Ejecutoria num. 2a./J. 118/2000 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26827225

Ejecutoria num. 2a./J. 118/2000 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 118/2000
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 2001
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.TERCERÍA EN MATERIA LABORAL. PARA RESOLVERLA, LA JUNTA SE ENCUENTRA LEGALMENTE FACULTADA PARA TENER A LA VISTA Y TOMAR EN CUENTA, DE OFICIO, LAS ACTUACIONES QUE OBRAN EN EL JUICIO PRINCIPAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 54/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL D�CIMO S�PTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver los amparos directos 475/96, 533/98 y 783/98, en lo que interesa, consider� respectivamente:

A. directo 475/96:

TERCERO.-En primer t�rmino, alega la quejosa Y.A.R.A. que la Junta se�alada como autoridad responsable, al dictar la resoluci�n que constituye el acto reclamado, viol� en su perjuicio los art�culos 14 y 16 constitucionales, toda vez que indebidamente declar� improcedente la tercer�a excluyente de dominio, con el argumento de que no se aport� el acta que se levant� con motivo del embargo del veh�culo materia de la tercer�a, citando como apoyo de dicha consideraci�n, una tesis que dice sustent� el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el juicio de garant�as 251/84, el d�a siete de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, empero dicha tesis no aparece publicada en ninguna fuente oficial, que de existir, la Junta la aplic� en forma indebida, toda vez que el demandado tercerista no objet� la factura del veh�culo, que se aport� como prueba y por lo mismo, la Junta debi� tener por cierto que el veh�culo a que se refiere dicha factura es el mismo que fue embargado en el juicio laboral, pues de haberse objetado dicho documento, entonces el objetante debi� acreditar que el veh�culo que amparaba la factura, no es el mismo que fue embargado en el procedimiento laboral.-No le asiste la raz�n a la quejosa Y.A.R.A., pues no es verdad que la Junta se�alada como autoridad responsable, al dictar la resoluci�n que constituye el acto reclamado, viol� en su perjuicio las garant�as individuales que cita en sus motivos de inconformidad, al haber declarado improcedente la tercer�a excluyente de dominio, que promovi� con la finalidad de obtener el levantamiento del embargo del autom�vil marca Ford, modelo 1991, serie AL94HA21868, con placas de circulaci�n DUB-2172, que dice se practic� en el juicio laboral 8/105/95, toda vez que dicha autoridad responsable estuvo en lo correcto al considerar que la promovente de la tercer�a, ahora quejosa, debi� exhibir a dicha tercer�a, el acta que se levant� con motivo del embargo practicado en el aludido juicio laboral, pues en efecto, la aportaci�n de tal documento resultaba indispensable para acreditar que efectivamente el veh�culo automotor descrito con anterioridad y al cual se refiere la factura que en copia certificada exhibi� la tercerista, aqu� quejosa, al incidente de tercer�a, es el mismo que se embarg� en el juicio laboral de referencia; sin que el (sic) importe en contrario que la factura en cuesti�n, no haya sido objetada por la parte demandada, pues ello de ninguna manera acredita el extremo de m�rito, pues los documentos s�lo se valoran en funci�n de su contenido; tampoco importa el hecho de que la tercer�a se haya tramitado en la v�a incidental y guarde relaci�n con el expediente laboral ya antes mencionado, pues en dicho incidente se decide una controversia de sustantividad propia y surgida entre las partes a prop�sito de un inter�s distinto al que es materia del juicio principal, aunado a que en los t�rminos del art�culo 977, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, las tercer�as se tramitar�n por cuerda separada, por lo que si la promovente de dicha tercer�a, deb�a comprobar alg�n hecho en dicho procedimiento con actuaciones que obran en el juicio principal, era necesario que las exhibiera en el mismo, o bien, que solicitara su compulsa; empero, al no hacerlo resulta indiscutible que la Junta del conocimiento se encontr� imposibilitada para decretar la procedencia de la tercer�a; resultando intrascendente que la tesis del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que cit� en apoyo de su consideraci�n, no aparezca publicada en alguna fuente oficial, pues independientemente de esto, los argumentos que verti� dicha autoridad responsable se estiman correctos y por lo mismo, no se conculcaron en perjuicio de la peticionaria del amparo sus garant�as individuales.-Por otro lado, tambi�n alega la inconforme que de la resoluci�n reclamada se advierte la parcialidad con que procedi� la autoridad del conocimiento, a favor del tercerista demandado, Jes�s M.M.C., pues mientras que a ella le impuso la carga procesal de acreditar el extremo antes expuesto, a dicho demandado le reconoci� personalidad tanto a �l como a su apoderado, sin que lo hubieran acreditado.-Al respecto debe dec�rsele a la quejosa que su alegaci�n deviene intrascendente, puesto que la intervenci�n que se le dio al demandado tercerista Jes�s M.M.C., como a su apoderado en la audiencia, fue porque ella misma les imput� en su escrito de tercer�a, el car�cter de demandados y por lo mismo, la Junta conforme a la fracci�n II del art�culo 977 de la Ley Federal del Trabajo, al admitir a tr�mite dicha tercer�a, ten�a la obligaci�n de citarlos a la audiencia correspondiente.-Por �ltimo, se alega que la autoridad del conocimiento dej� de aplicar el contenido del art�culo 836 de la Ley del Trabajo, al no haber tomado en cuenta las actuaciones que obran en el expediente del juicio laboral, toda vez que en �ste se origin� la tercer�a y por lo mismo al ofrecerse la instrumental de actuaciones como prueba, en nada le imped�a tomar en cuenta dichos autos, en los cuales aparece la diligencia de embargo.-Tampoco le asiste la raz�n a la peticionaria del amparo, ya que si bien es cierto que de conformidad con el precepto legal que cita en su concepto de violaci�n, las Juntas est�n obligadas a tomar en cuenta las actuaciones que obran en el expediente del juicio; tambi�n es cierto que tal disposici�n para el caso que nos ocupa, debe interpretarse en el sentido de que las actuaciones que debe tomar en cuenta la Junta son aquellas contenidas en el procedimiento de tercer�a y no las que existan en el expediente laboral, pues como ya se dijo dicha tercer�a se tramita por cuerda separada y si la promovente ahora quejosa necesitaba comprobar alg�n hecho en dicho procedimiento con actuaciones que obran en el juicio principal, era necesario que las exhibiera al mismo o al menos que solicitara su compulsa; pero de ninguna manera que la autoridad responsable, de oficio, llevara a cabo el examen de tales actuaciones.-En las relatadas consideraciones, tomando en cuenta el resultado de los motivos de inconformidad y sin que sea el caso de suplir la deficiencia de la queja, lo que procede es negar a la quejosa Y.A.R.A., la protecci�n constitucional que solicita.-Por lo expuesto y fundado, se

resuelve: �NICO.-La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a Y.A.R.A., en contra del acto y autoridad que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

A. directo 533/98:

TERCERO.-Es fundado y preponderante adem�s, el concepto de violaci�n que hace valer el apoderado del quejoso A.E.L.S., en el tercer apartado del cap�tulo de sus motivos de inconformidad, en el sentido de que la Junta se�alada como autoridad responsable conculc� en perjuicio de su representado las garant�as individuales contenidas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, as� como lo dispuesto por los diversos art�culos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, ya que indebidamente declar� procedente la tercer�a excluyente de dominio que promovi� la ahora tercera perjudicada O.M.G.�a, respecto al veh�culo que seg�n dijo, se embarg� en el juicio laboral A-0003/97, sin tomar en cuenta que la actora tercerista omiti� acompa�ar o exhibir el acta de embargo correspondiente y no obstante ello, la citada autoridad laboral, en la resoluci�n que se le impugna, tom� en cuenta dicha diligencia, siendo que la tercer�a se tramita por cuerda separada y por lo mismo, s� le obligaba a la promovente exhibir la constancia de embargo.-En efecto, la aqu� tercera perjudicada O.M.G.�a, por conducto de su apoderado, promovi� ante la Junta responsable tercer�a excluyente de dominio, aduciendo que es propietaria de un veh�culo marca Chevrolet, Pick-Up, modelo 1989, con n�mero de serie 1GCBS14E5K8216736, que dijo adquiri� de un particular de nombre Ra�l G.�a, en el Paso, Tx., y que lo import� legalmente al pa�s, con n�mero de patente 3066; que dicho autom�vil le fue embargado el d�a veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y siete, en un juicio laboral en el que ella no form� parte alguna, habiendo ofrecido como pruebas las siguientes: a) T�tulo original del veh�culo en cuesti�n (fojas 49). b) D. consistente en el pedimento de importaci�n expedido por la Direcci�n General de Aduanas, el d�a nueve de julio de mil novecientos noventa y tres y rectificaci�n de dicho pedimento (fojas 48). c) D.es consistentes en comprobantes de declaraciones del pago del impuesto sobre tenencia o uso de veh�culos, visibles a fojas 43 a 46. d) D.es consistentes en tres tarjetas de circulaci�n, expedidas por el gobierno de este Estado a nombre de O.M.G.�a, visibles a fojas 39 a 42; as� como tambi�n ofreci� verbalmente en la audiencia incidental la declaraci�n testimonial de L.G.�a O. y E.C.H.�n, misma que no aparece constancia alguna de que la autoridad la hubiera admitido (fojas 52 y 53).-Por su parte, la autoridad responsable, al dictar la interlocutoria reclamada, consider� que con las constancias que obran en autos y que fueron aportadas por la actora tercerista, consistentes en las tarjetas de circulaci�n, as� como del pedimento de importaci�n, se desprende que el bien mueble embargado en diligencia de fecha veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cuatro, es decir, el veh�culo marca Chevrolet, Pick-Up, modelo 1989, con placas fronterizas del Estado de Chihuahua, n�mero ZTV8135, con n�mero de serie 1GCBS14E5K8216736, es propiedad de la C.O.M.G.�a, tal y como se desprende de la diligencia de embargo que obra a fojas 26 y 27 de autos del expediente principal. En esas condiciones, declar� procedente la tercer�a excluyente de dominio promovida por la C.O.M.G.�a y por lo mismo, orden� levantar el embargo trabado sobre dicho mueble.-Ahora bien, como se desprende de lo antes narrado, la Junta se�alada como autoridad responsable, tuvo por cierto que el veh�culo descrito por la tercerista en su promoci�n de tercer�a fue embargado el d�a veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y siete, sin tomar en cuenta que ninguna de las partes acompa�� la constancia de embargo respectiva, ni tampoco se ofreci� como prueba lo actuado en el expediente principal, lo cual era necesario que as� se hiciera para que la Junta v�lidamente pudiera apreciar la constancia de embargo y en su caso, tuviera por demostrada la procedencia de la acci�n de tercer�a, ya que no debe pasarse por alto que conforme a la fracci�n II del art�culo 937 de la Ley Federal del Trabajo, la tercer�a se tramitar� por cuerda separada y por lo mismo, cuando deba acreditarse alg�n extremo que obre en el juicio principal, debe cuando menos ofrecerse su compulsa.-Es cierto que conforme a las probanzas a las que hizo referencia la Junta en la resoluci�n impugnada, se tuvo por demostrado que el veh�culo de antecedentes es propiedad de la promovente O.M.G.�a, sin embargo, tambi�n es cierto que debi� acreditarse en los t�rminos de ley, que dicho veh�culo fue el que realmente se embarg� en el juicio laboral, esto es, debi� quedar plenamente establecida la identidad del citado mueble, sin que importe el hecho de que la tercer�a se haya tramitado en la v�a incidental y guarde relaci�n con el expediente en el que se tramit� el juicio principal, ya que, en dicho incidente se decide una controversia de sustantividad propia y surgida entre las partes a prop�sito de un inter�s distinto al que es materia del juicio principal, aunado a que como ya se dijo, en los t�rminos del art�culo 977, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, las tercer�as se tramitar�n por cuerda separada, por lo que si la promovente de dicha tercer�a, deb�a comprobar alg�n hecho en dicho procedimiento con actuaciones que obran en el juicio principal, era necesario que las exhibiera en el mismo, o bien, que solicitara su compulsa.-A lo anterior no se opone el hecho de que el expediente laboral aparezca agregado al cuadernillo incidental de tercer�a, puesto que no existe constancia alguna que acredite que ello fue solicitado por alguna de las partes, ni tampoco se observa acuerdo alguno por parte de la responsable, en el sentido de que as� se hubiera ordenado por parte de dicha autoridad del conocimiento; por el contrario, la propia Junta en la resoluci�n de tercer�a al hacer menci�n de las pruebas documentales con las que tuvo por demostrada la propiedad del veh�culo que describe la tercerista, al referirse a los datos de localizaci�n de tales probanzas, alude a que �stas se encuentran agregadas a fojas 5 a 8 y 14 y 15, esto es del expediente de tercer�a, apareciendo que con el agregado del expediente laboral, ya no coinciden tales n�meros de folio, sino otros mayores, lo que pone de relieve que despu�s de que se dict� la resoluci�n reclamada se agreg� el citado expediente laboral, lo cual no es correcto porque ninguna de las partes lo solicit� en su momento procesal.-Tampoco es �bice el hecho de que la tercerista O.M.G.�a haya ofrecido como prueba de su parte la instrumental p�blica de actuaciones y la presuncional legal y humana, toda vez que �sta se refiri� a lo actuado en el expediente de tercer�a y no precisamente en el juicio laboral, pues as� se desprende de la transcripci�n que se hace a continuaci�n del ofrecimiento que hizo al respecto: ?8. La instrumental p�blica de actuaciones, consistente en todo lo que se encuentra actuado en el presente expediente en todo lo que favorezca a mi poderdante.-9. La presuncional legal y humana en su doble aspecto, ya que del presente incidente y de las pruebas ofrecidas este tribunal podr� desprender que en el presente caso la propietaria del veh�culo marca Chevrolet modelo 1989, serie 1GCBS14E5K8216736, embargado en el expediente en que se act�a es de mi poderdante la Sra. O.M.G.�a? (fojas 37).-En tales condiciones, debe concluirse que en el caso a estudio la autoridad responsable, con la resoluci�n que se le impugna, s� conculc� las garant�as individuales del quejoso A.E.L.S. y por lo mismo, lo que procede es concederle la protecci�n constitucional que solicita, para el efecto de que dicha autoridad responsable deje insubsistente la resoluci�n reclamada y dicte otra en la que ci��ndose a lo aqu� expuesto, deje de tomar en cuenta la diligencia de embargo de veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, a la que hizo menci�n en la resoluci�n que se le impugna y resuelva con plenitud de jurisdicci�n lo que en el caso corresponda, resultando innecesario el examen del resto de los conceptos de violaci�n, dado que el que aqu� se analiz� guarda plena relaci�n con la procedencia de la acci�n intentada en el incidente del que deviene el acto reclamado.-Similar criterio al anterior lo sostuvo este mismo tribunal, al resolver el juicio de amparo directo n�mero 475/96, en sesi�n celebrada el d�a diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y seis.-Por lo expuesto y fundado, se

resuelve: �NICO.-Para los efectos que quedaron precisados en el �ltimo considerando de este fallo, la Justicia de la Uni�n ampara y protege a A.E.L.S., en contra de los actos y autoridad que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

A. directo 783/98:

TERCERO.-Devienen infundados los anteriores conceptos de violaci�n.-En efecto, es inexacto lo alegado por la parte quejosa por cuanto a que la Junta responsable debi� haber tomado en cuenta de oficio las constancias integrales del juicio principal sobre el que incide la tercer�a que promovi�; lo anterior se estima de esa manera, pues aun y cuando la tercer�a referida guarda relaci�n con el expediente laboral n�mero 1/94/0037, del �ndice de la Junta responsable, verdad es tambi�n que ello no permite de manera v�lida, el que dicha autoridad pueda tomar en cuenta las actuaciones y constancias del mismo para resolver sobre esa tercer�a, ya que las citadas tercer�as son verdaderos juicios en las que se decide una controversia de sustantividad propia y surgida entre las partes a prop�sito de un inter�s distinto al que es materia del juicio principal, adem�s que el precitado art�culo 977, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, ordena que las tercer�as se tramiten por cuerda separada, como as� se decret� en el acuerdo de admisi�n de la tercer�a en menci�n, dictado por la Junta responsable el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho (fojas 30); luego entonces, al conservar su autonom�a las tercer�as excluyentes de preferencia, la Junta responsable, para pronunciar el fallo reclamado no puede tomar en cuenta, de manera oficiosa, pruebas que obran en el juicio principal, como lo pretende la parte quejosa, pues si la misma deb�a comprobar determinadas situaciones en dicho procedimiento de tercer�a, con actuaciones que obran en el juicio principal, era necesario que las exhibiera en el mismo, o bien, que cuando menos solicitara su compulsa.-Similar criterio se sostuvo por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos directos laborales 583/97 y 533/98, en sesiones del veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y siete y doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho.-Tampoco le asiste raz�n a la parte quejosa respecto de lo que alega en el sentido de que si la Junta responsable reconoci� en la audiencia incidental la personalidad del apoderado del tercero ejecutante en base a un poder que obra en autos del juicio principal, entonces por equidad procesal, la responsable debi� haber tambi�n tomado en cuenta tales actuaciones del principal para resolver la tercer�a; se dice que no le asiste raz�n a la quejosa en ese aspecto, pues es inexacto que la Junta responsable haya emitido acuerdo expreso en la audiencia incidental de fecha dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, por el que reconociere la personalidad del ejecutante en el principal en los t�rminos invocados por la parte quejosa; es decir, de dicha audiencia no se desprende que la Junta haya reconocido la personalidad del apoderado del ejecutante con base en cartas poder que dice obran en el principal, ya que no se advierte acuerdo expreso en ese sentido (fojas 52), lo que tampoco se desprende de las diversas actuaciones verificadas en el procedimiento de tercer�a.-Menos le asiste raz�n a la parte quejosa cuando aduce que a la tercer�a se aportaron los certificados de grav�menes de los inmuebles embargados y rematados en el juicio principal, en los que se observa la existencia del gravamen laboral derivado del expediente 1/94/0037, as� como copia certificada de la diligencia de embargo verificada en dicho expediente, en la que se hace constar la cantidad l�quida y exigible que pretende ejecutar la parte trabajadora; que la responsable no valor� esas documentales exhibidas para demostrar la existencia del cr�dito laboral del cual se reclama la sujeci�n a la preferencia en el pago del cr�dito.-Se dice que tampoco le asiste raz�n a la parte quejosa respecto de lo antes expuesto, toda vez que es inexacto que al procedimiento de tercer�a se hubieren aportado los mencionados certificados de grav�menes de los inmuebles embargados, as� como copia certificada de la referida diligencia de embargo, pues del examen de las actuaciones integrales de dicho procedimiento no se advierte constancia alguna que ponga de manifiesto lo anterior; es decir, no obran en la tercer�a las mencionadas documentales, por loque entonces no puede alegarse v�lidamente que la responsable haya incurrido en omisi�n de valoraci�n de esas pruebas; y aunque es verdad que a fojas 28 obra copia de una diligencia de embargo, lo cierto es que la misma resulta ser mera copia simple y no certificada como lo aduce la parte quejosa, sin que se advierta que esta �ltima hubiere solicitado la compulsa de dicha copia.-Por cuanto a lo que se alega en el sentido de que contra la resoluci�n reclamada procede el amparo directo por tener el car�cter de un laudo, equiparable a una sentencia definitiva, ha de decirse que el mismo resulta inoperante ya que con el mismo no se combate de manera alguna la resoluci�n que constituye el acto que se reclama.-Consecuentemente, toda vez que a lo anterior se limitan los conceptos de violaci�n esgrimidos por la parte quejosa, lo que procede en el caso es negar a esta �ltima la protecci�n constitucional que solicita en contra del acto que reclama a la Junta responsable; negativa que se hace extensiva respecto de los actos reclamados al presidente de la misma al no reclamarse �stos por vicios propios.-Por lo antes expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve: �NICO.-La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a Bancrecer, S., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero Bancrecer, en contra de los actos que reclama de la Junta Especial N�mero Uno de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje, as� como del presidente de la misma, ambos con residencia en esta ciudad; actos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Las anteriores ejecutorias, originaron la tesis aislada XVII.1o.6 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena �poca, Tomo XI, febrero de 2000, p�gina 1127, que dice:

TERCER�AS. LAS JUNTAS NO PUEDEN TOMAR EN CUENTA DE MANERA OFICIOSA LAS ACTUACIONES DEL JUICIO PRINCIPAL PARA DICTAR EL FALLO RESPECTIVO, SI NO FUERON APORTADAS COMO PRUEBA.-Ha de precisarse en primer t�rmino, que las tercer�as son verdaderos juicios ya que en ellas se decide una controversia de sustantividad propia y surgida entre las partes a prop�sito de un inter�s distinto al que es materia del juicio principal; en segundo lugar, el art�culo 977, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, ordena que las tercer�as se tramiten por cuerda separada; luego, de lo antes expuesto es factible deducir que las tercer�as conservan autonom�a propia; por tanto, para pronunciar el fallo respectivo en las mismas, las Juntas no pueden tomar en cuenta, de manera oficiosa, pruebas que obran en el juicio principal; de ah� que si se pretenden comprobar determinadas situaciones en dicho procedimiento de tercer�a con actuaciones que obren en el juicio principal, es necesario que �stas se exhiban en la propia tercer�a, o bien, que cuando menos se solicite su compulsa.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver los amparos directos 142/96, 689/97, 584/97, 214/99 y 412/99, en lo que interesa sostuvo:

A. directo 142/96:

QUINTO.-Previamente al estudio del fondo del asunto, debe analizarse la procedencia del presente juicio de garant�as, por ser una cuesti�n de orden p�blico, de conformidad con lo dispuesto en el �ltimo p�rrafo del art�culo 73 de la Ley de A..-Ahora bien, en la demanda que dio origen a este juicio de garant�as, las quejosas se�alaron como autoridades responsables, adem�s de la Junta Especial N�mero Dos de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje de esta ciudad, a su presidente y actuario ejecutor, sin embargo respecto a estos dos �ltimos el amparo resulta improcedente, ya que conforme a lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n II, de la Constituci�n Federal y 158 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, s�lo pueden ser materia del amparo directo los actos comprendidos en dichas disposiciones legales, dentro de los cuales �nicamente se ubica el reclamado a la aludida Junta de Conciliaci�n y Arbitraje.-Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la tesis relacionada con la jurisprudencia n�mero 262, publicada en la p�gina 441 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, Octava Parte, tomo com�n al Pleno y a las S. que dice: ?SENTENCIA Y ADEM�S OTROS ACTOS EN AMPARO DIRECTO.-Conforme a lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n III de la Constituci�n Federal y 158 de la Ley de A., s�lo pueden ser materia del amparo directo los actos comprendidos en dichas disposiciones legales, por lo que si adem�s de tales actos, se reclaman en el amparo promovido ante la Suprema Corte de Justicia, en �nica instancia, otros no comprendidos en los mencionados preceptos, debe sobreseerse en el juicio de garant�as en lo que se refiere a estos �ltimos actos.?.-En las condiciones apuntadas, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, respecto de dichas autoridades, con fundamento en los art�culos 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con el 158, interpretado a contrario sensu y 74, fracci�n III, todos de la Ley de A..-SEXTO.-Son fundados y suplidos en su deficiencia los conceptos de violaci�n, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 76 bis, fracci�n IV, de la Ley de A..-En efecto, en el presente caso se advierte la existencia de una violaci�n procesal que afect� las defensas de la parte quejosa, contemplada en la fracci�n III del art�culo 159 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales y que trascendi� al resultado de la resoluci�n reclamada. As� es, las quejosas, actoras en la tercer�a excluyente de preferencia de la que deriv� el acto impugnado, para tratar de acreditar su acci�n ofrecieron en su escrito inicial, entre otras pruebas, la instrumental de actuaciones, concretamente la constancia de la diligencia de embargo efectuada el trece de julio de mil novecientos noventa y cinco, dentro del expediente 2/93/0027, relativo al juicio laboral en el que se promovi� dicha tercer�a, en donde, dijeron, constaba que se embargaron los mismos bienes muebles sobre los que previamente se hab�a trabado embargo a su favor en el expediente n�mero EC/95/0032 integrado con el convenio que celebraron con la empresa denominada Ingenier�a de Estructuras del Norte, S., ofrecimiento que fue ratificado en la audiencia incidental respectiva (fojas 3 y 16).-Por su parte, la autoridad responsable en la resoluci�n combatida consider�: ?... rechaz�ndose la instrumental de actuaciones respecto a la diligencia de embargo que menciona y que dice fue llevada a cabo por el actuario adscrito a esta Junta Especial N�mero Dos y que practic� a las doce horas del d�a 13 de julio de 1995, dentro del expediente 2/93/0027, donde consta que se embargaron tanto la gr�a, como el cami�n Chevrolet que se describe en su demanda de tercer�a y se refiere al expediente principal, de nuevo se hace notar que el presente expediente de tercer�a es en su naturaleza aut�nomo de cualquier otro, en este caso del principal y que por lo mismo, la instrumental de actuaciones �nicamente puede ofrecerse precisamente sobre las constancias que obran en autos del presente juicio en que se act�a y no respecto de otro expediente distinto y diferente ...?, concluyendo que ?... toda vez que de los autos que integran el presente juicio laboral de tercer�a, se desprende que �nicamente se encuentran en el mismo como parte integrante los documentos ya analizados, por lo que la parte tercerista no acredit� en ning�n momento que los bienes muebles motivo de la tercer�a hayan sido embargados por P.R.�a M. a Ingenier�a de Estructuras del Norte, S. de C.V., en un juicio laboral diverso y en el que no fueron parte los terceristas y por lo tanto un juicio distinto al EC/95/0032 que es donde dicha tercerista como actores manifiestan que embargaron los bienes motivo de la presente tercer�a de preferencia de pago, en consecuencia, no se acreditan los elementos esenciales de la tercer�a excluyente de preferencia consistentes en demostrar que los bienes motivo de la tercer�a fueron embargados en otro juicio laboral y que los terceristas embargaron los mismos bienes al demandado, con fecha anterior al embargo practicado por el demandado ejecutante P.R.�a M., en diverso juicio laboral ...?.-De lo anteriormente transcrito, se evidencia que existi� la violaci�n procesal se�alada, ya que las consideraciones en que emiti� la responsable para desechar la prueba en cuesti�n, se consideran incorrectas, pues si conforme lo dispuesto por el art�culo 977 de la Ley Federal del Trabajo, la tercer�a de preferencia de cr�dito es siempre una cuesti�n incidental del juicio que la motiva, es perfectamente l�cito y jur�dico resolverla con vista en los autos del juicio principal y concretamente en la diligencia de embargo; porque �ste adem�s de ser su causa eficiente, es una actuaci�n dentro del juicio, de una autoridad laboral y no un hecho extrajudicial y exclusivo de los litigantes, y como tal actuaci�n es en la que incide o trasciende la tercer�a, debe ser tomada en cuenta, incluso de oficio, m�s a�n cuando como en el caso fue expresamente ofrecida por la parte actora y otorg�rsele pleno valor probatorio por tratarse de documentos p�blicos.-Sirve de apoyo a lo anterior, aplicadas anal�gicamente y por mayor�a de raz�n las tesis publicadas en las p�ginas 135, Tercera Sala del Informe de labores rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al concluir el a�o de 1975, y en la p�gina 413, Tomo XI, mayo de 1993, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, respectivamente, que textualmente expresan: ?TERCER�AS EXCLUYENTES DE DOMINIO. SIENDO CUESTIONES INCIDENTALES DEL JUICIO QUE LAS MOTIVA, ES L�CITO RESOLVERLAS CON VISTA EN LOS AUTOS DEL JUICIO PRINCIPAL.-Si conforme a los art�culos 1098, 1362, 1367, 1368, 1370, 1373, 1375 y 1376 del C�digo de Comercio, la tercer�a excluyente de dominio es siempre una cuesti�n incidental del juicio que la motiva, es perfectamente l�cito y jur�dico resolverla con vista en los autos del juicio principal y concretamente en la diligencia de embargo, porque el embargo, adem�s de ser su causa eficiente, es una actuaci�n judicial y no un hecho extrajudicial y exclusivo de los litigantes; y como tal actuaci�n es en la que incide o trasciende la tercer�a, debe ser tomada en cuenta aun de oficio y hace prueba plena, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 1294, 1392, 1394, 1404, 1408, 1410 y 1411 del mismo ordenamiento.?. ?TERCER�A EXCLUYENTE DE DOMINIO. EL JUZGADOR DE PRIMERA INSTANCIA DEBE ESTUDIAR, AUN DE OFICIO, SI SE ENCUENTRA ACREDITADO PLENAMENTE EL DOMINIO DEL BIEN A FAVOR DEL TERCERISTA.-Las tercer�as excluyentes de dominio deben fundarse precisamente en el dominio que sobre el bien en cuesti�n alega el tercero, luego ese dominio interesa a la procedencia de la acci�n; por tanto, es necesario que el J. de primera instancia examine, aun de oficio, si se encuentra o no plenamente demostrado, en virtud de que es principio procesal que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acci�n para que prosperen sus pretensiones, de no ser as�, el demandado deber� ser absuelto haya o no opuesto y probado excepciones.?.-Por las consideraciones que preceden, se impone conceder a las impetrantes del amparo la protecci�n federal que solicitaron, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente la resoluci�n reclamada en esta v�a constitucional y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria reponga el procedimiento de la tercer�a de preferencia de cr�dito de que se trata y dicte nueva resoluci�n conforme a derecho proceda, teniendo a la vista los autos del juicio principal.-Por lo antes expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO.-En los t�rminos del considerando quinto de esta sentencia, se sobresee en el presente juicio de garant�as.-SEGUNDO.-Para el efecto precisado en el �ltimo considerando de esta resoluci�n la Justicia de la Uni�n ampara y protege a Mar�a L.L.B. y S.M.M.M., en contra del acto que reclamaron de la Junta Especial N�mero Dos de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, acto que qued� precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

A. directo laboral 214/99:

QUINTO.-Resultan fundados los conceptos de violaci�n formulados por la parte quejosa.-En efecto, le asiste la raz�n a los peticionarios de la protecci�n federal, en cuanto a que la Junta responsable indebidamente consider� que las facturas que como prueba de su parte ofrecieron en la tercer�a excluyente de dominio que promovieron, se hab�an exhibido en copia al carb�n.-Se dice que lo anterior es as�, en virtud de que de las constancias que obran glosadas de fojas cinco a catorce del expediente relativo a la tercer�a excluyente de dominio de la que deriv� el acto reclamado, se advierte que si bien es cierto que fueron dos de esas documentales las que constan en copia al carb�n, concretamente las que obran agregadas a fojas nueve y doce de dicho juicio, relativas al pedido n�mero 1166 de Muebles Exclusivos, en la que R.E.J.L., ahora quejoso, aparece como comprador de tres sillas secretariales y de tres sillas tubulares y al diverso pedido sin n�mero de D.A.. a nombre de J., Sociedad An�nima de Capital Variable, tambi�n peticionaria de garant�as, por un juego de sala de vinil negro de tres piezas y una l�mpara de piso; tambi�n es verdad que las restantes documentales, esto es, las que se hallan agregadas de fojas cinco a ocho, diez, once y trece a quince del juicio de referencia, se presentaron originales, de ah� que en este aspecto resulte incorrecta la determinaci�n de la Junta responsable.-Igualmente incorrecta resulta la aserci�n de la Junta responsable de negarle valor probatorio a las facturas a que se hizo alusi�n con anterioridad, habida cuenta que fueron exhibidas en sus originales, seg�n ya se precis�, y aun cuando provengan de terceros y de que carezcan de las firmas de sus suscriptores, las mismas hacen prueba en favor de los ahora solicitantes de la protecci�n federal y en contra de las partes en el juicio natural, puesto que �stas no las objetaron, seg�n lo precisa la propia Junta responsable, debiendo tenerse, en este supuesto, como t�citamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, en consecuencia, constituyen documentos suficientes para acreditar la propiedad en favor de los ahora solicitantes de la protecci�n federal, de los bienes muebles embargados, ya que las facturas que obran glosadas de fojas cinco a ocho y de once a catorce, fueron expedidas a favor de J., Sociedad An�nima de Capital Variable, ahora quejosa, y la que consta a fojas diez, se expidi� a nombre del aqu� amparista Ra�l J.L., e identifican los bienes muebles de forma tal que permiten establecer su identidad con los embargados, seg�n puede corroborarse con las propias facturas y con el acta de embargo respectiva que consta glosada a fojas treinta y siete del expediente relativo al juicio laboral en que se promovi� la tercer�a excluyente de dominio de la que deriv� el acto reclamado en la presente v�a constitucional.-En tal virtud, las facturas que re�nan los requisitos a que se ha hecho referencia, bastan para estimar plenamente demostrada la propiedad de los bienes embargados, sin que se requiera de ning�n otro elemento probatorio, como inexactamente lo consider� la Junta responsable, para probar, por un lado, la vigencia del derecho de propiedad y la identidad de los bienes, pues estos elementos est�n ya acreditados con las facturas de referencia y, por el otro, la posesi�n de dichos bienes, ya que su embargo afecta el derecho de propiedad sobre los mismos aunque se carezca de su tenencia material, aunado a que la omisi�n en la objeci�n oportuna de esos documentos revela la admisi�n de los hechos y la falta de controversia en cuanto a su contenido, lo que lleva a tenerlo por admitido f�ctamente.-Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia publicada en la p�gina 97, T.I., marzo de 1992, Pleno, S. y Tribunales Colegiados de Circuito, Octava �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo tenor literal es el siguiente: ?FACTURAS NO OBJETADAS. VALOR PROBATORIO DE LAS.-Al tenor del art�culo 203 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria por disposici�n expresa del numeral 2o. de la Ley de A., una factura no objetada tiene valor probatorio pleno, porque de acuerdo con el principio que inspira a aquel precepto legal, la falta de impugnaci�n revela la admisi�n no s�lo del documento sino tambi�n de los hechos en �l mencionados y, por tanto, no hay controversia en cuanto a su autenticidad y contenido, situaci�n que el J. de Distrito no puede desconocer de oficio al hacer la valoraci�n de las pruebas; por tanto, debe tener por aceptado el contenido del documento y, con esa base, considerar propietario del bien a que se refiere la factura, a quien aparece en ella como tal.?.-De igual modo, se considera aplicable la tesis de jurisprudencia n�mero 14/94, aprobada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis n�mero 37/93, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la p�gina 292, T.X., junio de 1994, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que se transcribe a continuaci�n: ?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRA�O AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AH� PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES.-El art�culo 203 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la sustanciaci�n y decisi�n de los juicios de garant�as por disposici�n expresa del art�culo 2o. de la Ley de A., establece que el documento proveniente de un tercero s�lo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con �l y contra su colitigante, cuando �ste no lo objeta, y que en caso contrario la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas. En consecuencia, siendo las facturas documentos privados, aun cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y en contra del tercero perjudicado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como t�citamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados si est�n expedidas a nombre del agraviado e identifican dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. La propiedad as� acreditada basta para estimar demostrado el inter�s jur�dico en el amparo promovido por el tercero extra�o al juicio natural contra el embargo ah� practicado sobre bienes muebles que alega son de su propiedad y posesi�n, sin que se requiera de ning�n otro elemento probatorio, concretamente de la testimonial, para probar, por un lado, la vigencia del derecho de propiedad y la identidad de los bienes pues estos elementos est�n ya acreditados con las facturas de referencia, y por el otro, la posesi�n de dichos bienes pues su embargo afecta el derecho de propiedad sobre los mismos.?.-No es �bice para sostener lo anterior, el que la Junta responsable destacara que las facturas de m�rito carecen de la firma de quienes las expidieron, habida cuenta que ninguna disposici�n prescribe como necesario que deban cumplir con tal requisito.-Es aplicable, en lo conducente, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, mismo que es compartido por este �rgano colegiado, en la ejecutoria visible en la p�gina 753, Tomo X, agosto de 1999, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?FACTURAS. ES INSUFICIENTE PARA MOTIVAR SU INVALIDEZ LA OBJECI�NQUE SE HACE DEPENDER DE REQUISITOS O CONDICIONES QUE NINGUNA DISPOSICI�N PRESCRIBE COMO NECESARIAS, TAL COMO LA FIRMA DE QUIEN LAS EXPIDE.-La objeci�n que se formule a determinados documentos debe fundarse en causas que puedan motivar la invalidez del documento y que dichas causas se acrediten con pruebas id�neas para que, de ese modo, resulte ineficaz para los fines perseguidos y no nada m�s se�alar dogm�ticamente que se objeta determinado documento, m�xime cuando la objeci�n se basa en condiciones o requisitos que ninguna disposici�n legal prescribe como necesarias, como en el caso de la firma, pues la objeci�n formulada en esos t�rminos resulta insuficiente e inatendible per se. En efecto, las objeciones a documentos allegados al juicio deben ser lo suficientemente s�lidas y precisas como para dar pauta al oferente de la prueba a que provea su perfeccionamiento, lo cual es imposible cuando la objeci�n es vaga o imprecisa, o bien, se hace depender de requisitos o condiciones no regulados, como en el caso ser�a la falta de firma en una factura, lo cual permite equipararlos a condiciones imaginarias que no pueden ser obst�culos para dificultar el tr�fico mercantil ni poner en duda la buena fe de las actividades mercantiles en abstracto.?.-Por �ltimo, tambi�n resulta incorrecta la determinaci�n de la Junta responsable emitida en el sentido de que era de declararse improcedente la tercer�a de la que deriv� el presente juicio constitucional, porque no se desprend�a la existencia del embargo como uno de los elementos fundamentales de la acci�n que se ejercit�, ya que no obraba copia certificada de la diligencia correspondiente, por lo que se estaba en la imposibilidad de conocer si los bienes embargados en el expediente 2/97/0223 coincid�an o eran los mismos sobre los cuales se tramit� dicha tercer�a; pues si bien es cierto que el embargo es uno de los elementos de la tercer�a, tambi�n es verdad que es l�cito resolverlas con vista en los autos del juicio principal y concretamente en la diligencia de embargo, porque �ste adem�s de ser su causa eficiente, es una actuaci�n dentro del juicio, de una autoridad laboral y no un hecho extrajudicial y exclusivo de los litigantes, y como tal actuaci�n es en la que incide o trasciende la tercer�a, debe ser tomada en cuenta, incluso de oficio, m�s a�n si se toma en consideraci�n que quien la promueve no es parte en ese juicio y que por lo tanto, resulta ajeno al mismo, con la consecuencia de que no tiene acceso a las constancias que obran en �l.-Al caso resulta aplicable de manera anal�gica, la tesis aprobada por este �rgano colegiado, localizable en la p�gina 758, Tomo IV, septiembre de 1996, Pleno, S. y Tribunales Colegiados de Circuito, Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?TERCER�AS EXCLUYENTES DE PREFERENCIA, SIENDO CUESTIONES INCIDENTALES DEL JUICIO QUE LAS MOTIVAN, ES L�CITO RESOLVERLAS CON VISTA EN LOS AUTOS DEL JUICIO PRINCIPAL (LEGISLACI�N LABORAL).-Si conforme a lo dispuesto por el art�culo 977 de la Ley Federal del Trabajo, la tercer�a de preferencia de cr�dito, es siempre una cuesti�n incidental del juicio que la motiva, es perfectamente l�cito y jur�dico resolverla con vista en los autos del juicio principal y concretamente en la diligencia de embargo, porque �ste adem�s de ser su causa eficiente, es una actuaci�n dentro del juicio, de una autoridad laboral y no un hecho extrajudicial y exclusivo de los litigantes y como tal actuaci�n es en la que incide o trasciende la tercer�a, debe ser tomada en cuenta, incluso de oficio, m�s a�n cuando, como en el caso, fue expresamente ofrecida por la parte actora.?.-En m�rito de lo expuesto, cabe concluir que la resoluci�n reclamada en la presente v�a constitucional resulta violatoria de garant�as en perjuicio de los quejosos, en tal virtud, lo que procede es concederles el amparo y protecci�n que de la Justicia Federal solicitaron para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente dicha resoluci�n y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria dicte un nuevo fallo conforme a derecho proceda, teniendo a la vista los autos del juicio principal.-Por lo expuesto y fundado, con apoyo adem�s en los art�culos 76, 77, 78, 80, 184, fracciones I y II, 188, 190 y 192 de la Ley de A., se

resuelve: �NICO.-Para los efectos precisados en la �ltima parte del considerando quinto de la presente resoluci�n, la Justicia de la Uni�n ampara y protege a Ra�l J.L. y a J., Sociedad An�nima de Capital Variable, en contra del acto que reclamaron de la Junta Especial N�mero Dos de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, acto que ha quedado debidamente precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

A. directo laboral 412/99:

QUINTO.-Los conceptos de violaci�n esgrimidos por la parte quejosa, resultan fundados pero inoperantes en parte, infundados en otra m�s e inatendibles en un �ltimo aspecto, aun suplidos en su deficiencia en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 76 bis, fracci�n IV, de la Ley de A..-Lo argumentado por el impetrante de la protecci�n federal en el sentido de que la audiencia incidental celebrada el dos de octubre de mil novecientos noventa y ocho, carece de las firmas de los representantes obrero y patronal; es fundado pero inoperante.-Fundado, en virtud de que de la lectura de la constancia relativa a la audiencia de referencia, misma que obra glosada de fojas ciento dos a ciento cinco de los autos de la tercer�a excluyente de dominio promovida por la ahora tercera perjudicada, se advierte que los citados representantes -obrero y patronal-, omitieron firmar dicha diligencia y el secretario de la Junta responsable no asent� causa alguna que justifique esa omisi�n. Sin embargo, ese mismo argumento aunque fundado, resulta ineficaz para resolver favorablemente a los intereses del quejoso y, por tanto, en aras de la econom�a procesal, debe desde este momento, negarse el amparo solicitado, en lugar de concederse para el efecto de que se subsane la apuntada omisi�n, pues si bien es cierto el art�culo 839 de la Ley Federal del Trabajo que el quejoso considera violado en su perjuicio por la apuntada omisi�n, dispone que las resoluciones de las Juntas deber�n ser firmadas por los integrantes de ellas y por el secretario el mismo d�a en que las voten; tambi�n es verdad que el art�culo 721 de ese mismo ordenamiento legal, entre otras cuestiones, establece que todas las actuaciones ser�n autorizadas por el secretario y que lo actuado en las audiencias se har� constar en actas, que deber�n ser firmadas por las personas que en ella intervinieron, quieran y sepan hacerlo, as� como que cuando alg�n integrante de la Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente, se entender� que est� conforme con ellas, por lo tanto, resulta improcedente la pretensi�n del solicitante de garant�as, en el sentido de que por lo anterior, se ordene la reposici�n del procedimiento de origen, ya que tal proceder a nada pr�ctico conducir�a, pues ello prolongar�a, innecesariamente, el procedimiento del que deriv� la resoluci�n que constituye el acto reclamado, lo que redundar�a en perjuicio del propio peticionario de la tutela constitucional, por lo que reparada la apuntada omisi�n, la Junta responsable y, en su caso, este cuerpo colegiado, por la v�a de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendr�a que resolver en el mismo sentido en que se pronuncia, esto es, desfavorablemente a los intereses del quejoso, de ah� que no hay para qu� esperar dicha nueva ocasi�n para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado.-En apoyo a lo anterior, se cita la tesis visible con el n�mero 170 en las p�ginas 114 y 115, T.V., Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N FUNDADOS, PERO INOPERANTES.-Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violaci�n se llega a la conclusi�n de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisi�n esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuesti�n omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la econom�a procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violaci�n, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada pr�ctico conducir�a, puesto que reparada aqu�lla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la v�a de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendr�a que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ah� que no hay para qu� esperar dicha nueva ocasi�n para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado.?.-En otra parte de los conceptos de violaci�n, el impetrante de la protecci�n federal, alega que no puede considerarse que la parte actora, aqu� tercera perjudicada, haya acreditado la existencia del embargo del inmueble del que se ostent� como propietaria, como uno de los elementos fundamentales de la acci�n de tercer�a que ejercit�, porque la Junta responsable, en la resoluci�n reclamada, rechaz� las documentales que la citada tercerista ofreci� como prueba, relativas a la copia certificada de la diligencia de embargo practicada el seis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en los autos del juicio laboral n�mero 3/95/0482 promovido, entre otros, por el ahora impetrante de garant�as, as� como el certificado de existencia de grav�menes expedido por el encargado del Registro P�blico de la Propiedad del Distrito Judicial de Morelos, porque dichas documentales no se exhibieron en la etapa procesal correspondiente, esto es, en la audiencia incidental celebrada el dos de octubre de mil novecientos noventa y ocho.-El anteriormente sintetizado concepto de violaci�n deviene infundado.-En efecto, es cierto que el embargo es uno de los elementos de la tercer�a, pero tambi�n es verdad que es l�cito resolverlas con vista en los autos del juicio principal y concretamente en la diligencia de embargo, porque �ste adem�s de ser su causa eficiente, es una actuaci�n dentro del juicio, de una autoridad laboral y no un hecho extrajudicial y exclusivo de los litigantes, y como tal actuaci�n es en la que incide o trasciende la tercer�a, debe ser tomado en cuenta, incluso de oficio, m�s a�n si se toma en consideraci�n que quien la promueve no es parte en ese juicio y que por lo tanto, resulta ajeno al mismo, con la consecuencia de que no tiene acceso a las constancias que obran en �l, aunado a que en los autos del juicio de origen obra copia certificada de la referida diligencia de embargo, que fue exhibida como prueba por el propio quejoso, por lo tanto, resulta correcto que la Junta responsable haya considerado probado el precisado elemento.-Al caso resulta aplicable, por analog�a, la tesis aprobada por este �rgano colegiado, publicada en la p�gina 758, Tomo IV, correspondiente al mes de septiembre de 1996, Pleno, S. y Tribunales Colegiados de Circuito, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?TERCER�AS EXCLUYENTES DE PREFERENCIA, SIENDO CUESTIONES INCIDENTALES DEL JUICIO QUE LAS MOTIVAN, ES L�CITO RESOLVERLAS CON VISTA EN LOS AUTOS DEL JUICIO PRINCIPAL (LEGISLACI�N LABORAL).-Si conforme a lo dispuesto por el art�culo 977 de la Ley Federal del Trabajo, la tercer�a de preferencia de cr�dito, es siempre una cuesti�n incidental del juicio que la motiva, es perfectamente l�cito y jur�dico resolverla con vista en los autos del juicio principal y concretamente en la diligencia de embargo, porque �ste adem�s de ser su causa eficiente, es una actuaci�n dentro del juicio, de una autoridad laboral y no un hecho extrajudicial y exclusivo de los litigantes y como tal actuaci�n es en la que incide o trasciende la tercer�a, debe ser tomada en cuenta, incluso de oficio, m�s a�n cuando, como en el caso, fue expresamente ofrecida por la parte actora.?.-Por otro lado, tambi�n resulta infundado lo aducido por el peticionario de garant�as en el sentido de que: ?... no se acredita que los bienes inmuebles de los cuales se demanda la tercer�a excluyente de dominio estuviesen gravados y embargados en el juicio de donde deriva la tercer�a excluyente de dominio que es otro requisito indispensable y ante esa situaci�n la resoluci�n que pronunci� la autoridad responsable es violatoria en mi perjuicio del art�culo 976 de la Ley Federal del Trabajo en relaci�n con los art�culos 950, 951, 968 de la Ley Federal del Trabajo en relaci�n con los art�culos 837 y 840 del mismo ordenamiento, porque el procedimiento de ejecuci�n se cumpli� fielmente con los preceptos respectivos y la resoluci�n que se combate mediante la presente demanda de garant�as es violatoria de los art�culos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo porque no est� apreciando en forma debida las probanzas ni es clara ni precisa con las pretensiones deducidas oportunamente en el juicio y en ese orden al hacer el estudio de la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana no es acorde con los art�culos en cita, ni tampoco son aplicables las tesis en que se apoya por consiguiente la resoluci�n que pronunci� con fecha 12 de febrero de 1999 en el expediente 3/95/0482 viola en mi perjuicio los art�culos antes citados ...?.-As� es, la parte actora tercerista en el juicio de origen, aqu� tercera perjudicada, para acreditar su inter�s jur�dico y el hecho posesorio en que fund� su derecho, aport�, entre otras documentales, fotocopia certificada por el notario p�blico n�mero dos, en ejercicio para el Distrito Judicial de Morelos, Estado de Chihuahua, el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, que contiene el convenio celebrado el seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro -ante ese mismo notario-, entre O.A.C.M.�nez y L.�a E.S.N., ahora terceros perjudicados, con el objeto de disolver y liquidar la sociedad conyugal que ten�an constituida para establecer el r�gimen de separaci�n de bienes, celebrando asimismo capitulaciones matrimoniales, en cuyas cl�usulas qued� determinado que tanto la finca marcada con el n�mero 3005 de la Calle Novena de esta ciudad, con superficie total de 243 metros cuadrados, registrada con el n�mero 1095 a folios 163 del libro 1284 de la secci�n primera del Registro P�blico de la Propiedad de esta ciudad, como la finca marcada con los n�meros 2229 y 2231 de la Calle S�ptima en esta poblaci�n -embargadas en el juicio laboral promovido, entre otros, por el ahora impetrante de garant�as, en contra del primero de los citados terceros perjudicados-, quedar�an, entre otras, de la exclusiva propiedad de L.�a E.S.N.��ez de Caldera (fojas 79 a 96 del expediente de tercer�a).-En la especie, la Junta responsable concedi� valor pleno al convenio exhibido por la parte actora, porque estim� que se trataba de un documento de fecha cierta, aun cuando no est� inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad, en virtud de que el derecho personal ejercitado por el ahora quejoso con motivo del referido embargo, no pod�a prevalecer sobre el derecho real adquirido por aqu�lla, con motivo de la donaci�n que existe a su favor respecto de los inmuebles materia de dicho embargo, invocando como apoyo a tal determinaci�n las tesis de jurisprudencia publicadas bajo los rubros: ?EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR. INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 2199 DEL C�DIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.? y ?EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACI�N DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL).?.-Es correcta la determinaci�n de la Junta responsable, toda vez que el convenio de m�rito re�ne los requisitos a que se refieren dichas tesis jurisprudenciales, al ser de fecha cierta la aludida probanza exhibida por la ahora tercera perjudicada, a fin de acreditar que adquiri� antes del secuestro el inmueble cuestionado, consistente en el aludido convenio traslativo de dominio, es obvio que resulta eficaz para justificar la ilegalidad del embargo reclamado, toda vez que el acto que contiene esa documental surte efectos frente a terceros.-Adem�s, como acertadamente lo destac� la Junta responsable, tampoco era necesario que el mencionado convenio se encontrara inscrito ante el Registro P�blico de la Propiedad, ya que el embargo s�lo es leg�timo cuando recae en bienes del deudor, pero no lo es, cuando se efect�a sobre bienes que han salido de su patrimonio, aunque no se encuentre inscrito a�n a favor de la nueva due�a, aqu� tercera perjudicada, atendiendo a que todo mandamiento de ejecuci�n descansa sobre el supuesto de que debe practicarse en bienes del deudor y no ajenos, y si adem�s se atiende a que la inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad s�lo produce efectos declarativos y no constitutivos de derechos, ello conduce a determinar que la falta de inscripci�n registral de los bienes inmuebles que han salido del patrimonio del deudor, �nicamente produce como sanci�n que no pueda ser oponible frente a terceros con derechos reales, ya que la preferencia en materia registral se refiere a actos o derechos de la misma naturaleza.-En ese orden de ideas, al no constituir, el embargo, para el acreedor quirografario un derecho real, pues se trata de un derecho personal que �nicamente puede enderezarse contra la persona pero no al grado de perseguir los bienes con los cuales �sta no garantiz� el adeudo y que ya salieron de su patrimonio, ello da como resultado que el embargo trabado en un inmueble que no es del dominio del deudor sea ilegal, por m�s que el acto traslativo de dominio no est� inscrito a favor del nuevo due�o, porque este requisito no es obligatorio para la validez del convenio celebrado entre los ahora terceros perjudicados, que por ser un contrato consensual se perfeccion� con el puro consentimiento de �stos, el cual s� se considera indispensable en todo conflicto de derechos reales, pero de dicha omisi�n no pueden valerse los acreedores quirografarios, aqu� terceros perjudicados, por no otorgarles el embargo un derecho real sobre la cosa embargada; luego, debe estimarse destruida la presunci�n legal que otorgue el registro respecto de la situaci�n jur�dica que guarda determinado inmueble, si se acredita en forma indubitable -como ocurri� en la especie-, que �ste sali� del dominio del deudor con anterioridad al embargo, quedando en consecuencia sin efecto el mismo.-En tal virtud, si el embargo no tiene car�cter real y s�lo da al embargante un derecho personal derivado de un cr�dito quirografario, no le puede beneficiar la falta de registro del acto jur�dico mediante el cual se adquiri� el inmueble, en todo caso, debe establecerse que si el acreedor desea asegurar el pago del cr�dito con alguna propiedad del deudor, debe anotarlo como gravamen de �sta en el Registro P�blico de la Propiedad, para que as� los futuros adquirentes conozcan la situaci�n jur�dica del inmueble y les pueda ser oponible tal embargo, pero no a quien adquiri� cuando el inmueble se encontraba libre de todo gravamen.-Funda lo anterior, la tesis de jurisprudencia publicada en la p�gina 21, G.N.�mero 80, correspondiente al mes de agosto de 1994, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo rubro y contenido son: ?EMBARGO. NO ES LEG�TIMO, CUANDO RECAE SOBRE BIENES QUE HAN SALIDO DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, AUNQUE NO EST�N INSCRITOS TODAV�A A FAVOR DEL NUEVO DUE�O.-El embargo es leg�timo, cuando recae en bienes del deudor; pero es ileg�timo, cuando recae en bienes que hansalido de su patrimonio, por m�s que no est�n inscritos a�n a favor del nuevo due�o, porque si esta exigencia fuera necesaria, equivaldr�a a imponer dicha inscripci�n, como un requisito indispensable para la validez de la compraventa, que por ser un contrato consensual se perfecciona por el puro consentimiento. Adem�s, s�lo los titulares de los derechos reales pueden perseguir la cosa, reclam�ndosela a cualquiera que la tenga en su poder; pero los acreedores quirografarios, que no tienen m�s que un derecho personal contra el deudor, no pueden perseguir la cosa en manos de quien la tenga y, por tanto, el embargo s�lo puede ser eficaz cuando recae sobre bienes que pertenezcan al demandado en el momento de efectuarse el secuestro, sin que sea jur�dico afirmar, que por no haberse inscrito oportunamente una escritura de compraventa, celebrada entre el deudor y un tercero, el acreedor del vendedor tenga derecho a secuestrar, para garantizar el cobro de una obligaci�n personal, un bien que ha salido del patrimonio de su deudor; pues el comprador aunque no haya inscrito su t�tulo, es propietario de los bienes embargados.?.-Por �ltimo, se dice que los conceptos de violaci�n hechos valer por el solicitante de la tutela constitucional, resultan infundados, habida cuenta que no le asiste la raz�n, cuando aduce que la resoluci�n que constituye el acto reclamado carece de los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n, en virtud de que del estudio integral de la misma, se evidencia que la Junta responsable invoc� los preceptos legales que estim� resultaban aplicables al caso sometido a su jurisdicci�n y expres� las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tom� en cuenta para considerar que el convenio exhibido como documento base de la acci�n ejercitada por la ahora tercera perjudicada L.�a E.S.N.��ez de Caldera, era apto y suficiente para acreditar los derechos de propiedad y posesi�n que ostent� respecto del bien inmueble embargado en el juicio laboral promovido por los aqu� quejosos y, por ende, declar� procedente tal acci�n, debiendo precisarse que, por las consideraciones que han quedado anotadas en l�neas precedentes, existe adecuaci�n entre los motivos aducidos y las normas invocadas por la expresada autoridad responsable, por lo que la resoluci�n de m�rito cumple con los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n que todo acto de autoridad debe contener.-Por otra parte, se afirma que los conceptos de violaci�n tambi�n resultan inatendibles, en virtud de que los argumentos contenidos en los mismos, no fueron puestos a consideraci�n de la Junta responsable, por lo tanto, dicha autoridad responsable no pudo pronunciarse al respecto y en consecuencia, este cuerpo colegiado se encuentra legalmente impedido para hacerlo.-En efecto, resultan ser ajenas a la litis las alegaciones que a continuaci�n se transcriben: ?... en cuanto a la documental p�blica consistente en un escrito de fecha 3 de julio de 1998 donde se certifica que el notario p�blico No. 2 L.. J.R.M.H. con fecha 6 de noviembre de 1994, la promovente tercerista Sra. L.�a E.S.N.��ez de Caldera y el Ing. O.A.C.M.�nez celebraron capitulaciones matrimoniales y cambiaron de r�gimen matrimonial de sociedad conyugal, dicha documental carece de valor y de trascendencia jur�dica porque de acuerdo con las diversas tesis los documentos que provienen de terceras personas deben ser reconocidos por quien los expide por la raz�n de que la fe de un notario p�blico no llega al grado de invadir la esfera de las atribuciones reservadas a la autoridad laboral como es la recepci�n de cualquier declaraci�n o documento porque los documentos que provienen de terceras personas como en el presente asunto del notario p�blico No. 2 antes citado debe comparecer a ratificar dicha documental para su validez, de lo contrario se debe equiparar a una prueba testimonial rendida sin los requisitos de la ley y como consecuencia carecen de valor probatorio sirve de apoyo la tesis con el rubro: �DOCUMENTOS NOTARIALES VALOR DE LOS.�, S�ptima �poca, Quinta Parte, Vol�menes 139-144, p�g. 23; �DOCUMENTOS PRIVADOS, PROVENIENTES DE TERCERO.�, volumen XII, p�g. 169 y �DOCUMENTOS PRIVADOS VALOR PROBATORIO DE LOS.�, S�ptima �poca, Quinta Parte, Volumen 70, p�g. 17; como se puede observar de las tesis que se transcriben y como se ha asentado anteriormente la resoluci�n interlocutoria donde se resuelve la tercer�a excluyente de dominio y en especial del segundo considerando de la resoluci�n que se impugna y primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, s�ptimo, octavo, noveno, d�cimo y d�cimo primero de las pruebas ofrecidas por la actor tercerista son violatorias en mi perjuicio de los preceptos que se citan y de las tesis sustentadas por nuestro M�ximo Tribunal porque con dichas probanzas la actora tercerista no acredit� los elementos de la tercer�a excluyente de dominio, consistentes en que sea propietaria de los bienes inmuebles que fueron embargados porque tales extremos los pretende acreditar con una documental p�blica de la cual no ofreci� la ratificaci�n y que se est� haciendo menci�n a un hecho que seg�n se dice aconteci� el 6 de noviembre de 1995 lo cual es inoperante porque es una facultad de la autoridad laboral la recepci�n de dicha probanza de acuerdo con lo antes manifestado.?.-En las relacionadas circunstancias, cabe concluir que el fallo reclamado de la Junta Especial N�mero Tres de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje, residente en esta ciudad, no es violatoria de garant�as y, por ende, se debe negar a la parte quejosa el amparo y protecci�n que de la Justicia Federal solicit�.-Por lo expuesto y fundado, as� como con apoyo en los art�culos 76, 77, 78, 158, 184, fracciones I y II, 188, 190 y 192 de la Ley de A., se

resuelve: �NICO.-La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a J.D.P.C., en contra del acto reclamado de la Junta Especial N�mero Tres de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje, residente en esta ciudad, acto que qued� debidamente precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

A. directo laboral 584/97:

QUINTO.-Es fundado pero inoperante uno de los conceptos de violaci�n formulados por la quejosa y los restantes infundados.-Rosa I.O.C.�vez de P. reclam� de la Junta Especial N�mero Uno de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje, residente en esta capital, la resoluci�n dictada el catorce de mayo de mil novecientos noventa y siete, en los autos de la tercer�a excluyente de dominio, relativa al juicio laboral n�mero 1/95/1055, mediante la cual la declar� improcedente, argumentando que lo resuelto por la autoridad responsable es inconstitucional por las circunstancias que precisa en su demanda de garant�as.-El concepto de violaci�n consistente en que es incorrecto lo resuelto por la autoridad responsable, porque al momento de resolver la tercer�a excluyente de dominio estaba obligada a analizar las constancias del expediente principal y no lo hizo, con su actuar le neg� el derecho sobre el cincuenta por ciento que le corresponde sobre el veh�culo embargado, es fundado pero inoperante, habida cuenta que la autoridad estaba obligada a tener a la vista el expediente principal, porque ello es l�cito y jur�dico en raz�n de que el embargo, adem�s de ser su causa eficiente es una actuaci�n judicial y no un hecho extrajudicial y exclusivo de los litigantes, y como tal actuaci�n es en la que incide o trasciende la tercer�a, debi� ser tomada en cuenta aun de oficio, sin embargo como la propia quejosa en su escrito mediante el cual interpuso la tercer�a de referencia, acept� que la factura del veh�culo marca Nissan, tipo Pick-Up, modelo 1994, n�mero de serie 4MSGD21009336, n�mero de motor KA24047000M, color blanco, estaba en poder del Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Cr�dito, Instituci�n de Banca de Desarrollo, porque ese mueble lo dieron en garant�a al celebrar con esa instituci�n un contrato de apertura de cr�dito simple con garant�a hipotecaria, es evidente que la misma tampoco est� en el expediente principal, por lo que de concederle el amparo, el resultado de lo que resuelva la Junta, teniendo a la vista el expediente principal, el fallo ser�a igual por no obrar en el mismo la factura, la que debi� ser ofrecida en la audiencia de pruebas y alegatos a que alude la fracci�n III del art�culo 977 de la Ley Federal del Trabajo, la cual establece que el procedimiento de las tercer�as en cuanto al ofrecimiento, admisi�n y desahogo de las pruebas deber� ser conforme a lo dispuesto por los cap�tulos XII, XVII y XVIII, del t�tulo catorce, de la ley de referencia, mismos que se refieren a las reglas generales de las pruebas, del procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje y a los procedimientos especiales, respectivamente, por lo que si no aport� medios de prueba diferentes a las actuaciones que acreditaran que ella tambi�n es propietaria del automotor, fue correcto que fuera considerada infundada la acci�n de la tercer�a planteada.-Es aplicable, por analog�a, la tesis visible a foja 758 del Tomo IV, septiembre de 1996 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Pleno, S. y Tribunales Colegiados de Circuito, Novena �poca, que a la letra dice: ?TERCER�AS EXCLUYENTES DE PREFERENCIA, SIENDO CUESTIONES INCIDENTALES DEL JUICIO QUE LAS MOTIVAN, ES L�CITO RESOLVERLAS CON VISTA EN LOS AUTOS DEL JUICIO PRINCIPAL (LEGISLACI�N LABORAL).-Si conforme a lo dispuesto por el art�culo 977 de la Ley Federal del Trabajo, la tercer�a de preferencia de cr�dito, es siempre una cuesti�n incidental del juicio que la motiva, es perfectamente l�cito y jur�dico resolverla con vista en los autos del juicio principal y concretamente en la diligencia de embargo, porque �ste adem�s de ser su causa eficiente, es una actuaci�n dentro del juicio, de una autoridad laboral y no un hecho extrajudicial y exclusivo de los litigantes, y como tal actuaci�n es en la que incide o trasciende la tercer�a, debe ser tomada en cuenta, incluso de oficio, m�s a�n cuando, como en el caso, fue expresamente ofrecida por la parte actora.?.-Por lo que ata�e a que el no acompa�ar la factura y la tarjeta de circulaci�n del veh�culo embargado, es irrelevante porque la quejosa lo que aleg� fue que se le respetara el cincuenta por ciento del bien que iba a ser sacado a remate y al acreditar con el acta de matrimonio el v�nculo que la une con el demandado, debi� respet�rsele el referido porcentaje, por ser un derecho adquirido con anterioridad al del trabajador por la sociedad conyugal que la une con el demandado; al respecto debe decirse que aun y cuando el mismo perteneciera a la sociedad conyugal no la relevaba de la obligaci�n de aportar la factura que acreditara que en esa fecha le correspond�a el cincuenta por ciento, porque el hecho de que el veh�culo estuviese embargado en el juicio laboral de referencia s�lo crea una presunci�n de que ese veh�culo pertenece al c�nyuge, pero no necesariamente que sea el propietario, porque bien puede suceder que actualmente el veh�culo fuera de un tercero, en raz�n de que la propiedad es un derecho y no un hecho, por lo que debe constar en un documento id�neo, como lo es la factura, ya que de acuerdo con la �ltima parte del art�culo 783 de la Ley Federal del Trabajo, estuvo en posibilidad de solicitar a la Junta que la persona que ten�a la factura la exhibiera, porque ello contribu�a al esclarecimiento de la verdad, lo que no hizo y s�lo se concret� a aportar el contrato de hipoteca en el que aparece otorgado en garant�a el citado mueble, que la Junta en la resoluci�n rechaz� por no guardar relaci�n con la litis y respecto de ello, no formul� concepto de violaci�n.-Con el acta de matrimonio la quejosa s�lo acredit� que est� casada con B.�n M.P.P., no que el bien pertenezca a la sociedad conyugal y por ende ella sea propietaria del cincuenta por ciento del mismo.-El hecho de que la quejosa tenga la posesi�n como lo precisa en la demanda de garant�as, hecho que adem�s de no estar acreditado, no le beneficia aun y cuando ello fuera cierto, toda vez que en las tercer�as la controversia no se refiere a la posesi�n, sino a la propiedad y a los derechos provenientes de un embargo.-Es aplicable a lo anterior en lo relativo la tesis de jurisprudencia n�mero 1922 consultable a foja 3092 de la Segunda Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Octava �poca, que a la letra dice: ?TERCER�AS, COEXISTENCIA DE LAS, CON EL AMPARO.-Como en las tercer�as excluyentes de dominio y de preferencia, la controversia no se refiere a la posesi�n sino a la propiedad y a los derechos provenientes de un embargo y en el amparo, el punto que se debate en las reclamaciones hechas por un tercero, es la posesi�n, no son incompatibles la coexistencia del juicio de garant�as y de una tercer�a de las ya mencionadas.?.-Por las circunstancias precisadas, la resoluci�n reclamada no es violatoria de garant�a constitucional alguna y por ello procede negar a la quejosa el amparo y protecci�n de la Justicia Federal.-Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: �NICO.-La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a R.I.O.C.�vez de P., contra el acto que reclam� de la Junta Especial N�mero Uno de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje, residente en esta capital, mismo que qued� precisado en el resultando primero de este fallo.

A. directo laboral 689/97:

QUINTO.-Es fundado el primer concepto de violaci�n hecho valer, mismo que se considera suficiente para otorgar a la parte quejosa el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitados.-Sustancialmente manifiesta el peticionario de amparo, que indebidamente la autoridad responsable rechaz� las pruebas que ofreci� y que obran en el expediente laboral n�mero 1/92/1963, mencionando dicha autoridad que debieron haberse exhibido en el escrito inicial de tercer�a.-A foja 12 del expediente laboral, obra el escrito de ofrecimiento de pruebas del entonces actor tercerista, ahora parte quejosa, a virtud del cual ofreci�: ?... las documentales que obran en el juicio principal identificado al rubro 1/92/1963 y aportadas por mi representada, consistentes en diversos contratos y pagar�s, los cuales fueron suscritos por A.A.T., de las cuales deber� de tomarse cuenta y relacionarse debidamente en la etapa correspondiente de la audiencia a la que comparezco.-La instrumental de actuaciones derivada del juicio principal 1/92/1963 ...?; acordando al respecto la autoridad responsable, mediante auto de fecha once de febrero de mil novecientos noventa y siete, lo siguiente: (foja 13) ?... La Junta acuerda.-T�ngase por recibido el escrito de cuenta y agr�guese a los autos para los efectos legales a (sic) haya lugar ...?.-Ahora bien, del an�lisis de la resoluci�n combatida en esta v�a constitucional, se pone de manifiesto que la autoridad responsable, en la parte que interesa, consider� que el apoderado del actor tercerista no ofreci� en ning�n momento documental alguna con la cual pudiera acreditar ser el due�o del bien sobre el cual se interpuso la tercer�a, no cumpliendo por lo tanto, con los requisitos que establece el art�culo 977, fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo, pues lo correcto es que se presentaran conjuntamente, con el escrito de tercer�a, los documentos con los cuales se acreditara la propiedad del bien inmueble motivo de la tercer�a, as� como el auto de requerimiento, pago y embargo y la diligencia de esto �ltimo.-De lo anteriormente transcrito, se evidencia que indebidamente la autoridad responsable resolvi� en la forma en que lo hizo; y esto es as�, ya que las consideraciones que al efecto expuso la Junta se estiman incorrectas, pues si conforme a lo dispuesto por el art�culo 977 de la Ley Federal del Trabajo, la tercer�a excluyente de dominio, es siempre una cuesti�n incidental del juicio que la motiva, es perfectamente l�cito y jur�dico resolverla con vista en los autos del juicio principal y concretamente en la diligencia de embargo, porque �ste adem�s de ser su causa eficiente, es una actuaci�n dentro del juicio, de una autoridad laboral y no un hecho extrajudicial y exclusivo de los litigantes, y como tal actuaci�n es en la que incide o trasciende la tercer�a, debe ser tomada en cuenta, incluso de oficio, m�s a�n cuando, como en el caso, fue expresamente ofrecida por la parte actora y debe otorg�rsele pleno valor probatorio por tratarse de documentos p�blicos.-Al caso resulta aplicable, de manera anal�gica y por mayor�a de raz�n, la tesis aprobada por este Tribunal Colegiado, visible en la p�gina 758 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo IV, correspondiente al mes de septiembre de 1996, que a la letra dice: ?TERCER�AS EXCLUYENTES DE PREFERENCIA, SIENDO CUESTIONES INCIDENTALES DEL JUICIO QUE LAS MOTIVAN, ES L�CITO RESOLVERLAS CON VISTA EN LOS AUTOS DEL JUICIO PRINCIPAL (LEGISLACI�N LABORAL).-Si conforme a lo dispuesto por el art�culo 977 de la Ley Federal del Trabajo, la tercer�a de preferencia de cr�dito, es siempre una cuesti�n incidental del juicio que la motiva, es perfectamente l�cito y jur�dico resolverla con vista en los autos del juicio principal y concretamente en la diligencia de embargo, porque �ste adem�s de ser su causa eficiente, es una actuaci�n dentro del juicio, de una autoridad laboral y no un hecho extrajudicial y exclusivo de los litigantes, y como tal actuaci�n es en la que incide o trasciende la tercer�a, debe ser tomada en cuenta, incluso de oficio, m�s a�n cuando, como en el caso, fue expresamente ofrecida por la parte actora.?.-No pasa inadvertida para este Tribunal Colegiado la circunstancia de que en su demanda de garant�as la parte quejosa haya se�alado como acto reclamado ?... la sentencia dictada por las autoridades responsables el d�a 8 de mayo de 1997 ...?, y que en su informe justificado la autoridad responsable haya hecho referencia a la ?... sentencia dictada en la tercer�a excluyente de dominio de fecha 4 de julio de 1997 ...?, pues en realidad el acto reclamado en esta v�a constitucional es de fecha seis de mayo de mil novecientos noventa y siete, siendo intrascendente el error en la fecha del laudo ya mencionado, pues del an�lisis de los conceptos de violaci�n hechos valer y de las constancias del expediente laboral, se desprende en realidad el laudo cuya fecha fue motivo de error.-Robustece lo anterior, la tesis visible en la p�gina 461 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo III, correspondiente al mes de mayo de 1996, que este tribunal comparte y que a la letra dice: ?ACTO RECLAMADO. ERROR EN LA FECHA DEL.-La inexactitud en que se incurra al hacerse referencia a la fecha del laudo reclamado, es intrascendente si los conceptos de violaci�n est�n encaminados a combatir consideraciones vertidas en el laudo cuya fecha fue motivo de error; as� como si se encuentra plenamente identificado en las constancias del expediente laboral en el que se emiti�.?.-S�lo resta se�alar, que si bien es cierto que mediante auto de presidencia de este tribunal se admiti� la demanda de garant�as, respecto a la resoluci�n de fecha ocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, no menos cierto es, que dicho auto de presidencia no causa estado.-Es aplicable a lo anterior, por analog�a, la tesis que este tribunal comparte, publicada con el n�mero 6, del Informe de labores del a�o de 1987, Volumen II, Tercera Parte, p�gina 591, Tribunales Colegiados, que a la letra dice: ?AUTOS DE PRESIDENCIA DE ADMISI�N DE DEMANDA O RECURSO DE R. NO CAUSAN ESTADO.-Aunque por acuerdo del presidente del Tribunal Colegiado, se admita la demanda de amparo o el recurso de revisi�n y el prove�do correspondiente no sea objeto de reclamaci�n alguna, si posteriormente se deja insubsistente, es legal tal medida ya que los autos que dan tr�mite al juicio o alreferido medio de impugnaci�n no causan estado porque existe la posibilidad de volver a examinar el caso y decidir si la demanda o el recurso fueron o no admitidos conforme a la ley.?.-Por las consideraciones que preceden, se impone conceder a la parte quejosa, el amparo y protecci�n federal que solicitaron, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente la resoluci�n reclamada en esta v�a constitucional y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria dicte nueva resoluci�n conforme a derecho proceda, teniendo a la vista los autos del juicio principal.-Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los art�culos 76, 77, 78, 177, 184, 190 y dem�s relativos de la Ley de A., se resuelve: �NICO.-Para el efecto precisado en el considerando que antecede la Justicia de la Uni�n ampara y protege a Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C., en contra del acto reclamado a la Junta Especial N�mero Uno de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje, con residencia en esta ciudad capital, acto que se precis� en el resultando primero de este fallo.

Las resoluciones anteriores originaron la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/16, publicada el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena �poca, Tomo XI, junio de 2000, p�gina 537, que dice:

TERCER�AS. SIENDO CUESTIONES INCIDENTALES DEL JUICIO QUE LAS MOTIVA, ES L�CITO RESOLVERLAS CON VISTA EN LOS AUTOS DEL JUICIO PRINCIPAL (LEGISLACI�N LABORAL).-Si conforme lo dispuesto por el art�culo 977 de la Ley Federal del Trabajo, la tercer�a es siempre una cuesti�n incidental del juicio que la motiva, es perfectamente l�cito y jur�dico resolverla con vista en los autos del juicio principal y concretamente en la diligencia de embargo, porque �ste adem�s de ser su causa eficiente, es una actuaci�n dentro del juicio, de una autoridad laboral y no un hecho extrajudicial y exclusivo de los litigantes, y como tal actuaci�n es en la que incide o trasciende la tercer�a, debe ser tomada en cuenta, incluso de oficio, m�s a�n cuando como en el caso fue expresamente ofrecida por la parte actora.

CUARTO

Como cuesti�n previa a cualquier otra, cabe determinar si la presente contradicci�n de tesis re�ne o no los requisitos de existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia 178, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su anterior integraci�n, publicada en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V., Materia Com�n, p�gina 120, que dice:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Asimismo los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, sirven de marco de referencia para determinar si en el presente caso existe o no la contradicci�n de tesis denunciada. Las normas legales indicadas en lo que interesa disponen:

"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ... La resoluci�n que pronuncien ... o el Pleno de la Suprema Corte ... s�lo tendr� el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicci�n."

"Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195."

Como se ve, los preceptos constitucional y reglamentario, as� como el criterio jurisprudencial antes transcritos, refieren a la figura jur�dica de la contradicci�n de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia.

Tal mecanismo se activa cuando se denuncia la existencia de dos o m�s criterios discrepantes, divergentes u opuestos sustentados por los Tribunales del Poder Judicial de la Federaci�n (Tribunales Colegiados de Circuito o S. de la Suprema Corte) en el tr�mite del juicio de amparo, en torno a la interpretaci�n de una misma norma jur�dica o punto concreto de derecho y que por seguridad jur�dica deben uniformarse a trav�s del fallo que resuelve la denuncia de contradicci�n, en que se define cu�l es el criterio jurisprudencial que debe prevalecer y, dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de id�ntica o similar naturaleza.

En la jurisprudencia antes transcrita se precisan los requisitos de existencia que debe reunir la contradicci�n de tesis, como son: a) Que en las ejecutorias materia de la contradicci�n se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

La consideraciones anteriores conllevan a precisar los t�rminos "tesis", "jurisprudencia judicial" e "interpretaci�n jur�dica".

Por "tesis" se entiende la posici�n o criterio que adopta el juzgador a trav�s de argumentaciones de �ndole l�gico-jur�dicas para justificar su decisi�n en una controversia determinada. En sentido amplio "tesis" es toda afirmaci�n, no evidente en s� misma y, que por consiguiente, requiere de argumentaci�n que la justifique. En el Diccionario de la Lengua Espa�ola, editado por la Real Academia Espa�ola, T.V. semitrino-zurub�, p�gina 1270, dicho t�rmino se define as�: "Del lat�n thesis ... conclusi�n, preposici�n que se mantiene con razonamientos ...".

Por otra parte, el texto del art�culo 192 de la Ley de A., aporta elementos para definir los t�rminos "jurisprudencia judicial", como la interpretaci�n de la ley que realizan los �rganos del Poder Judicial de la Federaci�n competentes (Pleno y S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, as� como los Tribunales Colegiados de Circuito), para aplicarla a las hip�tesis jur�dicas planteadas en las controversias que se someten a su conocimiento.

En relaci�n con los vocablos "interpretaci�n jur�dica", consisten en la tarea de descifrar, desentra�ar, descubrir o encontrar el significado o sentido de la norma de derecho, cuando �sta es oscura o imprecisa, a trav�s de uno, o bien, de varios m�todos espec�ficos de interpretaci�n jur�dica (exeg�tico, sistem�tico, hist�rico, sociol�gico, ...).

Los conceptos de jurisprudencia judicial y de interpretaci�n jur�dica fueron abordados por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en anterior integraci�n, en las tesis de ejecutoria publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Sexta �poca, Vol�menes Segunda Parte, XLIV y XLIX, p�ginas 86 y 58, respectivamente, que dicen:

"JURISPRUDENCIA, NATURALEZA.-La jurisprudencia, en el fondo, consiste en la interpretaci�n correcta y v�lida de la ley que necesariamente se tiene que hacer al aplicar �sta."

INTERPRETACI�N Y JURISPRUDENCIA.-Interpretar la ley es desentra�ar su sentido y por ello la jurisprudencia es una forma de interpretaci�n judicial, la de mayor importancia, que tiene fuerza obligatoria seg�n lo determinan los art�culos 193 y 193 bis de la Ley de A. reformada en vigor, seg�n se trate de jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o a trav�s de sus S.. En s�ntesis: la jurisprudencia es la obligatoria interpretaci�n y determinaci�n del sentido de la ley, debiendo acatarse, la que se encuentra vigente en el momento de aplicar aquella a los casos concretos, resulta absurdo pretender que en el periodo de validez de una cierta jurisprudencia se juzguen algunos casos con interpretaciones ya superados y modificados por ella que es la �nica aplicable.

De las consideraciones apuntadas, cabe destacar que la existencia de la contradicci�n de tesis requiere de manera indispensable que la oposici�n de criterios surja de entre las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan la interpretaci�n de un mismo precepto legal o tema concreto de derecho, ya que precisamente, como antes se defini�, esas consideraciones justifican el criterio jur�dico que adopta cada uno de los �rganos jurisdiccionales para decidir la controversia planteada, a trav�s de las ejecutorias de amparo materia de la contradicci�n de tesis.

Tiene aplicaci�n la tesis aislada sustentada por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo II, agosto de 1995, p�gina 69, que dice:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS.-Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de A., establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado, por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, y datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo, ni menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de A., porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

Con base en las premisas anteriores, procede examinar si se re�nen o no los requisitos de existencia de la presente contradicci�n de tesis. Para ello cabe destacar los aspectos fundamentales que permean las resoluciones de los Tribunales Colegiados, transcritas en el anterior considerando.

A) El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, b�sicamente consider�:

1) Que la tercer�a (excluyente de dominio o de preferencia de cr�dito) cuya tramitaci�n regula el art�culo 977 de la Ley Federal del Trabajo, se trata de un verdadero juicio aut�nomo con sustantividad propia surgida a prop�sito de un inter�s distinto de aquel que es materia del juicio principal.

2) Que la autonom�a de la tercer�a, en relaci�n con el juicio principal, deriva en que por disposici�n expresa contenida en la fracci�n II del precepto legal indicado, se tramita por cuerda separada.

3) Que dada la autonom�a de la tercer�a, para su resoluci�n, la Junta laboral no puede tomar en cuenta, de manera oficiosa, pruebas que obran en el juicio principal, como ser�a en el caso que tratan las ejecutorias emitidas por dicho colegiado, el acta de embargo, que sirve para demostrar la identidad entre el bien que defiende el tercerista y el que fue secuestrado en el juicio principal.

4) Que por lo mismo, cuando en el procedimiento de la tercer�a se pretende demostrar determinada situaci�n con actuaciones que obran en el principal, es necesario que se exhiban en aquel procedimiento o bien que cuando menos se solicite su compulsa.

B) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, esencialmente sostuvo:

1) Que conforme al art�culo 977 de la Ley Federal del Trabajo, la tercer�a es siempre una cuesti�n incidental o accesoria del juicio en que se promueve y es �ste el que le sirve de base.

2) Que el juicio laboral principal es parte integrante del de tercer�a, ya que �ste tiene su base eficiente en aqu�l, sin el cual no podr�a existir, menos subsistir.

3) Que la Junta laboral responsable, de oficio, est� obligada forzosamente a resolver la referida tercer�a con vista en los autos del juicio principal, tomando en cuenta las actuaciones que obren en �ste.

4) Que por lo mismo, jur�dicamente es l�cito que la Junta laboral, de oficio, hubiera tomado en cuenta el acta relativa a la diligencia de embargo que obra en el juicio principal, para justificar que el bien embargado es el mismo que defiende el tercerista, ya que dicha actuaci�n es la causa eficiente de la tercer�a, pero cuya diligencia se orden� por la autoridad laboral, en el principal, por lo que no es una actuaci�n extrajudicial y exclusiva de los litigantes.

Lo anterior evidencia los elementos de existencia de la presente contradicci�n de tesis, como son:

I) Las resoluciones aludidas examinan id�ntico tema o punto de derecho, como es la figura jur�dica de la tercer�a en el juicio laboral, en lo referente a su tramitaci�n, regulada por el art�culo 977 de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, en ellas los Tribunales Colegiados arribaron a criterios totalmente opuestos, ya que uno afirma lo que el otro niega, pues mientras que el Primer Tribunal Colegiado sostuvo que la tercer�a constituye un juicio aut�nomo, con sustancia propia, en que se controvierte un derecho distinto o ajeno al que es materia del juicio principal, por lo que no es v�lido jur�dicamente que al resolver dicho juicio de tercer�a la Junta laboral, de oficio, tome en cuenta actuaciones que obren en el principal; el Segundo Tribunal Colegiado sostuvo que el juicio de tercer�a siempre es incidental o accesorio del juicio principal, que tiene su base en �ste, sin el cual no puede existir, por lo que la Junta laboral, de oficio, est� facultada para resolver el juicio de tercer�a, tomando en cuenta las constancias que obran en el principal.

II) La discrepancia de los rese�ados criterios se plasm� en las consideraciones o razonamientos jur�dicos que sustentan los fallos que originaron esta denuncia de contradicci�n de tesis, como se aprecia de su transcripci�n hecha en el considerando tercero de esta resoluci�n.

III) Tales criterios discrepantes provienen del examen de los mismos elementos, como es el tr�mite y resoluci�n del juicio de tercer�a, previsto en el art�culo 977 de la Ley Federal del Trabajo, en que la Junta laboral, en algunos casos, de oficio, tom� en cuenta actuaciones, como el acta relativa al embargo de bienes, que obran en el juicio principal, para resolver la tercer�a; en otros casos omiti� tal situaci�n.

En esas condiciones, es claro que la presente contradicci�n de tesis re�ne los requisitos de existencia mencionados en la precitada jurisprudencia.

Consecuentemente, la materia de contradicci�n de tesis consiste en elucidar si en el tr�mite y resoluci�n del juicio de tercer�a, previsto en el art�culo 977 de la Ley Federal del Trabajo, est� permitido o no tomar en cuenta, de oficio, actuaciones que obran en el juicio principal.

QUINTO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

Al respecto, para elucidar el tema de la contradicci�n de tesis apuntado en el anterior considerando y sustentar el criterio jurisprudencial prevaleciente a trav�s de esta resoluci�n, es necesario delimitar doctrinal, legal y jurisprudencialmente la figura de la tercer�a contemplada en la Ley Federal del Trabajo, para comprender su naturaleza jur�dica, a fin de establecer si se trata de un juicio aut�nomo, con sustantividad propia e independiente, en que se controvierte un derecho ajeno y distinto al que es materia de controversia en el juicio principal, o bien, si es una cuesti�n incidental y accesoria del juicio principal en el cual tiene su origen existencial, por lo que est� ligada y depende de �ste, para as� estar en condiciones de concluir si la Junta laboral est� facultada jur�dicamente o no, para tomar en cuenta, de oficio, actuaciones que obran en el juicio principal, al momento de resolver la tercer�a.

Pues bien, en la obra "Diccionario Razonado de L.�n y Jurisprudencia", de D.J.�n E., editorial L.�a de Rosa, B. y C�a., Par�s 1854, p�gina 1490, acerca del tema en debate, se dice:

"Tercer�a. La oposici�n hecha por un tercero que se presenta en un juicio entablado por dos o m�s litigantes, ya sea coadyuvando el derecho de alguno de ellos, ya deduciendo el suyo propio con exclusi�n de los otros ..."

Sobre el mismo tema de derecho, en el "Diccionario Jur�dico Mexicano", del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Aut�noma de M�xico, Editorial Porr�a, quinta edici�n, M�xico 1992, tomo P-Z, p�ginas 3065 a 3066, se escribe:

"Tercer�as. I.P.�n de un tercero que tiene un inter�s propio, distinto o concordante con el del actor o el del reo en un juicio preexistente; dicha participaci�n puede tener cuatro finalidades:

"a) ejercitar una acci�n o pretensi�n diferente a la del actor o a la del demandado; b) ayudar a uno o al otro en el ejercicio de su acci�n; c) oponerse a la ejecuci�n de una sentencia; d) promover que la sentencia dictada en el juicio tenga efectos en otro preexistente.-De lo dispuesto por el a. 652 CPC se desprende que las tercer�as proceden �nicamente en juicio, es decir, son improcedentes en jurisdicci�n voluntaria y en los actos prejudiciales, excepci�n hecha de las providencias precautorias, ya que el a. 253 CPC permite la intervenci�n de un tercero a fin de reclamar una providencia precautoria cuando sus bienes han sido objeto del secuestro.-II. Las tercer�as se pueden clasificar doctrinalmente en: a) tercer�as de nueva intervenci�n, que son aquellas que tienen lugar antes de que se haya dictado sentencia, y b)tercer�as de oposici�n que tienen lugar despu�s de dictada la sentencia.-Se clasifican tambi�n atendiendo a la libertad u obligatoriedad del tercero para intervenir en el juicio en: a) tercer�as necesarias, aquellas en las que el tercero se ve obligado por disposici�n de la ley a intervenir en el juicio; es el caso del obligado a la evicci�n quien deber� ser citado a juicio oportunamente para lo cual el demandado deber�a hacer la solicitud correspondiente (aa. 22 y 657 CPC y 2119, 2120 y 2124 CC), y b) tercer�as voluntarias que son aquellas en las que el tercero interviene en forma espont�nea para hacer valer su derecho en el juicio que se sigue.-Finalmente el CPC las clasifica, en relaci�n al inter�s que el tercero alega en el juicio en: a) tercer�as excluyentes de dominio. En ellas se reclama la propiedad del bien material del secuestro o el derecho sobre la acci�n que se ejercita (a. 659 CPC); b) tercer�as coadyuvantes de preferencia. En ellas se reclama un mejor derecho para ser pagado (a. 660 CPC), y III. Toda tercer�a deber� deducirse precisamente en los t�rminos establecidos para formular una demanda ante el J. competente ... Las demandas de tercer�as excluyentes, ya sean de dominio o de preferencia, deber�n ir acompa�adas del t�tulo en que se funden; en caso contrario ser�n desechadas de plano (a. 661 CPC). Pueden oponerse en cualquier negocio cualquiera que sea su estado siempre que, trat�ndose de excluyentes de dominio, no se haya dado posesi�n de los bienes al rematante o al actor por v�a de adjudicaci�n, o se haya hecho el pago al actor, si son de preferencia (a. 664 CPC).-Estas tercer�as no suspenden el curso del juicio en que se interponen. S�lo se suspenden los procedimientos hasta que se decida la tercer�a al llegar al remate, trat�ndose de excluyentes de dominio, o antes de hacer el pago una vez completa la realizaci�n de los bienes embargados trat�ndose de excluyentes de preferencia (aa. 665 y 666 CPC). Sin embargo, cuando se hubieren embargado varios bienes y la tercer�a s�lo comprenda uno de ellos el juicio principal sigue hasta vender y hacer el pago al acreedor con los dem�s bienes (a. 672 CPC).-Frente a una tercer�a excluyente el actor tiene derecho a solicitar se mejore la ejecuci�n en otros bienes del demandado (a. 671 CPC). Cuando existieren varios acreedores que opusieran tercer�as pueden seguirse un solo juicio si acceden a ello, en caso contrario se debe seguir el juicio de concurso necesario de acreedores (a. 669 CPC).-Debe precisarse que si el demandado fue declarado rebelde en el juicio principal, tendr� ese mismo car�cter en la tercer�a, pero, si fuese conocido su domicilio, se le notificar� el traslado de la demanda (a. 668 CPC). En caso de que el actor y el demandado se allanen a la demanda de tercer�a, o cuando dejen de contestar dicha demanda, el J. mandar� cancelar los embargos notificados (a. 667 CPC).-Por �ltimo, el a. 673 CPC precisa que, cuando el inter�s de la tercer�a exceda a los l�mites de la competencia del J. que conoce del juicio principal, �ste deber� remitir lo actuado hasta ese momento y la tercer�a al J. competente designado por el tercer opositor."

En el texto "Teor�a General del Proceso", Editorial Harla, octava edici�n, M�xico 1973, p�ginas 274 a 275, el autor Cipriano G�mez Lara establece las diferencias entre los terceros ajenos a la relaci�n sustancial en el proceso, los terceros llamados a dicha relaci�n procesal y los terceristas. En relaci�n con los �ltimos, se�ala:

"... como figuras distintas a los terceros ajenos a la relaci�n sustancial y a los terceros llamados al juicio, existen los terceristas, que son sujetos que van a insertarse en relaciones procesales preexistentes. Estas tercer�as pueden ser de acuerdo con la reglamentaci�n legal respectiva, de los siguientes tres tipos: A) Tercer�as excluyentes de dominio.-B) Tercer�as excluyentes de preferencia.-C) Tercer�as coadyuvantes.-En el caso de las dos primeras, es decir, de las tercer�as excluyentes de dominio o de preferencia, se presupone que de forma judicial se ha llevado a cabo alg�n tipo de ejecuci�n o de afectaci�n sobre bienes de la parte demandada en un juicio y, el tercerista se inserta en esa relaci�n procesal alegando mejores derechos sobre dichos bienes. A �stas se le llama excluyentes precisamente porque a trav�s de ellas se pretende sustraer los bienes, objeto de la afectaci�n o ejecuci�n. La tercer�a excluyente de dominio, implica que en relaci�n con los bienes sobre los que se haya trabado ejecuci�n, se presente al proceso un tercer sujeto alegando ser el due�o de los mismos. Al respecto, deber� probar plenamente la propiedad de dichos bienes, y si llega a hacerlo, el tribunal deber� levantar el embargo que sobre ellos haya y ordenar que le sean devueltos a dicho tercero.-La tercer�a excluyente de preferencia, implica que sobre los bienes afectados por la ejecuci�n, un sujeto extra�o a las partes originales se presente o inserte en dicho proceso y alegue que tiene mejor derecho a ser pagado con el producto de dichos bienes. Es decir, el tercerista en este tipo de tr�mite excluyente de preferencia, alega tener una prelaci�n, o sea, un mejor derecho a ser pagado.-Finalmente, la tercer�a coadyuvante se da cuando un sujeto inicialmente extra�o al proceso, se encuentra legitimado y tiene un inter�s propio para acudir a ese proceso preexistente, con el fin de ayudar, de coadyuvar o colaborar en la posici�n que alguna de las dos partes iniciales adopte en el desenvolvimiento de ese proceso."

En la Ley Federal del Trabajo, t�tulo quince, cap�tulo II, "Procedimientos de las tercer�as y preferencias de cr�dito", secciones primera y segunda, art�culos 976 a 981 se contempla la figura jur�dica de la tercer�a, su clasificaci�n, tr�mite y resoluci�n. Para sustentar el criterio jurisprudencial prevaleciente en esta contradicci�n de tesis, es necesario transcribir los mencionados art�culos, que respectivamente disponen:

"Art�culo 976. Las tercer�as pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia. Las primeras tienen por objeto conseguir el levantamiento del embargo practicado en bienes de propiedad de terceros; las segundas, obtener que se pague preferentemente un cr�dito con el producto de los bienes embargados."

"Art�culo 977. Las tercer�as se tramitar�n y resolver�n por el Pleno, por la Junta Especial o por la de Conciliaci�n que conozca del juicio principal, sustanci�ndose en forma incidental, conforme a las normas siguientes:

"I. La tercer�a se interpondr� por escrito, acompa�ando el t�tulo en que se funde y las pruebas pertinentes;

"II. La Junta ordenar� se tramite la tercer�a por cuerda separada y citar� a las partes a una audiencia, dentro de los diez d�as siguientes, en la que las oir� y despu�s de desahogadas las pruebas, dictar� resoluci�n;

"III. En cuanto al ofrecimiento, admisi�n y desahogo de las pruebas, se observar� lo dispuesto en los cap�tulos XII, XVII y XVIII del t�tulo catorce de esta ley;

"IV. Las tercer�as no suspenden la tramitaci�n del procedimiento. La tercer�a excluyente de dominio suspende �nicamente el acto de remate; la de preferencia el pago del cr�dito; y

"V. Si se declara procedente la tercer�a, la Junta ordenar� el levantamiento del embargo y, en su caso, ordenar� se pague el cr�dito declarado preferente."

"Art�culo 978. El tercerista podr� presentar la demanda ante la autoridad exhortada que practic� el embargo, debiendo designar domicilio en el lugar de residencia de la Junta exhortante, para que se le hagan las notificaciones personales; si no hace la designaci�n, todas las notificaciones se le har�n por bolet�n o por estrados.

"La autoridad exhortada, al devolver el exhorto, remitir� la demanda de tercer�a."

"Art�culo 979. Cuando exista un conflicto individual o colectivo, los trabajadores podr�n solicitar a la Junta, para los efectos del art�culo 113, que prevenga a la autoridad jurisdiccional o administrativa ante la que se tramiten juicios en los que se pretendan hacer efectivos cr�ditos en contra del patr�n, para que, antes de llevar a cabo el remate o adjudicaci�n de los bienes embargados, notifique al solicitante, a fin de que est� en posibilidad de hacer valer sus derechos.

"Si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los cr�ditos de todos los trabajadores, se har�n a prorrata dejando a salvo sus derechos."

"Art�culo 980. La preferencia se sustanciar� conforme a las reglas siguientes:

"I. La preferencia deber� solicitarse por el trabajador ante la Junta en que tramite el conflicto en que sea parte, indicando espec�ficamente cu�les son las autoridades ante quienes se sustancian juicios en los que puedan adjudicar o rematar bienes del patr�n, acompa�ando copias suficientes de su petici�n, para correr traslado a las partes contendientes en los juicios de referencia;

"II. Si el juicio se tramita ante la autoridad judicial, la Junta la prevendr� haci�ndole saber que los bienes embargados est�n afectos al pago preferente del cr�dito laboral y que por lo tanto, antes de rematar o adjudicar los bienes del patr�n, deber� notificar al trabajador a fin de que comparezca a deducir sus derechos; y

"III. Trat�ndose de cr�ditos fiscales, cuotas que se adeuden al Instituto Mexicano del Seguro Social, o aportaci�n al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, bastar� con que la Junta remita oficio a la autoridad que corresponda, indic�ndole la existencia de juicios laborales, cuyas prestaciones est�n pendientes de cubrirse, para que antes de adjudicar o rematar los bienes del patr�n se proceda conforme al art�culo anterior."

"Art�culo 981. Cuando en los juicios seguidos ante la Junta se haya dictado laudo por cantidad l�quida o se haya efectuado la liquidaci�n correspondiente, la Junta lo har� saber a la autoridad judicial o administrativa que haya sido prevenida, en los t�rminos del art�culo anterior, remiti�ndole copia certificada del laudo, a fin de que se tome en cuenta el mismo al aplicar el producto de los bienes rematados o adjudicados.

Si el patr�n antes del remate hubiese hecho pago para librar sus bienes, deber� cubrirse con �ste el importe de los cr�ditos laborales en que se hubiese hecho la prevenci�n.

La Tercera Sala, as� como la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su anterior integraci�n, sustentaron criterio en el sentido de que en el tr�mite y resoluci�n de la tercer�a el juzgador est� capacitado para tomar en cuenta actuaciones que obran en el juicio principal, en las tesis aisladas que a continuaci�n se transcriben:

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XXXVI

"P�gina: 1221

"TERCER�AS.-Las tercer�as de preferencia pueden oponerse en todo negocio, mientras no se haya hecho pago al actor y se sustancian en pieza separada, con los mismos tr�mites y procedimientos del juicio en que se oponen; es decir, son propiamente incidentales del juicio en que se promueven, y es �ste el que les sirve de base; raz�n por la cual, las actuaciones de �l deben ser tomadas en consideraci�n, al fallarse la tercer�a, aun cuando no se ofrezcan como prueba; por otra parte, si el objeto de la tercer�a de preferencia, es que se declare mejor el derecho que nace del t�tulo presentado por el tercerista, que el que nace del t�tulo presentado como base del juicio principal, es indudable que el juzgador tiene forzosamente que hacer el estudio de ambos t�tulos, ya que, de otra manera, no estar�a en condiciones de resolver cu�l de los dos engendra derecho preferente."

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XLII

"P�gina: 722

"TERCER�A EXCLUYENTE DE DOMINIO, ELEMENTOS PARA RESOLVERLA.-Al resolver una tercer�a excluyente de dominio, el juzgador est� capacitado para tener en cuenta como prueba, el t�tulo en que se fund� la acci�n principal; pues la tercer�a carecer�a de sentido si se omitiera tener en cuenta la acci�n principal; sin que obste en contrario, que el ejecutante no ofreciera expresamente como prueba, dicho t�tulo, ya que la tercer�a debe resolverse teniendo en cuenta lo actuado en el juicio principal."

"Quinta �poca

"Instancia: Sala Auxiliar

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: CIX

"P�gina: 1969

"PRUEBAS, APRECIACI�N DE LAS.-Si el J., de oficio, trae a colaci�n un documento para comprobar los hechos en un juicio, es inconsecuente que ignore el resto de dicho documento, en una actuaci�n de la tercer�a excluyente relacionada con el juicio principal en donde oficiosamente se conoci� de dicho documento."

"S�ptima �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: 82, Cuarta Parte

"P�gina: 77

TERCER�AS EXCLUYENTES DE DOMINIO. SIENDO CUESTIONES INCIDENTALES DEL JUICIO QUE LAS MOTIVA, ES L�CITO RESOLVERLAS CON VISTA EN LOS AUTOS DEL JUICIO PRINCIPAL.-Si conforme a los art�culos 1098, 1362, 1367, 1368, 1370, 1373, 1375 y 1376 del C�digo de Comercio, la tercer�a excluyente de dominio es siempre una cuesti�n incidental del juicio que la motiva, es perfectamente l�cito y jur�dico resolverla con vista en los autos del juicio principal y concretamente en la diligencia de embargo; porque el embargo, adem�s de ser su causa eficiente, es una actuaci�n judicial y no un hecho extra judicial y exclusivo de los litigantes; y como tal actuaci�n es en la que incide o trasciende la tercer�a, debe ser tomada en cuenta aun de oficio y hace prueba plena, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 1294, 1392, 1394, 1404, 1408, 1410 y 1411 del mismo ordenamiento.

Pues bien, para elucidar el tema de derecho en contradicci�n y sustentar el criterio prevaleciente en esta resoluci�n, cabe destacar los elementos fundamentales que se desprenden de los fallos en contradicci�n, de la doctrina, de la ley, as� como de los criterios sustentados por este Alto Tribunal en su anterior integraci�n, que se expusieron anteriormente y que a continuaci�n se resumen:

  1. Los criterios en contradicci�n se originaron con motivo de las decisiones que recayeron al tr�mite y resoluci�n de tercer�as excluyentes de dominio y de preferencia de cr�dito.

  2. Dichas tercer�as tienen la finalidad, la excluyente de dominio, de que se levante el embargo ordenado en el juicio laboral principal y practicado en bienes del tercerista; mientras que la excluyente de cr�dito, de lograr que se pague preferentemente un cr�dito al tercerista con el producto de los bienes embargados en el juicio principal. Este tipo de tercer�as se clasifica dentro de las de oposici�n y voluntarias, porque se promueven despu�s de dictado el laudo para oponerse a su ejecuci�n y el tercerista, de manera espont�nea, se inserta en el juicio principal preexistente con la pretensi�n de que se levante el embargo practicado en bienes de su propiedad, o bien, para que se le pague preferentemente un cr�dito con el producto de los bienes cuyo embargo se orden� en el juicio principal. La demanda en que se promueve la tercer�a se tramita en forma incidental y por cuerda separada.

  3. La indicada tercer�a, en sus dos tipos, contemplada por la Ley Federal del Trabajo, dada su finalidad, es distinta de aquellas en que se ejercita una acci�n o pretensi�n diferente o coadyuvante a la del actor o del demandado. Esta otra clase de tercer�as se promueve antes de que se dicte la sentencia definitiva que pone fin al juicio principal y se catalogan como forzosas ya que el tercerista, por disposici�n de la ley o por llamamiento del juzgador a petici�n del actor o del demandado, est� obligado a comparecer al juicio principal, para defender un derecho propio, ajeno e independiente al de la materia de la controversia en el principal, o bien, coadyuvando con el derecho de alguna de esas partes, con el objeto de que la sentencia que se dicte en el mismo, le beneficie o perjudique. Esta clase de tercer�as no se contemplan en la Ley Federal del Trabajo.

  4. A prop�sito del tema jur�dico, debatido en la presente contradicci�n de tesis, por disposici�n expresa contenida en la fracci�n III del art�culo 977 de la Ley Federal del Trabajo, en el ofrecimiento, admisi�n y desahogo de las pruebas en el tr�mite incidental de la tercer�a, se observar� lo dispuesto en los cap�tulos XII, XVII y XVIII del t�tulo catorce del cuerpo de leyes citado. De las reglas en materia probatoria aplicables al tr�mite incidental conviene destacar las previstas en los art�culos 776, fracci�n VII, 782, 803, 807, 835, 836, 872, 880 y 881, que disponen respectivamente:

"Art�culo 776. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes:

"...

"VII. Instrumental de actuaciones."

"Art�culo 782. La Junta podr� ordenar con citaci�n de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y requerir� a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate."

"Art�culo 803. Cada parte exhibir� los documentos u objetos que ofrezca como prueba para que obren en autos. Si se trata de informes, o copias, que deba expedir alguna autoridad, la Junta deber� solicitarlos directamente."

"Art�culo 807. Los documentos existentes en el lugar donde se promueva el juicio, que se encuentren en poder de la contraparte, autoridades o terceros, ser�n objeto de cotejo, o compulsa, a solicitud de la oferente, por conducto del actuario.

"Los documentos existentes en lugar distinto del de la residencia de la Junta, que se encuentren en cualquiera de los supuestos mencionados en el p�rrafo anterior, se cotejar�n o compulsar�n a solicitud del oferente, mediante exhorto dirigido a la autoridad que corresponda.

"Para que proceda la compulsa o cotejo, deber� exhibirse en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, copia del documento que por este medio deba ser perfeccionado."

"Art�culo 835. La instrumental es el conjunto de actuaciones que obren en el expediente, formado con motivo del juicio."

"Art�culo 836. La Junta estar� obligada a tomar en cuenta las actuaciones que obren en el expediente del juicio."

"Art�culo 872. La demanda se formular� por escrito, acompa�ando tantas copias de la misma, como demandados haya. El actor en su escrito inicial de demanda expresar� los hechos en que funde sus peticiones, pudiendo acompa�ar las pruebas que considere pertinentes, para demostrar sus pretensiones."

"Art�culo 880. La etapa de ofrecimiento y admisi�n de pruebas se desarrollar� conforme a las normas siguientes:

"I. El actor ofrecer� sus pruebas en relaci�n con los hechos controvertidos. Inmediatamente despu�s el demandado ofrecer� sus pruebas y podr� objetar las de su contraparte y aquel a su vez podr� objetar las del demandado;

"II. Las partes podr�n ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestaci�n de la demanda, podr� solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 d�as siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos;

"III. Las partes deber�n ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del cap�tulo XII de este t�tulo; y

"IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolver� inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche."

Art�culo 881. Concluida la etapa de ofrecimiento y admisi�n de pruebas, solamente se admitir�n las que se refieren a hechos supervenientes o de tachas.

Del an�lisis sistem�tico de las normas antes transcritas, en relaci�n con la doctrina expuesta, se infiere que las demandas de tercer�as excluyentes,ya sean de dominio o de preferencia, deber�n ir acompa�adas del t�tulo en que se funden; en caso contrario ser�n desechadas de plano. Ello se desprende directamente de lo dispuesto en la fracci�n I del art�culo 977 de la ley de la materia que dice:

"Art�culo 977. Las tercer�as se tramitar�n y resolver�n por el Pleno, por la Junta Especial o por la de Conciliaci�n que conozca del juicio principal, sustanci�ndose en forma incidental, conforme a las normas siguientes:

I. La tercer�a se interpondr� por escrito, acompa�ando el t�tulo en que se funde y las pruebas pertinentes.

Asimismo, en el tr�mite incidental de la tercer�a, la Junta est� obligada a tomar en cuenta las actuaciones que obren en el expediente del juicio principal, seg�n lo dispuesto en los art�culos 977, fracci�n III, 776, fracci�n VII, 835 y 836 de la ley de la materia, antes transcritos.

En esas condiciones, es claro que la tercer�a contemplada en la Ley Federal del Trabajo no puede considerarse como un juicio aut�nomo, con sustantividad propia e independiente del juicio laboral, en que se ventile o controvierta un derecho ajeno o distinto al que es materia de la controversia principal, sino que el embargo de bienes ordenado en �ste y practicado en bienes de propiedad del tercerista, constituye el nexo com�n y materia controvertida que vincula de manera indisoluble el juicio principal, con el de tercer�a.

Por lo mismo, para resolver la tercer�a, la Junta laboral est� obligada por mandato expreso de la ley, para tener a la vista y tomar en cuenta las actuaciones que obran en el juicio principal, de manera oficiosa, esto es, sin que la parte tercerista o bien la actora ejecutante en el juicio principal, las hubieran ofrecido como prueba o ni siquiera haber pedido su cotejo en el procedimiento incidental.

No es obst�culo para arribar a dicha conclusi�n el hecho de que la fracci�n II del art�culo 977 de la Ley Federal del Trabajo, expresamente disponga que el tr�mite de la tercer�a se llevar� por cuerda separada, pues ello no impide a la Junta laboral tener a la vista y resolver la tercer�a con actuaciones que obran en el juicio principal, pudiendo de oficio llevar a cabo el cotejo y agregar las actuaciones correspondientes al incidente relativo a la tercer�a, en virtud de que fueron practicadas por la propia Junta laboral y dado el car�cter p�blico del procedimiento laboral, las partes no tienen un derecho exclusivo sobre las actuaciones que lo integran, raz�n por la cual la Junta juzgadora est� facultada para resolver la controversia incidental con apoyo en actuaciones que obran en el expediente en que se ventila la controversia principal.

Lo anterior, adem�s, porque atendiendo a los principios generales del derecho, como son el de econom�a procesal, de celeridad, de ausencia de formalismos y de equilibrio procesal, que rigen el procedimiento laboral, es que la Junta de trabajo est� obligada a tener a la vista y tomar en cuenta las actuaciones del juicio principal, para resolver la tercer�a, ya que de manera pronta tienen que definirse los derechos del ejecutante sobre los bienes embargados, en tanto que el tercerista que se ve afectado en sus bienes por una determinaci�n asumida en el juicio principal (orden de embargo) y quien es ajeno a la relaci�n procesal, hasta antes de promover la demanda de tercer�a, desconoce en los precisos momentos de formular y presentar su demanda de tercer�a, qu� actuaciones del juicio principal pueden servir de base para resolver la tercer�a, por lo que no puede ofrecerlos particulariz�ndolos, menos pedir su cotejo para que se agreguen al tr�mite del procedimiento incidental, pues como antes se dijo, las �nicas pruebas que est� obligado a acompa�ar a su demanda de tercer�a, son aquellas relacionadas con la propiedad del bien embargado o titularidad del cr�dito preferencial, correspondiendo al ejecutante objetar dicha titularidad, as� como a la autoridad jurisdiccional constatar, con el acta de embargo y dem�s actuaciones que obran en el principal, que los bienes embargados se traten de los mismos que defiende el tercerista y, resolver en consecuencia.

Tampoco es obst�culo para asumir la determinaci�n apuntada, el criterio sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de seis votos, en la jurisprudencia P./J. 92/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., diciembre de 1997, p�gina 20, que dice:

PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSI�N. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO.-De conformidad con los art�culos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de A., las reglas para el ofrecimiento de pruebas en el cuaderno principal del juicio de garant�as difieren de las relativas al incidente de suspensi�n. Ello implica que las ofrecidas y desahogadas en un cuaderno no pueden ser tomadas en consideraci�n en el otro, salvo por dos condiciones: que se pida la compulsa respectiva, o que se solicite la expedici�n de copias certificadas, y obtenidas �stas se exhiban en el expediente en el que deban surtir sus efectos. Esta regla trae como consecuencia la improcedencia del ofrecimiento con la pretensi�n de que en un cuaderno ?se tengan a la vista al momento de resolver?, las existentes en el otro, porque, de actuar as�, ello puede repercutir en la debida marcha del proceso, sea del juicio principal o en el incidente de suspensi�n, pues la circunstancia de que uno y otro se tramiten por cuerda separada, les incorpora autonom�a e independencia por cuanto hace a sus elementos probatorios. Adem�s, dada la naturaleza de ambos, pudiera no coincidir en un mismo estado procesal, de modo tal que si uno de ellos se encontrara en revisi�n y el otro a�n en primera instancia, en �ste ser�a imposible resolver por la falta de elementos. De ah� que, indefectiblemente, deben ofrecerse y desahogarse en el cuaderno respectivo los medios de prueba cuya valoraci�n se pretenda. Se hace la aclaraci�n de que el �nico caso en que se puede tomar en cuenta el mismo elemento probatorio ?para ambos cuadernos? es cuando se ordena proveer sobre la suspensi�n provisional en el auto admisorio de la demanda pues, en esa hip�tesis, el juzgador est� obligado a apreciar las pruebas que se acompa�aron a aqu�lla y valorarlas, para determinar si es o no procedente la suspensi�n provisional solicitada. Esto �ltimo obedece a que es en dicho momento cuando el juzgador, adem�s de las copias destinadas a integrar el incidente de suspensi�n, tambi�n tiene a la vista el original de la demanda y, en su caso, los documentos que se acompa�an a esta �ltima, raz�n por la que est� en aptitud de valorar, de manera directa, el material probatorio aportado por el promovente del juicio y resolver lo conducente, tanto en el cuaderno principal como en los incidentales, aunque con posterioridad a ese momento se haga la separaci�n formal y material del original de la demanda de amparo y sus copias.

Esto es as� porque la jurisprudencia transcrita deriv� de una diversa contradicci�n de tesis, en que si bien se resolvi� un tema aparentemente similar al tratado en la presente contradicci�n de tesis, lo cierto es que es sustancialmente diferente, pues aquella contradicci�n se refiri� al ofrecimiento, admisi�n y desahogo de pruebas en el juicio de amparo y en el incidente de suspensi�n, mientras que �sta trata del ofrecimiento, admisi�n y desahogo de pruebas en el tr�mite incidental de la tercer�a en materia laboral, cuyas reglas normativas de uno y de otro tr�mites, son de naturaleza procedimental completamente distintas.

En consecuencia, debe prevalecer el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyo rubro y texto a continuaci�n se redacta:

TERCER�A EN MATERIA LABORAL. PARA RESOLVERLA, LA JUNTA SE ENCUENTRA LEGALMENTE FACULTADA PARA TENER A LA VISTA Y TOMAR EN CUENTA, DE OFICIO, LAS ACTUACIONES QUE OBRAN EN EL JUICIO PRINCIPAL.-De la interpretaci�n sistem�tica de lo dispuesto en los art�culos 976 a 981 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que la tercer�a contemplada en dicha ley no es un juicio aut�nomo, con sustantividad propia e independiente del juicio principal, aun cuando se tramite por cuerda separada, pues al originarse con motivo de la orden de embargo dictada en el procedimiento principal y practicada en bienes del tercerista, tal embargo constituye el nexo com�n o materia controvertida que vincula de manera indisoluble el juicio principal con el de tercer�a, en donde �ste tiene su causa eficiente o base en aqu�l. Es por esta raz�n que la Junta laboral est� facultada legalmente para tener a la vista y tomar en cuenta las actuaciones que obran en el expediente principal, de manera oficiosa, a fin de resolver la tercer�a, y adem�s, por el car�cter p�blico de lo actuado en el procedimiento laboral y por los principios rectores de ese procedimiento como son el de econom�a procesal, de celeridad, de ausencia de formalismos y el de equilibrio procesal, que deben aplicarse para brindar seguridad jur�dica a las partes contendientes en el conflicto incidental derivado de la tercer�a. Ello es as�, si se toma en cuenta que deben definirse de manera pronta los derechos del ejecutante sobre los bienes embargados, en tanto que el tercerista que se ve afectado en sus bienes por una determinaci�n asumida en el juicio principal (orden de embargo) del cual es ajeno, las �nicas pruebas que est� obligado a acompa�ar a su demanda de tercer�a son aquellas relacionadas con la propiedad del bien embargado o titularidad del cr�dito preferencial.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Existe contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver los amparos directos 475/96, 533/98 y 783/98, 142/96, 689/97, 584/97, 214/99 y 412/99, respectivamente.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia obligatoria, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, precisado en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

TERCERO

Rem�tase al Semanario Judicial de la Federaci�n la tesis jurisprudencial que se sustenta, para su publicaci�n y env�ese a las S. de esta Suprema Corte, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

N.�quese, env�ese testimonio de este fallo, a los Tribunales Colegiados que intervinieron en esta contradicci�n y, en su oportunidad, arch�vese el toca.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.D.R., M.A.G.�itr�n, S.S.A., J.V.A.A.�n y presidente G.I.O.M.. Fue ponente el se�or M.S.S.A..