Ejecutoria num. 1a./J. 17/2001 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26826992

Ejecutoria num. 1a./J. 17/2001 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 17/2001
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 2001
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.ALBACEAS. CARECEN DE FACULTADES PARA ALLANARSE A LAS DEMANDAS INSTAURADAS EN CONTRA DE LA SUCESIÓN SIN LA ANUENCIA DE LOS HEREDEROS (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

ALBACEAS. CARECEN DE FACULTADES PARA ALLANARSE A LAS DEMANDAS INSTAURADAS EN CONTRA DE LA SUCESIÓN SIN LA ANUENCIA DE LOS HEREDEROS (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL).

CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

A fin de establecer y delimitar la materia de esta contradicción, se estima conveniente transcribir las partes considerativas de las ejecutorias dictadas en los asuntos que oportunamente fueron sometidos a la potestad jurisdiccional de los Tribunales Colegiados contendientes, a fin de estar en aptitud de resolver si existe o no la controversia de criterios denunciada.

El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Puebla, Puebla, denunciante, al emitir las resoluciones de fechas diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, y seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, en los amparos en revisión números 276/89, 616/87 y 828/98, respectivamente, en lo conducente sustenta su criterio en los términos siguientes:

  1. Ejecutoria dictada el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve en el amparo en revisión número R. 276/89, relativo al juicio de amparo 725/89, instaurado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla:

TERCERO

Son parcialmente fundados los agravios transcritos.-

Para decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, el Juez de Distrito sostuvo, por un lado, que los actos que el quejoso reclama por su propio derecho no afectan su interés jurídico porque no es parte en el juicio generador de los actos reclamados, emergiendo, por tanto, la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo y, por otro, que de acuerdo con el artículo 477 del Código de Procedimientos Civiles del Estado procede el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva que reclama, mismo que no hizo valer previamente al solicitar el amparo, de ahí que sea evidente que no se agotó el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, actualizándose la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del referido artículo 73 de la ley de la materia, por lo que resulta procedente sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la legislación en comento.-

Ahora bien, el sobreseimiento decretado por el a quo, tocante a los actos que el amparista reclama por su propio derecho, no se combate a través de razonamientos jurídicos concretos, pues basta la simple lectura del capítulo de agravios del escrito de revisión para percatarse que con relación a su interés jurídico, el hoy inconforme sólo alega que justificó plenamente que promovió el juicio de amparo como representante legal de la sucesión a bienes de M.R.A. y que por tanto acreditó su interés jurídico para defender los bienes de esa entidad y evitar la dilapidación de los bienes que correspondieron a la difunta; alegatos que resultan ser simples afirmaciones que, como se ha dicho, no atacan jurídicamente los fundamentos que en ese aspecto sostuvo el Juez Federal, en tanto éste no decretó el sobreseimiento en el juicio porque el quejoso haya dejado de acreditar su carácter de representante legal de esa sucesión, sino sólo sobreseyó respecto de los actos que reclama por su propio derecho, esto es, en ningún momento estimó que el entonces amparista no tuviera el carácter de albacea definitivo de la referida entidad jurídica, sino que, lo que sostuvo fue que éste no puede, por su propio derecho, solicitar el amparo contra los actos que reclama por carecer de interés jurídico para ello al no aparecer como demandado en el juicio natural, lo que en la especie no se combate y en consecuencia debe tenerse firme, siendo procedente por tanto confirmar en ese aspecto el sobreseimiento decretado. Tiene aplicación la tesis jurisprudencial número 3, sustentada por este tribunal, que dice: ‘AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN.-

No puede considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado.’.-

Es en cambio fundado el agravio que esgrime el recurrente, tocante al sobreseimiento decretado por el a quo en relación a los actos que reclama en su carácter de albacea definitivo de la sucesión a bienes de M.R.A., mismo que esencialmente hace consistir en que, contra el procedimiento de donde emanan los actos reclamados tuvo que promover el juicio de amparo al no haber otro recurso que hacer valer.-

En efecto, de las constancias que integran el sumario de garantías y en específico a fojas tres vuelta de éste, se advierte que el quejoso presentó su demanda de amparo en la Oficialía Común de Partes a los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla el seis de junio de mil novecientos ochenta y nueve, según sello de recibido que en ese escrito obra.-

Del expediente número 29/89, de donde emanan los actos reclamados, se observa, entre otras cosas, que por auto de ocho de marzo de mil novecientos ochenta y nueve se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en ese procedimiento, misma que condenó a R.H.M., por sí y como representante legal de la sucesión a bienes de M.R.A., a otorgar la escritura pública de compraventa en favor del demandante S.M.C.; asimismo, la última actuación que obra dentro de ese expediente es de fecha quince de mayo de mil novecientos ochenta y nueve y se refiere a tener por devueltos los autos de la Notaría Pública Número Uno del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, una vez que había efectuado el tiraje de la escritura correspondiente.-

Del capítulo de hechos de la demanda de garantías se aprecia que el quejoso señaló que en el juicio de otorgamiento de escritura pública de compraventa seguido en contra de R.H.M. y del representante legal de la sucesión a bienes de M.R.A., no se le dio ninguna intervención para poder defender los intereses de la sucesión, siendo que es el representante legal de la misma, al ser su albacea definitivo.-

Lo anterior revela que asiste razón al inconforme, pues si su representada no tuvo intervención en el juicio de donde emanan los actos reclamados y previamente a que solicitara la protección constitucional ya se había dictado sentencia en ese procedimiento y se había declarado ejecutoriada, es evidente que no estaba en posibilidad de agotar los recursos ordinarios contra ese fallo; además de que si señaló que no fue oído en el juicio natural, es incuestionable que se le equipara a una persona extraña al mismo y, por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución General de la República y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, la vía procedente para defenderse de ese procedimiento lo constituye el amparo indirecto que promovió, sin que debiera acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, contemplado por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que por las razones indicadas no estaba en aptitud de intentar los medios de impugnación ordinarios que establece la ley, en la especie, de conformidad con el artículo 477 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, el de apelación, según lo señaló el juzgador a quo.-

En las condiciones relatadas, al no existir la causal de improcedencia invocada por el Juez a quo para sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos que el quejoso reclama como albacea definitivo de la sucesión a bienes de M.R.A., de acuerdo con el artículo 91, fracción I, de la Ley de A. y con la tesis que más adelante se transcribirá, en ese aspecto procede revocar la sentencia recurrida y entrar al estudio del fondo del asunto al tenor de los conceptos de violación expuestos en la demanda respectiva. La tesis a que se hizo alusión está relacionada en segundo lugar con la jurisprudencia número 258, visible a páginas 435 del A. al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, que dice: ‘REVISIÓN.-

La sentencia que en revisión se pronuncie, debe concretarse a los agravios propuestos por los recurrentes, pero cuando dichos agravios se consideren fundados, habrá que examinar también, la justificación o falta de justificación, del fallo materia de la queja de acuerdo con los conceptos de violación invocados en la demanda.’.-

CUARTO

Como conceptos de violación el quejoso hizo valer los siguientes: ‘El párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución General de la República establece: «Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.».-

En el caso que motiva esta demanda de garantías no se tomó en cuenta en el juicio sumario número 29/1989, relativo al juicio sumario de otorgamiento de escritura verbal de compraventa, promovido por el señor S.M.C., ante el Juez de lo Civil de Zacapoaxtla, Puebla, y que se siguió en contra de mi padrastro, el señor R.H.M. y de mi difunta madre, M.R.A., con respecto al predio con casa denominado Tiopanteno, ubicado en el predio de Huahuaxtla, del Municipio de Xochitlán de V.S., del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, que se describe en el cuerpo de esta demanda; y a pesar de que legalmente yo represento a mi difunta madre M.R.A., ya que en el juicio número 200/1988, que se tramita ante el propio Juez de lo Civil de Zacapoaxtla, Puebla, fui nombrado albacea definitivo de la sucesión intestamentaria de mi difunta madre; y como en dicho juicio no se demandó a mi difunta madre, representada por mí, sino que a secas se demandó a mi padrastro R.H. y a mi madre M.R.A., y mi mencionado padrastro, al contestar la demanda, la confesó lisa y llanamente sin oponer excepciones de su parte, y también contestó la demanda mencionada, haciéndolo como representante legal de la sucesión de mi madre, misma representación que no justificó dentro del procedimiento de otorgamiento de la escritura verbal de compraventa del predio antes mencionado, haciéndolo en sentido afirmativo, confesando los hechos de la demanda, y el ciudadano J. y notario público de Zacapoaxtla, Puebla, no tuvieron cuidado de que el demandado R.H.M. probara dicha representación con la que se ostentó al contestar la demanda, pues en esta forma, el señor S.M.C. obtuvo sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, causando grave perjuicio a los intereses de la sucesión intestamentaria que represento, dilapidándose de esta forma el predio denominado Tiopanteno, ubicado en el pueblo antes mencionado y que corresponde a la sucesión intestamentaria que represento y el cual me fue imposible defender, puesto que no se me tomó en consideración como parte, dejándome en la indefensión de los bienes de la intestamentaría que represento, razón por la que al no estar enterado de dicho procedimiento me fue imposible intervenir en defensa de los intereses de la mencionada intestamentaría, se me privó del derecho de contestar la demanda, de aportar pruebas y de interponer recursos, por lo que al no quedar otro medio que hacer valer para defender los intereses de mi finada madre, me veo en la necesidad de hacer valer este juicio de garantías en contra de la sentencia definitiva ejecutoriada dictada por el Juez de lo Civil de Zacapoaxtla, Puebla, y en el juicio sumario de otorgamiento y firma de contrato de compraventa verbal del predio en cuestión, y que está marcado con el número 29/1989, seguido ante el Juez de lo Civil del Distrito de Zacapoaxtla, Puebla; razón por la cual solicito el amparo y protección de la Justicia Federal para que se me restituya en el goce de la garantía constitucional violada, ya que también se han violado por el juzgador las leyes esenciales del procedimiento, para dejarme en la indefensión de los bienes de la sucesión que represento.’.-

QUINTO

Son esencialmente fundados los conceptos de violación aducidos y esta circunstancia, aunada a que este tribunal considera estar en la obligación de suplir la deficiencia de los mismos, de conformidad con lo establecido por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, hace procedente conceder la protección constitucional, suplencia que se justifica, atendiendo a que el hecho de tener por contestada la demanda natural en sentido afirmativo por quien aun cuando siendo el representante legal de una sucesión demandada no tiene la facultad o el consentimiento de los demás herederos de esa entidad jurídica para hacerlo en esos términos, confesando o ratificando de esta forma un acto de dominio que afecta al patrimonio hereditario, constituye una grave violación al artículo 3471 del Código Civil del Estado de Puebla, pues si están legalmente determinadas las facultades del albacea de una sucesión y éste excediéndose de las mismas actúa de cierta manera, afectando con ello los derechos de la entidad jurídica que representa, y tal proceder es sancionado favorablemente por la autoridad, dicha autorización es violatoria del artículo antes citado y deja sin defensa a la sucesión, toda vez que si el albacea actúa dentro de sus facultades legales no puede existir indefensión de la sucesión, pero si como en el caso, actúa extralimitándose de ellas en perjuicio de los intereses de esa entidad y esto es sancionado por la autoridad, tal autorización, dados sus efectos, lógicamente sí deja sin defensa a la sucesión.-

En los conceptos de violación de la demanda de garantías transcritos en el considerando que antecede, el quejoso aduce esencialmente que en el juicio de otorgamiento de escritura pública de compraventa promovido por S.M.C. en contra de R.H.M. y del representante legal de la sucesión de M.R.A., el citado H.M., por sí y en representación de la referida sucesión, contestó la demanda confesándola, representación que no justificó y que el Juez natural no tuvo el cuidado de que la probara debidamente, motivo por el cual el actor obtuvo sentencia favorable, lo que causó graves perjuicios a la sucesión que el propio amparista representa en su carácter de albacea definitivo, al no tomarla en consideración y dejar en la indefensión los bienes de la misma.-

Estos planteamientos, como se dijo, medularmente resultan fundados, sin embargo, por sí mismos son ineficaces para poner de manifiesto la violación de garantías alegada, toda vez que carecen de los razonamientos jurídicos indispensables para demostrar la conclusión que versa sobre ellos, misma que es cierta; en esos términos, es aquí donde se suple la queja deficiente.-

De las constancias del juicio sumario de otorgamiento de escritura pública de compraventa número 29/989, promovido por S.M.C. en contra de R.H.M. y del representante legal de quien en vida llevó el nombre de M.R.A., que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable ordenadora (fojas 36 a 57 del sumario de garantías), se advierte que: 1. Por escrito de fecha veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y nueve, S.M.C. promovió el juicio de mérito, manifestando tener conocimiento de que R.H.M. era el representante legal de la finada M.R.A..-

  1. Por auto de veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y nueve, el Juez natural admitió la demanda y ordenó emplazar a R.H.M., por su propio derecho y en su carácter de representante legal de M.R.A..-

  2. El treinta y uno de enero del mismo año se emplazó a R.H.M..-

  3. El dos de febrero del año en curso, R.H.M. compareció personalmente para exhibir y ratificar ante el Juez originario un escrito por medio del cual dio contestación a la demanda, allanándose totalmente a la misma y señalando ser el representante legal de M.R.A., con el carácter de albacea provisional de su sucesión y tener autorización para litigar en ese aspecto, acompañando al efecto una copia certificada deducida del expediente 356/988, relativo al juicio intestamentario de la finada.-

  4. Por auto de seis de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, el Juez natural tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, declarando asimismo concluida la controversia y ordenando pasar los autos para dictar sentencia.-

  5. El nueve de febrero del presente año, el Juez ordinario dictó sentencia condenando al demandado R.H.M., por sí y por su representación, a otorgar la escritura pública de compraventa en favor del actor.-

Ahora bien, para una mayor claridad conviene transcribir, en lo conducente, la copia certificada de la constancia deducida del expediente 356/988, del Juzgado de lo Civil de Zacapoaxtla, Puebla, que R.H.M. exhibió al contestar la demanda en representación de la sucesión a bienes de M.R.A. para acreditar dicha personalidad, misma que obra a foja cuarenta y ocho del sumario de garantías: ‘Aceptación de albacea provisional.-

Expediente 356/1988.-

En la ciudad de Zacapoaxtla, Estado de Puebla, siendo las 10 diez horas del día dieciocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, ante el ciudadano licenciado E.Z.C., Juez de lo Civil de este Distrito Judicial y secretaria con quien actúa, ciudadana M. de los Ángeles L.S., compareció voluntariamente el señor R.H.M., quien después de haber sido protestado en debida forma para que se produzca con verdad y advertido de las penas que se imponen a las personas que declaran con falsedad en actuaciones judiciales, dijo quedar entendido, agregando por sus generales ser originario de Tecuicuilco, Tetela de O., Puebla y vecino de Totutla, Tetela de O., de este Estado, casado, de setenta y tres años de edad, que sabe algo leer y escribir, campesino, de paso por esta ciudad y expresó: Que en este acto viene a aceptar el cargo de albacea provisional en la sucesión intestamentaria de la finada señora M.R.A., exvecina de la población de Huahuaxtla, perteneciente a X. de V.S., de esta jurisdicción, señalando como domicilio para recibir sus notificaciones, la casa número uno de la Plaza de la Constitución de esta población. Manifestando que acepta dicho cargo y protesta desempeñarlo fielmente.-

De lo expuesto previa lectura se ratificó y firmó al calce para constancia. Enseguida el ciudadano J. ante la secretaria con quien actúa y acordó: Atenta la aceptación y protesta que del cargo de albacea provisional se le ha conferido al señor R.H.M., se le tiene con dicho carácter para todos los efectos legales consiguientes, y con domicilio señalado para que reciba sus notificaciones el que indica ... Expediente número 356/88, Zacapoaxtla, Puebla, a veintiséis de enero de 1989 mil novecientos ochenta y nueve.-

Agréguese a los presentes autos el escrito del señor R.H.M., fechado el diecinueve de enero en curso, y recibido el día veinticuatro de este mismo mes, con que da cuenta la secretaría, para que surta sus efectos legales a que hubiere lugar.-

Atento su contenido, con fundamento en lo previsto por los artículos 67, 70 y 1316 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, como lo solicita el ocursante, se le concede autorización judicial para demandar y contestar demandas tendientes a la recuperación de bienes de la sucesión intestada de la señora M.R.A., y que integran el acervo hereditario de la misma; asimismo, con fundamento en el artículo 27 del citado ordenamiento, expídase al ocursante la copia certificada por duplicado de este auto y escrito que lo motiva. N. y cúmplase.’.-

La anterior exposición revela que si bien R.H.M. acreditó ser el albacea provisional de la sucesión a bienes de M.R.A. y tener autorización para litigar, esta autorización sólo le facultaba para demandar y contestar demandas tendientes a la recuperación de los bienes del acervo hereditario, pero no para contestar afirmativamente una demanda instaurada en contra de la sucesión respecto del dominio de un bien de ésta, dado que sus facultades se limitaban a defender los bienes a través de entablar demandas y oponer excepciones dirigidas a no perder los bienes del patrimonio hereditario, no en contestar demandas allanándose a las mismas con resultado evidente de la pérdida del bien, además de no haber justificado tener el consentimiento de los demás herederos para actuar de tal forma; siendo así, debe decirse que aun cuando los albaceas representan legalmente a la sucesión dentro del juicio, de acuerdo con la tesis que más adelante se transcribirá y con el artículo 3471 del Código Civil del Estado, aplicado por mayoría de razón, tal representación no entraña la facultad de contestar una demanda en contra de la sucesión, confesando o ratificando un acto de dominio, ya que ello afecta al patrimonio hereditario, de ahí que también sea necesario que el multicitado albacea cuente previamente con la anuencia de los demás herederos para ejecutar ese acto, esto es, una autorización en ese aspecto, lo que en el caso no sucede. La tesis a que se hizo alusión fue sustentada por este tribunal al fallar el amparo en revisión número 616/87, que dice: ‘ALBACEAS, CONFESIÓN O RATIFICACIÓN DE ACTOS DE DOMINIO POR LOS. AL CONTESTAR LA DEMANDA FORMULADA EN CONTRA DE LA SUCESIÓN.-

Aun cuando los albaceas representan legalmente a la sucesión dentro del juicio, tal representación no entraña la facultad para celebrar actos de dominio, pues el artículo 3471 del Código Civil para el Estado de Puebla establece que no pueden gravar ni hipotecar los bienes de la sucesión sin consentimiento de los herederos, por lo cual, por mayoría de razón, la propia disposición es aplicable al caso en que dichos albaceas al contestar una demanda en contra de la sucesión, confiesan o ratifican la celebración de un acto de tal naturaleza, ya que ello afecta al patrimonio hereditario, por aparecer listado el bien en los inventarios y avalúos como de la propiedad de la sucesión; de ahí que también sea necesario que el multicitado albacea cuente previamente con la anuencia de los demás herederos para ejecutar ese acto.’.-

En las condiciones relatadas si, como en la especie, el Juez natural tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo por parte del representante legal de la sucesión a bienes de M.R.A., pasando por alto que ese representante carecía de autorización para confesar o allanarse a la misma en perjuicio del patrimonio hereditario, dictando al efecto la sentencia condenatoria, evidentemente violó en perjuicio de la sucesión, ahora quejosa, garantías individuales, por tanto, es procedente conceder el amparo y protección solicitados contra el acto reclamado de la autoridad ordenadora. Debe concederse también el amparo contra los actos de ejecución que se reclaman, toda vez que en contra de ellos no se alegaron vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la que, en concepto del quejoso, adolece el acto de la autoridad ordenadora y si respecto de éste ya se dijo que es violatorio de garantías, debe decirse lo propio en relación con aquéllos. Tiene aplicación la tesis sustentada por este cuerpo colegiado al fallar los amparos directos números 341/88, 306/89 y 310/89, que dice: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.-

Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución.’."

  1. Ejecutoria de fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, dictada en el toca de revisión número R. 616/87, relativo al juicio de amparo 1541/87, seguido ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla:

TERCERO

Son fundados los agravios antes transcritos. Previamente al estudio de los agravios que se hacen valer en contra de la sentencia pronunciada por el a quo, es pertinente establecer que la quejosa E.R.M., en su carácter de heredera a bienes de la sucesión de J.R.G., está legitimada para actuar en el juicio de amparo, en razón de que lo cuestionado es precisamente el hecho de que el albacea al contestar la demanda del juicio natural instaurado en contra de dicha sucesión, obró en forma indebida al proceder a confesarla reconociendo que el autor de la herencia había celebrado un acto de dominio consistente en la venta de un inmueble, mismo que fue listado por el albacea en los inventarios y avalúos como de la propiedad de la referida sucesión, por lo que con tal proceder afectó el patrimonio hereditario; de ahí que como se dijo, la peticionaria del amparo esté legitimada para reclamar los actos de las autoridades responsables en la vía constitucional.-

Ahora bien, la recurrente alega en síntesis que existen prohibiciones expresas en la legislación civil vigente, en el sentido de que el albacea no puede gravar ni hipotecar sin consentimiento de los herederos y legatarios de los bienes de la sucesión; que tampoco puede transigir ni comprometer en árbitros los negocios de la herencia, sino con consentimiento de los herederos, ni dar en arrendamiento dichos bienes, ni mucho menos confesar una demanda interpuesta contra la sucesión que representa, máxime que ello es en perjuicio de la masa hereditaria, y que por tal motivo la autoridad responsable debió ordenar se diera vista a los demás herederos a fin de que otorgaran su consentimiento o se opusieran a la confesión de la demanda.-

Pues bien, de las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado, aparece que J.R.E., en su carácter de albacea definitivo de la sucesión a bienes de J.R.G., compareció a contestar la demanda de otorgamiento de escritura pública de compraventa entablada en contra de dicha sucesión, procediendo a confesarla en todas y cada una de sus partes (25 de agosto de 1986), adjuntando para acreditar su carácter copia certificada de la resolución de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y seis, dictada en el expediente 125/976, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes del citado J.R.G., en la que consta que se declaró únicos y universales herederos a J. y E. de apellidos R.E., y que se nombró albacea definitivo al primero de los mencionados, en virtud del voto que a su favor le otorgó su coheredero; asimismo, aparece que con posterioridad a la designación de herederos y albacea definitivo, la ahora quejosa promovió con fecha diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y seis incidente sobre petición de herencia en contra del albacea de dicha sucesión, habiéndosele reconocido el carácter de heredera de la misma, mediante resolución de fecha veintiocho de julio del mismo año (fojas 11 y 12 de autos).-

Precisado lo anterior, debe decirse que si bien es cierto, como lo sostuvo el a quo en el fallo que se revisa, que de acuerdo con lo establecido por el artículo 3421 del Código Civil vigente para el Estado de Puebla, los albaceas son los órganos representativos de la sucesión para actuar en nombre y por cuenta de ésta, no es menos cierto que sus facultades no son amplias, sino que están limitadas en algunos casos por disposición de la ley, tan es así, que en términos del artículo 3471 del mismo ordenamiento legal no pueden gravar ni hipotecar sin consentimiento de los herederos, lo cual implica que dentro de sus facultades no está la de celebrar actos de dominio; en consecuencia, por mayoría de razón, la propia disposición legal resulta aplicable al caso en el que el representante de una sucesión confiesa o ratifica la celebración de un acto de tal naturaleza, por lo que es incontrovertible que al confesar el albacea definitivo de la sucesión, J.R.E., la demanda del juicio natural, en el sentido de que efectivamente el autor de la herencia vendió a la actora M. de J.E.M. la casa marcada con el número uno, ubicada en la calle M. de la colonia de Los Ángeles de esta ciudad, con ello reconoció, por una parte, que se celebró un acto de dominio y, por otra, comprometió el patrimonio de la sucesión, ya que el bien inmueble anteriormente descrito fue listado por dicho albacea en los inventarios y avalúos como de la propiedad de la sucesión demandada (fojas 94 de autos); de ahí que era necesario que el multicitado albacea contara previamente con la anuencia de los demás herederos para que ejecutara ese acto, o sea, confesar la demanda en tal sentido, por lo que al no haberlo estimado así el Juez natural ni el Juez de Distrito, es claro que se violó en perjuicio de la amparista el citado artículo 3471 del Código Civil para el Estado de Puebla, así como los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, que consagran la garantía de audiencia y legalidad que debe regir en todo procedimiento. Al caso resulta aplicable la tesis número 15, relacionada con la jurisprudencia número 30, que aparece visible en la página 83 de la Cuarta Parte del último A. al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1985, cuyo rubro dice: ‘ALBACEAS, FACULTADES DE LOS.-

No está dentro de las facultades del albacea celebrar actos de dominio a nombre de la sucesión, o comprometer en alguna forma su patrimonio, y cuando por alguna circunstancia, se ve obligado a ejecutar algunos de estos actos, debe contar previamente con el consentimiento de los herederos.’.-

Así, visto lo anterior, al resultar fundados los agravios que hace valer la quejosa, lo que procede es revocar el fallo que se revisa y concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez de lo Civil de Atlixco, Puebla, deje insubsistente lo actuado en el expediente número 45/986, relativo al juicio sumario de otorgamiento de escritura pública de compraventa, promovido por M. de J.E.M., en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de J.R.G., a partir del auto que tuvo por contestada la demanda. Tal concesión se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al registrador público de la Propiedad de Atlixco, P.."

  1. Ejecutoria de fecha seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, dictada en el toca de revisión número R. 828/98, relativo al juicio de amparo 753/98, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Puebla:

TERCERO

Son parcialmente fundados los agravios anteriores.-

En el primero de ellos, la inconforme alega en esencia que la sentencia recurrida es violatoria del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 4o. y 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal, porque en su concepto los actos reclamados no afectan el interés jurídico de M. de los M.R.B.A. y de su menor hija I.N.B., quienes no son parte en el juicio de origen, sino solamente herederas del demandado J.A.N.T., por lo que -afirma- tales actos no les ocasionan ningún agravio actual y directo; insiste en que carecen de un derecho subjetivo tutelado por la ley, aun cuando tengan un interés jurídico, radica en la sucesión del demandado, representada por su albacea y no por sus herederos; y que esta causal de improcedencia no fue examinada por el Juez de Distrito a quo, a pesar de que la hizo valer en su escrito de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, invocando en apoyo de su argumentación diversas tesis jurisprudenciales relacionadas con el tema (fojas dos a nueve).-

Este argumento y las demás aseveraciones que se alegan en torno del mismo son fundados, pues, ciertamente, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de A., en relación con la fracción V del artículo 73 del mismo ordenamiento legal, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la persona física o moral a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, y por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos permitidos expresamente por la ley reglamentaria; lo cual implica que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional, es la comprobación plena del perjuicio que los actos reclamados ocasionen al quejoso, debiendo entenderse que el concepto ‘perjuicio’ para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea como la privación de cualquier ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona; esto es, que el interés jurídico a que alude la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones conculcados, tal como lo ha externado el más Alto Tribunal de la nación en la jurisprudencia 1032, visible en las páginas mil seiscientos sesenta y seis y mil seiscientos sesenta y siete, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.-

El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: «El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona.». Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo «no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados» (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean éstos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial.’.-

En el caso, M. de los M.R.B.A., por su propio derecho y su menor hija I.N.B., por conducto de su tutor especial, J.L.C.R., promovieron amparo indirecto contra actos del Juez Primero de lo Civil de Cholula, Puebla, diligenciario adscrito al mismo, encargado de los expedientes de número impar y registrador público de la Propiedad de ese lugar, consistentes, concretamente, en todo lo actuado en el expediente 577/96, relativo al juicio de otorgamiento de contrato de compraventa en escritura pública, promovido por E.M.A.N. en contra de J.A.N.T., por ilegal emplazamiento; y en particular, el requerimiento de treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho para otorgar la referida escritura y entregar la posesión del inmueble materia del juicio en favor de la actora, la diligencia de uno de julio siguiente, por la cual se entregó la citada posesión y la inscripción de la sentencia en el Registro Público de la Propiedad.-

Ante tal situación, le asiste razón a la recurrente, porque efectivamente M. de los M.R.B.A., por su propio derecho y su menor hija I.N.B., no tienen el carácter de parte en el juicio de origen, no representan al demandado, ahora su sucesión, dado que en términos del artículo 3421 del Código Civil del Estado de Puebla, quien la representa es el albacea, ni tuvieron que haber sido oídas en ese procedimiento, dado que el inmueble materia del juicio no se encuentra inscrito a su nombre, y porque se trata de una acción personal enderezada en contra de J.A.N.T., quien aún vivía cuando se presentó la demanda.