Ejecutoria num. 1a./J. 90/2001 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26827287

Ejecutoria num. 1a./J. 90/2001 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 90/2001
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2001
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. LA TIENEN LOS MIEMBROS DE UNA ASOCIACIÓN CIVIL, EN SU CARÁCTER DE ASOCIADOS, PARA DEDUCIR ACCIONES LEGALES EN DEFENSA DE SUS INTERESES, A PARTIR DE LA AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO DE AQUÉLLA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 23/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO

Para la existencia de un conflicto de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben actualizarse necesariamente los siguientes supuestos:

  1. Que sean examinadas cuestiones jur�dicas esencialmente id�nticas y se adopten posiciones o criterios jur�dicos totalmente discrepantes;

  2. Que la diferencia se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo asentado se robustece con las tesis que a continuaci�n se transcriben:

Tesis de jurisprudencia

"Octava �poca

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"P�gina: 22

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la C.�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicci�n de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del D�cimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: I.M.�a C�rdenas. Secretario: N�stor G.D.�nguez.

"Contradicci�n de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: I.M.�a C�rdenas. Secretario: P.J.�s H.�ndez M..

"Contradicci�n de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y actualmente Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: R.�n G.A.�n.

"Contradicci�n de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del D�cimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: C.G.�a V�zquez. Secretario: El�as �lvarez T..

"Contradicci�n de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del S�ptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: C.G.�a V�zquez. Secretario: El�as �lvarez T..

"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesi�n privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: presidente C.G.�a V�zquez, J.D.R., I.M.�a C�rdenas y J.A.L.D.. Ausente: F.L.C., previo aviso.

Nota: Esta tesis tambi�n aparece en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V., Materia Com�n, Primera Parte, tesis 178, p�gina 120.

Tesis aislada

"Octava �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XI, febrero de 1993

"Tesis: 3a. XIII/93

"P�gina: 7

"CONTRADICCI�N DE TESIS. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.-Los art�culos 107 fracci�n XIII constitucional y 197-A de la Ley de A., previenen la contradicci�n de tesis como una forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia. As�, siendo la tesis el criterio jur�dico de car�cter general que sustenta el �rgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve, para que exista dicha contradicci�n es indispensable que se presente una oposici�n de criterios en torno a un mismo problema jur�dico, de tal suerte que, interpretando y fund�ndose los tribunales en iguales o coincidentes disposiciones legales, uno afirme lo que otro niega o viceversa. De no darse estos supuestos es manifiesta la improcedencia de la contradicci�n que al respecto se plantee.

"Contradicci�n de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J.T.L.C.�rdenas. Secretario: A.G.�a T..

V�ase: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, N�mero 72, diciembre de 1993, p�gina 44, tesis 3a./J. 37/93, de rubro ?CONTRADICCI�N DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA QUE SE FORMULA RESPECTO DE RESOLUCIONES EN LAS QUE EL PROBLEMA JUR�DICO ABORDADO ES DIFERENTE Y DE LO SOSTENIDO EN ELLAS NO DERIVA CONTRADICCI�N ALGUNA.?.

Tambi�n es prudente resaltar que la resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias, de conformidad con la tesis que a continuaci�n se transcribe:

Tesis de jurisprudencia

"Octava �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XI, febrero de 1993

"Tesis: 3a. XIV/93

"P�gina: 7

"CONTRADICCI�N DE TESIS. SU NATURALEZA.-El art�culo 197-A de la Ley de A. dispone que, ?Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer ... La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.?. La fracci�n VIII, �ltimo p�rrafo y la fracci�n IX del art�culo 107 constitucional, establecen como regla general la inimpugnabilidad de las resoluciones que en materia de amparo pronuncien los Tribunales Colegiados y, como caso de excepci�n, en los supuestos que la propia C.�n y la ley relativa establecen. Consecuentemente, la contradicci�n de tesis no constituye un recurso de aclaraci�n de sentencia ni de revisi�n, sino una forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, cuya finalidad es preservar la unidad de interpretaci�n de las normas que conforman el orden jur�dico nacional, decidiendo los criterios que deben prevalecer cuando existe oposici�n entre los que sustenten los mencionados �rganos jurisdiccionales en torno a un mismo problema legal, sin que se afecten las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen emitido dichos criterios.

"Contradicci�n de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J.T.L.C.�rdenas. Secretario: A.G.�a T..

Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 1a./J. 47/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., diciembre de 1997, p�g. 241, de rubro: ?CONTRADICCI�N DE TESIS. SU NATURALEZA JUR�DICA.?.

QUINTO

En el caso espec�fico, esta Primera Sala sostiene que s� se cumplen los requisitos mencionados en el considerando que antecede, lo que conduce a determinar que s� existe contradicci�n de criterios, entre los sustentados por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, ambos del Primer Circuito.

Para llegar a la anterior determinaci�n conviene destacar el sentido de los razonamientos jur�dicos sustentados por ambos �rganos jurisdiccionales federales, dentro de las resoluciones que dieron origen a los criterios que se estima se contraponen.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvi� por unanimidad de votos, el nueve de agosto de mil novecientos noventa, el amparo directo DC. 1379/89, promovido por C.C.N.. Las consideraciones que interesan al caso que nos ocupa son las que a continuaci�n se transcriben:

QUINTO.-Por un lado, en el apartado primero del cap�tulo de conceptos de violaci�n, el peticionario del amparo aduce que el tribunal de alzada interpret� inexactamente el art�culo 15 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. El motivo de queja que al respecto se expone es infundado. En efecto, dicho precepto s�lo legitima al condue�o o copropietario para deducir la acci�n relativa a la cosa com�n, en calidad de due�o. Ahora bien, de conformidad con el art�culo 25, fracci�n VI, del C�digo Civil para el Distrito Federal, las asociaciones civiles son personas morales, esto es, tienen personalidad jur�dica propia, distinta de las individuales de las personas que componen el cuerpo colectivo o lo administran. En esta virtud, si la asociaci�n civil llega a tener un patrimonio, como una consecuencia de la personalidad jur�dica con que cuenta, tal patrimonio ser�a completamente distinto e independiente del conjunto de los patrimonios individuales de los integrantes de la persona moral, y ese patrimonio de la asociaci�n civil no constituye una copropiedad, pues no cabr�a aceptar, por ejemplo, que respecto a las asociaciones tuvieran aplicaci�n los art�culos 939 y 940 del c�digo sustantivo citado, conforme a los cuales, el condue�o, por regla general, puede deducir la acci�n de divisi�n de la cosa com�n para hacer cesar la propiedad, dado que no existe fundamento legal alguno para que el asociado pueda exigir que sea repartido el patrimonio de la persona jur�dica durante la vida de la asociaci�n civil. En cambio, los art�culos 2682 y 2686 ponen de manifiesto que en ocasiones los asociados, o bien no tienen derecho alguno sobre el haber social, o bien s�lo tienen derecho a lo que hubieren aportado.-Consiguientemente, en el presente caso los asociados del Centro Asturiano de M�xico, A., el cual est� dotado de personalidad jur�dica en t�rminos del art�culo 25, fracci�n VI, del C�digo Civil para el Distrito Federal, no son copropietarios o condue�os del conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de dicha corporaci�n privada, sino que �sta, como persona jur�dica, es la �nica propietaria de todos los bienes que constituyen el patrimonio social. Luego entonces, como el ahora quejoso no es copropietario o condue�o de los bienes que integran el patrimonio del Centro Asturiano de M�xico, A., el art�culo 15 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no lo autorizaba para deducir la acci�n que ejercit� en el juicio natural, puesto que, como ya se dijo, dicho precepto s�lo legitima al copropietario o condue�o para deducir la acci�n relativa a la cosa com�n, en calidad de due�o.-Asimismo, en el apartado primero del cap�tulo de conceptos de violaci�n, el quejoso sostiene que la Sala responsable aplic� inexactamente el art�culo 19 de los estatutos del Centro Asturiano de M�xico, A. El motivo de queja respectiva es sustancialmente fundado, toda vez que el actor en el juicio natural se ostent� como asociado de dicha persona jur�dica y los demandados le reconocieron ese car�cter al contestar el hecho primero del libelo inicial; de ah� que el art�culo 19 de los estatutos del Centro Asturiano de M�xico, A., no pod�a servir de apoyo para negar al ahora quejoso legitimaci�n activa en la causa para deducir la acci�n que ejercit� en el juicio del que proviene el acto reclamado, puesto que dicho precepto �nicamente establece las obligaciones de los socios de dicha persona moral y el peticionario del amparo no es socio, sino que es asociado de esa corporaci�n y sus derechos est�n consignados en el art�culo 18 de los estatutos del Centro Asturiano de M�xico, A.-Igualmente, en los apartados primero y segundo del cap�tulo de conceptos de violaci�n, el peticionario del amparo aduce que al sostener que el actor en el juicio natural carec�a de legitimaci�n en la causa, el tribunal de alzada interpret� inexactamente los art�culos 2670 y 2683 del C�digo Civil para el Distrito Federal, as� como el art�culo 18 de los estatutos del Centro Asturiano de M�xico, A.-Los motivos de inconformidad que al respecto se exponen son sustancialmente fundados. En efecto, los art�culos 2670 al 2687 del C�digo Civil para el Distrito Federal, reglamentan a la asociaci�n y la estructuran como un contrato nominado, plurilateral, por el que varios individuos convienen en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin com�n que no est� prohibido por la ley y que no tenga car�cter preponderantemente econ�mico. Este contrato genera derechos y obligaciones para los asociados. Entre los primeros pueden citarse: el voto en las asambleas (art�culo 2678); la vigilancia para que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociaci�n (art�culo 2683); el examen de los libros de contabilidad y dem�s papeles de �sta (art�culo 2683), etc�tera. Correlativamente, el asociado est� obligado a pagar las cuotas o la aportaci�n convenidas (art�culos 2683 y 2686); a cumplir con los estatutos (art�culo 2673); a contribuir con su actuaci�n a la realizaci�n del fin de la asociaci�n (art�culo 2670), etc�tera. Lo anterior da lugar a relaciones jur�dicas entre los asociados entre s� y entre �stos y la asociaci�n, a la cual el art�culo 25, fracci�n VI, del ordenamiento citado, reconoce como una persona moral. Si dentro de estas relaciones surge, por ejemplo, el desconocimiento de un derecho o el incumplimiento de una obligaci�n, conforme al art�culo 1o. del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el afectado puede v�lidamente hacer cesar ese estado de hecho contrario a derecho, mediante la intervenci�n del �rgano jurisdiccional, ejercitando la acci�n correspondiente, para que a trav�s de la declaraci�n o de la constituci�n de un derecho o de la imposici�n de una condena, se suprima la indicada situaci�n, que como puede ser provocada por cualquiera de los sujetos de las relaciones mencionadas, es decir, cualquier asociado o la asociaci�n misma, tal precepto permite que contra uno u otra se haga valer la referida acci�n. Por tanto, de acuerdo a lo expuesto, ninguna base legal existe para afirmar que un asociado no pueda ejercitar una acci�n contra la asociaci�n ni para negarle legitimaci�n activa en la causa, si se demostr� durante el juicio que la titularidad del derecho debatido correspond�a precisamente al demandante.-Lo anterior se ve confirmado en el presente caso, si las disposiciones antes citadas se adminiculan con el art�culo 18 de los estatutos del Centro Asturiano de M�xico, A., conforme al cual, son derechos de los asociados, cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos, as� como todas las disposiciones que tiendan a la buena marcha de la asociaci�n y de su centro social, cultural y deportivo, y se establece que los asociados tienen derecho a intervenir en el gobierno y administraci�n de la corporaci�n, aceptando los cargos que se les confieran, cumpliendo con los deberes que �stos les impongan y teniendo en cuenta que, ante todo, deber�n procurar acrecentar y hacer factible el logro de los fines y prop�sitos de la asociaci�n.-Ante tales preceptos legales y estatutarios, es indiscutible que los asociados del Centro Asturiano de M�xico, A., tienen derecho para impugnar las resoluciones y actos que consideren que se tomaron o se celebraron con violaci�n de las disposiciones legales y estatutarias; les corresponde, asimismo, la facultad individual para exigir que se respeten las normas legales y estatutarias de la corporaci�n y est�n legitimados activamente en la causa para deducir las acciones judiciales a fin de conseguir que los actos de los �rganos de la asociaci�n no se realicen en contravenci�n del objeto que la asociaci�n se propone. En consecuencia, al contrario de lo que la Sala responsable estim� en la sentencia reclamada, con apoyo en las disposiciones citadas, el ahora quejoso s� estaba legitimado para demandar, por su propio derecho, de A.G.�a R. y de J.M.G.�a R.�guez, en lo personal, presidente y secretario, respectivamente, de la junta directiva del Centro Asturiano de M�xico, A., la declaraci�n de que hab�an actuado sin facultad expresa alguna de tipo legal ni estatutario, en el contrato de comodato celebrado entre dicha corporaci�n y la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, as� como el pago de los da�os y perjuicios.-No obstante lo anterior, los argumentos que se han estudiado y se han declarado fundados no son aptos para conducir a la concesi�n del amparo solicitado, ya que la Sala responsable desestim� todos los agravios expresados en la alzada y al entrar al estudio del fondo del asunto consider� que si bien era cierto que en t�rminos del art�culo 29, fracci�n III, de los estatutos del Centro Asturiano de M�xico, A., eran de la competencia de la asamblea extraordinaria los asuntos relacionados con la disposici�n o gravamen de bienes ra�ces, cab�a precisar que su competencia no era exclusiva, toda vez que de conformidad con el art�culo 28, fracci�n III, de los referidos estatutos, la asamblea ordinaria anual de la asociaci�n pod�a tratar v�lidamente asuntos de la competencia de la asamblea extraordinaria; por lo que si en el caso, la asamblea ordinaria anual hab�a conferido facultades a la junta directiva, el contrato de comodato ?celebrado por �sta? ten�a la legalidad necesaria; y los motivos de queja encaminados a combatir esa apreciaci�n son inatendibles.-Es de advertirse que en la demanda de amparo no se controvierte la certeza de la afirmaci�n de la Sala responsable, en el sentido de que la asamblea ordinaria anual (por las caracter�sticas que proporciona dicha autoridad se entiende que se refiere a la celebrada el dos de febrero de mil novecientos ochenta y seis) autoriz� a la junta directiva de la asociaci�n civil mencionada a realizar el ?acto impugnado? en el juicio natural (contrato de comodato); por tanto, tal falta de impugnaci�n provoca que deba partirse de la base de la existencia de esa autorizaci�n.-Es importante destacar tambi�n que, aparte de no poner en entredicho la existencia de la referida autorizaci�n, el peticionario de garant�as se concreta a exponer en tres incisos que se�ala con las letras ?a?, ?b? y ?c?, las razones por las cuales, en su concepto, no era v�lido considerar que en la asamblea ordinaria hubiera podido darse legalmente la autorizaci�n para la celebraci�n del contrato de comodato, invalidez que, seg�n dicho quejoso, se sustenta en la inobservancia de los art�culos 28, fracci�n III y 29, fracci�n III, de los estatutos del Centro Asturiano de M�xico, A.-Ahora bien, si se parte de la base de que la autorizaci�n de referencia s� fue dada por la asamblea ordinaria (el art�culo 26 de los citados estatutos dispone que la asamblea general de asociados es la suprema autoridad de la asociaci�n) y ahora el quejoso s�lo discute la validez de ese acuerdo de autorizaci�n, conforme a tal planteamiento,no cabe considerar que la Sala responsable hubiera tenido que tomar en cuenta las objeciones formuladas por dicho peticionario de garant�as, porque en el juicio natural no se demand� la invalidez del acuerdo de la asamblea ordinaria que concedi� la referida autorizaci�n, ni est� probado que tal resoluci�n en particular o la asamblea ordinaria en general hubieran sido declaradas nulas; de ah� que si el tribunal ad quem hubiera procedido, como lo pretende el quejoso, el fallo que dict� habr�a sido incongruente y, por tanto, conculcatorio del art�culo 81 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.-En efecto, las argumentaciones contenidas en el apartado tercero, incisos ?a?, ?b? y ?c?, del cap�tulo de conceptos de violaci�n son inatendibles, en virtud de que en el juicio del que proviene el acto reclamado, el ahora quejoso no impugn� las resoluciones adoptadas en la asamblea general ordinaria celebrada el dos de febrero de mil novecientos ochenta y seis, concretamente el acuerdo por el que la asamblea autoriz� a la junta directiva para que pudiera ?decidir lo que �sta considera conveniente que se deba hacer con la casona?, porque en la orden del d�a contenida en la convocatoria respectiva no se hubiera incluido el asunto relativo a la celebraci�n de un contrato de comodato respecto a la casa ubicada en el n�mero veinticuatro de las calles de Orizaba, en la colonia Roma de esta ciudad, o porque ese asunto era de la competencia de la asamblea extraordinaria y, por otra parte, en los autos del juicio natural no obra constancia alguna de que los acuerdos adoptados en dicha asamblea, o bien �sta, se hubieran declarado nulos.-Por lo anterior, si no es legalmente posible aceptar la invalidez que se pretende, debe subsistir la consideraci�n de la Sala responsable respecto a que como la asamblea ordinaria hab�a conferido facultades a la junta directiva, el contrato de comodato ?celebrado por �sta? ten�a la legalidad necesaria.-As� las cosas, como a fin de cuentas no cabe considerar que el sentido de la sentencia reclamada sea conculcatorio de las garant�as individuales invocadas en la demanda de amparo, ha lugar a negar la protecci�n constitucional solicitada.

El anterior fallo dio origen a la tesis que a continuaci�n se transcribe:

Tesis aislada

"Octava �poca

"Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990

"P�gina: 80

"ASOCIACI�N CIVIL. LOS ASOCIADOS PUEDEN EJERCITAR ACCIONES CONTRA ELLA.-Los art�culos 2670 al 2687 del C�digo Civil para el Distrito Federal reglamentan a la asociaci�n y la estructuran como un contrato nominado, plurilateral, por el que varios individuos convienen en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin com�n que no est� prohibido por la ley y que no tenga car�cter preponderantemente econ�mico. Este contrato genera derechos y obligaciones para los asociados. Entre los primeros puede citarse el voto en las asambleas (art�culo 2678); la vigilancia para que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociaci�n (art�culo 2683); el examen de los libros de contabilidad y dem�s papeles de �sta (art�culo 2683), etc�tera. Correlativamente, el asociado est� obligado a pagar las cuotas o la aportaci�n convenida (art�culos 2683 y 2686), a cumplir con los estatutos (art�culo 2673), a contribuir con su actuaci�n a la realizaci�n del fin de la asociaci�n (art�culo 2670), etc�tera. Lo anterior da lugar a relaciones jur�dicas entre los asociados entre s� y entre �stos y la asociaci�n, a la cual el art�culo 25, fracci�n VI, del ordenamiento citado reconoce como una persona moral. Si dentro de estas relaciones surge, por ejemplo, el desconocimiento de un derecho o el incumplimiento de una obligaci�n, conforme al art�culo primero del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el afectado puede v�lidamente hacer cesar ese estado de hecho contrario a derecho, mediante la intervenci�n del �rgano jurisdiccional, ejercitando la acci�n correspondiente, para que a trav�s de la declaraci�n o la constituci�n de un derecho o de la imposici�n de una condena, se suprima la indicada situaci�n, que como puede ser provocada por cualquiera de los sujetos de las relaciones mencionadas, es decir, cualquier asociado o la asociaci�n misma, tal precepto permite que contra uno u otra se haga valer la referida acci�n. Por tanto, de acuerdo a lo expuesto, ninguna base legal existe para afirmar que un asociado no pueda ejercitar una acci�n contra la asociaci�n ni para negarle legitimaci�n activa en la causa, si demostr� durante el juicio que la titularidad del derecho correspond�a al demandante.

"CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

A. directo 1379/90. C.C.N.. 9 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: M.M.R.Z..

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvi� el amparo en revisi�n 664/2000, interpuesto por el Juez Cuadrag�simo S�ptimo Penal del Distrito Federal. Sus consideraciones son, en lo conducente, las siguientes:

QUINTO.-Son infundados los agravios expresados por la recurrente.-Aqu� cabe mencionar que la autoridad responsable recurrente, de manera err�nea, denomin� ?conceptos de violaci�n? a los argumentos que esgrimi� en contra de la resoluci�n impugnada, sin embargo, a fin de resolver la cuesti�n efectivamente planteada, se proceder� al estudio de los mismos.-Por raz�n de m�todo, se pasa al estudio de las consideraciones que hace valer la Juez responsable en el sentido de que el Juez de amparo viola en su perjuicio las garant�as contenidas en los art�culos 14 y 16 constitucionales. Dicho argumento es infundado, en atenci�n a que los Jueces de Distrito no pueden violar garant�as individuales en los juicios sustanciados ante ellos y, por tanto, tales cuestiones no pueden formar parte de los agravios en la revisi�n, ya que s�lo deben ser materia de �sta las infracciones a la Ley de A. o, en su caso, a las disposiciones del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a aqu�lla, dado que la funci�n de los referidos funcionarios judiciales consiste precisamente en determinar si en los actos reclamados existi� o no violaci�n a los derechos subjetivos p�blicos del quejoso; sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial II.3o. J/4, visible en la p�gina 221 de la Gaceta 22-24 del Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo IV, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: ?SENTENCIA DE AMPARO. NO PUEDE SER VIOLATORIA DE GARANT�AS.?. (la transcribe).-Ahora bien, contra lo que aduce la autoridad recurrente, la Juez de Distrito estuvo en lo correcto al se�alar que la orden de aprehensi�n reclamada era violatoria de las garant�as de seguridad y legalidad, previstas en el art�culo 16, p�rrafo segundo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, con relaci�n a los art�culos 386 y 399 bis, ambos del C�digo Penal para el Distrito Federal y 264 del C�digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, los que a la letra disponen: ?Art�culo 16. ... No podr� librarse orden de aprehensi�n sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley se�ale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.?.-?Art�culo 386. Comete el delito de fraude el que enga�ando a uno o aprovech�ndose del error en que �ste se halla se hace il�citamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. ...?.-?Art�culo 399 bis. ... Se perseguir�n por querella los delitos previstos en los art�culos 380 y 382 a 399, salvo el art�culo 390 y los casos a que se refieren los dos �ltimos p�rrafos del art�culo 395.?.-?Art�culo 264. Cuando para la persecuci�n de los delitos sea necesaria la querella de parte ofendida, bastar� que �sta, aunque sea menor de edad, manifieste verbalmente su queja, para que se proceda en los t�rminos de los art�culos 275 y 276 de este c�digo. Se reputar� parte ofendida para tener por satisfecho el requisito de la querella necesaria, a la v�ctima o titular del bien jur�dico lesionado o puesto en peligro por la conducta imputada al indiciado, y trat�ndose de incapaces, a los ascendientes y a falta de �stos, a los hermanos o a los que representen a aqu�llos legalmente; cuando la v�ctima por cualquier motivo no se pueda expresar, el legitimado para presentar la querella ser�n las personas previstas por el art�culo 30 bis del C�digo Penal.-Las querellas presentadas por las personas morales, podr�n ser formuladas por apoderado que tenga poder general para pleitos y cobranzas con cl�usula especial, sin que sea necesario acuerdo previo o ratificaci�n del consejo de administraci�n o de la asamblea de socios o accionistas ni poder especial para el caso concreto. ...?.-Ya que de tales art�culos se desprende que el delito de fraude gen�rico que se atribuye a los peticionarios de garant�as se persigue por querella y la misma efectivamente no se satisfizo en la causa exigen de los actos reclamados (sic), por las siguientes consideraciones: Por escrito presentado el dos de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, ante el agente del Ministerio P�blico investigador, A.G.M. y A.O., en su car�cter de socios fundadores de la Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, A., formularon denuncia de hechos en contra de quien o quienes resultaran responsables de la comisi�n del delito o delitos que pudieran tipificarse, cometidos en perjuicio de la Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, A., y, consecuentemente, en perjuicio del patrimonio de los denunciantes, otorg�ndole efectos de querella para el caso de que se ameritara instancia de parte interesada; y, en el cap�tulo de hechos, relataron: ?Noveno. El se�or A.O., el 15 de febrero de 1994, le inform� a la se�ora S.P.H., que ya se ten�a el resultado de la primera auditor�a global que reflejaba graves da�os patrimoniales a la asociaci�n ... 3. Considerando que la administraci�n ha dejado de facturar a sus socios cantidades tan altas como las se�aladas y a su vez ha dejado tambi�n de contabilizar los grandes adeudos que tiene con las compa��as period�sticas, sus resultados contables de ninguna manera obedecen a su realidad documental, lo cual implica un da�o patrimonial a la asociaci�n.?.-Del acta constitutiva de la Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, A., se desprende que los denunciantes A.O. y A.G.M., efectivamente son socios fundadores de la asociaci�n en cita, pero tal car�cter, como de manera correcta lo estableci� la Juez de garant�as, por s� solo, de ning�n modo los faculta para querellarse por dicho ente jur�dico, sino que en el caso quien estaba facultada para querellarse era la persona moral denominada Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, a trav�s de su apoderado con poder general para pleitos y cobranzas con cl�usula especial, ya que as� lo dispone el art�culo 264 del C�digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; por tanto, era necesario que los querellantes en cita acreditaran tener facultades a nombre de dicha asociaci�n como apoderados, para formular querellas o realizar denuncias a nombre de la misma, lo que en el caso no aconteci�. Aqu� cabe decir, contra lo que alega la recurrente, que cuando el sujeto pasivo del il�cito penal es una persona jur�dica, es indispensable que conste fehacientemente que sus integrantes, mediante un acuerdo tomado con base en sus propios estatutos, o en la ley, estuvieron anuentes en la presentaci�n de la querella, am�n de que las personas morales s�lo pueden realizar actos jur�dicos y ejercer derechos a trav�s de sus leg�timos representantes, por lo que no puede aceptarse, como lo pretende la autoridad responsable, que dos socios de la Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, en forma aislada, est�n legitimados para querellarse por un delito en que dicha asociaci�n es la directamente afectada. Por tanto, trat�ndose de una asociaci�n, s� existe la posibilidad de formular querella contra sus administradores, a fin de exigirles responsabilidad, pero s�lo puede hacerlo mediante acuerdo tomado en asamblea general de socios, en la que se designe a la persona que haya de ejercitar las acciones correspondientes, atendiendo a que de conformidad con el art�culo 2674 del C�digo Civil para el Distrito Federal, dicha asamblea es el �rgano supremo de la sociedad y es la que designa a los administradores, cuya conducta en el desempe�o de sus funciones, al incurrir en responsabilidad civil o penal, afecta el patrimonio de aqu�lla y, por consiguiente, a sus mismos asociados corresponde decidir si debe o no procederse legalmente en su contra.-Igualmente, respecto a lo sostenido por la Juez responsable en el sentido de que la de amparo no tom� en cuenta que el patrimonio de una persona moral se compone del patrimonio de los asociados y que al afectarse el patrimonio de Protea se afecta la parte al�cuota que les corresponde a los asociados por su participaci�n (aportaciones), m�s a�n, que los afectados A.G.M. y A.O., son socios fundadores de Protea y con su patrimonio individual y el de otros, se form� y cre� el patrimonio de Protea, por lo que al ser afectados en su patrimonio, adquieren el car�cter de ofendidos, lo que los legitima para presentar querella en el presente caso.-Esto tambi�n resulta infundado, ya que de conformidad con el art�culo 25 del C�digo Civil para el Distrito Federal, las asociaciones son personas morales y entre las consecuencias de la personalidad moral, la m�s importante es la que se denomina autonom�a patrimonial, lo que significa que, en el caso, la asociaci�n como persona moral es titular de un patrimonio enteramente distinto del de las personas f�sicas o de las morales que como asociados han formado esta nueva persona. Por tanto, habiendo una autonom�a patrimonial entre el patrimonio de cada uno de los socios y el patrimonio de la sociedad, no hay nada en com�n, ya que en el patrimonio de los asociados encontramos un derecho personal de cr�dito frente a la asociaci�n, pero sin que ese derecho de cr�dito de los socios se traduzca en una confusi�n de los patrimonios de los socios con el patrimonio de la persona moral; de tal suerte que el acreedor de un socio no podr� tener como garant�a del cumplimiento de la obligaci�n de este socio el patrimonio de la sociedad, porque, como ya se dijo, hay una separaci�n, una autonom�a absoluta en los patrimonios. Tampoco podr� compensarse una deuda de un asociado con cr�ditos de la asociaci�n, porque se trata de patrimonios diferentes, con una completa autonom�a patrimonial.-Ahora bien, respecto al argumento de la autoridad responsable, consistente en que la Juez de Distrito, al dictar la resoluci�n que se combate, no tom� en consideraci�n el contenido del art�culo 264 del C�digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, toda vez que dicho numeral se�ala que la querella de una persona moral por medio de un apoderado ?ser� potestativo y adem�s al referirse a las personas f�sicas dice que son ofendidos y tienen derecho a querellarse los que sean afectados por los hechos il�citos y, en el caso que nos ocupa, A.O. y A.G.M., fueron afectados en su patrimonio comprometido con la persona moral Protea, con los hechos il�citos de los indiciados, hoy quejosos?, ello tambi�n deviene infundado, por lo siguiente: La asociaci�n en el derecho civil es una persona jur�dica con nombre, patrimonio y �rganos propios, originada en un contrato plurilateral en el que las partes se obligan a la realizaci�n de un fin com�n que no est� prohibido por la ley y que no tenga car�cter preponderantemente econ�mico (art�culo 2670 del C�digo Civil para el Distrito Federal).-La asociaci�n civil es una corporaci�n, en virtud de que los asociados se rigen por normas estatutarias, la escritura constitutiva de la asociaci�n forma los estatutos de la misma y debe estar inscrita en el Registro P�blico a fin de que surta sus efectos legales contra terceros; los estatutos son ciertas reglas a las que deben sujetarse todos los asociados que han constituido la asociaci�n y cualquiera otro asociado que quiera formar parte de ella debe aceptarlos.-La Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, A., como cualquier otra asociaci�n, de conformidad con el art�culo 25 del C�digo Civil para el Distrito Federal, es una persona moral, un ente jur�dicamente ficticio que, como tal, requiere necesariamente de ciertos �rganos que deben ser representados por personas f�sicas; dichos �rganos son los representantes de la asociaci�n, conforme lo dispuesto en el art�culo 2674 del C�digo Civil para el Distrito Federal: ?El poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general. El director o directores de ellas tendr�n las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general, con sujeci�n a esos documentos.?.-As� tenemos que en el art�culo noveno de los estatutos sociales de la citada asociaci�n, se establece que los �rganos de la misma son: la asamblea general de socios; el consejo directivo; la direcci�n general, asesor�as y apoderados; y, en los art�culos d�cimo noveno y vig�simo octavo de los citados estatutos se establece: ?Art�culo d�cimo noveno. El consejo directivo ser� el representante legal de la asociaci�n, con las facultades y obligaciones que le confieren las leyes respectivas, pudiendo delegar sus funciones en el director, asesores o apoderados.-El consejo directivo tendr� facultades de un apoderado general ampl�simo para pleitos y cobranzas, para ejercer actos de administraci�n y para ejercer actos de dominio, as� como para otorgar y suscribir toda clase de t�tulos de cr�dito, en los t�rminos de los tres primeros p�rrafos del art�culo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal y del art�culo noveno de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cl�usula especial conforme a la ley. Incluyendo las enumeradas en el art�culo dos mil quinientos ochenta y siete del expresado C�digo Civil.-De manera enunciativa y no limitativa, el consejo directivo tendr� facultades para desistirse de toda clase de acciones o defensas, para transigir, para recuperar, para hacer y recibir pagos, para presentar denuncias o querellas ante las autoridades del fuero penal, para desistirse de ellas cuando lo permita la ley, para constituirse en parte civil coadyuvante con el Ministerio P�blico y para otorgar el perd�n del ofendido, para interponer el juicio de amparo y desistirse de �l. El consejo directivo est� facultado igualmente para otorgar poderes generales o especiales para revocarlos.?.-?Art�culo vig�simo octavo. El presidente del consejo directivo ser� el representante de la sociedad y su apoderado general.-El presidente del consejo podr� delegar sus funciones en el director, los asesores, apoderados de la misma.-El presidente del consejo presidir� las asambleas y las reuniones del consejo y en caso de empate en las votaciones, tendr� voto de calidad.-El presidente del consejo directivo tendr� las facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas, para ejercer actos de administraci�n, para ejercer actos de dominio y para otorgar y suscribir t�tulos de cr�dito, en los t�rminos de los tres primeros p�rrafos del art�culo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del C�digo Civil para el Distrito y Territorios Federales y del art�culo noveno de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, con la �nica limitaci�n de que, para ejerceractos de dominio, firmar� siempre mancomunadamente con el secretario del consejo, con el director general o con alguno de los vicepresidentes, y de que para el ejercicio de las facultades para otorgar y suscribir t�tulos de cr�dito, actuar� siempre mancomunadamente con el tesorero, con el director general o con alguno de los vicepresidentes.-De manera enunciativa y no limitativa, el presidente del consejo t�cnico queda expresamente facultado para desistirse de toda clase de acciones o defensas, para transigir, para comprometer en �rbitros, para hacer y recibir pagos, para hacer cesi�n de bienes, para presentar denuncias y querellas ante las autoridades del fuero penal, para desistirse de ellas cuando lo permita la ley, para constituirse en parte civil coadyuvante con el Ministerio P�blico y para otorgar el perd�n del ofendido, para interponer el juicio de amparo y desistirse de �l, para otorgar poderes generales o especiales para pleitos y cobranzas y para actos de administraci�n y para revocar dichos poderes.-El presidente del consejo ejercer� sus facultades ante toda clase de personas f�sicas o morales y ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, fiscales y del trabajo ...?.-Por lo anterior, es de concluirse, contra lo que aduce la recurrente, que la expresi�n contenida en el art�culo 264 del C�digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en el sentido de que las querellas presentadas por las personas morales podr�n ser formuladas por apoderado que tenga poder general para pleitos y cobranzas con cl�usula especial, no puede ser potestativa en el sentido que refiere la recurrente, porque las personas morales necesariamente requieren de ciertos �rganos para efectuar sus actos, elegidos por la asamblea general de asociados y, como ya ha quedado establecido en el caso, la Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, en base a sus estatutos, s�lo puede ser representada legalmente por el presidente del consejo directivo, por el consejo directivo constituido legalmente y por el o los apoderados, calidades que como bien lo determin� la Juez de amparo, no tiene ninguno de los denunciantes, ni tampoco se advierte que la asamblea general de asociados los haya designado para que formularan la querella en contra de los quejosos a nombre de la asociaci�n en cita, quien es probablemente la directa agraviada, dado que los actos que se atribuyen a los aqu� quejosos se hacen consistir en desviar de manera enga�osa los recursos patrimoniales de la asociaci�n, del objeto para el que se cre� �sta, al presuntamente disponer del patrimonio de la Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, A., por un monto de nueve millones quinientos noventa y un mil doscientos cincuenta y siete pesos con cuarenta centavos, al expedir cheques de la cuenta 5165815-1 de B., S., cuyo titular es dicha asociaci�n, por lo que al no existir la querella formulada por quien legalmente la representa o la designada para tales efectos, es cierto que no se re�ne el requisito de procedibilidad que exige el art�culo 399 bis del C�digo Penal para el Distrito Federal; y si bien el mencionado art�culo 264 del C�digo Procesal de la materia y fuero establece, como lo aduce la recurrente, que las personas f�sicas podr�n formular querella, tambi�n lo es que por disposici�n del mismo precepto deben reunir el car�cter de ?parte ofendida?, es decir, que sean las v�ctimas del delito o los titulares del bien jur�dico lesionado o puesto en peligro y, en el caso, se reitera, el patrimonio afectado con la probable conducta de los peticionarios de amparo es el de la Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro y no el de A.G.M. y A.C.O..-Asimismo, resulta infundado lo sostenido por la recurrente en el sentido de que en virtud de que el consejo directivo de Protea, nombrado el trece de enero de mil novecientos noventa y dos y del que forma parte S.P.H., fue declarado nulo por sentencia firme, as� como todos sus actos, desde el quince de julio de mil novecientos noventa y seis, la Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, A. (Protea) no ten�a representaci�n legal, por tanto, las �nicas personas que pod�an presentar querella en este caso, eran particulares, tales como A.G.M. y A.O., quienes son socios fundadores de Protea y, por ende, tienen inter�s en que se investiguen esos hechos, porque fue afectado su patrimonio. Se dice que lo anterior es infundado porque el efecto que produjo la declaraci�n de nulidad de la asamblea que indica la responsable recurrente, en la que se reeligi� a la peticionaria de garant�as S.P.H., con un nuevo consejo directivo, en todo caso es que permanezca en la direcci�n de la asociaci�n hasta en tanto no sea electo uno nuevo, esto es, lo que trajo como consecuencia la declaraci�n de nulidad de la asamblea de que se trata, es que las cosas volvieran al estado en que se encontraban al momento de verificarse el acto anulado y, en dicho momento, tal persona era presidente del consejo directivo de la asociaci�n en cita, sin que obste el hecho de que conforme a lo dispuesto en los estatutos, se se�ale como duraci�n del encargo del presidente solamente dos a�os, porque pudiera darse el caso, como en el presente, que transcurrido dicho t�rmino no se nombrara a un nuevo presidente, caso en el que si los miembros de la asociaci�n quisieran que el anterior dejara de fungir como tal, necesariamente deben revocarlo a trav�s de una asamblea general debidamente protocolizada, ya que dicha asamblea es el �rgano supremo de la asociaci�n y tiene entre sus funciones la designaci�n y destituci�n de sus representantes. Por tanto, contra lo sostenido por la recurrente, s� exist�a un consejo directivo que representaba a la Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, A. Y lo que es m�s, el art�culo d�cimo quinto de los estatutos de la asociaci�n en cita, establece que: ?Un m�nimo de cuatro socios, dos fundadores y dos activos, podr�n solicitar al consejo directivo, que en los t�rminos de los art�culos und�cimo y duod�cimo se convoque a asamblea. El consejo directivo tendr� la obligaci�n ineludible de acatar esta solicitud.?, por lo que, con base en esta disposici�n, A.G.M. y A.O., en su car�cter de socios fundadores de la Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, A., con la participaci�n adem�s de dos socios activos, pod�an solicitar se convocara a asamblea, en la que una vez cubiertos los requisitos para su validez, se ocuparan del asunto referente a formular querella en contra de los aqu� peticionarios de garant�as por el delito de fraude gen�rico, design�ndose a alguna o algunas personas para que la representaran, en caso de que el apoderado o las personas facultadas para ello se negaran a hacerlo.-Por otra parte, debe decirse que si como lo refiere la autoridad recurrente la ?D�cimo S�ptima Sala Penal? y el ?procurador general de Justicia del Distrito Federal?, reconocieron la calidad de querellantes a A.G.M. y A.O., ello no constri�e a este tribunal a resolver en el mismo sentido porque, como ya se dijo, resultar�a err�neo, atento todas las consideraciones vertidas con antelaci�n. Y por cuanto hace al se�alamiento que de manera general la Juez responsable hace en el sentido de: ?la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n a trav�s de sus diversos tribunales y juzgados reconoci� la personalidad de los querellantes al negarles el amparo de fondo a los (sic) E.G.E., E.R.A. y S.S.V.?, tal argumentaci�n no es de tomarse en consideraci�n, ya que dicha juzgadora ten�a la obligaci�n de proporcionar los datos de identificaci�n de las ejecutorias emitidas por los �rganos jurisdiccionales de que se tratara o, en su caso, anexar a su escrito de agravios copia debidamente certificada de las mismas, para que este cuerpo colegiado constatara su existencia, para as� estar en aptitud de imponerse del contenido de tales resoluciones.-En tales condiciones, al resultar infundados los agravios expresados, lo procedente es confirmar en sus t�rminos la sentencia recurrida, dejando intocado el sobreseimiento respecto del acto reclamado a los Jueces Cuadrag�simo y Cuadrag�simo Sexto Penales del Distrito Federal, por no haber sido materia del presente recurso.

SEXTO

Es necesario destacar que el hecho de que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito no redactara tesis respecto al criterio sustentado en su ejecutoria, no afecta la procedencia de la contradicci�n de tesis, ya que para que �sta se d�, �nicamente es indispensable que dicha contradicci�n se desprenda del c�mulo de consideraciones jur�dicas vertidas en su sentencia, cobrando aplicaci�n el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis que a continuaci�n se transcribe:

Tesis de jurisprudencia

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XII, noviembre de 2000

"Tesis: 2a./J. 94/2000

"P�gina: 319

"CONTRADICCI�N DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.-Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la C.�n General de la Rep�blica, 197 y 197-A de la Ley de A., regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, desprendi�ndose que la tesis a que se refieren es el criterio jur�dico sustentado por un �rgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hip�tesis, con caracter�sticas de generalidad y abstracci�n, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, adem�s, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 195 de la citada legislaci�n, debe redactarse de manera sint�tica, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del car�cter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracci�n. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo �sta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicci�n que establecen los preceptos citados.

"Contradicci�n de tesis 6/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: A.�s G.�n.

"Contradicci�n de tesis 34/97. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 26 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: G.D.G.�ngora P.. Secretario: Jes�s G.L.A..

"Contradicci�n de tesis 75/99-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 24 de marzo del a�o 2000. Cinco votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: J.� Francisco Cilia L�pez.

"Contradicci�n de tesis 35/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercero y el S�ptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 de agosto del a�o 2000. Cinco votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: J.� de Jes�s M. L�pez.

"Contradicci�n de tesis 33/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer y el Octavo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 6 de septiembre del a�o 2000. Cinco votos. Ponente: S.S.A.. Secretaria: A.Z.C.�eda.

"Tesis de jurisprudencia 94/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesi�n privada del once de octubre del a�o dos mil.

"Nota: Las ejecutorias relativas a las contradicciones de tesis 6/98 y 75/99-SS, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., julio de 1998, p�gina 217 y Tomo XI, mayo de 2000, p�gina 60, respectivamente."

Lo anterior nos lleva a establecer v�lidamente que en el supuesto de que la tesis no haya sido redactada, no puede argumentarse que la contradicci�n no exista.

Ahora bien, para analizar si existe contradicci�n de tesis entre los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados contendientes, es necesario sintetizar lo que cada uno de ellos afirm� en sus respectivas ejecutorias, de la manera siguiente:

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo el criterio que en lo conducente se refiere a que un asociado s� tiene legitimaci�n para ejercitar una acci�n contra la asociaci�n, cuando se han emitido resoluciones que considere se llevaron a cabo en contravenci�n a las disposiciones legales y estatutarias.

Lo anterior queda evidentemente plasmado cuando ese �rgano colegiado manifest� que consideraba sustancialmente fundado el argumento del quejoso al sostener que la Sala responsable aplic� inexactamente el art�culo 19 de los estatutos del Centro Asturiano de M�xico, A., toda vez que el mismo se hab�a ostentado como asociado de dicha persona jur�dica y los demandados le reconocieron ese car�cter al contestar el hecho primero del documento inicial; de ah� que el art�culo 19 de los estatutos del Centro Asturiano de M�xico, A., no pod�a servir de apoyo para negar al ahora quejoso legitimaci�n activa en la causa para deducir la acci�n que ejercit� en el juicio del que proviene el acto reclamado, puesto que dicho precepto �nicamente establece las obligaciones de los socios de dicha persona moral y el peticionario del amparo no es socio, sino que es asociado de esa corporaci�n y sus derechos est�n consignados en el art�culo 18 de los estatutos del Centro Asturiano de M�xico, A.

Agrega, que al sostener que el actor en el juicio natural carec�a de legitimaci�n en la causa, el tribunal de alzada interpret� inexactamente los art�culos 2670 y 2683 del C�digo Civil para el Distrito Federal, as� como el art�culo 18 de los estatutos del Centro Asturiano de M�xico, A., ya que efectivamente los art�culos citados del C�digo Civil para el Distrito Federal reglamentan a la asociaci�n y la estructuran como un contrato nominado, plurilateral, por el que varios individuos convienen en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin com�n que no est� prohibido por la ley y que no tenga car�cter preponderantemente econ�mico. Este contrato genera derechos y obligaciones para los asociados. Entre los primeros puede citarse: el voto en las asambleas (art�culo 2678); la vigilancia para que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociaci�n (art�culo 2683); el examen de los libros de contabilidad y dem�s papeles de �sta (art�culo 2683), etc�tera.

Correlativamente, el asociado est� obligado a pagar las cuotas o la aportaci�n convenidas (art�culos 2683 y 2686), a cumplir con los estatutos (art�culo 2673), a contribuir con su actuaci�n a la realizaci�n del fin de la asociaci�n (art�culo 2670), etc�tera. Lo anterior da lugar a relaciones jur�dicas entre los asociados entre s�, y entre �stos y la asociaci�n, a la cual el art�culo 25, fracci�n VI, del ordenamiento citado reconoce como una persona moral.

Si dentro de estas relaciones surge, por ejemplo, el desconocimiento de un derecho o el incumplimiento de una obligaci�n, conforme al art�culo 1o. del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el afectado puede v�lidamente hacer cesar ese estado de hecho contrario a derecho, mediante la intervenci�n del �rgano jurisdiccional, ejercitando la acci�n correspondiente, para que a trav�s de la declaraci�n o de la constituci�n de un derecho o de la imposici�n de una condena, se suprima la indicada situaci�n, que como puede ser provocada por cualquiera de los sujetos de las relaciones mencionadas, es decir, cualquier asociado o la asociaci�n misma, tal precepto permite que contra uno u otra se haga valer la referida acci�n.

Agrega el Tribunal Colegiado que de acuerdo a lo expuesto, ninguna base legal existe para afirmar que un asociado no pueda ejercitar una acci�n contra la asociaci�n ni para negarle legitimaci�n activa en la causa, si se demostr� durante el juicio que la titularidad del derecho debatido correspond�a precisamente al demandante, siendo indiscutible que los asociados del Centro Asturiano de M�xico, A., tienen derecho para impugnar las resoluciones y actos que consideren que se tomaron o se celebraron con violaci�n de las disposiciones legales y estatutarias y, en consecuencia, les corresponde la facultad individual para exigir que se respeten las normas legales y estatutarias de la corporaci�n y est�n legitimados activamente en la causa para deducir las acciones judiciales, a fin de conseguir que los actos de los �rganos de la asociaci�n no se realicen en contravenci�n del objeto que la asociaci�n se propone.

Concluye entonces, que el ahora quejoso s� estaba legitimado para demandar, por su propio derecho, de A.G.�a R. y de J.M.G.�a R.�guez, en lo personal, presidente y secretario, respectivamente, de la junta directiva del Centro Asturiano de M�xico, A., la declaraci�n de que hab�an actuado sin facultad expresa alguna de tipo legal ni estatutario, en el contrato de comodato celebrado entre dicha corporaci�n y la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, as� como el pago de los da�os y perjuicios.

En contraposici�n con el anterior criterio, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 664/2000, interpuesto por el Juez Cuadrag�simo S�ptimo Penal del Distrito Federal, sostuvo, en la parte que interesa para este fallo, que son infundados los agravios expresados por la recurrente, ya que contra lo que aduce dicha autoridad, la Juez de Distrito estuvo en lo correcto al se�alar que la orden de aprehensi�n reclamada era violatoria de las garant�as de seguridad y legalidad, previstas en el art�culo 16, p�rrafo segundo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con los art�culos 386 y 399 bis, ambos del C�digo Penal para el Distrito Federal y 264 del C�digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en virtud de que de la lectura de estos art�culos se desprende que el delito de fraude gen�rico que se atribuye a los peticionarios de garant�as se persigue por querella y la misma efectivamente no se satisfizo.

Este Tribunal Colegiado, para llegar a la conclusi�n que se apunta en el p�rrafo anterior, hizo referencia a los antecedentes del caso, estableciendo que por escrito presentado el dos de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, ante el agente del Ministerio P�blico investigador, A.G.M. y A.O., en su car�cter de socios fundadores de la Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, A., formularon denuncia de hechos en contra de quien o quienes resultaran responsables de la comisi�n del delito o delitos que pudieran tipificarse, cometidos en perjuicio de la Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, A. y, consecuentemente, en perjuicio del patrimonio de los denunciantes, otorg�ndole efectos de querella para el caso de que se ameritara instancia de parte interesada.

No obstante lo anterior, del acta constitutiva de la Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, A., se desprende que los denunciantes A.O. y A.G.M., efectivamente son socios fundadores de la asociaci�n en cita, pero tal car�cter por s� solo de ning�n modo los faculta para querellarse por dicho ente jur�dico, sino que, en elcaso, quien estaba facultada para querellarse era la persona moral denominada Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, A., a trav�s de su apoderado con poder general para pleitos y cobranzas con cl�usula especial, ya que as� lo dispone el art�culo 264 del C�digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; por tanto, era necesario que los querellantes en cita acreditaran tener facultades a nombre de dicha asociaci�n como apoderados, para formular querellas o realizar denuncias a nombre de la misma, lo que en el caso no aconteci�.

En esas condiciones, dicho Tribunal Colegiado afirm� que, trat�ndose de una asociaci�n, s� existe la posibilidad de formular querella contra sus administradores, a fin de exigirles responsabilidad, pero s�lo puede hacerse mediante un acuerdo tomado en asamblea general de socios, en la que se designe a la persona que haya de ejercitar las acciones correspondientes, atendiendo a que de conformidad con el art�culo 2674 del C�digo Civil para el Distrito Federal, dicha asamblea es el �rgano supremo de la sociedad y es la que designa a los administradores, cuya conducta en el desempe�o de sus funciones, al incurrir en responsabilidad civil o penal, afecta el patrimonio de aqu�lla y, por consiguiente, a sus mismos asociados corresponde decidir si debe o no procederse legalmente en su contra.

Igualmente, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostuvo que es infundado el argumento de que en la resoluci�n del amparo no se tom� en cuenta que el patrimonio de una persona moral se compone del patrimonio de los asociados y que al afectarse el patrimonio de Protea se afecta la parte al�cuota que les corresponde a los asociados por su participaci�n (aportaciones), m�s a�n, que los afectados A.G.M. y A.O. son socios fundadores de Protea y con su patrimonio individual y el de otros, se form� y cre� el patrimonio de Protea, por lo que al ser afectados en su patrimonio, adquieren el car�cter de ofendidos, lo que los legitima para presentar querella en el presente caso.

Explica este tribunal que de conformidad con el art�culo 25 del C�digo Civil para el Distrito Federal, las asociaciones son personas morales y entre las consecuencias de la personalidad moral, la m�s importante es la que se denomina autonom�a patrimonial, lo que significa que, en el caso, la asociaci�n, como persona moral, es titular de un patrimonio enteramente distinto del de las personas f�sicas o de las morales que como asociados han formado esta nueva persona. Por tanto, habiendo una autonom�a patrimonial entre el patrimonio de cada uno de los socios y el patrimonio de la sociedad, no hay nada en com�n, ya que en el patrimonio de los asociados encontramos un derecho personal de cr�dito frente a la asociaci�n, pero sin que ese derecho de cr�dito de los socios se traduzca en una confusi�n de los patrimonios de los socios con el patrimonio de la persona moral; de tal suerte que el acreedor de un socio no podr� tener como garant�a del cumplimiento de la obligaci�n de este socio el patrimonio de la sociedad porque, como ya se dijo, hay una separaci�n, una autonom�a absoluta en los patrimonios. Tampoco podr� compensarse una deuda de un asociado con cr�ditos de la asociaci�n, porque se trata de patrimonios diferentes, con una completa autonom�a patrimonial.

Contin�a argumentando que la asociaci�n, en el derecho civil, es una persona jur�dica con nombre, patrimonio y �rganos propios, originada en un contrato plurilateral en el que las partes se obligan a la realizaci�n de un fin com�n que no est� prohibido por la ley y que no tenga car�cter preponderantemente econ�mico (art�culo 2670 del C�digo Civil para el Distrito Federal), es una corporaci�n, en virtud de que los asociados se rigen por normas estatutarias, la escritura constitutiva de la asociaci�n forma los estatutos de la misma y debe estar inscrita en el Registro P�blico a fin de que surta sus efectos legales contra terceros; los estatutos son ciertas reglas a las que deben sujetarse todos los asociados que han constituido la asociaci�n y cualquiera otro asociado que quiera formar parte de ella debe aceptarlos. La Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, A., como cualquier otra asociaci�n, de conformidad con el art�culo 25 del C�digo Civil para el Distrito Federal, es una persona moral, un ente jur�dicamente ficticio que, como tal, requiere necesariamente de ciertos �rganos que deben ser representados por personas f�sicas; dichos �rganos son los representantes de la asociaci�n, conforme a lo dispuesto en el art�culo 2674 del C�digo Civil para el Distrito Federal. De esta manera, el �rgano jurisdiccional analiz� que en el art�culo noveno de los estatutos sociales de la citada asociaci�n se establece que los �rganos de la misma son:

- La asamblea general de socios;

- El consejo directivo;

- La direcci�n general;

- Asesor�as; y,

- Apoderados.

Adem�s de hacer referencia a los art�culos d�cimo noveno y vig�simo octavo de los citados estatutos, lo que le sirvi� de apoyo para establecer que la expresi�n contenida en el art�culo 264 del C�digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en el sentido de que las querellas presentadas por las personas morales podr�n ser formuladas por apoderado que tenga poder general para pleitos y cobranzas con cl�usula especial, no puede ser potestativa en el sentido que refiere la recurrente, porque las personas morales necesariamente requieren de ciertos �rganos para efectuar sus actos, elegidos por la asamblea general de asociados y, como ya ha quedado establecido, en el caso, la Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, A., con base en sus estatutos, s�lo puede ser representada legalmente por el presidente del consejo directivo, por el consejo directivo constituido legalmente y por el o los apoderados, calidades que como bien lo determin� la Juez de amparo, no tiene ninguno de los denunciantes, ni tampoco se advierte que la asamblea general de asociados los haya designado para que formularan la querella en contra de los quejosos a nombre de la asociaci�n en cita, quien es probablemente la directa agraviada, dado que los actos que se atribuyen a los aqu� quejosos se hacen consistir en desviar de manera enga�osa los recursos patrimoniales de la asociaci�n del objeto para el que se cre� �sta, al presuntamente disponer del patrimonio de la Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, A., por un monto de nueve millones quinientos noventa y un mil doscientos cincuenta y siete pesos con cuarenta centavos, al expedir cheques de la cuenta 5165815-1 de B., S., cuyo titular es dicha asociaci�n, por lo que al no existir la querella formulada por quien legalmente la representa o la designada para tales efectos, es cierto que no se re�ne el requisito de procedibilidad que exige el art�culo 399 bis del C�digo Penal para el Distrito Federal, y si bien el mencionado art�culo 264 del c�digo procesal de la materia y fuero establece, como lo aduce la recurrente, que las personas f�sicas podr�n formular querella, tambi�n lo es que por disposici�n del mismo precepto deben reunir el car�cter de "parte ofendida", es decir, que sean las v�ctimas del delito o los titulares del bien jur�dico lesionado o puesto en peligro y en el caso, se reitera, el patrimonio afectado con la probable conducta de los peticionarios de amparo, es el de la Asociaci�n Nacional de Productores de Teatro, A., y no el de A.G.M. y A.O..

En tal virtud, v�lidamente puede sostenerse que la materia de la presente contradicci�n se circunscribe a determinar si los miembros de una asociaci�n civil, en su car�cter de asociados, est�n o no legitimados para deducir acciones en defensa de sus intereses ante las instancias legales competentes, a partir de la afectaci�n de los intereses patrimoniales de la asociaci�n civil a la que pertenecen y, en consecuencia, solicitar se resuelvan asuntos derivados de actos o resoluciones que adoptaron los miembros de los �rganos de administraci�n de la misma asociaci�n civil, en contravenci�n a las disposiciones legales y estatutarias.

S�PTIMO

Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala, el cual m�s adelante se precisar�, con base en las consideraciones que a continuaci�n se expondr�n.

Al dar lectura a las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados, no queda duda alguna de que lo que tiene que determinarse no es la legitimaci�n de un asociado para deducir acciones legales a nombre de la asociaci�n civil a la que pertenece, sino que debe verse a la luz de una legitimaci�n para poder acudir a las instancias legales competentes en defensa de sus intereses y en contra de los integrantes de los �rganos de administraci�n de la mencionada asociaci�n civil.

Asimismo, no afecta para la existencia de la contradicci�n el hecho de que un asunto derive de una demanda civil y el otro de una situaci�n de �ndole penal, pues claramente queda establecido que lo que interesa es el aspecto de la legitimaci�n de los asociados.

En las relatadas circunstancias, es menester dejar plasmado que la legitimaci�n, en general, es la situaci�n en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situaci�n jur�dica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aqu�l o de intervenir en �sta. Asimismo, estar�n legitimadas en la causa las personas que jur�dicamente son titulares de un derecho que pudieran ser afectadas por la sentencia; y en el proceso, las que est�n facultadas para representar al titular en nombre del actor, demandado, tercero, etc�tera.

Para nuestro estudio resulta necesario transcribir los art�culos que contiene el t�tulo decimoprimero del C�digo Civil para el Distrito Federal, que regulan lo relativo a las asociaciones:

"T�tulo decimoprimero

"De las asociaciones y de las sociedades

"I

"De las asociaciones

"Art�culo 2,670. Cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin com�n que no est� prohibido por la ley y que no tenga car�cter preponderantemente econ�mico, constituyen una asociaci�n."

"Art�culo 2,671. El contrato por el que se constituya una asociaci�n, debe constar por escrito."

"Art�culo 2,672. La asociaci�n puede admitir y excluir asociados."

"Art�culo 2,673. Las asociaciones se regir�n por sus estatutos, los que deber�n ser inscritos en el Registro P�blico para que produzcan efectos contra tercero."

"Art�culo 2,674. El poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general. El director o directores de ellas tendr�n las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general, con sujeci�n a estos documentos."

"Art�culo 2,675. La asamblea general se reunir� en la �poca fijada en los estatutos o cuando sea convocada por la direcci�n. �sta deber� citar a asamblea cuando para ello fuere requerida por lo menos por el cinco por ciento de los asociados, o si no lo hiciere, en su lugar lo har� el Juez de lo Civil a petici�n de dichos asociados."

"Art�culo 2,676. La asamblea general resolver�: I. Sobre la admisi�n y exclusi�n de los asociados; II. Sobre la disoluci�n anticipada de la asociaci�n o sobre su pr�rroga por m�s tiempo del fijado en los estatutos; III. Sobre el nombramiento de director o directores cuando no hayan sido nombrados en la escritura constitutiva; IV.S. la revocaci�n de los nombramientos hechos; V.S. los dem�s asuntos que le encomienden los estatutos."

"Art�culo 2,677. Las asambleas generales s�lo se ocupar�n de los asuntos contenidos en la respectiva orden del d�a.-Sus decisiones ser�n tomadas a mayor�a de votos de los miembros presentes."

"Art�culo 2,678. Cada asociado gozar� de un voto en las asambleas generales."

"Art�culo 2,679. El asociado no votar� las decisiones en que se encuentren directamente interesados �l, su c�nyuge, sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales dentro del segundo grado."

"Art�culo 2,680. Los miembros de la asociaci�n tendr�n derecho de separarse de ella, previo aviso dado con dos meses de anticipaci�n."

"Art�culo 2,681. Los asociados s�lo podr�n ser excluidos de la sociedad por las causas que se�alen los estatutos."

"Art�culo 2,682. Los asociados que voluntariamente se separen o que fueren excluidos, perder�n todo derecho al haber social."

"Art�culo 2,683. Los socios tienen derecho de vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociaci�n y con ese objeto pueden examinar los libros de contabilidad y dem�s papeles de �sta."

"Art�culo 2,684. La calidad de socio es intransferible."

"Art�culo 2,685. Las asociaciones, adem�s de las causas previstas en los estatutos, se extinguen: I. Por consentimiento de la asamblea general; II. Por haber concluido el t�rmino fijado para su duraci�n o por haber conseguido totalmente el objeto de su fundaci�n; III. Por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para que fueron fundadas; IV. Por resoluci�n dictada por autoridad competente."

"Art�culo 2,686. En caso de disoluci�n, los bienes de la asociaci�n se aplicar�n conforme a lo que determinen los estatutos y a falta de disposici�n de �stos, seg�n lo que determine la asamblea general. En este caso la asamblea s�lo podr� atribuir a los asociados la parte del activo social que equivalga a sus aportaciones. Los dem�s bienes se aplicar�n a otra asociaci�n o fundaci�n de objeto similar a la extinguida."

Art�culo 2,687. Las asociaciones de beneficencia se regir�n por las leyes especiales correspondientes.

Por otra parte, los art�culos 25, 26, 27 y 28 del ordenamiento en cita, establecen:

"T�tulo segundo

"De las personas morales

"Art�culo 25. Son personas morales: I. La naci�n, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; II. Las dem�s corporaciones de car�cter p�blico reconocidas por la ley; III. Las sociedades civiles o mercantiles; IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las dem�s a que se refiere la fracci�n XVI del art�culo 123 de la C.�n Federal; V. Las sociedades cooperativas y mutualistas; VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines pol�ticos, cient�ficos, art�sticos, de recreo o cualquiera otro fin l�cito, siempre que no fueren desconocidas por la ley; VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los t�rminos del art�culo 2736."

"Art�culo 26. Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su instituci�n."

"Art�culo 27. Las personas morales obran y se obligan por medio de los �rganos que las representan sea por disposici�n de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos."

Art�culo 28. Las personas morales se regir�n por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos.

De lo asentado se desprende que los art�culos 2670 al 2687 del C�digo Civil para el Distrito Federal vislumbran a la asociaci�n como un contrato nominado plurilateral, por el que varios individuos convienen en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin com�n que no est� prohibido por la ley y que no tenga car�cter preponderantemente econ�mico; asimismo, establecen su reglamentaci�n, generando derechos y obligaciones entre los propios asociados y entre ellos y la asociaci�n, a la cual el art�culo 25, fracci�n VI, del ordenamiento citado reconoce como una persona moral.

En ese orden de ideas, este �rgano colegiado estima que un asociado que considera que ha sido afectado en sus intereses personales, a partir de la pertenencia a una asociaci�n y que puede ser provocada por cualquiera de los sujetos de la misma, le es dable solicitar la intervenci�n del �rgano jurisdiccional, ejercitando la acci�n correspondiente, es decir, contra cualquier asociado o contra la asociaci�n misma. En consecuencia, un asociado puede ejercitar una acci�n contra la asociaci�n y tiene legitimaci�n activa en la causa.

Como corolario de las afirmaciones apuntadas, es de estimarse que los asociados tienen derecho para impugnar las resoluciones y actos que consideren que se tomaron o se celebraron con violaci�n de las disposiciones legales y estatutarias, correspondi�ndoles la facultad individual para exigir que se respeten las normas legales y estatutarias de la corporaci�n y est�n legitimados activamente en la causa para deducir las acciones judiciales a fin de conseguir que los actos de los �rganos de la asociaci�n no se realicen en contravenci�n del objeto que la asociaci�n se propone y, por tanto, derivarse en defensa de sus intereses personales ante la asociaci�n.

De lo asentado debe considerarse que un asociado estar� legitimado por el s�lo hecho de pertenecer a la asociaci�n civil para deducir acciones legales en defensa de sus intereses; pensar lo contrario equivaldr�a a dejar a cada uno de ellos en estado de indefensi�n ante la propia asociaci�n, cuando a partir de la afectaci�n de los intereses patrimoniales de la misma, se perjudiquen los de ellos.

En lo conducente es aplicable el criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis que a continuaci�n se transcribe:

Tesis de jurisprudencia

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: VII, enero de 1998

"Tesis: 2a./J. 75/97

"P�gina: 351

"LEGITIMACI�N PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.-Por legitimaci�n procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al �rgano jurisdiccional con la petici�n de que se inicie la tramitaci�n del juicio o de una instancia. A esta legitimaci�n se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionar� en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimaci�n ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimaci�n en el proceso se produce cuando la acci�n es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionar�, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representaci�n legal de dicho titular. La legitimaci�n ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.

"R.�n fiscal 80/83. Seguros Am�rica B., S. 17 de octubre de 1984. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: E.L.M.�nez. Ponente: C.d.R.�o R.�guez. Secretaria: D.B.L.�n de G..

"A. en revisi�n (reclamaci�n) 1873/84. F.T.C.. 15 de mayo de 1985. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: F.M.F.. Ponente: C. de S.N.. Secretario: J.M.M. D�az.

"Queja 11/85. T.P. y coagraviados. 25 de noviembre de 1985. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: M.G.�rrez de V.. Ponente: C. de S.N.. Secretario: J.M.M. D�az.

"A. en revisi�n 6659/85. E.S. y otros. 22 de enero de 1986. Cinco votos. Ponente: C. de S.N.. Secretario: J.M.M. D�az.

"A. en revisi�n 1947/97. N�stor F.L.J.�rez. 17 de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: S.S.A.. Secretaria: Adela Dom�nguez S..

Tesis de jurisprudencia 75/97. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesi�n privada del tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros J.D.�az R., M.A.G.�itr�n, S.S.A., G.I.O.M. y presidente G.D.G.�ngora P..

En virtud de las consideraciones asentadas, el criterio que debe prevalecer es el de esta Primera Sala, conforme a la siguiente tesis jurisprudencial que es del tenorliteral siguiente:

LEGITIMACI�N ACTIVA EN LA CAUSA. LA TIENEN LOS MIEMBROS DE UNA ASOCIACI�N CIVIL, EN SU CAR�CTER DE ASOCIADOS, PARA DEDUCIR ACCIONES LEGALES EN DEFENSA DE SUS INTERESES, A PARTIR DE LA AFECTACI�N DEL PATRIMONIO DE AQU�LLA.-Si se toma en consideraci�n, por un lado, que la legitimaci�n, en general, es la situaci�n en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situaci�n jur�dica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aqu�l o intervenir en �sta y que conforme al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estar�n legitimados en la causa las personas que jur�dicamente son titulares del derecho cuestionado en el juicio y, por otro, que acorde con lo dispuesto en los art�culos 2670 a 2687 del C�digo Civil para el Distrito Federal, la asociaci�n civil emana de un contrato nominado plurilateral por el que varios individuos convienen en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin com�n que no est� prohibido por la ley y que no tenga car�cter preponderantemente econ�mico, gener�ndose diversas obligaciones y derechos para los asociados, entre ellos, el de vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociaci�n, es inconcuso que los miembros de una asociaci�n civil, en su car�cter de asociados, tienen legitimaci�n activa en la causa para deducir acciones legales en defensa de sus intereses, a partir de la afectaci�n de los intereses patrimoniales de la asociaci�n civil a la que pertenecen, a fin de conseguir que los actos de los �rganos de la asociaci�n no se realicen en contravenci�n a las normas legales y estatutarias de la corporaci�n, ya que considerar lo contrario, equivaldr�a a dejar a cada uno de los asociados en estado de indefensi�n ante la propia asociaci�n.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre los criterios sustentados por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito, al resolver, el primero de los mencionados, el amparo directo DC. 1379/89, promovido por C.C.N. y, el segundo, el recurso de revisi�n RP. 664/2000, interpuesto por el Juez Cuadrag�simo S�ptimo Penal del Distrito Federal, en los aspectos precisados en esta resoluci�n.

SEGUNDO

Sin afectar las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se dictaron las sentencias contradictorias, debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia la tesis sustentada por esta Primera Sala, en t�rminos del considerando s�ptimo de este fallo.

TERCERO

Rem�tase de inmediato la tesis de jurisprudencia precisada en la presente resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito, Unitarios de Circuito y Jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto por los art�culos 195 y 197 de la Ley de A..

N.�quese; c�mplase y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: H.R.P., J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente J.� de Jes�s G.�o P.. Estuvo ausente el M.J.V.C. y C. e hizo suyo el asunto la Ministra Olga S�nchez C..