de V.S., de esta jurisdicci�n, se�alando como domicilio para recibir sus notificaciones, la casa n�mero uno de la Plaza de la Constituci�n de esta poblaci�n. Manifestando que acepta dicho cargo y protesta desempe�arlo fielmente.-

De lo expuesto previa lectura se ratific� y firm� al calce para constancia. Enseguida el ciudadano J. ante la secretaria con quien act�a y acord�: Atenta la aceptaci�n y protesta que del cargo de albacea provisional se le ha conferido al se�or R.H.�ndez M.�nez, se le tiene con dicho car�cter para todos los efectos legales consiguientes, y con domicilio se�alado para que reciba sus notificaciones el que indica ... Expediente n�mero 356/88, Zacapoaxtla, Puebla, a veintis�is de enero de 1989 mil novecientos ochenta y nueve.-

Agr�guese a los presentes autos el escrito del se�or R.H.�ndez M.�nez, fechado el diecinueve de enero en curso, y recibido el d�a veinticuatro de este mismo mes, con que da cuenta la secretar�a, para que surta sus efectos legales a que hubiere lugar.-

Atento su contenido, con fundamento en lo previsto por los art�culos 67, 70 y 1316 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, como lo solicita el ocursante, se le concede autorizaci�n judicial para demandar y contestar demandas tendientes a la recuperaci�n de bienes de la sucesi�n intestada de la se�ora M.R.A., y que integran el acervo hereditario de la misma; asimismo, con fundamento en el art�culo 27 del citado ordenamiento, exp�dase al ocursante la copia certificada por duplicado de este auto y escrito que lo motiva. N.�quese y c�mplase.�.-

La anterior exposici�n revela que si bien R.H.�ndez M.�nez acredit� ser el albacea provisional de la sucesi�n a bienes de M.R.A. y tener autorizaci�n para litigar, esta autorizaci�n s�lo le facultaba para demandar y contestar demandas tendientes a la recuperaci�n de los bienes del acervo hereditario, pero no para contestar afirmativamente una demanda instaurada en contra de la sucesi�n respecto del dominio de un bien de �sta, dado que sus facultades se limitaban a defender los bienes a trav�s de entablar demandas y oponer excepciones dirigidas a no perder los bienes del patrimonio hereditario, no en contestar demandas allan�ndose a las mismas con resultado evidente de la p�rdida del bien, adem�s de no haber justificado tener el consentimiento de los dem�s herederos para actuar de tal forma; siendo as�, debe decirse que aun cuando los albaceas representan legalmente a la sucesi�n dentro del juicio, de acuerdo con la tesis que m�s adelante se transcribir� y con el art�culo 3471 del C�digo Civil del Estado, aplicado por mayor�a de raz�n, tal representaci�n no entra�a la facultad de contestar una demanda en contra de la sucesi�n, confesando o ratificando un acto de dominio, ya que ello afecta al patrimonio hereditario, de ah� que tambi�n sea necesario que el multicitado albacea cuente previamente con la anuencia de los dem�s herederos para ejecutar ese acto, esto es, una autorizaci�n en ese aspecto, lo que en el caso no sucede. La tesis a que se hizo alusi�n fue sustentada por este tribunal al fallar el amparo en revisi�n n�mero 616/87, que dice: �ALBACEAS, CONFESI�N O RATIFICACI�N DE ACTOS DE DOMINIO POR LOS. AL CONTESTAR LA DEMANDA FORMULADA EN CONTRA DE LA SUCESI�N.-

Aun cuando los albaceas representan legalmente a la sucesi�n dentro del juicio, tal representaci�n no entra�a la facultad para celebrar actos de dominio, pues el art�culo 3471 del C�digo Civil para el Estado de Puebla establece que no pueden gravar ni hipotecar los bienes de la sucesi�n sin consentimiento de los herederos, por lo cual, por mayor�a de raz�n, la propia disposici�n es aplicable al caso en que dichos albaceas al contestar una demanda en contra de la sucesi�n, confiesan o ratifican la celebraci�n de un acto de tal naturaleza, ya que ello afecta al patrimonio hereditario, por aparecer listado el bien en los inventarios y aval�os como de la propiedad de la sucesi�n; de ah� que tambi�n sea necesario que el multicitado albacea cuente previamente con la anuencia de los dem�s herederos para ejecutar ese acto.�.-

En las condiciones relatadas si, como en la especie, el Juez natural tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo por parte del representante legal de la sucesi�n a bienes de M.R.A., pasando por alto que ese representante carec�a de autorizaci�n para confesar o allanarse a la misma en perjuicio del patrimonio hereditario, dictando al efecto la sentencia condenatoria, evidentemente viol� en perjuicio de la sucesi�n, ahora quejosa, garant�as individuales, por tanto, es procedente conceder el amparo y protecci�n solicitados contra el acto reclamado de la autoridad ordenadora. Debe concederse tambi�n el amparo contra los actos de ejecuci�n que se reclaman, toda vez que en contra de ellos no se alegaron vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la que, en concepto del quejoso, adolece el acto de la autoridad ordenadora y si respecto de �ste ya se dijo que es violatorio de garant�as, debe decirse lo propio en relaci�n con aqu�llos. Tiene aplicaci�n la tesis sustentada por este cuerpo colegiado al fallar los amparos directos n�meros 341/88, 306/89 y 310/89, que dice: �AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.-

Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garant�as una resoluci�n, igual declaraci�n debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecuci�n.�."

  1. Ejecutoria de fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, dictada en el toca de revisi�n n�mero R. 616/87, relativo al juicio de amparo 1541/87, seguido ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla:

TERCERO

Son fundados los agravios antes transcritos. Previamente al estudio de los agravios que se hacen valer en contra de la sentencia pronunciada por el a quo, es pertinente establecer que la quejosa E.R.M., en su car�cter de heredera a bienes de la sucesi�n de J.R.G.�a, est� legitimada para actuar en el juicio de amparo, en raz�n de que lo cuestionado es precisamente el hecho de que el albacea al contestar la demanda del juicio natural instaurado en contra de dicha sucesi�n, obr� en forma indebida al proceder a confesarla reconociendo que el autor de la herencia hab�a celebrado un acto de dominio consistente en la venta de un inmueble, mismo que fue listado por el albacea en los inventarios y aval�os como de la propiedad de la referida sucesi�n, por lo que con tal proceder afect� el patrimonio hereditario; de ah� que como se dijo, la peticionaria del amparo est� legitimada para reclamar los actos de las autoridades responsables en la v�a constitucional.-

Ahora bien, la recurrente alega en s�ntesis que existen prohibiciones expresas en la legislaci�n civil vigente, en el sentido de que el albacea no puede gravar ni hipotecar sin consentimiento de los herederos y legatarios de los bienes de la sucesi�n; que tampoco puede transigir ni comprometer en �rbitros los negocios de la herencia, sino con consentimiento de los herederos, ni dar en arrendamiento dichos bienes, ni mucho menos confesar una demanda interpuesta contra la sucesi�n que representa, m�xime que ello es en perjuicio de la masa hereditaria, y que por tal motivo la autoridad responsable debi� ordenar se diera vista a los dem�s herederos a fin de que otorgaran su consentimiento o se opusieran a la confesi�n de la demanda.-

Pues bien, de las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado, aparece que J.R.E., en su car�cter de albacea definitivo de la sucesi�n a bienes de J.R.G.�a, compareci� a contestar la demanda de otorgamiento de escritura p�blica de compraventa entablada en contra de dicha sucesi�n, procediendo a confesarla en todas y cada una de sus partes (25 de agosto de 1986), adjuntando para acreditar su car�cter copia certificada de la resoluci�n de fecha veintitr�s de noviembre de mil novecientos setenta y seis, dictada en el expediente 125/976, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes del citado J.R.G.�a, en la que consta que se declar� �nicos y universales herederos a J.� y E. de apellidos R.E., y que se nombr� albacea definitivo al primero de los mencionados, en virtud del voto que a su favor le otorg� su coheredero; asimismo, aparece que con posterioridad a la designaci�n de herederos y albacea definitivo, la ahora quejosa promovi� con fecha diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y seis incidente sobre petici�n de herencia en contra del albacea de dicha sucesi�n, habi�ndosele reconocido el car�cter de heredera de la misma, mediante resoluci�n de fecha veintiocho de julio del mismo a�o (fojas 11 y 12 de autos).-

Precisado lo anterior, debe decirse que si bien es cierto, como lo sostuvo el a quo en el fallo que se revisa, que de acuerdo con lo establecido por el art�culo 3421 del C�digo Civil vigente para el Estado de Puebla, los albaceas son los �rganos representativos de la sucesi�n para actuar en nombre y por cuenta de �sta, no es menos cierto que sus facultades no son amplias, sino que est�n limitadas en algunos casos por disposici�n de la ley, tan es as�, que en t�rminos del art�culo 3471 del mismo ordenamiento legal no pueden gravar ni hipotecar sin consentimiento de los herederos, lo cual implica que dentro de sus facultades no est� la de celebrar actos de dominio; en consecuencia, por mayor�a de raz�n, la propia disposici�n legal resulta aplicable al caso en el que el representante de una sucesi�n confiesa o ratifica la celebraci�n de un acto de tal naturaleza, por lo que es incontrovertible que al confesar el albacea definitivo de la sucesi�n, J.R.E., la demanda del juicio natural, en el sentido de que efectivamente el autor de la herencia vendi� a la actora Mar�a de Jes�s E.M.�nez la casa marcada con el n�mero uno, ubicada en la calle M. de la colonia de Los �ngeles de esta ciudad, con ello reconoci�, por una parte, que se celebr� un acto de dominio y, por otra, comprometi� el patrimonio de la sucesi�n, ya que el bien inmueble anteriormente descrito fue listado por dicho albacea en los inventarios y aval�os como de la propiedad de la sucesi�n demandada (fojas 94 de autos); de ah� que era necesario que el multicitado albacea contara previamente con la anuencia de los dem�s herederos para que ejecutara ese acto, o sea, confesar la demanda en tal sentido, por lo que al no haberlo estimado as� el Juez natural ni el Juez de Distrito, es claro que se viol� en perjuicio de la amparista el citado art�culo 3471 del C�digo Civil para el Estado de Puebla, as� como los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica, que consagran la garant�a de audiencia y legalidad que debe regir en todo procedimiento. Al caso resulta aplicable la tesis n�mero 15, relacionada con la jurisprudencia n�mero 30, que aparece visible en la p�gina 83 de la Cuarta Parte del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, compilaci�n 1917-1985, cuyo rubro dice: �ALBACEAS, FACULTADES DE LOS.-

No est� dentro de las facultades del albacea celebrar actos de dominio a nombre de la sucesi�n, o comprometer en alguna forma su patrimonio, y cuando por alguna circunstancia, se ve obligado a ejecutar algunos de estos actos, debe contar previamente con el consentimiento de los herederos.�.-

As�, visto lo anterior, al resultar fundados los agravios que hace valer la quejosa, lo que procede es revocar el fallo que se revisa y concederle el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez de lo Civil de Atlixco, Puebla, deje insubsistente lo actuado en el expediente n�mero 45/986, relativo al juicio sumario de otorgamiento de escritura p�blica de compraventa, promovido por M.�a de Jes�s E.M.�nez, en contra de la sucesi�n intestamentaria a bienes de J.R.G.�a, a partir del auto que tuvo por contestada la demanda. Tal concesi�n se hace extensiva a los actos de ejecuci�n reclamados al registrador p�blico de la Propiedad de Atlixco, P.."

  1. Ejecutoria de fecha seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, dictada en el toca de revisi�n n�mero R. 828/98, relativo al juicio de amparo 753/98, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Puebla:

TERCERO

Son parcialmente fundados los agravios anteriores.-

En el primero de ellos, la inconforme alega en esencia que la sentencia recurrida es violatoria del art�culo 73, fracci�n V, de la Ley de Amparo, en relaci�n con los diversos art�culos 4o. y 74, fracci�n III, del mismo ordenamiento legal, porque en su concepto los actos reclamados no afectan el inter�s jur�dico de Mar�a de los M.R.�o B.�os A. y de su menor hija I.N.B.�os, quienes no son parte en el juicio de origen, sino solamente herederas del demandado J.A. N�cer Tan�s, por lo que -afirma- tales actos no les ocasionan ning�n agravio actual y directo; insiste en que carecen de un derecho subjetivo tutelado por la ley, aun cuando tengan un inter�s jur�dico, radica en la sucesi�n del demandado, representada por su albacea y no por sus herederos; y que esta causal de improcedencia no fue examinada por el Juez de Distrito a quo, a pesar de que la hizo valer en su escrito de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, invocando en apoyo de su argumentaci�n diversas tesis jurisprudenciales relacionadas con el tema (fojas dos a nueve).-

Este argumento y las dem�s aseveraciones que se alegan en torno del mismo son fundados, pues, ciertamente, de acuerdo con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n I, de la Constituci�n General de la Rep�blica y 4o. de la Ley de A., en relaci�n con la fracci�n V del art�culo 73 del mismo ordenamiento legal, el juicio de garant�as se seguir� siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la persona f�sica o moral a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por s�, y por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de alg�n pariente o persona extra�a en los casos permitidos expresamente por la ley reglamentaria; lo cual implica que uno de los presupuestos para la procedencia de la acci�n constitucional, es la comprobaci�n plena del perjuicio que los actos reclamados ocasionen al quejoso, debiendo entenderse que el concepto �perjuicio� para los efectos del amparo, no debe tomarse en los t�rminos de la ley civil, o sea como la privaci�n de cualquier ganancia l�cita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sin�nimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona; esto es, que el inter�s jur�dico a que alude la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde en relaci�n con los derechos o posesiones conculcados, tal como lo ha externado el m�s Alto Tribunal de la naci�n en la jurisprudencia 1032, visible en las p�ginas mil seiscientos sesenta y seis y mil seiscientos sesenta y siete, de la Segunda Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, que dice: �INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, QU� DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.-

El art�culo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional �nicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acci�n de amparo, de acuerdo con el �mbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garant�as, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. As� lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cu�l es el alcance del concepto perjuicio, como podr� apreciarse si se consulta el Ap�ndice de jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Sexta Parte, p�gina 239, en donde se expresa que: �El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los t�rminos de la ley civil, o sea, como la privaci�n de cualquiera ganancia l�cita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sin�nimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona.�. Este Alto Tribunal de la Rep�blica, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el inter�s jur�dico de que habla la fracci�n VI, ahora V, del art�culo 73 de la Ley de Amparo �no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relaci�n con los derechos o posesiones conculcados� (Tomo LXIII, p�gina 3770 del Semanario Judicial de la Federaci�n). Y es que la procedencia de la acci�n constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectaci�n por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean �stos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la p�gina 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona f�sica o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jur�dicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acci�n constitucional o anulatoria de la violaci�n reclamada en un juicio de garant�as, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la ejecutoria publicada en la p�gina 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial.�.-

En el caso, Mar�a de los M.R.�o B.�os A., por su propio derecho y su menor hija I.N.B.�os, por conducto de su tutor especial, J.L.C.R., promovieron amparo indirecto contra actos del Juez Primero de lo Civil de Cholula, Puebla, diligenciario adscrito al mismo, encargado de los expedientes de n�mero impar y registrador p�blico de la Propiedad de ese lugar, consistentes, concretamente, en todo lo actuado en el expediente 577/96, relativo al juicio de otorgamiento de contrato de compraventa en escritura p�blica, promovido por E.M.A. N�cer en contra de J.A. N�cer Tan�s, por ilegal emplazamiento; y en particular, el requerimiento de treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho para otorgar la referida escritura y entregar la posesi�n del inmueble materia del juicio en favor de la actora, la diligencia de uno de julio siguiente, por la cual se entreg� la citada posesi�n y la inscripci�n de la sentencia en el Registro P�blico de la Propiedad.-

Ante tal situaci�n, le asiste raz�n a la recurrente, porque efectivamente Mar�a de los M.R.�o B.�os A., por su propio derecho y su menor hija I.N.B.�os, no tienen el car�cter de parte en el juicio de origen, no representan al demandado, ahora su sucesi�n, dado que en t�rminos del art�culo 3421 del C�digo Civil del Estado de Puebla, quien la representa es el albacea, ni tuvieron que haber sido o�das en ese procedimiento, dado que el inmueble materia del juicio no se encuentra inscrito a su nombre, y porque se trata de una acci�n personal enderezada en contra de J.A. N�cer Tan�s, quien a�n viv�a cuando se present� la demanda.-

No es �bice para esta consideraci�n, el hecho de que las citadas quejosas tengan el car�cter de herederas dentro de la sucesi�n intestamentaria a bienes de J.A. N�cer Tan�s, en su calidad de c�nyuge sup�rstite e hija, respectivamente en virtud de que tal circunstancia demuestra �nicamente que ostentan derechos hereditarios, pero �stos no se conculcan de manera alguna con el tr�mite de aquel procedimiento, por lo tanto, el amparo que promovieron resulta improcedente, pues ciertamente los actos reclamados no afectan sus intereses jur�dicos, o sea, que no les ocasionan perjuicio alguno, aun cuando en el fondo pudiera existir la posibilidad de que al perder ese bien la sucesi�n, ya no heredar�an, pero esto se traduce en un inter�s simple, mediato y econ�mico, insuficiente para promover el juicio de garant�as. Sobre este aspecto es aplicable la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina doscientos cincuenta y cinco del Tomo XCIX, de la Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: �HEREDEROS, AMPARO IMPROCEDENTE PEDIDO POR LOS, POR FALTA DE INTER�S JUR�DICO.-

Si el acto reclamado consiste en la sentencia de segunda instancia, que declar� improcedente la acci�n de oposici�n, deducida por una sucesi�n, respecto de determinados acuerdos tomados por la asamblea general de accionistas de la sociedad an�nima demandada, y la quejosa, que promueve el amparo por su propio derecho, no fue parte, en lo personal, en el juicio de que emana el acto reclamado, sino que intervino en dicho juicio, como albacea de la sucesi�n actora, pero no por su propio derecho, ni como heredera ni como legataria, simplemente por no ser accionista, debe, por tal motivo, estimarse improcedente el juicio de garant�as, de conformidad con la fracci�n VI, del art�culo 73, de la Ley de Amparo, por no afectarse los intereses jur�dicos de la quejosa con el acto reclamado. No obsta, para estimar lo contrario, que a la propia quejosa se le haya instituido heredera de la sucesi�n actora, y que como tal, pueda tener derecho a parte de las acciones que a su sucesi�n corresponden en propiedad, pues ello no significa que haya sido accionista. Si las acciones son nominativas y est�n registradas a nombre de la sucesi�n, por m�s que la quejosa pueda tener inter�s econ�mico con motivo de los derechos sucesorios que tiendan a trasmitirle algunas de esas acciones, carece, no obstante, de inter�s jur�dico, por no haberse hecho todav�a la participaci�n y adjudicaci�n de los bienes de la sucesi�n, ni las operaciones de transferencia de los t�tulos correspondientes.�.-

Nota: La fracci�n VI del art�culo 73 de la Ley de Amparo, a que alude este criterio jurisprudencial, corresponde actualmente a la fracci�n V.-

Asimismo, es aplicable en lo conducente la tesis de esa misma Sala, visible en la p�gina mil novecientos veinte del Tomo CII, de la Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: �HEREDEROS, SUSPENSI�N PEDIDA POR LOS, TRAT�NDOSE DE ACTOS QUE AFECTEN A LA SUCESI�N.-

Procede negar la suspensi�n por falta de inter�s jur�dico, por parte de los herederos, si en la demanda de amparo reclaman los procedimientos de un juicio seguido en contra de una sucesi�n. Aun cuando los menores en cuyo nombre se pide amparo, tengan el car�cter de herederos y de acreedores alimenticios de la sucesi�n mencionada; de todas maneras esta sucesi�n es la que debe cumplir con esta ministraci�n de alimentos y si, para cumplir con este cometido, necesita defenderse contra cualquier acto atentatorio que afecte al cumplimiento de este deber, en todo caso, es el albacea de la sucesi�n afectada a quien corresponde entablar las acciones necesarias para que esa ministraci�n de alimentos se efect�e en la forma debida.�.-

Por �ltimo, es aplicable la tesis que este Tribunal Colegiado ha sustentado al resolver los amparos en revisi�n n�meros 50/90, 85/91 y 251/91, que dice: �HEREDEROS. CARECEN DE FACULTADES PARA INTENTAR CUALQUIER ACCI�N QUE PERTENEZCA A LA SUCESI�N.-

Las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia s�lo puede ejercitarlas el albacea, ya que ninguna disposici�n autoriza a los herederos a realizar, en nombre propio, gesti�n judicial alguna en defensa de los bienes de la herencia, por lo que es evidente que el ejercicio de cualquier acci�n, inclusive la de amparo, es atribuci�n propia y exclusiva del albacea.�.-

Al no haber advertido esta situaci�n el Juez de Distrito a quo, infringi� las disposiciones legales invocadas por la recurrente y, por consecuencia, corresponde a este Tribunal Colegiado decretar el sobreseimiento del juicio de garant�as respecto de dichas quejosas, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 91, fracci�n III, de la Ley de Amparo, en relaci�n con los art�culos 4o., 73, fracci�n V y 74, fracci�n III, del mismo ordenamiento.-

A mayor abundamiento, consta en autos que por acuerdo de diez de julio de mil novecientos noventa y ocho se admiti� la demanda de garant�as, �nicamente por lo que ve a la sucesi�n intestamentaria de Jos� Antonio N�cer Tan�s, por conducto de su albacea definitiva Mar�a de los M.R.�o B.�os A. y se desech� la referida demanda respecto de esta �ltima por su propio derecho y de su menor hija I.N.B.�os, por la citada raz�n, o sea, porque no representaban a la sucesi�n quejosa, ni los actos reclamados afectaban su inter�s jur�dico (foja treinta y seis); por lo tanto, desde esa fecha las citadas personas dejaron de tener el car�cter de quejosas y, por ende, no debi� hacerse ya pronunciamiento alguno en la sentencia respecto de las mismas, como lo hizo equivocadamente el J.F., porque entonces estar�a revocando sus propias determinaciones, siendo que las quejosas no se inconformaron con el auto desechatorio mencionado.-

De acuerdo con lo anterior procede modificar el fallo recurrido, declarando el sobreseimiento del juicio de garant�as respecto de los actos reclamados por las citadas quejosas.-

En el segundo agravio, la inconforme hace valer que la sentencia recurrida es violatoria del art�culo 76 bis, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo, porque si los actos reclamados no afectan el inter�s jur�dico de la menor Isaura N�cer Bola�os, no tiene entonces el car�cter de quejosa y, por consecuencia, el Juez Federal no debi� suplir la deficiencia de la queja.-

Este argumento es infundado, pues en primer lugar cabe precisar que para suplir la deficiencia de la queja, el Juez de Distrito a quo invoc� dos motivos, el primero, relativo al examen oficioso de la falta o ilegal emplazamiento por ser de orden p�blico, de acuerdo con la jurisprudencia, cuyo rubro dice: �EMPLAZAMIENTO, ES DE ORDEN P�BLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO.�, mismo que ubic� en la fracci�n VI del art�culo 76 bis de la Ley de Amparo; y, el segundo, relacionado con la propia controversia, en la que pueden verse afectados intereses (simples o econ�micos) de una menor, el cual ubic� en la fracci�n V del citado art�culo 76 bis.-

Ahora bien, en el agravio que se examina, la inconforme controvierte �nicamente el segundo motivo, raz�n por la que el primero debe quedar intocado y esto ser�a suficiente para declarar inoperante el referido agravio, quedando subsistente la consideraci�n del Juez Federal de suplir la deficiencia de la queja, por haberse reclamado por la sucesi�n quejosa a trav�s de su albacea definitivo el ilegal emplazamiento al juicio de origen.-

No obstante, debe decirse que la actuaci�n del Juez Federal al suplir la queja deficiente, porque la controversia puede afectar los intereses de una menor, fue acertada y ajustada a derecho, pues el art�culo 76 bis, fracci�n V, de la ley reglamentaria del juicio constitucional, establece: �Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deber�n suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n ... conforme a lo siguiente: ... V. En favor de los menores de edad o incapaces.�.-

Como se observa de esta disposici�n legal, la suplencia de la queja, en trat�ndose de menores de edad o incapaces, no se encuentra supeditada a que funjan como quejosos, sino simple y sencillamente a que el Juez de Distrito advierta de las constancias de autos, que la controversia, cualquiera que sea la naturaleza de los derechos cuestionados, no s�lo afecta al quejoso sino tambi�n a ese tipo de personas, para que haga uso de esa facultad legal, porque en casos como el de la especie, cualquiera que sea el sentido de la resoluci�n que se pronuncie repercutir� necesariamente en beneficio o perjuicio no s�lo del directamente demandado, o sea, de la sucesi�n intestamentaria a bienes de J.A. N�cer Tan�s, sino tambi�n de sus herederos, entre ellos, la menor de edad Isaura N�cer Bola�os. Es aplicable sobre este aspecto, en lo conducente, la tesis que este Tribunal Colegiado sustent� al resolver el amparo en revisi�n 16/98, que dice: �SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE CUANDO SE ADVIERTE QUE EL ACTO RECLAMADO, ADEM�S DE AFECTAR AL QUEJOSO, TAMBI�N LESIONA LOS INTERESES DE MENORES DE EDAD.-

Cuando se advierte que el acto reclamado afecta no s�lo al quejoso sino tambi�n repercute desfavorablemente en los derechos de menores de edad, tal como sucede en el caso de que se impugne la resoluci�n que declar� infundado el recurso de inconformidad interpuesto en contra del acuerdo emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se otorgaron las pensiones de viudez y orfandad en beneficio de la recurrente y de sus menores hijos, respectivamente, es procedente suplir la deficiencia de la queja en t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n V, de la Ley de Amparo, pues en esa hip�tesis, cualquiera que sea el sentido de la resoluci�n definitiva que se pronuncie, necesariamente beneficiar� o perjudicar� a la totalidad de los beneficiarios de las citadas pensiones econ�micas, no siendo obst�culo para considerar aplicable la suplencia de la queja en favor de los menores de edad, el hecho de que la impugnaci�n de la resoluci�n mencionada �nicamente haya sido planteada por la beneficiaria de la pensi�n de viudez indicada.�.-

En el tercero de los agravios la inconforme alega, en s�ntesis, que la sentencia recurrida es violatoria de diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del C�digo Civil del Estado de Puebla y del C�digo de Procedimientos Civiles de esta misma entidad federativa, porque en su concepto: el albacea provisional y el definitivo son generales, sin que la ley establezca distinci�n entre sus facultades, puesto que ambos representan a la sucesi�n con las mismas obligaciones; en el caso, al albacea provisional se le autoriz� inclusive para litigar, por lo que actu� legalmente al haber comparecido ante el Juez del conocimiento, a fin de que fuera emplazado al juicio de origen y despu�s contestar allan�ndose a la demanda y ratificar su escrito, porque la defensa de los bienes de la sucesi�n no significa la oposici�n infundada o la negaci�n de derechos de la contraria sin motivos, sino �nicamente una actuaci�n que no perjudique al patrimonio de aqu�lla; aun suponiendo ilegalidad en el emplazamiento, �sta se convalid� al haber contestado la sucesi�n demandada por conducto de su albacea provisional; a pesar de la sustituci�n de albaceas, la parte demandada sigui� siendo la misma, sin que la sucesi�n quejosa haya reclamado el auto por el que se autoriz� para litigar a su albacea provisional; la quejosa hace referencia a situaciones de hecho para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, tales como que ni el albacea provisional ni la actora le hicieron saber la existencia del juicio de origen, presume que ambos tienen el mismo patrocinio y que M.N.�cer y Tan�s, se�al� como domicilio para recibir notificaciones los estrados del juzgado, impidiendo con ello la defensa de la sucesi�n; sin embargo, no existe disposici�n legal que les obligue a hacer saber al albacea definitivo la existencia de aquel procedimiento; asimismo, que el Juez Federal concedi� el amparo solicitado con apoyo en simples situaciones de hecho, suposiciones y conjeturas, pero no en realidades que constan en autos; que si M.N.�cer y Tan�s incumpli� alguna obligaci�n, ser�a responsable de da�os y perjuicios, pero esto no implica que el emplazamiento sea ilegal; y concluye, que la actuaci�n del albacea provisional al haber contestado allan�ndose a la demanda es legal, porque dentro de su obligaci�n de defender los bienes de la sucesi�n se encuentra la de comparecer a juicio y contestar conforme a la verdad de los hechos (fojas once a veinticuatro).-

Estos argumentos y las dem�s aseveraciones que se expresan en torno del emplazamiento al juicio de origen y a la contestaci�n de demanda por parte del albacea provisional, son infundados.-

En efecto, como lo reconoce la propia recurrente, en relaci�n con el emplazamiento, ni siquiera se siguieron las reglas previstas por el art�culo 49 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, es decir, que la citada primera notificaci�n se hubiese hecho al interesado (o bien a su representante), en la residencia designada por la actora, ni mucho menos que el actuario se hubiere constituido en ese lugar, cercior�ndose de que all� se hallaba el domicilio de la persona que deb�a ser notificada, asentando la raz�n correspondiente y los medios de que se vali� para ese efecto; sino que, en contra de esas disposiciones, el emplazamiento al juicio de origen fue realizado por el actuario en las instalaciones del propio juzgado, a las que acudi� M.N.�cer y T�nus, en su car�cter de albacea provisional de la sucesi�n intestamentaria a bienes de J.A. N�cer Tan�s; y sin explicar la raz�n o el motivo por el que se enter� de ese juicio, dado que la demanda hab�a sido presentada desde el ocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, y admitida por auto de quince de ese propio mes y a�o, o sea, cuando a�n viv�a el demandado Jos� N�cer Tan�s, pues debe recordarse que �ste falleci� el veintis�is de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por lo que a pesar de todo ese tiempo no fue emplazado; y, en cambio, una vez que falleci�, y de que a M.N.�cer y Tan�s se le design� albacea provisional y se le autoriz� para litigar, compareci� el tres de febrero de mil novecientos noventa y ocho, a fin de que fuera emplazado al multicitado procedimiento de origen; y despu�s de esto contest� allan�ndose a la demanda y, previo requerimiento, compareci� a ratificar su escrito de contestaci�n.-

Ante tal situaci�n, es evidente que el emplazamiento fue realizado contraviniendo las disposiciones previstas por el art�culo 49 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, lo que ser�a suficiente para confirmar la concesi�n del amparo solicitado por la sucesi�n quejosa, sin que sea obst�culo para esta consideraci�n lo argumentado por la recurrente, en el aspecto de que tal ilegalidad se convalid� al haber contestado la sucesi�n demandada por conducto de su albacea provisional, porque dados los t�rminos en los que procedi� el citado albacea, en lugar de defender el bien de la sucesi�n su contestaci�n tiende a perderlo.-

Ciertamente, la secci�n quinta del cap�tulo duod�cimo del libro sexto del C�digo Civil del Estado de Puebla, relativo a sucesiones, concretamente a los albaceas, en sus art�culos 3421 a 3487, no hace distinci�n alguna en relaci�n a las facultades del albacea provisional y definitivo, sino que habla simplemente de los albaceas, quienes en t�rminos de la fracci�n II del citado art�culo 3421, son �rganos representativos de la sucesi�n para actuar en nombre y por cuenta de �sta, entre otros casos, en la defensa de los bienes de la herencia; y dentro de sus principales obligaciones, el art�culo 3455, fracci�n VIII, de ese mismo ordenamiento legal, establece: �La defensa en juicio y fuera de �l, as� de la herencia como de la validez del testamento, conforme a derecho.�.-

Con base en lo anterior, es cierto que tanto el albacea provisional como el definitivo tienen la representaci�n de la sucesi�n, ya sea dentro o fuera de juicio, pero tambi�n lo es que siempre con la idea de defensa de los bienes de la sucesi�n y de ninguna manera para enajenarlos, gravarlos, arrendarlos, ni en general, para comprometerlos en alguna forma sin consentimiento de los herederos, tal como lo establecen expresamente los art�culos 3468, 3469, 3470 y 3471 del ordenamiento legal en cita, pues el esp�ritu que priva en esa representaci�n del de cujus, que por ficci�n de la ley subsiste a pesar del fallecimiento, tiende indiscutiblemente a la defensa de los bienes de la sucesi�n por parte del albacea, hasta en tanto no se realice la partici�n o adjudicaci�n, por lo que la conducta que debe adoptar necesariamente el albacea, es precisamente la de defensa real y efectiva de los bienes de la sucesi�n, y no una defensa aparente, en la que so pretexto de ostentar el car�cter de albacea con facultades de representaci�n, se confiesen hechos que obviamente redundan en perjuicio de la sucesi�n, pues la circunstancia de que las disposiciones legales relativas a ese cargo no hagan distinci�n entre las facultades de un albacea provisional y de uno definitivo, no implica que puedan allanarse a una demanda sin consentimiento de los herederos, porque evidentemente que tal conducta no tiende a la defensa de los bienes, sino a la p�rdida de los mismos; advirti�ndose de esa conducta, que m�s que defender o beneficiar a la sucesi�n se le perjudica, y pr�cticamente quien incurre en aqu�lla coadyuva con la parte contraria, evit�ndole la carga de la prueba de los hechos de su acci�n y, por consecuencia, facilit�ndole la obtenci�n de un fallo favorable.-

En conclusi�n, las disposiciones legales antes referidas, que proh�ben expresamente al albacea comprometer los bienes de la sucesi�n sin consentimiento de los herederos, son aplicables por mayor�a de raz�n en casos como el de la especie, en el que el albacea provisional se allana a la demanda presentada en contra de la sucesi�n que representa, ya que ese allanamiento o confesi�n de la demanda tiene como consecuencia que la parte contraria obtenga una sentencia favorable y, por ende, que se pierdan los bienes de la sucesi�n. Es aplicable sobre este aspecto, la tesis de este Tribunal Colegiado que ha sustentado al resolver los amparos en revisi�n n�meros 616/87 y 276/89, que dice: �ALBACEAS, CONFESI�N O RATIFICACI�N DE ACTOS DE DOMINIO POR LOS. AL CONTESTAR LA DEMANDA FORMULADA EN CONTRA DE LA SUCESI�N.-

Aun cuando los albaceas representan legalmente a la sucesi�n dentro del juicio, tal representaci�n no entra�a la facultad para celebrar actos de dominio, pues el art�culo 3471 del C�digo Civil para el Estado de Puebla establece que no pueden gravar ni hipotecar los bienes de la sucesi�n sin consentimiento de los herederos, por lo cual, por mayor�a de raz�n, la propia disposici�n es aplicable al caso en que dichos albaceas al contestar una demanda en contra de la sucesi�n, confiesan o ratifican la celebraci�n de un acto de tal naturaleza, ya que ello afecta al patrimonio hereditario, por aparecer listado el bien en los inventarios y aval�os como de la propiedad de la sucesi�n; de ah� que tambi�n sea necesario que el multicitado albacea cuente previamente con la anuencia de los dem�s herederos para ejecutar ese acto.�.-

En el mismo sentido es aplicable la tesis jurisprudencial de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina mil ciento treinta y ocho del Tomo CVIII, de la Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: �ALBACEAS, CONFESI�N DE LA DEMANDA POR LOS (LEGISLACI�N DE CHIHUAHUA).-

Si el albacea no opuso defensa a la reclamaci�n presentada contra la sucesi�n, pues admiti� el derecho del supuesto acreedor, sin discusi�n alguna, no obstante que se trata de una deuda cuyo importe es superior a los bienes de la herencia, y mediante esa confesi�n de los hechos de la demanda, allan� el camino de su adversario en el litigio, evit�ndole el trabajo de probar su acci�n, y provoc� una sentencia condenatoria, que de ejecutarse, enajenar�a todos los bienes de la herencia, debe estimarse que la autoridad responsable obr� legalmente al considerar que el art�culo 1546 del C�digo Civil, que proh�be a los albaceas transigir sin consentimiento de los herederos, es aplicable por mayor�a de raz�n, al caso en que se confiesan los hechos de una demanda presentada contra la sucesi�n, cuando esa confesi�n tiene como consecuencia �ltima que todos los bienes de la herencia se apliquen al pago de la reclamaci�n presentada.�.-

No obstante, existe criterio en contrario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que sustent� al resolver el siete de noviembre de mil novecientos noventa y uno el amparo directo 4257/91, visible en la p�gina ciento treinta y cuatro del Tomo IX, de la Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, correspondiente a marzo de mil novecientos noventa y dos, que dice: �ALBACEA. NO ES INDISPENSABLE EL CONSENTIMIENTO DE LOS HEREDEROS PARA QUE SE ALLANE A LA DEMANDA.-

No existe precepto expreso que impida al representante de una sucesi�n hereditaria allanarse o conformarse con las prestaciones que se le demandan en juicio, puesto que corresponde al albacea representar a la sucesi�n en los juicios que se promuevan en su contra, por lo que no es exacto que para que proceda el allanamiento a la demanda el albacea de la sucesi�n requiera del consentimiento de los herederos. Es pertinente se�alar que el art�culo 11 del C�digo Civil del Distrito Federal prescribe que las leyes que establecen excepci�n a las reglas no son aplicables a caso alguno que no est� expresamente especificado en las mismas leyes, por lo que si entre las prohibiciones a los albaceas que se mencionan en el C�digo Civil no se encuentra la de que no puedan allanarse a una demanda, sin el consentimiento de los herederos, ni tampoco en el C�digo de Procedimientos Civiles, se encuentra alguna prevenci�n sobre ese particular, debe concluirse que no se requiere del consentimiento de los herederos para que el albacea se allane a la demanda.�.-

En sentido similar aparece la tesis que sustent� la entonces Tercera Sala del m�s Alto Tribunal de la naci�n, visible en la p�gina tres mil ochocientos sesenta y nueve del Tomo LXV, de la Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: �ALBACEAS, FACULTADES DE LOS.-

Si el albacea de una sucesi�n se conforma con una demanda de trabajo formulada en contra de aqu�lla, obra con funciones propias, por lo que, ya sea que se hubiese desistido de un recurso o bien se hubiera conformado con una demanda a la que juzga innecesario oponerse, no existe disposici�n legal que le impida ejecutar ese acto, por lo que es improcedente la demanda de amparo que alguno de los herederos de la propia sucesi�n, solicite en contra del laudo condenatorio que pronuncie una Junta, por pago de salarios devengados, durante el tiempo que estuvo un trabajador al servicio del autor de la sucesi�n.�.-

Ante tal situaci�n, este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito reitera su posici�n sobre la cuesti�n que se examina, en el sentido de que los albaceas no pueden legalmente allanarse a una demanda presentada en contra de la sucesi�n que representan sin el consentimiento de los herederos, en los t�rminos de la tesis antes referida, pero como existen criterios en contrario, concretamente el del citado Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, e inclusive de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, como se observa de las tesis anteriormente transcritas, es necesario que este Tribunal Colegiado denuncie la citada contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a fin de que decida cu�l debe prevalecer en t�rminos del art�culo 197-A de la Ley de Amparo.-

Finalmente, cabe se�alar respecto del citado tercer concepto de violaci�n que se examina, que el hecho de que la sucesi�n quejosa no haya reclamado el auto de tres de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por el que se le discerni� el cargo de albacea provisional a M.N.�cer y Tan�s, y se le autoriz� inclusive para litigar, no implica que pudiera legalmente comparecer al procedimiento de origen a darse por emplazado y a contestar allan�ndose a la demanda y ratificar su escrito de contestaci�n, porque como se ha venido expresando, la representaci�n del albacea y sus facultades legales deben orientarse siempre a la defensa de los bienes de la sucesi�n, mas no a su p�rdida a trav�s de actitudes procesales de aparente defensa; sin que sea obst�culo la falta de se�alamiento de ese prove�do como acto reclamado por la sucesi�n quejosa, porque la falta de impugnaci�n de tal autorizaci�n no puede tener como consecuencia el reconocimiento de una actuaci�n del albacea provisional, contraria a sus facultades y a los fines para los que fue designado.-

En el quinto agravio (ya que no existe cuarto), la recurrente reitera los argumentos expresados anteriormente, alegando que debe negarse el amparo solicitado.-

Como se observa de este �ltimo agravio, la recurrente no expresa argumento l�gico-jur�dico alguno tendiente a rebatir y destruir las consideraciones del Juez Federal, raz�n por la que no debe legalmente hacerse mayor consideraci�n al respecto, puesto que el an�lisis de los agravios anteriores ya ha sido externado con antelaci�n.-

En las condiciones anteriores procede modificar el fallo recurrido, decretando el sobreseimiento del juicio de garant�as respecto de los actos reclamados por Mar�a de los M.R.�o B.�os A., por su propio derecho y de su menor hija I.N.B.�os; y confirmar la concesi�n del amparo para efectos, por lo que ve a la sucesi�n intestamentaria a bienes de J.A. N�cer Tan�s."

Estas ejecutorias, dieron lugar a la integraci�n de la tesis n�mero TC062050.CIV, publicada en la p�gina 412 del Tomo XIV, de julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, con el rubro y texto que a su letra dicen:

ALBACEAS, CONFESI�N O RATIFICACI�N DE ACTOS DE DOMINIO POR LOS. AL CONTESTAR LA DEMANDA FORMULADA EN CONTRA DE LA SUCESI�N.-

Aun cuando los albaceas representan legalmente a la sucesi�n dentro del juicio, tal representaci�n no entra�a la facultad para celebrar actos de dominio, pues el art�culo 3471 del C�digo Civil para el Estado de Puebla establece que no pueden gravar ni hipotecar los bienes de la sucesi�n sin consentimiento de los herederos, por lo cual, por mayor�a de raz�n, la propia disposici�n es aplicable al caso en que dichos albaceas al contestar una demanda en contra de la sucesi�n, confiesan o ratifican la celebraci�n de un acto de tal naturaleza, ya que ello afecta al patrimonio hereditario, por aparecer listado el bien en los inventarios y aval�os como de la propiedad de la sucesi�n; de ah� que tambi�n sea necesario que el multicitado albacea cuente previamente con la anuencia de los dem�s herederos para ejecutar ese acto."

Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, en su fallo dictado el siete de noviembre de mil novecientos noventa y uno en el amparo directo civil n�mero 4257/91, promovido por Y.G.R.�rez viuda de G.�rrez, en su car�cter de albacea de la sucesi�n a bienes de R.G.�rrez G.�rrez, en la parte que interesa sostuvo lo siguiente:

QUINTO

Son infundados los conceptos de violaci�n expresados por el representante de la sucesi�n quejosa.-

Es infundado el primer concepto, porque no puede ser contradictoria la resoluci�n del tribunal ad quem al absolver de la nulidad de la escritura, y por otro condenar al reconocimiento de la copropiedad del inmueble a que se refiere la misma escritura; y una de las razones fundamentales que esgrimi� el Juez de primer grado, a cuya sentencia remiti� al entonces apelante, lo fue que el actor se desisti� de la acci�n de nulidad por simulaci�n en contra de la empresa vendedora del terreno objeto de la compraventa, agregando dicho juzgador que no proced�a la nulidad porque �... se llegar�a al absurdo jur�dico de que un acto fuera declarado nulo respecto a una de las partes contratantes y v�lido respecto de la otra.�, argumentaci�n que es correcta, porque trat�ndose de nulidad de una compraventa es necesario o�r a las partes contratantes por existir litisconsorcio pasivo necesario, y no puede dictarse sentencia cuando s�lo se oye a una de las partes, la compradora, pero no a la otra, la vendedora, y si en el caso el actor se desisti� de la acci�n intentada en contra de la vendedora Promotora Habitacional San Juan de Arag�n, S.A. (foja 261) y �sta a su vez se desisti� de la acci�n reconvencional que hab�a ejercitado contra el actor, habi�ndose acordado de conformidad esos desistimientos, es claro que la vendedora dej� de ser parte en el juicio natural y no pod�a emitirse sentencia respecto a la nulidad de la escritura del inmueble y prestaciones relacionadas, en que la vendedora dej� de ser parte. En cambio, s� pod�a decidirse respecto a las restantes reclamaciones que se hicieron a la sucesi�n demandada, entre ellas, la relativa a la existencia de la copropiedad a que alude el fallo reclamado, por haberse allanado la albacea de la sucesi�n a las prestaciones que le reclam� el actor, allanamiento que ser� materia de estudio al analizar los restantes conceptos de violaci�n.-

Por lo dem�s, como lo hace notar el tribunal ad quem, los hechos en que se apoy� la nulidad de la escritura y la existencia de la copropiedad son diversos, lo que puede advertirse de la sola lectura de la demanda inicial; resultando inexacta la aseveraci�n del quejoso respecto a que �... se est� haciendo nugatorio el derecho ya declarado en la sentencia de que es v�lida la escritura, ya que la posterior condena a la copropiedad necesariamente va a modificarla, surgiendo as� la contradicci�n a que me refiero ...�, puesto que de la lectura de los puntos resolutivos de la sentencia de primer grado, se advierte que no existe tal declaraci�n de validez de la escritura, y no pudo haberla, desde el momento en que el actor se desisti� de la acci�n de nulidad por cuanto a la parte vendedora, como se menciona en el punto resolutivo primero de dicho fallo, y si de ah� pretende derivar la contradicci�n a que se refiere el inconforme, su alegaci�n resulta inatendible.-

Es infundado el segundo concepto de violaci�n, en el que se aduce que el tribunal ad quem no analiz� el agravio en el que se aleg� la falta de facultades del albacea de la sucesi�n para allanarse a las prestaciones reclamadas, puesto que este �rgano jurisdiccional de amparo estima que dicha autoridad correctamente consider� eficaz ese allanamiento.-

En efecto, este Tribunal Colegiado al resolver un caso similar en el amparo directo 2049/84, quejoso A.M.�oz, fallado por unanimidad de votos el siete de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, ponente el se�or Magistrado C.V.V.�zquez, sostuvo, en lo conducente, lo siguiente: �... no es exacto, como lo afirma la autoridad responsable, que para que proceda el allanamiento a la demanda el albacea de una sucesi�n requiera el consentimiento de los herederos, ya que en el precepto 1720 del c�digo sustantivo en comento, �nicamente se precisa tal requisito para transigir y comprometer en �rbitros, lo que, como ya se dijo, no sucede en el particular, habida cuenta de que se est� en presencia de la figura procesal del allanamiento, entendido como el reconocimiento expreso de la procedencia de la acci�n ejercitada y, en tal estimativa, debe concluirse que la autoridad responsable no se ajust�, en su sentencia reclamada, a la literalidad de la ley, ni a su interpretaci�n jur�dica, transgrediendo, por ende, las garant�as individuales que el quejoso invoca.�; y en otra parte de la propia ejecutoria, este tribunal sostuvo: �... la prohibici�n para transigir o para comprometer en �rbitros por parte del albacea sin el consentimiento de los herederos, se encuentra b�sicamente prevista en los art�culos 2950 del C�digo Civil y 613 del C�digo de Procedimientos Civiles, pero no existe precepto expreso que impida al representante de una sucesi�n hereditaria a allanarse o conformarse con las prestaciones que se le demandan en juicio, siendo de explorado derecho que corresponde al albacea general deducir todas las acciones que pertenezcan a la herencia y por lo mismo representar a la sucesi�n en los juicios que se promuevan en su contra; por todo lo cual, siendo el albacea el mandatario jur�dico de la demandada, no fue legal que se hubiese confirmado la sentencia que declara no probada la acci�n y absuelve al demandado por falta de consentimiento de los herederos, porque como ya se dijo, no resulta aplicable al caso el art�culo 1720 del C�digo Civil.�.-

De lo sostenido por este tribunal en la ejecutoria referida, puede desprenderse que se sustent� el criterio de que no existe precepto expreso que impida al representante de una sucesi�n hereditaria a allanarse o conformarse con las prestaciones que se le demandan en juicio, puesto que corresponde al albacea representar la sucesi�n en los juicios que se promuevan en su contra, por lo que consider� que no era exacto que para que procediera el allanamiento a la demanda, el albacea de la sucesi�n requiriera del consentimiento de los herederos.-

Es pertinente se�alar que el art�culo 11 del C�digo Civil del Distrito Federal, prescribe que las leyes que establecen excepci�n a las reglas generales no son aplicables a caso alguno que no est� expresamente especificado en las mismas leyes, por lo que si entre las prohibiciones a los albaceas que se mencionan en el C�digo Civil, no se encuentra la de que no pueden allanarse a una demanda sin el consentimiento de los herederos, ni tampoco en el C�digo de Procedimientos Civiles se encuentra alguna prevenci�n sobre ese particular, debe concluirse que, contrariamente a lo aseverado por la quejosa, no se requiere el consentimiento de los herederos para que el albacea se allane a la demanda.-

En el precedente de la Suprema Corte, no jurisprudencia, que cita la inconforme en sus agravios en la apelaci�n, cuyo rubro es: �ALBACEA, SU CONFESI�N EN JUICIO.�, y que expresa que no teniendo los albaceas la libre disposici�n de los bienes de la herencia, en todos los casos en que su confesi�n envuelva el resultado de p�rdida de bienes o derechos para la sucesi�n que representan, dicha confesi�n carece de valor, por no tratarse de jurisprudencia, no es obligatoria su aplicaci�n por este Tribunal Colegiado, conforme al art�culo 192 de la Ley de Amparo, sobre todo porque existen precedentes del propio Alto Tribunal que otorgan eficacia probatoria a la confesi�n rendida por el albacea de la sucesi�n, tales como los siguientes: �ALBACEAS Y REPRESENTANTES DE PERSONAS MORALES, VALOR DE LA CONFESI�N HECHA POR LOS.-

Los albaceas, y en general, los representantes de las personas morales, est�n capacitados legalmente para absolver posiciones, en nombre de sus representadas, supuesto que las personas de esa �ndole y las sucesiones, por su propio car�cter, no pueden comparecer en juicio, sino al trav�s de una persona f�sica que represente a la universalidad de las que constituyen la moral o las testamentarias; de donde resulta que la confesi�n rendida por un albacea o representante de una instituci�n moral, aunque no sea de hechos propios, en lo personal, como son los de sus representados, hace fe plena, dentro de sus facultades legales, al tenor del art�culo 402 del C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.�. (vig�sima tesis relacionada con la jurisprudencia 128, visible aqu�lla en la p�gina 213 de la Segunda Parte del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, editado en el a�o de 1988).-�ALBACEAS. EFICACIA PROBATORIA DE LA CONFESI�N DE LOS.-

Si de conformidad con la disposici�n contenida en el art�culo 1706 del C�digo Civil del Distrito Federal, los albaceas representan a la sucesi�n en juicio, debe considerarse que tienen el car�cter de mandatarios generales y, por ende, la obligaci�n de absolver posiciones sobre hechos propios de su representada en los t�rminos del art�culo 310 del C�digo de Procedimientos Civiles. En tal virtud y toda vez que las sucesiones no pueden comparecer en juicio, sino a trav�s de una persona f�sica que represente a la universalidad que constituyen, la confesi�n producida por los albaceas sobre hechos que no sean propios en lo personal, si son los de sus representadas, hace fe plena, al tenor del art�culo 402 del ordenamiento legal �ltimamente citado.�. (Informe de la Suprema Corte correspondiente al a�o de 1956, Tercera Sala, p�gina 17).-

Adem�s, en el caso, la albacea de la sucesi�n no est� disponiendo de bienes de la herencia, puesto que el inmueble en controversia no pertenece en su totalidad al acervo hereditario, sino que es copropiedad del actor y el de cujus, como lo reconoce la promovente en su carta de fecha veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y cinco dirigida al actor, a que se refiere el tribunal responsable en el fallo reclamado, siendo el allanamiento a esa prestaci�n el reconocimiento de la copropiedad existente.-

Adem�s, suponiendo que se requiriera el consentimiento de los herederos, como tambi�n lo hizo notar el tribunal responsable, en realidad �stos est�n conformes con ese allanamiento porque la sucesi�n demandada, por conducto de su albacea Y.G.R.�rez viuda de G.�rrez, al producir su contestaci�n a la demanda manifest� que la reclamaci�n �... s�lo es producto de la conducta ambiciosa y plena de codicia del demandante, quien en contubernio con su madre L.G.V. y su padrastro A.G.T. (estos �ltimos coherederos de la sucesi�n), a como d� lugar tratan de despojarme de mi porci�n hereditaria a bienes de mi difunto esposo R.G.�rrez G.�rrez.�, lo que indica que los coherederos de ninguna manera se opondr�an al allanamiento en la hip�tesis de requerirse su consentimiento para tal acto procesal, porque no les perjudica.-

Son infundados los conceptos de violaci�n tercero a s�ptimo, porque si con el allanamiento se reconoce el derecho del actor en sus reclamaciones, con ello mismo se acredita la legitimaci�n activa en la causa a que se refiere la promovente, cuya falta alega �sta por no haber exhibido el actor documento alguno con su demanda, como lo ha sustentado el m�s Alto Tribunal de la naci�n en la siguiente tesis: �ALLANAMIENTO A LA DEMANDA (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE JALISCO).-

El art�culo 282 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco dice: �Confesada la demanda en todas sus partes o manifestando el actor su conformidad con la contestaci�n de ella, previa citaci�n, se pronunciar� sentencia.�. Al respecto, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha estimado que el allanamiento a la demanda lleva impl�cito el reconocimiento de la legitimaci�n o justificaci�n de la pretensi�n y acarrea el resultado de que se pronuncie sentencia que ponga t�rmino al juicio.� (Vol�menes 175-180, del Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Cuarta Parte, p�gina 20).-

Cabe advertir que si bien la tesis transcrita se refiere a la legislaci�n del Estado de Jalisco, resulta aplicable al caso, en lo conducente, porque el precepto que en ella se cita es similar al art�culo 274 del C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; de suerte que si en la especie, la albacea de la sucesi�n se allan� a la demanda en todas y cada una de sus partes, habi�ndose ratificado ese allanamiento ante la presencia judicial y se le tuvo por allanada (fojas 188 y 189), no hay duda de que con ello se reconoci� que el actor estaba legitimado en la causa y que eran justificadas las pretensiones, independientemente de que hubiera o no exhibido prueba alguna al promover su demanda, toda vez que el allanamiento lo relev� de aportar pruebas. De acuerdo con lo anterior, es infundado el alegato de la promovente, en el sentido de que �si no existe acci�n que ejercitar no puede darse allanamiento alguno, ya que este �ltimo no tiene el efecto de legitimar al actor.�.-

Sobre el particular, se cita la siguiente tesis del m�s Alto Tribunal de la naci�n: �DEMANDA, ALLANAMIENTO A LA. CESA LA OBLIGACI�N DE RENDIR PRUEBAS PARA PROBAR LA ACCI�N.-

De acuerdo con la fracci�n II del art�culo primero del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el desconocimiento de una obligaci�n genera la facultad de ejercitar la acci�n correspondiente en juicio por parte del afectado. Por otra parte, el juicio se debe desarrollar atendiendo al principio de igualdad de las partes en el proceso por lo consiguiente, el J. no puede fallar sin que previamente se hayan aportado las pruebas convenientes para justificar los elementos que integran tanto la acci�n, como las excepciones que se hicieron valer, a no ser que el punto en litigio sea una cuesti�n de interpretaci�n del derecho, en cuyo caso no habr� necesidad de su desahogo. As� pues, debe concluirse que las pruebas tienen la finalidad en la litis de acreditar a cu�l de las partes le asiste el derecho; por lo tanto, si una de ellas se presenta en el procedimiento y expresamente reconoce la existencia de una obligaci�n que es a su cargo, es obvio que no habr� ya necesidad de demostrarle el incumplimiento en que ha incurrido, por existir un sometimiento expreso a la pretensi�n del contrario; prueba de ello es que el art�culo 274 del C�digo de Procedimientos Civiles ordena citar para sentencia tan luego como ocurra este evento.� (Vol�menes 97-102, del Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Tercera Sala, p�gina 45).-

Por su parte, este Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos el amparo directo 2713/87, quejosa I.M.L.B. viuda de G.�rrez, 26 de noviembre de 1987, ponente el se�or M.J.B.S., sostuvo el siguiente criterio que ahora se reitera: �... Si la actora, hoy tercera perjudicada, se allan� a algunos hechos que pretend�an probarse por la quejosa mediante diversas documentales, esta confesi�n para allanarse ya no pod�a considerarse que formaba parte de la litis, dado que �sta se conforma con los hechos controvertidos en un juicio, y l�gicamente que al haberse aceptado determinados hechos por ambas partes no hab�a necesidad de desahogar ninguna prueba que demostrara que son ciertos; viene a corroborar lo antes considerado, lo establecido por el art�culo 274 del C�digo de Procedimientos Civiles, en el sentido de que cuando el demandado se allana a la demanda en todas sus partes o manifestando el actor su conformidad con la contestaci�n de ella, se citar� para sentencia, por lo que resulta claro que cuando no hay controversia en cuanto a los hechos sujetos a juicio, no existe ni necesidad de ofrecer pruebas. ...�.-

Es infundado el octavo concepto de violaci�n, porque si con el allanamiento referido se acredit� el derecho del actor a que se le paguen honorarios profesionales, correctamente el tribunal ad quem dej� para ejecuci�n de sentencia su cuantificaci�n, ya que el actor no se�al� cantidad l�quida en su demanda que pudiera haber sido objeto de prueba, pero s� acredit� su derecho al pago de tal prestaci�n con el allanamiento a la demanda de la albacea de la sucesi�n quejosa.-

Es infundado el noveno concepto de violaci�n, porque si se dictaron dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva en contra de la sucesi�n quejosa, era el caso de aplicar la fracci�n IV del art�culo 140 del C�digo de Procedimientos Civiles para condenarla al pago de las costas causadas en ambas instancias.-

En consecuencia, procede negar a la sucesi�n quejosa la protecci�n constitucional que impetra."

Este criterio se encuentra contenido en la tesis n�mero I.3o.C.421 C, visible a foja 134 del Tomo IX, marzo de 1992, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, con rubro y texto que es del tenor literal siguiente:

ALBACEA. NO ES INDISPENSABLE EL CONSENTIMIENTO DE LOS HEREDEROS PARA QUE SE ALLANE A LA DEMANDA.-

No existe precepto expreso que impida al representante de una sucesi�n hereditaria allanarse o conformarse con las prestaciones que se le demandan en juicio, puesto que corresponde al albacea representar a la sucesi�n en los juicios que se promuevan en su contra, por lo que no es exacto que para que proceda el allanamiento a la demanda el albacea de la sucesi�n requiera del consentimiento de los herederos. Es pertinente se�alar que el art�culo 11 del C�digo Civil del Distrito Federal prescribe que las leyes que establecen excepci�n a las reglas no son aplicables a caso alguno que no est� expresamente especificado en las mismas leyes, por lo que si entre las prohibiciones a los albaceas que se mencionan en el C�digo Civil no se encuentra la de que no puedan allanarse a una demanda, sin el consentimiento de los herederos, ni tampoco en el C�digo de Procedimientos Civiles, se encuentra alguna prevenci�n sobre ese particular, debe concluirse que no se requiere del consentimiento de los herederos para que el albacea se allane a la demanda."

CUARTO

Ahora bien, al respecto cabe hacer la aclaraci�n que para integrar una contradicci�n de tesis, cuando menos formalmente, debe existir oposici�n sobre las cuestiones jur�dicas sometidas a debate, misma que debe recaer sobre la esencia o sustancia de la tem�tica sujeta a discusi�n y no solamente sobre aspectos accidentales o secundarios contenidos en las consideraciones en las que se sustenten las ejecutorias dictadas por los tribunales contendientes, en este caso, entre los Tribunales Colegiados Segundo del Sexto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, en los juicios y recursos ya anunciados.

Por consiguiente, ser� la naturaleza de la problem�tica o situaci�n jur�dica planteada la que determine si en el caso, existe o no materialmente una contradicci�n de tesis que requiera del pronunciamiento por parte de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a fin de definir el criterio que deber� prevalecer con car�cter de jurisprudencia sobre la contradicci�n denunciada. Es aplicable a esta consideraci�n lo sustentado por este Supremo Tribunal en la tesis n�mero CLXXIV/89, de la anterior Tercera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, materia com�n, p�gina 219, la que en su literalidad establece:

CONTRADICCI�N DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA.-

Es verdad que en el art�culo 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposici�n que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicci�n de tesis, la relativa a que �sta emane necesariamente de juicios de id�ntica naturaleza; sin embargo, es la interpretaci�n que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que s� han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cu�l criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los �rganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si �stas s�lo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposici�n debe darse en la sustancia del problema jur�dico debatido; por lo que ser� la naturaleza del problema, situaci�n o negocio jur�dico analizado, la que determine materialmente la contradicci�n de tesis que hace necesaria la decisi�n o pronunciamiento del �rgano competente para establecer el criterio prevaleciente, con car�cter de tesis de jurisprudencia.

Contradicci�n de tesis 4/89. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del S�ptimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito. 6 de octubre de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: S.H.C.G.�rrez. Secretario: J.R.�l O.G.�a."

Bajo ese contexto, es de arribarse a la consideraci�n de que en esta denuncia se actualizan los requisitos que configuran a una controversia de esta �ndole, pues, en principio, se advierte con meridiana claridad que en las posiciones asumidas por los tribunales contendientes se adoptaron criterios contrarios en relaci�n con los mismos elementos de juicio sobre una cuesti�n o tem�tica jur�dica esencialmente similar, aplicando en sus ejecutorias consideraciones, razonamientos, argumentaciones e interpretaciones jur�dicas que fueron discrepantes cuando se pronunciaron sobre los asuntos sometidos a su potestad jurisdiccional.

No obsta en contrario que esas posiciones encontradas se hayan referido a disposiciones legislativas vigentes en distintas entidades federativas, Puebla y Distrito Federal, puesto que en ambas ejecutorias se analizaron de manera opuesta la relaci�n existente entre art�culos que regulan esencialmente lo mismo en ambos ordenamientos.

Cobra aplicaci�n a contrario sensu, la tesis de jurisprudencia 43/98, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., julio de 1998, foja 93, criterio que adopta esta Primera Sala y que en su literalidad expresa:

CONTRADICCI�N DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JUR�DICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DE CONTENIDO DIFERENTE.-

Es inexistente la contradicci�n de tesis cuando los Tribunales Colegiados examinan el mismo problema jur�dico pero lo hacen fund�ndose e interpretando disposiciones legales distintas y no coincidentes, de tal suerte que, de lo sostenido por uno y otro tribunales, no puede surgir contradicci�n, pues para ello ser�a necesario que hubieran examinado el problema jur�dico a la luz de un mismo dispositivo legal o de preceptos distintos pero que coincidan en cuanto a lo que establecen, y que hubieran sostenido criterios diversos.

Contradicci�n de tesis 39/96. Entre las sustentadas por el Tercer y el Sexto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 15 de noviembre de 1996. Cinco votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Ma. Estela F.M.G.P..

Contradicci�n de tesis 61/96. Entre las sustentadas por una parte por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Sexto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y por otra, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 22 de agosto de 1997. Cinco votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: E.H.M.G..

Contradicci�n de tesis 23/97. Entre las sustentadas por el Tercero y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de septiembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: S.S.A.A.. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: E.H.M.G..

Contradicci�n de tesis 38/96. Entre las sustentadas por el Sexto y Octavo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 24 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: H.S.C..

Contradicci�n de tesis 20/97. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y Quinto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. 24 abril de 1998. Cinco votos. Ponente: G.I.O.M.. Secretaria: A.H.�ndez H.�ndez."

As�, encontramos que el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en fechas diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y ocho y seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, al resolver los tocas de revisi�n n�meros R. 276/89, R. 616/87 y R. 828/98, en lo conducente se pronunci� en t�rminos similares y en la forma siguiente:

  1. Que el nombramiento de albacea provisional s�lo faculta al designado para demandar y contestar demandas tendientes a la recuperaci�n de los bienes del acervo hereditario pero no para allanarse a las pretensiones de su contraria, y cuyo resultado evidente es la p�rdida del bien litigioso.

  2. Que al no haberse justificado por el albacea en autos haber obtenido el consentimiento de los dem�s herederos para realizar esa actuaci�n, no obstante que legalmente represente a la sucesi�n dentro del juicio, esa representaci�n no entra�a la facultad de contestar una demanda contraria a los intereses de la sucesi�n confesando o ratificando un acto de dominio, ya que ello afecta al acervo hereditario; por tanto, es necesario que en estos casos cuente previamente con la anuencia de los dem�s herederos para ejecutar esa clase de actos, lo que en el caso no sucedi� as�.

  3. Que el Juez natural al tener por contestada la demanda en sentido afirmativo por parte del albacea, pas� por alto que el representante del de cujus carec�a de autorizaci�n para confesar o allanarse a las pretensiones de su contraparte en perjuicio del patrimonio hereditario, por lo que al haber dictado sentencia condenatoria viol� en perjuicio de la sucesi�n sus garant�as individuales.

    En base a lo expuesto, ese �rgano colegiado determina conceder el amparo y protecci�n de la justicia solicitados por la sucesi�n quejosa, tomando como fundamento de su resoluci�n la tesis emitida por ese mismo tribunal al fallar el amparo en revisi�n n�mero 616/87, cuyo rubro y texto es el siguiente:

    ALBACEAS, CONFESI�N O RATIFICACI�N DE ACTOS DE DOMINIO POR LOS. AL CONTESTAR LA DEMANDA FORMULADA EN CONTRA DE LA SUCESI�N.-

    Aun cuando los albaceas representan legalmente a la sucesi�n dentro del juicio, tal representaci�n no entra�a la facultad para celebrar actos de dominio, pues el art�culo 3471 del C�digo Civil para el Estado de Puebla establece que no pueden gravar ni hipotecar los bienes de la sucesi�n sin consentimiento de los herederos, por lo cual, por mayor�a de raz�n, la propia disposici�n es aplicable al caso en que dichos albaceas al contestar una demanda en contra de la sucesi�n, confiesan o ratifican la celebraci�n de un acto de tal naturaleza, ya que ello afecta al patrimonio hereditario, por aparecer listado el bien en los inventarios y aval�os como de la propiedad de la sucesi�n; de ah� que tambi�n sea necesario que el multicitado albacea cuente previamente con la anuencia de los dem�s herederos para ejecutar ese acto."

    Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo civil n�mero 4257/91, promovido por Y.G.R.�rez viuda de G.�rrez, con el car�cter de albacea de la sucesi�n de R.G.�rrez G.�rrez, en la parte que interesa sostuvo lo siguiente:

  4. Que no existe precepto alguno que impida al representante de una sucesi�n hereditaria allanarse o conformarse con las prestaciones que se le demandan en juicio, puesto que corresponde al albacea representar a la sucesi�n en los juicios que se promuevan en su contra; por tanto, para que proceda el allanamiento en una demanda, en su car�cter de albacea, no requiere del consentimiento de los dem�s herederos.

  5. Que al disponerse textualmente en el art�culo 11 del C�digo Civil del Distrito Federal: "Las leyes que establecen excepci�n a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no est� expresamente especificado en las mismas leyes.", y entre las prohibiciones a los albaceas contenidas en el C�digo Civil no se encuentra la de no poderse allanar a una demanda sin el consentimiento de los herederos, ni tampoco existe en el C�digo de Procedimientos Civiles prevenci�n sobre ese particular, consecuentemente, debe concluirse que contrariamente a lo argumentado no se requiere el consentimiento de los herederos para que el albacea realice v�lidamente esa conducta procesal.

  6. Que el precedente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que es citado por la inconforme en sus agravios en la apelaci�n y cuyo rubro es: "ALBACEA, SU CONFESI�N EN JUICIO.", si bien se expresa que los albaceas no tienen la libre disposici�n de los bienes de la herencia, y en todos los casos en que su confesi�n envuelva como resultado la p�rdida de bienes o derechos para la sucesi�n que representan, dicha confesi�n carece de valor, al no constituir este criterio tesis jurisprudencial no se encuentra obligado a su observancia en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo, adem�s de que tambi�n existen diversos precedentes emitidos por este Supremo Tribunal, en los cuales se le otorga eficacia probatoria a la confesi�n rendida por el albacea de la sucesi�n, citando entre otras las siguientes:

    ALBACEAS Y REPRESENTANTES DE PERSONAS MORALES, VALOR DE LA CONFESI�N HECHA POR LOS.-

    Los albaceas, y en general, los representantes de las personas morales, est�n capacitados legalmente para absolver posiciones, en nombre de sus representadas, supuesto que las personas de esa �ndole y las sucesiones, por su propio car�cter, no pueden comparecer en juicio, sino al trav�s de una persona f�sica que represente a la universalidad de las que constituyen la moral o las testamentarias; de donde resulta que la confesi�n rendida por un albacea o representante de una instituci�n moral, aunque no sea de hechos propios, en lo personal, como son los de sus representados, hace fe plena, dentro de sus facultades legales, al tenor del art�culo 402 del C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal."

    ALBACEAS. EFICACIA PROBATORIA DE LA CONFESI�N DE LOS.-

    Si de conformidad con la disposici�n contenida en el art�culo 1706 del C�digo Civil del Distrito Federal, los albaceas representan a la sucesi�n en juicio, debe considerarse que tienen el car�cter de mandatarios generales y, por ende, la obligaci�n de absolver posiciones sobre hechos propios de su representada en los t�rminos del art�culo 310 del C�digo de Procedimientos Civiles. En tal virtud y toda vez que las sucesiones no pueden comparecer en juicio, sino a trav�s de una persona f�sica que represente a la universalidad que constituyen, la confesi�n producida por los albaceas sobre hechos que no sean propios en lo personal, si son los de sus representadas, hace fe plena, al tenor del art�culo 402 del ordenamiento legal �ltimamente citado."

  7. Que en ese supuesto el albacea no est� disponiendo de bienes de la herencia, puesto que el inmueble en controversia no pertenece en su totalidad al acervo hereditario, sino que es copropiedad del actor y el de cujus, como as� lo reconoce la quejosa, y el allanamiento a esa prestaci�n corresponde al reconocimiento de esa copropiedad existente.

    Por consiguiente, este �rgano colegiado niega la protecci�n federal solicitada.

QUINTO

El an�lisis de esos criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, sin duda revela la existencia de la contradicci�n denunciada, en raz�n de que mientras el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, sostiene esencialmente que aun cuando los albaceas representan legalmente a la sucesi�n testamentaria dentro del juicio, tal representaci�n no entra�a la facultad para celebrar actos de dominio, por tanto, no pueden sin autorizaci�n de los herederos allanarse en un juicio a las pretensiones del actor cuando est� en juego un bien del acervo hereditario que representan, en base a lo dispuesto por el art�culo 3471 del C�digo Civil para el Estado de Puebla, en el cual se dice que no pueden gravar ni hipotecar los bienes de la sucesi�n sin consentimiento de los herederos. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estima que no existe precepto alguno en las legislaciones sustantiva y adjetiva civil que impida al representante de la sucesi�n allanarse a la demanda, en raz�n de que precisamente al albacea le corresponde representar a la sucesi�n en los juicios que se promuevan en su contra, no siendo exacto, por ende, que para la procedencia de ese allanamiento sea necesario recabar el consentimiento de los herederos, al no existir disposici�n expresa que as� lo establezca en los ordenamientos aplicables.

De lo que se deduce que el punto de contradicci�n existente entre ambos tribunales contendientes, se resume a saber si el albacea en un juicio sucesorio requiere de la autorizaci�n o no de los herederos o legatarios para allanarse a la demanda instaurada en contra de bienes pertenecientes al acervo hereditario.

Ahora bien, antes de entrar en materia se advierte la necesidad de efectuar algunas reflexiones sobre la figura del albacea, su naturaleza jur�dica y los derechos y obligaciones de su representaci�n, de conformidad a lo se�alado por la doctrina mexicana, as� como tambi�n interpretar lo preceptuado en nuestras legislaciones sustantiva y adjetiva civil vigentes, conforme a lo dispuesto en los art�culos 14 constitucional y 19 del C�digo Civil para el Distrito Federal y similar del Estado de Puebla.

Al albacea se le ha definido como la representaci�n legal ejercida por una o varias personas que en el ejercicio de su cargo desarrollan la funci�n de administrar los bienes del de cujus, de conformidad con las normas preestablecidas para tal efecto por el legislador, encarg�ndose de la realizaci�n de todos los actos tendientes a la conservaci�n, administraci�n y adjudicaci�n de los bienes del acervo hereditario, de conformidad con lo dispuesto en la disposici�n testamentaria existente, o bien, en t�rminos de la acreditaci�n de derechos hereditarios en trat�ndose de un juicio sucesorio intestamentario.

En cuanto a su naturaleza jur�dica existe discrepancia y diversas posiciones, sin embargo, la mayor�a de la doctrina y este Supremo Tribunal, lo califican como una instituci�n jur�dica equiparada al mandato; esto es, la consideran como una relaci�n jur�dica de representaci�n, existiendo no pocos opositores que la cuestionan, puesto que el albaceazgo no puede constituir propiamente un mandato, en raz�n de que esta clase de relaci�n contractual es un acto que se celebra inter vivos, esto es, que se caracteriza por la coexistencia del mandante y del mandatario.

Asimismo se argumenta en contrario, que la tesis de la representaci�n es nada satisfactoria, dado que al no existir ya el de cujus, �ste carece de status jur�dico, pues nuestro derecho le da tratamiento de un objeto, el cual jur�dicamente no puede ser representado.

Otros autores estiman que el albaceazgo es una situaci�n jur�dica an�loga mas no id�ntica, a la del defensor judicial de menores o la del tutor.

Tambi�n existe al respecto quienes consideran al albacea como una instituci�n jur�dica especial, sui generis.

As� mismo, surgen quienes le otorgan una consideraci�n ecl�ctica, la cual engloba opiniones, seg�n las cuales el albacea es el titular de un cargo, y adem�s es el representante de la masa hereditaria, aceptando que esta dualidad se da cuando el ejecutor recibe el poder de que est� investido y su cargo de manos del de cujus, as� como el representante recibe su poder de manos de su representado y debe actuar como �rgano de su voluntad; por consiguiente, tambi�n el albacea tiene limitado el poder que le confiere el cargo y no puede actuar eficazmente fuera de los l�mites que le han sido impuestos.

Finalmente, al igual que un representante legal, con su actuaci�n s� puede llegar a afectar la esfera jur�dica o patrimonio de los herederos.

Esta posici�n ecl�ctica del albacea, no hace m�s que demostrar el car�cter sui generis que tiene en la ejecuci�n sucesoria, y algunos autores, al tratar de dilucidar el problema de la representaci�n del albacea, esto es, si representa al de cujus o a los herederos, se�alan que es l�gico reconocer que el encargo de albacea entra�a indudablemente una representaci�n, pero una representaci�n al estilo de los �rganos o funcionarios p�blicos, y que en todo caso se trata de una representaci�n de intereses implicados en la herencia, los cuales, seg�n el contenido del testamento, ser�n no s�lo de los herederos y legatarios, sino tambi�n de otros favorecidos, no obstante lo indeterminado que �stos sean.

Asimismo, se ha llegado a se�alar que el ejecutor testamentario es el destinatario de una voluntad que le impone ciertos deberes y le otorga, al mismo tiempo, determinadas atribuciones, pues act�a en el ejercicio de una funci�n para la cual no es necesaria su designaci�n por parte del Estado.

Otros autores no aceptan, como se dijo en l�neas anteriores, que el albacea pueda ser un representante del testador, en atenci�n a que toda representaci�n exige tanto jur�dica como l�gicamente que existan el representado y el representante, y sostener lo contrario es tanto como elaborar una ficci�n no acorde a la realidad l�gica y jur�dica, pues toda posici�n que se pretenda al respecto, debe reconocer que tanto el albacea testamentario como el leg�timo tienen una representaci�n funcional, pues representan tanto a los herederos como a los legatarios y a los acreedores de la herencia.

No obstante la discrepancia existente, es justo reconocer al albacea la titularidad y desempe�o de una funci�n p�blica, pues parad�jicamente, no obstante tratarse de una funci�n privada en el sentido tradicional de la palabra, reviste del m�s alto inter�s social, adem�s de encontrarse dotado por el legislador civil de las atribuciones necesarias para la defensa eficaz de todos los intereses leg�timos que se deriven de la sucesi�n; de ah� la trascendencia jur�dica y social a que nos hemos referido.

En nuestro derecho positivo, al cargo de albacea se le impone una serie de obligaciones que enuncia el C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal en los art�culos 1705 al 1737, entre ellas destacan principalmente:

  1. Ejercitar todas las acciones judiciales que pertenecieron al autor de la herencia y que no se extinguieron con su muerte, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 1705.

    Art�culo 1705. El albacea debe deducir todas las acciones que pertenezcan a la herencia."

  2. Oponer todas las excepciones que hubiese hecho valer el autor de la herencia, en aquellos casos en los que se demande a los sucesores del de cujus con motivo del acervo hereditario, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 1706, fracciones VII y VIII, que a su letra dice:

    Art�culo 1706. Son obligaciones del albacea general:

    ...

    1. La defensa, en juicio y fuera de �l, as� de la herencia como de la validez del testamento.

    2. La de representar a la sucesi�n en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren contra de ella."

  3. La de asegurar todos los bienes dejados por el autor de la herencia, para evitar as� que personas sin escr�pulos se apoderen en forma indebida de alg�n o algunos bienes, en t�rminos del numeral 1706, fracci�n II.

    1. El aseguramiento de los bienes de la herencia."

  4. Verificar los inventarios de los bienes que formen el acervo hereditario, y al mismo tiempo debe administrarlos, sin que ello signifique que tenga facultades de disposici�n sobre los mismos, de conformidad con lo dispuesto en la fracci�n III del mismo art�culo 1706.

    1. La formaci�n de inventarios."

  5. El promover el juicio sucesorio en todas sus etapas procedimentales hasta alcanzar la partici�n y adjudicaci�n de la masa hereditaria a los herederos.

    De lo que se colige, y as� lo ha estimado este Supremo Tribunal, que el albacea en el derecho mexicano asume la representaci�n legal del autor de la herencia y de los herederos, aceptando la existencia de una representaci�n sui generis, ya que como bien se se�al� en l�neas anteriores no existe el status jur�dico de uno de los representados, como lo es, el de cujus; sin embargo, es frecuente en nuestro sistema jur�dico, principalmente en la rama del derecho privado, que el legislador acuda al mundo del deber ser para crear ficciones legales estableciendo instituciones jur�dicas especiales que se dan y producen sus efectos en el mundo del ser, a fin de cubrir necesidades o dar soluciones a problem�ticas reales, citando entre ellas, y a manera de ejemplo, la creaci�n de las personas morales como entes que tienen personalidad jur�dica propia, con derechos y obligaciones independientes de las personas f�sicas que las integran, as� como tambi�n patrimonio propio, y otras cualidades jur�dicas.

    Esas calidades de administrador y de representante legal a que se ha hecho referencia, y que son reconocidas al albacea en nuestro derecho privado, con meridiana claridad son comprobables con el contenido de las diversas tesis emitidas por este Supremo Tribunal, las cuales en su literalidad establecen:

    Tesis aislada visible a foja 870 del Tomo XIV, Quinta �poca, del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, la cual es del tenor siguiente:

    ALBACEA.-

    El albacea es un mandatario impuesto por el testador a sus herederos, y el apoderado del albacea tiene para los herederos, los mismos derechos y obligaciones que aqu�l, entre los que se encuentra la de dar cuentas de su administraci�n; y, por este cap�tulo, est� interesado personalmente en la aprobaci�n de sus cuentas, y es indebido negarle el derecho de intervenir en el juicio sucesorio, por lo que a las cuentas se refiere.

    Amparo civil en revisi�n. S. de A.C. y coagraviados. 4 de marzo de 1924. Mayor�a de seis votos. Disidentes: M.P., Jes�s G.�n Vaca, F.D.�az L. y Te�filo H.O.. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

    Tesis aislada de la anterior Tercera Sala, visible a foja 14 del Tomo XLVI, Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, la cual en su literalidad establece:

    ALBACEAS, ACTOS DE ADMINISTRACI�N DE LOS.-

    No puede aceptarse de una manera general e indiscutible, la tesis seg�n la cual, el albacea necesita para todo acto de administraci�n, el consentimiento de los herederos; pero los art�culos 3730, fracci�n IV, 3740 y 3741 del C�digo Civil de Distrito, deben ser interpretados en el sentido de que cuando el albacea tenga que hacer un gasto extraordinario, fuera de lo normal, en la administraci�n de la herencia, debe solicitar el consentimiento de los herederos o de la autoridad judicial, puesto que no puede libremente y a su arbitrio, contraer pr�stamos y gravar de manera indirecta los bienes de la sucesi�n; aun cuando es admisible que el albacea tenga facultades para contraer pr�stamos, ello debe entenderse, cuando los mismos sean dedicados exclusivamente a la administraci�n de la herencia, y se estime normalmente dentro de esa administraci�n; de tal manera que pueden ser incluidos en el presupuesto general aprobado por los herederos, ya que trat�ndose de otra clase de pr�stamos, a�n cuando su producto se dedique a mejorar o aumentar la producci�n de los bienes, es indispensable para obtenerlo, el consentimiento de los herederos.

    Amparo civil directo 1489/34. C.�n Monetaria, S.A., en liquidaci�n. 1o. de octubre de 1935. Unanimidad de cuatro votos. Excusa: S.M.O.. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

    As� mismo, la tesis de jurisprudencia n�mero 32, visible en la foja 21 del Tomo IV, Parte SCJN, Materia Civil, Segunda Sala, Quinta �poca, Ap�ndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federaci�n, la cual establece lo siguiente:

    ALBACEAS, FACULTADES DE LOS.-

    El albacea puede deducir todas las acciones que pertenecieron al autor de la herencia, y tiene la facultad de defender en juicio y fuera de �l, as� la herencia como la validez del testamento, y conforme a derecho estos actos son obligatorios para �l. Ninguna disposici�n autoriza a los herederos a hacer gesti�n alguna judicial o extrajudicial, en defensa de los bienes de la herencia. Es pues, bien claro, que la defensa de la herencia corresponde al albacea, por lo cual es evidente que el ejercicio de los recursos correspondientes, inclusive el de garant�as, es atribuci�n propia del albacea.

    Quinta �poca:

    Amparo administrativo en revisi�n 700/30. G.M.. 11 de junio de 1930. Cinco votos.

    Tomo XXIX, p�g. 2056. G.M.. 12 de junio de 1930.

    Tomo XXIX, p�g. 2056. G.M.. 18 de julio de 1930.

    Amparo en revisi�n 3352/29. J.R.�n. 5 de noviembre de 1930. Unanimidad de cuatro votos.

    Amparo administrativo en revisi�n 309/25. A. �ngel. 10 de diciembre de 1930. Cinco votos."

    Y, finalmente, la tesis aislada de la anterior Tercera Sala, localizable a foja 191 del Tomo XLVI, Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, la cual es del tenor literal siguiente:

    ALBACEAS, OBLIGACIONES DE LOS.-

    Independientemente de que los art�culos 1867 y 1869 y relativos del C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, expedido en 1884, determinan el momento en que debe formarse la tercera secci�n del juicio sucesorio, con las cuentas de administraci�n, y que de los mismos se desprende que aprobado el inventario y aval�o y terminados los pleitos a que uno y otro hubieren dado lugar, el albacea debe presentar la liquidaci�n del caudal hereditario, haciendo los pagos con sujeci�n a las disposiciones del C�digo Civil, y hecho esto, presentar su cuenta de administraci�n, debe tenerse en cuenta, que s�lo los pleitos a que diere lugar el inventario y aval�o, pueden suspender la liquidaci�n, y no otras contiendas distintas, sin que la contingencia de que est� pendiente alg�n cr�dito hipotecario, porque no est� cumplido el plazo, o porque se est� siguiendo el juicio relativo, pueda justificar que el albacea no haga la liquidaci�n y rendici�n de sus cuentas, ni menos puede ser obst�culo para ese objeto, el que est�n pendientes juicios de interdicci�n, de algunos de los herederos.

    Amparo civil en revisi�n 2245. M.�n M., sucesi�n de. 3 de octubre de 1935. Unanimidad de cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

    De ah� que el cargo de albacea en nuestro derecho vigente, revista de significativa importancia, debiendo recordarse que su comportamiento con relaci�n a los bienes del acervo hereditario debe ser equiparable al de un pater familia romano, pues se encarga de realizar todos los actos tendientes a conservar, administrar y adjudicar los bienes del de cujus.

    Por lo que, precisada la naturaleza jur�dica del albacea y la importancia que tiene en nuestro sistema jur�dico, conviene ahora recordar que este Supremo Tribunal ha sustentado el criterio de que para conocer los verdaderos alcances que conforman las normas de un corpus iuris, y desentra�ar los fines y objetivos perseguidos por el legislador mediante su expedici�n, el �rgano jurisdiccional no debe limitarse a realizar una aplicaci�n letrista de los dispositivos legales, sino que su labor va m�s all� y consiste en buscar o desentra�ar la intenci�n normativa de esos preceptos, puesto que su literalidad lisa y llana o el hecho de haber omitido legislar sobre un determinado aspecto, no siempre corresponde a la expresi�n cierta del prop�sito del legislador.

    Es por ello que a fin de dirimir esta controversia de criterios, con estricto apego a la hermen�utica jur�dica y en uso del m�todo sistem�tico de interpretaci�n jur�dica, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n procede a analizar en su conjunto los numerales relativos de nuestra legislaci�n civil, y determinar si en la especie esa falta de reglamentaci�n espec�fica sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, debe ser considerada suficiente para estimar que el albacea se encuentra facultado para allanarse a las pretensiones del actor cuando la acci�n ejercitada recaiga sobre bienes de la masa hereditaria, sin que sea necesario para ello recabar la autorizaci�n de los herederos, o bien, que la raz�n le asiste al Segundo Tribunal del Sexto Circuito, el que por su parte sostiene que se requiere de esa anuencia para que ese acto procesal surta sus plenos efectos legales.

    Por consiguiente, si al cargo de albacea en nuestro sistema jur�dico se le reconoce una funci�n p�blica, no obstante tratarse de una instituci�n netamente privada, en la que el Estado, en este caso representado por las autoridades judiciales competentes, salvo excepciones, interviene en su designaci�n, debe ser justo se�alar que en esas calidades de administrador y representante del de cujus y de los herederos, no puede ni debe motu proprio comprometer o realizar actividades procesales que pongan en riesgo los bienes del acervo hereditario que legalmente representa.

    Esto es as�, porque si bien el allanamiento a una demanda no representa estrictamente el realizar actos de dominio o disposici�n de los bienes bajo su custodia, esta conducta procesal, impl�cita y f�cticamente, trae aparejada como consecuencia normal la p�rdida o afectaci�n del bien litigioso de que se trata; por tanto, es de estimarse por mayor�a de raz�n que el albacea no se encuentra facultado para realizar una conducta procesal de esa envergadura sin autorizaci�n previa de los herederos, con todas las dificultades que ello pueda representar para la expeditez y buena administraci�n de la masa hereditaria, pues, en tal caso, debe recordarse que su comportamiento con relaci�n a los bienes es la de un protector, de un conservador eficiente y cuidadoso, aunado al hecho de que en t�rminos de los art�culos 1288 y 1704 del C�digo Civil vigente, los sucesores son ya copropietarios y poseedores por ministerio de ley del acervo hereditario y no se justifica que con esas calidades no puedan intervenir para indicar a su representante lo m�s conveniente a sus intereses o, en su caso, para oponerse a trav�s de su representaci�n a los pretendidos derechos alegados judicialmente por terceros sobre la masa hereditaria.

    En efecto, los art�culos 1704 y 1288 del C�digo Civil para el Distrito Federal y sus similares del Estado de Puebla, textualmente disponen al respecto lo siguiente:

    Art�culo 1704. El derecho a la posesi�n de los bienes hereditarios se transmite, por ministerio de la ley, a los herederos y a los ejecutores universales, desde el momento de la muerte del autor de la herencia, salvo lo dispuesto en el art�culo 205."

    Art�culo 1288. A la muerte del autor de la sucesi�n, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio com�n, mientras que no se hace la divisi�n."

    Ahora bien, el hecho de que en el caso se imponga a los albaceas la obligaci�n de solicitar esa autorizaci�n procesal a los herederos, de ninguna manera significa que se ponga en peligro de deterioro o p�rdida a los bienes que conforman al acervo hereditario, ya que s�lo en estos extremos puede hablarse de la existencia de una raz�n legal para validar una conducta de esta �ndole sobre los bienes en cuesti�n; con mayor raz�n, cuando los herederos se encuentran legalmente impedidos para intervenir directamente en los juicios instaurados en contra de la sucesi�n, pues como ya qued� anotado, el �nico legitimado en un juicio para hacerlo, lo es el albacea en su calidad de representante legal.

    Esta consideraci�n se corrobora con lo establecido por los art�culos 1716, 1717, 1719, 1720 y 1721 del C�digo Civil y 841 del C�digo de Procedimientos Civiles, ambos del Distrito Federal, en los que el legislador ordinario estableci� diversas hip�tesis legales en las que los albaceas, no obstante tener la representaci�n legal del de cujus y de los herederos en un juicio sucesorio, tienen la obligaci�n de recabar la autorizaci�n de �stos �ltimos para realizar actos de disposici�n sobre los bienes y erario de la masa hereditaria a su encargo, numerales que textualmente se�alan lo siguiente:

    Art�culo 1716. El albacea, dentro del primer mes de ejercer su cargo, fijar�, de acuerdo con los herederos, la cantidad que haya de emplearse en los gastos de administraci�n y el n�mero y sueldos de los dependientes."

    Art�culo 1717. Si para el pago de una deuda u otro gasto urgente, fuere necesario vender algunos bienes, el albacea deber� hacerlo, de acuerdo con los herederos, y si esto no fuere posible, con aprobaci�n judicial."

    Art�culo 1719. El albacea no puede gravar ni hipotecar los bienes, sin consentimiento de los herederos o de los legatarios en su caso."

    Art�culo 1720. El albacea no puede transigir ni comprometer en �rbitros los negocios de la herencia, sino con consentimiento de los herederos."

    Art�culo 1721. El albacea s�lo puede dar en arrendamiento hasta por un a�o los bienes de la herencia. Para arrendarlos por mayor tiempo, necesita del consentimiento de los herederos o de los legatarios en su caso."

    Art�culo 841. Durante la sustanciaci�n del juicio sucesorio no se podr�n enajenar los bienes inventariados, sino en los casos previstos en los art�culos 1717 y 1758 del C�digo Civil, y en los siguientes:

    1. Cuando los bienes puedan deteriorarse;

    2. Cuando sean de dif�cil y costosa conservaci�n;

    3. Cuando para la enajenaci�n de los frutos se presenten condiciones ventajosas."

    No constituye obst�culo alguno para arribar a esta consideraci�n, el que en esas legislaciones civiles se establezcan requisitos a cubrir por los albaceas para poder desempe�ar esta funci�n, como lo son: el de otorgar cauci�n, el de rendir cuentas sobre su administraci�n y el de responder de los da�os y perjuicios causados, entre otras, puesto que, si bien en un principio podr�a considerarse que por ello tienen la facultad de disponer de esos bienes sin autorizaci�n de los herederos y legatarios, esta estimaci�n ser�a incorrecta, pues realmente lo que se persigue por el legislador con el establecimiento de esas exigencias legales, es el de proteger y conservar el acervo hereditario, as� como tambi�n los correlativos derechos y obligaciones de los herederos y legatarios, a fin de evitar su p�rdida, destrucci�n o dilapidaci�n negligente o dolosa derivada de sus administraciones.

    Lo anterior es as�, pues de otra forma no se entienden las razones que se tuvieron para que los legisladores establecieran tambi�n como medidas restrictivas relacionadas con la disposici�n de bienes del acervo hereditario, el que debieran solicitar previamente la autorizaci�n de los herederos, legatarios o del juzgador del conocimiento, en trat�ndose de las siguientes actividades:

  6. El no poder contraer a su arbitrio pr�stamos o gravar de manera indirecta los bienes de la sucesi�n, aun cuando s� es admisible que puedan contraer los adeudos necesarios para cubrir los gastos de su gesti�n;

  7. S�lo disponer de bienes para cubrir adeudos cuando medie autorizaci�n de los herederos, y si no existe consenso de �stos al respecto, con autorizaci�n judicial;

  8. El no poder gravar ni hipotecar los bienes de la sucesi�n, sin consentimiento de los herederos o de los legatarios;

  9. El no poder transigir ni comprometer en �rbitros los negocios de la herencia, sin consentimiento de los herederos;

  10. El impedimento para que durante la sustanciaci�n del juicio sucesorio no pueda enajenar esos bienes, salvo excepciones; y, finalmente,

  11. El no estar facultados para arrendar bienes de la herencia por un lapso mayor a un a�o, y para mayor tiempo requieren de la autorizaci�n de los herederos y, en su caso, de los legatarios, entre otras limitantes.

    De lo que se colige que el albacea s�lo se encuentra facultado para realizar actos de dominio o disposici�n sobre los bienes cuando exista peligro inminente de deterioro, p�rdida o menoscabo, o cuando exista un verdadero grado de extrema necesidad o emergencia que lo justifique, y del cual pueda derivarse la destrucci�n de los bienes de la masa hereditaria o de la mayor�a de ellos, si no se sacrificara o dispusiera de una porci�n o de un n�mero determinado de esos bienes.

    Por tanto, es verdad que toda adjudicaci�n judicial a un tercero como resultado del allanamiento a la demanda por parte del representante de la sucesi�n, no puede calificarse como resultado de un acto de disposici�n de bienes propiamente dicho; sin embargo, es un hecho que en tales casos son pr�ctica y jur�dicamente irrecuperables, lo que puede llegar a traducirse en un da�o o perjuicio irreparable para los herederos, pues incluso, puede estarse en el caso de que ese bien o bienes litigiosos sean los �nicos que constituyan el acervo hereditario.

    De lo que resulta que no es dable l�gica ni jur�dicamente, que los bienes pertenecientes a un acervo hereditario puedan quedar sujetos o a expensas de actitudes negligentes o dolosas de terceros que transitoriamente tienen su manejo, puesto que por disposici�n expresa de la ley, como ya qued� anotado en l�neas anteriores, desde la muerte del autor de la sucesi�n ya forman parte del patrimonio de los herederos y, en su caso, de los legatarios.

    Es aplicable a esta consideraci�n, lo que al respecto y textualmente se se�ala en la exposici�n de motivos del C�digo Civil vigente, la que, en lo conducente, reza en los t�rminos siguientes:

    ... En materia de albaceazgo se dictaron disposiciones con el objeto de que los albaceas no pudieran, como con frecuencia se hace en la actualidad, prolongar indefinidamente los juicios sucesorios, por los que se les exigi�, como a todo administrador de bienes ajenos, que tuvieran la obligaci�n de caucionar su manejo, sin que del cumplimiento de esta obligaci�n pudiera dispensarlos el testador. ... Por �ltimo, se reducen las oportunidades para que el albacea pudiera cometer abusos en el manejo de los bienes, para lo que se exige mayor rapidez en el desempe�o del cargo, se impone la distribuci�n peri�dica de los frutos a los herederos y hasta la entrega inmediata de los bienes de la sucesi�n, cuando aqu�llos otorgan las debidas garant�as para el pago de los gastos proporcionales que les resulten hasta la conclusi�n del juicio sucesorio. ..."

    Finalmente, es de se�alarse que esta resoluci�n es congruente con el criterio ya establecido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolverse la contradicci�n de tesis 8/97, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y siete, por mayor�a de cuatros votos, siendo ponente la Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V., con relaci�n a que la representaci�n que tiene el mandatario no extra�a la facultad de celebrar actos de donaci�n si no existe autorizaci�n expresa del mandante.

    Esta tesis jurisprudencial tiene como rubro y dem�s datos de identificaci�n, los siguientes:

    Novena �poca

    Instancia: Primera Sala

    Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    Tomo: VI, septiembre de 1997

    Tesis: 1a./J. 34/97

    P�gina: 213

    DONACI�N. MANDATARIO. CARECE DE FACULTADES PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE, CUANDO EN EL PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO SE OMITE INSERTAR CL�USULA ESPEC�FICA QUE LO FACULTA A REALIZAR AQUEL ACTO JUR�DICO DE DISPOSICI�N (ART�CULOS 2554 DEL C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 2528 DEL C�DIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS).-

    De una interpretaci�n literal de los art�culos 2554 del C�digo Civil para el Distrito Federal y su correlativo del Estado de Chiapas, el mandatario con poder general para actos de dominio requiere autorizaci�n expresa del mandante para celebrar contrato de donaci�n. Los motivos y fundamentos son los siguientes: a) El contrato de donaci�n es un contrato gratuito en tanto que genera provecho para una de las partes y principal, ya que tiene un fin propio independiente de los dem�s; b) El contrato de mandato no lleva un fin en s� mismo, sino que se celebra como medio para la realizaci�n de otro acto o contrato; c) El mandato generalmente se confiere para la administraci�n y conservaci�n del patrimonio del mandante y no para la desintegraci�n del mismo, salvo permiso especial otorgado en cl�usula espec�fica. En el propio art�culo 2554 del C�digo Civil para el Distrito Federal y su correlativo 2528 para el Estado de Chiapas, se establece: �En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastar� que se den con ese car�cter para que el apoderado tenga todas las facultades de due�o, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos�; d) De una interpretaci�n anal�gica o por mayor�a de raz�n, de conformidad con lo que establece el art�culo 2499 del C�digo Civil para el Distrito Federal y el 2473 correlativo para el Estado de Chiapas, si el administrador no est� facultado para conceder el uso gratuito de una cosa a trav�s del comodato, sin permiso especial del comodante, como disposici�n temporal, con mayor raz�n, tampoco el mandatario general para actos de dominio debe considerarse autorizado a donar sin permiso expreso y especial del mandante y, e) Por razones an�logas no pueden los padres ni los tutores hacer donaciones de los bienes de sus representados (art�culos 436 y 576 del C�digo Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 431 y 570 del C�digo Civil para el Estado de Chiapas). Por estos motivos, el mandato debe interpretarse con un criterio restrictivo. En el mandato existe la colaboraci�n o la cooperaci�n jur�dica de una persona en los negocios de otra. Existe una utilidad pr�ctica para suplir las deficiencias de conocimiento o para suplir dificultades de tiempo, lugar o multiplicidad de ocupaciones. Dadas las caracter�sticas de ambos contratos, donaci�n y comodato, que tienen como caracter�stica com�n que se celebran intuitu personae (en el primero se toma en cuenta a la persona del donatario y en el otro a la del mandatario), en el contrato de donaci�n existe el animus donandi, el que requiere tanto el enriquecimiento de un sujeto como el correlativo empobrecimiento de otro. En el contrato de mandato, el mandante deposita su confianza en el mandatario, para que �ste defienda los bienes de aqu�l, como si el negocio fuese propio (art�culo 2531). Por los anteriores motivos, en los que las causas de los contratos pueden ser opuestas, es preciso que el mandatario con poder general para actos de dominio cuente con cl�usula especial para realizar donaciones.

    Contradicci�n de tesis 8/97. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito. 21 de mayo de 1997. Mayor�a de cuatro votos. Disidente y Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: C.M.A..

    Tesis de jurisprudencia 34/97. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesi�n de veinte de agosto de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros presidente J.V.C. y C., H.R.P., J.N.S.M. y O.S.C. de G.�a V.. Ausente: Jos� de Jes�s G.�o P., previo aviso a la presidencia."

    De las relatadas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo, la tesis que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia es la que se sustenta por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyo rubro y texto queda bajo el tenor literal siguiente:

    ALBACEAS. CARECEN DE FACULTADES PARA ALLANARSE A LAS DEMANDAS INSTAURADAS EN CONTRA DE LA SUCESI�N SIN LA ANUENCIA DE LOS HEREDEROS (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL).-

    Aun cuando los albaceas representan legalmente a la sucesi�n dentro del juicio, tal representaci�n no entra�a la facultad para celebrar actos de dominio, pues as� lo establecen los art�culos 1719 del C�digo Civil para el Distrito Federal y su similar 3471 del C�digo Civil para el Estado de Puebla, al referir que no pueden gravar ni hipotecar los bienes de la sucesi�n sin consentimiento de los herederos, por lo que, si bien el allanamiento del albacea a las pretensiones del actor en un juicio instaurado en contra de la sucesi�n no puede legalmente considerarse como un acto de esa naturaleza, generalmente, sus consecuencias reales y jur�dicas s� traen aparejada la p�rdida o menoscabo del acervo hereditario; de ah� que no sea dable por analog�a ni aun por mayor�a de raz�n, que los albaceas se encuentren facultados para realizar ese sometimiento procesal sin la anuencia de los herederos, quienes en �ltima instancia son los que directamente resienten las consecuencias de esa actuaci�n, pues en t�rminos de lo dispuesto en los art�culos 1704 y 1288 del C�digo Civil para el Distrito Federal y sus similares 3444, fracci�n II y 3025 del Estado de Puebla, son ya copropietarios y poseedores por ministerio de ley de los bienes desde el momento mismo de la muerte del de cujus.

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo adem�s en los art�culos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados: Segundo del Sexto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito al fallar los tocas de revisi�n R. 276/89, R. 616/87 y 828/98, y el juicio de amparo directo civil n�mero 4257/91, respectivamente.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis precisada en el considerando �ltimo de esta resoluci�n.

TERCERO

Rem�tase la tesis jurisprudencial que se sustenta a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de tesis, para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como a los �rganos jurisdiccionales que se mencionan en la fracci�n III del numeral 195 de la Ley de Amparo, para su conocimiento.

N.�quese y c�mplase; con testimonio de esta resoluci�n comun�quese a los Tribunales Colegiados sustentantes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y Castro (ponente), H.R.P., J.N.S.M. y presidente J.� de Jes�s G.�o P.. Ausente la Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V..

Nota: La tesis de rubro: "CONTRADICCI�N DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA.", citada en esta ejecutoria, integr� la jurisprudencia 1a./J. 5/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XI, junio de 2000, p�gina 49.

Tesis:

N�mero tesis: 189821

Rubro: ALBACEAS. CARECEN DE FACULTADES PARA ALLANARSE A LAS DEMANDAS INSTAURADAS EN CONTRA DE LA SUCESI�N SIN LA ANUENCIA DE LOS HEREDEROS (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL).

Localizacion: 9a. �poca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XIII, Mayo de 2001; P�g. 40; [J];