Ejecutoria num. 2a./J. 109/99 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828115

Ejecutoria num. 2a./J. 109/99 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 109/99
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 1999
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 48/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS QUE RESUELVAN SOBRE LA NULIDAD DE ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 48/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a seis de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

Vistos, para resolver el expediente n�mero 48/97, relativo a la posible contradicci�n de tesis entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver respectivamente los amparos AD. 57/95 y AD. 67/97.

RESULTANDO:

PRIMERO

Por escrito presentado en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y siete, y remitido el d�a treinta del mismo mes y a�o a la Secretar�a de Acuerdos de la Segunda Sala, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunci� la posible contradicci�n de tesis entre las sustentadas por �ste y el Primer Tribunal de la misma materia y circuito.

Dicho escrito, a la letra dice:

Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesi�n de esta fecha, acord� denunciar la posible contradicci�n de las tesis siguientes: La sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo n�mero 57/95, con el rubro ?ART�CULO 198, F.I., DE LA LEY AGRARIA. SU INTERPRETACI�N.-De conformidad con el art�culo 198, fracci�n III, de la Ley A., el recurso de revisi�n en dicha materia procede contra las sentencias de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre la �nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.�. Ahora bien, una recta interpretaci�n del aludido precepto, permite concluir que, para la procedencia de dicho recurso, la expresi�n �resoluci�n�, no debe entenderse en sentido estricto, es decir, no solamente las resoluciones en sentido formal son las que incluye dicho precepto, sino cualquier decisi�n o acto que provenga de las autoridades agrarias que afecte derechos, por ser ese el esp�ritu que anima al art�culo en comento, pues tal precepto involucra diversas controversias de car�cter agrario cuyos fallos son impugnables mediante el recurso de revisi�n, sin distinguir entre actos o resoluciones, como lo hace la fracci�n I del mismo ordenamiento legal, al referirse a �cuestiones relacionadas con los l�mites de la tenencia de la tierra.�. De no estimarlo as�, �nicamente las decisiones de los Tribunales Unitarios Agrarios ser�an impugnables con base en la mencionada fracci�n, porque s�lo ellos emiten resoluciones de esa categor�a (en sentido formal), con lo cual se desvirtuar�a la intenci�n del legislador, que no fue otra que la de proporcionar a los gobernados mayor oportunidad en su defensa contra los actos de autoridad.?. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Amparo directo 57/95. M.�a C.P.�rez. 13 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: R.�n M. de la Torre. Secretaria: S.I.Y.S.S.. Tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo III, mayo de 1996, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, p�gina 595.-El criterio sustentado por este mismo Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos, en sesi�n de treinta de abril del a�o en curso, el amparo directo 67/97, promovido por J.F.M.R., con el rubro ?RECURSO DE REVISI�N EN MATERIA AGRARIA, NO ES OBLIGATORIO AGOTARLO SI NINGUNO DE LOS ACTOS O DOCUMENTOS CUYA NULIDAD SE IMPUGNA CONSTITUYE PROPIAMENTE UNA RESOLUCI�N.-La exposici�n de motivos que dio origen a la Ley A. permite establecer que no cualquier acto o documento impugnado de nulidad puede ser considerado como una resoluci�n, ya que en el apartado relativo a �P.�n a las tierras ejidales y comunales�, aqu�lla es del tenor literal siguiente: �... La protecci�n no estar�a completa si la iniciativa no estableciera el derecho que asiste a los n�cleos de poblaci�n para obtener la restituci�n de las tierras que les fueron ilegalmente arrebatadas. Este derecho se fortalece con el respaldo del recurso de apelaci�n ante el Tribunal Superior Agrario, ante la eventualidad de que la resoluci�n del Juez de primera instancia sea lesiva a los intereses del n�cleo de poblaci�n ...�. La transcripci�n anterior evidencia que se instituy� el recurso que se menciona con la finalidad de que las partes en el procedimiento respectivo estuvieran en aptitud de impugnar resoluciones del �Juez de primera instancia�, para salvaguardar los intereses de los n�cleos de poblaci�n. Por tanto, aunque equivocadamente el texto se refiere al recurso de apelaci�n, es evidente que ese medio ordinario no se cre� para impugnar cualquier acto, sino exclusivamente resoluciones decisorias de procedimientos tramitados en defensa de los derechos agrarios de n�cleos de poblaci�n. Consecuentemente cuando los actos o documentos cuya nulidad se impugna en el juicio natural no constituyen propiamente una resoluci�n por no haberse realizado pronunciamiento alguno en el que se concluya un procedimiento tramitado en defensa de derechos agrarios de n�cleos de poblaci�n, no se actualiza la hip�tesis prevista por el art�culo 198, fracci�n III, de la Ley A., en el que se establece la procedencia del recurso de revisi�n contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre �la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria�, ni, por ende, la causal de improcedencia establecida en la fracci�n XIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, que alude al principio de definitividad en que descansa el juicio de garant�as.?.-Lo que comunico en cumplimiento al citado acuerdo, y en acatamiento a lo dispuesto por los art�culos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, a efecto de que esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n resuelva lo concerniente. Le remito en ochenta y un fojas �tiles, copia certificada del amparo directo n�mero 67/97, de este tribunal.

SEGUNDO

Por acuerdo de cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete, el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, orden� formar y registrar el expediente de contradicci�n de tesis 48/97, y solicit� al presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito copia certificada de la sentencia dictada en el amparo directo 57/95.

En cumplimiento a lo solicitado el presidente de dicho tribunal, mediante oficio 4176 de tres de septiembre de mil novecientos noventa y siete, remiti� copia certificada de la resoluci�n.

Posteriormente por acuerdo de veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, tuvo por cumplimentada su solicitud, se aboc� al conocimiento del asunto y orden� dar vista al procurador general de la Rep�blica para que por s� o por conducto del agente del Ministerio P�blico, que al efecto designara, expusiera su parecer dentro del plazo de treinta d�as y que se turnara para su estudio al M.S.S.A.A..

El agente del Ministerio P�blico Federal de la adscripci�n, no formul� pedimento alguno en el presente asunto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII de la nueva Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n, el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relaci�n con el punto segundo del Acuerdo Plenario 1/1997, de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, ya que se trata de la denuncia de una posible contradicci�n de tesis que en asuntos de materia agraria sustentaron dos Tribunales Colegiados de Circuito.

SEGUNDO

Por cuanto a los asuntos concretos, se impone transcribir las partes conducentes de las sentencias pronunciadas por los �rganos colegiados de acuerdo con las copias certificadas que obran en autos, se�al�ndose en primer t�rmino el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sustentado en el AD. 57/95 de fecha trece de febrero de mil novecientos noventa y seis, que dice:

SEGUNDO.-La resoluci�n reclamada dice: ?Guadalajara, J., a veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y cinco.-Visto el acuerdo que antecede, de fecha tres de los corrientes, as� como la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en esta ciudad, de fecha seis de diciembre del a�o pr�ximo pasado, en los autos del juicio de amparo directo n�mero 141/94, promovido por M.�a C.P.�rez, en contra de actos de este tribunal agrario, desprendi�ndose de dicha ejecutoria que la Justicia de la Uni�n ampara y protege a M.�a C.P.�rez, en contra del acto reclamado a esta autoridad responsable.-Ahora bien, en acatamiento a la ejecutoria de m�rito, y de conformidad con los art�culos 103 y 107 constitucionales, y art�culo 106 de la Ley de Amparo, se deja insubsistente el acuerdo pronunciado el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro; en virtud de lo anterior y en cumplimiento a los lineamientos expresados en la ejecutoria de referencia, se procede a acordar de nueva cuenta el escrito que suscribe M.�a C. P�rez, recibido por este tribunal agrario el d�a diecis�is de junio del a�o pr�ximo pasado, por medio del cual se advierte que interpone recurso de revisi�n en contra de la sentencia emitida por este �rgano jurisdiccional el diecinueve de abril del pasado a�o. La promovente funda su recurso en los art�culos 198, fracci�n III y 199 de la Ley A., y l9 fracci�n III de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, sin embargo, el propio art�culo 198 establece las hip�tesis en que dicho recurso es procedente y son las siguientes: �I. Cuestiones relacionadas con los l�mites de tierras suscitadas entre dos o m�s n�cleos de poblaci�n con uno o varios peque�os propietarios, sociedades o asociaciones; II. La tramitaci�n de un juicio agrario que reclame la restituci�n de tierras ejidales; o III. La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.�.-Ahora bien en el presente procedimiento la acci�n es la nulidad de actos y documentos, consistentes en el traslado de dominio que solicit� F.A.G.G.�a, en su supuesto car�cter de sucesor preferente de A.C.P.�rez, titular de derechos agrarios, ante el director del Registro Agrario Nacional, misma solicitud que fue declarada procedente por dicho registro; lo anterior no implica en ning�n aspecto la existencia de resoluci�n o resoluciones emitidas por autoridades agrarias. Adem�s la nulidad de la designaci�n de sucesores y su inscripci�n en el Registro Agrario Nacional, no queda comprendida en el tercer supuesto de procedibilidad del recurso de revisi�n, ya que la materia controvertida en estos casos se refiere a una cuesti�n de sucesi�n de derechos ejidales previstos en el art�culo 18 fracci�n VII de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, por lo que se trata de asuntos que compete conocer en �nica instancia a los Tribunales Unitarios Agrarios, sin que proceda recurso alguno contra la sentencia dictada, salvo el juicio de amparo, m�xime si se toma en consideraci�n que los actos de inscripci�n en registros, libros o archivos, como los realizados por el Registro Agrario Nacional, no tienen la naturaleza de resoluciones porque s�lo entra�an un acto de mera anotaci�n con efectos jur�dicos, esto es de constataci�n, verificaci�n de datos y requisitos y puesta la correspondiente inscripci�n.-Por otra parte como se advierte del art�culo 200 de la Ley A., la ley faculta al Tribunal Unitario Agrario para admitir el recurso de revisi�n s�lo si �... se refiere a cualquiera de los supuestos del art�culo 198 y es presentado en tiempo ...�, de otra forma, una sana l�gica de interpretaci�n jur�dica a contrario sensu, lleva a considerar que cuando no se satisface alguno o ambos estos (sic) extremos marcados en el multicitado art�culo 198 como requisitos de procedibilidad del medio de impugnaci�n, el propio Tribunal Unitario tiene facultades para desechar el recurso de revisi�n, sin m�s tr�mite que notificar al recurrente; esto es, sin necesidad de dar vista a las partes interesadas y, menos a�n, de remitir los autos al Tribunal Superior Agrario, sin perjuicio de que el interesado pueda hacer valer sus derechos en el juicio de amparo.-De lo anteriormente expuesto se deduce que el recurso de revisi�n interpuesto por M.�a C.P.�rez, es improcedente, de acuerdo con lo previsto por los art�culos 9o. de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, 57 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria en materia agraria, y 198 de la Ley A., interpretado a contrario sensu, tomando en consideraci�n que la sentencia emitida no se encuentra en ninguna de las hip�tesis previstas en el �ltimo numeral citado.-N.�quese el presente prove�do a M.�a C.P.�rez y F.A.G.G.G.�rese atento oficio a la autoridad de amparo al principio se�alada, haci�ndole saber el debido cumplimiento a la ejecutoria de referencia, para los efectos legales a que haya lugar.-N.�quese personalmente y c�mplase.-As�, lo acord� y firma la licenciada J.L.V., Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito N�mero 16, en presencia del secretario de Acuerdos interino licenciado J.A.P.A. de Anda, con quien act�a y da fe.?.-TERCERO.-La quejosa hace valer los siguientes conceptos de violaci�n: (se transcriben).-CUARTO.-Los conceptos de violaci�n son fundados (sic) en una parte, y sustancialmente fundados (sic) en el resto.-Es infundado aquel en el que se pretende que el Tribunal Unitario responsable carece de facultades para desechar el recurso de revisi�n. Al respecto, dice la parte quejosa que el art�culo 200 de la Ley A., s�lo lo faculta para: ?... si el recurso se refiere a cualquiera de los supuestos del art�culo 198 y es presentado en tiempo, el tribunal lo admitir� en un t�rmino de tres d�as y dar� vista a las partes interesadas para que en un t�rmino de ocho d�as expresen lo que a su inter�s convenga. Una vez hecho lo anterior, remitir� el expediente, el original del escrito de agravios y la promoci�n de los terceros interesados al Tribunal Superior Agrario el cual resolver� en definitiva en un t�rmino de diez d�as contado a partir de la fecha de recepci�n.?.-Es verdad que la redacci�n literal del art�culo parcialmente transcrito, no contiene la menci�n categ�rica acerca de que el tribunal responsable pueda, en su caso, desechar el recurso. Sin embargo, una sana interpretaci�n de ese precepto indica que puede y debe, de ser lo apropiado, desechar dicho recurso. En efecto, si el dispositivo de ley claramente obliga al Tribunal Unitario a analizar si se da alguno de los supuestos de procedencia del recurso de revisi�n, as� como a verificar su oportunidad, disponiendo que en tal caso deber� admitirlo, es obvio que en el supuesto contrario, l�gicamente deber� desecharlo, pues, incluso, el propio art�culo se�ala que al Tribunal Superior corresponder� decidir ?en definitiva?, lo que supone que el estudio preliminar acerca de la procedencia es competencia del Tribunal Unitario, estudio que debe concluir bien con la admisi�n o bien con el desechamiento, en la inteligencia de que esta interpretaci�n corresponde a la �nica que permiten los t�rminos en que est� redactado el art�culo en cuesti�n, sin que ello implique que se apega a las reglas universales que rigen la admisi�n de los recursos, pues generalmente el tribunal al que corresponde el conocimiento de ellos, es el facultado para calificar su admisi�n, empero, ins�stese, en el caso la Ley A. contiene reglas diversas, de ah� lo infundado del concepto de violaci�n analizado.-En cambio, son sustancialmente fundados los conceptos de violaci�n en los que se alega que es impropio el desechamiento del recurso de revisi�n. Adem�s, en acatamiento de lo dispuesto por el art�culo 227 de la Ley de Amparo se suple su deficiencia.-En efecto, de la resoluci�n que constituye el acto reclamado se advierte que el tribunal responsable decidi� desechar el recurso de revisi�n interpuesto por la ahora quejosa, bas�ndose en los siguientes argumentos.-Por un lado estableci� que en la especie se trata de una controversia sobre sucesi�n de derechos ejidales, de la cual corresponde conocer en �nica instancia a los Tribunales Unitarios Agrarios; adem�s, se�al� que el art�culo 198, fracci�n III, de la Ley A., en el que apoy� la inconforme la procedencia del recurso, se refiere a la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria, y que, en la especie, se impugn� la nulidad de un acto de inscripci�n que no tiene la naturaleza de resoluci�n, porque s�lo entra�a un acto de mera anotaci�n.-Ahora bien, respecto del primero de los argumentos rese�ados, evidentemente carece de sustento, pues del escrito que dio inicio al procedimiento agrario se aprecia que se demand� la nulidad del traslado de dominio y registro efectuado en favor de F.A.G.G.�a, y si bien ese registro fue con la finalidad de inscribirlo como titular del certificado de derechos agrarios n�mero 137670, en su calidad de sucesor preferente del extitular, es decir, si bien F.A.G.�nez adujo como motivo para solicitar la inscripci�n a su favor el hecho de ser sucesor, lo cierto es que lo debatido fue �nicamente la nulidad de ese registro, esto es, dentro de la litis no se dirimi� cuesti�n alguna sobre el mejor derecho a suceder derechos agrarios, esto se corrobora con el contenido de la resoluci�n que pretendi� impugnarse a trav�s del recurso de revisi�n cuyo desechamiento es la materia de este juicio de amparo, pues su lectura muestra que en dicha resoluci�n no se llev� a efecto an�lisis alguno sobre si los contendientes reun�an los requisitos que exige la legislaci�n agraria para heredar, incluso se estableci� que lo impugnado era que el demandado se hubiese dado de alta como sucesor de A.C., pero no la designaci�n de �ste como sucesor del titular. Luego, no puede v�lidamente sostenerse que se trate de una controversia sobre derechos sucesorios, como pretende el tribunal responsable.-Por otro lado, el Tribunal Unitario responsable se�al� que el caso a estudio no encuadraba en la hip�tesis prevista por la fracci�n III del art�culo 198 de la Ley A., porque en la especie no se trataba de una ?resoluci�n? emitida por una autoridad en materia agraria, puesto que s�lo se trata de una inscripci�n. Al respecto, cabe decir que una sana interpretaci�n de lo previsto en la fracci�n aludida conduce a determinar que, para la procedencia del recurso de revisi�n, en los t�rminos de lo se�alado en esa fracci�n, no debe atenderse a la acepci�n del t�rmino ?resoluci�n? en sentido estricto. Es decir, no solamente las resoluciones en sentido formal son las que incluye el art�culo en cuesti�n, sino cualquier decisi�n o acto que provenga de las autoridades agrarias que afecte derechos, pues el precepto en cuesti�n involucra diversas controversias de car�cter agrario (en su fracci�n I se refiere a ?cuestiones relacionadas con los l�mites ...?) sin que se distinga entre resoluci�n o ?cuestiones?.-El Diccionario de la Lengua Espa�ola, define el t�rmino resoluci�n as�: ?Resoluci�n: (Del lat. R., onis) F. Acci�n y efecto deresolver o resolverse. 2. �nimo, valor o arresto. 3. Actividad, prontitud, viveza. 4. Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa o judicial ...?. Como se ve, entre las acepciones de este t�rmino se encuentra la de acci�n, actividad, providencia, y si se auna a ello el hecho de que, como se dijo, el art�culo 198, involucra como impugnables mediante el recurso de revisi�n las ?cuestiones?, t�rmino por dem�s gen�rico, debe concluirse en que dentro de la fracci�n III del multialudido art�culo 198 caben todas las cuestiones relacionadas con la nulidad de actos efectuados por las autoridades agrarias. De interpretar el contenido de la fracci�n en an�lisis, de la forma en que lo hizo el tribunal, tendr�amos que dif�cilmente tendr�a aplicaci�n el supuesto previsto en la referida fracci�n III del art�culo 198, pues la interpretaci�n literal que pretende la autoridad responsable s�lo dejar�a como impugnables mediante el recurso de revisi�n, las decisiones de ella en tanto que formalmente s�lo ella es quien emite resoluciones de esa categor�a, con lo cual se desvirtuar�a la intenci�n del legislador, que no fue otra que la de proporcionar otra instancia al afectado, buscando proporcionar mayor seguridad. Lo anterior se expresa claramente en un fragmento de la exposici�n de motivos de la Ley A., que en el apartado relativo a ?P.�n a las tierras ejidales y comunales?, entre otros asertos, dice: ?... La protecci�n no estar�a completa si la iniciativa no estableciera el derecho que asiste a los n�cleos de poblaci�n para obtener la restituci�n de las tierras que les fueron ilegalmente arrebatadas. Este derecho se fortalece con el respaldo del recurso de apelaci�n ante el Tribunal Superior Agrario, en el evento de que la resoluci�n del Juez de primera instancia sea lesivo a los intereses del n�cleo de poblaci�n afectado ...?. Si bien en este p�rrafo se alude concretamente a los n�cleos de poblaci�n lo cierto es que refiere a la finalidad de la creaci�n del recurso de revisi�n, aun cuando, equivocadamente, en el texto se habla del recurso de apelaci�n, y se aprecia con claridad que la intenci�n fue la de proporcionar mayor certeza y seguridad.-En las anteriores condiciones, es claro que el tribunal responsable transgredi� en perjuicio de la quejosa las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica previstas por los art�culos 14 y 16 constitucionales, por lo que procede concederle el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente el acuerdo recurrido, y, en su lugar, se dicte otro en el que reparando las garant�as que aqu� se han estimado infringidas, decida sobre la admisi�n del recurso de revisi�n, atendiendo los lineamientos aqu� fijados.-En raz�n de lo anterior resulta ocioso el an�lisis de los conceptos de violaci�n esgrimidos por la quejosa, pues, como ha quedado precisada la ilegalidad del acuerdo reclamado por razones prioritarias a las expuestas en los susodichos conceptos de violaci�n, ser�a intrascendente pronunciarse sobre ellos.-Consecuentemente, procede conceder el amparo ... �NICO.-La Justicia de la Uni�n ampara y protege a M.�a C.P.�rez, en contra de la autoridad y por el acto precisado en el resultando primero de este fallo.

De las anteriores consideraciones, se desprendi� la siguiente jurisprudencia:

REVISI�N EN MATERIA AGRARIA, ALCANCE DEL T�RMINO ?RESOLUCI�N? PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE (ART�CULO 198, F.I., DE LA LEY AGRARIA).-De conformidad con el art�culo 198, fracci�n III, de la Ley A., el recurso de revisi�n en dicha materia procede contra las sentencias de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre ?La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.?. Ahora bien, una recta interpretaci�n del aludido precepto, permite concluir que, para la procedencia de dicho recurso, la expresi�n ?resoluci�n? no debe entenderse en sentido estricto, es decir, no solamente las resoluciones en sentido formal son las que incluye dicho precepto, sino cualquier decisi�n o acto que provenga de las autoridades agrarias que afecte derechos, por ser ese el esp�ritu que anima el art�culo en comento, pues tal precepto involucra diversas controversias de car�cter agrario cuyos fallos son impugnables mediante el recurso de revisi�n, sin distinguir entre actos o resoluciones, como lo hace la fracci�n I del mismo ordenamiento legal, al referirse a ?Cuestiones relacionadas con los l�mites ...?. De no estimarlo as�, �nicamente las decisiones de los Tribunales Unitarios Agrarios ser�an impugnables con base en la mencionada fracci�n, porque s�lo ellos emiten resoluciones de esa categor�a (en sentido formal), con lo cual se desvirtuar�a la intenci�n del legislador, que no fue otra que la de proporcionar a los gobernados mayor oportunidad en su defensa contra los actos de autoridad.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el AD. 67/97, el treinta de abril de mil novecientos noventa y siete se�al�:

TERCERO.-El acto reclamado es cierto, la resoluci�n que lo constituye, en la parte que interesa, literalmente dice: ?I. Que este Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, resulta competente para conocer el presente juicio de nulidad de actos y documentos que contravienen leyes agrarias, de conformidad con lo establecido por el art�culo 27, fracci�n XIX, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con los art�culos 1o., 163, 164, 170, 179 y 185 de la Ley A., en correlaci�n con los numerales 1o. y 2o., fracci�n II y 18 fracciones VIII y XIV de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, as� como por los Acuerdos del Pleno del Tribunal Superior Agrario, publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n los d�as veinticuatro de abril y veintisiete de junio del presente a�o, en los que se constituy� el Distrito 38 de los Tribunales Agrarios para el Estado de Colima y determina el inicio de funciones y designa su titular.-II. Este tribunal resuelve si el presente juicio resulta improcedente conforme a lo que fue asentado en la audiencia jurisdiccional (sic) el veintis�is de septiembre del presente a�o.-De las constancias de autos as� como de la contestaci�n de la demanda este tribunal estima que el presente juicio resulta improcedente. En efecto la parte actora demand� la nulidad del acta de posesi�n y deslinde de fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos, con lo cual afirma se dio posesi�n definitiva por dotaci�n de tierras al poblado �J.�, Municipio de Villa de �lvarez, Colima.-El documento impugnado visible a fojas 7 y 8 de autos, se refiere al acta de aclaraci�n al acta de posesi�n y deslinde de fecha primero de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, relativa a la dotaci�n de ejidos del poblado �J.�, Municipio de Villa de �lvarez, Estado de Colima, al estudiar el acta impugnada, este tribunal observa que es una mera acta de aclaraci�n como su nombre lo indica ya que el ejido �J.�, recibi� las tierras con las que fue beneficiado por resoluci�n presidencial de veintisiete de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho, publicado en el Peri�dico Oficial del Gobierno del Estado de Colima el siete de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve, esta resoluci�n presidencial se ejecut� el primero de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve.-En esa virtud y tomando en cuenta que se cuestionan actos que derivan de los art�culos 130 y 252 del C�digo Agrario de mil novecientos cuarenta y dos, as� como de la Ley Federal de Reforma A. en sus art�culos 51 y 305; as� las cosas mediante el ejercicio de una acci�n que previene la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios en su art�culo 18 fracci�n VIII y XIV, se pretende demandar la nulidad de un acta de aclaraci�n relativa a una dotaci�n del ejido.-Sin embargo, dicha acta de aclaraci�n se refiere �nicamente al acta de ejecuci�n, de posesi�n y deslinde de primero de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, en virtud de que en esa fecha fue cuando se ejecut� y entregaron las tierras dotadas al ejido �J.�; en esas circunstancias el acto administrativo impugnado pudo haber sido combatido por los medios de defensa ordinarios o a trav�s del juicio de garant�as.-En consecuencia, si el acta de aclaraci�n (sic) impugnada son resultado de actos emitidos durante la vigencia de la legislaci�n agraria se�alada, no le pueden ser aplicadas disposiciones jur�dicas expedidas con posterioridad como lo es la Ley A. y la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, pues afirmar lo contrario, dar�a como consecuencia aplicar retroactivamente dicha legislaci�n, lo cual violar�a las disposiciones del art�culo 14 constitucional que en su parte conducente dice: �Art�culo 14. A ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.-Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.�.-Por todo lo anterior se estima que los hoy actores han estado en aptitud de combatir el acto ahora impugnado a trav�s del juicio de garant�as. Por todo lo anterior el presente juicio resulta notoriamente improcedente.-Sirve de fundamento a lo anterior el siguiente criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que enseguida se transcribe: 13 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: J.A.�.E.. Secretaria: E.S.S.S.. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. �poca: 8a. Tomo: XV-I, febrero 1995. P�gina (textual). �LEY AGRARIA, IMPROCEDENCIA DE LA ACCI�N DE NULIDAD PREVISTA POR LA. SI LOS ACTOS CUYA NULIDAD SE DEMANDA ACAECIERON BAJO LA VIGENCIA DE LA DEROGADA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA.-Es improcedente la acci�n de nulidad de actos y documentos, prevista por el art�culo 163 de la Ley A., vigente a partir del veintis�is de febrero de mil novecientos noventa y dos, en relaci�n con el numeral 18, fracci�n IV, de la Ley Org�nica del Tribunal Agrario, contra actos de autoridades agrarias emitidos durante la vigencia de la Ley Federal de Reforma A., impugnables en su tiempo mediante el juicio de amparo indirecto, cuyo t�rmino para promoverlo haya precluido, pues lo contrario, es decir, determinar la procedencia de tal acci�n, implicar�a aplicar retroactivamente la nueva Ley A., en perjuicio de la parte a la que no s�lo hab�a favorecido el acto impugnado de nulidad sino tambi�n la preclusi�n de la acci�n de amparo, circunstancias jur�dicas que generan la adquisici�n de los inherentes derechos, que no pueden ser destruidos por una ley, que entr� a regir con posterioridad a la consolidaci�n de �stos.�.-Por �ltimo, debe se�alarse que en cuanto a las manifestaciones de la parte actora respecto de la prueba pericial desahogada en el juicio agrario 332/16/93, resultan cuestiones sobre las que este tribunal ya resolvi� en tal procedimiento mediante sentencia definitiva de veintid�s de marzo de mil novecientos y seis (sic) sentencia que los hoy actores incluso han combatido a trav�s del recurso de revisi�n que dispone la Ley A. en t�rminos del art�culo 198, fracci�n II y 200 de la Ley A..-En virtud de lo anterior y al haber resultado improcedente el presente juicio agrario se hace innecesario entrar al fondo de la cuesti�n planteada, as� como valorar todas y cada una de las pruebas aportadas.-Por lo expuesto y fundado este Tribunal Unitario Agrario Distrito 38,

resuelve: PRIMERO.-Ha resultado improcedente la acci�n de nulidad de actos y documentos que contravienen leyes agrarias hechos valer por R.R.�guez A., apoderado de J.F.M.R., por las razones y fundamentos que contiene esta resoluci�n.-SEGUNDO.-N.�quese personalmente a las partes el presente fallo y, una vez que cause estado, por oficio al Registro Agrario Nacional; en su oportunidad se ordena el archivo del presente expediente.? (fojas 101 a 104 del juicio agrario).-CUARTO.-Los conceptos de violaci�n hechos valer, son del tenor literal siguiente: (se transcriben).-QUINTO.-Previo al estudio de los conceptos de violaci�n, procede examinar la causal de improcedencia aducida por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, en el oficio mediante el cual rindi� su informe justificado (fojas 1 y 2 del cuaderno de amparo).-Aduce la responsable, lo siguiente: ?Toda vez que la resoluci�n que se reclama declar� improcedente la acci�n de nulidad de actos y documentos que contravienen leyes agrarias, intentada por el aqu� quejoso en contra del secretario de la Reforma A., subsecretario de Asuntos Agrarios, director general de Tenencia de la Tierra, director general de Procedimientos Agrarios, Cuerpo Consultivo Agrario, director de Derechos Agrarios, jefe del Departamento de Ejecuci�n de Resoluciones Presidenciales, coordinador agrario en el Estado e ingeniero comisionado F. de Jes�s D.�n C., todos de la citada primera dependencia, as� como contra el ejido J. antes citado.-De lo anterior se advierte que la acci�n intentada, se encuentra comprendida en el art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios y 198, fracci�n III, de la Ley A. vigente, que este �ltimo art�culo en lo conducente dice: �El recurso de revisi�n en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre los puntos: ... III. La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.�.-Luego, como el quejoso R.R.A., en contra de la resoluci�n que reclama no hizo valer el indicado recurso de revisi�n, por medio del cual podr�a ser modificada o revocada la sentencia que ahora reclama, en vez de interponer el presente juicio de amparo, en estas circunstancias resulta evidente que el quejoso no agot� el medio ordinario de defensa, por tanto, incumpli� con uno de los principios rectores del juicio constitucional, como es el de definitividad del acto reclamado, por lo cual se estima que resulta improcedente el presente juicio de amparo; y debe sobreseerse el mismo, de conformidad con lo previsto por los art�culos 44, 46, 158 y 73, fracciones XI y XIII, de la Ley de Amparo.? (fojas 1 y 2 del cuaderno de amparo).-No resultan acertadas las aseveraciones apuntadas, atento a que si bien es cierto que, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 198, fracci�n III, de la Ley A., procede el recurso de revisi�n contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre ?la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades agrarias?, en el caso, lo que se impugn� de nulidad en el juicio agrario no fue resoluci�n alguna, sino la nulidad de: 1. El plano elaborado conforme al acta de posesi�n y deslinde, del veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos, conforme al cual se dio posesi�n definitiva al poblado J., Municipio de Villa de �lvarez, Colima, de las tierras dotadas de acuerdo con la resoluci�n presidencial del veintisiete de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho. 2. La nulidad del acta de aclaraci�n al acta posesi�n y deslinde del uno de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, levantada el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos, por F. de Jes�s D.�n G.�rrez, comisionado por la D.�n A.. 3. La nulidad del plano definitivo de ejecuci�n de dotaci�n de ejidos, levantado y calculado por el ingeniero F.C.V., elaborado por F. de Jes�s D.�n, dibujado por H�ctor Mej�a R., y autorizado por el otrora delegado en el Estado de Colima, ingeniero C.C.R., relativo al poblado de referencia. 4. La nulidad del acta de posesi�n y deslinde del uno de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, correspondiente a la dotaci�n de tierras del poblado J., Municipio de Villa de �lvarez, Colima (fojas 1 y 2 del expediente agrario).-La exposici�n de motivos que dio origen a la Ley A., permite establecer que no cualquier acto o documento impugnado de nulidad puede ser considerado como una resoluci�n, ya que, de un fragmento de tal exposici�n de motivos en el apartado relativo a ?P.�n a las tierras ejidales y comunales?, entre otras aseveraciones, dice: ?La protecci�n no estar�a completa si la iniciativa no estableciera el derecho que asiste a los n�cleos de poblaci�n para obtener la restituci�n de las tierras que les fueron ilegalmente arrebatadas. Este derecho se fortalece con el respaldo del recurso de apelaci�n ante el Tribunal Superior Agrario, en el evento de que la resoluci�n del Juez de primera instancia sea lesivo a los intereses del n�cleo de poblaci�n afectado ...?.-Como se ve, la transcripci�n anterior evidencia que el establecimiento del recurso tuvo como finalidad impugnar resoluciones del ?Juez de primera instancia?, instituido para salvaguardar intereses de los n�cleos de poblaci�n, por lo que, aunque equivocadamente, en el texto se refiere al recurso de apelaci�n, es evidente que ese medio ordinario no se cre� para impugnar cualquier acto sino, exclusivamente, resoluciones decisorias de procedimientos tramitados en defensa de los derechos agrarios de n�cleos de poblaci�n.-Consecuentemente, como se puso de manifiesto, ninguno de los actos y documentos, cuya nulidad se impugn� en el juicio natural constituye propiamente una resoluci�n, ya que no se est� realizando pronunciamiento alguno en el que se concluya un procedimiento tramitado en defensa de derechos agrarios de n�cleos de poblaci�n.-De ah� que no se actualiza la hip�tesis prevista por el art�culo 198, fracci�n III, de la Ley A., ni, por ende, la causal de improcedencia aducida por la responsable, establecida en la fracci�n XIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, que alude al principio de definitividad en que descansa el juicio de garant�as.-Por tanto, la circunstancia de que en el caso se hubiera omitido agotar el recurso apuntado, no implica consentimiento del acto reclamado ni provoca que se concrete la causal de improcedencia instituida en la fracci�n XI del numeral 73 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales.-Al no actualizarse la causal de improcedencia arg�ida por la autoridad se�alada como responsable, ni advertirse oficiosamente alguna otra, se procede al examen de los conceptos de violaci�n.-SEXTO.-Son parcialmente fundados los conceptos de violaci�n hechos valer.-Aduce el peticionario de garant�as que ?... la ahora responsable �nicamente refiere que la parte actora demand� la nulidad del acta de posesi�n y deslinde, de fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos (ver segundo p�rrafo del considerando segundo), esto es falso, pues como ya se dijo la demanda de nulidad, se plante� por diferentes documentos, principalmente por el plano definitivo y el acta de posesi�n y deslinde, de ah� que no existe congruencia entre lo pedido y lo resuelto, no obstante que por disposici�n de la ley, el juzgador est� obligado a dar contestaci�n de todo lo solicitado, pues inclusive eso lo consagra el derecho de petici�n, previsto por el art�culo 8o. constitucional.?.-El anterior argumento es fundado.-Cierto, de la demanda agraria se advierte que el ahora quejoso ejercit� la acci�n de nulidad de actos y documentos, en contra del secretario de la Reforma A.; del subsecretario de Tenencia de la Tierra; del director general de Procedimientos Agrarios; del director de Derechos Agrarios; del jefe del Departamento de Ejecuci�n de Resoluciones Presidenciales; del Cuerpo Consultivo Agrario (todos los anteriores, dependientes de la Secretar�a de la Reforma A.); del coordinador agrario en el Estado de Colima; del ingenierocomisionado por la anteriormente denominada D.�n A. en el Estado de Colima, F. de Jes�s D.�n G.�rrez; y ?para no dejarlo en estado de indefensi�n?, al poblado J., Municipio de Villa de �lvarez, Colima (foja 1).-Los conceptos por los que se ejercit� la acci�n agraria de referencia son los siguientes: ?a) Por la nulidad de actos y documentos p�blicos que contravienen disposiciones de la Ley A., y que se hacen consistir en el plano elaborado conforme al acta de posesi�n y deslinde de fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos, conforme al cual se dice se dio la posesi�n definitiva por dotaci�n de tierras al poblado de J., Municipio de Villa de �lvarez, Colima, de acuerdo con la resoluci�n presidencial de fecha veintisiete de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho, el que se tuvo por aprobado en los t�rminos del art�culo 308 de la Ley Federal de Reforma A., derogado en debida concordancia con el art�culo 3o. de la Ley A. en vigor.-b) Por la nulidad del acta de aclaraci�n al acta de posesi�n y deslinde de fecha primero de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, levantada por el ingeniero F. de Jes�s D.�n G.�rrez, comisionado por la entonces D.�n A. en el Estado de Colima, a las doce horas del d�a veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos, relativo a la dotaci�n de ejidos del poblado J. del Municipio de Villa de �lvarez, Colima, como consecuencia de la nulidad del plano de ejecuci�n de dotaci�n definitivo de ejidos, levantado y calculado por el ingeniero F.C.V., elaborado por el ingeniero F. de Jes�s D.�n, dibujado por H�ctor Mej�a R., y autorizado por el entonces delegado en el Estado de Colima, ingeniero C.C.R., correspondiente al poblado de J., del Municipio de Villa de �lvarez, Colima, por la nulidad del acta de posesi�n y deslinde levantada con motivo de la ejecuci�n de la resoluci�n presidencial que dot� de tierras al poblado de J., por la nulidad del acta de posesi�n y deslinde de fecha primero de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, relativo a la dotaci�n de tierras del poblado J., en el Municipio de Villa de �lvarez, Colima.? (fojas 1 y 2).-En la sentencia reclamada, el Magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, se�al� que ?la parte actora demand� la nulidad del acta de posesi�n y deslinde de fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos, con la cual afirma se dio posesi�n definitiva por dotaci�n de tierras al poblado �J.�, Municipio de Villa de �lvarez, Colima, agreg� la juzgadora el documento impugnado es una mera acta de aclaraci�n, al acta de posesi�n y deslinde del uno de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, relativa a la dotaci�n de ejidos del poblado �J.�, Municipio de Villa de �lvarez, Colima (ilegible) al acta de posesi�n y deslinde del uno de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, relativa a la dotaci�n de ejidos del poblado �J.�, Municipio de Villa de �lvarez, Estado de Colima; que, sin embargo, dicha acta de aclaraci�n se refiere �nicamente al acta de ejecuci�n, de posesi�n y deslinde de primero de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, en virtud de que en esa fecha fue cuando se ejecut� y entregaron tierras dotadas al ejido �J.�; en estas circunstancias el acto administrativo impugnado pudo haber sido combatido por los medios de defensa ordinarios o a trav�s del juicio de garant�as.-En consecuencia, si el acta de aclaraci�n impugnada es resultado de actos emitidos durante la vigencia de la legislaci�n agraria se�alada, no le pueden ser aplicadas disposiciones jur�dicas expedidas con posterioridad como lo es la Ley A. y la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, pues afirmar lo contrario, dar�a como consecuencia aplicar retroactivamente dicha legislaci�n, lo cual violar�a las disposiciones del art�culo 14 constitucional que en su parte conducente dice: �... Por todo lo anterior se estima que los hoy actores han estado en aptitud de combatir el acto ahora impugnado a trav�s del juicio de garant�as.�. Por todo lo anterior el presente juicio resulta notoriamente improcedente.?.-Como apoyo de sus consideraciones, la responsable invoc� la tesis pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del t�tulo: ?LEY AGRARIA, IMPROCEDENCIA DE LA ACCI�N DE NULIDAD PREVISTA POR LA. SI LOS ACTOS CUYA NULIDAD SE DEMANDA ACAECIERON BAJO LA VIGENCIA DE LA DEROGADA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA.?.-Concluy� la responsable que, en vista de lo anterior, era innecesario entrar al examen de fondo de la cuesti�n planteada (fojas 102 a 104).-De lo expuesto se advierte que los actos y documentos materia del juicio de nulidad agraria son los siguientes: 1. El plano elaborado conforme al acta de posesi�n y deslinde, del veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos, conforme al cual se dio posesi�n definitiva al poblado J., Municipio de Villa de �lvarez, Colima, de las tierras dotadas de acuerdo con la resoluci�n presidencial del veintisiete de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho. 2. El acta de aclaraci�n al acta posesi�n y deslinde del uno de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, levantada el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos, por F. de Jes�s D.�n G.�rrez, comisionado por la D.�n A.. 3. El plano definitivo de ejecuci�n de dotaci�n de ejidos, levantado y (ilegible) elaborado por F. de Jes�s D.�n, dibujado por H�ctor Mej�a R. y autorizado por el otrora delegado en el Estado de Colima, ingeniero C.C.R., relativo al poblado de referencia. 4. El acta de posesi�n y deslinde del uno de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, correspondiente a la dotaci�n de tierras del poblado J., Municipio de Villa de �lvarez, Colima.-Sin embargo, la autoridad responsable s�lo se ocup� del acta de aclaraci�n mencionada en el punto n�mero dos, soslayando hacerse cargo de los restante actos y documentos cuya nulidad se solicit�, precisados en los puntos 1, 3 y 4, lo que resulta violatorio, en perjuicio del quejoso del principio de congruencia de las sentencias, que consiste en que �stas deben dictarse en concordancia con las acciones propuestas en la demanda y con la contestaci�n formuladas por las partes, sin a�adir ni omitir nada, as� como de lo dispuesto por el art�culo 349 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo.-Sirve de apoyo, la tesis publicada en la p�gina 87, Volumen 18, Cuarta Parte, S�ptima �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?SENTENCIA, CONGRUENCIA DE LAS.-El principio de congruencia de las sentencias exige que �stas deban dictarse en concordancia con la demanda y con la contestaci�n formuladas por las partes, y no deben contener resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre s�.?.-Cabe se�alar, que a este Tribunal Colegiado no le es dable, jur�dicamente, examinar de primera mano las omisiones en que incurri� la autoridad responsable, pues, de hacerlo, se sustituir�a a �sta, lo que es atentatorio de la t�cnica de amparo.-Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia n�mero 538, publicada en la p�gina 353, T.V., Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que dice: ?TRIBUNALES FEDERALES DE AMPARO, ATRIBUCIONES DE LOS.-No son revisores de los actos de la autoridad com�n; no pueden legalmente, ni aun mediante el juicio de amparo, sustituir su criterio discrecional al de las autoridades del fuero com�n, sino que �nicamente deben examinar si los actos que se reclaman son o no, violatorios de garant�as.?.-Consecuentemente, con su actuar, la responsable viol� en perjuicio del quejoso, las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica consagradas en el art�culo 14 constitucional y procede conceder el amparo solicitado, para el efecto de que aqu�lla deje insubsistente la sentencia recurrida y, en su lugar, dicte otra como proceda, con libertad de jurisdicci�n, pero ocup�ndose integralmente de las acciones planteadas.-La protecci�n constitucional otorgada por un vicio formal (violaci�n al principio de congruencia de las sentencias), impide el examen de los restantes conceptos de violaci�n, ya que �stos se refieren al fondo de la cuesti�n planteada.-Sobre el particular, se comparte el criterio de la tesis jurisprudencial n�mero 1084, consultable en la p�gina 749, del tomo, materia y Ap�ndice invocado, del texto: ?VIOLACIONES FORMALES, SI SE DECLARAN FUNDADAS, EL AMPARO DEBE CONCEDERSE PARA QUE SE SUBSANEN, SIN ENTRAR AL FONDO.-Si se declara procedente un concepto de violaci�n de car�cter formal, debe concederse el amparo para el efecto de que se subsane, sin entrar al fondo de la cuesti�n planteada en el juicio de garant�as, pues en todo caso ese fondo ser� materia de un nuevo juicio de amparo que en su caso se promueva en caso de subsistir la pretensi�n de inconstitucionalidad del acto, por parte del quejoso, una vez que se repare la violaci�n formal.? ... �NICO.-Para los efectos precisados en la parte final de esta resoluci�n, la Justicia de la Uni�n ampara y protege a J.F.M.R., contra el acto reclamado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, que se dej� indicado en el resultando primero de este fallo.

De dichas consideraciones se desprendi� la siguiente tesis:

"RECURSO DE REVISI�N EN MATERIA AGRARIA. NO ES OBLIGATORIO AGOTARLO SI NINGUNO DE LOS ACTOS O DOCUMENTOS CUYA NULIDAD SE IMPUGNA, CONSTITUYE PROPIAMENTE UNA RESOLUCI�N.-La exposici�n de motivos que dio origen a la Ley A. permite establecer que no cualquier acto o documento impugnado de nulidad puede ser considerado como una resoluci�n, ya que en el apartado relativo a ?P.�n a las tierras ejidales y comunales?, aqu�lla es del tenor literal siguiente: ?... La protecci�n no estar�a completa si la iniciativa no estableciera el derecho que asiste a los n�cleos de poblaci�n para obtener la restituci�n de las tierras que les fueron ilegalmente arrebatadas. Este derecho se fortalece con el respaldo del recurso de apelaci�n ante el Tribunal Superior Agrario, ante la eventualidad de que la resoluci�n del Juez de primera instancia sea lesiva a los intereses del n�cleo de poblaci�n afectado ...?. La transcripci�n anterior evidencia que se instituy� el recurso que se menciona con la finalidad de que las partes en el procedimiento respectivo estuvieran en aptitud de impugnar resoluciones del Juez de primera instancia, para salvaguardar los intereses de los n�cleos de poblaci�n. Por tanto, aunque equivocadamente el texto se refiere al recurso de apelaci�n, es evidente que ese medio ordinario no se cre� para impugnar cualquier acto, sino exclusivamente resoluciones decisorias de procedimientos tramitados en defensa de los derechos agrarios de n�cleos de poblaci�n. Consecuentemente, cuando los actos o documentos cuya nulidad se impugna en el juicio natural no constituyen propiamente una resoluci�n por no haberse realizado pronunciamiento alguno en el que se concluya un procedimiento tramitado en defensa de derechos agrarios de n�cleos de poblaci�n, no se actualiza la hip�tesis prevista por el art�culo 198, fracci�n III, de la Ley A., en el que se establece la procedencia del recurso de revisi�n contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre ?la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria? ni, por ende, la causal de improcedencia establecida en la fracci�n XIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, que alude al principio de definitividad en que descansa el juicio de garant�as."

TERCERO

Por raz�n de m�todo debe estudiarse, en primer lugar, si en el caso existe materia para resolver la presente denuncia de contradicci�n de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito antes mencionados.

Pues bien, para que haya materia a dilucidar respecto de cu�l criterio debe prevalecer, trat�ndose de la figura jur�dica de contradicci�n de tesis, debe existir, cuando menos formalmente, una oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n y para que surja su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que sustentan los �rganos jurisdiccionales. No basta pues, que existan ciertas o determinadas contradicciones, si �stas s�lo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposici�n debe darse en la sustancia del problema jur�dico debatido.

Es decir, la contradicci�n de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jur�dicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jur�dicas iguales, adoptando posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; adem�s, la diferencia de criterios debe presentarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, requiri�ndose, por otra parte, que los distintos criterios provengan del examen de elementos esenciales id�nticos.

A prop�sito de lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 4a./J. 22/92, sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo 58, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, p�gina 22, cuyo texto es del tenor literal siguiente:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Con base en lo anterior, ahora debe ponerse de manifiesto cu�l fue el criterio que se sostuvo en cada ejecutoria de las que se hace derivar la contradicci�n de tesis que se plantea.

El criterio que se sustenta en la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, descansa en la interpretaci�n de lo que dispone el art�culo 198, fracci�n III, de la Ley A. y al respecto sostiene, b�sicamente: Que el recurso de revisi�n previsto en dicho numeral, procede no �nicamente en contra de una resoluci�n en estricto sentido, sino de cualquier decisi�n o nulidad de actos que provengan de las autoridades agrarias que afecten derechos, puesto que el art�culo 198 involucra como impugnables mediante el recurso de revisi�n las "cuestiones", t�rmino que resulta gen�rico, por lo que debe concluirse que dentro de la fracci�n III de dicho precepto caben todas las cuestiones relacionadas con la nulidad de actos; que de interpretar dicho art�culo en forma diferente, se tendr�a que s�lo las resoluciones de la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario, ser�an impugnables mediante el recurso de revisi�n, pues s�lo dicha autoridad es quien emite formalmente resoluciones de esa naturaleza.

Por su parte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se reduce en lo siguiente:

Que de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 198, fracci�n III, de la Ley A., no todo acto o documento impugnado de nulidad puede ser considerado como una resoluci�n, sino que para efectos de lo previsto en dicho numeral, debe existir una resoluci�n en sentido formal, pues dicho medio de defensa no se cre� para impugnar cualquier acto, sino exclusivamente resoluciones decisorias de procedimientos tramitados en defensa de los derechos agrarios de n�cleos de poblaci�n, y que en el caso ninguno de los documentos que se impugn� en el juicio natural (Tribunal Unitario Agrario) constituye propiamente una resoluci�n.

De lo anterior, se advierte que los Tribunales Colegiados antes precisados resolvieron sobre un mismo punto jur�dico, esto es, analizaron cuestiones esencialmente iguales como lo es la procedencia del recurso de revisi�n previsto en el art�culo 198, fracci�n III, de la Ley A.; en tal virtud, puede decirse que los criterios de los tribunales provienen de elementos similares, adoptando, a trav�s de sus razonamientos, criterios jur�dicos diferentes, de donde se sigue que s� existe la contradicci�n de tesis, pues mientras un tribunal sostiene que para que proceda el recurso de revisi�n previsto en el art�culo 198 citado, debe entenderse no �nicamente a las resoluciones en sentido formal, sino tambi�n, a actos o decisiones de cualquier autoridad agraria; el otro �rgano colegiado, sostiene que por resoluci�n no puede considerarse a cualquier acto o documento, sino s�lo a las resoluciones en sentido formal.

Por lo que, el punto de contradicci�n entre los criterios sustentados por los �rganos colegiados se limita a determinar la procedencia del recurso de revisi�n previsto en el art�culo 198, fracci�n III, de la Ley A., esto es si se debe entender referida a cualquier decisi�n o acto que provenga de las autoridades agrarias, como lo sostiene un tribunal, o bien, si s�lo comprende a las resoluciones en sentido estricto como lo sostiene el otro tribunal.

CUARTO

Como cuesti�n previa debe transcribirse lo que disponen los art�culos 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios y 198, fracci�n III, de la Ley A.:

"Art�culo 18. Los Tribunales Unitarios conocer�n, por raz�n de territorio, de las controversias que se les planteen con relaci�n a tierras ubicadas dentro de su jurisdicci�n, conforme a la competencia que les confiere este art�culo.

"Los Tribunales Unitarios ser�n competentes para conocer:

"I. De las controversias por l�mites de terrenos entre dos o m�s n�cleos de poblaci�n ejidal o comunal, y de �stos con peque�os propietarios, sociedades o asociaciones;

"II. De la restituci�n de tierras, bosques y aguas a los n�cleos de poblaci�n o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares;

"III. Del reconocimiento del r�gimen comunal;

"IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligaci�n;

"V. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales;

"VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre s�; as� como las que se susciten entre �stos y los �rganos del n�cleo de poblaci�n;

"VII. De controversias relativas a la sucesi�n de derechos ejidales y comunales;

"VIII. De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, as� como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias;

"IX. De las omisiones en que incurra la Procuradur�a A. y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, peque�os propietarios, avecindados ojornaleros agr�colas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas;

"X. De los negocios de jurisdicci�n voluntaria en materia agraria;

"XI. De las controversias relativas a los contratos de asociaci�n o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el art�culo 45 de la Ley A.;

"XII. De la reversi�n a que se refiere el art�culo 97 de la Ley A.;

"XIII. De la ejecuci�n de los convenios a que se refiere la fracci�n VI del art�culo 185 de la Ley A., as� como de la ejecuci�n de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinaci�n de que se encuentran apegados a las disposiciones legales aplicables; y

XIV. De los dem�s asuntos que determinen las leyes.

Por su parte, el art�culo 198, fracci�n III, de la Ley A. dispone:

"Art�culo 198. El recurso de revisi�n en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre:

"...

"III. La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria."

Como ya se precis�, el conflicto de criterios se centra en establecer si dentro de la acepci�n del vocablo resoluciones, a que alude la indicada fracci�n III del art�culo 198, de la Ley A., puede considerarse como tal a cualquier acto o determinaci�n emitidos por las autoridades agrarias, para efectos de la procedencia del recurso de revisi�n que se�ala el numeral antes citado.

Ahora bien, puntualizando lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, estima que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio que se precisar� m�s adelante y que coincide esencialmente con el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por las razones siguientes:

La fracci�n III del art�culo 198, de la Ley A., establece que procede el recurso de revisi�n en contra de las sentencias de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia, sobre la nulidad de "resoluciones" emitidas por las autoridades en materia agraria.

Por su parte, la fracci�n IV del art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, se�ala expresamente que los Tribunales Unitarios Agrarios son competentes para conocer "De los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligaci�n.".

Pues bien, para conocer el alcance del t�rmino "resoluciones" a que alude la fracci�n III del art�culo 198 de la Ley A., necesariamente debe vincularse con la fracci�n IV del art�culo 18, de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, pues las sentencias de dichos tribunales, que resuelvan en primera instancia, sobre la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria, en contra de las cuales procede el recurso de revisi�n, de conformidad con el precepto mencionado en primer lugar, no puede ser otro tipo de sentencias sino las que se dicten en los juicios de nulidad, tramitados conforme al segundo de los art�culos antes mencionados, pues del contenido de ese precepto la indicada fracci�n IV, es la �nica que otorga competencia a los Tribunales Unitarios Agrarios para conocer de los juicios de nulidad.

A prop�sito del tema que se analiza, en relaci�n con el acto y resoluciones administrativos conviene citar, en lo conducente, lo que dice el Diccionario Jur�dico Mexicano, editado por el Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, se�ala lo siguiente:

"Acto administrativo. I. Es el acto que realiza la autoridad administrativa. Expresa la voluntad de la autoridad administrativa, creando situaciones jur�dicas individuales, a trav�s de las cuales se trata de satisfacer las necesidades de la colectividad o la comunidad. A veces, las autoridades legislativas o las judiciales realizan tambi�n el acto administrativo, cumpliendo funciones de autoridad administrativa.-Prevalece en la doctrina del derecho administrativo, la distinci�n formal o subjetiva y material u objetiva del concepto de acto administrativo. En sentido formal, acto administrativo es todo acto del Poder Ejecutivo, que es el �rgano administrativo del Estado. En sentido material, es el acto del Estado, intr�nsecamente administrativo, sin importar que el �rgano estatal que lo realice sea el legislativo, el judicial o el administrativo. 1. Para salvar los inconvenientes del concepto formal, que lleva necesariamente a tener como acto administrativo el reglamento, el decreto o cualquiera otra disposici�n general proveniente del ejecutivo, la doctrina procura el concepto material, por ejemplo A.�s S.R. define el acto administrativo como: ?una declaraci�n de voluntad de conocimiento y de juicio, unilateral, concreta y ejecutiva que constituye una decisi�n ejecutoria que emana de un sujeto: la administraci�n p�blica, en el ejercicio de una potestad administrativa, que crea, reconoce, modifica, transmite o extingue una situaci�n jur�dica subjetiva y su finalidad es la satisfacci�n del inter�s general.? (p. 226); A.�n A.G. dice: ?acto administrativo es el dictado en ejercicio de la funci�n administrativa, sin interesar qu� �rgano la ejerce.? (p. 14, T. III); M.M.�a D. expresa: ?acto administrativo puro es una declaraci�n concreta y unilateral de voluntad de un �rgano de la administraci�n activa en ejercicio de la potestad administrativa.? ... IV. R�gimen jur�dico del acto administrativo. El acto administrativo tiene su origen en la ley que lo autoriza, como acto propio de autoridad administrativa, pero en la vida econ�mica, social y pol�tica de la administraci�n p�blica, se sirve para lograr los cometidos u objetivos de �sta, tanto de las leyes administrativas como de las leyes civiles y mercantiles. Est� sometido por las necesidades propias de la administraci�n contempor�nea, a las normas del derecho p�blico y a las normas del derecho privado, pero, esta situaci�n, no le priva de su �ndole administrativa. Esto explica que s�lo metaf�ricamente se puede admitir que se distinga entre actos administrativos y actos privados, de la administraci�n, pues en la realidad cotidiana estos �ltimos son simplemente actos administrativos que utilizan las normas del derecho privado para colmar fines p�blicos. En la pr�ctica administrativa, es com�n observar que el acto administrativo tenga como r�gimen jur�dico el de la ley administrativa, pero tambi�n es ordinario constatar su frecuente estad�a en los solares del derecho privado. La actividad econ�mica del Estado acepta con toda naturalidad este r�gimen h�brido ..."

"Resoluci�n administrativa. I. Es el acto de autoridad administrativa que define o da certeza a una situaci�n legal o administrativa. Las leyes pueden ser provisionales o definitivas. Las primeras son las que requieren de otra u otras intervenciones administrativas para producir efectos legales y las segundas los producen por s� sin necesidad de otro acto de autoridad.-Toda resoluci�n administrativa es un acto administrativo de autoridad, pero existen actos administrativos que no revisten el car�cter jur�dico de verdaderas resoluciones administrativas. Son numerosos los casos en que la autoridad opina o solicita opini�n, consulta o propone, investiga, constata o verifica hechos o situaciones. Todos son actos administrativos producidos por mandato legal y con determinadas consecuencias jur�dicas, pero sin decir ni resolver ... III. Ejecutoriedad de la resoluci�n. Si los administrados obligados a cumplir con una resoluci�n administrativa no lo hacen voluntariamente, la autoridad puede imponerla, ejecutarla, aun contra la voluntad de ellos, sin intervenci�n alguna de los �rganos jurisdiccionales. Hace uso la autoridad en el caso, del procedimiento administrativo de ejecuci�n o de la facultad econ�mico-coactiva ..."

Precisado lo anterior, debe se�alarse que el vocablo "resoluci�n" a que alude la fracci�n III del art�culo 198 de la Ley A., no debe entenderse solamente como una resoluci�n en sentido formal que se dicte en materia agraria, es decir, que derive como consecuencia de un determinado procedimiento con todas sus caracter�sticas, sino que tambi�n debe abarcar cualquier acto o decisi�n que emita una autoridad agraria, que sin constituir propiamente una resoluci�n en sentido formal, de hecho viene a constituir una resoluci�n en sentido material porque expresa su voluntad en cuanto determina situaciones jur�dicas concretas.

Lo anterior es comprensible, si se toma en cuenta que en ocasiones las autoridades emiten actos o acuerdos que sin constituir precisamente una resoluci�n en sentido formal, a trav�s de esos actos o acuerdos alteran, modifican o extinguen un derecho o determinan la existencia de una obligaci�n, como pudiera ser, por ejemplo, la emisi�n de un plano en materia agraria que modifique uno anterior, que sin ser propiamente una resoluci�n, dado que la expresi�n de voluntad se hace de manera gr�fica, esa decisi�n de hecho afecta situaciones jur�dicas concretas y lo determinante es que en ese acto o resoluci�n se plasme la voluntad de la autoridad agraria.

Es decir, para que proceda el recurso de revisi�n en t�rminos de la fracci�n III del art�culo 198 de la Ley A., es suficiente que el acto o resoluci�n cuya nulidad se demand� ante el Tribunal Unitario Agrario, haya sido emitido por una autoridad agraria y, necesariamente que este acto altere, modifique o extinga un derecho, o bien, haya determinado la existencia de una obligaci�n.

En consecuencia, si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situaci�n legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue alg�n derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resoluci�n, y como consecuencia de �sta, deben conocer y tienen competencia para su nulidad, los Tribunales Unitarios Agrarios y en contra de las sentencias que estos dicten en primera instancia, procede el recurso de revisi�n, de conformidad con el art�culo 198, fracci�n III, de la Ley A..

Lo anterior, al margen de que lo impugnado ante el Tribunal Unitario Agrario, constituya o no una decisi�n emanada de un determinado procedimiento tramitado en defensa de los derechos agrarios de n�cleos de poblaci�n, pues como ya se vio, por el vocablo resoluci�n, a que alude la Ley A. que se analiza, debe entenderse tambi�n el acto de autoridad administrativa que defina o d� certeza a una situaci�n legal o administrativa; la expresi�n de una voluntad que produce efectos jur�dicos y que sea diferente de las hip�tesis que prev� la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios en su art�culo 18, fracciones de la I a la XIV con excepci�n de la IV, que es la que se ha examinado.

En tales condiciones, debe prevalecer en lo esencial, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que coincide con el que sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y, con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, la tesis correspondiente quedar� redactada con el siguiente rubro y texto:

REVISI�N EN MATERIA AGRARIA. EN T�RMINOS DEL ART�CULO 198, F.I., DE LA LEY AGRARIA Y 18, F.I., DE LA LEY ORG�NICA, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS QUE RESUELVAN SOBRE LA NULIDAD DE ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS.-Al establecer el art�culo 198, fracci�n III, de la Ley A., que el recurso de revisi�n procede en contra de la sentencia de los Tribunales Unitarios Agrarios, que resuelvan en primera instancia sobre la nulidad de "resoluciones" emitidas por las autoridades en materia agraria, el t�rmino conceptual "resoluciones" no debe entenderse en sentido formal, esto es, como aquellas que definen o concluyen un procedimiento administrativo, sino en el sentido amplio que se deduce del art�culo 18, fracci�n IV, de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios que, al fijar la competencia de los Tribunales Unitarios de la materia, se la otorgan para conocer de juicios de nulidad contra resoluciones de autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligaci�n. Por tanto, cualquier tipo de resoluci�n o acuerdo, o inclusive un acto que altere, modifique o extinga un derecho o determine la existencia de una obligaci�n, es susceptible de ser impugnado en juicio de nulidad.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis denunciada entre el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio contenido en esta resoluci�n.

TERCERO

D�se a conocer la presente resoluci�n al Tribunal Pleno y a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, as� como a los Tribunales Colegiados de Circuito de la Rep�blica; y publ�quese �ntegramente en el Semanario Judicial de la Federaci�n.

N.�quese; rem�tase la tesis de jurisprudencia aprobada al Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en esta contradicci�n, as� como al Semanario Judicial de la Federaci�n y a su Gaceta para su publicaci�n; a su vez, rem�tanse testimonios de esta resoluci�n a los �rganos colegiados de los que deriv� dicha contradicci�n y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros Juan D�az R., M.A.G.�itr�n, G.I.O.M. y presidente S.S.A.A.. Ausente el se�or Ministro Jos� V.A.A.�n, previo aviso dado a los Ministros de la Sala. Fue ponente el cuarto de los Ministros antes mencionados.