Ejecutoria num. 1a./J. 40/2000 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26827160

Ejecutoria num. 1a./J. 40/2000 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 40/2000
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2001
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 63/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS, POR UNA PARTE, POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, PRIMERO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y, POR OTRA, POR EL SEGUNDO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.MINISTERIO PÚBLICO. DEJA DE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACIÓN DE LA CAUSA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON RECIBIDAS CON CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EN EL DE SUJECIÓN A PROCESO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 63/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS, POR UNA PARTE, POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL D�CIMO TERCER CIRCUITO, PRIMERO DEL D�CIMO CUARTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y, POR OTRA, POR EL SEGUNDO DEL VIG�SIMO PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

Las ejecutorias y tesis se�aladas por el denunciante como materia de contradicci�n, en sus respectivas partes medulares dicen a la letra:

Del �ndice del Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Tercer Circuito.

R.�n principal 709/987.

  1. 597/987.

    ... En las relacionadas consideraciones, en forma correcta el J. Federal consider� que el auto de formal prisi�n por el il�cito en estudio no irrogaba garant�as individuales en su perjuicio.-No obsta a lo anterior, lo aducido por el recurrente en sus agravios, en el sentido de que el J. natural para perfeccionar la averiguaci�n previa sustituy� a la instituci�n del Ministerio P�blico, puesto que aduce que en la etapa pre-procesal no est� facultada para allegarse de pruebas relativas al cuerpo del delito o a la probable responsabilidad del inculpado, por lo que al tomar en consideraci�n las declaraciones de J.L.G.�a S. y P.G.�a S., infringi� el art�culo 21 de la Constituci�n Federal, y por ende el auto de formal prisi�n basado en esas declaraciones contraviene el art�culo 19 del Pacto Federal, al respecto debe decirse que si bien es cierto que la consignaci�n representa el inicio del ejercicio de la acci�n penal de acuerdo con las facultades que le concede al Ministerio P�blico el art�culo 21 de la Carta Magna, entre cuyos efectos m�s importantes se encuentra el de que hasta este momento conserva su car�cter de autoridad en la persecuci�n de los delitos y se convierte en parte, sin embargo, con la consignaci�n no concluyen las funciones constitucionales que le competen al Ministerio P�blico y sigue siendo titular de la acci�n penal, pero su actividad ya como parte, deja de ser autoritaria y las actuaciones que le corresponden deben ser encausadas a trav�s del �rgano jurisdiccional, y es ante �ste donde aqu�l debe desahogar los elementos de convicci�n tendentes a robustecer la acci�n penal, por lo que si en el caso el representante social solicit� se recibieran las declaraciones de los testigos de referencia, petici�n que hizo como parte, y que acord� en sus t�rminos la autoridad responsable cuya prueba como se ha indicado fue valorada para corroborar la probable responsabilidad del inculpado, ello no causa agravios, puesto que aun en la etapa pre-procesal el representante social puede allegar m�s pruebas para esclarecer los hechos delictuosos, y este derecho no puede ser coartado por el �rgano jurisdiccional, porque precisamente por ser parte desde que consigna o ejercita la acci�n penal, est� en aptitud de allegar mayores elementos que puedan servir de base para emitir la decisi�n respectiva, lo que tambi�n puede efectuar el detenido.

    De la anterior ejecutoria se sustrajo la siguiente tesis:

    "Octava �poca

    "Instancia: Tribunal Colegiado del D�cimo Tercer Circuito

    "Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

    "Tomo: I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988

    "P�gina: 797

    "MINISTERIO P�BLICO, AUTORIDAD Y PARTE EN LA PERSECUCI�N DE LOS DELITOS.-Si bien la consignaci�n representa el inicio del ejercicio de la acci�n penal, que compete al Ministerio P�blico de conformidad con el art�culo 21 de la Constituci�n Federal, hasta el momento de la consignaci�n tiene el car�cter de autoridad y se convierte en parte; sin embargo, con la consignaci�n no concluyen sus funciones sino que sigue siendo titular de la acci�n penal y puede aportar elementos de convicci�n para robustecer la acci�n penal dentro del t�rmino constitucional, pero sus actuaciones deben ser encauzadas a trav�s del �rgano jurisdiccional.

    A. en revisi�n 709/87. 4 de diciembre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: R.R.M.�nez. Secretaria: R.R.�rez N��ez.

    Del �ndice del Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito.

  2. en revisi�n 83/89.

    El veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y ocho, el J. responsable decret� auto de formal prisi�n contra ... como presunto responsable del robo calificado, quien promovi� juicio de amparo contra el citado auto, y el J. Primero de Distrito en el Estado que conoci� del mismo concedi� la protecci�n constitucional al promovente del amparo, por estimar que con la declaraci�n del agente de la Polic�a J. y lo confesado por ... no se acredit� el cuerpo del delito que se le imputa a �ste, ya que no se determin� la ileg�tima procedencia del veh�culo por haber comparecido en la causa N.M.B. y afirmado, con apoyo en la documentaci�n que exhibi�, que era la propietaria del veh�culo en cuesti�n, del que ilegalmente se le hab�a despose�do, motivo por el que el J. responsable revoc� el auto de bien preso de que se trata (fojas 108 y 109).-El agente investigador del Ministerio P�blico practic� diligencias complementarias a la averiguaci�n 1645/4a./88, en las que aparece que el cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, recibi� la declaraci�n del agente de la Polic�a J.E.B.H.�ndez, en la que precis� que el veh�culo robado o sea el Volkswagen modelo mil novecientos setenta y tres, color azul, con placas YYV-019, en realidad se trata de un modelo del a�o de mil novecientos ochenta y seis, con registro federal n�mero 7621029, que ten�a a cargo el se�or A.R.�n A.H.�ndez, pero que es de la propiedad de Construcciones y Remodelaciones Peninsulares, Sociedad An�nima de Capital Variable, y que hab�a sido robado el tres de junio del a�o de mil novecientos ochenta y ocho; que como dicho autom�vil estaba asegurado en la compa��a de Seguros La Provincial, Sociedad An�nima, el declarante entrevist� al supervisor de dicha compa��a se�or G.G.O. y �ste le dijo que ten�a la documentaci�n del veh�culo por haber cubierto el seguro.-El cinco de agosto de mil novecientos ochenta y ocho el funcionario investigador recibi� la declaraci�n de G.G.O. en su calidad de representante de Seguros La Provincial, Sociedad An�nima, en que denunci� el robo del veh�culo, declar� lo que el agente relacion� en su declaraci�n, la p�liza de seguro y el finiquito en que el asegurado recibi� el pago del seguro respecto del veh�culo en cuesti�n. Tambi�n obra en las diligencias complementarias la denuncia del robo del veh�culo modelo mil novecientos ochenta y seis, con registro federal 7621029, de color blanco, con placas de circulaci�n YYT-198, denuncia presentada por A.A.H.�ndez el cuatro de junio de mil novecientos ochenta y ocho ante el funcionario investigador. Asimismo, tambi�n aparece en esas diligencias complementarias una carta de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, dirigida al agente del Ministerio P�blico y que suscribe el gerente del servicio de la compa��a Peninsular de Autos, ingeniero E.A.A., en que informa que el autom�vil Volkswagen con placas YYV-019, color azul, es modelo mil novecientos ochenta y seis, con n�mero confidencial 7621029.-Tambi�n obra diverso informe del administrador de la Aduana Mar�tima de Progreso, L.. O.P.S.�nchez, de fecha treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, en que aparece que el certificado de registro 7621029 es aut�ntico y ampara el veh�culo Volkswagen, sed�n, dos puertas, modelo mil novecientos ochenta y seis.-Las diligencias complementarias de que se trata fueron recibidas por el J. responsable el doce de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho y con base en ellas (fojas ciento cincuenta y siete y ciento cincuenta y ocho), dict� auto de formal prisi�n el diez de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, contra ... como presunto responsable del delito de robo calificado del veh�culo Volkswagen, modelo mil novecientos ochenta y seis, con n�mero confidencial 7621029 y dem�s caracter�sticas que aparecen en la documentaci�n exhibida.-Relacionado lo anterior, contrariamente a lo considerado por el J. Federal, el �ltimo auto de bien preso reclamado resulta inconstitucional, en atenci�n a que se apoya en diligencias practicadas y documentaci�n recibida por el agente del Ministerio P�blico en su calidad de autoridad, del cuatro al treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, que resultan nulas porque no fueron encauzadas a trav�s del �rgano jurisdiccional, para dar oportunidad al procesado de conocerlas y en su caso impugnarlas, ya que desde el veintid�s de julio de mil novecientos ochenta y ocho, el funcionario investigador perdi� su calidad de autoridad y se convirti� en parte dentro del proceso n�mero 382/88. Y si bien es cierto que la denuncia de robo presentada por A.A.H.�ndez ante el agente del Ministerio P�blico, el cuatro de junio de mil novecientos ochenta y ocho, s� es v�lida por haberse recibido antes de haberse consignado la averiguaci�n ante el J. responsable, la misma en uni�n de lo declarado por el quejoso ante el Ministerio P�blico no son elementos bastantes para acreditar el cuerpo del delito de robo del veh�culo, por estarse en la misma situaci�n que contempl� el J. Primero de Distrito en el Estado cuando concedi� el amparo al quejoso contra el primer auto de formal prisi�n, o sea que no se determin� la ileg�tima procedencia del autom�vil que motiv� la denuncia, habida cuenta que existe todav�a vigente la solicitud de N.M.B., para que se le devuelva el veh�culo afecto a la causa por afirmar ser la propietaria del mismo, lo que apoy� en la documentaci�n que exhibi� en el proceso.-Conviene destacar que el J. natural responsable al acordar el memorial de la agente del Ministerio P�blico adscrita, por el que le remiti� las diligencias complementarias determin� textualmente lo siguiente: ?con relaci�n a ello y en lo que ata�e a G.M. debe destacarse el principio procesal de que desde el momento en que el Ministerio P�blico ejercita la acci�n persecutoria y el J. radica en su favor el procedimiento, el �rgano acusador deja de actuar como autoridad, y las actuaciones y diligencias que practique con posterioridad a tal consignaci�n, carecen de valor legal alguno, ya que para aseverar lo contrario �stas deben llevarse a cabo por el propio J. que conoce de los autos, mas cuando en el caso espec�fico las actuaciones levantadas por el Ministerio P�blico tienden, como se pretende, a comprobar los extremos de fondo que refiere en este punto, la presunta responsabilidad de los acusados. Por otra parte, desde luego que las diligencias remitidas, s� cumplen su cometido como complementarias de la presente averiguaci�n judicial en lo que respecta al procesado ... las cuales se mandan agregar a este expediente en m�rito a que surtan los efectos de rigor, dado que con tales complementarias, se acredita, como ya se dijo la corporeidad del delito de robo calificado que se le imputa.?.-La consideraci�n del J. natural transcrita revela un error de interpretaci�n, ya que es obvio, que si al ejercitarse la acci�n penal y fijarse la jurisdicci�n del juzgador el Ministerio P�blico deja de tener car�cter de autoridad, para asumir el car�cter de parte procesal, no puede en modo alguno, hacerse distinci�n de pruebas y afirmarse que las que recaba como autoridad el Ministerio P�blico para acreditar la presunta responsabilidad carecen de valor, y las que recepta para demostrar el cuerpo del delito s� lo tienen, toda vez que la invalidez de las diligencias encuentra origen no en el objeto de la prueba, ni en el car�cter de la misma, sino en raz�n de que al ejercitarse la acci�n, se integra la relaci�n jur�dico-procesal y el Ministerio P�blico deja de tener el car�cter de autoridad, para asumir el de parte procesal, y es a trav�s de tal car�cter como debe solicitar el �rgano jurisdiccional la recepci�n de probanzas, con el objeto de que sea el J. quien las reciba con intervenci�n del imputado y su defensor, con el fin de no romper el equilibrio procesal entre las partes.-Tambi�n resulta incorrecta la apreciaci�n del J. de Distrito, cuando razona que no son inv�lidas las diligencias complementarias, en raz�n de que no constituyen pruebas, que necesariamente tengan que desahogarse por el �rgano jurisdiccional, pues se reitera, el principio que informa la nulidad de las diligencias no radica en la naturaleza de la prueba, sino en el car�cter de quien las recepta, y es patente que las documentales fueron recibidas sin intervenci�n del indiciado y su defensor, cuando el Ministerio P�blico ya no ten�a el car�cter de autoridad, sino el de parte procesal. Es exactamente aplicable al caso la ejecutoria n�mero 10, publicada en la p�gina 8 de la Tercera Parte, correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito, del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por su presidente al terminar el a�o de 1977, que dice: ?MINISTERIO P�BLICO. CESA SU FACULTAD INVESTIGATORIA DE DELITOS, SI EJERCIT� ACCI�N PENAL, ANTE EL JUEZ Y �STE DICT� AUTO DE RADICACI�N.-El auto de radicaci�n, produce como consecuencia jur�dica, que el J. conozca en exclusividad de los hechos materia de la averiguaci�n, atento al principio te�rico pr�ctico de la indivisibilidad de la acci�n penal, que no puede ejercitarse s�lo contra uno de los responsables, sino que alcanza a todos ellos. Adem�s, dicho auto fija la jurisdicci�n del J. y vincula a las partes al �rgano jurisdiccional, entre ellas al Ministerio P�blico que deja de tener el car�cter de autoridad por el ejercicio de la acci�n penal, para asumir su calidad de parte en el proceso, sin que pueda adoptar en el mismo asunto el doble aspecto de autoridad y parte, porque se quebrantar�a el principio del equilibrio, fundado en la igualdad de las partes. Por consiguiente, si se ejercita acci�n penal por el Ministerio P�blico, �ste carece de facultades para iniciar o continuar una averiguaci�n al margen o paralelamente a la que sigue el J. de la causa, respecto de los mismos hechos ya consignados o en cuanto a personas distintas del indiciado, pero ligadas con esos hechos puesto que esta investigaci�n concierne al J. al abocarse al conocimiento de la averiguaci�n, a petici�n del Ministerio P�blico.?.-En estas condiciones, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo al quejoso.

    De esta ejecutoria se sustrajo el texto de la siguiente tesis:

    "Octava �poca

    "Instancia: Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito

    "Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

    "Tomo: III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989

    "P�gina: 464

    "MINISTERIO P�BLICO. LAS PRUEBAS RECIBIDAS POR EL MINISTERIO P�BLICO DESPU�S DE EJERCITADA LA ACCI�N CARECEN DE VALOR, TANTO PARA ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO, COMO LA PROBABLE RESPONSABILIDAD.-Si al ejercitarse la acci�n penal y fijarse la jurisdicci�n del juzgador el Ministerio P�blico deja de tener car�cter de autoridad, para asumir el car�cter de parte procesal, no puede, en modo alguno, hacerse distinci�n de pruebas y afirmarse que las que recaba como autoridad el Ministerio P�blico para acreditar la presunta responsabilidad carecen de valor, y las que recepta para demostrar el cuerpo del delito s� la tienen, toda vez que la invalidez de las diligencias encuentran origen no en el objeto de la prueba, ni en el car�cter de la misma, sino en raz�n de que al ejercitarse la acci�n, se integra la relaci�n jur�dico procesal y el Ministerio P�blico deja de tener el car�cter de autoridad, para asumir el de parte procesal, y es a trav�s de tal car�cter como debe solicitar al �rgano jurisdiccional la recepci�n de probanzas, con el objeto de que sea el J. quien las reciba con intervenci�n del imputado y su defensor, con el fin de no romper el equilibrio procesal entre las partes.

    A. en revisi�n 83/89. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: R.S.G.. Secretario: M.O.E..

  3. en revisi�n 289/91.

    ... El fiscal por escrito de diecinueve de febrero pr�ximo pasado consign� las diligencias complementarias y por diverso escrito de nueve de abril ejercit� acci�n persecutoria en contra del quejoso como presunto responsable del delito culposo que produjo lesiones y solicit� se librara orden de captura.-Por resoluci�n de tres de mayo de mil novecientos noventa y uno el J. natural libr� la orden de aprehensi�n solicitada en contra de ... por el delito culposo que produjo lesiones.-De lo antes relacionado se desprende que contrario a lo considerado por el a quo, la orden de aprehensi�n reclamada resulta inconstitucional debido a que se apoya en diligencias practicadas y documentaci�n recibida por el agente del Ministerio P�blico en su calidad de autoridad, el siete y diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y uno, las que resultan nulas, porque debieron ser encauzadas a trav�s del �rgano jurisdiccional, para dar oportunidad al procesado de conocerlas y en su caso impugnarlas, ya que perdi� su calidad de autoridad y se convirti� en parte dentro del proceso n�mero 84/91, desde el momento en que consign� la averiguaci�n previa correspondiente, el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y uno, al juzgado de la causa y �ste dict� el auto de radicaci�n, respecto del propio inculpado decret�ndole posteriormente auto de bien preso por los il�citos de ataques a las v�as de circulaci�n y el culposo que produjo da�o en propiedad ajena.-En consecuencia, el actuar del J. del conocimiento no estuvo apegado a derecho, habida cuenta de que en la resoluci�n de tres de mayo del presente a�o dio entrada al memorial del suscrito por el representante social de su adscripci�n, con las constancias que refiere, mismas a las que llam� complementarias, sin tomar en cuenta que �ste ya no ten�a el car�cter de autoridad, sino que se repite, se convirti� en parte procesal, por lo que es a trav�s de tal car�cter como debe solicitar al �rgano jurisdiccional la recepci�n de probanzas, con el objeto de que sea �ste quien las reciba con intervenci�n del imputado y su defensor, con el fin de no romper el equilibrio procesal entre las partes.-Lo anterior encuentra apoyo en la tesis n�mero 10, publicada en la p�gina 8 de la Tercera Parte, correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito, del Informe de labores rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por el presidente al terminar el a�o de 1977, que dice: ?MINISTERIO P�BLICO. CESA SU FACULTAD INVESTIGATORIA DE DELITOS, SI EJERCIT� ACCI�N PENAL, ANTE EL JUEZ Y �STE DICT� AUTO DE RADICACI�N.-El auto de radicaci�n, produce como consecuencia jur�dica, que el J. conozca en exclusividad de los hechos materia de la averiguaci�n, atento al principio te�rico pr�ctico de la indivisibilidad de la acci�n penal, que no puede ejercitarse s�lo contra uno de los responsables, sino que alcanza a todos ellos. Adem�s, dicho auto fija la jurisdicci�n del J. y vincula a las partes al �rgano jurisdiccional, entre ellas al Ministerio P�blico que deja de tener el car�cter de autoridad por el ejercicio de la acci�n penal, para asumir su calidad de parte en el proceso, sin que pueda adoptar en el mismo asunto el doble aspecto de autoridad y parte, porque se quebrantar�a el principio del equilibrio, fundado en la igualdad de las partes. Por consiguiente, si se ejercita acci�n penal por el Ministerio P�blico, �ste carece de facultades para iniciar o continuar una averiguaci�n al margen o paralelamente a la que sigue el J. de la causa, respecto de los mismos hechos ya consignados o en cuanto a personas distintas del indiciado, pero ligadas con esos hechos puesto que esta investigaci�n concierne al J. al abocarse al conocimiento de la averiguaci�n, a petici�n del Ministerio P�blico.?.-Criterio similar ha sustentado este Tribunal Colegiado en la ejecutoria de dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta ynueve, dictada en el expediente de amparo en revisi�n n�mero 83/89, publicada en las p�ginas 1067 y 1068 del Informe de labores rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por su presidente, que dice: ?MINISTERIO P�BLICO. LAS PRUEBAS RECIBIDAS POR EL MINISTERIO P�BLICO DESPU�S DE EJERCITADA LA ACCI�N CARECEN DE VALOR, TANTO PARA ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO, COMO LA PROBABLE RESPONSABILIDAD.-Si al ejercitarse la acci�n penal y fijarse la jurisdicci�n del juzgador el Ministerio P�blico deja de tener car�cter de autoridad, para asumir el car�cter de parte procesal, no puede, en modo alguno, hacerse distinci�n de pruebas y afirmarse que las que recaba como autoridad el Ministerio P�blico para acreditar la presunta responsabilidad carecen de valor, y las que recepta para demostrar el cuerpo del delito s� la tienen, toda vez que la invalidez de las diligencias encuentran origen no en el objeto de la prueba, ni en el car�cter de la misma, sino en raz�n de que al ejercitarse la acci�n, se integra la relaci�n jur�dico procesal y el Ministerio P�blico deja de tener el car�cter de autoridad, para asumir el de parte procesal, y es a trav�s de tal car�cter como debe solicitar al �rgano jurisdiccional la recepci�n de probanzas, con el objeto de que sea el J. quien las reciba con intervenci�n del imputado y su defensor, con el fin de no romper el equilibrio procesal entre las partes.? ...

    De esta ejecutoria, surgi� la siguiente tesis:

    "Octava �poca

    "Instancia: Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito

    "Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

    "Tomo: X, septiembre de 1992

    "P�gina: 302

    "MINISTERIO P�BLICO. LAS PRUEBAS RECIBIDAS POR �L, DESPU�S DE EJERCITADA LA ACCI�N CARECEN DE VALOR, TANTO PARA ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO, COMO LA PROBABLE RESPONSABILIDAD.-Cuando el Ministerio P�blico ejercita acci�n penal contra determinado sujeto como probable responsable de varios delitos y con posterioridad realiza diligencias complementarias contra el mismo indiciado por diverso il�cito, estas diligencias carecen de valor por haber perdido el representante social el car�cter de autoridad y haberse constituido en parte procesal, por lo que con este car�cter es como debe solicitar al �rgano jurisdiccional la recepci�n de pruebas para que sean recibidas con intervenci�n del presunto responsable y su defensor, pues de no ser as� se romper�a el equilibrio procesal entre las partes.

    A. en revisi�n 289/91. 30 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: F.A.Y.V.. Secretaria: J.M.�nez Cerda.

  4. en revisi�n 310/90.

    Le asiste raz�n al recurrente a este respecto, por cuanto en el caso que nos ocupa el Ministerio P�blico del fuero com�n, una vez integrada debidamente la averiguaci�n previa, formada con motivo de la denuncia presentada por A.A.L. contra el ahora recurrente, en su car�cter de representante social en Puct�, Q.R., por hechos posiblemente constitutivos de delito, ejercit� acci�n penal consignando la averiguaci�n previa n�mero II-637/990, al J. de la causa que lo fue el Primero Penal de Primera Instancia del Partido J. de Chetumal, de ese Estado, y seguido el proceso legal correspondiente con fecha treinta y uno de mayo del a�o actual, dict� auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor del inculpado, ahora recurrente, al considerar que no se reun�a el requisito de procedibilidad a que se refiere el art�culo 116 del C�digo de Procedimientos Penales de esa entidad federativa, es decir, que no exist�a en la mencionada causa la documentaci�n en la que constara la autorizaci�n del procurador general de Justicia para proceder a detener al inculpado, como se hizo, toda vez que en ese entonces fung�a como agente del Ministerio P�blico del fuero com�n en el lugar mencionado.-As� mismo, se advierte que en la propia fecha el se�alado agente del Ministerio P�blico adscrito al juzgado present� un oficio en el que a fin de subsanar la omisi�n por la que se decret� la libertad por falta de elementos, al que anex� copia certificada del oficio del procurador general de Justicia en el Estado por el que concedi� su autorizaci�n para poder proceder a la detenci�n del ahora quejoso, igualmente acompa�� a tal memorial las constancias de diversas declaraciones testimoniales que ante dicha autoridad se desahogaron, con el prop�sito de que fueran incorporadas a la causa penal de que se trata y se sumaran a los dem�s elementos probatorios que ya constaban en autos, ejercitando de nuevo acci�n penal contra el propio inculpado en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 30 del C�digo de Procedimiento Penales, solicitando se librara la orden de aprehensi�n en contra de aqu�l.-Lo anterior deviene arbitrario, y violatorio del art�culo 21 de la Constituci�n General de la Rep�blica, toda vez que el Ministerio P�blico del fuero com�n de Q.R., ya hab�a ejercitado acci�n penal contra el mismo inculpado, pues el auto de libertad por falta de elementos para procesar fue dictado por el J. del proceso, lo que demuestra que su funci�n como autoridad investigadora ces� desde el momento en que consign� la averiguaci�n previa (veintiocho de mayo del presente a�o) al J. de la causa y �ste dict� auto de radicaci�n, respecto del propio inculpado y por los mismos hechos por los que se le acusan, raz�n por la cual pas� a convertirse en parte acusadora en el proceso, de ah� que no estuviera facultado para recibir declaraci�n alguna como lo hizo, para pretender reforzar la causa, pues si bien es cierto que se dict� resoluci�n en la que se decret� soltura, no lo es menos que la causa no fue sobrese�da y el efecto de esa determinaci�n conlleva a proceder nuevamente en contra del inculpado si existieran otros elementos posteriores.-En consecuencia, el actuar del J. penal del fuero com�n, no estuvo apegado a derecho habida cuenta de que en su acuerdo de primero de junio del a�o en curso dio entrada al memorial suscrito por el representante social de su adscripci�n, con todas las constancias de que se ha hecho referencia a las que llam� complementarias, sin tomar en consideraci�n que �ste ya no ten�a car�cter de autoridad sino que se hab�a convertido en parte del proceso y lo que es m�s a�n, con tales elementos dio inicio a la misma causa rindiendo de nuevo su declaraci�n preparatoria el acusado y dentro del t�rmino de ley dict� auto de formal prisi�n el cinco de junio del a�o que transcurre, foja 54, dando valor probatorio a las referidas actuaciones complementarias de m�rito, seg�n se aprecia en el inciso i) del considerando primero de dicho acto reclamado, lo que desde luego a juicio de este Tribunal Colegiado, demuestra que el J. del proceso no actu� con estricto apego a la ley, al revocar el auto de libertad por falta de elementos para procesar que previamente hab�a decretado dentro de la misma causa. Asimismo, cabe advertir que con fecha once de junio del presente a�o el J. penal de la causa se declar� incompetente para continuar conociendo del proceso, porque en t�rminos de la fracci�n III del art�culo 60 de la Ley Org�nica del Poder J. de aquella entidad, es facultad exclusiva del Tribunal en Pleno, resolver en �nica instancia el juicio penal instruido contra el inculpado, ahora recurrente, en raz�n de que al momento de los hechos que se le acusan fung�a como agente del Ministerio P�blico del fuero com�n (foja 59), y en consecuencia el veinte de junio del actual a�o, el Tribunal Superior de Justicia se declar� competente para continuar conociendo la referida causa (foja 69).

    Esta ejecutoria origin� la siguiente tesis:

    "Octava �poca

    "Instancia: Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito

    "Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

    "Tomo: VII, abril de 1991

    "P�gina: 202

    "MINISTERIO P�BLICO, CUANDO ACT�A CON EL CAR�CTER DE PARTE EN EL PROCESO.-Si el Ministerio P�blico del fuero com�n ejercit� acci�n penal contra el quejoso y consign� la averiguaci�n previa ante el J. instructor, y en el caso esta �ltima autoridad dict� auto de soltura a favor del acusado por no reunirse ciertos requisitos de procedibilidad, dando razones de ello, es evidente que al no ser sobrese�da la causa, el efecto de esa determinaci�n conlleva a proceder nuevamente contra el inculpado si existieran otros elementos posteriores; en consecuencia el J. del proceso no actu� con estricto apego a la ley al revocar el auto de libertad por falta de elementos, dando entrada al memorial suscrito por el representante social de su adscripci�n al que acompa�� diversas actuaciones a las que llam� complementarias, sin tomar en consideraci�n que este �rgano acusador ya no ten�a el car�cter de autoridad, sino que se hab�a convertido en parte del proceso; de ah� que no sea correcto que con estos elementos diera inicio a la misma causa, rindiera nuevamente declaraci�n preparatoria el inculpado y dentro del t�rmino legal dictara el auto de formal prisi�n que constituye el acto reclamado en el amparo, cuya sentencia se revisa.

    A. en revisi�n 310/90. 31 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: F.A.Y.V.. Secretaria: G.d.C.B.T..

    Del �ndice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito:

    "S�ptima �poca

    "Instancia: Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

    "Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

    "Tomo: 103-108, Sexta Parte

    "P�gina: 142

    "MINISTERIO P�BLICO. CESA SU FACULTAD INVESTIGATORIA DE DELITOS, SI EJERCIT� ACCI�N PENAL, ANTE EL JUEZ Y �STE DICT� AUTO DE RADICACI�N.-El auto de radicaci�n, produce como consecuencia jur�dica, que el J. conozca en exclusividad de los hechos materia de la averiguaci�n, atento al principio te�rico pr�ctico de la indivisibilidad de la acci�n penal, que no puede ejercitarse s�lo contra uno de los responsables, sino que alcanza a todos ellos. Adem�s, dicho auto fija la jurisdicci�n del J. y vincula a las partes al �rgano jurisdiccional, entre ellas al Ministerio P�blico que deja de tener el car�cter de autoridad por el ejercicio de la acci�n penal, para asumir su calidad de parte en el proceso, sin que pueda adoptar en el mismo asunto el doble aspecto de autoridad y parte, porque se quebrantar�a el principio del equilibrio, fundado en la igualdad de las partes. Por consiguiente, si se ejercita acci�n penal por el Ministerio P�blico, �ste carece de facultades para iniciar o continuar una averiguaci�n al margen o paralelamente a la que sigue el J. de la causa, respecto de los mismos hechos ya consignados o en cuanto a personas distintas del indiciado, pero ligadas con esos hechos puesto que esta investigaci�n concierne al J. al abocarse al conocimiento de la averiguaci�n, a petici�n del Ministerio P�blico.

    A. en revisi�n 70/77. 31 de agosto de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: A.G.L.E..

    Del �ndice del Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito:

  5. en revisi�n n�mero 159/98.

    V.-As� mismo, tambi�n es inexacto que la admisi�n y valoraci�n de las diligencias que practic� el Ministerio P�blico con posterioridad al ejercicio de la acci�n penal, rompa con el equilibrio de las partes.-Lo anterior, en virtud de que seg�n constancias que obran en autos, dichas actuaciones fueron aportadas a la causa penal que se le instruye al recurrente, como probable responsable en la comisi�n del delito de homicidio, previamente a que se resolviera su situaci�n jur�dica y en el t�rmino constitucional se le decret� auto de formal prisi�n, por lo que, resulta claro que dichas pruebas fueron aportadas ante el J. de la causa, antes de que se iniciara propiamente el proceso penal, toda vez que la mayor�a de la teor�a jur�dico penal, desarrollada por los procesalistas penales y legisladores del mismo ramo en los Estados, han coincidido en manifestar y establecer respectivamente, que el proceso penal se inicia con el periodo de instrucci�n, y que �ste a su vez comienza a partir de que se decreta seg�n el caso, auto de formal prisi�n o de sujeci�n a proceso; as� por ejemplo, el Congreso de la Uni�n, al elaborar el C�digo Federal de Procedimiento Penales, recogiendo los criterios doctrinales antes descritos, en el art�culo cuarto establece: ?Art�culo 4o. Los procedimientos de preinstrucci�n, instrucci�n y primera instancia as� como la segunda instancia ante el tribunal de apelaci�n, constituyen el proceso penal federal, dentro del cual corresponde exclusivamente a los tribunales federales resolver si un hecho es o no delito federal, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal de las personas acusadas ante ellos e imponer las penas y medidas de seguridad que proceden con arreglo a la ley.-Durante estos procedimientos, el Ministerio P�blico y la Polic�a J. bajo el mando de aqu�l, ejercitar�n, en su caso, tambi�n las funciones que se�ala la fracci�n II del art�culo 2o.; y el Ministerio P�blico cuidar� de que los tribunales federales apliquen estrictamente las leyes relativas y de que las resoluciones de aqu�llos se cumplan debidamente.?.-Ahora bien, el art�culo 2o., fracci�n II del citado ordenamiento legal, establece lo siguiente: ?Art�culo 2o. Compete al Ministerio P�blico Federal llevar a cabo la averiguaci�n previa y ejercer, en su caso, la acci�n penal ante los tribunales. En la averiguaci�n previa corresponder� al Ministerio P�blico: ... II. Practicar y ordenar la realizaci�n de todos los actos conducentes a la comprobaci�n de los elementos del tipo penal y a la demostraci�n de la probable responsabilidad del inculpado, as� como la reparaci�n del da�o.?. As� mismo, se le denomina periodo de preinstrucci�n precisamente al lapso que existe entre el ejercicio de la acci�n penal y la radicaci�n de �sta, con la resoluci�n de t�rmino constitucional, de ah� que el legislador federal consider� que en efecto, el proceso penal propiamente dicho se iniciaba con la instrucci�n, la cual a su vez ten�a como punto de partida el auto de formal prisi�n o de sujeci�n a proceso; incluso el legislador guerrerense, tambi�n hizo suyos tales criterios doctrinarios, pues as� se advierte de la exposici�n de motivos, toda vez que, al razonar lo relativo a los procesos ordinario y sumario, el legislador expres� lo siguiente: ?Siguiendo la sistem�tica adoptada por los ordenamientos procesales penales modernos en nuestro pa�s, se distingue entre procedimientos ordinarios y procedimientos sumarios, a partir del auto de formal prisi�n o de sujeci�n a proceso, hasta la emisi�n de la sentencia ...?, de ah� se desprende de manera clara que el legislador de nuestro Estado, coincidi� en criterio con la mayor�a de los legisladores de otros Estados y tratadistas de derecho procesal penal, en el sentido de que el proceso penal, se inicia con el dictado del auto de formal prisi�n o de sujeci�n a proceso, de ah� que es inexacto que al admitirse dichas pruebas se haya roto el equilibrio de las partes, pues como ya vimos, al momento de ofrecer y admitir �stas, a�n no se hab�a iniciado el procedimiento penal, y por lo tanto, al abrirse el periodo de instrucci�n, el inculpado est� en aptitud de controvertir tanto las pruebas cuestionadas como las dem�s que obran en la indagatoria, es decir, la admisi�n de dichas pruebas no dejan en estado de indefensi�n al recurrente, pues al conocer �stas, as� como el valor que les concedi� el J. natural al decretarle el auto de formal prisi�n, el inculpado est� en un perfecto estado procesal para impugnar o controvertir al igual que los restantes elementos de prueba las citadas diligencias, subsistiendo en consecuencia el equilibrio procesal de las partes, y por ende, dicha admisi�n y valoraci�n no viola en perjuicio del quejoso ninguna de las formalidades esenciales del procedimiento (fojas 34, 34 vuelta y 35 de la sentencia).-Por todo lo anterior, es que se afirma que en efecto, fue correcto el criterio del J. de Distrito al considerar que lo previsto por el segundo p�rrafo del art�culo 19 constitucional, �nicamente es aplicable cuando se dict� el auto de formal prisi�n, pues despu�s de dictado �ste, si el Ministerio P�blico sigue actuando como autoridad y desahogando diligencias de manera unilateral en averiguaci�n previa, sin la participaci�n del inculpado o procesado, ah� s� se pierde el equilibrio de igualdad de las partes, pues no se le da al inculpado la posibilidad en su caso de conocer las probanzas respectivas, lo que no sucede si �stas son aportadas y valoradas al resolver la situaci�n jur�dica del inculpado, y consecuentemente tampoco se viol� la regla general prevista por los art�culos 13 y 17 constitucionales que establecen la igualdad de las partes en el proceso, pues se insiste, el recurrente siempre estuvo en aptitud de normar su defensa respecto de las citadas diligencias controvertidas (foja 41 vuelta de la sentencia). ...

TERCERO

La propuesta de denuncia de contradicci�n de criterios, ha sido formulada por persona legitimada, como lo establece el art�culo 197-A de la Ley de A..

En efecto, de acuerdo con dicho numeral de la ley de la materia s�lo podr�n denunciar contradicci�n entre las tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de su competencia:

  1. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

  2. El procurador general de la Rep�blica.

  3. Los mencionados Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren, y

  4. Las partes que intervinieron en los juicios correspondientes.

En el presente caso la propuesta de denuncia de contradicci�n de tesis provino de ... por derecho propio, quien a su vez tuvo el car�cter de parte quejosa y en su momento, recurrente en el amparo en revisi�n 159/98 del �ndice del Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito con residencia en la ciudad de Chilpancingo, capital del Estado de G., recurso que concluy� con la ejecutoria que contiene uno de los criterios materia de contradicci�n. Por tanto, queda patente que quien realiza la propuesta tiene legitimaci�n para motivar la denuncia de probable divergencia de criterios.

CUARTO

Con el prop�sito de establecer si existe o no contradicci�n de tesis y, en su caso, la materia precisa de la discrepancia, se estima conveniente determinar cu�l es el criterio que sustenta cada �rgano jurisdiccional.

  1. AR. 709/87 del �ndice del Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Tercer Circuito.

    1. El Ministerio P�blico hasta el momento en que realiza la consignaci�n que representa el inicio de la acci�n penal, tiene el car�cter de autoridad y se convierte en parte.

    2. En esta etapa, como titular de la acci�n penal puede aportar, dentro del t�rmino constitucional elementos de convicci�n para robustecer su instancia, pero sus actuaciones deben ser encausadas a trav�s del �rgano jurisdiccional.

  2. AR. 83/89, AR. 289/91 y AR. 310/90 del �ndice del Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito.

    1. El Ministerio P�blico al ejercitar la acci�n penal y al dictarse por el J. de la consignaci�n el auto de radicaci�n, pierde el car�cter de autoridad, se convierte en parte, sin que pueda tener ambas atribuciones (autoridad y parte).

    2. Entonces, al �rgano jurisdiccional corresponde, en su caso, la admisi�n, orden de preparaci�n y recepci�n de las pruebas que en ejercicio de la acci�n penal deba proponer el Ministerio P�blico, con conocimiento y la intervenci�n del indiciado y de su defensor, a efecto de no romper el equilibrio procesal entre las partes.

    3. Las pruebas conformadas por el Ministerio P�blico que no cumplan tales prevenciones adjetivas penales, carecen de validez en la causa incoada.

  3. AR. 70/77 del �ndice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

    1. En tal etapa el titular de la acci�n penal, ya ejercitada, carece de atribuciones para iniciar o continuar una averiguaci�n al margen o paralelamente a la que recibi� el J. de la causa, respecto a los mismos hechos motivo dela consignaci�n.

  4. AR. 159/98 del �ndice del Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito.

    1. El proceso penal se inicia con la instrucci�n, la que tiene como punto de partida el auto de formal prisi�n o de sujeci�n a proceso (seg�n sea el caso), lo que motiva la prosecuci�n de procedimientos ordinarios o sumarios que culminan con la sentencia.

    2. El Ministerio P�blico puede entonces aportar como pruebas, diligencias que practic� con posterioridad al ejercicio de la acci�n penal antes del pronunciamiento del auto de formal prisi�n o de sujeci�n a proceso.

    3. Con la admisi�n, recepci�n y valoraci�n por el J., de tales constancias de diligencias ministeriales, no rompe el equilibrio procesal entre las partes, ni deja en estado de indefensi�n al indiciado, porque cuenta con la posibilidad de controvertir tales elementos durante el curso del proceso que se inicia con la instrucci�n.

    De las precisiones anteriormente realizadas se llega al convencimiento de que s� existe la contradicci�n de criterios entre los que sustentan, por una parte los Tribunales Colegiados Primeros de los Circuitos D�cimo Tercero, D�cimo Cuarto y Primero en Materia Penal del Primer Circuito y, por otra, el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, este �ltimo por cierto al resolver el juicio de amparo en revisi�n en que fue parte quejosa el proponente de la denuncia.

    La actualizaci�n de las premisas b�sicas de divergencias de criterios, a que se refiere el promovente de propuesta de denuncia se satisface en la medida en que de la confrontaci�n de consideraciones de las ejecutorias, con el prop�sito de establecer el criterio a prevalecer, es menester determinar:

    Si dentro del periodo denominado preinstrucci�n, que inicia con la radicaci�n de la causa penal y finaliza con el auto de formal prisi�n o, si es el caso, de sujeci�n a proceso; el Ministerio P�blico puede o no desahogar pruebas unilateralmente, sin la asistencia del inculpado en una averiguaci�n previa, con el car�cter de autoridad, sin violar el principio de igualdad de las partes en el proceso y sin romper el equilibrio de �stas; as� como para determinar si �stas tienen alg�n valor, si son legales, y consecuentemente, si deben de ser admitidas y valoradas por el J. al resolver la situaci�n jur�dica del inculpado.

    Es pertinente dejar destacado que no obsta a la existencia de la contradicci�n de criterios, la circunstancia de que las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados que intervienen, no hayan integrado jurisprudencia por reiteraci�n, ni que las consideraciones vertidas al respecto por el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito no hayan sido motivo de elaboraci�n de tesis, en raz�n de que en t�rminos de lo establecido en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de A., basta con que las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o los Tribunales Colegiados de Circuito al dictar resoluciones en asuntos de su competencia sustenten criterios diferentes sobre un mismo punto de derecho, para que proceda decidir cu�l es el que deba prevalecer.

    Resulta aplicable al caso la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se identifica y lee como sigue:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: II, agosto de 1995

    "Tesis: P. LIII/95

    "P�gina: 69

    "CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS.-Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de A., establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado, por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, y datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo, ni menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de A., porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

    "Contradicci�n de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y S�ptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de junio de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: J.D.G.�n G.�lez.

    El Tribunal Pleno en su sesi�n privada celebrada el diecis�is de agosto en curso, por unanimidad de diez votos de los se�ores Ministros presidente J.V.A.A.�n, S.S.A.A., M.A.G.�itr�n, J.D.R., G.D.G.�ngora P., J.� de Jes�s G.�o P., G.I.O.M., H.R.P., O.M.�a S�nchez C. y J.N.S.M.; aprob�, con el n�mero LIII/95 (9a.) la tesis que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis de jurisprudencia. M�xico, Distrito Federal, a diecis�is de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

    Es conveniente se�alar, que de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados antes indicados, no necesariamente deber� declararse la prevalencia de alguno de ellos, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en el an�lisis de los puntos jur�dicos controvertidos en los criterios respectivos, podr� establecer su propia tesis a prevalecer, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia que a continuaci�n se transcribe:

    "Octava �poca

    "Instancia: Cuarta Sala

    "Fuente: Ap�ndice de 1995

    "Tomo: Tomo VI, Parte SCJN

    "Tesis: 185

    "P�gina: 126

    "CONTRADICCI�N DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACI�N DEL PROBLEMA JUR�DICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO.-La finalidad perseguida por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., al otorgar competencia a las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para resolver las contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo cu�l tesis debe prevalecer, es la de preservar la unidad en la interpretaci�n de las normas que integran el orden jur�dico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez, tiende a garantizar la seguridad jur�dica; tan importante y trascendental prop�sito se tornar�a inalcanzable si se llegara a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n est� obligada, inexorablemente, a decidir en relaci�n con el criterio que se establece en una de las tesis contradictorias, a pesar de considerar que ambas son incorrectas o jur�dicamente insostenibles. Por consiguiente, la Suprema Corte v�lidamente puede acoger un tercer criterio, el que le parezca correcto, de acuerdo con el examen l�gico y jur�dico del problema, lo que es acorde, adem�s, con el texto de las citadas disposiciones en cuanto indican que la Sala debe decidir ?... cu�l tesis debe prevalecer?, no, cu�l de las dos tesis debe prevalecer.

    "Contradicci�n de tesis 1/91. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito. 1o. de julio de 1992. Cinco votos.

    "Contradicci�n de tesis 24/91. Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del D�cimo Noveno Circuito. 1o. de julio de 1992. Cinco votos.

    "Contradicci�n de tesis 34/92. Entre las sustentadas por el Tercero y Quinto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 18 de enero de 1993. Cinco votos.

    "Contradicci�n de tesis 35/92. Entre las sustentadas por el Primer y Octavo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 12 de abril de 1993. Cinco votos.

    Contradicci�n de tesis 80/90. Entre las sustentadas por el Sexto y S�ptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 3 de mayo de 1993. Cinco votos.

QUINTO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, una vez analizados los puntos jur�dicos de contradicci�n sometidos a su consideraci�n, estima que debe prevalecer su propio criterio, sobre la tem�tica penal en la que versa la denuncia respectiva.

Para tal efecto, es pertinente hacer la separaci�n de los puntos a dilucidar en torno a la propuesta de denuncia que realiz� el promovente y que debe quedar en la siguiente forma:

  1. �Para los efectos de determinar si el Ministerio P�blico deja de tener el car�cter de autoridad y se convierte en parte, el proceso penal se inicia o no con el auto de radicaci�n que dicta el J. a quien se consigna una averiguaci�n previa, o bien tal inicio es hasta que sea pronunciado el auto de formal prisi�n o, en su caso, el de sujeci�n a proceso?

  2. �El Ministerio P�blico, una vez que al haber consignado una averiguaci�n previa, dicta el J. el auto de radicaci�n, deja de tener el car�cter de autoridad, se convierte en parte en el proceso penal y carece de atribuciones o no para seguir actuando como autoridad en la averiguaci�n previa y con tal car�cter, proponer pruebas en el periodo de preinstrucci�n?

  3. �Las pruebas que proponga el Ministerio P�blico durante el tr�mite de la preinstrucci�n, son admisibles y v�lidas para ser tomadas o no en cuenta por el J. penal al pronunciar el auto de t�rmino constitucional, sin que ello rompa el equilibrio procesal de las partes?

En torno al cuestionamiento del inciso a), cabe indicar que los Primeros Tribunales Colegiados de los Circuitos Primero, D�cimo Tercero y D�cimo Cuarto, respectivamente, son contestes en el criterio gen�rico de que para los efectos de la funci�n del Ministerio P�blico que puede desempe�ar al consignar una averiguaci�n previa en ejercicio de la acci�n penal que es de su exclusividad, como lo establece el art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; debe entenderse, es la de parte en un proceso en el llamado periodo de preinstrucci�n. Por tanto, las normas procesales penales de los c�digos de las respectivas entidades federativas de Oaxaca, Y.�n y del Distrito Federal, no requerir�n su transcripci�n y an�lisis.

En cambio, como el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito residente en Chilpancingo, G., en su ejecutoria hace alusi�n a la legislaci�n adjetiva de tal entidad federativa, para considerar que el Ministerio P�blico en la fase de preinstrucci�n conserva el car�cter de autoridad, es menester la transcripci�n de los preceptos legales correspondientes al tema en el C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de G.:

"Art�culo 74. El Ministerio P�blico ejercitar� la acci�n penal, solicitando la aprehensi�n o comparecencia del inculpado, seg�n proceda, cuando a su juicio se hayan comprobado los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del mismo. En el escrito de consignaci�n puntualizar� los hechos; examinar� la responsabilidad que por ellos se atribuya, se�alar� las pruebas que acrediten aqu�llos y �sta, formular� los se�alamientos que procedan sobre las caracter�sticas y personalidad del inculpado, expondr� los elementos que sea debido tomar en cuenta para fijar el monto de la cauci�n cuando �sta proceda, y manifestar� todo lo que resulte pertinente para obtener del juzgador las resoluciones que legalmente correspondan.-El Ministerio P�blico promover� el sobreseimiento y la libertad absoluta del inculpado durante la instrucci�n, requiriendo previamente la autorizaci�n del procurador, cuando se haya probado cualquiera de los extremos que determinan el no ejercicio de la acci�n penal, est� acreditada la existencia de una excluyente de incriminaci�n, o una excusa absolutoria."

"Art�culo 75. El J. ante el que se consigne el asunto radicar� la causa dentro de los cinco d�as siguientes al de la consignaci�n, si �sta fuere sin detenido y no se tratare de delito grave, y dentro de los quince d�as que sigan al de radicaci�n, dictar� o negar� la orden de aprehensi�n o la de comparecencia para declaraci�n preparatoria y practicar� las diligencias que procedan legalmente.-Trat�ndose de los delitos que el art�culo 70 se�ala como graves, la radicaci�n se har� de inmediato y el J. ordenar� o negar� la aprehensi�n solicitada por el Ministerio P�blico, dentro de las setenta y dos horas siguientes.-Si el juzgador no resuelve dentro de los t�rminos fijados, el Ministerio P�blico podr� recurrir en queja ante al superior jer�rquico.-Si la consignaci�n se hiciere con detenido, el J. deber� inmediatamente ratificar la detenci�n, si �sta fuere constitucional; en caso contrario, decretar� la libertad con las reservas de ley."

"Art�culo 77. Para todos los efectos constitucionales y legales que correspondan, se entiende que el inculpado queda a disposici�n del juzgador desde el momento en que la Polic�a J. lo interna materialmente, a disposici�n de aqu�l, en la prisi�n preventiva o en un centro de salud. El encargado del reclusorio o del centro de salud asentar� en el documento que con este motivo le presente la Polic�a J., el d�a y la hora de recibo del detenido."

"Art�culo 85. Antes de que el inculpado rinda declaraci�n preparatoria, se le har� saber el derecho que tiene a nombrar defensor o a defenderse por s� mismo, y se le auxiliar� para lograr la presencia inmediata del designado a fin de que asuma la defensa. La designaci�n deber� recaer en persona que est� en condiciones de ejercer materialmente la defensa. El particular nombrado protestar� el debido cumplimiento de su funci�n. Si el inculpado no tiene persona que lo defienda o se rehusa a hacer la designaci�n, el J. le nombrar� un defensor de oficio, que inmediatamente se har� cargo de la asistencia jur�dica de aqu�l.-Cuando designe a varios defensores, el inculpado nombrar� a un representante com�n para que intervenga en todos los actos de defensa. Si el inculpado no hace el nombramiento, lo har�n los mismos defensores.-En caso de que el particular designado no sea licenciado en derecho, el tribunal nombrar� a un defensor de oficio para que asesore a aqu�l y a su defensor en el curso del procedimiento."

"Art�culo 86. Hecha la designaci�n de defensor y hall�ndose �ste presente, el J. informar� al inculpado sobre los hechos que se le imputan y las personas que se los atribuyen; le comunicar� el derecho que tiene a obtener la libertad provisional en su caso, si no la ha solicitado; le har� saber que puede abstenerse de declarar, si as� lo desea; igualmente, se le har� saber que se le recibir�n todos los testigos y dem�s pruebas que ofrezca, en t�rminos legales, ayud�ndole para obtener la comparecencia de las personas que solicite, siempre y cuando est�n domiciliadas en el lugar del juicio; le ser�n facilitados todos los datos para su defensa y que consten en el proceso, y le explicar� la naturaleza y alcance de la declaraci�n preparatoria. Enseguida proceder� a tomarle declaraci�n, sin que pueda ser aconsejado por persona alguna, salvo las informaciones que deba darle el juzgador. Si el inculpado lo desea, podr� dictar su declaraci�n; de no hacerlo, la dictar�, con la mayor exactitud, el J. que practique la diligencia.-Durante la diligencia, tanto el Ministerio P�blico como el defensor podr�n interrogar al inculpado. El J. desechar� las preguntas capciosas o incongruentes y dispondr� que �stas se hagan por su conducto.-Se asentar�n en el acta s�lo las respuestas, mismas que deber�n implicar las preguntas, as� como el acuerdo del juzgador donde deseche las que estime improcedentes.-La declaraci�n preparatoria se rendir� en audiencia p�blica, en la que, no estar�n presentes los testigos que deban ser examinados."

Art�culo 87. Dentro de las setenta y dos horas siguientes, a partir del momento en que el inculpado qued� a disposici�n del J. y una vez tomada la declaraci�n preparatoria, si quiso declarar, se dictar� auto de formal prisi�n cuando est�n comprobados los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado, y no se haya extinguido la responsabilidad penal, ni existan causas que la excluyan.-Este plazo se ampliar� una sola vez por otras setenta y dos horas, a solicitud �nicamente del inculpado y de su defensor, formulada en el momento de rendir declaraci�n preparatoria, cuando la ampliaci�n sea conveniente para el desahogo de pruebas que proponga la defensa. Mientras corre el periodo de ampliaci�n, el Ministerio P�blico puede hacer las promociones correspondientes al inter�s social que representa, s�lo en relaci�n con las nuevas pruebas o alegaciones propuestas por el inculpado o su defensor.-Cuando no sea legalmente procedente la detenci�n preventiva del inculpado, el J. dictar� auto de sujeci�n a proceso, una vez satisfechos los mismos requisitos exigidos para el de formal prisi�n.-En ambos casos, el auto se dictar� por los delitos que aparezcan comprobados, tomando en cuenta s�lo los hechos materia de la consignaci�n, y considerando la descripci�n t�pica legal y la probable responsabilidad correspondiente.

Ahora bien, como el Tribunal Colegiado referido en �ltimo t�rmino hace menci�n a las disposiciones del C�digo Federal de Procedimientos Penales, conviene transcribir los numerales que interesan sobre el t�pico:

"Art�culo 1o. El presente c�digo comprende los siguientes procedimientos: I. El de averiguaci�n previa a la consignaci�n a los tribunales, que establece las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio P�blico pueda resolver si ejercita o no la acci�n penal; II. El de preinstrucci�n, en que se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificaci�n de �stos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de �ste por falta de elementos para procesar; III. El de instrucci�n, que abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, as� como la responsabilidad o irresponsabilidad penal de �ste; IV. El de primera instancia, durante el cual el Ministerio P�blico precisa su pretensi�n y el procesado su defensa ante el tribunal, y �ste valora las pruebas y pronuncia sentencia definitiva; V. El de segunda instancia ante el tribunal de apelaci�n, en que se efect�an las diligencias y actos tendientes a resolver los recursos; VI. El de ejecuci�n, que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia de los tribunales hasta la extinci�n de las sanciones aplicadas; y VII. Los relativos a inimputables, a menores y a quienes tienen el h�bito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotr�picos.-Si en cualquiera de esos procedimientos alg�n menor o incapaz se ve relacionado con los hechos objeto de ellos, sea como autor o part�cipe, testigo, v�ctima u ofendido, o con cualquier otro car�cter, el Ministerio P�blico o el tribunal respectivo suplir�n la ausencia o deficiencia de razonamientos y fundamentos que conduzcan a proteger los derechos que leg�timamente puedan corresponderles."

"Art�culo 4o. Los procedimientos depreinstrucci�n, instrucci�n y primera instancia, as� como la segunda instancia ante el tribunal de apelaci�n, constituyen el proceso penal federal, dentro del cual corresponde exclusivamente a los tribunales federales resolver si un hecho es o no delito federal, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal de las personas acusadas ante ellos e imponer las penas y medidas de seguridad que procedan con arreglo a la ley.-Durante estos procedimientos, el Ministerio P�blico y la Polic�a J. bajo el mando de aqu�l, ejercitar�n, en su caso, tambi�n las funciones que se�ala la fracci�n II del art�culo 2o.; y el Ministerio P�blico cuidar� de que los tribunales federales apliquen estrictamente las leyes relativas y de que las resoluciones de aqu�llos se cumplan debidamente."

"Art�culo 134. En cuanto aparezca de la averiguaci�n previa que se han acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, en los t�rminos del art�culo 168, el Ministerio P�blico ejercitar� la acci�n penal ante los tribunales y expresar�, sin necesidad de acreditarlo plenamente, la forma de realizaci�n de la conducta, los elementos subjetivos espec�ficos cuando la descripci�n t�pica lo requiera, as� como las dem�s circunstancias que la ley prevea.-No obstante lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 15 del C�digo Penal Federal, el Ministerio P�blico podr� ejercitar la acci�n penal en los t�rminos del p�rrafo precedente y, en su caso, las excluyentes del delito que se actualicen por la falta de los elementos subjetivos del tipo, ser�n analizados por el juzgador despu�s de que se haya dictado el auto de formal prisi�n o de sujeci�n a proceso seg�n corresponda, sin perjuicio del derecho del inculpado de acreditar ante el propio Ministerio P�blico la inexistencia de los mencionados elementos subjetivos del tipo.-Para el libramiento de la orden de aprehensi�n, los tribunales se ajustar�n a lo previsto en el segundo p�rrafo del art�culo 16 constitucional y en el 195 del presente c�digo.-Si el ejercicio de la acci�n penal es con detenido, el tribunal que reciba la consignaci�n radicar� de inmediato el asunto, y se entender� que el inculpado queda a disposici�n del juzgador, para los efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en que el Ministerio P�blico lo interne en el reclusorio o centro de salud correspondiente. El Ministerio P�blico dejar� constancia de que el detenido qued� a disposici�n de la autoridad judicial y entregar� copia de aqu�lla al encargado del reclusorio o del centro de salud, quien asentar� el d�a y la hora de la recepci�n.-El J. que reciba la consignaci�n con detenido proceder� de inmediato a determinar si la detenci�n fue apegada a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos o no; en el primer caso ratificar� la detenci�n y en el segundo decretar� la libertad con las reservas de ley.-En caso de que la detenci�n de una persona exceda los plazos se�alados en el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica citada, se presumir� que estuvo incomunicada, y las declaraciones que haya emitido el indiciado no tendr�n validez.-En el pliego de consignaci�n, el Ministerio P�blico har� expreso se�alamiento de los datos reunidos durante la averiguaci�n previa que, a su juicio, puedan ser considerados para los efectos previstos en el art�culo 20, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y en los preceptos de este c�digo relativos a la libertad provisional bajo cauci�n, tanto en lo referente a la determinaci�n del tipo penal, como por lo que respecta a los elementos que deban tomarse en cuenta para fijar el monto de la garant�a."

"Art�culo 136. En ejercicio de la acci�n penal, corresponde al Ministerio P�blico: I. Promover la incoaci�n del proceso penal; II. Solicitar las �rdenes de comparecencia para preparatoria y las de aprehensi�n, que sean procedentes; III. Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparaci�n del da�o; IV. Rendir las pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de los inculpados; V.P. la aplicaci�n de las sanciones respectivas; y VI. En general, hacer todas las promociones que sean conducentes a la tramitaci�n regular de los procesos."

"Art�culo 146. Durante la instrucci�n, el tribunal que conozca del proceso deber� tomar en cuenta las circunstancias peculiares del inculpado, alleg�ndose datos para conocer su edad, educaci�n e ilustraci�n; sus costumbres y conductas anteriores; los motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones econ�micas y las especiales en que se encontraba en el momento de la comisi�n del delito; la pertenencia del inculpado, en su caso, a un grupo �tnico ind�gena y las pr�cticas y caracter�sticas que como miembro de dicho grupo pueda tener; los dem�s antecedentes personales que puedan comprobarse; as� como sus v�nculos de parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasi�n, que en su conjunto demuestren la gravedad del il�cito y el grado de culpabilidad del agente.-El tribunal deber� tomar conocimiento directo del sujeto, de la v�ctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso, teniendo amplias facultades para allegarse los datos a que se refiere este art�culo, pudiendo obrar de oficio para ese objeto.-La misma obligaci�n se�alada en los p�rrafos precedentes tiene el Ministerio P�blico durante la averiguaci�n previa y en el curso de la instrucci�n, para el efecto de hacer, fundadamente, los se�alamientos y peticiones que correspondan al ejercitar la acci�n penal o al formular conclusiones."

"Art�culo 153. La declaraci�n preparatoria se recibir� en local al que tenga acceso el p�blico, sin que puedan estar presentes los testigos que deban ser examinados con relaci�n a los hechos que se averig�en."

"Art�culo 154. La declaraci�n preparatoria comenzar� por las generales del inculpado, en las que se incluir�n tambi�n los apodos que tuviere, el grupo �tnico ind�gena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano y sus dem�s circunstancias personales. Acto seguido se le har� saber el derecho que tiene para defenderse por s� o por persona de su confianza, advirti�ndole que si no lo hiciere, el J. le nombrar� un defensor de oficio.-Si el inculpado no hubiere solicitado su libertad provisional bajo cauci�n, se le har� nuevamente conocedor de ese derecho en los t�rminos del art�culo 20, fracci�n I de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y del art�culo 399 de este c�digo.-A continuaci�n se le har� saber en qu� consiste la denuncia o querella as� como los nombres de sus acusadores y de los testigos que declaren en su contra, se le preguntar� si es su voluntad declarar y en caso de que as� lo desee se le examinar� sobre los hechos consignados. Si el inculpado decidiere no declarar, el J. respetar� su voluntad dejando constancia de ello en el expediente.-Igualmente se le har�n saber todas las siguientes garant�as que le otorga el art�culo 20 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos: que se le recibir�n todos los testigos y las pruebas que ofrezca, en los t�rminos legales, ayud�ndole para obtener la comparecencia de las personas que solicite, siempre y cuando est�n domiciliadas en el lugar del juicio; as� como que ser� sentenciado antes de cuatro meses, si se tratare de delitos cuya pena m�xima no exceda de dos a�os de prisi�n, o antes de un a�o si la pena m�xima excediere de ese tiempo; y que le ser�n facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.-Acto seguido el J. le interrogar� sobre su participaci�n en los hechos imputados, y practicar� careos entre el inculpado y los testigos que hayan declarado en su contra y estuvieren en el lugar del juicio, para que aqu�l y su defensor puedan hacerles todas las preguntas conducentes a su defensa, mismo derecho que tambi�n corresponde al Ministerio P�blico."

"Art�culo 155. La declaraci�n preparatoria se rendir� en forma oral o escrita, por el inculpado, quien podr� ser asesorado por su defensor. El inculpado podr� dictar sus declaraciones, pero si no lo hiciere, el juzgador que practique la diligencia las redactar� con la mayor exactitud posible. Si fueran varios los inculpados por los mismos hechos, se les tomar� declaraci�n por separado, en una sola audiencia. Cuando haya diversos inculpados que deban rendir declaraci�n, el J. adoptar� las medidas precautorias previstas en el art�culo 257."

"Art�culo 161. Dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento en que el inculpado quede a disposici�n del J., se dictar� el auto de formal prisi�n cuando de lo actuado aparezcan acreditados los siguientes requisitos: I. Que se haya tomado declaraci�n preparatoria del inculpado, en la forma y con los requisitos que establece el cap�tulo anterior, o bien que conste en el expediente que aqu�l se rehus� a declarar; II. Que est� comprobado el cuerpo del delito que tenga se�alado sanci�n privativa de libertad; III. Que en relaci�n a la fracci�n anterior est� demostrada la probable responsabilidad del inculpado; y IV. Que no est� plenamente comprobada a favor del inculpado alguna circunstancia eximente de responsabilidad, o que extinga la acci�n penal.-El plazo a que se refiere el p�rrafo primero de este art�culo, podr� prorrogarse por �nica vez, hasta por setenta y dos horas, cuando lo solicite el indiciado, por s� o por su defensor, al rendir su declaraci�n preparatoria, o dentro de las tres horas siguientes, siempre que dicha pr�rroga sea con la finalidad de aportar y desahogar pruebas para que el J. resuelva su situaci�n jur�dica.-El Ministerio P�blico no podr� solicitar dicha pr�rroga ni el J. resolver� de oficio; el Ministerio P�blico en ese plazo puede, s�lo en relaci�n con las pruebas o alegatos que propusiere el indiciado o su defensor, hacer las promociones correspondientes al inter�s social que representa.-La pr�rroga del plazo se deber� notificar a la autoridad responsable del establecimiento en donde, en su caso, se encuentre internado el indiciado, para los efectos a que se refiere el segundo p�rrafo del art�culo 19 constitucional.-Adicionalmente, el auto de formal prisi�n deber� expresar el delito que se le impute al indiciado, as� como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecuci�n."

"Art�culo 165. Dictado el auto de formal prisi�n o el de sujeci�n a proceso, se identificar� al procesado por el sistema adoptado administrativamente. En todo caso, se comunicar� a las oficinas de identificaci�n las resoluciones que pongan fin al proceso y que hayan causado ejecutoria, para que se hagan las anotaciones correspondientes.-Las constancias de antecedentes penales y los documentos o fichas en que conste la identificaci�n de individuos indiciados o inculpados con motivo de cualquier averiguaci�n o proceso penal, s�lo se proporcionar�n por las oficinas respectivas cuando lo requiera una autoridad competente, fundando y motivando su requerimiento, o cuando se solicite por ser necesarias para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos."

"Art�culo 167. Si dentro del t�rmino legal no se re�nen los requisitos necesarios para dictar el auto de formal prisi�n o el de sujeci�n a proceso, se dictar� auto de libertad por falta de elementos para procesar, o de no sujeci�n a proceso, seg�n corresponda, sin perjuicio de que por medios posteriores de prueba se act�e nuevamente en contra del inculpado; en estos casos no proceder� el sobreseimiento hasta en tanto prescriba la acci�n penal del delito o delitos de que se trate.-Tambi�n en estos casos, el Ministerio P�blico podr� promover prueba, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el segundo p�rrafo del art�culo 4o., hasta reunir los requisitos necesarios, con base en los cuales, en su caso, solicitar� nuevamente al J. dicte orden de aprehensi�n, en los t�rminos del art�culo 195, o de comparecencia, seg�n corresponda."

"Art�culo 168. El Ministerio P�blico acreditar� el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acci�n penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinar� si ambos requisitos est�n acreditados en autos.-Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley se�ale como delito, as� como los normativos, en el caso de que la descripci�n t�pica lo requiera.-La probable responsabilidad del indiciado se tendr� por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participaci�n en el delito, la comisi�n dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad.-El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se acreditar�n por cualquier medio probatorio que se�ale la ley."

Art�culo 180. Para la comprobaci�n del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado, el Ministerio P�blico y los tribunales gozar�n de la acci�n m�s amplia para emplear los medios de investigaci�n que estimen conducentes seg�n su criterio, aunque no sean de los que menciona la ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho.-Los requerimientos que formule el procurador general de la Rep�blica o el servidor p�blico en quien se delegue esta facultad, o la autoridad judicial en su caso, de informaci�n o documentos relativos al sistema financiero, se har�n por conducto de la Comisi�n Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisi�n Nacional de Seguros y Fianzas, as� como de la Comisi�n Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en sus respectivas competencias. Los requerimientos de informaci�n o documentos de naturaleza fiscal, por conducto de la unidad de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico que determine el titular de dicha secretar�a.-La informaci�n y documentos as� obtenidos s�lo podr�n ser utilizados en la investigaci�n y para efectos del proceso penal, debi�ndose guardar la m�s estricta confidencialidad. Al servidor p�blico que quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obran en la averiguaci�n, se le sujetar� al procedimiento de responsabilidad administrativa y penal, seg�n corresponda.

Una vez que han sido transcritos los preceptos procesales penales correspondientes, es conveniente acudir a los precedentes previstos en ejecutorias pronunciadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en sus integraciones anteriores y actual, que han asumido el criterio en el sentido de que cuando el Ministerio P�blico en ejercicio de su atribuci�n prevista en el art�culo 21 de la Constituci�n General de la Rep�blica, instaura acci�n penal mediante consignaci�n ante un J. penal de la averiguaci�n que previamente integr� en el desarrollo de sus facultades de investigaci�n, deja de tener coet�neamente al pronunciamiento del auto de radicaci�n, la calidad de autoridad para los efectos de la etapa de preinstrucci�n y, en su caso, con mayor raz�n en los estadios procesales posteriores de la causa penal, para asumir el car�cter de parte en la contienda jurisdiccional penal.

Tales criterios pueden advertirse del contenido de las siguientes tesis:

"S�ptima �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: 175-180, Segunda Parte

"P�gina: 108

"MINISTERIO P�BLICO, PRUEBAS RECABADAS POR EL, CUANDO ES AUTORIDAD Y CUANDO ES PARTE.-Si el Ministerio P�blico ejercit� ya la acci�n penal contra el inculpado y el J. de la causa decret� el correspondiente auto de formal prisi�n, y posteriormente otro inodado en el mismo hecho delictuoso rinde declaraci�n ante el propio Ministerio P�blico, confesando ser uno de los autores e involucrando a aquel procesado, resulta evidente que, en tales condiciones, en la fecha en que la aludida declaraci�n ministerial se rindi�, el representante social conservaba el estado de autoridad con relaci�n al indiciado declarante, pero no respecto del procesado, caso en el cual ya era parte. En tales circunstancias, la confesi�n del segundo coacusado podr�a surtir efectos en su contra, mas es ineficaz en la parte que expres� imputaciones en contra del primero; y si a la representaci�n del Ministerio P�blico, como parte en el proceso que ya ten�a abierto el primer acusado, conven�a aportar como prueba de cargo la declaraci�n aludida, lo correcto hubiera sido que dicho testimonio se recibiera ante el J. de la causa, con citaci�n del procesado y su defensor, a efecto de que estuvieran en la posibilidad de repreguntar.

"A. directo 3991/83. 14 de diciembre de 1983. Cinco votos. Ponente: F.P.�n V.. Secretario: L.F.�ndez A.."

"S�ptima �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: 145-150, Segunda Parte

"P�gina: 110

"MINISTERIO P�BLICO, TESTIMONIOS ANTE LA POLIC�A JUDICIAL POSTERIORES A LA CONSIGNACI�N DEL.-Sabido es que la consignaci�n representa el inicio del ejercicio de la acci�n penal, de acuerdo con las facultades exclusivas que le concede al Ministerio P�blico el art�culo 21 de la Carta Magna. Entre los efectos m�s importantes de dicho acto, se encuentra el de que hasta ese momento conserva su car�cter de autoridad en la persecuci�n de los delitos y se convierte en parte. Si bien con la consignaci�n no concluyen las funciones constitucionales que le competen al Ministerio P�blico y sigue siendo titular de la acci�n penal, sin embargo, su actividad, ya como parte en el proceso, deja de ser autoritaria y las actuaciones que le corresponden deben ser encauzadas a trav�s del �rgano jurisdiccional, y es ante y bajo el control de �ste, donde debe aqu�l desahogar los elementos de convicci�n tendientes a robustecer la acci�n penal. Bajo este presupuesto, una vez hecha la consignaci�n, le est� vedado al Ministerio P�blico recibir declaraciones respecto de los hechos que fueron materia de aqu�lla, y la forma correcta de allegarlas al procedimiento es ofreciendo la prueba testimonial correspondiente al juzgador. Aun en el caso de que el declarante llegue a ser procesado, efectuada la consignaci�n su comparecencia debe obtenerse a trav�s de la orden de aprehensi�n que solicite el Ministerio P�blico, pero lograda que sea no le es permisible declararlo, sino que inmediatamente debe proceder a ponerlo a disposici�n del J. y ser� en su preparatoria donde depondr� en relaci�n a los hechos que se le atribuyen. De manera que si alguno de los testigos que sirvieron de base para deducir la responsabilidad penal del inculpado en el delito que se le imputa, fueron declarados por elementos de la Polic�a J., posteriormente a la consignaci�n, habiendo sido detenidos sin que existiera orden de aprehensi�n, las declaraciones de aqu�llos, ante �rgano distinto del jurisdiccional, son legalmente nulas.

"A. directo 48/80. 30 de enero de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ra�l C.M.�n.

"A. directo 49/80. 30 de enero de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ra�l C.M.�n."

"S�ptima �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n

"Tomo: 103-108, Segunda Parte

"P�gina: 93

"MINISTERIO P�BLICO. AVERIGUACI�N PREVIA. VALOR PROBATORIO QUE SE ATRIBUYA A SUS ACTUACIONES EN ESTA ETAPA. NO ES VIOLATORIO DE GARANT�AS.-El hecho de que las diligencias practicadas por el Ministerio P�blico formen parte del acervo probatorio que en un determinado momento servir� al J. para formar su convicci�n, no puede implicar una indefensi�n para el acusado. El Ministerio P�blico es una instituci�n a la que constitucionalmente compete la averiguaci�n de la comisi�n de delitos, pues dicha fase (averiguaci�n) forma parte de la funci�n persecutoria. Cuando el MinisterioP�blico integra la averiguaci�n pre-procesal, llamada tambi�n averiguaci�n previa, no act�a como parte, sino que lo hace cumpliendo con la funci�n de averiguaci�n que constitucionalmente le compete. Sus actuaciones son la de un �rgano de autoridad que est� cumpliendo con una obligaci�n legal, puesto que es el �nico legalmente facultado para investigar la posible comisi�n delictiva y es absolutamente racional el que la ley atribuya valor probatorio a tales actuaciones, pues si ning�n valor se les pudiera atribuir, la averiguaci�n resultar�a in�til. Se romper�a el principio de la igualdad de las partes en el proceso penal, si estando ya sujeto el Ministerio P�blico al imperio del J. dentro de la relaci�n procesal, continuara practicando diligencias por propia iniciativa y a tales diligencias atribuyera la ley valor probatorio o el J. las tomara como datos de convicci�n en contra del procesado.

"A. directo 3851/76. 30 de septiembre de 1976. Cinco votos. Ponente: A.R.C.."

"S�ptima �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Informes

"Volumen: Informe 1984, Parte II

"P�gina: 29

"MINISTERIO P�BLICO, ACTUACIONES INDEBIDAS DEL.-El Ministerio P�blico act�a como autoridad en la fase de la averiguaci�n previa y, como tal, puede efectuar cuantas diligencias sean necesarias para la investigaci�n de los delitos, pero ejercitada la acci�n penal, el �rgano investigador ya no tiene aquel car�cter, sino el de parte en el proceso. Por tanto, es violatoria de garant�as individuales la sentencia condenatoria que, para tener por demostrada la responsabilidad penal del procesado, indebidamente se apoya en una declaraci�n del coacusado, rendida ante el Ministerio P�blico cuando esta instituci�n ya no conservaba el car�cter de autoridad con relaci�n al procesado de referencia, sino s�lo con respecto al confesante, que a�n no hab�a sido consignado; por lo que si a la representaci�n social, como parte en el proceso abierto al quejoso, conven�a aportar como prueba de cargo la declaraci�n del coacusado, tal testimonio debi� recibirse con citaci�n de aqu�l y de su defensor, a efecto de darles oportunidad de que lo repreguntaran.

A. directo 3991/83. Cinco votos. Ponente: F.P.�n V.. Secretario: L.F.�ndez A..

Incluso el aspecto de que se trata fue resuelto en la siguiente tesis de jurisprudencia, que si bien, ahora resulta obsoleta en cuanto a la parte relativa a que es improcedente el juicio de garant�as contra el Ministerio P�blico cuando se niega a ejercer la acci�n penal, por virtud de la adici�n del quinto p�rrafo del art�culo 21 constitucional seg�n decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, sigue vigente el criterio de que cuando dicha representaci�n social ejercita la acci�n penal adquiere el car�cter de parte en el proceso.

"Quinta �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Ap�ndice de 1995

"Tomo: Tomo II, Parte HO

"Tesis: 924

"P�gina: 585

"MINISTERIO P�BLICO.-Cuando ejercita la acci�n penal en un proceso, tiene el car�cter de parte y no de autoridad, y, por lo mismo, contra sus actos, en tales casos, es improcedente el juicio de garant�as, y por la misma raz�n, cuando se niega a ejercer la acci�n penal. Las facultades del Ministerio P�blico no son discrecionales, puesto que debe obrar de modo justificado y no arbitrario, y el sistema legal que garantice a la sociedad el recto ejercicio de las funciones de esa instituci�n, puede consistir en la organizaci�n de la misma, y en los medios de exigirle la responsabilidad consiguiente, y si los vac�os de la legislaci�n lo impiden, esto no es motivo para que se viole lo mandado por el art�culo 21 constitucional.

"A. en revisi�n 4493/27. 15 de marzo de 1929. Mayor�a de cuatro votos.

"A. en revisi�n 3267/28. 6 de junio de 1929. Cinco votos.

"A. en revisi�n 589/27. 11 de noviembre de 1929. Mayor�a de cuatro votos.

"A. en revisi�n 3209/29. 28 de enero de 1931. Mayor�a de tres votos.

"A. en revisi�n 2336/30. 21 de abril de 1932. Mayor�a de tres votos."

Debe considerarse entonces, que la trascendencia que llega a tener en su caso, la resoluci�n de t�rmino constitucional sea en el evento de que determine la formal prisi�n o bien, la sujeci�n a proceso, es causa eficiente para establecer la necesidad de que en esa fase el legislador y, en gran medida, la doctrina se�alan como de preinstrucci�n, re�na las formalidades esenciales de todo procedimiento aun en esa etapa, entre las cuales se encuentra la de buscar el equilibrio entre las partes constituidas en el inculpado y, a partir de la radicaci�n de la consignaci�n, en el Ministerio P�blico; as� como la b�squeda de que el indiciado cuente con todos los elementos requeridos para su defensa previa al pronunciamiento del auto de t�rmino constitucional.

La raz�n de tal consideraci�n, descansa en la precisi�n de lo que debe ser el concepto de formalidad del procedimiento, conforme a lo previsto por los art�culos 19 y 20 de la Constituci�n General de la Rep�blica, que tienen correlaci�n con el principio esencial plasmado en el art�culo 14 de ese Ordenamiento Fundamental de la naci�n y que determina el cumplimiento de un m�nimo de formalidades, no s�lo circunscritas a lo que deba ser entendido como el juicio, en este caso penal, sino a todas y cada una de las etapas.

�stas no se encuentran limitadas a las desarrolladas a partir del auto de formal prisi�n o, en su caso, de sujeci�n a proceso, que constituyen el inicio de la instrucci�n.

En efecto, el criterio que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, incurre en una confusi�n conceptual en torno a la funci�n que desarrolla el �rgano jurisdiccional en el periodo de preinstrucci�n y la que desempe�a a partir del auto de t�rmino constitucional, porque respecto a la primera considera err�neamente que no se trata de un proceso y que por tanto el Ministerio P�blico conserva la calidad de autoridad.

Ahora bien, se trata de una confusi�n la vertida en tal criterio, porque desconoce el contenido de los art�culos 14, 19 y 20 de la Constituci�n General de la Rep�blica, y los preceptos transcritos de los ordenamientos adjetivos penales federal y del Estado de G.. Ello es as�, porque en la etapa de preinstrucci�n basada en el ejercicio de la acci�n penal, da inicio la funci�n jurisdiccional facultas jus dicendi, que es distinta de la que llevaron a cabo otros �rganos de la relaci�n procesal como el Ministerio P�blico y que concluyeron con la integraci�n de la averiguaci�n previa y la consignaci�n.

En efecto, las finalidades de la averiguaci�n previa, que es una fase o etapa del procedimiento penal que se desarrolla ante el Ministerio P�blico, sin intervenci�n del J. y comienza cuando se presenta una denuncia o querella en contra de alguna persona o de quien resulte responsable como autor o participante en cierto delito y concluye cuando el Ministerio P�blico una vez realizada la investigaci�n que le incumbe y con base en las pruebas que ha reunido decide ejercitar la acci�n penal ante el J., esto es "consignar" a una persona o ejercitar la acci�n penal en contra de alguien, para que se lleve adelante en contra suya un proceso penal, o resuelva, en contrapartida no ejercitar esa acci�n.

El auto de radicaci�n que sigue necesariamente a esa consignaci�n que puede ser con o sin detenido o probable responsable, se constituye entonces en la primera resoluci�n que dicta el �rgano de la jurisdicci�n, con el cual se manifiesta en forma efectiva la relaci�n procesal, pues es inconcuso que no s�lo el indiciado, sino tambi�n el Ministerio P�blico quedan sujetos, a partir de ese momento, a la jurisdicci�n de un tribunal determinado, produci�ndose entonces diversos efectos que deben reunir formalidades esenciales de un procedimiento que se inicia con el ejercicio de una acci�n (penal), que se basa en actuaciones (ministeriales), que deben darse a conocer al consignado, que motivan la oportunidad y recepci�n de la declaraci�n preparatoria, con asistencia de defensor, que se puedan originar actos en defensa y finalmente, con el pronunciamiento del auto del J. que resuelva la situaci�n jur�dica dentro del t�rmino constitucional, que vendr� a significar "cabeza del proceso", porque tendr� su desarrollo respecto al delito o delitos en tal auto que concluy� la fase de preinstrucci�n, como lo determina el art�culo 19 de la Carta Magna Federal.

Todo ello, indiscutiblemente, es constitutivo de un procedimiento que adem�s de establecer formalidades, determina que la �nica autoridad lo ser� quien ejerce la funci�n jurisdiccional (el J.) y es causa de que el Ministerio P�blico se convierta en parte, junto con el indiciado.

As� entonces, en relaci�n con la tem�tica a que se refiere el inciso a) de contradicci�n de criterios, y del an�lisis de las disposiciones adjetivas penales transcritas en l�neas precedentes, as� como del examen de los precedentes sentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, puede concluirse que es el caso de realizar el pronunciamiento primario del quid de la denuncia y que determina resolver el criterio a prevalecer, respecto a que en el momento de la radicaci�n por el J. penal de una consignaci�n efectuada por el Ministerio P�blico, establecido coet�neamente el inicio del proceso penal, deja de tener este �ltimo el car�cter de autoridad para solamente constituirse en parte en la causa punitiva que se origina, sobre todo si se considera que este punto ya ha sido motivo de decisi�n por la actual y por la anterior integraci�n de esta Primera Sala.

Establecido lo anterior, es procedente pasar al estudio del segundo aspecto del tema de denuncia de contradicci�n, precisado en el inciso b), como la necesidad de resolver si �el Ministerio P�blico, una vez que al haber consignado una averiguaci�n previa, dicta el J. el auto de radicaci�n, deja de tener el car�cter de autoridad, se convierte en parte en el proceso penal y carece de atribuciones o no para seguir actuando como autoridad en la averiguaci�n previa y con tal car�cter, proponer pruebas en el periodo de preinstrucci�n?

Ahora bien, debe considerarse que la funci�n jurisdiccional se inicia, cuando el Ministerio P�blico ejerci� la acci�n penal, mediante la consignaci�n de la averiguaci�n previa, y el J. emite su primera determinaci�n, que es el auto de radicaci�n, lo que establece la constituci�n de la relaci�n procesal, a la que como partes quedan sujetos la instituci�n accionante y el indiciado.

Entre las consecuencias que surgen con motivo del pronunciamiento del auto de radicaci�n, se encuentra la necesidad de que sea tomada la declaraci�n preparatoria del detenido o de quien es presentado ante el J., por virtud de determinaci�n de orden de comparecencia o de aprehensi�n, como lo establece la fracci�n III del art�culo 20 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:

"Art�culo 20. En todo proceso de orden penal, tendr� el inculpado las siguientes garant�as:

"...

III. Se le har� saber en audiencia p�blica, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignaci�n a la justicia el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusaci�n, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaraci�n preparatoria.

En el entendido de que tal declaraci�n es el acto mediante el cual comparece aquel a quien se atribuye la comisi�n de hechos pretendidamente delictuosos, al que deber�n hacerse de su conocimiento todos y cada uno de los elementos, derivados de las actuaciones realizadas por el Ministerio P�blico en la averiguaci�n previa, relativos al nombre de quien lo acus�, la naturaleza y causa de la acusaci�n, a fin de que asuma el conocimiento del hecho il�cito que se le atribuye; y enterarlo de las garant�as que le otorga la Constituci�n, para que pueda preparar su defensa y que con base en un procedimiento que re�na las esenciales caracter�sticas formales, determine la culminaci�n de la etapa de preinstrucci�n, mediante el pronunciamiento del J. de la resoluci�n relativa a la situaci�n jur�dica del indiciado, dentro del t�rmino constitucional de setenta y dos horas, o en su caso, del ampliado a petici�n del inculpado o su defensor, como se indica en el adicionado segundo p�rrafo del art�culo 19 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, seg�n decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

Conforme a lo anterior, queda patente que para los efectos de proporcionar al indiciado la suficiente posibilidad de defensa, ante el inminente pronunciamiento del auto de t�rmino constitucional, es menester que cuente con el cabal conocimiento de todos los referidos elementos, que consten en las actuaciones efectuadas por el �rgano a quien incumbi�, en exclusiva, el ejercicio de la acci�n penal, las que deber�n hac�rseles saber previamente a que sea tomada la declaraci�n preparatoria, pues en esa etapa deber� tener el conocimiento de qui�n formul� denuncia o querella, cu�les son los hechos que se le imputan y cu�les fueron los elementos que se tuvieron en cuenta en la indagatoria para presumirlo responsable de esos hechos, a fin de normar su defensa y responder a los cargos que se le hacen, con las comprobaciones y argumentaciones de inocencia procedentes.

As�, las constancias o elementos de prueba que, en su caso, llegare a aportar el Ministerio P�blico despu�s de ejercida la acci�n penal, deber� hacerlo como parte dentro de la relaci�n procesal que se origin� a partir de la radicaci�n de la consignaci�n de la averiguaci�n previa, pues efectivamente, como lo consideraron los Primeros Tribunales Colegiados de los Circuitos D�cimo Tercero y D�cimo Cuarto y Primero en Materia Penal del Primer Circuito, en las ejecutorias y tesis que sustentaron, de no estimarse as�, se tendr�a el rompimiento del equilibrio que debe regir para las partes en el procedimiento, as� sea en el previsto para la preinstrucci�n.

Luego, para los efectos definidos en la averiguaci�n previa que se consign� para el conocimiento y decisi�n del �rgano jurisdiccional, el Ministerio P�blico al asumir el car�cter de parte deja de tener el de autoridad. A partir de entonces, carece de atribuciones para la continuaci�n del ejercicio de su facultad de indagatoria o de investigaci�n en el cuaderno de averiguaci�n previa previamente consignado, ello desde luego haci�ndose la precisi�n de que el enfoque es en el solo sentido que ata�e a los hechos espec�ficos materia del ejercicio ya realizado de la acci�n penal, contra la persona concretamente motivo de la consignaci�n.

Lo anterior se se�ala, sin perjuicio de que el examen de los hechos considerados como delictuosos, no deban desvincularse de sus efectos y consecuencias que pudieran producir, de tal forma que si esos hechos, en un principio producen la afectaci�n de un bien jur�dico tutelado, que encuadre dentro de un determinado delito, no haya obst�culo para que por circunstancias posteriores, se actualizaren consecuencias que desemboquen en otro diverso y que sean base para que el Ministerio P�blico pueda, como parte, aportar pruebas sobrevenidas que determinen el que, sin variar los hechos de origen y conforme a las consecuencias de �stos, se pronuncie por el J. el auto de t�rmino constitucional. En este caso, se tratar� de casos espec�ficos regulados por normas expresas, como ocurre en el de consignaci�n por lesiones, que por la gravedad de �stas, durante el transcurso del t�rmino constitucional, provoquen la muerte de la v�ctima y con ello surja la necesidad de que el Ministerio P�blico tenga las atribuciones previstas en la ley, como lo disponen por ejemplo los art�culos 303 y 304 del C�digo Penal, 121, 122, 124 y 129 del C�digo de Procedimientos Penales, ambos para el Distrito Federal, para que como parte, pueda aportar las pruebas necesarias para la demostraci�n del cuerpo del delito de homicidio, basado en los mismos hechos que originaran las lesiones, que a la postre desencadenaran el fallecimiento del ofendido, probanzas entre las cuales pueden estar la inspecci�n judicial, la pericial m�dica, las documentales consistentes en certificado m�dico de defunci�n y copia certificada de acta de defunci�n.

Por tanto, fuera de casos de excepci�n legalmente previstos, las actuaciones posteriores que llegare a realizar el Ministerio P�blico en ejercicio de pretendida atribuci�n investigadora, relacionadas con los hechos respecto de los cuales efectu� la consignaci�n ante el J. penal, no podr� legalmente proponerlas como pruebas de autoridad en la fase de preinstrucci�n, menos a�n cuando ha sido ya tomada al inculpado la declaraci�n preparatoria, porque se tratar� de actuaciones practicadas por quien ya no es autoridad, surgidas sin la intervenci�n del �rgano jurisdiccional y de las que, como parte en la relaci�n procesal y que debieron constar en formal actuaci�n judicial, no tuvo conocimiento e intervenci�n el inculpado.

Dicho de otra forma, establecido en p�rrafos precedentes que una vez radicada la consignaci�n del inculpado con lo cual se inicia el proceso penal, el Ministerio P�blico es parte en las causas penales; ya no se dan a dicha instituci�n facultades que competen a la autoridad judicial, quien puede actuar con imparcialidad respecto de las cuestiones que ante ella debaten las partes en pugna, es decir, el Ministerio P�blico y el inculpado a trav�s de su defensa. As�, despu�s de la consignaci�n que el Ministerio P�blico hace a la autoridad judicial, termina la averiguaci�n previa y por tanto, hasta esa misma fecha e instante en que se materializa la consignaci�n, el Ministerio P�blico debe remitir al J. de la causa la totalidad de las diligencias practicadas, sin reservarse alguna prueba recabada con anterioridad a la consignaci�n y no debe seguir practicando diligencias de las cuales no tendr�an conocimiento el J. o el inculpado, sino hasta que le fueran remitidas a aqu�l despu�s de la consignaci�n; de ah� que si se practican implicar�a que al mismo tiempo se siguieran dos procedimientos, uno ante el J. de la causa y otro, ante el Ministerio P�blico, lo que ser�a inadmisible atento a lo dispuesto por el art�culo 14 constitucional en el sentido de que nadie puede ser privado de la libertad sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. En todo caso, las pruebas que para lograr los fines de la consignaci�n, esto es, el dictado de un auto de formal prisi�n o de sujeci�n a proceso en contra del inculpado, debe proponerlas el Ministerio P�blico dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas ante el J. del proceso, con las formalidades que para las pruebas exige a las partes el c�digo procesal correspondiente. Debiendo puntualizar que en la ampliaci�n del plazo a que se refiere el adicionado segundo p�rrafo del art�culo 19 constitucional a que se hizo referencia en otra parte de este propio considerando, es s�lo para que el inculpado y su defensa aporten pruebas en ese periodo de preinstrucci�n que coadyuven a sus intereses, mas no podr� ya en esa ampliaci�n el Ministerio P�blico proponer el desahogo de nuevas probanzas.

Una vez que han sido dilucidados los dos primeros puntos que motivan la denuncia de contradicci�n de tesis, es conveniente pasar al an�lisis del tercero y �ltimo, plasmado en el inciso c), de la siguiente forma �las pruebas que proponga el Ministerio P�blico durante el tr�mite de la preinstrucci�n, son admisibles y v�lidas para ser tomadas o no en cuenta por el J. penal al pronunciar el auto de t�rmino constitucional, sin que ello rompa el equilibrio procesal de las partes?

Como ha quedado se�alado en las l�neas precedentes, el Ministerio P�blico como exclusivo titular de laacci�n penal, conserva el car�cter de autoridad hasta el momento en que realiza la consignaci�n de la averiguaci�n previa ante el J. penal, convirti�ndose al pronunciamiento del auto de radicaci�n, en una de las partes de la relaci�n procesal, as� sea en la etapa de preinstrucci�n.

Con el car�cter de parte, podr� en todo caso proponer ante el J. de la consignaci�n, las pruebas que estima conducentes para los fines de su representaci�n social.

Sin embargo, con la finalidad de que el inculpado cuente con los elementos suficientes para proveer acerca de su defensa, ante los hechos pretendidamente delictuosos que se le atribuyen, es menester que tenga cabal conocimiento de todas y cada una de las actuaciones y pruebas previas a su consignaci�n, relacionadas con quien sea la persona que present� en su contra denuncia o querella, qu� testigos declararon en su contra y cu�les son los hechos que se le atribuyen, ello al momento de la diligencia en la que le es tomada la declaraci�n preparatoria correspondiente.

El Ministerio P�blico, en todo caso tendr� la obligaci�n de recabar y aportar para los efectos de la consignaci�n y ejercicio de la acci�n penal, previamente, las pruebas mediante las cuales trate de demostrar la existencia de los hechos que se estiman delictuosos y la presunta responsabilidad del inculpado, en el entendido de que una vez efectuada tal consignaci�n, cualquier elemento probatorio deber� ofrecerlo y aportarlo como parte, con conocimiento oportuno del indiciado, as� como de su defensor.

En tales circunstancias, las atribuciones del Ministerio P�blico en su funci�n indagatoria, relacionadas con los hechos pretendidamente delictuosos que atribuy� al inculpado, concluyen en el momento en que realiza la consignaci�n para el conocimiento del J. penal, convirti�ndose en parte en la relaci�n procesal.

Pero cabe precisar, que lo anterior no significa que el Ministerio P�blico se encuentre impedido para incoar otra averiguaci�n por separado respecto a diverso delito al atribuido al denunciado o en relaci�n con persona diversa, a quien se haya considerado copart�cipe de los hechos il�citos, ello en atenci�n a que ninguna de las disposiciones procesales penales impide la realizaci�n y despliegue, para esos solos efectos de la funci�n ministerial, pues por el contrario, el art�culo 19 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en su tercer p�rrafo establece que si de la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deber� ser objeto de averiguaci�n separada, sin perjuicio de que despu�s pueda decretarse la acumulaci�n, si fuere conducente.

Al respecto tienen aplicaci�n las tesis de jurisprudencia sustentadas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultables con el texto y datos de identificaci�n que a continuaci�n se citan:

"Novena �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: II, noviembre de 1995

"Tesis: 1a./J. 15/95

"P�gina: 97

"MINISTERIO P�BLICO AL INCOAR OTRA AVERIGUACI�N POR DELITO DIVERSO AL INCULPADO ADVERTIDO CON POSTERIORIDAD AL EJERCICIO DE LA ACCI�N PENAL, NO INFRINGE LO DISPUESTO POR EL ART�CULO 19 CONSTITUCIONAL.-El Ministerio P�blico al incoar una nueva averiguaci�n por cuerda separada, apoyada en hechos de los que ya ten�a conocimiento al integrar la primera indagatoria en contra del indiciado, no contrar�a lo dispuesto por el art�culo 19 constitucional, porque la omisi�n o el error en que incurri� el representante social al no ejercitar la acci�n penal en la primigenia averiguaci�n por todos los delitos, no genera la invalidez de la acci�n persecutoria que realiz� posteriormente por delito diverso que deriv� del mismo conjunto de actos que motivaron la instauraci�n del procedimiento penal, en virtud de que con la reforma al invocado precepto constitucional en el segundo p�rrafo en el sentido de cambiar el vocablo acusaci�n por el de averiguaci�n separada, se busca evitar la pr�ctica del Ministerio P�blico en situaciones como la mencionada de limitarse a ampliar el ejercicio de la acci�n penal, exigi�ndosele ahora que si aparece delito distinto del que se persigue, deber� ser materia de averiguaci�n separada, entendiendo que la palabra delito distinto se refiere a que sean hechos delictivos diferentes, pues la circunstancia de que las conductas desplegadas por el activo integren a la vez varias figuras delictivas es legal, en raz�n de que, lo que importa es que no se haga m�s de un pronunciamiento en relaci�n con una conducta concreta.

"Contradicci�n de tesis 13/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Cuarto Circuito. 27 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: J.H.B.P..

"Tesis de jurisprudencia 15/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesi�n de veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos, de los Ministros: presidente J.V.C. y C., H.R.P., J.� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M. y O.S.C. de G.�a V.."

"Novena �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: II, noviembre de 1995

"Tesis: 1a./J. 16/95

"P�gina: 119

"MINISTERIO P�BLICO, LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL ART�CULO 19 CONSTITUCIONAL PARA INICIAR OTRA AVERIGUACI�N POR DELITO ADVERTIDO DESPU�S DEL EJERCICIO DE LA ACCI�N PENAL, GARANTIZA LA DEFENSA DEL INCULPADO.-En el segundo p�rrafo del art�culo 19 constitucional, se establece que el proceso se seguir� por el delito o delitos se�alados en el auto de formal prisi�n y que, si en el curso del procedimiento aparece que el reo ha cometido un delito diverso del perseguido, �ste deber� ser objeto de averiguaci�n por separado. Ahora bien, la palabra ?delito? no significa la clasificaci�n jur�dica que de los hechos atribuidos al procesado, hace la ley, sino el conjunto de actos que integran el hecho criminoso. As�, por ?delito diverso?, debe entenderse seg�n la recta interpretaci�n de la ley, un conjunto de actos objetivamente diferentes de los que constituyen el primer hecho delictuoso, de ah� que, ante el nuevo delito advertido para desplegar la persecuci�n legal sin modificar el principio de que todo proceso debe seguirse forzosamente por el o los delitos contemplados en el auto de formal prisi�n, se faculta al Ministerio P�blico incoar otra averiguaci�n, ello con la finalidad de que sobre todo delito que se impute al inculpado, haya una resoluci�n expresa que declare su presunta responsabilidad, para que el procesado tenga conocimiento exacto de cu�les son los hechos delictivos que se le imputan, y cu�les fueron los elementos que se tuvieron en cuenta para presumirlo responsable de ese hecho, a fin de poder normar su defensa, respondiendo a los cargos que se le hacen con las comprobaciones y argumentaciones procedentes.

"Contradicci�n de tesis 13/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Cuarto Circuito. 27 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: J.H.B.P..

"Tesis de jurisprudencia 16/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesi�n de veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: presidente J.V.C. y C., H.R.P., J.� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M. y O.S.C. de G.�a V.."

"Novena �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario J. de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: II, noviembre de 1995

"Tesis: 1a./J. 17/95

"P�gina: 118

"MINISTERIO P�BLICO, CUANDO CON POSTERIORIDAD AL EJERCICIO DE LA ACCI�N PENAL, ADVIERTE UN DIVERSO DELITO, TIENE EL DEBER DE INCOAR OTRA AVERIGUACI�N EN LA QUE SE INVESTIGUE �STE.-El deber comprendido en el art�culo 21 constitucional, excluye que el Ministerio P�blico se abstenga del ejercicio de la acci�n punitiva, ya que, no perseguir los delitos ni a sus autores, entra�a una situaci�n antisocial que coloca a la colectividad en permanente peligro, auspiciando la perpetraci�n de il�citos bajo el signo de su impunidad. La obligaci�n social aludida no s�lo la tiene dicha instituci�n frente a la comunidad, sino que la asume en cada caso concreto, tambi�n frente a las v�ctimas; luego, si la discrecionalidad del Ministerio P�blico para definir si en cada caso se han llenado los requisitos constitutivos de la acci�n penal, no es infalible, entonces, por el inter�s que tiene la sociedad de que el delincuente sea castigado por los il�citos perpetrados, se justifica que el representante social tenga la posibilidad de que en una segunda averiguaci�n investigue aquellos delitos no advertidos en la primera.

"Contradicci�n de tesis 13/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Cuarto Circuito. 27 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: J.N.S.M.. Secretario: J.H.B.P..

Tesis de jurisprudencia 17/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesi�n de veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: presidente J.V.C. y C., H.R.P., J.� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M. y O.S.C. de G.�a V..

Ahora bien, si como parte en la etapa de preinstrucci�n, sometida al ejercicio de la facultad jurisdiccional del J. penal, el Ministerio P�blico puede aportar pruebas para la demostraci�n de los hechos pretendidamente delictuosos y para el acreditamiento de la presunta responsabilidad del inculpado, ello presupone que deba hacerse siguiendo las formalidades esenciales de todo procedimiento, entre las cuales se encuentra la de hacer del conocimiento del indiciado, los nombres de sus acusadores y de las personas que testificaron en su contra, cu�les son los hechos considerados como delictuosos que se le atribuyen en la denuncia que motiv� la integraci�n de la averiguaci�n y cu�les son los elementos que pudieran determinar su presunta responsabilidad, ello a efecto de que pueda proveer la defensa de sus intereses ante dichas imputaciones y, en su caso, aportar pruebas de inocencia, pues todo ello se encuentra previsto en beneficio del inculpado por el art�culo 20 constitucional.

Por otra parte, el material de la etapa de preinstrucci�n, que deber� tomar en consideraci�n el �rgano jurisdiccional, al pronunciar la resoluci�n que decida la situaci�n jur�dica del inculpado, ser� el que hubiera sido oportunamente aportado siempre que exista el cercioramiento de que fuera del conocimiento del indiciado y de su defensor, al momento de la toma de su declaraci�n preparatoria, o trat�ndose de otras probanzas que el Ministerio P�blico como parte, quisiera aportar posteriormente, se debe tener como requisito previo a su desahogo que fueran dadas a conocer al inculpado, pues de no ser as�, quedar�a en un estado de indefensi�n, al no poder proveer acerca de su defensa, bien sea dentro del t�rmino constitucional normal de setenta y dos horas contadas a partir de la puesta a disposici�n, o bien dentro del t�rmino ampliado a su exclusiva solicitud.

As� las cosas, queda evidenciado que la fase de preinstrucci�n seguida ante el J. penal, constituye el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, lo que motiva el seguimiento de un procedimiento con todas las formalidades esenciales para tal periodo, en el que se busque el equilibrio entre partes (Ministerio P�blico-inculpado) y no entre autoridad e indiciado y se trate de otorgar a este �ltimo todas las posibilidades formales de defensa, a efecto de que no quede en desconocimiento de elementos o pruebas, cuando hubieren sido aportadas, sin hac�rselo saber, con posterioridad a la toma de su declaraci�n preparatoria.

Como conclusi�n a lo vertido, puede derivarse que el Ministerio P�blico cuenta con facultades para aportar elementos de prueba, que se hubieran propuesto, preparado y recibido con anterioridad a la declaraci�n preparatoria rendida, en su caso, ante el J. a quien se consign� una averiguaci�n previa integrada. La radicaci�n de esta �ltima, como primer acto del juzgador en ejercicio de su facultad jurisdiccional, determina que el Ministerio P�blico deje de ser autoridad para convertirse en parte en la etapa de preinstrucci�n, y mayormente cuando en su momento se pronuncie la resoluci�n de formal prisi�n o de sujeci�n a proceso. Las probanzas que proponga el Ministerio P�blico, una vez dictado el auto de radicaci�n, deber�n tenerse como provenientes de parte, no de autoridad y deber�n prepararse y recibirse con todas las formalidades esenciales, particularmente con el conocimiento de la parte inculpada.

Lo anterior presupone que las actuaciones que practique el Ministerio P�blico como autoridad, en funci�n indagatoria, respecto a los mismos hechos por los cuales se realiz� la consignaci�n, no deban ser valorados como prueba legalmente v�lida, una vez que se radic� por el juzgador la causa, porque a partir de entonces el Ministerio P�blico asumi� la calidad de parte, dej� de tener la facultad de autoridad y las �nicas actuaciones v�lidas, son aquellas que se realicen con la intervenci�n y autorizaci�n del �rgano jurisdiccional.

Tal consideraci�n se vierte, sin perjuicio de que el Ministerio P�blico, como parte, aporte pruebas de actuaciones ministeriales que pudiera haber practicado, en su funci�n indagatoria, relativas a hechos diversos pretendidamente delictuosos, que motivaran la apertura de diversa averiguaci�n previa, sea respecto al mismo inculpado, o bien, en torno a otras personas que se considerasen copart�cipes de este �ltimo en la realizaci�n de los hechos respectivos, como testimoniales, inspecciones oculares, periciales, etc�tera, las que no podr�n valorarse como tales, por no ser rendidas en el proceso con las formalidades que para ese tipo de pruebas se exige en toda ley procesal penal, sobre todo, con citaci�n del inculpado y su defensor a fin de que tengan la oportunidad debida de proponer en contra de dichas pruebas; de ah� que aquellas actuaciones derivadas de diversa averiguaci�n previa tra�das a la causa, en todo caso podr�n ser valoradas como instrumental de actuaciones o documental o la clasificaci�n que corresponda conforme a las reglas de valoraci�n de las pruebas.

Luego entonces, una vez que al indiciado le ha sido tomada la declaraci�n preparatoria, para los efectos de la resoluci�n que decida la situaci�n jur�dica de aqu�l, podr�n ser tenidas en cuenta las probanzas posteriores, por cuestiones sobrevinientes, que como parte presente el Ministerio P�blico, con conocimiento del inculpado, porque de no ser as�, quedar�a indefenso al no hab�rsele otorgado la posibilidad de proveer acerca de su defensa a trav�s de argumentos de su parte o de su defensor, o mediante aportaci�n de pruebas de inocencia.

Es decir, en la resoluci�n que pronuncie el J. para decidir la situaci�n jur�dica del inculpado, en cuanto a la existencia de los elementos del delito y de su probable responsabilidad, podr� tomar en consideraci�n pruebas allegadas por el Ministerio P�blico, como parte, con posterioridad a que hubiera sido rendida la declaraci�n preparatoria del primero, pero dentro del t�rmino de setenta y dos horas que establece el primer p�rrafo del art�culo 19 constitucional, cuando se trate de elementos sobrevenidos los cuales se le hayan hecho de su conocimiento; ello en funci�n de la trascendencia que tendr� en la resoluci�n que decida sobre la presunta responsabilidad o no del indiciado, de tal forma que exista el cercioramiento de que un acto de esa naturaleza constituya una determinaci�n basada en material probatorio rendido, recibido y desahogado con las debidas formalidades de ley.

As�, las diligencias practicadas por el Ministerio P�blico y remitidas al J., con posterioridad a la consignaci�n, no pueden tener valor alguno, ya que proceden de parte interesada, como lo es el Ministerio P�blico y esa instituci�n s�lo puede practicar v�lidamente diligencias probatorias, durante el periodo de averiguaci�n previa, conclusi�n que por otra parte, es l�gica y jur�dica, pues de otra forma, si se concediera la facultad al Ministerio P�blico de desahogar pruebas en una averiguaci�n previamente consignada y radicada por el J. correspondiente, ser�a poner la suerte de los inculpados a merced de la parte acusadora; y si adem�s el auto de formal prisi�n se fundara en las diligencias que practic� el Ministerio P�blico, despu�s de la consignaci�n, se violar�a el art�culo 19 constitucional.

En tales condiciones, deber� declararse que prevalece el criterio que sustenta esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que queda inmerso en la siguiente tesis de jurisprudencia:

MINISTERIO P�BLICO. DEJA DE TENER EL CAR�CTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACI�N DE LA CAUSA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON RECIBIDAS CON CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISI�N O EN EL DE SUJECI�N A PROCESO.-La etapa de preinstrucci�n que abarca desde la radicaci�n por el J., hasta el auto que resuelva la situaci�n jur�dica del inculpado, constituye un periodo procedimental que debe reunir las formalidades esenciales requeridas por los art�culos 14, 19 y 20 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentran las de hacer saber al indiciado, previamente a serle tomada su declaraci�n preparatoria, los nombres de quienes presentaron la denuncia o querella y de quienes fueron los testigos que declararon en su contra, as� como cu�les fueron los hechos que se le atribuyen como delictuosos que hayan motivado la integraci�n de la averiguaci�n previa, y cu�les son los elementos de prueba que pudieran determinar su presunta responsabilidad, ello a efecto de que pueda proveer la defensa de sus intereses y aportar, en su caso, pruebas de inocencia. Es en raz�n de lo anterior, que a partir de que el �rgano jurisdiccional radica la causa penal, las actuaciones posteriores que llegare a realizar el Ministerio P�blico en ejercicio de su pretendida atribuci�n investigadora, relacionadas con los hechos respecto de los cuales efectu� la consignaci�n ante el J. penal, no podr� legalmente proponerlas como prueba de autoridad en la fase de preinstrucci�n, menos una vez que ha sido tomada ya la declaraci�n preparatoria del inculpado, porque se tratar� de actuaciones practicadas por quien ya no es autoridad, pues debe tomarse en cuenta que surgieron sin la intervenci�n del �rgano jurisdiccional y de las que, como parte en la relaci�n procesal y que debieran constar en formal actuaci�n judicial, no tuvo conocimiento e intervenci�n el inculpado. Sin embargo, ello no impide que el Ministerio P�blico, como parte, pueda aportar pruebas, mas las que proponga en esa etapa de preinstrucci�n, deben aportarse y recibirse ante el J. con conocimiento del inculpado. En tal virtud, el J. al dictar el auto que resuelva la situaci�n jur�dica del inculpado, deber� cerciorarse del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento en la preinstrucci�n y, con base en ello, las pruebas de cargo que presente el Ministerio P�blico, puede considerarlas para los efectos del acreditamiento del tipo penal y de la presunta responsabilidad del inculpado, si previamente, como se estableci�, fueron hechas del conocimiento de �ste y de su defensor, pues de esta forma se respeta el equilibrio procesal de las partes.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

Existe contradicci�n de tesis entre los criteriossustentados por una parte por los Primeros Tribunales Colegiados del D�cimo Tercero y D�cimo Cuarto Circuito, Primero en Materia Penal del Primer Circuito y por otra, por el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito.

SEGUNDO

Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis que con el car�cter de jurisprudencia, qued� plasmada en la parte final del considerando �ltimo de esta sentencia, sin que lo anterior afecte la situaci�n jur�dica derivada de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados en contraposici�n de criterios.

TERCERO

Rem�tase la tesis de jurisprudencia a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n, a los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y Jueces de Distrito.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n comun�quese a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes junto con los correspondientes autos y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: H.R.P. (ponente), J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente J.� de Jes�s G.�o P.. Ausente el M.J.V.C. y C..