Ejecutoria num. 1a./J. 62/99 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828028

Ejecutoria num. 1a./J. 62/99 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 62/99
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 1999
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 61/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 162/97 interpuesto por F�lix H.E.V., sustent� el siguiente criterio:

SEXTO.-Son infundados los agravios hechos valer por el quejoso recurrente, en virtud de las siguientes consideraciones: En primer t�rmino debe decirse que los art�culos 348, 349 y 352 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles que considera infringidos el recurrente, no pueden estimarse violados, en virtud de que en la especie se trata de un asunto de materia penal en el que la ley procesal civil no puede tener injerencia.-Previo al an�lisis de los restantes conceptos de violaci�n, por raz�n de orden y m�todo procede el estudio de aquel que se refiere a la prescripci�n del delito que hace valer el quejoso, ahora recurrente.-Sobre el particular, debe decirse que este Tribunal Colegiado no comparte la consideraci�n del J. de Distrito en la resoluci�n recurrida relativa a que ?cuando se reclama la orden de aprehensi�n pendiente de ejecutarse ante el �rgano de control constitucional no se puede analizar en el amparo lo relativo a tal figura procesal (prescripci�n), si previamente el J. responsable no la ha estudiado, pues de hacerlo los tribunales constitucionales se sustituir�an al J. del conocimiento; lo anterior debido a que en t�rminos del art�culo 78 de la Ley de A., en las sentencias que se dicten en los juicios de garant�as, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable.?. Esa consideraci�n la apoya el J. Federal en la tesis jurisprudencial proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (Estado de Puebla), n�mero 313, publicada en la p�gina 80, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo 80, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo rubro reza: ?PRESCRIPCI�N. NO PUEDE ANALIZARSE EN LA LITIS CONSTITUCIONAL CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSI�N, SIN EL PREVIO ESTUDIO DEL TEMA POR PARTE DE LA RESPONSABLE.?.-En efecto, debe considerarse que al combatir el libramiento de una orden de captura como acto reclamado en el juicio de amparo, el quejoso est� compareciendo ante los �rganos de la autoridad p�blica en relaci�n con el mandamiento de aprehensi�n que est� reclamando y siendo la prescripci�n una figura procesal de estudio preferente y oficioso, no es v�lida la consideraci�n del J. de Distrito cuando estima que por no haberse pronunciado en el acto reclamado la autoridad responsable respecto de tal figura, aqu�l se encuentra imposibilitado legalmente para hacerlo al resolver el juicio de garant�as, toda vez que la violaci�n alegada como cometida en agravio del quejoso, consiste en no haber cumplido la responsable con la obligaci�n de declarar de oficio, y aun sin haberse hecho valer, la extinci�n de la acci�n penal por prescripci�n, pues antes de emitir un mandamiento de captura el J. responsable debe percatarse si la acci�n penal se encuentra o no prescrita, en virtud de que de darse el primer supuesto (que se encuentre extinguida la acci�n penal por prescripci�n), si se libra la orden de aprehensi�n, l�gicamente este acto deviene inconstitucional y si bien conforme lo dispone el art�culo 78 de la Ley de A., el acto debe analizarse tal y como aparezca probado ante la referida responsable, sin embargo, no es legalmente v�lido soslayar en el juicio constitucional el estudio de la prescripci�n del delito, precisamente porque se trata de una figura procesal de orden p�blico cuyo estudio debe hacerse en forma preferente y oficiosa, m�s a�n cuando, como en el caso, se est� combatiendo la legalidad del acto reclamado en comentario, por estimarse prescrita la acci�n penal del delito motivo de la orden de aprehensi�n.-Bajo esta consideraci�n, se procede al estudio del agravio correspondiente a esta figura procesal que hace valer el quejoso hoy recurrente, en el que alega que en el caso ha operado la prescripci�n de la acci�n penal del delito de bigamia en t�rminos de los art�culos 97 y 98 del C�digo Penal del Estado.-Ese argumento es infundado, en virtud de que contrariamente a lo alegado por el recurrente, la autoridad responsable no ten�a motivo para declarar extinguida la acci�n penal, pues este Tribunal Colegiado advierte que no ha operado la prescripci�n que alega el quejoso recurrente, si se toma en consideraci�n que en la especie no es aplicable el art�culo 97 del C�digo Penal del Estado que ordena que los t�rminos para la prescripci�n de la acci�n penal ser�n continuos y se contar�n a partir del d�a en que se cometi� el delito (trat�ndose de aqu�llos de car�cter instant�neo como en este caso); ya que no escapa a la observaci�n de este Tribunal Colegiado que dicho dispositivo legal establece reglas de car�cter general para la prescripci�n de la acci�n penal es decir, para la generalidad de los casos, siendo que en la especie el art�culo 224 del c�digo sustantivo del Estado establece una regla especial para que opere la prescripci�n en este delito, regla que precisamente por su car�cter espec�fico debe prevalecer sobre la de categor�a general y en estas condiciones el delito de bigamia por el cual se libr� orden de aprehensi�n al quejoso hoy recurrente, no puede estimarse prescrito en virtud de las siguientes consideraciones.-Siguiendo los lineamientos de la regla especial para la prescripci�n del delito de que se trata a que se refiere el art�culo 224 del C�digo Penal del Estado, el t�rmino para que empiece a operar esta figura jur�dica es ?... desde que uno de los dos matrimonios haya quedado disuelto por la muerte de uno de los c�nyuges, o que el segundo haya sido declarado nulo ...?.-Conforme a lo anterior, si como en el caso la se�ora Y. D�az L. Barrag�n con quien se cas� el quejoso aqu� recurrente por segundas nupcias, el nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco, falleci� el d�a veintitr�s de abril de mil novecientos noventa y cuatro, es desde tal fecha cuando empieza a correr el t�rmino de la prescripci�n, siendo que la denuncia de hechos la present� L.E.C.�o D�az L. (hija de la difunta Y. D�az L. Barrag�n y M. �ngel C.�o) el seis de julio de ese mismo a�o, esto es, dos meses con catorce d�as despu�s del fallecimiento de la segunda esposa de F�lix H.E.V., luego, evidentemente el referido delito a�n no prescrib�a, tomando en cuenta, se reitera, la regla especial de prescripci�n a que alude el art�culo 224 del C�digo Penal del Estado que debe prevalecer sobre la regla general a que alude el art�culo 97 del mismo c�digo, cuya aplicaci�n pretende lograr el quejoso hoy recurrente.-En otro orden de ideas, debe decirse que son infundados los argumentos que hace valer el recurrente en relaci�n a que el J. de Distrito omiti� dar contestaci�n al primer concepto de violaci�n expresado en la demanda de garant�as en el que hizo valer que el matrimonio celebrado con L.E.H.�ndez Ch�vez, fue nulo por falta de formalidades, pues agrega, as� se declar� en la resoluci�n de quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro y que por ello el primer elemento del tipo del delito de bigamia no se encuentra demostrado, toda vez que, alega, el acta matrimonial carece de la firma del oficial del Registro Civil del Municipio de Xonacatl�n, Estado de M�xico, lo que hace inexistente el acto jur�dico conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n del rubro: ?MATRIMONIO, LA FALTA DE FIRMA DEL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL PRODUCE LA INEXISTENCIA DEL.?; que el referido matrimonio no tiene eficacia jur�dica ni produce efectos jur�dicos por ser inexistente, que ni siquiera puede considerarse que haya sido concebido el matrimonio y que lo �nico que hizo el J. Civil en el expediente 157/83 fue constatar la inexistencia de dicho acto al declarar procedente la nulidad por inexistencia del mismo y que la tesis que aplica el J. de Distrito se refiere a un caso diverso, porque tal criterio trata de un segundo matrimonio viciado de nulidad y en la especie se trata de un primer matrimonio declarado inexistente.-Los argumentos anteriores son infundados, tomando en consideraci�n que sobre el particular, seg�n se aprecia de la lectura de la resoluci�n recurrida, el J. de Distrito razon� que: ?Es as�, pues si bien es cierto que por el hecho de que el matrimonio anterior estuviere viciado de nulidad, el quejoso pod�a celebrar uno posterior, no menos ver�dico es que para que esa nulidad operara, deb�a ser declarada judicialmente, previo el ejercicio de la acci�n correspondiente, en virtud de que las nulidades no existen de pleno derecho; por tanto, el que el primer matrimonio del quejoso estuviere viciado de nulidad, no es obst�culo para que se tenga por configurado el delito de bigamia, ya que el bien jur�dico protegido por la norma en estudio, es asegurar el status jur�dico matrimonial, invirti� en �ste la fidelidad de los contrayentes, de ah� que si se trata de un delito de lesi�n, doloso y que se consuma por el hecho mismo de contraer un distinto matrimonio aun cuando quede rato (sic) y no se consume por el acceso carnal, debe decirse que en el caso concreto, como ya se dijo, s� existi� bigamia por parte del quejoso, toda vez que el mismo se consum� con la celebraci�n del segundo matrimonio, por lo que el quejoso cre� as� un estado civil de casado con �ste hasta en tanto se declar� la nulidad de ese v�nculo matrimonial, seg�n ya se apunt�.?.-De la transcripci�n anterior, puede concluirse v�lidamente que es inexacto lo alegado por el quejoso en cuanto a que el J. Federal omiti� el estudio de ese concepto de violaci�n, de donde deviene lo infundado de ese agravio.-Por otro lado, debe decirse que de la adminiculaci�n de las constancias probatorias que obran en el cuaderno de amparo, en t�rminos de la regla gen�rica de comprobaci�n a que se refiere el art�culo 128 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado, se advierten acreditados los elementos t�picos del delito de bigamia, previsto y penado en el art�culo 222 del C�digo Penal del Estado, al ponerse de manifiesto que alguien el diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve contrajo nupcias por primera vez y que sin estar disuelto ni declarado nulo dicho matrimonio, con fecha nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco el sujeto activo contrajo nuevas nupcias con las formalidades legales.-En efecto, la conclusi�n anterior deviene del cuidadoso an�lisis de las constancias probatorias que el J. de la causa anex� a su informe justificado y de entre las cuales cobran especial relevancia: La denuncia de hechos formulada por L.E.C.�o D�az L. el seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en el que sustancialmente manifest�: ?Que con fecha diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve F�lix H.E.V., contrajo nupcias con L.E.H.C.�vez y que sin estar disuelto o declarado nulo ese matrimonio, el referido indiciado contrajo nuevas nupcias con la madre de la denunciante, Y. D�az L. Barrag�n, el nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco ante el oficial del Registro Civil de Toluca, Estado de M�xico, efectu�ndose con las formalidades requeridas por la ley.?. Tal escrito fue ratificado y ampliado por la denunciante el trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro (fojas 68, 69 y 89); comparecencia ministerial del indiciado F�lix H.E.V. de dieciocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro en la que esencialmente declar�: ?Que efectivamente el diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve contrajo matrimonio civil con L.E.H.�ndez Ch�vez en el Municipio de Xonacatl�n, Estado de M�xico, pero que en mil novecientos ochenta y cuatro el J. Primero de lo F. en Toluca, Estado de M�xico, dict� sentencia en el juicio ordinario civil 157/83 declarando la nulidad de ese matrimonio por lo que el mismo no existi� porque no se cumplieron los requisitos legales; que esa circunstancia fue del conocimiento de su fallecida esposa Y.D.L.B.�n y que la denunciante trata de sorprender la buena fe de la representaci�n social para que el dicente sea afectado en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Y. D�az L. Barrag�n.? (fojas 92 y 93).-El veintisiete de julio de mil novecientos noventa y cuatro el referido indiciado present� un escrito ante el titular de la Mesa D�cima del Departamento de Averiguaciones Previas de la Procuradur�a General de Justicia del Estado, reiterando su declaraci�n anterior y proporcionando los documentos que estim� convenientes para apoyar su dicho; acta matrimonial de diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve celebrada entre F�lix H.E.V. y L.E.H.�ndez Ch�vez, en el Registro Civil del Municipio de Xonacatl�n, Estado de M�xico; acta de matrimonio de nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco, efectuado entre el indiciado en cita y Y. D�az L. Barrag�n, en el Registro Civil de Toluca, Estado de M�xico; resoluci�n pronunciada en el juicio civil ordinario 157/83 por el J. Primero de lo F. de Toluca, M�xico, el quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, en la que se declar� nulo el matrimonio celebrado entre el indiciado referido y L.E.H.�ndez Ch�vez de diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve; resoluci�n pronunciada el veinticinco de enero mil novecientos ochenta y cinco en el toca civil n�mero 299/84 por la Primera S. Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que se confirm� la declaratoria de nulidad del matrimonio celebrado el diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve; y acta de defunci�n de la se�ora Y. D�az L. Barrag�n.-Como qued� precisado con anterioridad, del enlace l�gico y jur�dico de tales medios probatorios, se desprende que la autoridad responsable correctamente tuvo por acreditados los elementos del tipo del delito de bigamia, los cuales conforme al art�culo 222 del C�digo Penal del Estado est�n constituidos por: ?la existencia de un v�nculo matrimonial; que tal enlace no haya sido disuelto ni declarado nulo; y que el sujeto activo contraiga otro matrimonio con las formalidades legales.?.-De esta forma, si como es el caso F�lix H.E.V. contrajo nupcias por primera vez el diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve con L.E.H.�ndez Ch�vez y con fecha nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco nuevamente contrajo nupcias con la se�ora Y. D�az L. Barrag�n, sin que se hubiese declarado nulo ni disuelto el primer v�nculo matrimonial, pues ello aconteci� hasta el quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, como ha quedado demostrado en autos, es evidente que se surten en el caso a estudio los elementos t�picos del delito de bigamia, previsto y penado en el art�culo antes citado, pues es de tomarse en consideraci�n que el propio quejoso aqu� recurrente, al declarar ante la representaci�n social confes� haber contra�do matrimonio el diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve con L.E.H.�ndez Ch�vez, y teniendo conciencia de que tal matrimonio no se hab�a disuelto ni declarado nulo, contrajo nupcias por segunda ocasi�n el nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco con Y. D�az L. Barrag�n, lo que revela que su conducta estuvo conscientemente dirigida a infringir una prohibici�n establecida por la ley y por tanto, le es reprochable penalmente en funci�n del dolo (elemento subjetivo) que la preside.-Relacionado con lo anterior, debe advertirse que el quejoso hoy recurrente parte de la premisa inexacta de considerar que como el acta matrimonial de fecha diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve carec�a de la firma del oficial del Registro Civil ello la hac�a inexistente desde el punto de vista jur�dico y que lo �nico que hizo el J. de lo F., en concepto del quejoso ahora recurrente, en la resoluci�n de quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro fue declararla nula legalmente, por lo que el primer elemento del tipo del delito de bigamia, dice, no se surte en la especie, insistiendo en que ese primer matrimonio no produjo efectos ni siquiera provisionales por no ser un acto nulo sino inexistente.-Esa consideraci�n es inexacta porque en la resoluci�n de quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, dictada por el J. Primero de lo F. en Toluca, Estado de M�xico (fojas 46, 47, 49 y 50) se declar� la nulidad del primer matrimonio tantas veces referido por ausencia de formalidades y no por inexistencia como pretende hacerlo aparentar el aqu� recurrente, e incluso as� lo reiter� la Primera S. Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado al confirmar la resoluci�n a que se hace referencia en l�neas anteriores, el veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y cinco (fojas 30 v. y 31).-Adem�s, no debe perderse de vista que la declaratoria de nulidad se efectu� nueve a�os despu�s de celebrado el segundo matrimonio y que a la fecha de efectuarse este �ltimo (nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco) a�n estaba vigente el primer matrimonio, sin que pueda considerarse que dicho acto matrimonial no haya producido efectos ni siquiera en forma provisional, como lo aduce el quejoso partiendo de la falsa premisa de que el acto fue declarado inexistente, toda vez que dicho matrimonio fue declarado nulo y tan surti� provisionalmente sus efectos este primer v�nculo, que la primera esposa del aqu� recurrente acudi� ante los tribunales para solicitar la disoluci�n del mismo.-Independientemente de ello, cabe destacar que existe tesis de la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la que se sostiene que la nulidad absoluta y la inexistencia tienen diferencias s�lo conceptuales y simplemente te�ricas y que sus sanciones son semejantes, tesis que se encuentra publicada en la p�gina 116, del Tomo 205-216, Cuarta Parte del Semanario Judicial de la Federaci�n, con el rubro: ?NULIDAD ABSOLUTA E INEXISTENCIA. SUS DIFERENCIAS SON CONCEPTUALES Y SIMPLEMENTE TE�RICAS, Y SUS SANCIONES SON SEMEJANTES.?.-Es exactamente aplicable al caso, la tesis de la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 105, del mismo tomo y parte se�alados anteriormente del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo rubro, texto y precedente, dicen: ?MATRIMONIO, INEXISTENCIA DEL. NO ES LA SANCI�N APLICABLE EN EL CASO DE QUE EN EL ACTA FALTE LA FIRMA DEL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE M�XICO).? (la transcribe).-Igualmente es aplicable la tesis de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n publicada en la p�gina 1248 del Tomo CXX, Quinta �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?BIGAMIA, DELITO DE.-Es indudable que el reo cometi� el delito de bigamia, si su primer matrimonio era subsistente en la fecha del segundo, sin que la resoluci�n, posterior a �ste, que declar� disuelto el primer matrimonio, haga desaparecer el il�cito en que incurri�.?.-En la misma forma, como ya se adelant�, de la concatenaci�n de las mismas constancias referidas en p�rrafos precedentes, la probable responsabilidad de F�lix H.E.V. en la comisi�n del delito de bigamia, se encuentra demostrada en autos, si se toma en cuenta primordialmente la declaraci�n ministerial de dicho indiciado, en la que reconoci� haber contra�do nupcias con L.E.H.�ndez Ch�vez el diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, que dicho matrimonio se declar� nulo el quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro y que antes de dicha declaratoria denulidad celebr� v�nculo matrimonial el nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco con Y. D�az L. Barrag�n, corrobor�ndose su dicho con ambas actas matrimoniales de las que dio fe el representante social y con las resoluciones de quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro (que declara la nulidad del acta de matrimonio) y veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y cinco (que confirm� la determinaci�n anterior); esto es, el quejoso es la persona que estando unida en matrimonio no disuelto ni declarado nulo (primer elemento), contrajo otro matrimonio con las formalidades legales (segundo elemento).-Consecuentemente el agravio que se hace valer en cuanto a que en el presente caso no se surten todos los elementos del tipo del delito de bigamia, es infundado.-No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que siendo el delito por el que se libr� la orden de aprehensi�n reclamada al hoy quejoso, de aquellos que se persiguen de oficio por no existir disposici�n en el c�digo punitivo del Estado de que se trate de querella de parte y adem�s, porque debe estimarse que el bien jur�dico tutelado en dicho il�cito es la estabilidad de la instituci�n social (matrimonio), puesto que la bigamia ataca el r�gimen monog�mico cuyo mantenimiento es de inter�s p�blico, por lo que su tipificaci�n no solamente protege a la v�ctima u ofendida sino a la sociedad misma fundamentalmente, esto es, el orden monog�mico social; cualquier persona que tenga conocimiento de un il�cito de esa categor�a (perseguible de oficio) debe denunciarlo en t�rminos del art�culo 104 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado, luego el hecho de que la denuncia la formulara la hija de la difunta Y. D�az L. Barrag�n, esto es, la se�ora L.E.C.�o D�az L., no trasciende en el caso, toda vez que debe reiterarse, el delito de que se trata en el presente asunto se persigue de oficio.-Ilustra el criterio anterior la tesis de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 68, del Tomo XIX, Segunda Parte, Sexta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?BIGAMIA.-El delito de bigamia no solamente protege a la v�ctima u ofendido, primera esposa, sino tambi�n y fundamentalmente a la sociedad misma, al orden monog�mico social.?.-En este orden de consideraciones siendo infundados los agravios hechos valer y no advirti�ndose deficiencia que suplir en los mismos conforme al art�culo 76 bis, fracci�n VI de la Ley de A., procede confirmar la resoluci�n recurrida y negar el amparo solicitado.

TERCERO

El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisi�n 134/92, 156/92, 450/92, 381/93 y 229/94, interpuestos, respectivamente, por A.O.P., E.M.�nez Llanos, J.�n M.N., G.A.�n A.G.�mez y Juventino S�nchez Ita, sustent� los siguientes criterios:

En el amparo en revisi�n 134/92:

... Al respecto, debe decirse que cuando se reclama la orden de aprehensi�n pendiente de ejecutarse no pueden analizarse en el amparo lo relativo a la prescripci�n de la acci�n persecutoria del delito, si previamente las autoridades de instancia no la han estudiado, porque de hacerlo los tribunales constitucionales se sustituir�an al J. del conocimiento o a su superior.-Ello es as�, porque en t�rminos del art�culo 78 de la Ley de A., en las sentencias que se dicten en los juicios de garant�as, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable.-Ahora bien, los art�culos 111, 113 y 116 del cap�tulo sexto, del t�tulo IV, libro primero, del C�digo de Defensa Social para el Estado de Puebla, anterior al vigente, al referirse a la prescripci�n, respectivamente previenen que por �sta se extingue la acci�n persecutoria y la facultad de ejecutar las sanciones; que los t�rminos para la prescripci�n de la acci�n persecutoria ser�n continuos y se contar�n desde el d�a siguiente en que se cometi� el delito, si fuere consumado; que la acci�n persecutoria prescribe en un plazo igual al m�ximo de la sanci�n corporal que corresponda al delito, pero si el indiciado permanece fuera del territorio nacional, el t�rmino de la prescripci�n se aumentar� en dos tercios.-Por consiguiente, si la autoridad de instancia no previene en el conocimiento y an�lisis de tales cuestiones es claro que no tendr�a oportunidad de cerciorarse si el t�rmino de la prescripci�n fue continuo y si el indiciado estuvo o no fuera del territorio nacional; desde otro punto de vista cabe advertir que el art�culo 112 de la ley sustantiva penal antes citada, precept�a que los Jueces y tribunales tendr�n en cuenta y aplicar�n de oficio en todo caso la prescripci�n, tan luego tengan conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso, de donde se desprenden las facultades de las autoridades de instancia para conocer de oficio esa cuesti�n.-Por lo dem�s, cabe se�alar que la orden de aprehensi�n se rige por el art�culo 16 constitucional, precepto que s�lo exige para su libramiento que preceda denuncia, acusaci�n o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y que est� apoyada por declaraci�n de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Luego, no ser�a jur�dico que, cubiertos tales requisitos se pretendiera declarar su inconstitucionalidad por el solo hecho de haber transcurrido el tiempo y no haberse ejecutado, si precisamente no medi� gesti�n alguna del interesado alegando ante el propio J. de los autos que hab�a operado la prescripci�n.-Precisado lo anterior, debe indicarse que en el caso a estudio es infundado el argumento aducido por el recurrente en el sentido de que la orden de aprehensi�n reclamada viola en su perjuicio el art�culo 16 constitucional, porque no se encuentra debidamente fundada ni motivada, ni cumple con los requisitos que exige ese dispositivo para librarla ...

En el amparo en revisi�n 156/92:

... Tambi�n es inexacto que el J. de Distrito debi� haber estudiado los conceptos de violaci�n en torno a la prescripci�n de la acci�n penal que se hicieron valer en la demanda de amparo.-Tocante a esto argumenta el inconforme que la acci�n persecutoria respecto del delito que se le atribuye est� prescrita; en su demanda de garant�as manifest� que los ofendidos tuvieron conocimiento de los hechos que consideran delictuosos, el catorce de agosto de mil novecientos noventa y de esa fecha a la que fueron consignados ante el �rgano jurisdiccional transcurri� m�s de un a�o, de tal manera que ha transcurrido el t�rmino que establece el art�culo 133 del C�digo de Defensa Social del Estado de Puebla o sea un a�o para los delitos que s�lo sean perseguibles por querella.-Sin embargo debe decirse que cuando se reclama la orden de aprehensi�n pendiente de ejecutarse no puede analizarse en el amparo lo relativo a la prescripci�n de la acci�n persecutoria del delito, si previamente las autoridades de instancia no lo han estudiado, porque de hacerlo los tribunales constitucionales se sustituir�an al J. del conocimiento o al superior de �l, tal como lo sostuvo este Tribunal Colegiado al fallar el juicio de amparo en revisi�n n�mero 134/92 que dice: ?PRESCRIPCI�N. NO PUEDE ANALIZARSE EN LA LITIS CONSTITUCIONAL CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSI�N, SIN EL PREVIO ESTUDIO DEL TEMA POR PARTE DE LA RESPONSABLE.? (la transcribe).

En el amparo en revisi�n 450/92:

... En relaci�n a la prescripci�n de la acci�n persecutoria del delito, a que se refiere el recurrente, debe indicarse que cuando el acto reclamado se hace consistir en la orden de aprehensi�n pendiente de ejecutarse, la referida prescripci�n no puede analizarse en el amparo correspondiente, si previamente las autoridades de instancia no han estudiado esa cuesti�n, porque de hacerlo los tribunales de amparo se sustituir�an al J. del conocimiento o a su superior.-En efecto, en t�rminos del art�culo 78 de la Ley de A., en las sentencias que se dicten en los juicios constitucionales, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable.-Asimismo, cabe mencionar que los art�culos 125, 127 y 131 del C�digo de Defensa Social para el Estado de Puebla, al referirse a la prescripci�n, respectivamente previenen que por �sta se extingue la acci�n persecutoria y la facultad de ejecutar las sanciones; que los t�rminos para la prescripci�n ser�n continuos y se contar�n en cada caso desde el d�a se�alado por la ley, aument�ndose en uno o dos tercios si el sujeto activo permanece fuera del territorio del Estado o del pa�s; que la acci�n persecutoria prescribe en un plazo igual al m�ximo de la sanci�n corporal que corresponda al delito.-Por consiguiente, si la autoridad de instancia no previene en el conocimiento y an�lisis de tales cuestiones es claro que no tendr�a oportunidad de cerciorarse si el t�rmino de la prescripci�n fue continuo y si el indiciado estuvo o no en territorio nacional, y as�, en caso de conocer del asunto, los tribunales de amparo se sustituir�an indebidamente a los Jueces de instancia. Adem�s, la orden de aprehensi�n se rige por el art�culo 16 constitucional, numeral que s�lo exige para su libramiento que preceda denuncia, acusaci�n o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y que est� apoyada por declaraci�n de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del indiciado; por tanto, no ser�a jur�dico, que cubiertos tales requisitos se pretendiera declarar su inconstitucionalidad por el solo hecho de haber transcurrido el tiempo sin que se haya ejecutado la captura, sin que tampoco hubiere mediado gesti�n alguna del interesado alegando ante el J. del conocimiento que hab�a operado la prescripci�n. En apoyo de lo anterior cabe citar la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo en revisi�n n�meros 134/92 y 156/92, que dice: ?PRESCRIPCI�N. NO PUEDE ANALIZARSE EN LA LITIS CONSTITUCIONAL CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSI�N, SIN EL PREVIO ESTUDIO DEL TEMA POR PARTE DE LA RESPONSABLE.? (La transcribe).

En el amparo en revisi�n 381/93:

... En principio, debe decirse que no le asiste la raz�n al recurrente en cuanto alega que el J. de Distrito ilegalmente consider� que es irrelevante analizar su argumento relativo a la prescripci�n de la acci�n persecutoria ejercitada en su contra, ya que cuando el acto reclamado se hace consistir en una orden de aprehensi�n pendiente de ejecutarse, no puede analizarse en el amparo lo relativo a la prescripci�n de la acci�n persecutoria si previamente las autoridades de instancia no la han estudiado, como sucedi� en la especie, porque de hacerlo as�, los tribunales constitucionales se sustituir�an al J. del conocimiento o a su superior.-Se afirma lo anterior, porque en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 78 de la Ley de A., en las sentencias que se dicten en los juicios de garant�as, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante las autoridades responsables.-Ahora bien, si la autoridad responsable no previene en el conocimiento y an�lisis de lo dispuesto en los art�culos 125, 127 y 133, del C�digo de Defensa Social del Estado de Puebla, que se refieren a que por la prescripci�n se extingue la acci�n persecutoria y la facultad de ejecutar sanciones; que los plazos de la prescripci�n ser�n continuos, y que la acci�n persecutoria que nazca de un delito, sea o no continuo, que s�lo pueda perseguirse por querella de parte, prescribir� en un a�o contado desde el d�a en que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente, y en tres a�os independientemente de esta �ltima circunstancia, es claro que dicha autoridad no tendr�a oportunidad de cerciorarse si el t�rmino de la prescripci�n fue continuo y si la ofendida tuvo o no conocimiento del delito y del delincuente.-Desde otro punto de vista, cabe se�alar que la orden de aprehensi�n se rige por el art�culo 16 constitucional, precepto que antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, exig�a para su libramiento que precediera denuncia, acusaci�n o querella de un hecho determinado que la ley castigara con pena corporal, y que estuviera apoyada por declaraci�n de persona digna de fe o por otros datos que hicieran probable la responsabilidad del indiciado; luego entonces, no ser�a jur�dico que cubiertos esos requisitos se pretendiera declarar su inconstitucionalidad por el solo hecho de haber transcurrido el tiempo y no declararse ejecutado, si previamente no medi� gesti�n alguna del interesado alegando ante el propio J. de los autos que hab�a operado la prescripci�n.-Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al fallar los amparos en revisi�n 134/92, 156/92 y 450/92, que a la letra dice: ?PRESCRIPCI�N. NO PUEDE ANALIZARSE EN LA LITIS CONSTITUCIONAL CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSI�N, SIN EL PREVIO ESTUDIO DEL TEMA POR PARTE DE LA RESPONSABLE.? (la transcribe).

En el amparo en revisi�n 229/94:

... Alega en primer t�rmino el recurrente que la sentencia que se revisa es ilegal en virtud de que sin que exista fundamento alguno, el J. de Distrito declara estar impedido para estudiar la prescripci�n, siendo que la misma forma parte del acto reclamado por la omisi�n de su estudio por parte de la responsable, lo que implica la obligaci�n del J. de Distrito de estudiar dicha prescripci�n, al ser esa omisi�n una violaci�n de garant�as individuales, y dada adem�s su naturaleza jur�dica, pues para que la misma opere de acuerdo con los art�culos 125 y 126 del C�digo de Defensa Social del Estado de Puebla basta el simple transcurso del tiempo se�alado por la ley; que no estudiar la prescripci�n implica que las omisiones en que incurri� el J. natural, estar�an fuera del examen en el juicio constitucional, lo que es una negativa de justicia y una contravenci�n a lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 76 bis de la Ley de A..-No le asiste la raz�n en virtud de que por un lado, a diferencia de lo que sostiene el recurrente el J. de Distrito, s� invoc� un fundamento legal para apoyar su afirmaci�n en el sentido de estar impedido para estudiar la prescripci�n por no ser la misma materia de la orden reclamada, pues dijo que serv�a de apoyo a la misma la tesis de jurisprudencia ?651 P? de este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro es: ?PRESCRIPCI�N. NO PUEDE ANALIZARSE EN LA LITIS CONSTITUCIONAL CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSI�N, SIN EL PREVIO ESTUDIO DEL TEMA POR PARTE DE LA RESPONSABLE.?.-Por otro lado, el J. Federal efectivamente se encontraba impedido para analizar en el amparo lo relativo a la acci�n persecutoria del delito al estarse reclamando una orden de aprehensi�n pendiente de ejecutarse, pues previamente las autoridades de instancia no la han estudiado, y de hacerlo el J. de Distrito se sustituir�a al J. del conocimiento, porque en t�rminos del art�culo 78 de la Ley de A., en las sentencias que se dicten en los juicios de garant�as, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. Debiendo precisarse aqu� que la omisi�n del estudio de la prescripci�n en la especie por parte del J. natural, no constituye una violaci�n al procedimiento, pues previamente no medi� gesti�n alguna del interesado alegando que hab�a operado dicha prescripci�n, no siendo �ste el momento procesal oportuno, como ya se ver� m�s adelante, para hacer un estudio oficioso de dicha figura.-Tiene apoyo a lo anterior precisamente el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisi�n 134/92, 156/92, 450/92 y 381/93, que dice: ?PRESCRIPCI�N. NO PUEDE ANALIZARSE EN LA LITIS CONSTITUCIONAL CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSI�N, SIN EL PREVIO ESTUDIO DEL TEMA POR PARTE DE LA RESPONSABLE.? (la transcribe).

CUARTO

Antes de entrar en materia cabe destacar que en los presentes autos aparece la raz�n asentada de que a la Procuradur�a General de la Rep�blica, mediante la Direcci�n General de A., con fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se le dio a conocer la contradicci�n de tesis de m�rito.

El art�culo 197-A, primer p�rrafo de la Ley de A., dispone:

Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as.

En la especie, los treinta d�as para que el procurador general de la Rep�blica emitiera su parecer en relaci�n con la contradicci�n a estudio, comenzaron a correr el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y terminaron el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, descont�ndose por inh�biles los d�as doce, trece, diecis�is al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (periodo vacacional del Poder Judicial de la Federaci�n) uno, dos, tres, nueve, diez, diecis�is, diecisiete, veintitr�s, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y nueve.

Consecuentemente, como en el caso el procurador general de la Rep�blica se abstuvo de exponer por s� o por conducto de uno de los agentes del Ministerio P�blico Federal, su parecer en relaci�n a la presente contradicci�n de tesis, debe entenderse que no estim� pertinente intervenir en este asunto, en virtud de que la facultad que le concede el art�culo comentado es potestativa y no obligatoria, lo que implica, que procede se dicte la resoluci�n que corresponda sin la opini�n de m�rito.

QUINTO

El an�lisis de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos en los juicios de amparo la que se ha hecho m�rito, revela la contradicci�n de tesis denunciada, que se produce porque mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, sostiene que cuando se reclama como acto la orden de aprehensi�n en el juicio de amparo, se est� compareciendo ante los �rganos de la autoridad p�blica en relaci�n con el mandamiento de aprehensi�n reclamado, y como la prescripci�n es figura procesal de estudio preferente y oficioso, no es v�lida la consideraci�n del J. de Distrito cuando estima que por no haberse pronunciado en el acto reclamado la autoridad responsable al respecto, est� imposibilitado legalmente para resolverlo en el juicio de garant�as, toda vez que la violaci�n alegada, consiste en no haber cumplido la responsable con la obligaci�n de declarar de oficio, la extinci�n de la acci�n penal por prescripci�n, pues antes de emitir un mandamiento de captura el J. responsable debe percatarse si la acci�n penal se encuentra o no prescrita, en virtud de que, de darse el primer supuesto, si se libra la orden de aprehensi�n, l�gicamente este acto deviene inconstitucional, y si bien conforme lo dispone el art�culo 78 de la Ley de A., el acto debe analizarse tal y como aparezca probado ante la referida responsable; sin embargo, no es legalmente v�lido soslayar en el juicio constitucional el estudio de la prescripci�n del delito, precisamente porque se trata de una figura procesal de orden p�blico cuyo estudio debe hacerse en forma preferente y oficiosa, m�s a�n cuando, como en el caso, se est� combatiendo la legalidad del acto reclamado en comento, por estimarse prescrita la acci�n penal del delitomotivo de la orden de aprehensi�n.

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, sostiene que cuando se reclama la orden de aprehensi�n pendiente de ejecutarse no pueden analizarse en el amparo lo relativo a la prescripci�n de la acci�n persecutoria del delito, si previamente las autoridades de instancia no la han estudiado porque de hacerlo los tribunales constitucionales se sustituir�an al J. del conocimiento, o a su superior, porque en t�rminos del art�culo 78 de la Ley de A., en las sentencias que se dicten en los juicios de garant�as, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable.

Como puede apreciarse, en el presente asunto existe oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierte la misma cuesti�n esencial relativa al an�lisis de la prescripci�n cuando se reclama la orden de aprehensi�n en un juicio de garant�as como litis constitucional, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en Toluca, Estado de M�xico, sostiene que debe analizarse la prescripci�n por parte del J. de A. cuando se reclama la orden de aprehensi�n, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en Puebla, refiere que no es factible que se lleve a cabo el estudio de la prescripci�n en el juicio de garant�as, cuando se reclama la orden de aprehensi�n, sin que previamente se haya pronunciado la autoridad responsable; no se trata s�lo de contradicciones accidentales o secundarias dentro de los fallos que originan la denuncia, pues se examina el problema jur�dico e interpretan una disposici�n legal id�ntica, pues versan sobre el numeral 78 de la Ley de A., para finalmente establecer dichos �rganos jurisdiccionales criterios antag�nicos, por lo que se confirma que existe la contradicci�n que permite entrar a su estudio.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 178, de la anterior Cuarta S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 120, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V. y tesis aislada n�mero LIII/95, sostenida por el Pleno de este Alto Tribunal consultable en la p�gina 69 del Tomo II, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federaci�n que respectivamente en su texto se�alan:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." y "CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS.-Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de A., establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S.s de la Suprema Corte. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado, por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto y datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo, ni menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de A., porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.".

Cabe hacer menci�n que debe prevalecer la tesis sustentada por esta S., al tenor de los siguientes razonamientos:

La prescripci�n de la acci�n penal puede analizarse en el amparo indirecto que se promueva en contra de la orden de aprehensi�n, aun cuando la autoridad responsable no se haya pronunciado al respecto.

Tal conclusi�n se sustenta en lo siguiente:

Los art�culos 76 bis, fracci�n II, y 78 de la Ley de A. textualmente disponen:

"76 bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deber�n suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n de la demanda, as� como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

"...

"II. En materia penal, la suplencia operar� aun ante la ausencia de conceptos de violaci�n o de agravios del reo."

"78. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciar� tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitir�n ni se tomar�n en consideraci�n las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resoluci�n reclamada.

"En las propias sentencias s�lo se tomar�n en consideraci�n las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad.

El J. de amparo deber� recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resoluci�n del asunto.

En el juicio de amparo, en general, el juzgador tiene la obligaci�n de revisar la legalidad de los actos reclamados; este examen puede realizarse bajo diversos aspectos: competencia, requisitos de procedibilidad, extinci�n de la acci�n, etc.

En el juicio de amparo en materia penal, en particular, al hacer ese examen, el J. tiene el deber de suplir la deficiencia de la queja; es decir, de corregir los errores en la cita de preceptos y de intervenir de oficio en el an�lisis de la demanda, haciendo valer los argumentos que a su juicio sean necesarios o conduzcan al conocimiento de la verdad.

La suplencia de la queja en esta materia es tan amplia que, por disposici�n de la ley, opera aun ante la ausencia de conceptos de violaci�n o de agravios. De ah� que, en debido cumplimiento a lo dispuesto por el art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., el �rgano jurisdiccional tenga la obligaci�n, no s�lo de estudiar los argumentos que le fueron propuestos, sino, incluso, de introducir oficiosamente aquellos que a su juicio lo conduzcan a la verdad legal.

Tal es el caso del planteamiento de prescripci�n de la acci�n penal, que bien pudo hacerse valer ante la autoridad responsable, o proponerse hasta la presentaci�n del juicio de amparo; en cualquier hip�tesis, el J. de Distrito tiene el deber de analizarlo, como parte del examen de la legalidad del acto reclamado.

Este proceder en modo alguno constituye una sustituci�n del juzgador en un caso no autorizado por la ley, ni pugna con lo dispuesto por el art�culo 78 de la Ley de A.. Se trata �nicamente del ejercicio de las particulares atribuciones que en materia penal le corresponden.

As� es, el art�culo 78 antes transcrito s�lo lo obliga a apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; es decir, a no allegarse de m�s pruebas que le permitan conocer los hechos, que de aquellas que hubiere tenido la autoridad antes de emitir el acto. El estudio de la prescripci�n de la acci�n penal, no implica el valorar pruebas ajenas a las que consider� el J. al dictar la orden de aprehensi�n, ni a considerar elementos que �ste no tuvo en cuenta al momento de pronunciarse.

De acuerdo con la norma, el J., al dictar la orden de aprehensi�n, debe considerar entre otros aspectos, que la acci�n persecutoria no se haya extinguido.

Luego, si el quejoso, al promover el juicio de garant�as, propone ante el J. que la acci�n se encontraba prescrita y as� debi� considerarlo la autoridad responsable, tal argumento debe ser considerado en la sentencia y, de no proceder de ese modo, es claro que se habr� cometido en contra del recurrente una violaci�n de naturaleza formal, que obliga al Tribunal Colegiado a subsanarla, analizando tal concepto.

Existe una raz�n m�s para sustentar este criterio.

En trat�ndose de amparo directo, la propia ley de la materia establece en el art�culo 183 lo siguiente:

183. Cuando el quejoso alegue entre las violaciones de fondo, en asuntos del orden penal, la extinci�n de la acci�n persecutoria, el tribunal de amparo deber� estudiarla de preferencia; en el caso de que la estime fundada, o cuando, por no haberla alegado el quejoso, considere que debe suplirse la deficiencia de la queja, conforme al art�culo 76 bis, se abstendr� de entrar al estudio de las otras violaciones. Si encontrare infundada dicha violaci�n, entrar� al examen de las dem�s violaciones.

Cabe mencionar que la ley exige que el tribunal de amparo supla la deficiencia de la queja, cuando estando prescrita la acci�n penal el quejoso no la alegue.

Habiendo similar disposici�n en el amparo indirecto (art�culo 76 bis) y la misma raz�n jur�dica, es claro que el J. tiene el deber de analizar ese tema, sobre todo si el promovente lo hizo valer y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas para tal examen.

Ilustra esta consideraci�n la tesis de jurisprudencia de la S�ptima �poca, Primera S., publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo 5, Segunda Parte, p�gina cuarenta y tres, con el siguiente texto:

PRESCRIPCI�N DE LA ACCI�N PENAL Y SUPLENCIA DE LA QUEJA.-Si de acuerdo con el art�culo 183 de la Ley de A., esta Primera S. debe suplir la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acci�n penal el quejoso no la alega, por la misma raz�n jur�dica debe considerar la extinci�n de la acci�n persecutoria cuando, aducida en la apelaci�n, la responsable deja de estudiarla. Es decir, en puridad, esta S. siempre debe estudiar, como presupuesto de las violaciones de fondo que se invocan, si la acci�n penal est� o no prescrita, pero si, como sucede en la infinita mayor�a de asuntos, el quejoso no la argumenta como concepto de violaci�n y adem�s no existe tal prescripci�n, resultar�a ocioso hacer relaci�n de ella. Como consecuencia, no es el caso de que se conceda el amparo para el efecto de que la responsable estudiara la prescripci�n, en virtud de que como se ha dicho, esta Suprema Corte de Justicia, por imperativo del art�culo 183 mencionado, tiene la obligaci�n preferente de resolver la citada prescripci�n trat�ndose de la acci�n penal.

As�, como conclusi�n de todo lo antes dicho, el criterio que debe prevalecer es el que sustenta esta Primera S., resumido en la siguiente tesis jurisprudencial:

PRESCRIPCI�N, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSI�N. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN P�BLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.-Al combatir el libramiento de una orden de aprehensi�n como acto reclamado en el juicio de garant�as, el quejoso, est� compareciendo ante los �rganos de la autoridad p�blica en relaci�n con el mandamiento de captura que se est� reclamando y siendo la prescripci�n una figura procesal de estudio preferente y oficioso, el J. de Distrito tiene la obligaci�n de analizar tanto la legalidad del acto reclamado como los aspectos de competencia, requisitos de procedibilidad, causas de extinci�n de la acci�n penal, etc., obligaci�n que en trat�ndose del juicio de garant�as en materia penal, es m�s amplia, dado que el art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., previene la suplencia de la queja aun la total, en beneficio del reo, es decir, ante la ausencia de conceptos de violaci�n, por lo que si la violaci�n alegada en agravio del quejoso, consiste en no haber cumplido la autoridad responsable con la obligaci�n de declarar de oficio y aun sin haberse hecho valer, la extinci�n de la acci�n penal por prescripci�n, ya que antes de emitir un mandamiento de captura el J. responsable, debe percatarse si la acci�n penal se encuentra o no prescrita, en virtud de que, de darse el primer supuesto, si se libra la orden de aprehensi�n, el acto deviene inconstitucional y conforme lo dispone el art�culo 78 de la Ley de A., el acto debe analizarse tal y como aparezca probado ante la responsable, esto es, a no allegarse de m�s pruebas que le permitan conocer los hechos, que de aquellas que formen parte de la averiguaci�n previa. Por otra parte, en relaci�n al amparo directo, la propia ley de la materia, en su art�culo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acci�n penal, el quejoso no la alegue; al existir la misma raz�n jur�dica en el amparo indirecto, no hay obst�culo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen.

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 162/97, promovido por F�lix H.E.V. y amparos en revisi�n 134/92, 156/92, 450/92, 381/93 y 229/94, promovidos por A.O.P., E.M.�nez Llanos, J.�n M.N., G.A.�n A.G.�mez y Juventino S�nchez Ita, respectivamente.

SEGUNDO

Debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis cuyo rubro y texto han quedado precisados en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

TERCERO

Con testimonio de la presente resoluci�n, h�gase del conocimiento de los Tribunales Colegiados que se mencionan, la decisi�n de esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para los efectos legales conducentes.

N.�quese; rem�tase el texto de la tesis a que se refiere la parte final del considerando �ltimo de la presente resoluci�n al Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, para su publicaci�n, as� como a los �rganos jurisdiccionales que menciona la fracci�n III, del art�culo 195 de la Ley de A. para su conocimiento y en su oportunidad arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C., J.� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M. (ponente), O.S.C. de G.�a V. y presidente H.R.P..