Ejecutoria num. 2a./J. 40/2001 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26827255

Ejecutoria num. 2a./J. 40/2001 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 40/2001
Localizacion:JUAN DÍAZ ROMERO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2001
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.PRUEBA CONFESIONAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. AL ABSOLVENTE LE ES APLICABLE, ANALÓGICAMENTE, LA REGLA QUE SOBRE IDENTIFICACIÓN DE LOS TESTIGOS PREVÉ EL ARTÍCULO 815, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CUANDO EXISTA DUDA SOBRE SU IDENTIDAD.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 42/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN D�AZ ROMERO.

SECRETARIA: VER�NICA NAVA RAM�REZ.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a veintid�s de agosto del a�o dos mil uno.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO

Por oficio recibido en la Secretar�a de Acuerdos de esta Segunda S. el siete de mayo del dos mil uno, el Dr. M. de Jes�s A.E., C. General de Compilaci�n y S.�n de Tesis, remiti� el expediente donde se advierte la posible contradicci�n de tesis entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver, respectivamente, el amparo directo 517/2000, el cual dio origen a la tesis: "PRUEBA CONFESIONAL. ES INDEBIDO EXIGIR A LOS ABSOLVENTES QUE SE IDENTIFIQUEN." y el amparo directo 10326/99, que dio origen a la tesis: "CONFESIONAL. APLICACI�N, POR ANALOG�A, DEL ART�CULO 815, F.I., DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.".

Dicho escrito de denuncia de posible contradicci�n de tesis, es del tenor siguiente:

"Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis. Oficio n�mero CGCST-A-96-05-01.-M�xico, D.F., a 4 de mayo de 2001.-Se�or M.G.I.O.M., presidente de la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, presente: Distinguido se�or Ministro: De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 4o., inciso h), del Reglamento de la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis, y toda vez que compete a esa Segunda S. de este Alto Tribunal resolver las contradicciones de tesis en materias laboral y administrativa que se susciten entre Tribunales Colegiados de Circuito, conforme a lo ordenado por el art�culo 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, me permito enviar a usted expediente donde se advierte una posible contradicci�n de esta �ndole. Lo anterior, a fin de que, si as� lo estima pertinente, proceda a formular su denuncia y esa S. resuelva lo conducente, para los efectos del art�culo 197-A de la Ley de Amparo.-Atentamente.-Dr. M. de Jes�s A.E.. C. General."

SEGUNDO

Por acuerdo de once de mayo del a�o dos mil uno, el presidente de la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la posible contradicci�n de tesis, correspondi�ndole el n�mero 42/2001-SS y previno a los presidentes de los Tribunales Colegiados citados para que remitieran copias debidamente certificadas de las ejecutorias aludidas, en las que se sostienen las tesis en posible contradicci�n.

Por oficio n�mero 3060, de veintinueve de mayo del a�o dos mil uno, la Secretar�a de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito remiti� al presidente de esta Segunda S. copia certificada de la ejecutoria dictada por ese tribunal en el expediente DT. 517/2000, promovido por Cementos de M�xico N��ez, S.A. de C.V.

El procurador general de la Rep�blica no formul� pedimento.

Por prove�do de fecha veintis�is de junio del a�o dos mil uno, se turn� el presente asunto a la ponencia del Ministro Juan D�az R. para la elaboraci�n del proyecto de resoluci�n.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el punto segundo del Acuerdo Plenario 1/1997, de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en t�rminos del punto tercero transitorio del Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio del a�o dos mil uno, puesto que el presente asunto ingres� con anterioridad a la vigencia del citado acuerdo, adem�s de que el tema sobre el que tratan las ejecutorias de las cuales deriva dicha denuncia, corresponde a la materia laboral, de la especialidad de esta S..

SEGUNDO

La presente denuncia de contradicci�n de tesis es procedente de conformidad con lo previsto en el art�culo 197 de la Ley de Amparo, puesto que fue efectuada por el presidente de la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, quien se encuentra legitimado para ello.

TERCERO

El criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, al resolver el once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve el juicio de amparo directo DT. 10326/99, promovido por E.G.�a L., tiene los siguientes antecedentes:

  1. Por escrito presentado ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje el diez de marzo de mil novecientos noventa y siete, E.G.�a L. demand� de Banco Internacional, S.A., Grupo Financiero Bital, Instituci�n de Banca M�ltiple, el pago de distintas prestaciones laborales.

  2. Se�al� como hechos:

    1. Que ingres� a laborar para la demandada el ocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, como jefe de promotores; 2. Que aproximadamente a las once treinta horas del diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete, E.H.�ndez, quien desempe�aba funciones de direcci�n y administraci�n dentro de la empresa demandada, le dijo que: "por reclamar por las instalaciones quedas despedido de este trabajo".

  3. La parte actora ofreci� como pruebas:

    1. La confesional a cargo de la demandada; 2. La confesional para hechos propios a cargo de E.H.�ndez; 3. Testimonial a cargo de J.N.C., G.S.N.��ez y J.M.O.; 4. Instrumental p�blica de actuaciones; y, 5. P. legal y humana.

  4. Por su parte, la demandada ofreci� las siguientes pruebas:

    1. La confesional a cargo de E.G.�a L.(.a quien se le declar� f�ctamente confeso en audiencia de diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, por no haberse identificado); 2. Documental consistente en recibo de honorarios 0101 por la cantidad de $62,840.00; 3. Instrumental p�blica de actuaciones; y, 4. P. legal y humana.

  5. En la audiencia de veintis�is de mayo de mil novecientos noventa y siete, previa aclaraci�n de la demanda por parte del actor en relaci�n con el pago de prima de antig�edad, la empresa demandada contest� la demanda negando las prestaciones reclamadas por el actor, pues dijo que no existi� relaci�n laboral, ya que entre la empresa demandada y el actor s�lo hubo relaci�n civil debido a la celebraci�n de contrato verbal de prestaci�n de servicios profesionales; controvirti� los hechos y expuso excepciones y defensas.

  6. En la audiencia celebrada el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, fecha se�alada para el desahogo de la prueba confesional a cargo del actor, la Junta acord� tener por celebrada la audiencia para los efectos legales consiguientes y concedi� un t�rmino de tres d�as al actor, E.G.�a L., para que se identificara a satisfacci�n de la propia Junta con credencial fehaciente y, en caso de no hacerlo, lo tendr�a por confeso de las posiciones relativas.

  7. Posteriormente, por auto del diecis�is de octubre de mil novecientos noventa y siete, la Junta se�al�:

    En relaci�n con lo solicitado respecto del apercibimiento decretado en audiencia del 19 de septiembre de 1997, y toda vez que la demandada solicit� que el actor se identificara, ya que exist�a duda de la identidad del actor y de que esta Junta tiene la obligaci�n, en caso de duda, de solicitar a los comparecientes y dem�s personas que intervengan en las audiencias se identifiquen a satisfacci�n de �sta, y encontr�ndose en autos datos que hacen dudar de que quien compareci� a la audiencia confesional (sic) no es el actor, ya que existe una carta poder a fojas 4 de autos en donde aparece la firma del actor E.G.�a L., que de ninguna manera se parece a la firma que estamp� el actor el d�a y hora de la celebraci�n de la audiencia confesional (sic) a su cargo, se le hace efectivo el apercibimiento y con fundamento en el reglamento interior de la Junta, que faculta a la misma a solicitar que se identifiquen aquellos que intervienen en las audiencias, aplicando por analog�a el art�culo 815, frac. (sic) II de la ley laboral, y tomando en cuenta la petici�n de la parte interesada, toda vez que habiendo transcurrido con exceso el t�rmino concedido al actor sin que el mismo se haya identificado, se le declara f�ctamente confeso de las posiciones formuladas por la demandada en audiencia de 19 de septiembre del presente a�o, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  8. Con fecha catorce de mayo de mil novecientos noventa y ocho, la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje dict� laudo en el sentido de absolver a Banco Internacional, S.A., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero Bital, de todas y cada una de las prestaciones reclamadas y acciones intentadas por E.G.�a L., puesto que estim� que el actor no prob� sus acciones.

  9. Inconforme con el laudo anterior, E.G.�a L. promovi� demanda de garant�as de la que conoci� el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el que con fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho dict� ejecutoria en el toca DT. 13447/98, en el sentido de conceder el amparo y protecci�n solicitados para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el laudo impugnado y, en su lugar, emitiera otro en el que valorara nuevamente las pruebas ofrecidas por la parte demandada, consistentes en la testimonial a cargo de Jos� L�pez Ch�vez y �scar G.C.R.�os, as� como el diverso recibo de honorarios exhibido en el juicio.

  10. En cumplimiento de dicha ejecutoria, el ocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, la autoridad responsable dict� un segundo laudo en el que conden� a Banco Internacional, S.A., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero Bital, a pagar a E.G.�a L. la cantidad de $1?475,708.60, por concepto de indemnizaci�n constitucional, salarios ca�dos, sin perjuicio de los que se generaran hasta la ejecutoria del fallo, prima de antig�edad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, salarios devengados, prima dominical y tiempo extra.

  11. Inconforme con tal laudo, Banco Internacional, S.A., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero Bital, promovi� juicio de amparo del que toc� conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el que, por ejecutoria del catorce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, con n�mero de toca DT. 3566/99, concedi� el amparo y protecci�n solicitados para el efecto de que la Junta responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, emitiera otro en el que valorara debidamente la confesi�n ficta del actor.

  12. En cumplimiento de lo anterior, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje dict� un nuevo laudo en el que consider� que en la materia del amparo, del estudio y valoraci�n de las pruebas ofrecidas por la parte demandada (Banco Internacional, S.A., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero Bital), en especial la confesional ficta a cargo del actor E.G.�a L., declarado f�ctamente confeso de las posiciones formuladas por la demandada en audiencia del diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje dedujo que, con dicha prueba, Banco Internacional, S.A., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero Bital, acredit� la existencia de un contrato verbal de car�cter meramente civil y de prestaci�n de servicios por honorarios, celebrado entre �scar C.R.�os, como representante de la empresa demandada y el actor, contrato acordado en las oficinas de Asesor�a y Desarrollo Laboral, ubicadas en Paseo de la Reforma 293, tercer piso, colonia Cuauht�moc, en esta ciudad, el veintis�is de diciembre de mil novecientos noventa y seis, de acuerdo con el cual, E.G.�a L. prest� sus servicios profesionales y por honorarios para torneo de f�tbol r�pido, apartado de canchas de f�tbol soccer y pago de arbitraje en las instalaciones del deportivo E.M., en la Escuela Superior de Educaci�n F�sica; que, adem�s, en dicho contrato de prestaci�n de servicios se pact� como pago �nico la cantidad de $62,840.00 en una sola exhibici�n, por concepto de honorarios, cantidad que fue cubierta al actor el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis y de la que se expidi� recibo de honorarios con n�mero de folio 0101 el veintis�is de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

  13. A dicha prueba confesional ficta, la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje le concedi� valor probatorio al considerar que no existi� prueba en contrario a favor del actor que desvirtuara su valor; por tanto, con dicha prueba, aunada a la instrumental de actuaciones y a la presuncional legal y humana, la Junta en comento consider� que la parte demandada acredit� sus excepciones y tuvo por no probados los presupuestos de la acci�n intentada; en consecuencia, absolvi� a Banco Internacional, S.A., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero Bital, del cumplimiento y pago de todas y cada una de las prestaciones que le reclam� E.G.�a L. en el escrito de demanda.

  14. Inconforme con el laudo anterior, E.G.�a L. promovi� juicio de amparo del que toc� conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el que, por ejecutoria del once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada en el toca DT. 10326/99, neg� el amparo al quejoso.

    Las consideraciones de dicha resoluci�n, en las partes que interesan, son las siguientes:

    "TERCERO.-El estudio de los conceptos de violaci�n conduce a determinar lo siguiente: Alega el quejoso, en primer t�rmino, que la Junta responsable al momento de dictar el laudo que se combate se bas� en la confesional del actor, que fue declarada ilegalmente como confesi�n ficta, la cual carec�a de valor probatorio porque en el acuerdo de fecha diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, la Junta omiti� fundar y motivar el apercibimiento hecho al actor para que en un t�rmino de tres d�as se identificara y, en caso de no hacerlo, se le tendr�a por f�ctamente confeso de las posiciones que le fueron articuladas y que la Junta, en el acuerdo de diecis�is de octubre del a�o citado, se�al� que: ?... toda vez que la demandada solicit� que el actor se identificara, ya que exist�a duda sobre su identidad ...?, lo que es inexacto, en virtud de que la demandada no solicit� que el actor se identificara, por lo que indebidamente la Junta aplic� por analog�a el art�culo 815, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, precepto que s�lo es aplicable a la prueba testimonial; adem�s de que dicha confesional no debe tenerse como ficta porque el actor, hoy quejoso, s� acudi� al desahogo de dicha prueba y contest� las posiciones formuladas.-Lo anterior es infundado, porque de las constancias de autos aparece que en la audiencia celebrada el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, fecha se�alada para el desahogo de la prueba confesional a cargo del actor, la Junta acord�: ?Se tiene por celebrada la audiencia confesional del actor ofrecida por la demandada y la ratificaci�n de contenido y firma a cargo del actor, al tenor de las posiciones y preguntas formuladas en la presente acta y las cuales fueron calificadas de legales por esta Junta, para los efectos legales a que haya lugar.-Se le concede el t�rmino de 3 (tres) d�as al actor para que se identifique a satisfacci�n de esta Junta con credencial fehaciente y, en caso de no hacerlo, se le tendr� por f�ctamente confeso de las posiciones contenidas en dicha acta.-Notif�quese.? (fojas 96 vuelta).-Y aunque, efectivamente, la autoridad responsable no apoy� su proceder en precepto legal alguno, s� se encuentra la motivaci�n en el hecho de solicitar la identificaci�n del actor ?a satisfacci�n de esta Junta con credencial fehaciente?, por lo que, independientemente de que en el acuerdo posterior de fecha diecis�is de octubre de mil novecientos noventa y siete, conste que: ?En relaci�n con lo solicitado respecto del apercibimiento decretado en audiencia del 19 de septiembre de 1997, y toda vez que la demandada solicit� que el actor se identificara, ya que exist�a duda de la identidad del actor y de que esta Junta tiene la obligaci�n, en caso de duda, de solicitar a los comparecientes y dem�s personas que intervengan en las audiencias se identifiquen a satisfacci�n de �sta y encontr�ndose en autos datos que hacen dudar de que quien compareci� a la audiencia confesional no es el actor, ya que existe una carta poder a fojas 4 de autos en donde aparece la firma del actor E.G.�a L., que de ninguna manera se parece a la firma que estamp� el actor el d�a y hora de la celebraci�n de la audiencia confesional a su cargo, se le hace efectivo el apercibimiento, y con fundamento en el reglamento interior de la Junta, que faculta a la misma a solicitar que se identifiquen aquellos que intervienen en las audiencias, aplicando por analog�a el art�culo 815, fracci�n II, de la ley laboral y tomando en cuenta la petici�n de la parte interesada, toda vez que habiendo transcurrido con exceso el t�rmino concedido al actor sin que el mismo se haya identificado, se le declara f�ctamente confeso de las posiciones formuladas por la demandada en audiencia de 19 de septiembre del presente a�o, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.? (fojas 99 vuelta), lo cierto es que el apercibimiento decretado al actor en la audiencia celebrada el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, no es violatorio de las garant�as individuales del hoy quejoso, pues no se apoy� en la solicitud de la parte demandada, aunque lo haya mencionado en el diverso acuerdo de fecha diecis�is de octubre de mil novecientos noventa y siete en el que hizo efectivo el apercibimiento, sino en la satisfacci�n de la propia, responsable, la cual est� facultada para apreciar los hechos en conciencia y, por ende, valor� en consecuencia la confesi�n ficta del actor en el laudo impugnado; lo que no es contrario a derecho si se toma en cuenta que el art�culo 841 de la Ley Federal del Trabajo dispone que: ?Los laudos se dictar�n a verdad sabida, y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimaci�n de las pruebas, pero expresar�n los motivos y fundamentos legales en que se apoyen.?. Por lo que tal facultad de apreciar los hechos en conciencia, permite a la Junta, a su vez, trat�ndose de la prueba confesional, aplicar por analog�a el art�culo 815, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, que dice: ?En el desahogo de la prueba testimonial se observar�n las normas siguientes: ... II. El testigo deber� identificarse ante la Junta cuando as� lo pidan las partes y si no puede hacerlo en el momento de la audiencia, la Junta le conceder� tres d�as para ello.?, pues la Junta puede requerir que se identifique quien va a observar posiciones o rendir declaraci�n ante ella, lo que no es violatorio de garant�as individuales, porque su actuaci�n encuentra apoyo en el art�culo 17 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: ?A falta de disposici�n expresa en la Constituci�n, en esta ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el art�culo 6o., se tomar�n en consideraci�n sus disposiciones queregulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del art�culo 123 de la Constituci�n, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.?; y acorde con el principio general de derecho, en el sentido de que la autoridad tiene la obligaci�n de identificar a las partes, en el caso concreto, al que absolver� posiciones para la certeza jur�dica de sus declaraciones.-Por otra parte, es infundado el argumento que vierte el quejoso en su primer concepto de violaci�n, en el que se�ala que la Junta emiti� un laudo incongruente contraviniendo lo dispuesto en los art�culos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que absolvi� a la demandada, bas�ndose �nicamente en la confesional ficta del actor, hoy quejoso.-Sobre el particular, la Junta consider�: (transcribe sin que sea necesario reproducirlo).-De lo que se advierte que es infundada la apreciaci�n del hoy quejoso, porque, como lo consider� la autoridad responsable en el laudo impugnado, no existe prueba en contrario que desvirt�e el resultado de la confesi�n ficta del actor, pues de los elementos de convicci�n ofrecidos por �l, aparece que la confesional del banco demandado no le favoreci� (foja 90); desisti� de la confesional para hechos propios a cargo de E.H.�ndez (foja 107); de la testimonial de J.N.C., G.S.N.��ez y J.M.O. (foja 92); y le fue desechada la inspecci�n (fojas 87 vuelta). En tal virtud, la Junta responsable en forma correcta concluy� que no exist�a prueba en contrario que desvirtuara la presunci�n derivada del resultado de la confesi�n ficta del actor.-En consecuencia, lo que procede es negar el amparo, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n IV, de la Ley de Amparo." (fojas 19 a 22 del expediente).

    Con motivo de este asunto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito elabor� la tesis I.6o.T.63 L, publicada en la p�gina 982, Tomo XI, correspondiente a enero de 2000, Novena �poca, compilada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que establece lo siguiente:

    "CONFESIONAL. APLICACI�N, POR ANALOG�A, DEL ART�CULO 815, F.I., DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.-El art�culo 841 de la Ley Federal del Trabajo dispone que: ?Los laudos se dictar�n a verdad sabida, y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimaci�n de las pruebas, pero expresar�n los motivos y fundamentos legales en que se apoyen.?; la facultad de apreciar los hechos en conciencia, permite a la Junta, en el caso de la prueba confesional, aplicar por analog�a el art�culo 815, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, que dice: ?En el desahogo de la prueba testimonial se observar�n las normas siguientes: ... II. El testigo deber� identificarse ante la Junta cuando as� lo pidan las partes y si no puede hacerlo en el momento de la audiencia, la Junta le conceder� tres d�as para ello.?; por tanto, si la Junta requiere a quien va a absolver posiciones o rendir declaraci�n, que se identifique, no incurre en violaci�n de garant�as individuales, acorde con la obligaci�n que tiene la autoridad de identificar a las partes, en el caso concreto, al que absolver� posiciones, para tener certeza jur�dica de identidad, lo que es acorde a lo dispuesto en el art�culo 17 de la Ley Federal del Trabajo que dice: ?A falta de disposici�n expresa en la Constituci�n, en esta ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el art�culo 6o., se tomar�n en consideraci�n sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del art�culo 123 de la Constituci�n, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.?."

CUARTO

Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de M�xico, al resolver el juicio de amparo directo DT. 517/2000, promovido por Cementos de M�xico N��ez, S.A. de C.V., fallado el treinta de agosto del a�o dos mil, tiene los siguientes antecedentes:

  1. Por escrito presentado ante la Junta Especial Siete de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de M�xico, el cuatro de enero de mil novecientos noventa y nueve, D.J.G.G.�lez y otros nueve trabajadores, a trav�s de su apoderado, promovieron juicio laboral en contra de Cementos de M�xico N��ez, S.A. de C.V., H�ctor R.P.�rez Lozada y R.P.�rez Lozada, de quienes reclamaron diferentes prestaciones de orden laboral.

  2. Se�alaron como hechos:

    1. Los actores en el juicio laboral fueron contratados por la empresa demandada en las fechas y para realizar las funciones siguientes: A) D.J.G.G.�lez, dos de enero de mil novecientos noventa y ocho, machetero; B) I.G.J., dos de marzo de mil novecientos noventa y ocho, ayudante; C.M.G.M.�nez, dos de enero de mil novecientos noventa y siete, chofer de camioneta; D) V�ctor G.R., dos de enero de mil novecientos noventa y ocho, machetero; D) J.�n H.�ndez A., dos de enero de mil novecientos noventa y cinco, chofer; E) A.J.C., tres de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, ayudante; F) J.M.C., dos de mayo de mil novecientos noventa y tres, ayudante; G) L.M.C., diez de enero de mil novecientos noventa y ocho, chofer de Kenworth; H) M. �ngel S.�n J., dos de enero de mil novecientos noventa y siete, machetero; e, I) J.V.C., veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, machetero; cuyo horario de labores era de las siete a las diecinueve horas de lunes a s�bado, en las instalaciones de la empresa demandada.

    2. El catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, los actores fueron despedidos de su trabajo por H�ctor R.P.�rez Lozada, quien les manifest� que ya no los necesitaba.

  3. Cementos de M�xico N��ez, S.A. de C.V., por conducto de su representante, Ang�lica N��ez Rojas, dio contestaci�n a la demanda anterior negando el despido de los actores y se�al� que las prestaciones reclamadas ya se hab�an pagado, y en cuanto a los hechos, precis� fechas de contrataci�n, puestos y salarios de cada uno de los actores y opuso las siguientes excepciones:

    1. Excepci�n de pago respecto de las horas extras laboradas; 2. Defensa de falta de acci�n y derecho para la reclamaci�n de salarios ca�dos.

  4. En el mismo momento de la contestaci�n de demanda, Cementos de M�xico N��ez, S.A. de C.V., requiri� a los actores para que se reincorporaran a su empleo en las condiciones y t�rminos en que lo ven�an desempe�ando.

  5. Posteriormente, el apoderado de los actores, en uso de las facultades otorgadas en las cartas poder respectivas, desisti� de las acciones y reclamaciones en contra de H�ctor R.P.�rez Lozada y R.P.�rez Lozada.

  6. La parte actora ofreci�, entre otras pruebas, las confesionales de la persona moral demandada Cementos Mexicanos N��ez, S.A. de C.V., de Ang�lica N��ez Rojas y de H�ctor R.P.�rez Lozada.

  7. En audiencia de trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve, relativa a las confesionales ofrecidas por la parte actora a cargo de Ang�lica N��ez Rojas y H�ctor R.P.�rez Lozada, los absolventes respondieron en forma negativa a todas las posiciones y debido a la petici�n de la parte actora, la Junta responsable requiri� a los absolventes para que en el t�rmino de tres d�as h�biles exhibieran documento oficial de identificaci�n, apercibidos que en caso contrario se les sancionar�a con la declaratoria de confesos f�ctamente, en atenci�n a que: "con el car�cter con el que comparecieron y proporcionaron sus generales y con el que de acuerdo a autos (sic) se desprende tienen para con la empresa, existe el temor fundado de suplantaci�n de personas de acuerdo al principio de equidad y seguridad jur�dica procesal".

  8. Posteriormente, por auto de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, la Junta responsable tuvo a los demandados por identificados, debido a que por escrito del dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve exhibieron cartas de residencia con fotograf�a, expedidas por la Asociaci�n de Colonos del Fraccionamiento Lomas Atizap�n, A.C., en papel membreteado con sello y firma del presidente, vicepresidente y del tesorero encargado de actas y acuerdos, sin que procediera declararlos confesos, como lo solicitaron los actores; sin embargo, a continuaci�n, la Junta responsable anot�: "... se dice, se aclara que se deja sin efecto lo anterior acordado ..." y con la finalidad de proveer respecto de las manifestaciones del apoderado de los actores, quien objet� las documentales identificatorias de los actores y se�al� la posible suplantaci�n de los demandados, la Junta se reserv� a dictar lo conducente.

  9. M�s adelante, mediante prove�do del once de junio de mil novecientos noventa y nueve, la Junta se�al� que:

    ... as� como a la reserva decretada por esa Junta mediante acuerdo de fecha veintisiete de mayo del a�o en curso, al respecto esta Junta pasa a acordar lo conducente, en principio y toda vez que de autos no se desprende que los confesantes (sic) Ang�lica N��ez Rojas y H�ctor R.P.�rez Lozada hallan (sic) cumplido con el requerimiento hecho por esta Junta en fecha (sic) trece de mayo del a�o en curso, en los t�rminos ordenados por acuerdo de esa misma fecha, en consecuencia a los mismos se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en dicho prove�do y en consecuencia se le (sic) tiene por f�ctamente confesos de las posiciones que se le (sic) formularon en la audiencia respectiva y que esta Junta calific� de procedentes y de legales.

  10. La Junta Especial Siete de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de M�xico dict� laudo el diecisiete de marzo del a�o dos mil, en el expediente 11/99, resolviendo que la parte actora acredit� parcialmente la procedencia de sus acciones, en tanto que la demandada justific� en parte sus defensas y excepciones, condenando al demandado a pagar a los actores diversas prestaciones.

  11. Para llegar a dicha determinaci�n, la Junta del conocimiento estim�, entre otros aspectos, al valorar las pruebas, que al demandado H�ctor R.P.�rez Lozada se le tuvo por confeso f�ctamente, en virtud de que no se identific� con documento oficial ante ella, probanza a la que le otorg� valor probatorio pleno, pues tal extremo lo confirm� con la inspecci�n mediante la cual se acreditan las condiciones de trabajo a que aluden los actores, resultando cierto el despido.

  12. En contra de esta �ltima resoluci�n, H�ctor R.P.�rez Lozada, por su propio derecho, y Ang�lica N��ez Rojas, en representaci�n de Cementos M�xico N��ez, S.A. de C.V., promovieron juicio de garant�as, del que correspondi� conocer al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, el cual lo registr� con el n�mero DT. 517/2000 y, previos los tr�mites legales, dict� resoluci�n el treinta de agosto del a�o dos mil otorgando el amparo a la empresa quejosa.

    Las consideraciones de dicha resoluci�n, en las partes que interesan, son las siguientes:

    "S�PTIMO.-Tomando en cuenta su relaci�n con los motivos de inconformidad, se estima necesario detallar la informaci�n siguiente: Los actores ofrecieron, entre otras pruebas, la confesi�n a cargo de Cementos de M�xico N��ez, S.A. de C.V., y para hechos propios e incluso como demandados f�sicos, de Ang�lica N��ez Rojas y H�ctor R.P.�rez Lozada (foja 54); la Junta se�al� para recibirlas el 21 (veintiuno) de abril de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), pero en esa ocasi�n fue exhibido el certificado m�dico agregado a fojas noventa y uno, en cuyos t�rminos el apoderado legal de �stos acredit� que padec�an un proceso gastroinfeccioso originado por salmonella y e. coli, ameritando reposo absoluto durante diez d�as.-La autoridad estim� justificada la ausencia de los absolventes y se�al� como nueva fecha para llevar a cabo la audiencia el trece de mayo posterior (fojas 92 a la 94).-El d�a indicado, Ang�lica N��ez Rojas manifest� como datos de identificaci�n general, llamarse como se mencion�; ser originaria de la Ciudad de M�xico; de veintisiete a�os de edad, casada, dedicada al hogar, con estudios hasta la escuela preparatoria; su domicilio estaba ubicado en la avenida R.C. n�mero dieciocho, en Lomas de Atizap�n, pero antes de que contestara las posiciones destinadas al representante legal de la sociedad an�nima, el apoderado de la parte actora solicit� que se le requiriera para identificarse a satisfacci�n de la Junta, porque indic� que su ocupaci�n es la de ama de casa (hogar) y ello se contrapone a las constancias de autos, donde aparece como representante legal de la empresa y ante el temor fundado de que la compareciente no fuera la persona cuyo nombre ostentaba, hizo dicha solicitud con apoyo en lo dispuesto en el art�culo 17 de la Ley Federal del Trabajo y, en caso de no cumplir la absolvente, deber�a declararse f�ctamente confesa.-No obstante lo anterior, la multicitada Ang�lica N��ez Rojas contest� los planteamientos dirigidos a la persona moral.-Enseguida, el apoderado de los trabajadores ratific� las posiciones articuladas el veintiuno de abril anterior, a la tantas veces mencionada Ang�lica N��ez, pero como demandada f�sica, de las cuales fue desechada por insidiosa la n�mero seis, las dem�s fueron contestadas negativamente, incluso otra dictada en ese acto, relativa a que D.J.G.G.�lez percib�a $450.00 a la semana (fojas 100 vuelta y 101).-Llegado el momento de recibir la confesi�n de H�ctor R.P.�rez Lozada, �ste manifest� llamarse como qued� escrito; ser originario del Distrito Federal; de veintisiete a�os de edad, casado, de ocupaci�n comerciante, con estudios hasta la escuela preparatoria; su domicilio se localizaba en la avenida R.C.1., colonia Lomas de Atizap�n, e igual que con Ang�lica N��ez Rojas, el abogado de los accionantes ratific� los planteamientos formulados con anterioridad y solicit� requerirlo para identificarse a satisfacci�n de la Junta; despu�s el absolvente respondi� en forma negativa todas las posiciones, menos la seis, que fue desechada.-En atenci�n a las peticiones de la parte actora, la autoridad requiri� a los dos absolventes para que en el t�rmino de tres d�as h�biles exhibieran documento oficial, apercibidos de que en caso contrario se les declarar�a confesos f�ctamente, en atenci�n a que con el car�cter que comparecieron y proporcionaron sus generales y con el que de acuerdo a autos se desprende tienen para con la empresa, existe el temor fundado de suplantaci�n de personas de acuerdo al principio de equidad y seguridad jur�dica procesal, asentando la media filiaci�n de cada uno de ellos (fojas 100 vuelta y 101).-Mediante promoci�n depositada en la oficial�a de partes de la Junta el dieciocho de mayo de la anualidad anterior a �sta, los multirreferidos declarantes depositaron las cartas de residencia con fotograf�a de ellos, agregadas a fojas 105 y 106, expedidas por la Asociaci�n de Colonos del Fraccionamiento Lomas de Atizap�n, A.C., en papel membretado con sello y firma del presidente, del vicepresidente y del tesorero encargado de actas y acuerdos, haciendo constar que viven desde hace m�s de cinco a�os en el domicilio que informaron en sus datos de identificaci�n general.-En ese mismo escrito se�alaron que su credencial de elector estaba en tr�mite de reposici�n por extrav�o (foja 104).-En el acuerdo emitido en la audiencia de veintisiete de mayo en cita, la actuante los tuvo por identificados en tiempo, en t�rminos de las constancias aludidas, para los efectos legales a que hubiera lugar, lo cual ser�a tomado en consideraci�n al resolver; en consecuencia, no proced�a declararlos confesos, como lo solicitaron los actores, pero enseguida se anot�: ?... se dice, se declara que se deja sin efecto lo anteriormente acordado ...? y con la finalidad de proveer respecto de las manifestaciones del apoderado de los actores, quien objet� las documentales de m�rito, al presumirlas elaboradas unilateralmente e, incluso, ante la posible suplantaci�n de los demandados, se reserv� a dictar lo conducente (foja 107 vuelta).-El primero de junio de mil novecientos noventa y nueve, los absolventes en cita llevaron tambi�n a la oficial�a de partes correspondiente el escrito con un anexo obtenidos, al parecer v�a fax, presentando sus licencias de automovilistas, expedidas el veintiocho de mayo de esa anualidad, solicitando el se�alamiento de d�a y hora para exhibirlas en original y al respecto, una vez que la secretar�a de la Junta dio cuenta con la promoci�n de m�rito, el d�a once del sexto mes la autoridad provey�: ?... t�nganse por hechas las manifestaciones que vierten las partes en la presente actuaci�n, as� como las contenidas en el escrito con el que la secretar�a da cuenta para todos los efectos legales a que haya lugar, y en atenci�n a las mismas, as� como a la reserva decretada por esta Junta mediante acuerdo de fecha veintisiete de mayo del a�o en curso al respecto esta Junta pasa a acordar lo conducente, en principio y toda vez que de autos no se desprende que los confesantes Ang�lica N��ez Rojas y H�ctor R.P.�rez Lozada hayan cumplido con el requerimiento hecho por esta Junta en fecha trece de mayo del a�o en curso, en los t�rminos ordenados por acuerdo de esa misma fecha, en consecuencia, a los mismos se les hacen efectivos los apercibimientos decretados en dicho prove�do y en consecuencia se les tiene por f�ctamente confesos de las posiciones que se les formularon en la audiencia respectiva y que esta Junta calific� de procedentes y de legales.? (fojas 111 vuelta).-OCTAVO.-Inconformes con la determinaci�n constitutiva del acto reclamado, H�ctor R.P.�rez Lozada y Ang�lica N��ez Rojas, esta �ltima en representaci�n de Cementos de M�xico N��ez, S.A. de C.V., solicitaron el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, imputando a la Junta responsable y al presidente de la misma, vulneraci�n a las garant�as de legalidad y de seguridad jur�dica tuteladas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica, perpetrada a trav�s del desacato a los numerales 17, 685, 786, 787, 788, 789, 790, 813, 814 y 815 de la Ley Federal del Trabajo.-Los conceptos que se tienen por formulados �nicamente en representaci�n de Cementos de M�xico N��ez, S.A. de C.V., a trav�s de Ang�lica N��ez Rojas son, en esencia, los siguientes: 1. Mediante acuerdo de 11 de junio de 1999, H�ctor R.P.�rez Lozada y la propia Ang�lica N��ez Rojas, fueron declarados f�ctamente confesos, sin fundamento aplicable, pues la autoridad los requiri� para identificarse a trav�s de documento oficial, pese a que la parte actora no lo solicit� as�, ni argument� el temor de una posible suplantaci�n de persona tomado en cuenta por la responsable; adem�s, manifestaron el hecho de encontrarse en tr�mite, desde el 13 de mayo de 1999, sus credenciales de elector, de lo cual nada se provey�; aunado a esto, exhibieron copia simple de dos documentos de la categor�a requerida; no obstante, en auto de 27 de mayo de 1999, la Junta revoc� su determinaci�n, pues primero los declar� identificados y enseguida insertando un ?se dice? dej� sin efectos la actuaci�n e hizo efectivo el apercibimiento, sin atender a sus diversas promociones, es decir, al hecho de encontrarse acreditada la personalidad de la representante legal de la sociedad an�nima y a los documentos con fotograf�a y firma expedidos por la asociaci�n de colonos de un fraccionamiento, en que se aprecia la correspondencia entre sus rasgos f�sicos y los de las personas comparecientes al desahogo de la prueba deposiciones, siendo lo anterior suficiente para discernir si se estaba o no en presencia de la mencionada suplantaci�n de personas.-2. Tambi�n aduce la peticionaria que la confesi�n ficta s�lo tiene lugar cuando el absolvente no comparece a la audiencia, lo cual no sucedi�, pues fue desahogada la prueba, en cuyas circunstancias fue infundado el anunciar el estimarlos confesos si no se identificaban en los t�rminos exigidos, pues en ninguna disposici�n legal se encuentra previsto as� y el no llevar a cabo el examen de los autos en detalle, principalmente el acuerdo de 26 de mayo de 1999, trascendi� al laudo, pues debi� desestimarse la prueba en comento.-3. No fue agotado el principio de exhaustividad, pues en el fallo no se tomaron en cuenta la totalidad de las constancias de autos, como son las antes mencionadas y, de hacerlo, la conclusi�n habr�a sido diferente en beneficio de la demandada, al concluir que no hubo suplantaci�n de persona, ni la alegaron los actores.-Los planteamientos antes detallados se estudian en forma conjunta, como lo permite lo preceptuado en el art�culo 79 de la Ley de Amparo, a fin de resolver la cuesti�n efectivamente planteada, en la cual se atribuye una violaci�n a las leyes del procedimiento, prevista en la fracci�n IV del art�culo 79 de la ley inmediatamente antes citada, argumentos que son de an�lisis preferente porque de ser fundados dar�an lugar a reponer el procedimiento y tornar�an innecesario el estudio del fondo del asunto.-A su vez, dispone el numeral 161 del mismo ordenamiento, que podr�n reclamarse en amparo directo los laudos o resoluciones, siempre y cuando pongan fin al juicio, empero, no es dable preparar la afectaci�n porque no existe recurso ordinario, seg�n el art�culo 848 de la Ley Federal del Trabajo y no lo exige el numeral 158 de aquella legislaci�n, siempre y cuando sea evidente su trascendencia al fallo.-En lo relativo a Ang�lica N��ez Rojas, el planteamiento es infundado, porque el hecho de haberla declarado f�ctamente confesa, en su car�cter de demandada f�sica, pese a haber comparecido con oportunidad a absolver posiciones, no influy� en el laudo, en el cual la responsable estim� este medio de convicci�n carente de eficacia probatoria, pues aun teniendo como cierta en esa forma la existencia del v�nculo laboral que �sta neg�, la presunci�n qued� desvirtuada a trav�s de la respuesta a la demanda, vertida por la persona moral, aceptando la contrataci�n de los actores.-La inconformidad es fundada pero inoperante, respecto a H�ctor R.P.�rez Lozada, a quien se le imput� el despido, porque, como lo aduce la sociedad an�nima, fue declarado confeso en forma ilegal ante la inexistencia de fundamento aplicable para exigirle identificarse mediante documento, pues no se encuentra previsto as� en el t�tulo catorce ?Derecho procesal del trabajo?, cap�tulo XII ?De las pruebas?, secci�n segunda ?De la confesional?, que corresponde a los art�culos 786 al 794 de la ley de la materia, particularmente en el 790, en cuyas siete fracciones se detallan las normas a observar en el desahogo de este elemento de convicci�n, sin exigir, ni prever, como sucede en el caso de la testimonial (art�culo 815, fracci�n II), al tratarse de personas extra�as al procedimiento, la necesidad de que los absolventes se identifiquen cuando as� lo pidan las partes, a diferencia de los demandados f�sicos, en especial el absolvente para hechos propios, quien necesariamente le era conocido a los accionantes, si le atribuyeron el despido; por tanto, era inconfundible, suprimiendo esta circunstancia, la posibilidad de que fuera otro quien acudiera a la audiencia y se hiciera pasar por �l.-Tambi�n asiste la raz�n a la patronal, en cuanto indica que los enjuiciantes no pidieron identificaci�n oficial pues, en efecto, no fue as�, ni atribuyeron en un inicio la multicitada ?suplantaci�n de persona? al nombrado confesante para hechos propios, sino a Ang�lica N��ez Rojas, porque desde la perspectiva de ellos, era incompatible el car�cter de representante legal de la negociaci�n, si estaba dedicada a su hogar, seg�n lo manifest� en sus datos de identificaci�n general, pero la Junta indebidamente hizo extensivo ese se�alamiento a las dos personas.-Igualmente, es cierto que el tantas veces mencionado R.P.�rez Lozada exhibi� la constancia de vecindad expedida por la Asociaci�n de Colonos del Fraccionamiento Lomas de Atizap�n, A.C., agregada a fojas 105, en la cual aparece su fotograf�a, y ese documento colocaba a la autoridad en condiciones de constatar que la persona acreditada en esos t�rminos, es la misma que acudi� a contestar posiciones en la audiencia de trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve e, incluso, el 27 de mayo posterior (foja 107 vuelta) se le tuvo por identificado y en forma ilegal la Junta revoc� su determinaci�n el 11 de junio siguiente, pues no le est� permitido hacerlo, seg�n el p�rrafo segundo del art�culo 686 de la ley aplicable; sin embargo, considerando insatisfecho el requerimiento de trece de mayo anterior lo declar� f�ctamente confeso (foja 111 vuelta), lo cual trascendi� al fallo porque, como se dijo, a tal elemento, no desvirtuada como prueba en contrario, se le concedi� eficacia para estimar cierto que ten�a facultades de mando sobre los empleados y en representaci�n del patr�n, el 17 de diciembre de 1998, decidi� dejar de ?percibir? los servicios personales y subordinados de �stos.-No obstante lo anterior, a nada pr�ctico llevar�a conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad reponga el procedimiento y elimine las actuaciones ilegalmente practicadas, porque subsistir�a el sentido de la determinaci�n.-Ciertamente, al plantear la litis, luego de examinar la oferta de empleo, la Junta estim� que no operaba la reversi�n de la carga de la prueba, excepto en lo vinculado a L.M.C., porque en cuanto a los dem�s actores, la empleadora controvirti� la categor�a y el salario, consecuentemente, soport� la obligaci�n de acreditar la inexistencia del despido, lo cual no logr� a trav�s de la confesi�n de D.J.G.G.�lez e I.G.J., �nicos a quienes formul� posiciones; de su testimonial, declarada desierta; de la inspecci�n, pues fue comprobada la falsedad de los documentos exhibidos durante la misma; ni de las actuaciones del juicio y la presuncional en su doble aspecto.-Lo anterior es as�, porque a la confesi�n ficta de m�rito, robustecida con la inspecci�n ofrecida por su contraparte, se le concedi� valor probatorio para estimar cierto el despido, pero a los trabajadores no les correspond�a satisfacer esa carga, en consecuencia, aun suprimiendo esas consideraciones, como se dijo, subsistir�a la obligaci�n de acreditar las excepciones y las defensas, lo cual no logr�.-En cambio, es fundado el concepto en lo relativo a L.M.C., porque en lo tocante al mismo, s� hubo reversi�n de la carga de la prueba, por tanto, �ste deb�a comprobar la separaci�n de la actividad sin causa justificada y ello se estim� cierto a trav�s de la confesi�n ficta ilegalmente decretada, seg�n qued� descrito, lo cual no habr�a sucedido de actuar la autoridad con estricto apego a la buena fe, que como tribunal de conciencia le caracteriza y est� obligada a observar; sin embargo, ello no amerita reponer el procedimiento, pues para restituir al quejoso en el goce de la garant�a vulnerada basta con que la Junta, al resolver, deje de tomar en cuenta la confesi�n ficta del multicitado H�ctor R.P.�rez Lozada. ... Acreditada parcialmente la vulneraci�n a las garant�as de legalidad y de seguridad jur�dica tuteladas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica, procede conceder a Ang�lica N��ez Posadas, en representaci�n de Cementos de M�xico N��ez, S.A. de C.V., el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, para el �nico efecto de que la Junta deje insubsistente el acto combatido y pronuncie uno nuevo, en el cual deje intocado lo resuelto en cuanto a D.J.G.G.�lez, I.G.J.�nez, M.G.M.�nez, V�ctor G.R., J.�n H.�ndez A., A.J.C., J. y L., de apellidos M.C., M. �ngel S.�n J. y J.V.C.; pero en lo tocante a L.M.C., tome en cuenta las contestaciones de H�ctor R.P.�rez Lozada a las posiciones que le fueron atribuidas y con plenitud de jurisdicci�n se pronuncie como corresponda." (fojas 26 a 62).

    El anterior asunto dio origen a la tesis II.T.191 L, publicada en la p�gina 1784, T.X., correspondiente a febrero de dos mil uno, Novena �poca, contenida en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que es del tenor siguiente:

    PRUEBA CONFESIONAL. ES INDEBIDO EXIGIR A LOS ABSOLVENTES QUE SE IDENTIFIQUEN.-Si la Junta declara confeso precisamente al absolvente a quien se le atribuy� el despido, sustentada en que omiti� identificarse a trav�s de alg�n documento, dicha conclusi�n es indebida, porque los art�culos 786 al 794 de la Ley Federal del Trabajo, cuyas disposiciones regulan a la prueba de este g�nero, no prev�n ese requisito, e incluso, el numeral 790 establece los lineamientos vinculados con su desahogo, pero no mencionan la exigencia aludida, como acontece con la testimonial (precepto 815, fracci�n II), relativa a personas extra�as al juicio.

QUINTO

El objeto de la presente denuncia consiste en determinar si al resolver el amparo directo DT. 10326/99, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostuvo o no un criterio contrario al adoptado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito al fallar el amparo directo DT. 517/2000, respecto de una cuesti�n jur�dica esencialmente igual.

Para estar en posibilidad de decidir la denuncia de contradicci�n, es necesario tener presente que la anterior Cuarta S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia 22/92, publicada en la p�gina 22 de la Gaceta 58, Octava �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y dos, sostuvo el siguiente criterio:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

As� como el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2001, visible a fojas 77, T.X., abril de 2001, Novena �poca, compilada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

En la especie, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el tercer considerando de la sentencia que pronunci� al resolver el amparo directo DT. 10326/99, sostuvo, en esencia, que contrariamente a lo expresado por la parte quejosa en los conceptos de violaci�n, si bien la Junta responsable no cit� fundamento alguno para ello, lo cierto es que el acuerdo tomado por dicha responsable en la audiencia de diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, consistente en el apercibimiento al actor para que se identificara a satisfacci�n de la propia Junta dentro del plazo de tres d�as, y en caso de omisi�n, lo tendr�a f�ctamente confeso de las posiciones formuladas, tiene la motivaci�n suficiente, pues seg�n el Tribunal Colegiado, aun cuando tal acuerdo tiene como apoyo la solicitud de la demandada de que se identificara el compareciente a la absoluci�n de posiciones, debido a que ten�a duda en la identidad del actor, el diverso prove�do del diecis�is de octubre de mil novecientos noventa y siete, donde hizo efectivo el apercibimiento decretado con antelaci�n y se tuvo por f�ctamente confeso al actor, la motivaci�n consiste en la identificaci�n del actor a satisfacci�n de la propia responsable.

Luego, debido a que, seg�n dijo el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, la Junta responsable est� facultada para apreciar los hechos en conciencia, al hacerlo as� en relaci�n con la confesi�n ficta del actor, es correcto, pues trat�ndose de la prueba confesional, la responsable puede aplicar por analog�a el art�culo 815, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, requiriendo al absolvente que se identifique, sin que ello se considere violatorio de garant�as, porque tal actuar se funda en el art�culo 17 de la Ley Federal del Trabajo, que se�ala la aplicaci�n, a falta de disposici�n expresa de la ley, de los principios generales de la Constituci�n, de la propia Ley Federal del Trabajo, de sus reglamentos, de los principios generales del derecho, los de justicia social, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; por ello, acorde con el principio general de derecho de que la autoridad est� obligada a identificar a las partes, la determinaci�n examinada es exacta, concluy� el Tribunal Colegiado.

Finalmente, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consider� correcta la estimaci�n de la Junta responsable al afirmar en el laudo reclamado que no exist�a prueba en contrario que desvirtuara el resultado de la confesi�n ficta del actor, debido a que ninguno de los elementos de convicci�n ofrecidos por aqu�l le favoreci�, seg�n lo destac� de manera concreta el propio Tribunal Colegiado en la ejecutoria que se examina.

Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo DT. 517/2000, sostuvo sustancialmente lo siguiente:

Que la confesi�n ficta de H�ctor R.P.�rez Lozada fue infundada, porque no existe dispositivo aplicable cuya hip�tesis normativa prevea la exigencia de la identificaci�n del absolvente, ya que en ninguno de los preceptos que integran el t�tulo catorce de la Ley Federal del Trabajo, y en especial del art�culo 790 que detalla las normas aplicables en el desahogo de la confesional, se establece la exigencia se�alada, como s� sucede en cambio con la prueba testimonial, art�culo 815, fracci�n II, de la propia ley, m�xime que, en el caso, el absolvente para hechos propios necesariamente era conocido por los accionantes al atribuirle el despido, suprimiendo esta circunstancia la posibilidad de que fuera otro el que acudiera a la audiencia correspondiente.

Ahora bien, el primero de los elementos citados en la jurisprudencia 22/92 transcrita s� se da, y para ponerlo de manifiesto es pertinente precisar las cuestiones jur�dicas esencialmente iguales que fueron materia de an�lisis en las sentencias que se denuncian como divergentes y que son:

  1. Los dos Tribunales Colegiados de Circuito emitieron sus criterios en juicios de amparo directo, en los que se reclamaron actos de la misma naturaleza y contenido, esto es, en el amparo directo DT. 10326/99, resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se reclam� el laudo pronunciado por la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje con residencia en esta ciudad. En el amparo directo DT. 517/2000, fallado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de M�xico, se reclam� el laudo de la Junta Especial Siete de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de M�xico.

  2. En ambos casos se advirti� que los actos reclamados derivaron de las resoluciones a los juicios promovidos por trabajadores con motivo del despido de su fuente de trabajo.

  3. En ambos asuntos, ya dentro del periodo probatorio, las Juntas tuvieron como f�ctamente confesa de las posiciones relativas a los absolventes, al no haberse identificado, debido a que la propia Junta tuvo duda en relaci�n con su identidad, en atenci�n a lo manifestado por la oferente de la prueba en ese aspecto.

    De lo anterior se observa que los dos asuntos se suscitaron con motivo de los laudos pronunciados en juicios laborales en los que se aleg� el despido de los actores y en los que, entre otras pruebas, las partes ofrecieron la confesional a cargo de su contraparte, adem�s de que en el desahogo de dicha prueba las absolventes, en lo que interesa, no se identificaron dentro del plazo que les otorg� la responsable.

    A pesar de basarse en los mismos supuestos, los Tribunales Colegiados de Circuito arribaron a conclusiones diferentes, como son:

  4. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consider� que la Junta responsable actu� correctamente al declarar f�ctamente confeso al absolvente por no haberse identificado, en virtud de que est� facultada para apreciar los hechos en conciencia, pues trat�ndose de la prueba confesional, puede aplicar por analog�a el art�culo 815, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, requiriendo al absolvente que se identifique, sin que ello se considere violatorio de garant�as, porque tal actuar se funda en el art�culo 17 de la Ley Federal del Trabajo que se�ala la aplicaci�n, a falta de disposici�n expresa de la ley, de los principios generales de la Constituci�n, de la propia Ley Federal del Trabajo, de sus reglamentos, de los principios generales del derecho, los de justicia social, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; por ello, acorde con el principio general de derecho de que la autoridad est� obligada a identificar a las partes, la determinaci�n examinada es jur�dica.

  5. En cambio, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito estim� que la declaratoria de confesi�n ficta de absoluciones a cargo del demandado f�sico realizada por la Junta es incorrecta, porque no existe dispositivo aplicable cuya hip�tesis normativa prevea la exigencia de la identificaci�n del absolvente, ya que en ninguno de los preceptos que integran el t�tulo catorce de la Ley Federal del Trabajo y en especial del art�culo 790 que detalla las normas aplicables en el desahogo de laconfesional, se establece la exigencia se�alada, como sucede con la prueba testimonial, art�culo 815, fracci�n II, de la propia ley, en relaci�n con la necesidad de que los absolventes se identifiquen cuando as� lo pidan las partes, trat�ndose de personas extra�as al procedimiento, m�xime que, en el caso, el absolvente para hechos propios necesariamente era conocido por los accionantes al atribuirle el despido, suprimiendo esta circunstancia la posibilidad de que fuera otro el que acudiera a la audiencia correspondiente.

    Consecuentemente, resulta claro que en la especie se examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adoptaron criterios jur�dicos discrepantes, de tal suerte que, como se dijo con antelaci�n, la primera de las hip�tesis precisadas en la jurisprudencia 22/92 s� se actualiza.

    Igualmente se surte el segundo de los supuestos, ya que esos razonamientos e interpretaciones divergentes fueron los que dieron sustento a la parte considerativa de las sentencias en comento y las tesis antes relatadas.

    Finalmente, el �ltimo de los requisitos precisados en la jurisprudencia de m�rito tambi�n se actualiza, puesto que en ambas sentencias se examinaron los mismos preceptos de la Ley Federal del Trabajo para, finalmente, concluir cada uno en diversos sentidos.

    En este orden, toda vez que en la especie concurren las tres hip�tesis que prev� la jurisprudencia 22/92, sustentada por la anterior Cuarta S. de esta Suprema Corte de Justicia, as� como lo se�alado por el Pleno, se hace menester analizar los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados, Sexto Tribunal en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito.

SEXTO

Como qued� precisado en el considerando que antecede, el punto discrepante que se sustent� en las sentencias de amparo y tesis pronunciadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, consiste en que mientras un Tribunal Colegiado considera que la declaratoria de confesi�n ficta de absoluciones ante la falta de identificaci�n del absolvente es correcta, pues trat�ndose de la prueba confesional, la Junta puede aplicar por analog�a el art�culo 815, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, requiriendo al absolvente que se identifique, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 17 de la propia ley, el otro Tribunal Colegiado considera incorrecta tal declaratoria, porque dice que no existe dispositivo aplicable cuya hip�tesis normativa prevea la exigencia de la identificaci�n del absolvente, como sucede con la prueba testimonial, art�culo 815, fracci�n II, de la propia ley, toda vez que el absolvente para hechos propios necesariamente es conocido por la oferente de la prueba.

As�, el punto central de la contradicci�n de criterios consiste en dilucidar si la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje puede aplicar por analog�a el art�culo 815, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, relativa a la prueba testimonial, requiriendo al absolvente que se identifique cuando as� lo pidan las partes ante la duda sobre su identidad, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 17 de la propia ley o, por el contrario, ante la inexistencia de dispositivo que as� lo establezca, tal exigencia no resulta jur�dica.

Cabe aclarar que si bien, en la especie, la confesi�n ficta de los absolventes no corresponde a la misma parte en el juicio (puesto que en el amparo directo DT. 10326/99, dictado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se trat� del actor y en el amparo directo DT. 517/2000, fallado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, fueron los demandados), lo cierto es que el problema jur�dico a dilucidar es el mismo, ya que en ambos casos la confesi�n ficta deriv� de la duda que la Junta tuvo en relaci�n con la identidad del absolvente, esto es, versaron sobre una misma cuesti�n procesal, independientemente de la existencia de situaciones circunstanciales diversas que no influyen sobre la determinaci�n del criterio jur�dico correspondiente.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analog�a, la tesis 2a. III/95, visible a fojas 55, Tomo I, abril de 1995, Novena �poca, sustentada por esta Segunda S. del M�ximo Tribunal, contenida en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

CONTRADICCI�N DE TESIS. EXISTE, AUNQUE LOS CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES SE HAYAN EXTERNADO SOBRE RESOLUCIONES DE DIVERSOS ESTADIOS PROCESALES.-La circunstancia de que los actos reclamados en los juicios de amparo directo, que originaron criterios divergentes, provengan de diversos estadios procesales -como el acuerdo de desechamiento de demanda dictado por el Magistrado instructor de una S. del Tribunal Fiscal de la Federaci�n por una parte y la sentencia emitida por una S. del mismo �rgano por la otra- no es obst�culo para determinar la existencia de la contradicci�n de tesis entre dos Tribunales Colegiados de Circuito si los criterios de �stos, resolvieron sobre una misma cuesti�n procesal, con sentido diverso.

Y, tambi�n por analog�a, la tesis 2a. LXXVIII/95, visible a fojas 372, T.I., septiembre de 1995, Novena �poca, sustentada por esta Segunda S. del Alto Tribunal, compilada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala:

CONTRADICCI�N DE TESIS. PROCEDE SU AN�LISIS AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES SEA IMPL�CITO, SIEMPRE Y CUANDO EL SENTIDO DE �STE PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE.-El hecho de que uno de los criterios divergentes materia de la contradicci�n de tesis denunciada, sea impl�cito, no impide que pueda analizarse y resolverse la contradicci�n planteada, pero para que la divergencia tenga jur�dicamente los mismos efectos que un desacuerdo expreso al resolver cuestiones esencialmente iguales, se requiere que el sentido atribuido al criterio t�cito sea indubitable.

Ahora bien, para efectuar el estudio correspondiente acerca del criterio que debe prevalecer, debe tomarse en consideraci�n lo dispuesto por los art�culos 2o., 17, 18, 685, 686, 776, 777, 786, 788, 789, 790, 794, 875 y 878 de la Ley Federal del Trabajo, que son del tenor siguiente.

"Art�culo 2o. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones."

"Art�culo 17. A falta de disposici�n expresa en la Constituci�n, en esta ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el art�culo 6o., se tomar�n en consideraci�n sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del art�culo 123 de la Constituci�n, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad."

"Art�culo 18. En la interpretaci�n de las normas de trabajo se tomar�n en consideraci�n sus finalidades se�aladas en los art�culos 2o. y 3o. En caso de duda, prevalecer� la interpretaci�n m�s favorable al trabajador."

"Art�culo 685. El proceso del derecho del trabajo ser� p�blico, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciar� a instancia de parte. Las Juntas tendr�n la obligaci�n de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso. ..."

"(Reformado, D.O. 4 de enero de 1980)

"Art�culo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciar�n y decidir�n en los t�rminos se�alados en la presente ley. ..."

"(Reformado, D.O. 4 de enero de 1980)

"Art�culo 776. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes:

"I. Confesional. ..."

"(Reformado, D.O. 4 de enero de 1980)

"Art�culo 777. Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes."

"(Reformado, D.O. 4 de enero de 1980)

"Art�culo 786. Cada parte podr� solicitar se cite a su contraparte para que concurra a absolver posiciones. ..."

"(Reformado, D.O. 4 de enero de 1980)

"Art�culo 788. La Junta ordenar� se cite a los absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibi�ndolos de que si no concurren el d�a y hora se�alados, se les tendr� por confesos de las posiciones que se les articulen."

"(Reformado, D.O. 4 de enero de 1980)

"Art�culo 789. Si la persona citada para absolver posiciones, no concurre en la fecha y hora se�alada, se har� efectivo el apercibimiento a que se refiere el art�culo anterior y se le declarar� confesa de las posiciones que se hubieren articulado y calificado de legales."

"(Reformado, D.O. 4 de enero de 1980)

"Art�culo 875. La audiencia a que se refiere el art�culo 873 constar� de tres etapas:

"a) De conciliaci�n;

"b) De demanda y excepciones; y

"c) De ofrecimiento y admisi�n de pruebas. ..."

"(Reformado, D.O. 4 de enero de 1980)

"Art�culo 878. La etapa de demanda y excepciones, se desarrollar� conforme a las normas siguientes:

"...

"(F. de E., D.O. 30 de enero de 1980)

"II. El actor expondr� su demanda, ratific�ndola o modific�ndola, precisando los puntos petitorios. ...

"III. Expuesta la demanda por el actor, el demandado proceder� en su caso, a dar contestaci�n a la demanda oralmente o por escrito. ...

"IV. En su contestaci�n opondr� el demandado sus excepciones y defensas, debiendo de referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirm�ndolos o neg�ndolos, y expresando los que ignore cuando no sean propios; pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes. El silencio y las evasivas har�n que se tengan por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, y no podr� admitirse prueba en contrario. La negaci�n pura y simple del derecho, importa la confesi�n de los hechos. La confesi�n de �stos no entra�a la aceptaci�n del derecho;

"...

"VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se pasar� inmediatamente al de ofrecimiento y admisi�n de pruebas. Si las partes est�n de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarar� cerrada la instrucci�n."

"(Reformado, D.O. 4 de enero de 1980)

"Art�culo 790. En el desahogo de la prueba confesional se observar�n las normas siguientes:

"I. Las posiciones podr�n formularse en forma oral o por escrito, que exhiba la parte interesada en el momento de la audiencia;

"(F. de E., D.O. 30 de enero de 1980)

"II. Las posiciones se formular�n libremente, pero deber�n concretarse a los hechos controvertidos; no deber�n ser insidiosas o in�tiles. Son insidiosas las posiciones que tiendan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, para obtener una confesi�n contraria a la verdad; son in�tiles aquellas que versan sobre hechos que hayan sido previamente confesados o que no est�n en contradicci�n con alguna prueba o hecho fehaciente que conste en autos o sobre los que no exista controversia;

"III. El absolvente bajo protesta de decir verdad, responder� por s� mismo, de palabra, sin la presencia de su asesor, ni ser asistido por persona alguna. No podr� valerse de borrador de respuestas pero se le permitir� que consulte simples notas o apuntes, si la Junta, despu�s de tomar conocimiento de ellos, resuelve que son necesarios para auxiliar su memoria;

"IV. Cuando las posiciones se formulen oralmente, se har�n constar textualmente en el acta respectiva; cuando sean formuladas por escrito, �ste se mandar� agregar a los autos y deber� ser firmado por el articulante y el absolvente;

"V. Las posiciones ser�n calificadas previamente, y cuando no re�nan los requisitos a que se refiere la fracci�n II, la Junta las desechar� asentando en autos el fundamento y motivo concreto en que apoye su resoluci�n;

"VI. El absolvente contestar� las posiciones afirmando o negando; pudiendo agregar las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida la Junta; las respuestas tambi�n se har�n constar textualmente en el acta respectiva; y

"VII. Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, la Junta de oficio o a instancia de parte, lo apercibir� en el acto de tenerlo por confeso si persiste en ello."

"(Reformado D.O. 4 de enero de 1980)

Art�culo 794. Se tendr�n por confesi�n expresa y espont�nea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como prueba, las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio.

De la interpretaci�n arm�nica de los art�culos transcritos, se desprende que en ellos se establece que las normas laborales tienden al equilibrio entre trabajadores y patrones, por lo que ante la falta de disposici�n expresa en la Ley Federal del Trabajo, se considerar�n sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que deriven del art�culo 123 de la Constituci�n General, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.

En cuanto al proceso laboral, la Ley Federal del Trabajo se�ala que las Juntas deben tomar las medidas necesarias para lograr la econom�a y sencillez del proceso, el que se seguir� conforme lo establece la propia ley, en donde ser�n admisibles, entre otras pruebas, la confesional.

Aunado a lo anterior, en los preceptos se�alados la Ley Federal del Trabajo dispone que la confesi�n puede ser expresa o ficta, la primera se actualiza ante la afirmaci�n del absolvente al contestar las posiciones y, la segunda, ante la falta de comparecencia del absolvente o ante su negativa a responder las posiciones formuladas.

As� tambi�n, de los preceptos transcritos destaca que el procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje se inicia con la presentaci�n de la demanda ante la Junta; previo acuerdo del Pleno o la Junta Especial correspondiente, ser� se�alado el d�a y hora para la celebraci�n de la audiencia de conciliaci�n, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisi�n de pruebas; previa la etapa conciliatoria y si las partes no llegaren a un acuerdo, se tendr�n por inconformes, pasando a la etapa de demanda y excepciones, en la cual, entre otras normas a seguir, el actor expondr� su demanda, ratific�ndola o modific�ndola, precisando los puntos petitorios; expuesta aqu�lla, el demandado proceder� a dar su contestaci�n en la que, en su caso, expondr� sus excepciones y defensas, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirm�ndolos o neg�ndolos, y expresando los que no son propios, pudiendo agregar las explicaciones convenientes.

Posteriormente, en la etapa de ofrecimiento y admisi�n de pruebas, �stas son desahogadas.

Finalmente, de los dispositivos transcritos se advierten, en lo relativo, las reglas que rigen la absoluci�n de posiciones para hechos propios.

De lo anterior puede concluirse que en el procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, se distinguen diversas etapas que, aunque interrelacionadas entre s�, tienen finalidades diversas.

As�, los hechos afirmados en la etapa de demanda y excepciones constituyen, en principio, la materia de la litis, pues en ella se fijan sus t�rminos, los que ser�n objeto de prueba.

Lo anterior significa, por regla general, que no pueden considerarse como hechos fehacientes los que se afirman en la demanda o en la contestaci�n, toda vez que est�n sujetos a prueba, aunque la Ley Federal del Trabajo considera como confesi�n expresa y espont�nea de las partes, las manifestaciones que perjudiquen al emitente, contenidas en las constancias y actuaciones del juicio, sin necesidad de ser ofrecidas como prueba.

Conforme a lo dispuesto por las normas que rigen a la prueba en el proceso laboral, si una parte ofrece la confesional a cargo de la otra y �sta no comparece a absolver las posiciones que se le articulan, o se niega a contestarlas, se configura la confesi�n ficta, pero de dichas normas no se desprende expresamente que haya confesi�n ficta cuando el absolvente omite identificarse ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, si lo pide la oferente ante la duda sobre su identidad, como sucedi� en los casos materia de la contradicci�n; por tanto, para llegar a determinar el criterio que debe prevalecer, se estima pertinente realizar la interpretaci�n de las disposiciones que la rigen a la luz de los principios generales del derecho y aspectos teleol�gicos que los regulan.

Debido a que tampoco existe norma expresa que establezca el supuesto en el cual la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje pueda requerir al absolvente para que se identifique, ante la duda de la parte contraria sobre su identidad, en la especie, se presenta la posibilidad de aplicar por analog�a el precepto que regula una hip�tesis similar, puesto que as� lo autoriza la Ley Federal del Trabajo en el art�culo 17 antes transcrito, m�xime que tal dispositivo fue el fundamento de uno de los Tribunales Colegiados cuyo criterio es materia de la presente contradicci�n de tesis, para la aplicaci�n por analog�a del art�culo 815, fracci�n II, de la propia ley, que norma la identificaci�n del testigo ante la Junta cuando as� lo pidan las partes, de la siguiente forma:

"Art�culo 815. En el desahogo de la prueba testimonial se observar�n las normas siguientes:

"...

"II. El testigo deber� identificarse ante la Junta cuando as� lo pidan las partes y si no puede hacerlo en el momento de la audiencia, la Junta le conceder� tres d�as para ello."

Ahora bien, para poder decidir sobre su aplicaci�n, se hace necesario precisar los supuestos en los que la aplicaci�n anal�gica jur�dica puede actualizarse.

Para ello, se estima conveniente se�alar lo siguiente.

La palabra "analog�a" proviene originalmente del griego y significa "proporci�n", "semejanza"; conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa�ola: "Del lat�n analog�a y �ste del griego ... proporci�n, semejanza f. R.�n de semejanza entre cosas distintas. ... Der. M�todo por el que una regla de ley o de derecho se extiende, por semejanza, a casos no comprendidos en ella. Razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. ..." (p�gina 134, vig�sima primera edici�n, tomo I, 1992).

Por su parte, el Diccionario Jur�dico Mexicano, emitido por el Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, define a la analog�a jur�dica como:

"... la que aparece dentro del complejo proceso de aplicaci�n del derecho, se manifiesta particularmente, en la sentencia jurisdiccional cuando se trata de aplicar una norma general a un caso concreto no previsto. La aplicaci�n anal�gica es un medio a trav�s del cual el int�rprete puede superar la eventual insuficiencia o deficiencia del orden jur�dico. ... La analog�a jur�dica es pues un procedimiento de integraci�n del derecho." (p�gina 161, Editorial Porr�a, S.A. y Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, d�cima edici�n, 1997).

En relaci�n con el tema, la anterior Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia sostuvo de manera reiterada los criterios que a continuaci�n se transcriben.

Tesis visible a fojas 218, Vol�menes 151-156, Cuarta Parte, S�ptima �poca, compilada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice:

M�TODO ANAL�GICO, APLICACI�N DEL.-Dos son las condiciones para la aplicaci�n del m�todo anal�gico. En primer lugar, la falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto y, en segundo lugar, la igualdad esencial de los hechos, como en el caso en que la ley s� protege la posesi�n que el padre o la madre tiene de sus hijos leg�timos, pero es omisa respecto a la posesi�n de los hijos naturales, no obstante que se trata de situaciones concretas esencialmente iguales ubi eadem ratio, eadem dispositio. La Tercera S. de la Suprema Corte considera que es jur�dica laaplicaci�n anal�gica de la ley en virtud de que lo establece y permite la propia Constituci�n de la Rep�blica, excepto cuando se trata de disposiciones de car�cter excepcional, o cuando la ley est� redactada en forma enumerativa, o de leyes penales; pues como es manifiestamente imposible que la mente humana pueda prever y regular con normas adecuadas todos los innumerables casos futuros, el legislador ha se�alado las fuentes, a las cuales debe el J. acudir siempre que no sea posible resolver una controversia aplicando una disposici�n precisa de la ley; tales fuentes son, en primer t�rmino, la analog�a, y despu�s, cuando tampoco mediante �sta sea posible decidir, los principios generales de derecho. En efecto, mediante la analog�a, el �mbito de aplicaci�n de las leyes se extiende m�s all� del repertorio de los casos originalmente previstos, con tal de que se trate de supuestos similares o afines a aqu�llos, siempre que la ratio legis valga igualmente para unos y para los otros; por lo tanto, la analog�a como m�todo de interpretaci�n o de autointegraci�n es aceptada por nuestra legislaci�n.

Tesis visible a foja 37, V. XV, Primera Parte, Sexta �poca, contenida en el Semanario Judicial de la Federaci�n, que indica:

ANALOG�A. APLICACI�N DE LA LEY POR.-L�gica y jur�dicamente la base de sustentaci�n de este principio no puede ser otra que la semejanza que debe existir entre el caso previsto y el no previsto, y nunca la diferencia radical entre ambos, ya que las lagunas de la ley deben ser colmadas con el fundamento preciso de que donde hay la misma raz�n legal debe existir igual disposici�n de derecho.

As� como la tesis visible a foja 970, Tomo XCIX, Quinta �poca, compilada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, que se�ala:

"LEYES, APLICACI�N ANAL�GICA DE LAS. (PRUEBA).-Conforme al principio de aplicaci�n de la ley por analog�a, un precepto legal no s�lo es aplicable a los casos expresamente previstos, sino tambi�n a aquellos en los que existen iguales razones para tal aplicaci�n. Por tanto, si el hecho materia de la prueba es el mismo en dos distintos casos y la finalidad de esa prueba tambi�n coincide, es indudable que el medio probatorio que la ley fije para hacer la demostraci�n en un caso, es el que debe seguirse tambi�n en el otro."

De lo anterior deriva que la analog�a es la relaci�n de semejanza entre cosas distintas, la cual permite extender a una los predicados de la otra; pero, para poder discernir dichas semejanzas en situaciones diferentes cuya causa no est� prevista en la norma, el J. debe tener presente las peculiaridades de los casos en com�n con la hip�tesis normativa cuya aplicaci�n se pretende, puesto que cuando el legislador dicta la norma de derecho con un sentido abstracto, a fin de que ella pueda regular las relaciones entre los individuos y hacer posible la convivencia social, la aplicaci�n de la norma abstracta al caso concreto o la subsunci�n del caso a la norma, presenta frecuentemente dificultades, bien porque ciertos matices del hecho enjuiciado le hagan susceptible de interpretaci�n respecto a la exacta aplicabilidad de la norma, bien porque el legislador no haya previsto el caso, dando lugar a las lagunas de la ley, pues es evidente que en la complejidad de la vida humana se presentan casos no s�lo imprevistos, sino imprevisibles.

As�, en el campo del derecho, se recurre a la interpretaci�n anal�gica ante la inexistencia de ley expresa aplicable al problema debatido, lo que se funda en el principio de que siendo las situaciones an�logas es posible que el legislador hubiera consagrado la misma regla y, por consiguiente, que establecida para una de las hip�tesis, debe ser aplicada tambi�n a la otra y esta aplicaci�n anal�gica se manifiesta particularmente cuando el juzgador trata de aplicar una norma general a un caso no previsto expresamente; por ello, la aplicaci�n anal�gica es un medio a trav�s del cual el J. puede superar la eventual insuficiencia o deficiencia del orden legal.

Por tal motivo, el razonamiento anal�gico es uno de los medios hermen�uticos de que dispone el juzgador para colmar las lagunas del derecho; por consiguiente, la analog�a es un procedimiento de integraci�n del derecho, en donde el caso no previsto es similar a los casos regulados en aquella norma que constituye la raz�n suficiente de su regulaci�n espec�fica.

El fundamento de la analog�a radica en la existencia de la misma raz�n legal; por tanto, la extensi�n de la norma al caso anal�gico no previsto s�lo se justifica si �ste es contemplado por la misma ratio legis, de donde deriva el principio general de derecho que reza: "Donde existe la misma raz�n, debe haber la misma regulaci�n", lo cual, adem�s, es un imperativo de la equidad.

Ahora bien, ante tal evento se hace necesario acudir a la ratio legis de las disposiciones que regulan el caso a estudio.

En relaci�n con los art�culos 2o. y 17 de la Ley Federal del Trabajo, que prev�n el equilibrio de fuerzas econ�micas y la aplicaci�n por analog�a de las disposiciones y principios se�alados, en la exposici�n de motivos presentada por el Ejecutivo Federal a la C�mara de Diputados el doce de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, se precis� lo siguiente.

"... Las finalidades de la legislaci�n del trabajo se�aladas en los art�culos 2o. y 3o., se resumen en las siguientes: la finalidad suprema de todo ordenamiento jur�dico es la realizaci�n de la justicia en las relaciones entre los hombres, y por tratarse del derecho de trabajo, se habla de la justicia social, que es el ideario que forjaron los Constituyentes de 1917 en el art�culo 123. Con base en esa idea, se establece que el trabajo es un derecho y un deber sociales, que no es un art�culo de comercio, porque se trata de la energ�a humana del trabajo, que exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y que debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel econ�mico decoroso para el trabajador y su familia.

"...

El art�culo 17 se�ala cu�les son las fuentes formales del derecho del trabajo: el derecho del trabajo del siglo pasado era un cap�tulo del derecho privado civil y mercantil, pero el nuestro, desde el a�o en que se promulg� la Constituci�n vigente, conquist� su autonom�a como una rama jur�dica independiente. Por otra parte, nuestro derecho del trabajo tiene su fuente en el art�culo 123 constitucional, lo que le da el rango de un ordenamiento reglamentario de la Constituci�n. Partiendo de estas ideas, se reconocen como fuentes del derecho del trabajo: la Constituci�n, las leyes del trabajo y sus reglamentos, los tratados internacionales debidamente aprobados; los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, de conformidad con la f�rmula del art�culo 14 de la Constituci�n, los principios generales de justicia social que derivan del art�culo 123, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. ...

Como ya se adelant� en relaci�n con el tema en estudio, de los preceptos que regulan el procedimiento laboral ordinario y, en especial, la prueba confesional, no existe pronunciamiento espec�fico del legislador, por tanto, a continuaci�n se examinar� dicho procedimiento y la naturaleza jur�dica de las pruebas confesional y testimonial a la luz de los razonamientos exeg�ticos antes transcritos, para poder determinar si hay similitud entre ambas figuras procesales y, por tanto, si cabe la aplicaci�n anal�gica, en su caso, de la hip�tesis que rige a una de ellas (testimonial) en relaci�n con la otra (confesional), en los puntos jur�dicos a debate.

Sobre el procedimiento laboral, en la exposici�n de motivos presentada por el Ejecutivo Federal a la C�mara de Diputados el veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, se se�al� lo siguiente:

"... Es l�gico que los procedimientos laborales impregnados de alto contenido social, conviertan el proceso en una secuencia de actos de car�cter participativo, en que todos aquellos que intervienen deben buscar no tanto una verdad formal, basada en pruebas estrictamente tasadas, sino un aut�ntico acercamiento a la realidad, de manera que al impartirse justicia en cada caso concreto, se inspire plena confianza a las partes en conflicto y, lo que es m�s importante a�n, se contribuya a mantener la paz social y la estabilidad de las fuentes de trabajo. Por esta raz�n en la iniciativa se conserva el sistema adoptado en el derecho del trabajo mexicano el que se fortalece y refuerza, a trav�s de un sistema probatorio que facilita a las Juntas la libre apreciaci�n de las pruebas ofrecidas y examinadas durante el juicio, ya que �stas se han rendido en la forma m�s completa posible, con base en un articulado que evita las lagunas, ante las cuales con frecuencia los tribunales se ve�an obligados a no tomar en cuenta en los laudos hechos que podr�an influir considerablemente en su contenido.

"La igualdad de las partes en el proceso es un importante principio jur�dico que se conserva a trav�s del articulado propuesto. Pero esta declaraci�n no ser�a suficiente, si al mismo tiempo no se hicieran los ajustes necesarios, que la experiencia de los tribunales sugiere, con el prop�sito de equilibrar realmente la situaci�n de las partes en el proceso, de manera particular subsanando, en su caso, la demanda deficiente del trabajador para evitar que, por incurrirse en ella en alguna falla t�cnica con base en la ley y sus reglamentos, el actor perdiera derechos adquiridos durante la prestaci�n de sus servicios, los que tal vez constituyen la mayor parte de su patrimonio, o bien la posibilidad de ser reinstalado en su trabajo y continuar laborando donde mejor pueda desempe�arse.

"...

"Es as� como los principios del derecho social influyen sobre los principios del derecho procesal de car�cter p�blico, sin forzar su aplicaci�n ni apartarse de los preceptos constitucionales, precisamente porque tienen el mismo objetivo; el imperio de una verdadera justicia que imparta su protecci�n a quien tenga derecho a ella, independientemente de los recursos de que disponga para obtenerla.

"...

"Se establece tambi�n en el cap�tulo correspondiente a los principios procesales, que en las actuaciones no se exigir� forma determinada; tal disposici�n se encuentra, en armon�a con la sencillez que debe caracterizar al proceso del trabajo. Sin embargo, el desterrar cierta solemnidad y rigidez en el procedimiento, no implica que �ste se desarrolle en forma an�rquica y superficial. Los tribunales son �rganos integrados por conocedores del derecho, y las partes en cualquier caso deben ajustarse a las normas que rigen el curso de los juicios laborales, desde la demanda hasta el laudo que resuelva el conflicto, por lo que tendr�n que llenar un m�nimo de requisitos legales que dar�n unidad y congruencia a todo el procedimiento.

"...

Se acent�a tambi�n el principio de inmediatez, al requerirse la presencia f�sica de las partes o de sus representantes en las audiencias que se celebren, puesto que su ausencia puede traerles consecuencias procesales adversas que, aun cuando son propias de todo proceso, en el laboral adquieren un significado especial. En efecto, sabemos que las Juntas son tribunales de conciencia, de integraci�n y caracter�sticas predominantemente sociales y que su funci�n se debe desarrollar con la participaci�n de todos los interesados, especialmente si se toma en cuenta que en la conciliaci�n, la superaci�n voluntaria de las diferencias entre aqu�llos, constituye parte esencial de sus atribuciones. Antes de fijarse y precisarse la litis, debe buscarse al acuerdo superando las controversias y alcanzar la soluci�n justa por esta v�a; para lograrlo, el principio de inmediatez constituye un buen punto de partida. ...

De lo anterior, derivan varios principios procesales que deben tenerse presentes para el desarrollo del proceso laboral.

Dentro de los principios que rigen al derecho procesal en general y al laboral en particular, existe el de igualdad de las partes, ya que, en lo esencial, ambas gozan de iguales oportunidades para accionar y defenderse, aunque con las caracter�sticas tutelares que son propias del procedimiento laboral y que tienen por objeto otorgar a la clase trabajadora oportunidad de verdadera defensa.

Del mismo modo, en la parte de la exposici�n de motivos antes transcrita, el legislador estableci� el principio de lealtad procesal, que impone a las partes obrar con buena fe en las actuaciones procesales. As� tambi�n, el principio de inmediaci�n, que consiste en la proximidad o contacto que el juzgador tiene en relaci�n con los elementos personales, bien sean las partes o con personas distintas, como peritos y testigos, de donde se deduce que el desahogo de la prueba debe practicarse en presencia del J., para que pueda apreciar directamente su m�rito.

Una vez precisado lo anterior, se transcriben nuevamente los dispositivos que rigen las pruebas confesional y testimonial en la parte que interesa.

Prueba confesional.

"(Reformado, D.O. 4 de enero de 1980)

"Art�culo 786. Cada parte podr� solicitar se cite a su contraparte para que concurra a absolver posiciones.

"Trat�ndose de personas morales la confesional se desahogar� por conducto de su representante legal; salvo el caso a que se refiere el siguiente art�culo."

"(Reformado, D.O. 4 de enero de 1980)

"Art�culo 788. La Junta ordenar� se cite a los absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibi�ndolos de que si no concurren el d�a y hora se�alados, se les tendr� por confesos de las posiciones que se les articulen."

"(Reformado, D.O. 4 de enero de 1980)

"Art�culo 789. Si la persona citada para absolver posiciones, no concurre en la fecha y hora se�alada, se har� efectivo el apercibimiento a que se refiere el art�culo anterior y se le declarar� confesa de las posiciones que se hubieren articulado y calificado de legales."

"(Reformado, D.O. 4 de enero de 1980)

"Art�culo 790. En el desahogo de la prueba confesional se observar�n las normas siguientes:

"I. Las posiciones podr�n formularse en forma oral o por escrito, que exhiba la parte interesada en el momento de la audiencia;

"(F. de E., D.O. 30 de enero de 1980)

"II. Las posiciones se formular�n libremente, pero deber�n concretarse a los hechos controvertidos; no deber�n ser insidiosas o in�tiles. Son insidiosas las posiciones que tiendan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, para obtener una confesi�n contraria a la verdad; son in�tiles aquellas que versan sobre hechos que hayan sido previamente confesados o que no est�n en contradicci�n con alguna prueba o hecho fehaciente que conste en autos o sobre los que no exista controversia;

"III. El absolvente bajo protesta de decir verdad, responder� por s� mismo, de palabra, sin la presencia de su asesor, ni ser asistido por persona alguna. No podr� valerse de borrador de respuestas pero se le permitir� que consulte simples notas o apuntes, si la Junta, despu�s de tomar conocimiento de ellos, resuelve que son necesarios para auxiliar su memoria;

"...

"VI. El absolvente contestar� las posiciones afirmando o negando; pudiendo agregar las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida la Junta; las respuestas tambi�n se har�n constar textualmente en el acta respectiva; y

"VII. Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, la Junta de oficio o a instancia de parte, lo apercibir� en el acto de tenerlo por confeso si persiste en ello."

"(Reformado, D.O. 4 de enero de 1980)

"Art�culo 792. Se tendr�n por confesi�n expresa y espont�nea, las afirmaciones contenidas en las posiciones que formule el articulante."

"(Reformado, D.O. 4 de enero de 1980)

Art�culo 794. Se tendr�n por confesi�n expresa y espont�nea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como prueba, las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio.

Prueba testimonial.

"(Reformado, D.O. 4 de enero de 1980)

"Art�culo 813. La parte que ofrezca prueba testimonial deber� cumplir con los requisitos siguientes:

"...

"II. Indicar� los nombres y domicilios de los testigos; cuando exista impedimento para presentar directamente a los testigos, deber� solicitarse a la Junta que los cite, se�alando la causa o motivo justificados que le impidan presentarlos directamente; ..."

"(Reformado, D.O. 4 de enero de 1980)

"Art�culo 815. En el desahogo de la prueba testimonial se observar�n las normas siguientes:

"...

"II. El testigo deber� identificarse ante la Junta cuando as� lo pidan las partes y si no puede hacerlo en el momento de la audiencia, la Junta le conceder� tres d�as para ello;

"...

"IV. Despu�s de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirle de las penas en que incurren los testigos falsos, se har� constar el nombre, edad, estado civil, domicilio, ocupaci�n y lugar en que se trabaja y a continuaci�n se proceder� a tomar su declaraci�n;

"V. Las partes formular�n las preguntas en forma verbal y directamente. La Junta admitir� aquellas que tengan relaci�n directa con el asunto de que se trata y que no se hayan hecho con anterioridad al mismo testigo, o lleven impl�cita la contestaci�n;

"VI. Primero interrogar� el oferente de la prueba y posteriormente a las dem�s partes. La Junta, cuando lo estime pertinente, examinar� directamente al testigo;

"VII. Las preguntas y respuestas se har�n constar en autos, escribi�ndose textualmente unas y otras;

"VIII. Los testigos est�n obligados a dar la raz�n de su dicho, y la Junta deber� solicitarla, respecto de las respuestas que no la lleven ya en s�; y

IX. El testigo, enterado de su declaraci�n, firmar� al margen de las hojas que la contengan y as� se har� constar por el secretario; si no sabe o no puede leer o firmar la declaraci�n, le ser� le�da por el secretario e imprimir� su huella digital y una vez ratificada, no podr� variarse ni en la sustancia ni en la redacci�n.

De los preceptos antes transcritos se desprende que la confesi�n es el medio t�cnico dado por la ley a las partes, con el fin de obtener la declaraci�n de la contraria sobre hechos que le son propios.

Los legitimados para absolver posiciones son cada una de las partes, puesto que as� lo dispone el art�culo 786 de la Ley Federal del Trabajo, al se�alar que cada parte podr� exigir que la contraria absuelva posiciones, esto es, el actor y el demandado.

La prueba confesional tiene dos modalidades: la expresa y la ficta. La primera se actualiza, como se expuso anteriormente, cuando el absolvente contesta afirmativamente a las posiciones formuladas, o cuando reconoce los hechos relativos en las constancias o actuaciones del juicio, seg�n se desprende de los art�culos 790 y 794 de la ley en cita.

En cambio, la segunda existe cuando habiendo sido notificado el absolvente de la audiencia relativa, aqu�l no comparece a declarar o, habiendo comparecido, rehusa responder una posici�n o lo hace de manera evasiva (art�culos 789 y 790, fracci�n VII, de dicha ley).

En relaci�n con la testimonial, que se ubica entre las pruebas mediante personas, al igual que la confesional, y que la doctrina define como el medio probatorio que tiene por fin traer al proceso las declaraciones emitidas por personas f�sicas extra�as a �l, con el objeto de narrar al juzgador hechos pasados percibidos por medio de sus sentidos o de los cuales han tenido conocimiento, pero a cuyas consecuencias jur�dicas no se hallan vinculados en ese proceso; se distingue de la confesional en que mientras aquella prueba (testimonial) es rendida por terceras personas ajenas al juicio, la confesional es producida por las partes (actor o demandado).

Adem�s, de lo dispuesto por el art�culo 815, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que la identificaci�n del testigo en la audiencia de desahogo es una garant�apara que la Junta y la contraparte del oferente conozcan la identidad de quien rendir� testimonio; de lo contrario, existiendo duda al respecto, se afectar�a la certeza sobre los hechos declarados y habr�a desconfianza sobre la idoneidad del testigo, por lo que lo establecido en la disposici�n mencionada sobre la necesidad de la identificaci�n puede ser parte importante para la certeza de la prueba.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 4a./J. 5/92, sustentada por la anterior Cuarta S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible a fojas 19, tomo 53, mayo de 1992, Octava �poca, compilada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice:

TESTIGOS EN EL JUICIO LABORAL. NO PROCEDE SU SUSTITUCI�N.-De lo dispuesto por los art�culos 718, 813, fracciones II, IV y VI, 815, 818 y 884 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que la identificaci�n del testigo en el ofrecimiento de la probanza y la presentaci�n de �ste, no de otra persona, en la audiencia de desahogo, es una garant�a para que las partes en el proceso conozcan la identidad de quien rendir� testimonio y se preparen oportunamente para combatir la eficacia de esta prueba, de all� que no deba admitirse la sustituci�n del testigo designado por el oferente de la prueba, pues de lo contrario se afectar�an las posibilidades de defensa de las partes en el juicio distintas de su oferente, porque no les ser�an �tiles las pruebas que, considerando la identidad de los testigos originalmente propuestos, hubiesen ofrecido en la audiencia de ley, ni el interrogatorio que en el mismo sentido hubieran preparado; a la vez, precisamente por desconocer previamente la identidad de quien va a rendir testimonio, no podr�an formular con la anticipaci�n suficiente el pliego de repreguntas ni allegar los datos para tacharlo, poniendo �nfasis en los aspectos que revelar�an su falta de idoneidad, su conocimiento parcial, indirecto o impreciso de los hechos, ni recabar las pruebas conducentes para acreditar sus dem�s objeciones al declarante cuando �ste se niegue a reconocer el motivo de tacha o cuando ella derive de una calidad distinta.

As�, de las diferencias que hay entre ambas pruebas, seg�n se desprende del an�lisis comparativo de las disposiciones que las rigen, se desprende lo siguiente.

Si bien ambas tienen en com�n que son declaraciones de personas, se distinguen en cuanto al objeto, la posici�n de los declarantes en el proceso y los efectos que producen sus declaraciones.

En cuanto al objeto, el de la confesi�n es siempre el reconocimiento de un hecho perjudicial al declarante; en cambio, el de la testimonial puede ser un hecho bien indiferente o bien perjudicial o favorable, a cualquiera de las partes.

En relaci�n con la posici�n personal de los sujetos declarantes es tambi�n diferente, pues mientras en la confesi�n s�lo est�n legitimados para absolver posiciones las partes, seg�n se dijo l�neas arriba, en la testimonial lo son terceros ajenos al proceso.

Por lo que respecta a los efectos jur�dicos de la declaraci�n, tambi�n es diferente. En la confesi�n, la declaraci�n vincula al absolvente en el sentido de que le impone consecuencias desfavorables y, adem�s, conforme a la Ley Federal del Trabajo, la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje est� obligada a tener por acreditados esos hechos, como lo disponen los art�culos 789 y 790, fracci�n VII, de dicha ley; en cambio, en el testimonio, lo declarado no beneficia ni perjudica al testigo respecto de los hechos sobre los cuales depone, es decir, es indiferente a las consecuencias jur�dicas que esos hechos puedan producir en ese proceso.

Los criterios anteriores se encuentran destacados de manera particular en las siguientes tesis sustentadas por esta Segunda S. del Alto Tribunal, en relaci�n con la confesi�n ficta.

Tesis de jurisprudencia 2a./J. 42/2000, visible a fojas 89, Tomo XI, mayo de 2000, Novena �poca, compilada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

CONFESI�N FICTA DEL PATR�N. TIENE EFICACIA PROBATORIA AUN CUANDO �STE HAYA NEGADO EL DESPIDO Y OFRECIDO EL TRABAJO AL ACTOR.-Si la parte patronal citada para absolver posiciones no concurre a la diligencia relativa, se le debe declarar confesa de las posiciones que le hubiere articulado el trabajador y que se hubieren calificado de legales, de manera que a trav�s de este medio probatorio el trabajador puede, v�lidamente, demostrar que fue despedido, y si bien es cierto que existe criterio jurisprudencial de la anterior Cuarta S. en el sentido de que la confesi�n ficta s�lo tiene valor probatorio pleno cuando no est� en contradicci�n con otra prueba fehaciente, no debe considerarse como tal la negativa del despido que hace el patr�n al contestar la demanda junto con el ofrecimiento del trabajo en las mismas condiciones en que lo ven�a desempe�ando, en virtud de que tales expresiones ni siquiera constituyen prueba, sino planteamientos de defensa que, desde el punto de vista procesal, tienen el efecto de arrojar la carga de la prueba del despido sobre el trabajador. Adem�s, si para demostrar dicho despido, �ste tiene a su alcance el ofrecimiento de la prueba confesional, quedar�a en precaria condici�n procesal si de antemano se destruyera el valor de la confesi�n ficta de su contraparte, pues bastar�a que el patr�n, despu�s de negar el despido y ofrecer el trabajo, se abstuviera de comparecer a absolver posiciones, para impedir el alcance probatorio de la confesional.

As� como la tesis de jurisprudencia 2a./J. 11/95, visible a fojas 179, T.I., noviembre de 1995, Novena �poca, contenida en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala:

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, PRESTACIONES DEDUCIDAS DEL. EL TRABAJADOR PUEDE V�LIDAMENTE ACREDITAR SUS T�RMINOS CON CUALQUIERA DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS AUTORIZADOS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, INCLUSIVE LA CONFESI�N FICTA, Y NO S�LO CON EL DOCUMENTO QUE LO CONTIENE.-De los art�culos 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783 y dem�s relativos de la Ley Federal del Trabajo, se deduce que las partes en el juicio laboral pueden v�lidamente ofrecer toda clase de pruebas, con tal de que se refieran a la litis y no sean contrarias a la moral o al derecho, para demostrar los hechos cuya carga les corresponde y que, inclusive, la autoridad tiene facultades para allegarse, de oficio, las que estime pertinentes para acceder a la verdad. Por tanto, cuando el trabajador demanda la efectividad de prestaciones extralegales que se apoyan en un contrato colectivo, pueden probar los t�rminos de �ste, no solamente exhibiendo dicho contrato o las cl�usulas correspondientes, sino tambi�n con cualquier otro elemento probatorio, inclusive con la confesi�n ficta derivada de la incomparecencia del patr�n demandado, si se rinde y aprecia conforme a las disposiciones legales.

Ahora bien, de la anterior comparaci�n entre las pruebas en examen deriva que aun cuando existen circunstancias jur�dicas y teleol�gicas que las diferencian, deben tenerse presente aspectos que son producto del entorno social y econ�mico que inciden en la aplicaci�n del derecho laboral y que influyen de manera destacada en el desarrollo de la prueba confesional.

As� es, en el dictamen emitido por la C�mara de Diputados el treinta de octubre de mil novecientos sesenta y nueve, en relaci�n con la exposici�n de motivos enviada por el Ejecutivo Federal a dicho �rgano legislativo respecto de la Ley Federal del Trabajo vigente, en la parte que informa el asunto, se se�al�:

"... Como acertadamente se se�ala en la exposici�n de motivos de la iniciativa, la legislaci�n de trabajo promulgada en el a�o de 1931, cumpli� eficientemente sus prop�sitos y su destino; foment� el progreso de M�xico, mejor� las relaciones obrero-patronales, hizo aplicable los principios laborales de la Constituci�n y elev� las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Sin embargo, con el transcurso de los a�os, a partir de 1931, nuevas formas de vida caracterizan al pueblo mexicano: el aumento demogr�fico sorprendente del pa�s, la industrializaci�n y mecanizaci�n, los avances cient�ficos, el desarrollo de la infraestructura y otros m�ltiples factores socioecon�micos, han determinado una sorprendente transformaci�n de la naci�n, misma que deb�a ser recogida por una nueva legislaci�n laboral. Como afirm� el jefe del Estado en su V informe: ?Tenemos una magn�fica legislaci�n laboral, de las m�s avanzadas del mundo, pero la queremos mejor, m�s justa, m�s din�mica.? ...

Aunado a lo anterior, en la exposici�n de motivos enviada por el Ejecutivo Federal a la C�mara de Diputados el doce de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, respecto de la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el uno de abril de mil novecientos setenta, vigente, se se�al� que:

"... La econom�a contempor�nea ha impuesto como una necesidad t�cnica la especializaci�n de las empresas, pero es tambi�n frecuente que se organicen empresas subsidiarias para que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra. Como esta circunstancia ha redundado en perjuicio de los trabajadores, por cuanto sus condiciones de trabajo son inferiores a las de la empresa principal y porque las empresas filiales no siempre disponen de elementos suficientes para cumplir las obligaciones que derivan de las relaciones de trabajo, el art�culo 15 establece la responsabilidad solidaria de las empresas, y dispone que las condiciones de los trabajadores que prestan sus servicios en la filial, deben ser iguales a las de los de la empresa que aprovecha la actividad de la filial.

El crecimiento de la industria moderna obliga a numerosas empresas a crear sucursales, agencias u otras unidades semejantes, independientes las unas de las otras, pero sujetas todas a la administraci�n general. Esta divisi�n ha impuesto en la vida moderna la necesidad de distinguir entre empresa y establecimiento. El proyecto recogi� estas ideas en el art�culo 16: la empresa es la unidad econ�mica de producci�n de bienes o servicios, la organizaci�n total del trabajo y del capital bajo una sola direcci�n y para la realizaci�n de un fin, en tanto el establecimiento es una unidad t�cnica que como sucursal, agencia u otra semejante, disfruta de autonom�a t�cnica, no obstante lo cual forma parte y contribuye a la realizaci�n de los fines de la empresa, considerada como la unidad superior. ...

Lo anterior fue plasmado, entre otros, en los art�culos 10, 11, 12, 13 y 14 de la ley en cita, en relaci�n con la existencia de administradores, gerentes y dem�s personal que ejerce funciones de direcci�n o administraci�n en la empresa, as� como la necesidad en la existencia de sucursales, filiales e intermediarios, personas todas que son consideradas patrones, con base en las reglas que la propia Ley Federal del Trabajo establece:

"Art�culo 10. Patr�n es la persona f�sica o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.

"Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patr�n de aqu�l, lo ser� tambi�n de �stos."

"Art�culo 11. Los directores, administradores, gerentes y dem�s personas que ejerzan funciones de direcci�n o administraci�n en la empresa o establecimiento, ser�n considerados representantes del patr�n y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores."

"Art�culo 12. Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contrataci�n de otra u otras para que presten servicios a un patr�n."

"(F. de E., D.O. 30 de abril de 1970)

"Art�culo 13. No ser�n considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario ser�n solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios, por las obligaciones contra�das con los trabajadores."

Art�culo 14. Las personas que utilicen intermediarios para la contrataci�n de trabajadores ser�n responsables de las obligaciones que deriven de esta ley y de los servicios prestados. ...

De la interpretaci�n sistem�tica y relacionada de lo antes transcrito se desprende que, ante el aumento demogr�fico del pa�s y debido a la incidencia de factores econ�micos de manera directa en el crecimiento de la empresa como persona moral patr�n, propici� la intervenci�n de personal administrativo e intermediarios que contratan y administran directamente la labor del trabajador en la empresa.

As�, debido a que en muchas ocasiones el trabajador no conoce al patr�n o a sus representantes, la Ley Federal del Trabajo previ� la salvedad de la obligaci�n del trabajador como actor, en la precisi�n en la demanda del nombre del patr�n o su representante o representantes, la raz�n social de la empresa en donde labora o labor�, imponi�ndole, solamente, la obligaci�n de designar el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prest� sus servicios o presta el trabajo, as� como la actividad a la que se dedica el patr�n, seg�n se desprende de la lectura del art�culo 712 de la ley federal en cita que, en la parte que interesa, se�ala:

"Art�culo 712. Cuando el trabajador ignore el nombre del patr�n o la denominaci�n o raz�n social de donde labora o labor�, deber� precisar cuando menos en su escrito inicial de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prest� o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patr�n. ..."

En esta virtud, en el proceso laboral las partes no siempre tienen conocimiento de la parte contraria que, en el caso, absuelve posiciones, pues resulta que ante la diversidad de situaciones laborales entre las fuerzas de trabajo, no es raro que los contendientes no se conozcan; por ello, la regla de la identificaci�n del testigo es aplicable a la prueba confesional, pues la identificaci�n del absolvente, ante la duda sobre su identidad, manifestada por la contraparte, constituye una garant�a para conocer la identidad de quien depondr�; de lo contrario, existiendo duda al respecto, se afectar�a la certeza sobre los hechos declarados y habr�a desconfianza sobre la idoneidad del deponente, por lo que lo establecido en la fracci�n II del art�culo 815 de la Ley Federal del Trabajo sobre la necesidad de la identificaci�n puede ser parte importante para la certeza de la prueba.

Es decir, el absolvente debe estar plenamente identificado porque de eso depender�n las consecuencias jur�dicas que produzca la confesi�n, m�xime que dicho medio probatorio versa sobre hechos propios del absolvente.

La absoluci�n de posiciones debe ser hecha por la parte correspondiente "personalmente", o por el representante legal de la persona moral, administradores, directores, gerentes y, en general, las personas que ejerzan funciones de direcci�n y administraci�n en la empresa.

Lo anterior resuelve en su exacta medida el tema a debate, pues la aplicaci�n anal�gica de la raz�n suficiente de la regulaci�n espec�fica de la identificaci�n del testigo, que es la duda sobre su identidad, s� se actualiza en relaci�n con la misma duda sobre la identidad de quien depone o depondr� en la prueba confesional; por tal motivo, en virtud de que los supuestos de la aplicaci�n anal�gica jur�dica de la disposici�n prevista por el art�culo 815, fracci�n II de la Ley Federal del Trabajo, se surten respecto de la duda sobre la identidad del absolvente en la prueba confesional, dicho dispositivo resulta aplicable al caso en examen, por as� autorizarlo el art�culo 17 de la propia ley.

Con lo anterior se cumplen, adem�s, los principios de igualdad procesal de las partes, lealtad, buena fe e inmediaci�n que rigen al proceso laboral, sin que en el caso se estime transgredido el principio de inmediatez, puesto que el juzgador necesita conocer exactamente la realidad del caso concreto que ante �l se ventila para poder aplicar correctamente la norma legal que lo regula y declarar si los efectos jur�dicos materiales que de ella deben deducirse y que constituir�n el contenido de la cosa juzgada, est�n en estricta congruencia con la demanda y las defensas. Ese indispensable contacto con la realidad del caso s�lo se obtiene mediante la eficacia probatoria, �nico camino para que el J. conozca los hechos que le permitan adoptar la decisi�n legal y justa para cada caso concreto.

Luego, con la identificaci�n del absolvente en la audiencia de desahogo de la prueba confesional o dentro del plazo de tres d�as a que se refiere el art�culo 815, fracci�n II, de la ley en comento, la eficacia de la prueba confesional adquiere relevancia, pues la declaraci�n depuesta liga al J. en cuanto tiene por acreditados los hechos sobre los cuales depone el absolvente.

As�, al existir la misma raz�n en ambos medios probatorios, debe hacerse la misma regulaci�n.

Atento lo razonado, esta Segunda S. considera que debe prevalecer el criterio que a continuaci�n se precisa, el que de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, debe regir con car�cter de jurisprudencia, quedando redactado con el siguiente rubro y texto:

PRUEBA CONFESIONAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. AL ABSOLVENTE LE ES APLICABLE, A., LA REGLA QUE SOBRE IDENTIFICACI�N DE LOS TESTIGOS PREV� EL ART�CULO 815, F.I., DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CUANDO EXISTA DUDA SOBRE SU IDENTIDAD.-Si bien es cierto que no existe norma expresa que establezca el supuesto por el que la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje pueda requerir al absolvente de la prueba confesional para que se identifique ante la duda sobre su identidad, tambi�n lo es que conforme a lo dispuesto por el art�culo 17 de la Ley Federal del Trabajo, ante la falta de disposici�n expresa en la ley se considerar�n, entre otros supuestos, sus disposiciones que regulen casos semejantes y ante ello es aplicable anal�gicamente el art�culo 815, fracci�n II, de la propia ley, que prev� la identificaci�n de los testigos en la audiencia de desahogo de la prueba relativa cuando lo soliciten las partes. Lo anterior es as�, porque la identificaci�n del absolvente, ante la duda sobre su identidad, constituye una garant�a de seguridad, pues de existir indeterminaci�n al respecto, se afectar�a la certeza sobre los hechos declarados y habr�a desconfianza sobre la idoneidad del absolvente con graves consecuencias jur�dicas que repercutir�an en el resultado del juicio.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo adem�s en el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, se

resuelve:

PRIMERO

Existe contradicci�n de tesis entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio que sustenta esta S. y que se destaca en la parte final del �ltimo considerando.

TERCERO

D�se a conocer la presente resoluci�n al Tribunal Pleno y a la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, as� como a los Tribunales Colegiados de Circuito de la Rep�blica y publ�quese �ntegramente en el Semanario Judicial de la Federaci�n.

Notif�quese; env�ese testimonio de la presente resoluci�n a los Tribunales Colegiados de Circuito precisados y, en su oportunidad, arch�vese el toca de la contradicci�n.

As� lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: J.D.R., S.S.A.A., J.V.A.A.�n y presidente G.I.O.M.. Ausente el se�or Ministro Mariano Azuela G�itr�n, por estar haciendo uso de sus vacaciones. Fue ponente el primero de los nombrados.

Nota: El rubro a que se alude al inicio de esta ejecutoria corresponde a la tesis 2a./J. 40/2001,publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., septiembre de 2001, p�gina 494.