Ejecutoria num. 1a./J. 46/99 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828092

Ejecutoria num. 1a./J. 46/99 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 46/99
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 1999
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 52/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

A fin de establecer y determinar si existe o no la contradicci�n de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior an�lisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo Le�n, al emitir resoluci�n en el toca de revisi�n n�mero 487/96, promovido por J.I.T.C. en fecha dos de abril de mil novecientos noventa y siete, en la parte que interesa sustent� el criterio siguiente:

TERCERO.-Los agravios que hace valer el recurrente, quejoso en el amparo, son infundados.-El quejoso, ostent�ndose tercero extra�o al juicio ejecutivo mercantil n�mero 2418/93, promovido por J.M.N.G., endosatario en procuraci�n de L.L.C., en contra de J.L.�n R. de la Cruz, promovi� el presente juicio de amparo contra el embargo, remate, adjudicaci�n y entrega a terceras personas de los bienes inmuebles que identifica en la demanda de garant�as, reca�dos en el citado juicio ejecutivo mercantil, argumentando ser propietario de esos bienes inmuebles desde el siete de enero de mil novecientos noventa y tres, por haber celebrado contrato de compraventa con el demandado J.L.�n R. de la Cruz.-El Juez de Distrito sobresey� en el juicio de garant�as, al considerar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso no justific� la posesi�n de los inmuebles con el contrato privado de compraventa del siete de enero de mil novecientos noventa y tres, pues s�lo produce efectos entre las partes pero no contra terceros, conforme a lo dispuesto por el art�culo 203 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, adem�s de ser un documento privado que carece de fecha cierta por no haberse presentado ante alg�n funcionario p�blico. En apoyo de su consideraci�n cit� la tesis jurisprudencial sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, del rubro: ?DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.?. Desestim� la inspecci�n judicial y las testimoniales a cargo de R.S.S., Mar�a G.J.H.A. y Y.S.S., porque aunque los testigos manifestaron que el quejoso posee dichos bienes, no se desprende a partir de qu� fecha lo consideran poseedor.-Alega el quejoso que el juzgador parti� de un supuesto equivocado, pues no hizo valer derechos posesorios, sino de propiedad, la que acredit� con el contrato privado de compraventa de siete de enero de mil novecientos noventa y tres, porque ninguna de las partes lo objet�, y es la prueba id�nea para ello, en t�rminos de los art�culos 203 y 205 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales el documento proveniente de tercero prueba contra el colitigante del oferente cuando no se objeta, en cuyo caso se tendr�n por reconocidas la suscripci�n y la fecha ah� contenidas; que adem�s, los testigos informaron sin dudas ni reticencias que tiene la posesi�n de los inmuebles, lo que se constat� al desahogarse la inspecci�n ocular.-Es cierto que el quejoso no se doli� de la privaci�n del derecho de posesi�n de los inmuebles embargados en el juicio com�n, sin embargo el sobreseimiento decretado debe subsistir, toda vez que el recurrente no acredit� tener la propiedad de los inmuebles embargados y adjudicados.-El contrato privado de compraventa que refiere el impugnante es un documento de fecha incierta, como acertadamente lo estim� el Juez de Distrito, ya que no se present� ante el Registro P�blico de la Propiedad o ante funcionario p�blico, ni aconteci� la muerte de cualquiera de los firmantes. El citado contrato, es cierto, no fue objetado por los terceros perjudicados, pero esa omisi�n no prueba que su concertaci�n hubiese ocurrido en la fecha que en �l se consigna, como lo pretende el recurrente apoy�ndose en lo dispuesto por los art�culos 203 y 205 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria, pues trat�ndose de documentos que consignan contratos o actos traslativos de dominio, es menester que se inscriban en el Registro P�blico de la Propiedad, como lo exige el art�culo 2894, fracci�n I, del C�digo Civil de esta entidad federativa, conforme al cual se inscribir�n en el registro los t�tulos por los cuales se adquiere, transmite, modifica, grava o extingue el dominio, la posesi�n o los dem�s derechos reales sobre inmuebles, por lo que si no pas� por la oficina registral el contrato a que alude el revisionista, el mismo s�lo produce efectos entre quienes lo suscribieron, pero no podr�n producir perjuicios a terceros, como lo ordena el art�culo 2895 del invocado C�digo Civil. Es aplicable al caso la jurisprudencia n�mero 131 y su quinta tesis relacionada, sustentadas por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada a fojas 379 del Volumen IV, Segunda Parte, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, que respectivamente dicen: ?DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.-Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro P�blico, o ante un funcionario en raz�n de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes.?. ?DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE TERCEROS, VALOR PROBATORIO DE LOS.-Los documentos simples provenientes de tercero, no objetados por la parte a quien perjudiquen hacen prueba plena, con excepci�n de aquellos documentos que consignan contratos o actos traslativos de dominio, los cuales, para tener eficacia, es necesario que sean de fecha cierta.?.-Cabe aclarar que el original del contrato fue presentado por el recurrente ante notario p�blico el primero de agosto de mil novecientos noventa y seis, fecha muy posterior al embargo (23 de agosto de 1993), pero s�lo lo hizo para certificar la existencia del original, mas no para ratificar el contrato conjuntamente con su contraparte, de manera que el notario en ning�n momento dio fe de la veracidad de la operaci�n.-Es inaplicable la tesis de jurisprudencia del rubro: ?EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DE NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACI�N DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL).?, que transcribe el revisionista, pues no demostr� en forma fehaciente que el bien ya no pertenec�a al deudor en el juicio natural, dada la incertidumbre de la fecha contenida en el contrato por �l exhibido, sin que baste que sus testigos en la audiencia constitucional indicaran que �l es el actual propietario y que conocen los inmuebles que se describen en el mismo (f. 8), pues al margen de que la testimonial es ineficaz para demostrar el derecho de propiedad, el testigo R.S.S., expres� como raz�n de su dicho, que supo lo que declar� por ser camarada del oferente y lo ha invitado a tomarse unas cervezas y una carne asada, cada quince d�as o cada mes; Mar�a G.J.H.A., que conoce las propiedades porque seguido ha ido a la presa y cuando pasa por ah� en ocasiones ha saludado al ingeniero T.C.; y Y.S.S., dijo que conoce los dos terrenos porque su pap� ten�a un taller y conoci� al ingeniero J.T.C.. Lo que es insuficiente para concederles valor a sus atestados, pues los deponentes no especifican la forma y t�rminos en que el ahora recurrente adquiri� los inmuebles.-Lo manifestado por los testigos del revisionista tambi�n son ineficaces para demostrar la posesi�n de los inmuebles, pues aunque expresaron que los posee, de la raz�n de sus dichos solamente se desprende que lo han encontrado dentro de los mismos, pero no que ejerza un poder de hecho continuo y en concepto de due�o, y ni siquiera la fecha de su detentaci�n, pues el inconforme se concret� a preguntarles si sab�an qui�n es el actual propietario y poseedor de los dos inmuebles materia de la controversia.-En lo tocante a la inspecci�n ocular desahogada en el juicio de garant�as, una prueba de esa naturaleza no es bastante para acreditar el hecho de la posesi�n de un inmueble, como lo establece la tesis de jurisprudencia de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparece publicada en la p�gina 262, del T.V., �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, del rubro: ?POSESI�N. PRUEBA, INSPECCI�N JUDICIAL NO ES BASTANTE.?.-En estas condiciones, no ocasion�ndole agravio al quejoso la sentencia recurrida, procede confirmarla en sus t�rminos.

Por su parte el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con sede en esa misma ciudad de Monterrey, Nuevo Le�n, al emitir sus resoluciones en fechas diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis; veintisiete de enero y diecisiete de febrero, ambas del a�o de mil novecientos noventa y siete, en los tocas de revisi�n n�meros: 390/96, 396/96 y 437/96, respectivamente; en la parte que interesa sostuvo el criterio siguiente:

TERCERO.-Son fundados, en lo esencial, los agravios que anteceden.-En el caso, el Juez de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n V, de la Ley de Amparo, fundamentalmente, porque de la escritura p�blica 20046, de trece de junio de mil novecientos ochenta y ocho, pasada ante la fe del notario p�blico 62, que ofreci� como prueba la quejosa, s�lo se advierte la celebraci�n de una compraventa de un bien inmueble, celebrada entre R.T.P., en representaci�n de Provivienda, Sociedad An�nima, como vendedora, y L.M.S. y su esposa G.I.D. de Mu�oz, como compradores, pero que de manera alguna tiene valor probatorio para acreditar el inter�s jur�dico o la propiedad o posesi�n por parte de la quejosa; y en cuanto a los originales de diversos recibos de consumo en energ�a el�ctrica, a nombre de L.G.G., s�lo acreditan la prestaci�n de tal servicio por parte de la Comisi�n Federal de Electricidad, en el domicilio que se indica, m�xime que no est�n expedidos a nombre de la quejosa; y respecto del contrato privado de compraventa de veinte de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, celebrado entre L.M.S. y C.G.I.D., como vendedores, y A.C.G.G., como compradora, carece de eficacia probatoria para el fin que se pretende porque s�lo produce efectos entre las partes que lo suscriben, pero no contra terceros, ?en raz�n de ser un documento privado y que carece de fecha cierta, al no haber sido presentado nunca ante ning�n funcionario p�blico, y a mayor abundamiento, tal instrumento no se encuentra corroborado con otros datos ciertos y contundentes que justifiquen la posesi�n del inmueble en una forma fehacientemente, y as� tener una certeza (de) que el acto de autoridad afecta el inter�s jur�dico de A.C.G.G., pues tal instrumento, que es obra �nicamente de las partes, las que incluso pueden ponerse de acuerdo para antedatar o estampar una fecha posterior a la verdadera y por tanto no puede refutarse como cierta?, criterio este, que su autor apoya en la tesis de jurisprudencia n�mero 697, visible en la p�gina 1160, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte, S. y Tesis, que dice: ?DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA.-Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro P�blico, o ante un funcionario en raz�n de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes.?, y quinta tesis relacionada, visible en la p�gina 1162, del citado Ap�ndice, rubro: ?DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE TERCEROS, VALOR PROBATORIO DE LOS.?.-Sostiene la recurrente, en lo esencial, que el Juez de Distrito, para tomar su determinaci�n se sustituye a los intereses de las partes en el juicio constitucional, ?en vista de que realiz� observaciones legales a las pruebas en cuanto a su eficacia probatoria, que fueron del desinter�s de las partes del juicio de amparo, como lo son las autoridades responsables y los perjudicados, como lo es la incertidumbre en la fecha de la celebraci�n de la compraventa contenida en el documento privado que acompa�� como prueba, y que el documento proven�a de un tercero, lo que tambi�n le restaba eficacia jur�dica, lo que le fue suficiente para considerar con el mismo la lesi�n constitucional y consecuentemente mi inter�s jur�dico en el conflicto, pasando por inadvertido el Juez de amparo, que el documento aludido en primer t�rmino re�ne todos los requisitos legales de una operaci�n de compraventa por haber sido perfecta en los t�rminos de los art�culos 2142 y 2143 del C�digo Civil vigente en la entidad ...?.-Tales argumentos son justificados y suficientes para desvirtuar las consideraciones expuestas por el Juez de Distrito, que lo llevaron a sobreseer en el juicio de garant�as, por la causal prevista en el art�culo 73, fracci�n V, de la Ley de Amparo, al estimar que no se afectan los intereses jur�dicos de la quejosa. En el caso, el examen de las constancias de autos revela que, tal como lo sostiene en sus agravios, no fue objetado por ninguna de las partes, en el juicio constitucional, el contrato privado de compraventa en que apoya su acci�n de amparo. As�, debe estarse a la regla que respecto de los documentos de esa especie establece el art�culo 203 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, en tanto se�ala que el documento proveniente de un tercero s�lo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con �l y contra su colitigante cuando �ste no lo objeta, y de ah� que no operando, en el caso, la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito, debe revocarse la sentencia de sobreseimiento impugnada y examinar el fondo del amparo.-La quejosa expresa los siguientes conceptos de violaci�n: ?Las responsables con los actos que se les reclaman cometen en mi perjuicio la violaci�n de los preceptos constitucionales se�alados oportunamente cuyo texto y alcance es justamente conocido por esa autoridad encomendada por nuestra Carta Magna de salvaguardar el respeto de nuestras garant�as individuales por nuestras autoridades, en vista de que estoy siendo molestada en mis propiedades y derechos por las responsables sin haberse cumplido en forma previa con las formalidades que se�ala la ley de la materia al efecto, en vista de que el art�culo 1392 del C�digo de Comercio en vigor, se�ala que trat�ndose de juicios ejecutivos mercantiles, al requerirse al deudor de pago y de no hacerlo, se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda y costas, los que deber�n ser de su propiedad, as� como se me pretende privar de mis derechos de propiedad al establecer sobre los mismos embargos que garantizan deudas que yo jam�s contraje, sino que los posibles adeudos ser�an de los anteriores propietarios del inmueble, se�al�ndole que tales personas aprovechando que el inmueble a�n se encontraba registrado a su nombre en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, utilizaron tal circunstancia, para dar el inmueble en garant�a de pr�stamos de dinero, y tales grav�menes, me est�n impidiendo gozar y disponer plenamente de tal inmueble, circunstancias correspondientes a mi derecho de propiedad sobre el mismo, conforme al art�culo 830 del C�digo Civil estatal; no es suficiente el hecho de que se encuentren inscritos los citados grav�menes en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio en la inscripci�n correspondiente a la antecedente de la propiedad que me vendieron pues dicho embargo s�lo puede ser eficaz cuando recae en bienes que corresponden al demandado y el hecho de que mi compraventa no se haya registrado no es suficiente para que los acreedores de mis vendedores tengan derecho a secuestrar lo que ha salido del patrimonio de �ste por lo que carecen de validez los embargos aludidos. ?EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR. ILEGALIDAD DEL.-El embargo s�lo puede ser eficaz cuando recae en bienes que corresponden al demandado, y no es jur�dico que por no haberse inscrito oportunamente la compraventa, el acreedor del vendedor tenga derecho a secuestrar lo que ha salido del patrimonio de �ste.?. ?EMBARGO, DEBE RECAER SOBRE BIENES DEL DEUDOR (REGISTRO P�BLICO).-Sin necesidad de negar la posibilidad de que un embargo registrado confiera derechos reales en favor del ejecutante, es indispensable considerar que tal cosa sucede cuando dicho embargo recae sobre bienes del ejecutado, caso en que la carga impuesta sobre el bien secuestrado sigue a �ste y prevalece a pesar de una transmisi�n posterior de la propiedad en forma de que el adquirente queda obligado a responder de las consecuencias de la deuda; pero nada de esto sucede si, al practicarse el embargo, el bien ha salido ya del patrimonio del ejecutado, pues entonces no solamente no prevalecen los derechos del embargante sobre los del adquirente, sino que carece de validez el embargo. En efecto, todo mandamiento de ejecuci�n descansa sobre el supuesto de que debe realizarse en bienes del deudor, y no en bienes ajenos. Si existe prueba de que el deudor ha transferido el bien a un tercero, �ste est� capacitado para ejercer la acci�n de dominio para recuperar lo que es suyo. No es eficaz para destruir su acci�n, una excepci�n de preferencia de derechos del embargante, en primer lugar, porque lo que se discute no es una cuesti�n de preferencia, sino de dominio, y, en segundo lugar, porque la excepci�n se apoya en un acto carente de validez jur�dica, en cuanto que al embargarse en la especie, se ha desobedecido el mandamiento de ejecuci�n, que en manera alguna puede afectar derechos y bienes que no le pertenecen; y no es pertinente afirmar, como lo hace la responsable, que la compraventa no puede producir perjuicios al embargante, porque su registro se hizo con posterioridad al secuestro, pues la preferencia que la ley establece respecto de las inscripciones en el Registro P�blico, se refiere s�lo a acreedores con iguales derechos, esto es, con derechos reales, y si bien el embargo limita el derecho de propiedad, tal limitaci�n no puede oponerse a quien invoca el dominio, adquirido de manera indudable, con anterioridad al secuestro; y no se establece para el simple acreedor quirografario, como lo es el ejecutante en este caso, esa preferencia.?. CUARTO.-Los conceptos de violaci�n que anteceden son fundados.-En efecto, la certificaci�n de constancias, que el Juez Quinto de lo Civil de esta ciudad, adjunt� a su informe justificado, con el valor probatorio pleno que les corresponde, en t�rminos de los art�culos 129 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, acredita que ante dicha autoridad, J.R.�os R.�guez, como endosatario en procuraci�n de Asfaltex, Sociedad An�nima de Capital Variable, promovi� juicio ejecutivo mercantil en contra de L.M.S., form�ndose al efecto el expediente n�mero 3392/95.-Las propias constancias demuestran que en cumplimiento del auto de exequendo dictado en dicho juicio, mediante diligencia practicada el tres de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, el actuario adscrito al citado Juez responsable trab� embargo sobre el siguiente bien: ?Los derechos de propiedad que le corresponden al demandado sobre el siguiente bien inmueble consistente en un lote de terreno marcado con el No. 31 de la manzana No. 89 del Fraccionamiento Villas de Oriente ubicado en el Municipio de San Nicol�s de los Garza, N.L., juntamente con sus mejoras en �l construidas, consistentes en la finca marcada con el No. 1115 de la Avenida Fundidores del citadofraccionamiento, as� como sus accesiones, construcciones, derechos y servidumbres que le correspondan, inmueble que se encuentra inscrito ante el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 2687, volumen 46, libro 54, secci�n propiedad, U.S.N.�s, de fecha 18 de mayo de 1989.? (fs. 65).-Se acredita tambi�n, a trav�s de las mismas constancias, el car�cter de tercero extra�o de la quejosa, al citado procedimiento, puesto que �ste no se enderez� en su contra, sino de diversa persona.-Ahora bien, para demostrar los derechos de propiedad y posesi�n que dice corresponderle sobre el inmueble descrito en su demanda de garant�as, mismo que coincide con el que fue objeto de la traba, en cuanto a su ubicaci�n, n�mero de manzana, y datos registrables, la quejosa alleg� los siguientes documentos: contrato privado de compraventa, de veinte de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, celebrado entre L.M.S. y C.G.I.D. de Mu�oz, como vendedores y A.C.G.G. como compradora, respecto del siguiente inmueble: ?lote de terreno marcado con el n�mero 31 treinta y uno de la manzana n�mero 89 ochenta y nueve, del Fraccionamiento Villas de Oriente, ubicado en San Nicol�s de los Garza, Nuevo Le�n, el cual tiene una superficie de 131.25 M2. (ciento treinta y un metros cuadrados veinticinco dec�metros de metro cuadrado), y las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 7.50 siete metros cincuenta cent�metros a lindar con el lote n�mero 16; al sur mide 7.50 siete metros cincuenta cent�metros a dar frente a la Avenida Fundidores, al oriente mide 17.50 diecisiete metros cincuenta cent�metros a lindar con el lote 30; y al poniente mide 17.50 diecisiete metros cincuenta cent�metros a lindar con el lote No. 32. La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles: al norte R�o Guadalquivir; al sur, Avenida Fundidores; al oriente, R�o P.; y al poniente R�o Grande. Dicho inmueble tiene como mejoras la finca marcada con el n�mero 1115 de la Avenida Fundidores del citado fraccionamiento; inscrita en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 2687, volumen 46, libro 54, secci�n propiedad, U.S.N.�s registrada en fecha 18 de mayo de 1989.? (fs. 7 y 8); escritura p�blica n�mero 20046, del trece de junio de mil novecientos ochenta y ocho, celebrada ante el licenciado J.M.G.�a G.�a, notario p�blico suplente, adscrito a la Notar�a P�blica N�mero 62, con ejercicio en San Pedro Garza G.�a, Nuevo Le�n, entre el licenciado R.�n R.T.P., en representaci�n de ?Provivienda?, Sociedad An�nima de Capital Variable, como vendedora y L.M.S., como comprador, en relaci�n al inmueble antes descrito (fs. 19 a 31) y certificado de grav�menes, atinente al mismo bien ra�z, expedido el veintid�s de mayo de mil novecientos noventa y seis, por el registrador p�blico de la Propiedad y del Comercio, de esta ciudad, respecto al gravamen que acusa el propio inmueble, con motivo del procedimiento judicial al que alude la quejosa.-Las constancias descritas permiten establecer que el veinte de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, la quejosa, A.C.G.G., celebr� contrato de compraventa con L.M.S. y C.G.I.D. de Mu�oz, el primero de estos demandados en el juicio del que emana el acto reclamado, respecto de un lote de terreno, descrito anteriormente, el que a su vez adquiri� dicho demandado, seg�n escritura p�blica, de que ya se hizo menci�n, el trece de junio del indicado a�o, de la persona moral denominada ?Provivienda?, Sociedad An�nima de Capital Variable.-Precisado lo anterior, y en atenci�n a que de las constancias previamente se�aladas se desprende, como ya se dijo, que la quejosa es tercera extra�a al juicio ejecutivo mercantil del que emanan los actos reclamados, es obvio que la actuaci�n de la autoridad civil responsable es violatoria de las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica tuteladas por los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Es as�, porque a trav�s de dichos actos se le molesta en sus derechos de propiedad y posesi�n del inmueble indicado, espec�ficamente en cuanto a que el tres de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, se trab� embargo sobre el bien inscrito bajo el n�mero 2687, volumen 46, libro 54, secci�n propiedad, U.S.N.�s de los Garza, Nuevo Le�n, de fecha dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, consistente en el lote de terreno n�mero 31, de la manzana 89, fraccionamiento Villas de Oriente, ubicado en el Municipio de San Nicol�s de los Garza, Nuevo Le�n, adquirido por la impetrante mediante contrato de compraventa celebrado el veinte de agosto de mil novecientos ochenta y ocho.-En esas circunstancias, es inconcuso que el embargo trabado sobre el bien inmueble motivo de la litis, es ilegal, toda vez que para que cuando �ste se efectu�, que lo fue el tres de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, es decir, con posterioridad a la fecha en que la quejosa lo adquiri� mediante el contrato de compraventa antes aludido, dicho bien ya hab�a salido del patrimonio de los demandados, de lo que resulta la ilegalidad del embargo, en tanto �ste suele ser eficaz, cuando recae en bienes que corresponden al demandado, acorde con el criterio jurisprudencial n�mero 540, visible en la p�gina 386, del Tomo IV, Materia Civil, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, 1917-1995, que dice: ?EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR. ILEGALIDAD DEL.-El embargo s�lo puede ser eficaz cuando recae en bienes que corresponden al demandado, y no es jur�dico que por no haberse inscrito oportunamente la compraventa, el acreedor del vendedor tenga derecho a secuestrar lo que ha salido del patrimonio de �ste.?, siendo ilustrativa adem�s, al caso, la jurisprudencia n�mero 242, consultable en la misma obra oficial en la p�gina 165, surgida de la contradicci�n de tesis n�mero 7/94, del tenor siguiente: ?EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACI�N DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL).-De conformidad con lo dispuesto en el c�digo sustantivo civil del Estado de Durango, la falta de registro del documento traslativo de la propiedad ocasiona que el derecho respectivo no sea oponible frente a terceros. No obstante lo anterior, el acreedor quirografario no tiene un derecho real, ni poder directo e inmediato sobre la cosa; el embargo, aun cuando se encuentre registrado no puede ser oponible a quienes adquirieron con anterioridad la propiedad del bien. Luego entonces, dado que el mandamiento de ejecuci�n debe recaer en bienes del deudor, es de establecerse que una vez demostrado fehacientemente que el bien ya no pertenec�a al deudor, el embargo registrado sobre este bien con posterioridad al acto traslativo de la propiedad, es ilegal, por m�s que no se encuentre inscrito a nombre del nuevo propietario, de cuya omisi�n no puede prevalerse el acreedor quirografario.?.-En consecuencia, es procedente conceder a A.C.G.G., el amparo y protecci�n de la Justicia Federal para el efecto de que el Juez Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente el embargo decretado mediante diligencia actuarial de tres de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, �nicamente respecto del lote de terreno inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, bajo el n�mero 2687, volumen 46, libro 54, secci�n propiedad, U.S.N.�s, que fue adquirido mediante contrato de compraventa celebrado el veinte de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, ya que la amparista acredit� la posesi�n del bien inmueble en comento, protecci�n que se hace extensiva al actuario adscrito al citado �rgano jurisdiccional y registrador P�blico de la Propiedad y del Comercio, de esta ciudad.-Consecuentemente, se resuelve: PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.-La Justicia de la Uni�n ampara y protege a A.C.G.G. contra los actos que reclama del Juez Quinto de lo Civil de esta ciudad y otras autoridades, actos que se precisan en el resultando �nico de esta ejecutoria.

CUARTO

Cabe hacer la aclaraci�n que para integrar una contradicci�n de tesis, cuando menos formalmente, debe existir oposici�n sobre las cuestiones jur�dicas sometidas a debate, misma que debe recaer sobre la esencia o sustancia de la tem�tica sujeta a discusi�n y no solamente sobre aspectos accidentales o secundarios contenidos en las consideraciones en las que se sustentan las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero ambos del Cuarto Circuito, en los juicios y recursos ya anunciados.

De lo que se colige, que ser� la naturaleza de la problem�tica o situaci�n jur�dica planteada la que determine si en el caso, existe o no materialmente, una contradicci�n de tesis que requiera de la decisi�n o del pronunciamiento por parte de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a fin de definir el criterio que deber� prevalecer con car�cter de jurisprudencia sobre la contradicci�n denunciada. Es aplicable a esta consideraci�n lo sustentado por este Supremo Tribunal en la tesis visible en la p�gina 120, T.V., Octava �poca, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, la que en su literalidad establece:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Bajo ese contexto, a juicio de esta Primera Sala en esta denuncia se actualizan los requisitos que configuran a una contradicci�n de tesis, pues en principio, se advierte con meridiana claridad que en las posiciones asumidas por los tribunales contendientes se adoptaron criterios contrarios en relaci�n con los mismos elementos de juicio sobre una cuesti�n o tem�tica jur�dica esencialmente similar, aplicando en sus ejecutorias consideraciones, razonamientos, argumentaciones e interpretaciones jur�dicas que en lo esencial fueron discrepantes al pronunciarse sobre los asuntos sometidos a su potestad jurisdiccional.

As� encontramos, que el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en fecha dos de abril de mil novecientos noventa y siete, al resolver el toca de revisi�n 487/96, relativo al amparo indirecto promovido por el licenciado J.M.N.G., se pronunci� en la parte que interesa, en los t�rminos siguientes:

  1. Que el contrato privado de compraventa exhibido por la parte quejosa para acreditar su inter�s jur�dico en ese juicio de garant�as, carece de eficacia legal, en raz�n de que s�lo produce efectos entre las partes que lo suscriben pero no as� en relaci�n con terceros de quienes no procede, conforme a lo dispuesto por el art�culo 203 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, puesto que, al tratarse de un documento de car�cter privado carece de fecha cierta por no haber sido celebrado ante ning�n fedatario p�blico ni haberse inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad del lugar.

    Conviene destacar al respecto, que el quejoso present� el original de ese contrato ante notario p�blico, el d�a primero de agosto de mil novecientos noventa y seis; esto es, en fecha posterior a la celebraci�n de la diligencia de embargo controvertida y que fue desahogada en el juicio ejecutivo mercantil n�mero 2418/93, del cual proviene este juicio de garant�as; siendo pertinente aclarar que esa presentaci�n ante fedatario p�blico obedeci� a la necesidad de certificar su originalidad, m�s no para que las partes contratantes, ratificar�n el acto traslativo de dominio ah� contenido.

  2. Que las pruebas ofrecidas en el juicio natural por el quejoso para acreditar derechos posesorios sobre el inmueble controvertido, no fueron suficientes para demostrar su existencia al momento y dejar sin efectos la diligencia de embargo desahogada el veintitr�s de agosto de mil novecientos noventa y tres; por tanto, no es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia n�mero 22/94, de rubro: "EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACI�N DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL).", ya que para ello, requer�a que se hubiese acreditado fehacientemente que el inmueble motivo de controversia hab�a dejado de pertenecer al patrimonio del demandado, lo que en la especie no aconteci�.

  3. Asimismo, este �rgano colegiado determin� que es procedente confirmar en esa instancia procesal el sobreseimiento decretado por el juzgador a quo en la sentencia recurrida, quien hab�a estimado que en el caso se hab�a actualizado la causal de improcedencia de falta de inter�s jur�dico del quejoso en t�rminos de lo dispuesto en la fracci�n V, del art�culo 73, de la Ley de Amparo, al no haber acreditado en autos ser el propietario del inmueble embargado, el cual fue adjudicado a la actora en el juicio natural del que proviene; puesto que, el citado contrato privado de compraventa no se encontraba inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad del lugar de su ubicaci�n, como as� lo exige, el art�culo 2894 fracci�n I, del C�digo Civil vigente en esa entidad federativa; consecuentemente, al no haber existido esa anotaci�n registral, este contrato privado s�lo produce efectos entre quienes lo suscribieron, mas no puede ni debe causar perjuicios a terceros que no intervinieron en su celebraci�n, en base tambi�n a lo dispuesto en el numeral 2895 de ese mismo ordenamiento sustantivo civil. Cobrando vigencia lo que al respecto establece la tesis de jurisprudencia n�mero 131, sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible a foja 379, del Volumen IV, Segunda Parte, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, de rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS." y "DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE TERCEROS, VALOR PROBATORIO DE LOS." (las transcribe).

    Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado de ese mismo circuito, al resolver los diversos recursos de revisi�n n�meros: 396/96, relativo al juicio de amparo indirecto promovido por Asfaltex, Sociedad An�nima, interpuesto por la tercera perjudicada A.C.G.G.; 390/96, correspondiente al juicio de amparo indirecto, promovido por M.F.A., interpuesto por el tercero perjudicado Inmobiliaria Cerro de la Silla, Sociedad An�nima de Capital Variable; y finalmente, el 437/96, correspondiente al amparo indirecto promovido por A.L.S., en relaci�n con el tema controvertido, en lo conducente, se�ala (nota: se omite transcribir la totalidad de las ejecutorias citadas, al considerarse por esta Primera Sala que para los fines que se persiguen, es suficiente la parte considerativa de la sentencia dictada en el recurso de revisi�n n�mero 396/96, de fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventa y siete):

  4. Que la quejosa al haber ofrecido como pruebas el contrato privado de compraventa celebrado el veinte de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, entre L.M.S. y C.G.I.D. de Mu�oz, como parte vendedora y A.C.G.G., como adquirente, respecto del inmueble marcado con el n�mero de lote treinta y uno, ubicado en la manzana n�mero ochenta y nueve, con superficie de 131.25 metros cuadrados, del fraccionamiento Villas de Oriente, ubicado en San Nicol�s de los Garza, Nuevo Le�n; inmueble cuyo antecedente consta que se encontraba inscrito a nombre de los vendedores antes citados en el Registro P�blico de la Propiedad del lugar, con el n�mero de escritura p�blica 20046, expedida el trece de junio de mil novecientos ochenta y ocho por el notario suplente de la Notar�a P�blica N�mero 62, de esa misma demarcaci�n territorial; as� como tambi�n, el certificado de gravamen expedido por el registrador P�blico de la Propiedad y del Comercio de fecha veintid�s de mayo de mil novecientos noventa y seis, respecto de este inmueble motivo de controversia en el juicio natural; demostr� fehacientemente en autos que su contrato privado de compraventa se hab�a celebrado con anterioridad a la fecha en que fue diligenciado el embargo practicado en esa controversia mercantil, esto es, cuando el inmueble cuestionado ya no pertenec�a al patrimonio de la parte demandada.

  5. Con base a lo anterior, este �rgano colegiado determin� en esa instancia procesal que el quejoso si hab�a acreditado mediante ese contrato privado de compraventa tener, en su calidad de tercero extra�o al juicio, derechos sobre ese inmueble y por ende, inter�s jur�dico para acudir en demanda de protecci�n de la Justicia Federal, dado el perjuicio sufrido en su esfera jur�dica derivado del acto reclamado; sustentando ese criterio en la tesis de jurisprudencia n�mero 540, visible a foja 386, del Tomo IV, Materia Civil, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, de rubro: "EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, ILEGALIDAD DEL." (la transcribe), por lo que, revoc� el sobreseimiento decretado por el juzgador federal a quo y concedi� el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n solicitado.

QUINTO

El an�lisis de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes nos revela la contradicci�n de tesis denunciada, en raz�n, de que mientras el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito sostiene esencialmente que en t�rminos de los art�culos 203 y 205 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, el contrato privado de compraventa cuya celebraci�n no se hubiese llevado a cabo ante fedatario p�blico, ni tampoco que se encuentre inscrito ante el Registro P�blico de la Propiedad del lugar de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2894 del C�digo Civil vigente en esa entidad federativa, es un documento de fecha incierta, por tanto, carece de eficacia para acreditar el inter�s jur�dico del quejoso en un juicio de garant�as, puesto que, s�lo produce efectos entre las partes que lo suscriben mas no contra terceros que no intervinieron en el acto. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado de ese mismo circuito, estima que en tales casos debe estarse a lo dispuesto por el art�culo 203 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de que un documento privado proveniente de un tercero s�lo hace prueba en favor de la parte que desea beneficiarse con �l y contra su colitigante cuando �ste no lo objeta en el juicio; por tanto, el documento privado en el que conste la existencia de un acto traslativo de dominio que no hubiese sido objetado por su contraparte durante el desarrollo de la secuela procesal, debe ser considerado suficiente para tener por legitimado al quejoso en un juicio de amparo.

Como es de advertirse en tales criterios, se aprecia la existencia de la contradicci�n entre losustentado por ambos tribunales contendientes; en consecuencia, procede que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se aboque al examen y dirima el criterio que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia en esta controversia jur�dica de conformidad a lo dispuesto por el art�culo 197-A de la Ley de Amparo.

No constituye obst�culo alguno, el hecho de que los criterios sustentados por ambos Tribunales Colegiados no se encuentren contenidos o consten en la forma tradicional de una tesis o que constituyan jurisprudencias, en raz�n de que del contenido de los art�culos 107 constitucional, fracci�n XIII, p�rrafos primero y tercero, y 197-A de la Ley de Amparo, los cuales establecen las bases y procedimientos a seguir en estos casos, no se desprende la exigencia de formalidad alguna para dirimir una contradicci�n de criterios, siendo aplicable a esta consideraci�n la tesis de jurisprudencia n�mero 187, de la anterior Tercera Sala, visible a foja 127, del T.V., Octava �poca, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que en su literalidad establece:

CONTRADICCI�N. PROCEDE LA DENUNCIA CUANDO EXISTEN TESIS OPUESTAS. SIN QUE SE REQUIERA QUE SEAN JURISPRUDENCIA.-Es inexacto que la denuncia de contradicci�n de tesis sea improcedente cuando las tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, sobre una misma cuesti�n, en la materia de su exclusiva competencia, no constituyan jurisprudencia, ya que, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafos primero y tercero, de la Constituci�n General de la Rep�blica y 195 bis de la Ley de Amparo, para que dicha denuncia proceda, s�lo se requiere, trat�ndose de Tribunales Colegiados de Circuito, que �stos sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pero no que las tesis denunciadas constituyan jurisprudencia.

SEXTO

Precisado lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n coincide con el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en atenci�n a las consideraciones siguientes:

Es verdad, que un documento privado de compraventa surte sus plenos efectos legales cuando re�ne los requisitos establecidos en los art�culos 2142 y 2143 del C�digo Civil del Estado de Nuevo Le�n, los cuales son del tenor literal siguiente:

"Art�culo 2142. Habr� compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero.

"Art�culo 2143. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho.

As� como tambi�n, cuando �ste observa en su contenido lo dispuesto por los art�culos 203 y 205 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles; numerales en los que se hace alusi�n al valor probatorio de los documentos privados en una controversia judicial de esta �ndole, al se�alar textualmente lo siguiente:

"Art�culo 203. El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en �l, s�lo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero s�lo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con �l y contra su colitigante, cuando �ste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. ..."

"Art�culo 205. Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado suscrito, no objeta, dentro del t�rmino se�alado por el art�culo 142, que la suscripci�n o la fecha haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido puesta por el que aparece como suscriptor, si �ste es un tercero, se tendr�n la subscripci�n y la fecha, por reconocidas. En caso contrario, la verdad de la suscripci�n y de la fecha debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, de conformidad con los cap�tulos anteriores.

Si la suscripci�n o la fecha est� certificada por notario o por cualquiera otro funcionario revestido de la fe p�blica, tendr� el mismo valor que un documento p�blico indubitado.

Sin embargo, es necesario destacar que el valor probatorio que debe otorgarse en un juicio a los documentos privados no objetados, pierden vigencia cuando �stos provienen de terceros y en ellos se consignan contratos o actos traslativos de dominio, los cuales para surtir plenos efectos probatorios requieren que sean de fecha cierta, como as� lo ha sustentado en reiteradas ocasiones este Supremo Tribunal en diversas ejecutorias que integran jurisprudencia; lo que significa, que la falta de objeci�n de esta clase de documentos en una contienda constitucional no puede ni debe generar valor probatorio del que carecen de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 2894 fracci�n I y 2895 del C�digo Civil de Nuevo Le�n; numerales que a su letra dicen:

"Art�culo 2894. Se inscribir�n en el registro:

"I. Los t�tulos por los cuales se adquiere, transmite, modifica, grava o extingue el dominio, la posesi�n o los dem�s derechos reales sobre inmuebles; ..."

Art�culo 2895. Los documentos que conforme a esta ley deben registrarse y no se registren, s�lo producir�n efectos entre quienes los otorguen; pero no podr�n producir perjuicios a tercero, el cual s� podr� aprovecharlos en cuanto le fueren favorables.

Siendo aplicable adem�s, la tesis publicada en la p�gina 29, Volumen CVII, Cuarta Parte, Sexta �poca, Materia Com�n, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que en su literalidad establece:

"DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE TERCEROS, VALOR PROBATORIO DE LOS.-Los documentos simples provenientes de tercero, no objetados por la parte a quien perjudiquen, hacen prueba plena, con excepci�n de aquellos documentos que consignen contratos o actos traslativos de dominio, los cuales, para tener eficacia, es necesario que sean de fecha cierta."

De lo que se deduce, que estando en presencia de documentos privados que consignan actos traslativos de dominio, es requisito indispensable para que surtan efectos contra terceros que consten en escritura expedida por fedatario p�blico, que se encuentren inscritos en el Registro P�blico de la Propiedad del lugar de su ubicaci�n, o bien que hubiese fallecido alguno de los firmantes, lo que significa a contrario sensu que el documento privado no registrado en la oficina p�blica citada, s�lo podr� generar efectos entre las partes contratantes, mas no obliga, ni produce consecuencia legal alguna a terceros que no hubiesen intervenido en la celebraci�n de ese acto jur�dico y reclamen alg�n derecho sobre el bien de que se trate.

Ahora bien, conviene recordar que el Registro P�blico de la Propiedad nace como producto de las necesidades de la vida cotidiana para evitar que las transmisiones y grav�menes relativos a bienes inmuebles se efect�en en forma clandestina y se vea afectada o disminuida notablemente la estabilidad y seguridad que debe caracterizar a los actos traslativos de esta clase de bienes; y ante la necesidad de ponerlos jur�dicamente en circulaci�n, surge como requisito indispensable la intervenci�n del poder p�blico a fin de que sea el encargado de organizar su funcionamiento.

Este registro en su car�cter de oficina p�blica, tiene como objetivo principal el dar a conocer cual es la situaci�n jur�dica que guardan los bienes en �l inscritos, principalmente, los inmuebles, para que toda persona que tenga inter�s de efectuar una operaci�n con relaci�n a ellos, conozca la verdadera situaci�n que guarda el bien aludido, como lo es: saber qui�n es el propietario, cu�l o cu�les son los grav�menes adquiridos, la superficie legal con que cuenta y se pretende adquirir, y dem�s datos de identificaci�n que le proporcionen seguridad y plena garant�a sobre la legalidad de la transacci�n que se pretenda efectuar.

En nuestro sistema legal, es preciso destacar que el Registro P�blico de la Propiedad no genera por s� mismo, la situaci�n jur�dica a la que da publicidad, esto es, no constituye la causa jur�dica de su nacimiento, ni tampoco es el t�tulo del derecho inscrito, sino que se limita por regla general, a declarar, a ser "un reflejo", de un derecho nacido extraregistralmente mediante un acto jur�dico que fue celebrado con anterioridad por las partes contratantes, y la causa o t�tulo del derecho generado, es lo que realmente se inscribe o se asienta en la anotaci�n relativa con la finalidad de hacerlo del conocimiento de terceros, declar�ndolo as�, para que sean conocidos por quienes acudan a consultar sus folios y adquieran certeza jur�dica del Estado que guardan los bienes sobre los que muestra inter�s.

Es por ello, que los actos o contratos que en t�rminos del art�culo 3007 del C�digo Civil para el Distrito Federal y su similar del Estado de Nuevo Le�n, deban ser registrados y se omita su inscripci�n, no pueden ni deben perjudicar o causar efectos negativos en contra de terceros; y si este numeral tampoco establece que esos actos, se encuentran afectos de nulidad, es porque, desde luego, �stos existen y deben de ser considerados jur�dicamente v�lidos.

En efecto, todo tercero no puede ni debe sufrir perjuicio alguno a causa de derechos clandestinos, pues la seguridad derivada de la transmisi�n de dominio mediante cualesquiera de las formas admitidas por la ley, constituye sin duda, uno de los pilares de la econom�a moderna, pues admitirse lo contrario, ser�a estar aceptando y contribuir al deterioro y entorpecimiento, de esta clase de transacciones jur�dicas.

Por las razones aludidas, es por lo que en nuestro Registro P�blico de la Propiedad, cuyos antecedentes se remontan a las leyes hipotecarias espa�olas de los a�os de mil ochocientos sesenta y uno y de mil novecientos cuarenta y seis, existen seg�n lo se�ala la doctrina mexicana, una serie de principios fundamentales, los cuales en resumen consisten en los siguientes:

El de publicidad, conforme al cual el p�blico adem�s de tener acceso a las inscripciones, tambi�n tiene el derecho de enterarse de su contenido;

El de inscripci�n, por el que los derechos, nacidos extraregistralmente, pueden ser oponibles a terceros;

El de especialidad, que exige determinar en forma precisa el bien o derecho de que se trate;

El de consentimiento, en virtud del cual s�lo puede modificarse una inscripci�n, con la voluntad de la persona titular; y el titular del registro debe consentir la modificaci�n de ese asentamiento;

El de tracto sucesivo, que impide el que un mismo derecho real est� inscrito al mismo tiempo a nombre de dos o m�s personas, a menos que se trate de copropiedad; puesto que toda inscripci�n tiene un antecedente y debe extinguirse para dar lugar a una nueva;

El de rogaci�n, que proh�be al registrador practicar inscripciones de motu proprio, siendo necesario para ello, que quien lo solicite se encuentre legitimado; esto es, debi� de ser parte en el acto o bien tratarse del notario autorizante de la escritura o el Juez del conocimiento;

El de propiedad, que es uno de los pilares del registro, y conforme al cual, ante la existencia de dos t�tulos contradictorios, prevalece el primero que se hubiese inscrito;

El de legalidad, que impide se inscriban en el registro t�tulos contrarios a derecho o irregulares facultando al registrador para calificar estas circunstancias;

El de tercero registral, conforme al cual, para efectos del registro, se entiende por tercero a quien no siendo parte en el acto jur�dico que origin� la inscripci�n, tiene un derecho real sobre el bien inscrito; y finalmente,

El de fe p�blica registral o legitimaci�n registral, cuyo efecto es que se tenga por verdad legal en relaci�n a un derecho real inmobiliario, lo que aparece asentado en el registro p�blico.

Principios todos ellos, que se encuentran contenidos en los art�culos 3001, 3003, 3009, 3010, 3013, 3015, 3030, 3031, 3064 y dem�s aplicables del C�digo Civil para el Distrito Federal y similares del Estado de Nuevo Le�n.

Por tanto, si bien es cierto las inscripciones de inmuebles realizadas en el Registro P�blico de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, tambi�n lo es, que ese registro tiene como finalidad el dar publicidad a un acto traslativo de dominio, evitando as� actos dolosos o fraudulentos en perjuicio de terceros adquirentes de buena fe, lo que significa que se garantiza la legalidad del acto y se da seguridad jur�dica a la ciudadan�a en general que se ve involucrada en la celebraci�n de esta clase de operaciones en las cuales siempre debe de imperar la buena fe de las partes contratantes.

Ahora bien, este Supremo Tribunal ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene a partir del d�a en que se incorpore o se inscriba en un Registro P�blico de la Propiedad, o bien, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario p�blico por raz�n de su oficio, y finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes, de ah�, que si no se dan estos supuestos se estime por esta Primera Sala que es justo y legal que el documento privado que incumpla con esos requisitos no se le otorgue ning�n valor probatorio con relaci�n a terceros; sirviendo de apoyo a esta consideraci�n, lo sustentado en las tesis de jurisprudencia n�mero 237, de la anterior Tercera Sala, localizable a foja 162, del Tomo IV, Materia Civil, Sexta �poca, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que a su letra dice:

DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.-Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro P�blico, o ante un funcionario en raz�n de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes.

As� como tambi�n, lo dispuesto por el art�culo 2034 del C�digo Civil para el Distrito Federal, y su similar 1928 del Estado de Nuevo Le�n, aplicado anal�gicamente, en el cual literalmente se establece:

"Art�culo 2034. La cesi�n de cr�ditos que no sean a la orden o al portador, no produce efectos contra tercero, sino desde que su fecha deba tenerse como cierta, conforme a las reglas siguientes:

"I. Si tiene por objeto un cr�dito que deba inscribirse, desde la fecha de su inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad;

"II. Si se hace en escritura p�blica, desde la fecha de su otorgamiento;

III. Si se trata de un documento privado, desde el d�a en que se incorpore o inscriba en un Registro P�blico; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaren, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario p�blico por raz�n de su oficio.

Por tanto, si un documento privado de compraventa carece de fecha cierta por no reunirse los requisitos a que nos hemos referido en l�neas anteriores, aun en los supuestos de que no hubiese sido objetado por su contraria en el juicio respectivo, ni se hubiesen aportado pruebas que acrediten tener mejor t�tulo sobre la propiedad o posesi�n del bien embargado, es de arribarse a la consideraci�n de que con ellos no se acredita en autos el inter�s jur�dico que debe revestir al quejoso en un juicio de amparo para ser considerado legalmente legitimado para demandar la protecci�n de la Justicia Federal, pues en tal caso, no se demuestra la afectaci�n producida en su esfera jur�dica en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 73, fracci�n V, de la Ley de Amparo.

De las relatadas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo, la tesis que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia es la que se sustenta por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente:

INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.-Si bien en t�rminos del art�culo 203 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en trat�ndose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del d�a en que se celebran ante fedatario p�blico o funcionario autorizado y son inscritos en el Registro P�blico de la Propiedad de su ubicaci�n, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el inter�s jur�dico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisici�n del bien litigioso, garantiz�ndose de esta manera, la legalidad y certeza jur�dica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo adem�s en los art�culos 197-A de la Ley de Amparo, y 21 fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se

resuelve:

PRIMERO

Existe la contradicci�n de tesis denunciada entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados: Segundo y Primero, ambos del Cuarto Circuito, al resolver los amparos en revisi�n n�meros 487/96, 396/96, 437/96 y 390/96, respectivamente.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis precisada en el considerando �ltimo de esta resoluci�n.

TERCERO

Rem�tase copia de la tesis jurisprudencial que se sustenta a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis, para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta; as� como a los dem�s �rganos colegiados a que se refiere la fracci�n III, del art�culo 195, de la Ley de Amparo.

N.�quese y c�mplase; con testimonio de esta resoluci�n comun�quese a los Tribunales Colegiados sustentantes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., O.S.C. de G.�a V., J.N.S.M. y presidente en funciones y ponente J.V.C. y C.. Ausente el se�or M.H.R.P..