Ejecutoria num. 1a./J. 15/2000 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26827444

Ejecutoria num. 1a./J. 15/2000 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 15/2000
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 2000
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 71/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO DE REVISIÓN.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 71/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL S�PTIMO CIRCUITO Y TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

El Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito, al resolver el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y ocho, el amparo en revisi�n 767/97, interpuesto por ... consider� lo siguiente:

CUARTO.-El recurrente expres� como agravios los siguientes: ?1. Los antecedentes del caso revelan que promov� un juicio de amparo en contra de la orden de aprehensi�n dictada en mi contra dentro de la causa penal n�mero 11/97, del Juzgado Tercero de lo Penal de Primera Instancia de la ciudad y Puerto de Veracruz, como probable responsable en la comisi�n del delito de fraude previsto y sancionado por el art�culo 187 del C�digo Penal para el Estado de Veracruz, juicio de amparo que se radic� en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado bajo el n�mero 17/97.-2. En la audiencia constitucional celebrada dentro del juicio de amparo citado, se dict� sentencia neg�ndome el amparo solicitado, habiendo interpuesto recurso de revisi�n en contra de la misma, recurso del cual conoci� el Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito, el cual mediante resoluci�n de cuatro de junio del a�o en curso revoc� la sentencia impugnada, y en su lugar orden� reponer el procedimiento en dicho juicio.-3. En ejecuci�n de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de referencia, el J. Tercero de Distrito en el Estado, con fecha veintiocho de agosto del a�o en curso, dict� una nueva resoluci�n, concedi�ndome el amparo solicitado en consideraci�n a que la orden de aprehensi�n que se reclama no se encuentra fundada y motivada, sin perjuicio de que el juzgador responsable si lo estima pertinente dicte una nueva resoluci�n judicial que en derecho proceda, en la que subsane las omisiones de fundamentaci�n y motivaci�n.-4. El J. Tercero de Distrito en el Estado, en el considerando tercero de la resoluci�n impugnada, establece que el J. responsable no dio cumplimiento a lo dispuesto por el art�culo 16 constitucional en lo que se refiere a que todo mandamiento escrito de autoridad competente que infiere molestia a un particular, deber� estar debidamente fundado y motivado en lo concerniente a la causa legal del procedimiento, pues en realidad en esta orden de aprehensi�n reclamada no se citaron los fundamentos legales que rige la valoraci�n de la prueba, ni tampoco se expresaron los motivos por los cuales las pruebas existentes en el sumario merecen o no valor convictivo, adem�s se omiti� expresar la relaci�n que existe entre dichos elementos convictivos y c�mo �stos conllevan a que se tratan de hechos determinados que la ley castigue cuando menos con pena alternativa, as� como que hagan probable la responsabilidad penal del ahora quejoso como autor o como simple copart�cipe, y a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ejecuci�n de las conductas desplegadas por aqu�l en los casos particulares. Ahora bien, existe jurisprudencia en el sentido de que las autoridades cumplen con los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n que para todo acto de autoridad que cause molestias a un particular establece el art�culo 16 constitucional, cuando se citan los preceptos legales en que se apoy� para emitirlo, y las razones expuestas configuran las hip�tesis en que dichos preceptos se contienen.-En el presente caso, en la orden de aprehensi�n que se reclama se citan como preceptos aplicables los art�culos 16 constitucional, 187, 188 y 269 del C�digo Penal para el Estado de Veracruz, y se expresa que existen razones para acreditar los elementos del tipo penal y la presunta responsabilidad, puesto que el J. responsable textualmente establece lo siguiente: �As� las cosas y al valorar a la luz del numeral 269 de la ley adjetiva penal las declaraciones de todos y cada uno de los aqu� invocados, el suscrito considera que si bien es cierto resultan justificables los elementos de los tipos penales de administraci�n fraudulenta y fraude, esto es, en lo que respecta a la probable responsabilidad de ... respectivamente, dado que como ya dijimos de las declaraciones de lo aqu� invocado, si bien se observa el conocimiento por parte de alguno de ellos, de que los mencionados talones de pago iban en blanco en lo que respecta al precio o costo del flete y peso de lo transportado, no es menos cierto que de las mismas se observa con meridiana claridad negligencia en sus funciones, mas nunca una participaci�n directa en la comisi�n de los il�citos en cuesti�n de desprenderse que es ... quien tiene trato directo con ... tan es as� que aparece un cheque en favor del primero signado por el segundo, resultando infantil lo aseverado por el �ltimo de los mencionados en el sentido de que no ha cometido enga�o alguno en contra de la empresa agraviada, pues no es factible que recibiera las notas de fletes en blanco y posteriormente fueran cobradas por ellos y depositado a su cuenta, ya que como transportista deb�a conocer y conoc�a los precios que por fletes deb�an cobrarse y al notar que el pago era superior a dichos precios evidentemente no debi� recibirlos.�. En tales condiciones es evidente que el J. Tercero de Distrito se encontraba obligado a examinar la constitucionalidad de la orden de aprehensi�n reclamada, esto es examinar si en efecto los elementos del tipo penal del delito de fraude que se me atribuye se encuentran justificados dentro de la averiguaci�n, y de ser procedente examinar mi presunta responsabilidad, en virtud de que �l al no hacerlo deja al J. responsable en aptitud de incurrir una vez m�s en violaciones constitucionales en mi perjuicio.-En conclusi�n, a criterio del suscrito la orden de aprehensi�n que se reclama cumple con los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n que para todo acto de autoridad que cause molestias a un particular exige el art�culo 16 constitucional, por lo que es procedente que el propio J. Federal examine si en efecto los elementos de prueba son constitutivos del delito de fraude que se me atribuye y los mismos hacen probable mi responsabilidad en su comisi�n, y al no haberlo hecho as� la sentencia que se recurre no se encuentra dictada conforme a derecho, raz�n por la que solicito se revoque la resoluci�n recurrida y se dicte una nueva en la que se declare que en el presente caso no existe el delito que se me atribuye y por lo tanto no existe delincuente que perseguir.?.-QUINTO.-Los agravios son fundados y suficientes para revocar la sentencia que se revisa.-En efecto, contra lo argumentado por el J. de Distrito, basta imponerse del contenido de la orden de aprehensi�n reclamada que obra a fojas mil cuatrocientos tres a mil cuatrocientos ocho del juicio de garant�as a que este toca se contrae, para percatarse de que la misma s� est� debidamente fundada y motivada, ya que el J. de la causa extern� un juicio valorativo sobre la eficacia probatoria de los medios de convicci�n existentes en los autos de la causa penal que gener� el juicio de garant�as y los elementos que integran la materialidad del delito de fraude que se atribuye al inculpado, aqu� quejoso, en forma tal que no deja lugar a dudas cu�les (sic) son los hechos imputados a �ste, raz�n por la que debe convenirse que no puede v�lidamente sostenerse que la orden de aprehensi�n carece de motivaci�n y fundamentaci�n, pues en las condiciones apuntadas tampoco puede decirse que el quejoso queda en estado de indefensi�n por ignorar cu�les son los motivos y fundamentos. Cobra aplicaci�n el criterio sustentado por este propio tribunal en la tesis de jurisprudencia n�mero VII.P. J/7, y rubro: ?FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. CASO EN EL QUE NO PUEDE HABLARSE DE FALTA DE, EN LA ORDEN DE CAPTURA.?, consultable en la p�gina ciento treinta y ocho, y siguientes, Tomo III, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y seis, cuya sinopsis reza (la transcribe).-SEXTO.-Ante la ausencia de conceptos de violaci�n, procede analizar si en la orden de captura se cumplen con los extremos exigidos por el art�culo 16 constitucional.-En efecto, de la lectura de las constancias de la causa penal de la que emana la orden de aprehensi�n reclamada, como bien lo estim� el J. natural, aparecen acreditados los elementos materiales del tipo del delito de fraude que se atribuye al hoy quejoso, con la denuncia formulada por M.R.�o V., apoderado de la persona moral denominada H�rdez, Sociedad An�nima de Capital Variable, quien en lo que interesa dijo: que su representada tiene establecida una planta industrial dedicada al procesamiento de productos alimenticios situada en Los Robles perteneciente al Municipio de Medell�n de Bravo, Veracruz, que para trasladar sus productos a diferentes partes de la Rep�blica contrat� los servicios de F.N., Sociedad An�nima de Capital Variable, el ingeniero G.C.B., es jefe de Programaci�n, P.�n y Control de la Producci�n, el encargado de la distribuci�n de los productos alimenticios, que el ocho de junio de mil novecientos noventa y seis, el sedicente ingeniero se percat� que nueve talones de pago consignados a F.N. presentaban irregularidades, en virtud de que los importes consignados en los mismos representaban cantidades superiores a las tarifas convenidas para cada destino, lo que report� al ingeniero J.A.G.�a C., asistente de la gerencia de la empresa pasiva, que por tal motivo con fecha dieciocho de julio de mil novecientos noventa y seis se practic� una auditor�a de los embarques de los productos liquidados por su representada a la empresa F.N. por los viajes realizados en los periodos del once de enero al treinta de mayo del mismo a�o, en relaci�n con los cheques en que se hizo su pago comprendidos del diecisiete de enero al seis de junio del multicitado a�o, cuya auditor�a arroj� un quebranto patrimonial en perjuicio de su representada por la suma de seiscientos diecis�is mil cuarenta y un pesos veintiocho centavos, que el hoy quejoso sistem�ticamente acud�a a la empresa a gestionar los cobros como representante de F.N., Sociedad An�nima de Capital Variable. En ampliaci�n a su denuncia, agreg� que continuando con la auditor�a se revis� la documentaci�n relacionada con los viajes realizados por la mencionada empresa fletera, correspondiente a rentas de caja para encubaci�n y de tractores movedores con chofer incluido, por el periodo del veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cinco al diez de enero de mil novecientos noventa y seis, liquidados con cheques del tres de octubre al diecis�is de enero de los mencionados a�os, con lo que obtuvo la empresa fletera un beneficio de trescientos noventa mil quinientos ochenta y dos pesos cuarenta y dos centavos, en perjuicio patrimonial de su representada, que de las auditor�as aparece que el hoy quejoso en representaci�n de F.N. en com�n acuerdo con el contador p�blico ... alteraron y modificaron trescientos noventa y cinco talones de embarque correspondientes a renta de cajas para encubaci�n, renta de tractores movedores con chofer incluido, tarifas convenidas y tonelajes, empleando la siguiente mec�nica: el hoy quejoso llenaba los talones con los datos correctos y pasaba con el ingeniero G.C.B.�ez para el visto bueno presentando s�lo el original y de ah� con el contador p�blico ... quien recib�a los talones y calculaba las supuestas tarifas, tonelajes y cantidades resultantes, estos nuevos datos los inclu�a el inculpado en los talones (previamente borrados), con una m�quina de escribir diferente con la que hab�an sido llenados inicialmente los talones, hecho lo anterior, el contador ... exped�a el cheque autoriz�ndolo con su firma despu�s de haber recabado la firma de J.G.G.�mez, director de dicha empresa, que el hoy quejoso le entreg� a ... la cantidad de sesenta mil pesos en diez cheques al portador por los beneficios obtenidos por las alteraciones de los talones de embarque a la empresa F.N., Sociedad An�nima de Capital Variable (fojas 113 a 119 del juicio de amparo), lo que se corrobora con el dicho de G.C.B., J.A.G.�a C., J.G.G.�mez (fojas 83 a 91 del juicio de amparo), aunadas a la auditor�a formulada por M.A.P.�a R., dictamen pericial en materia de documentoscop�a y en materia de contabilidad (fojas 192 a 194, 1544 a 1549, 1633 a 1639 del juicio de garant�as), son medios de prueba suficientes y aptos para tener por demostrados los elementos del tipo del delito de fraude, as� como la probable responsabilidad del acusado en su comisi�n, al quedar dilucidado que el hoy quejoso en com�n acuerdo con el contador de la empresa pasiva, mediante maniobras enga�osas alterando los talones de embarques, poniendo cantidades superiores a las convenidas como precio del flete, obtuvo un lucro indebido en menoscabo patrimonial de la empresa pasiva H�rdez, Sociedad An�nima de Capital Variable, pues la negativa del inculpado aqu� quejoso no se encuentra justificada con ning�n dato o medio de prueba que lo haga veros�mil, por consiguiente, la orden de captura reclamada no es violatoria de las garant�as individuales del quejoso, contenidas en el art�culo 16 constitucional, lo que impone revocar la sentencia que se revisa y negar el amparo de la Justicia Federal solicitada.

TERCERO

El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisi�n 416/95, 456/95, 639/97, 676/97 y 700/97, interpuestos por ... consider� lo siguiente:

Es preciso mencionar que las ejecutorias se transcribir�n a partir de los agravios planteados por los quejosos, ya que ello resulta trascendental para comprender el sentido de la presente resoluci�n.

Al resolver el AR. 456/95, promovido por ... el tribunal en cita determin�:

SEGUNDO.-El recurrente expone los siguientes agravios: ?Me causa agravio el considerando tercero de la resoluci�n pronunciada con fecha catorce de junio del a�o en curso, dentro del juicio de garant�as radicado bajo el n�mero 144/95-4, resoluci�n que fue emitida por el ciudadano J. de Distrito en el Estado, derivado del proceso n�mero 248/94, en donde el ciudadano J. Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de G. y A., libra la orden de busca, aprehensi�n y detenci�n en contra del suscrito, sin tomar en cuenta que los elementos que conforman el delito por los que me acusa el representante social, no re�nen los requisitos esenciales que al efecto establece la ley, y al no establecer con exactitud los requisitos esenciales del art�culo 16 constitucional, por lo que al no fundarlos ni motivarlos con precisi�n, el ciudadano J. de Distrito, debi� entrar al fondo del estudio del presente juicio de garant�as, y no como indebidamente establece que se me concede para efectos de que el ciudadano J. responsable emita nueva orden de aprehensi�n fundada y motivada conforme a derecho.-Por otra parte, el J. de lo penal al no precisar en qu� se fundamenta o qu� elementos constituyen para decretar la orden de aprehensi�n, sin tener los indicios suficientes que constituyen el tipo penal del delito que se me atribuye, ni tampoco se acredita mi presunta responsabilidad en la comisi�n del delito de lesiones, es por ello que al no existir indicios ni elementos suficientes debi� concederme el amparo y protecci�n de la Justicia Federal en forma distinta y no como indebidamente ordena que se me concede para efectos.-Es evidente que para que exista el delito de lesiones deben establecerse los siguientes elementos: �Que exista una agresi�n y que esa agresi�n altere la salud de una persona hecha a trav�s de una causa externa�; en el presente caso efectivamente existe la agresi�n hacia el agraviado, pero tambi�n existe una agresi�n hacia el suscrito y mi acompa�ante, en tal sentido estuvimos expuestos ambas partes a sufrir alg�n riesgo en detrimento de los que participaron el d�a de los hechos, como se puede observar en la averiguaci�n que se radic� bajo el n�mero 2711/94-1, de la mesa del Ministerio P�blico adscrita a la Procuradur�a General de Justicia del Estado, y en donde el supuesto agraviado M.G.R., declara que �l ingiri� algunas bebidas embriagantes y que estaba acompa�ado por su hermano, y que inclusive sali� de su domicilio desde las siete de la noche, declaraci�n que debe tener valor probatorio pleno, aunado a esto la declaraci�n del suscrito en donde manifest� que el d�a de los hechos en ning�n momento me encontraba con el ahora agraviado y su hermano M.G.R., inclusive tanto el suscrito como mi acompa�ante ven�amos de un baile particular que se celebr� en la poblaci�n de San Bernardino Contla, declaraci�n que debe reunir y obtener valor probatorio pleno, cosa que el ciudadano J. de Distrito no tom� ni otorg� valor probatorio pleno, ni tampoco se adentr� al estudio minucioso de las averiguaciones acumuladas y que al final fueron practicadas ante el Ministerio P�blico del Distrito Judicial de L.�bal y U., la cual fue radicada en la averiguaci�n n�mero 778/94-2, y que obran en actuaciones y que fueron exhibidos al momento de rendir su informe justificado el ciudadano J. Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de G. y A., declaraciones que demuestran que ambos protagonistas estuvimos expuestos a sufrir un riesgo en perjuicio de nuestra integridad f�sica, y al no valorizar lo anterior por el ciudadano J. de Distrito causa con ello una violaci�n a mis garant�as individuales consagradas en la Constituci�n General de la Rep�blica.-Al respecto, tiene aplicaci�n la jurisprudencia n�mero 1060 que a la letra dice: �DECLARACIONES INICIALES.� (la transcribe y cita precedentes).-Como se puede demostrar de esta jurisprudencia, su se�or�a no tom� en consideraci�n las declaraciones rendidas tanto del suscrito como del supuesto agraviado, y que obran en actuaciones de la averiguaci�n y adem�s por rendida ante el Ministerio P�blico, la cual re�ne caracter�sticas sobresalientes las cuales el ciudadano J. de Distrito no tom� en consideraci�n al resolver el presente juicio de garant�as, sino que �nica y exclusivamente me concede el amparo para el efecto de que el J. se�alado como responsable vuelva a emitir otra orden de aprehensi�n fund�ndola y motiv�ndola conforme a derecho; ante tal situaci�n se deduce que el ciudadano J. de Distrito no se adentra al estudio minucioso de los conceptos de violaci�n que se hicieron valer en mi demanda de garant�as, los cuales obran en actuaciones del juicio de garant�as n�mero 144/95, facultando a la autoridad responsable para emitir una nueva orden de aprehensi�n, al efectuar esto el J. de Distrito viola flagrantemente los dispositivos legales numerados por los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica.-Por otra parte, me causa agravio la parte del considerando tercero en cuanto a lo que establece �lo procedente es conceder a ... la protecci�n constitucional, para el efecto de que se me restituya en el pleno goce de mis garant�as constitucionales violadas, como lo dispone el art�culo 80 de la Ley de A. en vigor, lo anterior, sin perjuicio de que si el J. responsable lo estima conveniente, legalmente dicte un nuevo acto tomando en consideraci�n que el amparo en forma total, s�lo anula a aquel que no fue correctamente fundado ni motivado, pero no restringe el imperio del J. para emitir otro.�; como se observa de esta parte que se est� impugnando del considerando de referencia, el J. de Distrito emite esta resoluci�n sin hacer un estudio minucioso de las actuaciones que obran en la averiguaci�n previa, m�xime como ya lo he manifestado se acumularon las dos averiguaciones respectivas y que la determinaci�n que realiza el representante social, tampoco se ajust� a derecho, por lo consiguiente al existir violaciones en cuanto ala emisi�n de la orden de aprehensi�n por la autoridad se�alada como responsable, y al no fundarme ni motivarme, ni tampoco hacer un estudio de las constancias de la averiguaci�n y que obran en el proceso 248/94, la autoridad se�alada como responsable son actos atribuibles a dicha autoridad, por lo tanto el ciudadano J. de Distrito debi� concederme el amparo en forma total y no como indebidamente resolvi� que se concede nada m�s para efectos, por otra parte, el J. de Distrito no debe suplir las deficiencias en las que ha incurrido el J. Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de G. y A., al dictar la orden de aprehensi�n y detenci�n en contra del suscrito, es por ello que y tomando en consideraci�n lo expresado en estos conceptos de agravios que se expresan debe ordenarse la revocaci�n de las sentencias que se impugnan para que el ciudadano J. de Distrito emita otro en el sentido de concederme el amparo y protecci�n de la Justicia Federal en forma definitiva, y al no hacerse esto causa con ello una violaci�n a los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica.-TERCERO.-Son infundados los agravios que aduce el recurrente.-En efecto, �ste se�ala que los datos existentes en el proceso de origen, no demuestran los elementos constitutivos del delito de lesiones cometido en agravio de M.G.R., ni hacen probable su responsabilidad en la comisi�n de dicho il�cito; por tal raz�n, considera que el J. Federal debi� estudiar el fondo del asunto y haberle concedido el amparo y protecci�n que solicit� al no estar reunidos los requisitos que exige el p�rrafo segundo del art�culo 16 constitucional, y no por carecer dicho mandamiento de captura de motivaci�n.-Ahora bien, si el J.F. en la sentencia recurrida consider� que la orden de aprehensi�n reclamada, carec�a de motivaci�n, es obvio que no ten�a la obligaci�n de estudiar las constancias existentes en la averiguaci�n previa, pues de hacerlo estar�a motivando el acto reclamado, lo cual corresponde al J. responsable y no a los �rganos de control constitucional. Por otra parte, en el supuesto de que el J. Federal no hubiere procedido conforme a derecho al omitir el estudio del fondo del acto reclamado, ello no ser�a bastante para que este Tribunal Colegiado revocara la sentencia recurrida y estudiara dicha cuesti�n de fondo, pues si lo hiciera y llegara a la conclusi�n de que la orden de aprehensi�n s� cumple con todos los requisitos que exige el art�culo 16 constitucional, tendr�a que negar al quejoso el amparo que solicit� y con ello se empeorar�a su situaci�n, violando el principio de non reformatio in peius que rige en materia de amparo.-En tales condiciones, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida que concedi� al quejoso el amparo y protecci�n de la Justicia Federal.

Respecto del AR. 416/95, promovido por ... consider�:

SEGUNDO.-Los agravios que expresa la recurrente, son los que a continuaci�n se transcriben: ?Sucede que el J. no estudia debidamente las copias certificadas del proceso n�mero 164/95, del Juzgado Primero de Defensa Social de la ciudad de Tehuac�n, Puebla, toda vez que de ellas se desprende que no solamente la orden de aprehensi�n no se fund� ni motiv�, sino que no existe elemento del tipo penal, tal y como es el caso que dentro del mismo proceso se dict� auto de libertad en favor de la se�ora ... en la que se desprende que no existieron los elementos del tipo penal del delito de despojo. Hechos que fueron los mismos imputados a la suscrita, por lo que resulta que no existiendo delito que perseguir se debe dejar sin efectos la orden de aprehensi�n que fue dictada en mi contra, para efectos de no violar garant�as individuales de la suscrita.-Tal es el caso, que el art�culo 114 del C�digo de Defensa Social establece en su fracci�n II los requisitos para que pueda librarse la orden de detenci�n.-Pero en el caso existente de hechos supervenientes consistentes en el auto de libertad por falta de m�ritos en favor de la se�ora ... hecho que nunca se valor� por el J. de Distrito, debiendo �ste haber ordenado se deje sin efectos la orden que se gir� en contra de la suscrita, por lo que solicito se ordene se revoque la resoluci�n dictada en la audiencia constitucional y se dicte otra ajustada a derecho.?.-TERCERO.-Son infundados los agravios hechos valer por la recurrente.-En efecto, aduce la inconforme que el J. Federal no analiza el fondo de las pruebas que present� en la audiencia constitucional de la que se deriva que la inconforme no cometi� el delito, que dicho J. no examina debidamente las copias certificadas del proceso 164/95, que remiti� el J. Primero de Defensa Social de Tehuac�n, Puebla, y que de ellas se desprende no solamente que la orden de aprehensi�n no fue fundada ni motivada, sino que no existen elementos del tipo penal.-Ahora bien, si el J.F. en la sentencia recurrida consider� que la orden de aprehensi�n reclamada, carec�a de fundamentaci�n y motivaci�n, es obvio que no ten�a la obligaci�n de estudiar las constancias existentes en la averiguaci�n previa, pues de hacerlo, estar�a motivando el acto reclamado, lo cual corresponde al J. responsable y no a los �rganos de control constitucional.-Por otra parte, en el supuesto caso de que el J. de Distrito no hubiere procedido conforme a derecho al omitir el estudio del fondo del asunto reclamado, ello no ser�a bastante para que este cuerpo colegiado revocara la sentencia recurrida y estudiara dicha cuesti�n de fondo, pues si lo hiciera y llegara a la conclusi�n de que la orden de aprehensi�n s� cumple con todos los requisitos que exige el art�culo 16 constitucional, tendr�a que negar el amparo que solicit� la quejosa y con ello se empeorar�a su situaci�n, violando el principio de non reformatio in peius que rige en materia de amparo. Este criterio fue sostenido por este tribunal al resolver el amparo en revisi�n 456/95, fallado el veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y cinco.-En las condiciones anotadas, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa.

Al resolver el AR. 639/97, interpuesto por ... el propio tribunal sostuvo:

TERCERO.-El recurrente expresa como agravios los siguientes: ?Fuente infractora.-Lo es en su totalidad la sentencia dictada por el C. J. Segundo de Distrito que hoy se recurre y en especial el considerando tercero de la misma.-Primer agravio. Lo constituye el hecho de que el a quo no haya entrado al estudio del fondo del asunto dentro de este expediente.-Segundo agravio. Solicito a este H. Tribunal Colegiado, se sirva suplir la deficiencia en los agravios, garant�a que en mi favor existe por tratarse de materia penal.?.-CUARTO.-Los agravios aducidos por la quejosa resultan infundados.-En efecto, de las constancias que informan el presente caso se advierte lo siguiente: Por oficio 3664 del veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, el director regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona Norte de la Procuradur�a General de Justicia del Estado de Puebla, consign� la averiguaci�n previa 320/95/5a., ejercitando acci�n penal en contra de ... y otros por los delitos de despojo y asociaci�n delictuosa.-Recibida la consignaci�n indicada por el J. Tercero de Defensa Social de esta ciudad de Puebla, la radic� con el n�mero de proceso 367/96 y por resoluci�n de ocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, dict� orden de aprehensi�n en contra de los indiciados por el delito de despojo. En contra de la orden de captura ... interpuso demanda de amparo, de la cual toc� conocer al J. Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, quien a trav�s de la sentencia ahora reclamada concedi� el amparo a la quejosa, por considerar que la orden de aprehensi�n reclamada no re�ne los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n que exige el art�culo 16 constitucional como requisito de forma, lo que consider� como una imposibilidad para entrar al estudio del fondo del asunto.-En sus agravios la recurrente manifest� que le causa perjuicio el hecho de que el J. de Distrito a quien correspondi� el conocimiento del juicio respectivo se haya abstenido de analizar el fondo del asunto puesto a su consideraci�n.-No le asiste la raz�n a la recurrente, porque si en la sentencia recurrida el J. Federal consider� que el acto reclamado carec�a de la debida fundamentaci�n y motivaci�n, no ten�a la obligaci�n de estudiar las constancias existentes en la causa penal a fin de determinar si la orden de aprehensi�n combatida en cuanto al fondo reun�a los requisitos exigidos por el art�culo 16 constitucional, pues de hacerlo, se sustituir�a al J. del proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia n�mero 538, publicada en la p�gina 353 del T.V. del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, cuyo rubro y texto dice: ?TRIBUNALES FEDERALES DE AMPARO, ATRIBUCIONES DE LOS.-No son revisores de los actos de la autoridad com�n; no pueden legalmente, ni aun mediante el juicio de amparo, sustituir su criterio discrecional al de las autoridades del fuero com�n, sino que �nicamente deben examinar si los actos que se reclaman son o no, violatorios de garant�as.?.-Adem�s, cabe destacar que aun en el supuesto de que el J. no hubiera procedido conforme a derecho al omitir el estudio del fondo del acto reclamado, ello no ser�a suficiente para que este Tribunal Colegiado revocara la sentencia recurrida y estudiara dicha cuesti�n de fondo, pues si lo hiciera y llegara a la conclusi�n de que la orden de captura reclamada s� cumple con todos los requisitos que exige el art�culo 16 constitucional, tendr�a que negar a la quejosa el amparo que solicit� y con ello se empeorar�a su situaci�n, violando con ello el principio de non reformatio in peius que rige en materia penal.-Tiene aplicaci�n al caso la tesis sustentada por este Tercer Tribunal Colegiado, publicada en la p�gina 605 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco que dice: ?REVISI�N CONTRA UNA SENTENCIA QUE CONCEDI� EL AMPARO POR FALTA DE MOTIVACI�N DE LA ORDEN DE APREHENSI�N RECLAMADA. LA EJECUTORIA QUE RESUELVE EL RECURSO NO DEBE ABORDAR EL FONDO DEL ASUNTO.-Aun en el supuesto de que el J. Federal en la sentencia dictada en la audiencia constitucional que se recurre en revisi�n, no hubiere actuado conforme a derecho al considerar que la orden de aprehensi�n reclamada carece de motivaci�n, ello no trae como consecuencia que el Tribunal Colegiado revoque la sentencia recurrida y estudie el fondo del acto reclamado, pues si lo hiciera y llegara a la conclusi�n de que la orden de aprehensi�n s� cumple con todos los requisitos que exige el art�culo 16 constitucional, tendr�a que negar al quejoso el amparo y protecci�n que solicit� y con ello empeorar�a su situaci�n, violando el principio non reformatio in peius, que rige en materia de recursos.?.-En las condiciones anteriores, como este Tribunal Colegiado no advierte deficiencia en los agravios que deba suplir de oficio, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa.

Al fallar el AR. 676/97, instaurado por ... el mismo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito resolvi�:

TERCERO.-El recurrente expresa como agravios: ?Primero. Lo causa en mi perjuicio la responsable en la resoluci�n que se combate de fecha diecisiete de septiembre del presente a�o en el considerando tercero, cuando �sta literalmente manifiesta: �... No obstante la concesi�n lisa y llana del amparo no significa que la autoridad responsable est� impedida para dictar un nuevo acto, si as� lo estima conveniente, pues el amparo en forma total s�lo anula aquel que no fue correctamente fundado y motivado, pero no restringe el imperio de la responsable para emitir otro ...�, ya que como lo afirma la misma responsable el J. de primera instancia omiti� precisar las circunstancias particulares o causas inmediatas que tuvo en cuenta para estimar que se acredita mi probable responsabilidad en el caso concreto, es decir, la orden girada en mi contra no se encontraba debidamente motivada.-Por lo que al conceder la responsable a mi favor el amparo y protecci�n de la Justicia Federal �nicamente para efectos, viola en mi perjuicio la disposici�n constitucional prevista por el art�culo 16, ya que �sta establece que todo acto que provenga de autoridad, debe ser por escrito y debe estar debidamente fundado y motivado, en tal sentido dicho amparo debi� ser dictado de plano y no para efectos y como consecuencia debi� ordenar se deje sin efecto la orden de aprehensi�n girada en mi contra por el J. de origen.-Adem�s he de se�alar a su se�or�a, que en caso de dejar vigente la resoluci�n que se combate se ocasionar�an perjuicios en mi persona de dif�cil e imposible reparaci�n y estar�a con ello consintiendo que se subsanaran las deficiencias del J. de origen, lo cual resultar�a un acto inconstitucional, provocando con ello que se violaran en mi perjuicio las garant�as de seguridad y legalidad, puesto que nuestra Carta Magna consagra las facultades de nuestros juzgadores, y entre las cuales no se contempla que la responsable pueda subsanar las omisiones o defectos emitidos por los Jueces de origen en sus determinaciones, en tal sentido, la resoluci�n que se combate debe ser revocada y en su lugar debe dictarse una nueva en la que se conceda a mi favor el amparo y protecci�n de la Justicia Federal en forma total y no para efectos, pues de no ser as� la responsable estar�a rebasando las facultades concedidas a su favor por la Ley Suprema.-En tal sentido y para reforzar mi dicho, hago valer las siguientes tesis y contradicciones, respectivamente: �FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DEL ACTO, GARANT�A DE. LA AUTORIDAD AL EMITIRLO DEBE CITAR EL NUMERAL EN QUE FUNDAMENTE SU ACTUACI�N Y PRECISAR LAS FRACCIONES DE TAL NUMERAL.� (la transcribe y cita datos de localizaci�n).-�ORDEN DE APREHENSI�N CARENTE DE MOTIVACI�N Y FUNDAMENTACI�N. AMPARO TOTAL Y NO PARA EFECTOS.� (la transcribe y cita datos de localizaci�n).-�ORDEN DE APREHENSI�N INFUNDADA E INMOTIVADA, LA PROTECCI�N CONSTITUCIONAL QUE SE OTORGUE DEBE SER LISA Y LLANA.� (la transcribe y cita precedentes y datos de localizaci�n).?.-CUARTO.-Los agravios aducidos por el quejoso resultan infundados.-De la demanda de garant�as se advierte que ... por su propio derecho reclam� del J. Octavo de lo Penal de esta ciudad, la orden de aprehensi�n girada en su contra dentro del proceso n�mero 156/95; asimismo, reclam� del procurador general de Justicia y del director de la Polic�a Judicial ambos del Estado de Puebla, la ejecuci�n de dicha orden.-El J. Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, a quien correspondi� conocer del juicio, concedi� el amparo solicitado por el quejoso por estimar que en el auto reclamado exist�a una violaci�n formal que le imped�a examinar el fondo del asunto, puesto que la orden de aprehensi�n carec�a de fundamentaci�n y motivaci�n.-En sus agravios, la recurrente aduce en forma sustancial que la autoridad federal le causa agravio al conceder el amparo que solicit� �nicamente para efectos, violando con ello en su perjuicio la garant�a constitucional prevista por el art�culo 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica, puesto que debi� ordenar se dejara sin efecto la orden de aprehensi�n girada en su contra por el J. de origen.-Que en el caso de dejar vigente la resoluci�n combatida se le ocasionar�an perjuicios en su persona de dif�cil e imposible reparaci�n, consintiendo con ello que se subsanaran las deficiencias del J. natural, lo que resultar�a un acto inconstitucional viol�ndose en su perjuicio las garant�as de seguridad y legalidad, por lo que en tal sentido debe revocar la resoluci�n que impugna y concederle en forma total el amparo solicitado.-En primer lugar, debe decirse que resulta inoperante el argumento del quejoso en el sentido de que la sentencia recurrida es violatoria de los art�culos 14 y 16 constitucionales, toda vez que los Jueces de Distrito cuando act�an como �rganos de control constitucional no violan garant�as individuales; resultando aplicable al respecto la jurisprudencia n�mero 2/97 del Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis n�mero 14/94, que es del tenor siguiente: ?AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANT�AS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.? (la transcribe).-No asiste la raz�n al recurrente, en cuanto a que el J. Federal debi� entrar al estudio de fondo del asunto, porque si en la sentencia recurrida estim� que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensi�n librada en contra del quejoso carec�a de la debida fundamentaci�n y motivaci�n, no ten�a la obligaci�n de analizar las constancias consistentes en la causa penal a fin de determinar si dicha orden en cuanto al fondo reun�a los requisitos exigidos por el art�culo 16 constitucional, pues de hacerlo, se sustituir�a al J. del proceso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia n�mero 538, publicada en la p�gina 353 del T.V. del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1917-1995, cuyo rubro y texto dice: ?TRIBUNALES FEDERALES DE AMPARO, ATRIBUCIONES DE LOS.-No son revisores de los actos de la autoridad com�n; no pueden legalmente, ni aun mediante el juicio de amparo, sustituir su criterio discrecional al de las autoridades del fuero com�n, sino que �nicamente deben examinar si los actos que se reclaman son o no, violatorios de garant�as.?.-Adem�s de lo anterior, cabe destacar que aun en el supuesto de que el J. no hubiera procedido conforme a derecho al omitir el estudio del fondo del acto reclamado, ello no ser�a raz�n suficiente para que este Tribunal Colegiado revocara la sentencia recurrida y estudiara dicha cuesti�n de fondo, pues si lo hiciera y llegara a la conclusi�n de que la orden de captura reclamada s� cumple con todos los requisitos que exige el art�culo 16 constitucional, tendr�a que negar al quejoso el amparo que solicit� y con ello empeorar�a su situaci�n, viol�ndose con ello el principio de non reformatio in peius que rige en materia penal.-Tiene aplicaci�n al caso la tesis sustentada por este Tercer Tribunal Colegiado, publicada en la p�gina 605 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, que dice: ?REVISI�N CONTRA UNA SENTENCIA QUE CONCEDI� EL AMPARO POR FALTA DE MOTIVACI�N DE LA ORDEN DE APREHENSI�N RECLAMADA. LA EJECUTORIA QUE RESUELVE EL RECURSO NO DEBE ABORDAR EL FONDO DEL ASUNTO.-Aun en el supuesto de que el J. Federal en la sentencia dictada en la audiencia constitucional que se recurre en revisi�n, no hubiere actuado conforme a derecho al considerar que la orden de aprehensi�n reclamada carece de motivaci�n, ello no trae como consecuencia que el Tribunal Colegiado revoque la sentencia recurrida y estudie el fondo del acto reclamado, pues si lo hiciera y llegara a la conclusi�n de que la orden de aprehensi�n s� cumple con todos los requisitos que exige el art�culo 16 constitucional, tendr�a que negar al quejoso el amparo y protecci�n que solicit� y con ello empeorar�a su situaci�n, violando el principio non reformatio in peius, que rige en materia de recursos.?.-Finalmente, cabe destacar que tampoco asiste la raz�n al quejoso cuando aduce que el amparo concedido, debi� ser de plano y no para efectos, por lo que debi� dejarse sin efecto la orden de aprehensi�n girada en su contra.-Se afirma lo anterior, toda vez que cuando se reclama la orden de aprehensi�n, como en el presente caso, y el J. Federal estima que no fue dictada con las exigencias a que se contrae el art�culo 16 constitucional, por no estar debidamente fundada y motivada y por tanto concede al quejoso el amparo por vicios de forma, esa circunstancia no significa que la protecci�n constitucional deba ser lisa y llana, toda vez que no se analiz� el fondo de laorden de captura cuestionada, sino �nicamente los vicios formales que presenta.-Es aplicable la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 59/96, emitida por el Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, publicada en las p�ginas 74 y 75 del Tomo IV, octubre 1996, del Semanario Judicial de la Federaci�n que dispone: ?ORDEN DE APREHENSI�N Y AUTO DE FORMAL PRISI�N. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE ESAS RESOLUCIONES.? (la transcribe).-En las condiciones anteriores, como este Tribunal Colegiado no advierte deficiencia en los agravios que deba suplir de oficio, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa.

Al resolver el AR. 700/97, interpuesto por ... y otro, el mismo �rgano colegiado, manifest�:

"SEGUNDO.-Los recurrentes expresan los siguientes agravios: ?Primero. La sentencia que por este medio se combate, resulta violatoria de garant�as individuales, atento a lo ordenado por el art�culo 76 de la Ley de A., toda vez que se advierte que la misma no se encuentra ajustada a derecho ya que se aparta de los lineamientos y formalidades establecidos por dicho precepto legal, en virtud de que el a quo nos concede la protecci�n constitucional solicitada para el efecto de que el J. de la causa, deje insubsistentes dichas �rdenes de aprehensi�n y dicte otras en las que purgue los vicios formales que se indican o sea los de fundamentaci�n y motivaci�n, razonamiento legal y violatorio del precepto legal en cita, ya que para ello el se�or J. de amparo, contraviene el criterio de la Honorable Suprema C.e de Justicia de la Naci�n previsto y sancionado en las jurisprudencias 73 y 74, visibles a fojas 100 y 101 de la Sexta Parte del pen�ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n bajo el rubro �ORDEN DE APREHENSI�N CARENTE DE MOTIVACI�N Y FUNDAMENTACI�N. AMPARO TOTAL Y NO PARA EFECTOS.�.-Por lo que salta a la vista que la violaci�n es patente a lo ordenado por el m�s Alto Tribunal de la Federaci�n en sus ejecutorias en cita, adem�s hace caso omiso de lo previsto por el art�culo 76 de la Ley de A., ya que dicho dispositivo legal a la letra dice: �Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo s�lo se ocupar�n de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limit�ndose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...�. En el caso es procedente en virtud de que de las constancias procesales se advierte que no existe prueba en nuestra contra por la cual se nos se�ale como sujetos activos de los il�citos a que se refieren los procesos 34/93 y 52/93 generadores del acto reclamado, en tal virtud procede que se revoque la sentencia recurrida y se nos conceda el amparo solicitado en forma total en contra de los actos reclamados de las autoridades de que nos quejamos.-Segundo. Por otra parte, la sentencia recurrida viola en nuestro perjuicio el contenido del art�culo 76 bis de la Ley de A., en atenci�n de que tal precepto legal ordena que: �Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deber�n suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n de la demanda ... II. En materia penal, la suplencia operar� aun ante la ausencia de los conceptos de violaci�n o de agravios del reo.�. Motivo por el cual, el a quo debi� de haber examinado y valorado el hecho de las constancias procesales tanto del proceso n�mero 34/93 como del proceso n�mero 52/93, no existen pruebas en contra de mi representado como del suscrito, y que por las cuales se nos pudiera tener como responsables de los il�citos por los que el J. natural nos dict� orden de aprehensi�n que hoy reclamamos por medio del presente juicio de garant�as, por ser violatoria de garant�as individuales, dando lugar a que se revoque la sentencia recurrida y se nos conceda el amparo en forma total y no para efectos.-Tercero. La sentencia recurrida es violatoria del contenido del art�culo 77 de la Ley de A. y como consecuencia de nuestras garant�as individuales, en atenci�n a que el a quo, no hace una fijaci�n clara y precisa del acto reclamado, ni tampoco hizo un estudio preciso y conciso para llegar a la certeza de que en nuestra contra no existe responsabilidad alguna en la comisi�n de los il�citos por los cuales se nos ha dictado orden de aprehensi�n, seg�n consta de los informes con justificaci�n rendidos por la autoridad responsable en su car�cter de ordenadora, toda vez que de dichos informes aparece que no hay testigo que nos se�ale que hayamos estado presentes en la comisi�n de los il�citos a que se refieren las �rdenes de captura dictadas en nuestra contra, y por lo tanto, procede que se revoque la sentencia recurrida y se nos conceda el amparo solicitado en forma total y no para efectos.-Tercero (sic). Se viola en nuestro perjuicio el art�culo 78 de la Ley de A., en virtud de que dicho dispositivo legal a la letra dice: �En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciar� tal como aparezca probado ante la autoridad responsable ...�, en atenci�n a que en las propias sentencias s�lo se tomar�n en consideraci�n las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad, por lo que salta a la vista que el a quo no aplic� correctamente tal disposici�n legal con flagrante violaci�n al art�culo 16 constitucional en concordancia con los art�culos 83, 204, 122 y 211, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, atento a los argumentos que le sirvieron y que hace el J. responsable y del conocimiento se advierte que la orden de aprehensi�n dictada en nuestra contra es violatoria de las garant�as individuales a que se refiere el art�culo 16 constitucional, en virtud de que el se�or J. de Distrito al dictar la resoluci�n que se combate por este medio, no hizo una valoraci�n l�gico-jur�dica de las pruebas existentes en las constancias procesales, y que fueron remitidas por el J. natural en v�a de informe justificado, restando valor probatorio a las mismas, en t�rminos de los art�culos 122 al 204 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla; asimismo, la violaci�n es patente a las jurisprudencias 73 y 74 visibles a fojas 100 y 101 de la Sexta Parte del pen�ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n bajo el rubro: �ORDEN DE APREHENSI�N CARENTE DE MOTIVACI�N Y FUNDAMENTACI�N. AMPARO TOTAL Y NO PARA EFECTOS.�.-Como ha determinado el a quo que nos concede el amparo para que el J. de la causa deje insubsistentes dichas �rdenes de aprehensi�n y dicte otras en las que purgue los vicios formales que se indican. De donde resulta que la sentencia recurrida no se encuentra fundada en derecho y por ende se debe revocar con todos sus efectos y consecuencias legales.-Cuarto. Se viola en nuestro perjuicio la �ltima jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, en sesi�n de diez de octubre de mil novecientos noventa y seis, al resolver la contradicci�n de tesis 20/95, del rubro siguiente: �ORDEN DE APREHENSI�N Y AUTO DE FORMAL PRISI�N. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE ESAS RESOLUCIONES.-Trat�ndose de �rdenes de aprehensi�n y de autos de formal prisi�n, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable ...�, jurisprudencia que no tiene aplicaci�n al caso, en atenci�n de que con anterioridad se encuentran en vigencia las invocadas y por lo mismo se debe de estar a lo mandado en las mismas y no como lo considera el a quo concedi�ndonos el amparo solicitado con todos sus efectos y consecuencias legales revocando la sentencia recurrida.?.-TERCERO.-Son infundados los anteriores agravios.-En efecto, en la sentencia recurrida el J. Federal consider� que las �rdenes de aprehensi�n dictadas en contra de los quejosos, en los procesos n�meros 34/93 y 52/93, por el J. de lo Penal de Tepeji de R.�guez, Puebla, carecen de fundamentaci�n y motivaci�n, raz�n por la cual concedi� a dichos quejosos, el amparo y protecci�n que solicitaron ?para el efecto de que el J. de la causa deje insubsistentes dichas �rdenes de captura y dicte otras en las que purgue los vicios formales que se indican?; como apoyo a tal determinaci�n el J. Federal invoc� la jurisprudencia n�mero 59/96, del Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, visible a fojas 74, del Tomo IV, octubre de 1996, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, con el rubro ?ORDEN DE APREHENSI�N Y AUTO DE FORMAL PRISI�N. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE ESAS RESOLUCIONES.?.-En sus agravios los inconformes manifiestan que el J. Federal debi� analizar el fondo del asunto, toda vez que no son presuntos responsables de los delitos por los que se dictaron en su contra las �rdenes de aprehensi�n que reclaman.-Al respecto, cabe apuntar que si en la sentencia recurrida el J. Federal consider� que el acto reclamado carec�a de fundamentaci�n y motivaci�n, es obvio que no ten�a la obligaci�n de estudiar las constancias existentes en la averiguaci�n previa, a fin de determinar si dicho acto en cuanto al fondo es o no ilegal, pues de hacerlo estar�a fundando y motivando tal resoluci�n, lo cual corresponde al J. responsable y no a los �rganos de control constitucional.-Por otra parte, aun en el supuesto inadmitido de que el J. Federal no hubiere procedido conforme a derecho al omitir el estudio del fondo del acto reclamado, ello no ser�a bastante para que este Tribunal Colegiado revocara la sentencia recurrida y estudiara dicha cuesti�n de fondo, pues si lo hiciera y llegara a la conclusi�n de que el auto de formal prisi�n s� cumple con todos los requisitos que exige el art�culo 9o. constitucional, tendr�a que negar a los quejosos el amparo que solicitaron y con ello se empeorar�a su situaci�n, viol�ndose el principio non reformatio in peius, que rige en materia de amparo. Resulta aplicable al caso, la tesis de este Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 605 del Tomo II, septiembre de 1995, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?REVISI�N CONTRA UNA SENTENCIA QUE CONCEDI� EL AMPARO POR FALTA DE MOTIVACI�N DE LA ORDEN DE APREHENSI�N RECLAMADA. LA EJECUTORIA QUE RESUELVE EL RECURSO NO DEBE ABORDAR EL FONDO DEL ASUNTO.-Aun en el supuesto de que el J. Federal en la sentencia dictada en la audiencia constitucional que se recurre en revisi�n, no hubiere actuado conforme a derecho al considerar que la orden de aprehensi�n reclamada carece de motivaci�n, ello no trae como consecuencia que el Tribunal Colegiado revoque la sentencia recurrida y estudie el fondo del acto reclamado, pues si lo hiciera y llegara a la conclusi�n de que la orden de aprehensi�n s� cumple con todos los requisitos que exige el art�culo 16 constitucional, tendr�a que negar al quejoso el amparo y protecci�n que solicit� y con ello empeorar�a su situaci�n, violando el principio non reformatio in peius, que rige en materia de recursos.?.-Asimismo, cabe se�alar que, las jurisprudencias de los Tribunales Colegiados del D�cimo y D�cimo Tercer Circuito que invocan los inconformes en sus agravios, visibles en las p�ginas 100 y 101, de la Sexta Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1917 a 1985, con el rubro: ?ORDEN DE APREHENSI�N CARENTE DE MOTIVACI�N Y FUNDAMENTACI�N. AMPARO TOTAL Y NO PARA EFECTOS.?; fueron superadas por la jurisprudencia n�mero 59/96, del Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, que invoc� el J. Federal en la sentencia recurrida, en la cual se afirma que el efecto del amparo que se conceda trat�ndose de orden de aprehensi�n carente de fundamentaci�n y motivaci�n, es para que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicci�n dicte una nueva resoluci�n, la cual podr� ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo.-Finalmente, resulta inoperante el agravio en el que los inconformes manifiestan que la sentencia recurrida es violatoria de sus garant�as individuales; esto de conformidad con la jurisprudencia n�mero 2/97 del Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, visible a foja 30, del Tomo V, febrero de 1997, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, con el rubro: ?AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANT�AS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.?.-En tales condiciones, como este Tribunal Colegiado no advierte deficiencia en los agravios que deba suplir de oficio, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida."

CUARTO

Es procedente que esta Primera S. realice el estudio de la presente denuncia de contradicci�n de tesis y dicte la resoluci�n correspondiente, aun sin contar con la opini�n del procurador general de la Rep�blica, pues debe entenderse que dicho funcionario no estim� pertinente intervenir en el asunto, facultad que le confiere el art�culo 197-A, p�rrafo primero de la Ley de A..

Al respecto sirve de apoyo la siguiente tesis del Tribunal Pleno: "CONTRADICCI�N DE TESIS. LA ABSTENCI�N DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REP�BLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIM� PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-En el art�culo 197-A, primer p�rrafo, de la Ley de A. se concede una facultad potestativa al procurador general de la Rep�blica para que, por s� o por conducto del agente del Ministerio P�blico Federal que al afecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta d�as en relaci�n con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor p�blico se abstiene de formular su parecer en el t�rmino de referencia debe interpretarse que no estim� pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resoluci�n que corresponda sin la opini�n de m�rito." (visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tercera S., tomo 56, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, p�gina veinticuatro).

"Contradicci�n de tesis 19/90. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 5 de noviembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: J.A.L.D.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Mar�a E.F.M.G.P..

"Contradicci�n de tesis 35/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de febrero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: S.H.C.G.�rrez. Secretario: M.M.V.�a.

"Contradicci�n de tesis 30/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: S.H.C.G.�rrez. Secretario: F.J.C.R.�rez.

"Contradicci�n de tesis 11/90. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Cinco votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Mar�a E.F.M.G.P..

"Contradicci�n de tesis 14/91. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Mayor�a de cuatro votos. V.� en contra el Ministro I.M.C. y M.G.�rrez. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Mar�a E.F.M.G.P..

Tesis de jurisprudencia 13/92. Aprobada por la Tercera S. de este Alto Tribunal en sesi�n privada celebrada el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y dos. Cinco votos de los se�ores Ministros: presidente J.T.L.C.�rdenas, M.A.G.�itr�n, S.H.C.G.�rrez, I.M.C. y M.G.�rrez y M.M.G.�a.

QUINTO

Antes de proceder al an�lisis correspondiente es preciso establecer si, en el caso sujeto a estudio, existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito, y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver los juicios de amparo en revisi�n cuyas consideraciones esenciales reci�n se han transcrito, ya que s�lo en tal hip�tesis ser� posible efectuar pronunciamiento en relaci�n al fondo del asunto.

Resulta importante recordar al respecto la tesis jurisprudencial sustentada por la Cuarta S. de este M�ximo Tribunal del pa�s en su anterior integraci�n, visible a fojas 22 y 23 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, n�mero 58, octubre de mil novecientos noventa y dos que a la letra dispone:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema C.e de Justicia, o de la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicci�n de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del D�cimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: I.M.�a C�rdenas. Secretario: N�stor G.D.�nguez.

"Contradicci�n de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: I.M.�a C�rdenas. Secretario: P.J.�s H.�ndez M..

"Contradicci�n de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: R.�n G.A.�n.

"Contradicci�n de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del D�cimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: C.G.�a V�zquez. Secretario: El�as �lvarez Torres.

"Contradicci�n de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del S�ptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: C.G.�a V�zquez. Secretario: El�as �lvarez Torres.

Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta S. de este Alto Tribunal en sesi�n privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: presidente C.G.�a V�zquez, J.D.R., I.M.�a C�rdenas y J.A.L.D.. Ausente: F.L.C., previo aviso.

No pasa desapercibido que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito, sustent� su criterio en una tesis que al momento de efectuarse la denuncia de contradicci�n, ten�a el car�cter de aislada y que sucontendiente, en cambio, ya hab�a integrado jurisprudencia al plantear su opini�n en cinco asuntos consecutivos, sin embargo, dicha circunstancia no resulta impedimento para resolver el presente asunto, pues es suficiente para dirimirlo que dos Tribunales Colegiados hubiesen sustentado criterios opuestos sobre la misma cuesti�n, tal como lo prev� la tesis que deriv� de la contradicci�n de criterios 9/95, resuelta por el Pleno de este M�ximo Tribunal del pa�s, el cinco de junio de mil novecientos noventa y cinco, y que responde al rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS.-Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de A., establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema C.e. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado, por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distingue un rubro, un texto, y datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo, ni menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de A., porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia." (visible a foja 69 del Tomo II, agosto de 1995, Pleno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n).

"Contradicci�n de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y S�ptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de junio de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: J.D.G.�n G.�lez.

El Tribunal Pleno en su sesi�n privada celebrada el diecis�is de agosto en curso, por unanimidad de diez votos de los se�ores Ministros presidente J.V.A.A.�n, S.S.A.A., M.A.G.�itr�n, J.D.R., G.D.G.�ngora P., J.� de Jes�s G.�o P., G.I.O.M., H.R.P., O.M.�a S�nchez C. y J.N.S.M.; aprob�, con el n�mero LIII/95 (9a.) la tesis que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis de jurisprudencia. M�xico, Distrito Federal, a diecis�is de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

Por otra parte, cabe hacer notar que para efectos de resolver con mayor claridad si existe o no la contradicci�n de criterios denunciada, es preciso acudir al contenido de las ejecutorias en que se sustentaron las tesis en desacuerdo, en virtud de que el solo contenido de los criterios publicados no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, particularmente en el caso de la emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito.

Lo antes dicho se apoya en la tesis del Pleno de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n P.L., publicada en la p�gina 81, Tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS REDACTADA, DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA.-Si del an�lisis de una tesis y de la ejecutoria respectiva se advierte que aqu�lla resulta confusa o no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, para efectos de la contradicci�n debe atenderse a �sta y no a la tesis redactada, puesto que el criterio que sustenta el �rgano que resuelve se encuentra en las consideraciones de la propia resoluci�n. En esta hip�tesis, la inexactitud de la tesis en relaci�n con la ejecutoria a la que se refiere, lleva, adem�s y con independencia de la existencia o inexistencia de la contradicci�n que se hubiere denunciado, a la correcci�n de la tesis relativa, pues si a trav�s de la publicaci�n de las tesis se dan a conocer los diversos criterios que sustentan los �rganos resolutores, es l�gico que por razones de seguridad jur�dica deba corregirse y darse a conocer el verdadero criterio del juzgador que no fue reflejado con fidelidad.

"Contradicci�n de tesis. Varios 112/89. Relativo a la contradicci�n de tesis entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del S�ptimo Circuito. 21 de agosto de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: L.F.M.G.P..

El Tribunal Pleno en su sesi�n privada celebrada el diecisiete de octubre en curso, por unanimidad de once votos de los se�ores Ministros presidente J.V.A.A.�n, S.S.A.A., M.A.G.�itr�n, J.V.C. y C., J.D.R., G.D.G.�ngora P., J.� de Jes�s G.�o P., G.I.O.M., H.R.P., O.M.�a S�nchez C. y J.N.S.M.; aprob�, con el n�mero LXXXI/95 (9a.) la tesis que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis de jurisprudencia. M�xico, Distrito Federal, a diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

Precisado lo anterior, es necesario explicar claramente las hip�tesis que en forma similar se produjeron en los asuntos que integran la presente contradicci�n, pues �nicamente as�, ser� posible identificar el aspecto en el que se produce la discrepancia de criterios y har� m�s f�cil la comprensi�n del conflicto de interpretaci�n que se comenta.

Las similitudes son las siguientes:

  1. El J. natural dict� orden de aprehensi�n al considerar a los distintos gobernados como probables responsables en la comisi�n de los diversos il�citos que motivaron la integraci�n de las respectivas averiguaciones previas (fraude, despojo, lesiones, robo calificado y homicidio, entre otros).

  2. Los quejosos promovieron juicios de garant�as y el J. de Distrito les concedi� la protecci�n constitucional al considerar que la orden de captura emitida en su contra, carec�a de fundamentaci�n y motivaci�n y que por tanto transgred�an lo dispuesto por el art�culo 16 constitucional.

  3. Inconformes con lo resuelto por el J. de Distrito, los quejosos interpusieron recurso de revisi�n, aduciendo sustancialmente que debieron analizarse los requisitos de fondo y no �nicamente los de forma por no haberse demostrado los elementos integrantes del cuerpo del delito, ni menos su probable responsabilidad.

    En la inteligencia de que no pasa desapercibido para esta S., que s� constituye una diferencia el contenido de los agravios planteados por los recurrentes en los asuntos materia de esta contradicci�n, puesto que, uno de los quejosos, al recurrir (el radicado ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito), dijo que la orden de aprehensi�n s� estaba fundada y motivada y que no estaba comprobado el delito; y otro de los quejosos recurrentes (en el asunto radicado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito), dijo que no hab�a elementos para comprobar el delito y que el J. debi� estudiar el fondo, sin hacer referencia a que la orden estuviera fundada y motivada.

    La disparidad de criterios se present� en este �ltimo aspecto, por lo siguiente:

    El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ni siquiera estudi� los agravios expresados en los diversos recursos de revisi�n que promovieron los propios quejosos, relativos a que el resolutor federal debi� analizar las constancias de autos para determinar lo atinente al cuerpo del delito y la probable responsabilidad, en lugar de otorgar la protecci�n federal, bajo el argumento de que el mandato de aprehensi�n carec�a de fundamentaci�n y motivaci�n; pues al efecto, el citado cuerpo colegiado concluy� que si el J. de Distrito estim� que el acto reclamado adolec�a de la debida fundamentaci�n y motivaci�n, no ten�a por qu� analizar las constancias de autos; que adem�s, aun en el supuesto de que el J. no hubiera estado en lo correcto al omitir el estudio de fondo, tampoco resultaba factible que el tribunal revisor lo hiciera, ya que se abrir�a la posibilidad de empeorar la situaci�n de los recurrentes, contraviniendo de ese modo el principio de non reformatio in peius.

    En cambio, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito, consider� que contrariamente a lo decidido por el J. de amparo, la orden de aprehensi�n s� se encontraba debidamente fundada y motivada, como lo refer�a el recurrente, as� que revoc� la sentencia impugnada y ante la ausencia de conceptos de violaci�n, procedi� al examen de las constancias de autos, para analizar lo relativo al cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. Analizadas las constancias, concluy� que la orden de aprehensi�n no resultaba violatoria del art�culo 16 constitucional y, por consiguiente, revoc� la sentencia y neg� el amparo solicitado.

    A primera vista podr�a pensarse que las discrepancias existentes no reflejan con claridad un punto central de contradicci�n, sin embargo, una mayor reflexi�n nos lleva a entender que s� existe contradicci�n de criterios.

    Para comprender de mejor manera el punto de discrepancia de criterios, es �til formular la siguiente interrogante:

    �Es jur�dicamente viable que un Tribunal Colegiado al conocer un recurso de revisi�n que promueve el propio quejoso derivado de un juicio de garant�as, en el que se concedi� el amparo en contra de una orden de aprehensi�n, por carecer de fundamentaci�n y motivaci�n, despu�s del estudio correspondiente a tal cuesti�n de forma analice las constancias de autos para pronunciarse acerca del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado y en su caso revocar la sentencia y negar el amparo?

    Sobre el particular, los tribunales emitentes de las ejecutorias transcritas, sostuvieron puntos de vista divergentes, pues mientras uno se aboc� al estudio que estim� indebidamente omiti� el J., el otro se abstuvo de hacerlo, pues consider� que de proceder a analizar los agravios del propio quejoso se generaba la posibilidad de declararlos fundados, lo que motivar�a la necesidad de analizar las constancias de autos, con el consecuente riesgo de empeorar la situaci�n del solicitante de amparo.

    Como se advierte de lo anterior, s� existe la contradicci�n de tesis denunciada, por tanto, se justifica la intervenci�n de esta Primera S., a efecto de definir la actitud que deben asumir los Tribunales Colegiados al resolver un amparo en revisi�n en los casos en que el J. concede al quejoso la protecci�n federal, al concluir que la orden de aprehensi�n reclamada carece de fundamentaci�n y motivaci�n y el recurrente es el propio quejoso, es decir, si se deben analizar o no las constancias de autos para resolver lo relativo a la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, o si bien, si deben abstenerse de hacerlo.

    La existencia de la contradicci�n de criterios se hace m�s patente, si se toma en cuenta que: las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes, en grado de revisi�n, se relacionan con una sentencia emitida por Jueces de Distrito, en la que �stos otorgaron el amparo contra una orden de aprehensi�n librada en contra del quejoso respectivo, concretamente por la falta de fundamentaci�n y motivaci�n; y que, en el caso, aun siendo los quejosos los propios recurrentes, s�lo uno de dichos tribunales decide estudiar los agravios propuestos, mientras que el otro tribunal, determina no ocuparse del an�lisis de los agravios por virtud de los t�rminos de la concesi�n del amparo. As�, v�lidamente se puede afirmar, que es en este preciso punto, en que se produce la contradicci�n de criterios.

    No pasa por alto esta Primera S., la circunstancia especial de que aun habi�ndose otorgado el amparo a la parte quejosa por falta de fundamentaci�n y motivaci�n de una orden de aprehensi�n, sea esa misma parte quien recurra en revisi�n tal sentido, con el objeto de que sea analizado el fondo del asunto, como lo hizo el Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito; lo cual, con independencia de los agravios planteados y de que sea t�cnica y legalmente factible, ello no resulta relevante para la determinaci�n de la existencia de la contradicci�n, desde el momento mismo que s�lo importa el hecho de que ante una sentencia concesoria del amparo dictada en id�nticos t�rminos, un tribunal opta por no estudiar los agravios, y otro s�.

    Para proceder a realizar el pronunciamiento en torno al criterio que deber� prevalecer con car�cter de jurisprudencia, conviene recordar que por la trascendencia de una orden de aprehensi�n, la propia Constituci�n General de la Rep�blica, en su art�culo 16, establece los requisitos m�nimos que tal mandamiento privativo de libertad debe contener, los cuales se pueden resumir de la siguiente manera:

  4. Debe tener como apoyo una denuncia, acusaci�n o querella de un hecho que la ley tipifique como delito, sancionado con pena privativa de libertad.

  5. Debe ser emitida por autoridad competente de car�cter judicial.

  6. En el texto de la misma debe se�alarse con precisi�n la ley y art�culo o art�culos que describan la conducta o conductas imputadas al gobernado; y

  7. Debe explicar por qu� la ley cobra aplicaci�n en el caso particular, describiendo los elementos de raciocinio as� como probatorios que generen en el juzgador la convicci�n de que se demuestra la existencia del delito y la probable responsabilidad del inculpado.

    En el presente caso, las posturas antag�nicas derivan del an�lisis de los �ltimos dos requisitos precisados, es decir, respecto de la fundamentaci�n y motivaci�n, en tanto que un Tribunal Colegiado concluye que cuando en un juicio de amparo indirecto el J. otorga la protecci�n federal, por considerar que la orden de aprehensi�n no ha sido debidamente fundada y motivada, el ad quem puede analizar el material probatorio a efecto de constatar si existen elementos que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, aun cuando �nicamente haya recurrido la sentencia el propio quejoso; en cambio, el diverso tribunal considera que en la hip�tesis mencionada, no es factible analizar las constancias porque existe el riesgo de revocar la concesi�n del amparo y empeorar la situaci�n del promovente del recurso.

    Ahora bien, para mejor claridad de la soluci�n que habr� de proponerse, no est� por dem�s hacer referencia aunque sea de manera breve a lo que debe entenderse por fundamentaci�n y motivaci�n.

    No es aventurado mencionar que desde la �poca en que las diversas Constituciones del pa�s han exigido que los actos de autoridad se fundamenten, tal garant�a se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jur�dicas que pretenda imponer con ese acto autoritario.

    Por motivaci�n, se ha comprendido la obligaci�n de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposici�n legal que invoca como fundamento de su acto.

    Desde otro punto de vista, la fundamentaci�n y motivaci�n de los actos de autoridad es una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aqu�llos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que adem�s permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen.

    Lo antes razonado encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia que enseguida se citan:

    "FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N.-De acuerdo con el art�culo 16 de la Constituci�n Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendi�ndose por lo primero que ha de expresarse con precisi�n el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben se�alarse, con precisi�n, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideraci�n para la emisi�n del acto; siendo necesario, adem�s, que exista adecuaci�n entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hip�tesis normativas." (jurisprudencia 260, consultable en la p�gina 175 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V., Materia Com�n).

    "S�ptima �poca:

    "A. en revisi�n 8280/67. A.V.O.. 24 de junio de 1968. Cinco votos.

    "A. en revisi�n 3713/69. El�as Cha�n. 20 de febrero de 1970. Cinco votos.

    "A. en revisi�n 4115/68. E.R.�guez R. y coags. 26 de abril de 1971. Cinco votos.

    "A. en revisi�n 2478/75. Mar�a del S.C.C. y otros. 31 de marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos.

    "A. en revisi�n 5724/76. R.T.R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco votos."

    "FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N, GARANT�A DE.-Para que la autoridad cumpla la garant�a de legalidad que establece el art�culo 16 de la Constituci�n Federal en cuanto a la suficiente fundamentaci�n y motivaci�n de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusi�n de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." (jurisprudencia 264, publicada en la p�gina 178 del tomo y Ap�ndice citado).

    "S�ptima �poca:

    "A. en revisi�n 8280/67. A.V.O.. 24 de junio de 1968. Cinco votos.

    "A. en revisi�n 9598/67. �scar L.V.C.. 1o. de julio de 1968. Cinco votos.

    "A. en revisi�n 7228/67. Comisariado Ejidal del Poblado San Lorenzo Tezonco, Ixtapalapa, Distrito Federal y otros. 24 de julio de 1968. Cinco votos.

    "A. en revisi�n 3717/69. El�as Cha�n. 20 de febrero de 1970. Cinco votos.

    A. en revisi�n 4115/68. E.R.�guez R. y coags. 26 de abril de 1971. Cinco votos.

    Como puede observarse, los requisitos en comento se suponen �ntimamente vinculados, en tanto que no es posible desde un punto de vista l�gico, citar disposiciones legales sin relacionarlas con determinados hechos, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para determinadas disposiciones legales.

    Ahora bien, la salvaguarda que de tal garant�a de legalidad se logra a trav�s del juicio de amparo, no siempre ha sido cabalmente aceptada en la pr�ctica, en atenci�n a los efectos de la sentencia del juicio de garant�as, pues �stos consisten no en anular de manera lisa y llana el acto reclamado, por el contrario, es legalmente posible que la autoridad responsable deje insubsistente el acto y emita otro en el mismo sentido que el originalmente reclamado, pero purgando los vicios de forma que aqu�l conten�a.

    En el caso espec�fico de una orden de aprehensi�n que adolece de los requisitos de forma a que nos venimos refiriendo, los efectos del fallo constitucional se traducen en que el �rgano judicial que la emiti�, pueda pronunciar otra cumpliendo con la fundamentaci�n y motivaci�n exigidas.

    Lo antes dicho as� lo ha interpretado el Pleno de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia P./J. 59/96, publicada en la p�gina 74 del Tomo IV, octubre de 1996, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Novena �poca, cuyo texto es:

    "ORDEN DE APREHENSI�N Y AUTO DEFORMAL PRISI�N. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE ESAS RESOLUCIONES.-Trat�ndose de �rdenes de aprehensi�n y de autos de formal prisi�n, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicci�n dicte una nueva resoluci�n, la cual podr� ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ah� que en la primera de esas hip�tesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin dem�rito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensi�n o de la formal prisi�n, deben producir todos los efectos y consecuencias jur�dicas a que est�n destinadas.

    "Contradicci�n de tesis 20/95. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito. 10 de octubre de 1996.-Unanimidad de once votos. Ponente: H.R.P.. Secretarios: M.R.F. y A.H.�ndez H.�ndez.

    El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el catorce de octubre en curso, aprob�, con el n�mero 59/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. M�xico, Distrito Federal, a catorce de octubre de mil novecientos noventa y seis.

    Reflejo de la anterior afirmaci�n, son precisamente los quejosos que promovieron los recursos de revisi�n que motivaron las ejecutorias de los Tribunales Colegiados en desacuerdo, pues no obstante que el J. de Distrito les hab�a otorgado la protecci�n federal por considerar que las �rdenes de captura reclamadas carec�an de fundamentaci�n y motivaci�n, los propios solicitantes de amparo recurrieron tales fallos, pretendiendo se analizaran las constancias de autos, a efecto de determinar si estaban acreditados el cuerpo del il�cito imputado y su probable responsabilidad.

    En efecto, cuando el tribunal de amparo advierte que ha existido una violaci�n constitucional al dictarse una resoluci�n, es de elemental justicia otorgar la protecci�n federal sin importar que la inconstitucionalidad del acto derive de requisitos formales como los mencionados, pues finalmente la obligaci�n para las autoridades de fundar y motivar sus actos, tiene rango de garant�a individual tutelada por la Carta Magna.

    M�s a�n, si bien como ya se dijo cuando se concede el amparo porque el acto carece de fundamentaci�n y motivaci�n, la autoridad responsable puede emitir otro purgando los vicios de forma en que incurri�, ello no significa que invariablemente esa sea la consecuencia del cumplimiento del fallo constitucional, en tanto que, la otra posibilidad es que la autoridad responsable acuerde no librar orden de aprehensi�n, al advertir que del an�lisis minucioso de las constancias de la averiguaci�n no existen elementos para concluir que la conducta desplegada por el quejoso encuadre en la norma legal citada.

    Expuesto lo anterior, procede ahora retomar el tema central de la presente contradicci�n de tesis.

    Es decir, c�mo debe proceder un Tribunal Colegiado al conocer de un recurso de revisi�n derivado de un juicio de amparo en el que se reclam� la inconstitucionalidad de una orden de aprehensi�n y el J. de Distrito concedi� la protecci�n federal al considerar que el mandato de captura carece de fundamentaci�n y motivaci�n, y �nicamente recurre el fallo el quejoso, argumentando que deben analizarse las constancias para verificar si est� demostrado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.

    En la hip�tesis planteada �el Tribunal Colegiado debe analizar los agravios y en su caso, si las pruebas desahogadas en la averiguaci�n acreditan el cuerpo del il�cito y la probable responsabilidad del reo?, o bien �debe abstenerse de analizar los agravios, porque en caso de resultar fundados, ser�a factible revocar la sentencia y probablemente negar el amparo y agravar la situaci�n del quejoso?

    Para dar respuesta a las interrogantes planteadas, resulta de importancia recordar que en la soluci�n de los recursos deben observarse ciertas reglas o principios, uno de esos principios es el conocido como: non reformatio in peius este principio o regla b�sica, predica que no podr� un tribunal de alzada agravar la sanci�n o situaci�n impuesta por el J. de primer grado al imputado, salvo que existan agravios procedentes al respecto, esto es, cuando el acusador controvierte correctamente la resoluci�n de primera instancia.

    Cabe recordar tambi�n, que en el derecho penal hay dos tipos de reformatio: in peius (en perjuicio), e in benificium (en beneficio). La prohibida es la primera, es decir, la modificaci�n del fallo en perjuicio del reo cuando �nicamente recurre �ste, en cambio, es factible que el tribunal de alzada mejore la situaci�n del recurrente aun ante la ausencia de agravio.

    Los dos tipos de reformatio se encuentran previstos en el proceso penal de nuestro pa�s, a guisa de ejemplo, puede afirmarse que en el art�culo 364 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, se reconoce el reformatio in benificium, al establecer la obligaci�n del tribunal de apelaci�n de suplir la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el procesado o su defensor. El numeral en cita dispone:

    "Art�culo 364. La segunda instancia solamente se abrir� a petici�n de parte leg�tima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resoluci�n recurrida. Los agravios deber�n expresarse al interponerse el recurso o en la vista del asunto. El tribunal de apelaci�n suplir� la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el procesado o, si�ndolo el defensor, se advierta que por torpeza no los hizo valer debidamente.

    "Las apelaciones interpuestas contra resoluciones anteriores a la sentencia de primera instancia, deben ser resueltas por el tribunal de apelaci�n antes de que se emita dicha sentencia." (El subrayado es nuestro).

    En cambio el diverso numeral 385 del propio ordenamiento legal, proh�be aumentar la sanci�n impuesta en primera instancia, es decir, proscribe la aplicaci�n del reformatio in peius. El contenido de dicho precepto es:

    "Art�culo 385. Si solamente hubiere apelado el procesado o su defensor, no se podr� aumentar la sanci�n impuesta en la sentencia recurrida.

    "Si se tratare de auto de formal prisi�n o de sujeci�n a proceso, o de orden de aprehensi�n o de citaci�n para preparatoria, podr� cambiarse la clasificaci�n del delito y dictarse por el que aparezca probado." (El subrayado es nuestro).

    En apoyo de lo antes dicho, se cita la jurisprudencia siguiente:

    "APELACI�N EN MATERIA PENAL. NON REFORMATIO IN PEIUS.-Si �nicamente apelan del fallo de primera instancia el acusado y su defensor, la autoridad de segunda instancia no est� facultada para agravar la situaci�n de dicho acusado." (jurisprudencia 29, consultable en la p�gina 17 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, Tomo II, Materia Penal).

    "Quinta �poca:

    "A. directo 1278/45. C.�s G.M.. 20 de julio de 1945. Unanimidad de cuatro votos.

    "A. directo 7649/48. V.A.. 9 de febrero de 1950. Unanimidad de cuatro votos.

    "A. directo 8632/49. F.V.F.. 17 de febrero de 1950. Unanimidad de cuatro votos.

    "A. directo 192/48. D�az F.. 3 de agosto de 1950. Unanimidad de cuatro votos.

    A. directo 1176/51. R.C.R.. 14 de febrero de 1952. Unanimidad de cuatro votos.

    En el caso de la revisi�n en el juicio de amparo, en tanto recurso, tambi�n se rige por principios, entre ellos, el que se comenta, esto es, el non reformatio in peius, de manera que en el recurso de revisi�n no est� permitido a los Tribunales Colegiados, agravar la situaci�n del quejoso, cuando �nicamente �ste recurre la sentencia.

    Lo antes afirmado se patentiza si se toma en cuenta que la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales, prev�n la figura jur�dica de la suplencia tanto de los conceptos de violaci�n como de los agravios, en los casos en que espec�ficamente lo establece el art�culo 76 bis del citado ordenamiento legal.

    En el caso que nos ocupa, la divergencia de criterios deriva de juicios de amparo en materia penal, en los que se reclamaron �rdenes de aprehensi�n; es decir, se trata de una materia en la que la suplencia es total, seg�n se desprende de la fracci�n II del numeral de la Ley de A. en cita, cuyo contenido es:

    "Art�culo 76 bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deber�n suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n de la demanda, as� como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

    "...

    "II. En materia penal, la suplencia operar� aun ante la ausencia de conceptos de violaci�n o de agravios del reo."

    As�, es claro que en los recursos de revisi�n derivados de juicios de amparo en materia penal, en que se concedi� el amparo al quejoso porque la orden de aprehensi�n carece de fundamentaci�n y motivaci�n, y s�lo recurre el propio quejoso, no es legalmente v�lido analizar los agravios, porque ese sentido ha causado estado, ante la omisi�n de ser recurrido por la parte que en verdad agravia (autoridad responsable) es decir, ha adquirido firmeza para el quejoso que se beneficia con dicho sentido.

    No es obst�culo a lo anterior, la especial circunstancia de que el quejoso recurrente en el supuesto citado en el p�rrafo anterior, considere en sus agravios, que mayor beneficio le puede traer que el �rgano de control constitucional analice los elementos de fondo, esto es, si se encuentra o no integrado el cuerpo del delito y si se acredit� o no su probable responsabilidad en el delito que se le imputa; pues atendiendo a una correcta t�cnica legal, no es factible pronunciarse al respecto, porque ser�a tanto como violar la firmeza jur�dica de una sentencia dictada por un J. de Distrito que le otorg� el amparo por falta de fundamentaci�n y motivaci�n de la orden de aprehensi�n; adem�s de que se desconocer�a la obligaci�n de la autoridad responsable de acatar dicha ejecutoria, o sea, de llevar a cabo los actos necesarios a su cumplimiento; los cuales pueden originar incluso, que al dejar insubsistente la orden de aprehensi�n no les sea posible purgar los vicios de forma que ten�a, de modo tal, que ya no emita nueva orden, lo que en mayor grado s� beneficiar�a al presunto responsable de la conducta delictiva de que se trata.

    En otras palabras, el Tribunal Colegiado se encuentra imposibilitado para analizar los agravios del quejoso recurrente, que tiene un amparo concedido por vicios de forma, para en su caso, analizar los vicios de fondo del acto reclamado, en virtud de que es incierta la futura existencia del acto originalmente impugnado, por virtud del cumplimiento que a la sentencia respectiva le d� la autoridad responsable, m�xime que de analizarlos existir�a el grave riesgo de emitir un pronunciamiento que realmente le perjudique.

    En las relatadas condiciones, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio que sustenta esta Primera S. de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, con el siguiente rubro y texto:

    ORDEN DE APREHENSI�N. TRAT�NDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO DE REVISI�N.-La revisi�n en el juicio de amparo, en tanto recurso, se rige por principios o reglas, entre ellos el de non reformatio in peius, conforme al cual no est� permitido a los Tribunales Colegiados de Circuito agravar la situaci�n del quejoso cuando �nicamente �ste recurre la sentencia de amparo; lo antes afirmado se patentiza si se toma en cuenta que la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales, en todo caso autoriza la reformatio in beneficio, al prever la figura jur�dica de la suplencia tanto de los conceptos de violaci�n como de los agravios, en los casos en que espec�ficamente lo establece el art�culo 76 bis del citado ordenamiento legal. As�, es claro que en los recursos de revisi�n derivados de juicios de amparo en materia penal, en que se concedi� el amparo al quejoso porque la orden de aprehensi�n carece de fundamentaci�n y motivaci�n, y s�lo recurre el propio quejoso, no es legalmente v�lido analizar los agravios expresados en cuanto al fondo del asunto, en virtud de que es incierta la futura existencia del acto impugnado, en raz�n del cumplimiento que a la sentencia respectiva le d� la autoridad responsable, pues hacerlo implicar�a el grave riesgo de emitir un pronunciamiento que realmente le perjudique, trastocando con ello el principio que se comenta. Adem�s, de que precisamente por ese sentido concesorio, la resoluci�n recurrida ha causado estado o firmeza para el quejoso recurrente.

    Por lo expuesto y fundado se

    resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia la tesis sustentada por esta Primera S., en los t�rminos precisados en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

TERCERO

Rem�tase de inmediato la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis, para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como a los Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito en acatamiento a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de A..

N.�quese; c�mplase, rem�tase testimonio de este fallo a los Tribunales Colegiados que sostuvieron las tesis contradictorias, y en su oportunidad arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C., H.R.P., J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente J.� de Jes�s G.�o P. (ponente).

Nota: La tesis de rubro: "REVISI�N CONTRA UNA SENTENCIA QUE CONCEDI� EL AMPARO POR FALTA DE MOTIVACI�N DE LA ORDEN DE APREHENSI�N RECLAMADA. LA EJECUTORIA QUE RESUELVE EL RECURSO NO DEBE ABORDAR EL FONDO DEL ASUNTO.", citada en esta ejecutoria integr� la jurisprudencia VI.3o. J/16, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., febrero de 1998, p�gina 454.