Ejecutoria num. 2a./J. 84/99 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828251

Ejecutoria num. 2a./J. 84/99 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 84/99
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 1999
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO.ACCIÓN AGRARIA. EL TRIBUNAL AGRARIO CARECE DE FACULTADES PARA CALIFICAR SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA EN EL AUTO INICIAL.NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDAL O COMUNAL. LOS ASPIRANTES A AVECINDADOS QUEDAN COMPRENDIDOS DENTRO DEL RÉGIMEN TUTELAR DEL AMPARO AGRARIO, CUANDO LA MATERIA DE LA RECLAMACIÓN CONSTITUCIONAL VERSE SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE ESE CARÁCTER.NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDAL O COMUNAL. LOS AVECINDADOS QUEDAN COMPRENDIDOS DENTRO DEL RÉGIMEN TUTELAR DEL AMPARO AGRARIO.EJIDOS. LOS AVECINDADOS EN ÉL, SON SUJETOS RECONOCIDOS DE DERECHO AGRARIO Y DE LA CLASE CAMPESINA, AL LADO DE LOS EJIDATARIOS Y COMUNEROS, DE ACUERDO CON LA LEY AGRARIA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 2/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO CUARTO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve.

VISTOS, para resolver los autos de la contradicci�n de tesis identificada al rubro y;

RESULTANDO:

PRIMERO

Mediante oficio n�mero 004/99 recibido en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el seis de enero de mil novecientos noventa y nueve, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, S.I.�n P.M., denunci� la posible contradicci�n de tesis existente entre la sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisi�n n�mero 269/98, y la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito al fallar el amparo en revisi�n 271/98.

Al mencionado oficio, el denunciante acompa�� copia fotost�tica certificada de las ejecutorias dictadas en los relativos amparos en revisi�n.

SEGUNDO

Por acuerdo del diez de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� registrar el expediente de contradicci�n de tesis n�mero 2/99, determin� que esta S. se abocara al conocimiento de la posible contradicci�n de tesis y orden� dar vista al procurador general de la Rep�blica, a fin de que en el plazo de treinta d�as expusiera su parecer; asimismo, orden� turnar los autos para su estudio al se�or Ministro Juan D�az R..

Consta en autos la certificaci�n de la secretaria de Acuerdos de esta S., en el sentido de que se giraron los oficios respectivos a los Tribunales Colegiados de Circuito que emitieron las ejecutorias de las que deriva la denuncia de contradicci�n, en los que se les hizo saber el contenido del auto descrito en el p�rrafo que antecede.

Transcurrido el citado plazo y no habiendo expresado su parecer el procurador general de la Rep�blica, se entregaron los autos al Ministro ponente para que formulara el proyecto de resoluci�n correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

La Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el punto segundo del Acuerdo 1/1997, dictado por el Tribunal Pleno el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, pues el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde espec�ficamente a una de las materias en que se especializa esta S., a precisar, la administrativa.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formul� una de las partes en los respectivos juicios de amparo, como es el Tribunal Unitario Agrario se�alado como autoridad responsable.

TERCERO

A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicci�n de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los �rganos colegiados que la motivaron, y que a continuaci�n se transcriben.

El criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, al resolver el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el juicio de amparo en revisi�n n�mero 269/98, promovido por S.I.P.H., se desprende que se sustenta en las consideraciones respectivas siguientes:

"CUARTO. En la sentencia recurrida el J.F. neg� el amparo al quejoso porque consider�, que si por resoluci�n presidencial de fecha catorce de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno, fueron privados los ejidatarios de Xmakaba, Municipio de Tixcacalcupul, Y.�n, de sus derechos agrarios y sucesorios, el quejoso no puede tener la calidad de avecindado de un n�cleo ejidal ya desaparecido; adem�s, en su caso, con apoyo en la tesis que invoc� el a quo, ser�a la asamblea general de ejidatarios quien primeramente debe resolver sobre el reconocimiento de avecindados y solamente ante su negativa se deber� acudir ante los tribunales agrarios a demandar dicho reconocimiento; y por �ltimo, porque la resoluci�n reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que cumple con los requisitos previstos en el art�culo 16 constitucional.

"Contra la sentencia recurrida, el inconforme alega en su primer agravio en s�ntesis, que no se supli� la deficiencia de la queja de un aspirante a ejidatario, no obstante que el tribunal agrario desech� las diligencias de jurisdicci�n voluntaria que promovi� para acreditar su calidad de avecindado del ejido Xmakaba; que dicha sentencia viola los art�culos 14, 16, 17 y 27 constitucionales, toda vez que el a quo consider� que no existe el ejido, lo que es totalmente contrario a derecho a pesar de que el catorce de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno, por resoluci�n presidencial los veintitr�s ejidatarios de Xmakaba, hubieran sido privados de sus derechos agrarios as� como sus respectivos sucesores, porque hace como treinta a�os que el quejoso y su familia se asentaron en el ejido y han construido su vivienda y realizado cultivos sin oposici�n alguna, en raz�n de que en este ejido no existen ejidatarios y tampoco existen �rganos de representaci�n y vigilancia; que la privaci�n de los derechos de los ejidatarios no trajo la desaparici�n del ejido, raz�n por la que solicit� el reconocimiento de avecindado para posteriormente ser considerado como ejidatario y satisfacer lo dispuesto en el art�culo 15 de la Ley A., por lo que de lo anterior, se infiere que el J.F. dej� de observar el derecho que le asiste como aspirante a ejidatario; que adem�s, no se tom� en cuenta que el ejido no tiene ejidatarios y por lo tanto, no puede ser convocada la asamblea de ejidatarios y por ello el que debe conocer obligadamente de la cuesti�n es el Tribunal Unitario Agrario, quien no est� facultado para desechar la demanda, de conformidad con la tesis que se invoca y transcribe.

"Es infundado lo que antecede, ya que en las diligencias de jurisdicci�n voluntaria que promovi� el quejoso, no se precis� que las hiciera como aspirante a ejidatario, sino que por haber ocupado un terreno del ejido de Xmakaba, por m�s de treinta a�os, solicitaba se le reconociera su calidad de avecindado a ese ejido, lo que result� improcedente porque al no existir raz�n por la que no se est� en el caso de suplir la deficiencia de la queja como se dispone en la Ley de Amparo en beneficio de los ejidatarios; que tampoco tiene raz�n el recurrente cuando sostiene que se violaron en su perjuicio los art�culos constitucionales que se�ala, porque es bien sabido que el J.F. como �rgano de control constitucional, no est� en posibilidad de transgredir tales art�culos, sino a lo sumo, los de la Ley de Amparo que son los que rigen su proceder. Asimismo, debe destacarse contrariamente a lo sostenido por el recurrente, que si no existen ejidatarios en el lugar, ni autoridades ejidales en el mencionado ejido, no puede sostenerse que el ejido contin�a vigente y menos que existan avecindados a dicho ejido, como pretende serlo el quejoso, y si el a quo precis� para negar el amparo que ser�a la asamblea de ejidatarios la que deb�a resolver el reconocimiento de avecindado, eso lo indic� para el caso de que existiera el ejido. En consecuencia, si el Tribunal Unitario Agrario responsable desech� la demanda del ahora recurrente, procedi� correctamente, ya que no se est� en el caso de la tesis que invoca el inconforme, o sea, de alguna irregularidad de la demanda agraria sino de una cuesti�n diversa, por tratarse de un poblador asentado en tierras de un ejido inexistente que pretende ser reconocido como avecindado de ese ejido.

"En su segundo agravio el recurrente insiste, en que no porque los ejidatarios fueron privados de sus derechos ejidales, el ejido ya no existe, y por ello no puede tener la calidad de avecindado, por lo que el Tribunal Unitario Agrario, debe conocer de su demanda, ya que en t�rminos de la tesis que invoca dicho tribunal carece de facultades para desechar la demanda, quien s�lo puede prevenir al promovente que subsana irregularidades de la misma.

"Es infundado el agravio que se hace valer, pues como se ha considerado, si los ejidatarios que conformaban el ejido fueron privados de sus derechos y no existe resoluci�n presidencial posterior que determine la existencia de ese ejido, tiene que concluirse que la resoluci�n del tribunal responsable y la del J.F. son correctas, por haberle negado el amparo a una persona que por haberse asentado en tierras de un ejido, pretende se declare avecindado de aquel que ya no existe, no siendo aplicable al caso la tesis invocada pues el promovente de las diligencias de jurisdicci�n voluntaria no es ejidatario ni aspirante a ello, sino que se trata de una persona que detenta una tierra que perteneci� a un ejido ya desaparecido.

"En el tercer motivo de inconformidad se sostiene que lo declarado por la autoridad responsable le causa agravio, pues pese a que el quejoso demostr� su acci�n no prosper� conforme a lo establecido en la Ley A., por lo que no debe conced�rsele valor al informe del Tribunal Unitario Agrario.

"Es infundado lo anterior, pues no existe motivo legal para negarle valor al informe de la autoridad responsable, m�xime que no es verdad que el quejoso hubiera demostrado ante ella, la procedencia de su acci�n si �l admiti� en el hecho tercero de su demanda, que era una persona que se hab�a asentado en tierras de un ejido que hab�a desaparecido.

"En el cuarto agravio, se argumenta que la autoridad responsable no le otorg� relevancia jur�dica a las pruebas que ofreci�, con el fin de determinar que el ejido Xmakaba, s� existe legalmente; que se violaron en su perjuicio los art�culos 14, 16 y 27 constitucionales, por no respetar los principios que rigen los juicios agrarios viol�ndose adem�s, el art�culo 13 de la Ley A., ya que a pesar de haber residido por m�s de un a�o en las tierras del n�cleo de poblaci�n ejidal, no puede ser reconocido por la asamblea en la que participen todos los ejidatarios por carecer de ellos el ejido, raz�n por la que se promovi� ante el Tribunal Unitario Agrario, dej�ndolo en estado de indefensi�n al neg�rsele el amparo de jurisprudencia que invoca.

"Es infundado lo alegado, ya que no existe prueba alguna en autos que demuestre la existencia del ejido en cuesti�n y lo dem�s en que se dice que fueron violados los art�culos 14, 16 y 27 constitucionales por la autoridad responsable, no guarda relaci�n con lo considerado por el a quo, por lo que tiene que desestimarse por inoperante, sin que pueda admitirse como v�lido el razonamiento de que por no existir ejidatarios no pudo plantearse la cuesti�n a la asamblea, porque si no existen ejidatarios, eso quiere decir que el ejido ha desaparecido como lo estim� el J.F. y esa fue una de las razones por las que neg� el amparo al quejoso, acorde con la tesis de jurisprudencia invocada en el sentido de que de la cuesti�n debatida debe conocer un Juez de Distrito y no un Tribunal Colegiado.

"Finalmente, el inconforme invoca varias tesis que transcribe, en las que sostiene que deben suplirse los agravios en el amparo social agrario, pero que no resultan aplicables al caso, porque el ahora recurrente como se ha se�alado es un detentador de una porci�n de tierra que perteneci� a un ejido ya desaparecido y que por ello no se hace acreedor a ese principio de suplencia establecido en la Ley de Amparo para los ejidatarios o hasta para los aspirantes a ello.

"En estas condiciones, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida.

"Por lo expuesto, y con fundamento en los art�culos 83, fracci�n IV, 85, fracci�n II, 86 y 91 de la Ley de Amparo, se

resuelve:

"PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Y.�n.

SEGUNDO. La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a S.I.P.H., contra el acto de la autoridad que se precisa en el resultando primero de esta ejecutoria.

CUARTO

El Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, al resolver en la sesi�n del trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el juicio de amparo en revisi�n 271/98, promovido por F�lix T.P., en la ejecutoria correspondiente expuso las siguientes consideraciones:

"CUARTO. Son esencialmente fundados los agravios expresados por F. (sic) T.P., aunque para hacer tal pronunciamiento sea necesario suplir la deficiencia de la queja, en t�rminos de lo que establece el art�culo 76 bis, fracci�n III, de la Ley de Amparo, en virtud de que el recurrente pertenece a la clase campesina.

"En efecto, en la sentencia recurrida, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Y.�n, neg� el amparo al hoy recurrente, contra el auto dictado por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, de fecha uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en el que se desech� la demanda de jurisdicci�n voluntaria que promovi� para acreditar su calidad de avecindado del ejido de Xmakaba, Municipio de Tixcacalcupul, considerando el J.F. que el disconforme no puede tener la calidad de avecindado de un n�cleo ejidal ya desaparecido, ya que por resoluci�n presidencial del catorce de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno, fueron privados los ejidatarios de sus derechos agrarios y sucesorios, esto por encontrarse abandonadas las unidades de dotaci�n y la parcela escolar, estimando adem�s que es la asamblea general de ejidatarios quien primeramente debe resolver sobre el reconocimiento de avecindados, y �nicamente en caso de su negativa, se debe acudir ante los tribunales agrarios a demandar tal reconocimiento; citando el J.F. en apoyo de su resoluci�n la tesis n�mero II.1o.P.A.19 A, visible en la p�gina 348, Tomo III, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y seis, Novena �poca, Pleno, S. y Tribunales Colegiados de Circuito al Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, bajo el ep�grafe de: ?AVECINDADOS, LA CALIDAD DE LOS. DEBE SER RECONOCIDA PRIMERAMENTE ANTE LA ASAMBLEA EJIDAL.?.

"Ahora bien, este Tribunal Colegiado estima que los agravios que hace valer el recurrente son sustancialmente fundados, sin embargo, en ese menester debe reiterarse, que es necesario suplir la deficiencia de dichos agravios, de conformidad a lo siguiente.

"El art�culo 13 de la Ley A. en vigor, contiene esta disposici�n: ?Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un a�o o m�s en las tierras del n�cleo de poblaci�n ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere.?. A su vez, el art�culo 165 del mismo ordenamiento legal establece: ?Los tribunales agrarios, adem�s, conocer�n en la v�a de jurisdicci�n voluntaria de los asuntos no litigiosos que les sean planteados, que requieran la intervenci�n judicial, y proveer�n lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes.?. Por otra parte, el numeral 181 del invocado ordenamiento legal expresa que: ?Presentada la demanda o realizada la comparecencia, el tribunal del conocimiento la examinar� y, si hubiera irregularidades en la misma o se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos previstos legalmente, prevendr� al promovente para que los subsane dentro del t�rmino de ocho d�as.?.

"De lo antes transcrito, se advierte que no fue correcta la determinaci�n del Tribunal Unitario Agrario responsable al desechar la demanda planteada por el inconforme en la v�a de jurisdicci�n voluntaria, ya que de conformidad con el ordinal 181 de la Ley A. antes transcrito, dicho tribunal �nicamente est� autorizado a prevenir al promovente en el caso de advertir irregularidades en la demanda para que la (sic) otorgue tal facultad, por ser esa cuesti�n propia de la sentencia definitiva que se dicte en tal procedimiento, en donde se resolver� lo que legalmente corresponda acerca de la procedencia o improcedencia de la acci�n deducida. Al caso es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, tesis que comparte este tribunal, visible en la p�gina 274, del Tomo XIV-Octubre, Octava �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n, Tribunales Colegiados de Circuito, bajo el rubro y texto que sigue: ?AGRARIO. EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO CARECE DE FACULTADES PARA DESECHAR LA DEMANDA. De conformidad con la nueva legislaci�n agraria que entr� en vigor el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, el tribunal agrario no est� facultado para desechar una demanda, pues ninguna norma jur�dica le concede tal atribuci�n, sino que, por el contrario, en los art�culos 163 al 190 de la citada ley se consignan disposiciones sobre las formalidades, actuaciones y el tr�mite que debe realizar cuando se est� en presencia de una demanda, de suerte que, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 181 del mismo ordenamiento legal, el Tribunal Unitario s�lo est� autorizado para prevenir al promovente a fin de que subsane las irregularidades que hubiere advertido al examinar la demanda, quedando como cuesti�n propia de la sentencia definitiva que llegue a emitirse, lo conducente acerca de la procedencia de la acci�n deducida.?. De igual manera, es af�n y congruente a este criterio, la diversa tesis consultable en la p�gina 711, del Tomo III, mayo de 1996, Novena �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: ?TRIBUNALES AGRARIOS. NO EST�N FACULTADOS PARA DESECHAR UNA DEMANDA ANTE �STOS INTERPUESTA, SINO S�LO A EXAMINARLA PARA QUE, EN SU CASO, INDIQUEN COMO PREVENCI�N LAS IRREGULARIDADES U OMISIONES DE LA MISMA. De lo establecido por el art�culo 181 de la Ley A., se desprende que los tribunales agrarios, tienen la obligaci�n de examinar la demanda propuesta para indicar las irregularidades u omisiones en la misma, y en su caso, prevenir al promovente para que las subsane; luego, resulta infundado el auto dictado por el tribunal agrario responsable, en que desech� la demanda agraria, toda vez que la ley de la materia no contiene disposici�n alguna que autorice a dichos tribunales a analizar la demanda para determinar si la acci�n ejercida por los actores es procedente o no; menos para que en caso de ser as� la desechen ordenando su archivo como asunto concluido, pues de hacerlo prejuzgan sobre la procedencia de la acci�n.?.

"Y es que, no es jur�dico, por ser de explorado derecho, que el desechamiento de una demanda o promoci�n, se funde y encuentre sustento en razones de car�cter sustantivo, ya que eso es privativo de la resoluci�n de fondo que culmina el procedimiento.

"En m�rito de lo anterior, obvio es que el tribunal responsable al dictar tal resoluci�n, vulner� en perjuicio del inconforme las normas procesales aplicables y por ende, las garant�as individuales que consagran los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal de la Rep�blica, raz�n por la cual, procede revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo de la Justicia Federal al revisionista, para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con residencia en la ciudad de M�rida, admita la demanda que en diligencias de jurisdicci�n voluntaria promovi� el inconforme para acreditar su calidad de avecindado del ejido de Xmakaba, Municipio de Tixcacalcupul, Y.�n y en su oportunidad resuelva lo procedente conforme a derecho.

"P. expuesto y fundado, y con apoyo adem�s en los art�culos 83, fracci�n IV, 85, fracci�n II, 86 y 91, de la Ley de Amparo se resuelve:

"PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Para los efectos precisados en la parte final del considerando cuarto de esta ejecutoria, la Justicia de la Uni�n ampara y protege a F�lix T.P., respecto de los actos que reclam� del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con residencia en la ciudad de M�rida, Y.�n, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

QUINTO

En principio, es pertinente tener en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafo primero, de la Constituci�n General de la Rep�blica y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las S.s de la Suprema Corte de Justicia, sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus S.s, seg�n corresponda, deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer.

Ahora bien, la existencia de la contradicci�n de tesis precisa de la reuni�n de los siguientes supuestos:

  1. Dos o m�s ejecutorias dictadas, respectivamente, por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las S.s de la Suprema Corte de Justicia, al resolver los negocios jur�dicos sometidos a su consideraci�n, en las que examinen, sobre los mismos elementos jur�dicos, cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, cuyas hip�tesis, con caracter�sticas de generalidad y abstracci�n, pueden actualizarse en otros asuntos.

  2. Que de tal examen arriben a posiciones o criterios jur�dicos discrepantes.

  3. Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jur�dicas.

Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 22/92, sustentada por la Cuarta S. de la anterior integraci�n de esta Suprema Corte de Justicia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, n�mero 58, octubre de 1992, p�gina 22, que dice:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Tambi�n es ilustrativa de lo expuesto, la tesis LXVII/98 de esta Segunda S., visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., mayo de 1998, p�gina 587, cuya sinopsis es la siguiente:

CONTRADICCI�N DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO EN LA FORMA ESTABLECIDA NI PUBLICADO. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, desprendi�ndose que la tesis a que se refieren es el criterio jur�dico sustentado por un �rgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hip�tesis, con caracter�sticas de generalidad y abstracci�n, puede actualizarse en otros asuntos, criterio que, adem�s, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 195 de la citada legislaci�n, debe redactarse de manera sint�tica, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del car�cter de tesis, en tanto esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo �sta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicci�n que establecen los preceptos citados.

En el caso, el examen de las ejecutorias transcritas pone de relieve que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre los mismos temas, a precisar: por una parte, la suplencia de la deficiencia de la queja en el juicio de amparo en materia agraria y, por otra, las facultades de los Tribunales Unitarios Agrarios para desechar demandas.

Se advierte que los citados �rganos colegiados partieron de la existencia y examen de los mismos elementos, pues ambos conocieron de un recurso de revisi�n interpuesto en contra de la sentencia dictada en un juicio de amparo en el que se reclam� de un Tribunal Unitario Agrario el desechamiento de una demanda de reconocimiento del car�cter de avecindado de un ejido, pero arribaron a conclusiones divergentes, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito sostuvo que en el juicio de amparo no procede suplir la queja deficiente en favor de aspirantes a avecindados y que los Tribunales Unitarios Agrarios tienen facultades para desechar demandas agrarias; el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito sostuvo que, en ese caso, es procedente la suplencia de la queja, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 76 bis, fracci�n III, de la Ley de Amparo, en virtud de que esos aspirantes a avecindados pertenecen a la clase campesina y que los Tribunales Unitarios Agrarios carecen de facultades para desechar las demandas que se les presenten.

En esos t�rminos se encuentra expresamente configurada la contradicci�n de tesis denunciada que presenta dos puntos de divergencia respecto de los que esta S. debe decidir, respectivamente, el criterio que debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia.

SEXTO

La contradicci�n ha de resolverse declarando que sobre los temas a debate deben prevalecer los criterios que sienta esta S. al tenor de las siguientes consideraciones:

En primer lugar, debe abordarse el t�pico relativo a la suplencia de la deficiencia de la queja en favor de aspirantes a avecindados de un ejido, por lo que es preciso destacar las disposiciones de la Ley A. en vigor que definen al avecindado y se relacionan con sus derechos y obligaciones, siendo las siguientes:

"Art�culo 13. Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un a�o o m�s en las tierras del n�cleo de poblaci�n ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere."

"Art�culo 15. Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere:

"I. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario; y

"II. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno."

"Art�culo 19. Cuando no existan sucesores, el tribunal agrario proveer� lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y avecindados del n�cleo de poblaci�n de que se trate. El importe de la venta corresponder� al n�cleo de poblaci�n ejidal."

"Art�culo 30. Para la asistencia v�lida de un mandatario a una asamblea bastar� una carta-poder debidamente suscrita ante dos testigos que sean ejidatarios o avecindados. En caso de que el ejidatario mandante no pueda firmar, imprimir� su huella digital en la carta y solicitar� a un tercero que firme la misma y asiente el nombre de ambos.

"En el caso de asambleas que se re�nan para tratar los asuntos se�alados en las fracciones VII a XIV del art�culo 23 de esta ley, el ejidatario no podr� designar mandatario."

"Art�culo 41. Como �rgano de participaci�n de la comunidad podr� constituirse en cada ejido una junta de pobladores, integrada por los ejidatarios y avecindados del n�cleo de poblaci�n, la que podr� hacer propuestas sobre cuestiones relacionadas con el poblado, sus servicios p�blicos y los trabajos comunitarios del asentamiento humano.

"La integraci�n y funcionamiento de las juntas de pobladores se determinar� en el reglamento que al efecto elaboren los miembros de la misma y podr� incluir las comisiones que se juzguen necesarias para gestionar los intereses de los pobladores."

"Art�culo 57. Para proceder a la asignaci�n de derechos sobre tierras a que se refiere la fracci�n III del art�culo anterior, la asamblea se apegar�, salvo causa justificada y expresa, al siguiente origen de preferencia:

"I.P. reconocidos por la asamblea;

"II.E. y avecindados del n�cleo de poblaci�n cuya dedicaci�n y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversi�n las tierras de que se trate;

"III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos a�os o m�s; y

"IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea.

"Cuando as� lo decida la asamblea, la asignaci�n de tierras podr� hacerse por resoluci�n de la propia asamblea, a cambio de una contraprestaci�n que se destine al beneficio del n�cleo de poblaci�n ejidal."

"Art�culo 68. Los solares ser�n de propiedad plena de sus titulares. Todo ejidatario tendr� derecho a recibir gratuitamente un solar al constituirse, cuando ello sea posible, la zona de urbanizaci�n. La extensi�n del solar se determinar� por la asamblea, con la participaci�n del Municipio correspondiente, de conformidad con las leyes aplicables en materia de fraccionamientos y atendiendo a las caracter�sticas, usos y costumbres de cada regi�n.

"La asamblea har� la asignaci�n de solares a los ejidatarios, determinando en forma equitativa la superficie que corresponda a cada uno de ellos. Esta asignaci�n se har� en presencia de un representante de la Procuradur�a A. y de acuerdo con los solares que resulten del plano aprobado por la misma asamblea e inscrito en el Registro Agrario Nacional. El acta respectiva se inscribir� en dicho registro y los certificados que �ste expida de cada solar constituir�n los t�tulos oficiales correspondientes.

"Una vez satisfechas las necesidades de los ejidatarios, los solares excedentes podr�n ser arrendados o enajenados por el n�cleo de poblaci�n ejidal a personas que deseen avecindarse.

"Cuando se trate de ejidos en los que ya est� constituida la zona de urbanizaci�n y los solares ya hubieren sido asignados, los t�tulos se expedir�n en favor de sus leg�timos poseedores."

"Art�culo 72. En cada ejido y comunidad podr� destinarse una parcela para constituir la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, en donde se realizar�n actividades productivas, culturales, recreativas y de capacitaci�n para el trabajo, para los hijos de ejidatarios, comuneros y avecindados mayores de diecis�is y menores de veinticuatro a�os. Esta unidad ser� administrada por un comit� cuyos miembros ser�n designados exclusivamente por los integrantes de la misma. Los costos de operaci�n de la unidad ser�n cubiertos por sus miembros."

"Art�culo 74. La propiedad de las tierras de uso com�n es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo los casos previstos en el art�culo 75 de esta ley.

"El reglamento interno regular� el uso, aprovechamiento, acceso y conservaci�n de las tierras de uso com�n del ejido, incluyendo los derechos y obligaciones de ejidatarios y avecindados respecto de dichas tierras.

"Los derechos sobre las tierras de uso com�n se acreditan con el certificado a que se refiere el art�culo 56 de esta ley."

"Art�culo 80. Los ejidatarios podr�n enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo n�cleo de poblaci�n.

"Para la validez de la enajenaci�n a que se refiere este art�culo bastar� la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificaci�n que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deber� expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal deber� realizar la inscripci�n correspondiente en el libro respectivo.

"El c�nyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozar�n del derecho del tanto, el cual deber�n ejercer dentro de un t�rmino de treinta d�as naturales contados a partir de la notificaci�n, a cuyo vencimiento caducar� tal derecho. Si no se hiciere la notificaci�n, la venta podr� ser anulada."

"Art�culo 84. En caso de la primera enajenaci�n de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, los familiares del enajenante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por m�s de un a�o, los ejidatarios, los avecindados y el n�cleo de poblaci�n ejidal, en ese orden, gozar�n del derecho del tanto, el cual deber�n ejercer dentro de un t�rmino de treinta d�as naturales contados a partir de la notificaci�n, a cuyo vencimiento caducar� tal derecho. Si no se hiciere la notificaci�n, la venta podr� ser anulada.

"El comisariado ejidal y el consejo de vigilancia ser�n responsables de verificar que se cumpla con esta disposici�n.

"La notificaci�n hecha al comisariado, con la participaci�n de dos testigos o ante fedatario p�blico, surtir� los efectos de notificaci�n personal a quienes gocen del derecho del tanto. Al efecto, el comisariado bajo su responsabilidad publicar� de inmediato en los lugares m�s visibles del ejido una relaci�n de los bienes o derechos que se enajenan."

"Art�culo 101. La comunidad implica el estado individual de comunero y, en su caso, le permite a su titular el uso y disfrute de su parcela y la cesi�n de sus derechos sobre la misma en favor de sus familiares y avecindados, as� como el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso com�n en los t�rminos que establezca el estatuto comunal. El beneficiado por la cesi�n de derecho de un comunero adquirir� la calidad de comunero.

"Cuando no exista litigio, se presume como leg�tima la asignaci�n de parcelas existentes de hecho en la comunidad."

Art�culo 135. La procuradur�a tiene funciones de servicio social y est� encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, peque�os propietarios, avecindados y jornaleros agr�colas, mediante la aplicaci�n de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando as� se lo soliciten, o de oficio en los t�rminos de esta ley.

En el transcrito art�culo 13 de la Ley A. en vigor, se encuentra claramente se�alada la acepci�n de avecindados, determinada por la concurrencia de ciertos requisitos equivalentes a la capacidad agraria individual, como son:

  1. Ser mexicanos;

  2. Mayores de edad;

  3. Con residencia m�nima de un a�o en las tierras del n�cleo de poblaci�n; y

  4. Contar con el reconocimiento de la asamblea ejidal o del tribunal agrario.

Satisfechos estos requisitos, por disposici�n del mismo art�culo 13 en comento, los avecindados gozan de diversos derechos que la propia Ley A. les confiere, concernientes al ejido y a la defensa de sus intereses.

Entre otros de los derechos concernientes a la constituci�n, administraci�n y vida del ejido, el avecindado se encuentra dotado de los siguientes:

  1. Adquirir la calidad de ejidatario (art�culo 15, fracci�n II).

  2. De preferencia, al mismo nivel que los ejidatarios, para comprar derechos agrarios provenientes de un titular fallecido sin que existan sucesores (art�culo 19).

  3. F. como testigo de calidad en la expedici�n de una carta en la que un ejidatario designe a un mandatario (art�culo 30).

  4. Participar en la junta de pobladores del n�cleo de poblaci�n, as� como en la elaboraci�n de su reglamento (art�culo 41).

  5. Ser preferido en tercero y quinto lugar, para recibir tierras de uso com�n del n�cleo de poblaci�n, en caso de que la asamblea hubiere acordado su parcelamiento (espec�ficamente quien hubiere demostrado notoria dedicaci�n y esmero o que hubiere mejorado la tierra en cuesti�n con su trabajo e inversi�n, o simplemente que hubiere trabajado la tierra por un m�nimo de dos a�os) (art�culo 57, fracciones II y III).

  6. Participar en la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud que se establezca en el n�cleo de poblaci�n (art�culo 72).

  7. Ser sujeto de derechos y obligaciones dentro del reglamento interno del ejido (art�culo 74).

  8. Adquirir los derechos parcelarios de ejidatarios del mismo n�cleo de poblaci�n, previa acreditaci�n de los requisitos de validez (art�culo 80).

  9. Gozar del derecho del tanto respecto de la primera enajenaci�n de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno (art�culo 84).

  10. Adquirir parcelas comunitarias por cesi�n, convirti�ndose en comunero (art�culo 101).

    En relaci�n con la defensa de sus intereses dentro del ejido, el avecindado goza de los siguientes derechos:

  11. De que los tribunales agrarios unitarios conozcan y resuelvan las controversias que tenga con otros avecindados o con ejidatarios, comuneros y posesionarios, as� como de las omisiones de la Procuradur�a A. que le causen perjuicio, ejercitando la acci�n agraria gen�rica, de acuerdo con lo dispuesto en los art�culos 163 de la Ley A. y 18, fracci�n VI, de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, que dicen:

    "Art�culo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicaci�n de las disposiciones contenidas en esta ley."

    "Art�culo 18. Los Tribunales Unitarios conocer�n, por raz�n del territorio, de las controversias que se les planteen con relaci�n a tierras ubicadas dentro de su jurisdicci�n, conforme a la competencia que les confiere este art�culo.

    "Los Tribunales Unitarios ser�n competentes para conocer:

    "I. ...

    "VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre s�; as� como las que se susciten entre �stos y los �rganos del n�cleo de poblaci�n; ..."

  12. Poder ser asistido y defendido por la Procuradur�a A. (art�culo 135).

    Cabe destacar que la propia Ley A. propicia la existencia de los avecindados en tanto que, por una parte, en su art�culo 68, establece que los aspirantes a recibir la calidad de avecindado tienen el derecho de adquirir un solar de los excedentes en la zona de urbanizaci�n del poblado, y por otra, en el art�culo 13 engendra la acci�n de reconocimiento del car�cter de avecindado ante el tribunal agrario, al se�alar "... que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente ...".

    Las precisiones realizadas conducen a la convicci�n de que los avecindados son, en realidad, aspirantes a ejidatarios o comuneros, pues satisfechos los requisitos que les dan el car�cter de avecindados, que son equivalentes a los de capacidad agraria individual, tienen un derecho preferente para convertirse en ejidatarios o comuneros, de surtirse alguno de los supuestos establecidos al respecto en la ley de la materia.

    Sobre las premisas apuntadas, resulta tambi�n f�cil advertir que el avecindado no es un nuevo actor en el panorama agrario creado por la reciente Ley A., como adelante se demuestra.

    La abrogada Ley Federal de Reforma A. ya ten�a en cuenta a los avecindados como sujetos de derecho agrario, seg�n se desprende de los siguientes art�culos de esa legislaci�n:

    "Art�culo 72. Cada vez que sea necesario determinar a qui�ndebe adjudicarse una unidad de dotaci�n la asamblea general se sujetar�, invariablemente, a los siguientes �rdenes de preferencia y de exclusi�n:

    "I.E. o sucesores de ejidatarios que figuren en la resoluci�n y en el censo original y que est�n trabajando en el ejido;

    "II.E. incluidos en la resoluci�n y en los censos, que hayan trabajado en el ejido aunque actualmente no lo hagan, siempre que comprueben que se le impidi�, sin causa justificada, continuar el cultivo de la superficie cuyo usufructo les fue concedido en el reparto provisional;

    "III. Campesinos del n�cleo de poblaci�n que no figuraron en la solicitud o en el censo, pero que hayan cultivado l�cita y pac�ficamente terrenos del ejido de un modo regular durante dos o m�s a�os, siempre y cuando su ingreso y su trabajo no haya sido en perjuicio de un ejidatario con derechos;

    "IV. Campesinos del poblado que hayan trabajado terrenos del ejido por menos de dos a�os, sin perjuicio de un ejidatario con derechos;

    ".C. del mismo n�cleo de poblaci�n que hayan llegado a la edad exigida por esta ley para poder ser ejidatarios;

    "VI. Campesinos procedentes de n�cleos de poblaci�n colindantes; y

    "VII. Campesinos procedentes de otros n�cleos de poblaci�n donde falten tierras.

    "En los casos previstos en la fracciones III a VII ser�n preferidos quienes tengan sus derechos a salvo.

    "Cuando la superficie sea insuficiente para formar el n�mero de unidades de dotaci�n necesarias, de acuerdo con el censo b�sico, la eliminaci�n de los posibles beneficiados se har� en el orden inverso al indicado antes. Dentro de cada una de las categor�as establecidas, se proceder� a la exclusi�n en el siguiente orden:

    "a) Campesinos, hombres o mujeres mayores de 16 a�os y menores de 18, sin familia a su cargo;

    "b) Campesinos, hombres o mujeres, mayores de 18 a�os, sin familia a su cargo;

    "c) Campesinos casados y sin hijos; y

    "d) Campesinos con hijos a su cargo.

    "En cada uno de estos grupos se eliminar� en primer t�rmino a los de menor edad, salvo el caso del inciso d) del p�rrafo anterior en que se deber� preferir a los que tengan mayor n�mero de hijos a su cargo."

    "Art�culo 93. Todo ejidatario tiene derecho a recibir gratuitamente, como patrimonio familiar, un solar en la zona de urbanizaci�n cuya asignaci�n se har� por sorteo. La extensi�n del solar se determinar� atendiendo a las caracter�sticas, usos y costumbres de la regi�n para el establecimiento del hogar campesino, pero en ning�n caso exceder� de 2,500 m2. Los solares excedentes podr�n ser arrendados o enajenados a personas que deseen avecindarse, pero en ning�n caso se les permitir� adquirir derechos sobre m�s de un solar, y deber�n ser mexicanos, dedicarse a ocupaci�n �til a la comunidad y estar�n obligados a contribuir para la realizaci�n de obras de beneficio social en favor de la comunidad.

    "El ejidatario o avecindado a quien se haya asignado un solar en la zona de urbanizaci�n y lo pierda o lo enajene, no tendr� derecho a que se le adjudique otro."

    "Art�culo 200. Tendr� capacidad para obtener unidad de dotaci�n por los diversos medios que esta ley establece, el campesino que re�na los siguientes requisitos:

    "I. Ser mexicano por nacimiento, hombre o mujer, mayor de diecis�is a�os, o de cualquier edad si tiene familia a su cargo;

    "II. Residir en el poblado solicitante por lo menos desde seis meses antes de la fecha de la presentaci�n de la solicitud o del acuerdo que inicie el procedimiento de oficio, excepto cuando se trate de la creaci�n de un nuevo centro de poblaci�n o del acomodo en tierras ejidales excedentes;

    "III. Trabajar personalmente la tierra, como ocupaci�n habitual;

    "IV. No poseer a nombre propio y a t�tulo de dominio tierras en extensi�n igual o mayor al m�nimo establecido para la unidad de dotaci�n;

    "V. No poseer un capital individual en la industria o en el comercio mayor de diez mil pesos, o un capital agr�cola mayor de veinte mil pesos; y

    "VI. No haber sido condenado por sembrar, cultivar o cosechar mariguana, amapola, o cualquier otro estupefaciente."

    Art�culo 202. Los peones o los trabajadores de las haciendas tienen derecho a concurrir entre los capacitados a que se refiere el art�culo 200. Para el efecto ser�n incluidos en los censos que se levanten con motivo de los expedientes agrarios que se inicien a petici�n de ellos mismos, o en los correspondientes a solicitudes de n�cleos de poblaci�n, cuando el lugar en que residan quede dentro del radio de afectaci�n del poblado solicitante; en este caso las autoridades agrarias proceder�n de oficio. Tambi�n tienen derecho al acomodo en las superficies excedentes de las tierras restituidas o dotadas a un n�cleo de poblaci�n y a obtener gratuitamente una unidad de dotaci�n en los centros de poblaci�n que constituyan las instituciones federales y locales, expresamente autorizadas por la Federaci�n para el efecto.

    La interpretaci�n sistem�tica de esos art�culos de la abrogada Ley Federal de Reforma A., revelan que este ordenamiento ya se refer�a a los avecindados de un ejido y les confer�a diversos derechos, entre otros, a asentarse en el ejido y a convertirse en ejidatarios, de reunir los requisitos que determinaban la capacidad agraria individual, pero no les otorgaba un reconocimiento ni lugar especial en el n�cleo de poblaci�n ni una protecci�n como tales.

    En ese orden de ideas, es inconcuso que la nueva Ley A. no cre� a los avecindados, pues a �stos ya se refer�a la abrogada Ley Federal de Reforma A., pero s� precis� su existencia, sujet�ndola al reconocimiento de la asamblea ejidal o del tribunal agrario competente, para otorgarles un lugar dentro del n�cleo de poblaci�n y protecci�n mediante la precisi�n de derechos y obligaciones propios, acordes con el nuevo sistema agrario, convirti�ndolos en sujetos reconocidos de derecho agrario y de la clase campesina, al lado de los ejidatarios y comuneros.

    Las premisas se�aladas resultan rectoras de la procedencia de aplicar en beneficio de los avecindados de un ejido o comunidad agraria, la suplencia de la deficiencia de la queja en el juicio de garant�as, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 76 bis, fracci�n III, de la Ley de Amparo, en relaci�n con los art�culos 212, fracci�n III y 227, de la misma legislaci�n, que dicen:

    "Art�culo 76 bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deber�n suplir la deficiencia de los conceptos de violaci�n de la demanda, as� como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

    "I. ...

    "III. En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el art�culo 227 de esta ley.

    "IV. ..."

    "Art�culo 212. Con la finalidad de tutelar a los n�cleos de poblaci�n ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, as� como, en su pretensi�n de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, se observar�n las disposiciones del presente libro segundo en los siguientes juicios de amparo:

    "I. ...

    "III. Aquellos en que la consecuencia sea no reconocerles o afectarles en cualquier forma derechos que hayan demandado ante las autoridades, quienes los hayan hecho valer como aspirantes a ejidatarios o comuneros."

    "Art�culo 227. Deber� suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, en los juicios de amparo en que sean parte como quejosos o como terceros, las entidades o individuos que menciona el art�culo 212; as� como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios."

    De estos preceptos de la Ley de Amparo se desprende que en los juicios de garant�as en materia agraria, debe suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, cuando sean parte como quejosos o como terceros perjudicados, las entidades o individuos que menciona el art�culo 212 que en su p�rrafo primero, incluye no s�lo a los n�cleos de poblaci�n ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros, sino tambi�n, en forma general a "quienes pertenezcan a la clase campesina", precisando en su fracci�n III, a los aspirantes a ejidatarios y comuneros, cuando la consecuencia sea no reconocerles o afectarles en cualquier forma, derechos que hayan demandado ante las autoridades.

    En esa tesitura, resulta de importancia al caso, tener en cuenta el concepto que respecto de clase campesina ha sustentado la Suprema Corte de Justicia, en particular el emitido por la Segunda S. de la anterior integraci�n, en la jurisprudencia visible en la S�ptima �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo 205-216, Tercera Parte, p�gina 160, que dice:

    AGRARIO. CLASE CAMPESINA, DETERMINACI�N DEL CONCEPTO DE. AMPARO EN MATERIA AGRARIA. Aunque el art�culo 212 de la Ley de Amparo se refiere ?a quienes pertenezcan a la clase campesina?, si se interpreta este precepto en relaci�n con el art�culo 107, fracci�n II, de la Constituci�n, debe concluirse que las normas tutelares del amparo en materia agraria s�lo son aplicables en beneficio de las entidades o individuos sujetos al r�gimen de propiedad ejidal o comunal, jur�dicamente distinto del r�gimen de propiedad particular, independientemente de su pertenencia a una determinada clase social que podr�a llamarse campesina. Cuando el art�culo 212 de la Ley de Amparo habla de ?quienes pertenezcan a la clase campesina? se refiere, no a todos los campesinos en sentido gen�rico del vocablo, sino a los previstos en la fracci�n III, a saber: los aspirantes a ejidatarios o comuneros. Las referidas normas tutelares del amparo en materia agraria no implican como criterio diferenciador para su aplicaci�n el concepto sociol�gico de ?campesinos?, sino los conceptos de n�cleo ejidal o comunal o ejidatarios y comuneros (incluyendo los aspirantes), que son m�s bien jur�dicos porque dependen del r�gimen de propiedad a que est�n sometidos dichos n�cleos o individuos, de tal suerte que quien posee un terreno r�stico no sujeto al r�gimen ejidal o comunal, aunque sociol�gicamente pertenezca a la clase campesina, no puede invocar en su beneficio las normas tutelares ya mencionadas.

    De esta jurisprudencia se desprende claramente establecido que por clase campesina no se entiende a todos los campesinos en el sentido gen�rico del vocablo, sino s�lo a los inmersos y reconocidos dentro del n�cleo ejidal o comunal; criterio que la actual integraci�n de esta Segunda S. comparte en lo esencial y que bien sirve para actualizar y armonizar el �mbito protector de las normas del libro segundo de la Ley de Amparo, incluida la suplencia de la deficiencia de la queja, con el nuevo sistema agrario determinado por la nueva Ley A..

    Con base en tal criterio, debe concluirse que los avecindados, como sujetos reconocidos y protegidos dentro del n�cleo de poblaci�n por la nueva Ley A., son miembros de la clase campesina a la que se refiere el art�culo 212 de la Ley de Amparo, que gozan del �mbito protector de las disposiciones del libro segundo de la Ley de Amparo, entre otras, el beneficio de la suplencia de la deficiencia de la queja a que se refieren los art�culos 76 bis, fracci�n III y 227 de la misma legislaci�n.

    Deben considerarse incluidos dentro de ese beneficio, a los aspirantes a avecindados cuando la materia de la reclamaci�n constitucional verse, precisamente, en el reconocimiento del car�cter de avecindados, lo que se desprende de la interpretaci�n extensiva de lo establecido en la fracci�n III del art�culo 212 de la Ley de Amparo, que se refiere a los aspirantes a ejidatarios o comuneros, pues los aspirantes a avecindados son, en realidad, aspirantes a ejidatarios y comuneros, ya que el presupuesto de estas calidades es, precisamente, el car�cter de avecindado.

    Es necesario se�alar que las consideraciones que anteceden resultan suficientes para que esta S. se aparte del criterio que sobre el particular sostuvo en la tesis CV/96, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, p�gina 246, que dice:

    "SUPLENCIA DE LA QUEJA, NO DEBE LLEVARSE AL EXTREMO DE CAMBIAR LA V�A INTENTADA. Los avecindados de la zona urbana ejidal no son sujetos de la tutela que establece el libro segundo de la Ley de Amparo, toda vez que su situaci�n no se encuentra prevista en el art�culo 212 de dicha ley, por lo cual no cabe suplir la deficiencia de la queja en los t�rminos del art�culo 227 del mismo ordenamiento, adem�s de que la suplencia de la queja no puede llevarse al extremo de cambiar la v�a intentada, por lo que si promovieron revisi�n, no puede enmendarse este recurso y resolverse como incidente de inconformidad, dado que la naturaleza jur�dica y tramitaci�n, de uno y otro, son distintas."

    Atento a todo lo razonado, esta Segunda S. considera que sobre el tema de la suplencia de la deficiencia de la queja en el juicio de amparo respecto de avecindados de un n�cleo de poblaci�n ejidal o comunal y aspirantes a avecindados, deben de prevalecer los criterios que a continuaci�n se precisan, los que de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, deben regir con car�cter de jurisprudencia, quedando redactados con los siguientes rubros y textos:

    N�CLEOS DE POBLACI�N EJIDAL O COMUNAL. LOS AVECINDADOS QUEDAN COMPRENDIDOS DENTRO DEL R�GIMEN TUTELAR DEL AMPARO AGRARIO. El libro segundo de la Ley de Amparo contiene disposiciones tuteladoras de los derechos de los sujetos del r�gimen agrario; as�, el art�culo 227 establece que en los juicios de garant�as en materia agraria debe suplirse la queja deficiente, inclusive en exposiciones, comparecencias y alegatos, cuando sean parte como quejosos o como terceros perjudicados, las entidades o individuos que menciona el art�culo 212 que, en su p�rrafo primero, incluye no s�lo a los n�cleos de poblaci�n ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros, sino tambi�n, en forma general a "quienes pertenezcan a la clase campesina", precisando en su fracci�n III, a los aspirantes a ejidatarios y comuneros. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado jurisprudencia en el sentido de que dentro del concepto de clase campesina no se encuentran comprendidos todos los campesinos en el sentido gen�rico del vocablo, sino s�lo los inmersos y reconocidos dentro del n�cleo ejidal o comunal, criterio que sirve para actualizar y armonizar el �mbito protector del amparo agrario con el sistema instituido por la Ley A. en vigor, que sujeta la calidad de avecindados al reconocimiento de la asamblea ejidal o del tribunal agrario competente, con lo cual se les otorga un lugar dentro del n�cleo de poblaci�n y una situaci�n jur�dica particular con derechos y obligaciones propios, convirti�ndolos as� en sujetos reconocidos de derecho agrario y de la clase campesina, al lado de los ejidatarios y comuneros. Consecuentemente, los avecindados, como sujetos reconocidos y protegidos dentro del n�cleo de poblaci�n por la nueva Ley A., son miembros de la clase campesina a que se refiere el art�culo 212 de la Ley de Amparo, que se encuentran dentro del �mbito protector de las disposiciones del amparo agrario, entre otras, la tocante al beneficio de la suplencia de la deficiencia de la queja a que tambi�n se refiere el art�culo 76 bis, fracci�n III, de la Ley de Amparo.

    N�CLEOS DE POBLACI�N EJIDAL O COMUNAL. LOS ASPIRANTES A AVECINDADOS QUEDAN COMPRENDIDOS DENTRO DEL R�GIMEN TUTELAR DEL AMPARO AGRARIO, CUANDO LA MATERIA DE LA RECLAMACI�N CONSTITUCIONAL VERSE SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE ESE CAR�CTER. Los avecindados, como sujetos reconocidos y protegidos dentro del n�cleo de poblaci�n por la nueva Ley A., son miembros de la clase campesina a que se refiere el art�culo 212 de la Ley de Amparo, que se encuentran dentro del �mbito protector de las disposiciones del amparo agrario, entre otras, la tocante al beneficio de la suplencia de la deficiencia de la queja a que tambi�n se refiere el art�culo 76 bis, fracci�n III, de la Ley de Amparo, �mbito en el que deben considerarse incluidos tambi�n los aspirantes a avecindados cuando la materia de la reclamaci�n constitucional verse, precisamente, sobre el reconocimiento del car�cter de avecindados, lo que se desprende de la interpretaci�n extensiva de lo establecido en la fracci�n III de ese art�culo 212, que se refiere a los aspirantes a ejidatarios o comuneros, pues los aspirantes a avecindados son, en realidad, aspirantes a ejidatarios y comuneros.

S�PTIMO

El tema relativo a las facultades de los Tribunales Unitarios Agrarios para desechar demandas, se ubica dentro del �mbito del proceso agrario y, por tal motivo, es pertinente tener en consideraci�n las principales disposiciones que sobre el particular existen en la nueva Ley A. y en la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios.

Respecto del t�pico de que se trata la Ley A. en vigor, en su t�tulo d�cimo denominado "De la justicia agraria", cap�tulos I, II y III, establece en sus art�culos conducentes, lo siguiente:

"Art�culo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicaci�n de las disposiciones contenidas en esta ley."

"Art�culo 164. En la resoluci�n de las controversias que sean puestas bajo su conocimiento, los tribunales se sujetar�n siempre al procedimiento previsto por esta ley y quedar� constancia de ella por escrito.

"En los juicios en que se involucren tierras de los grupos ind�genas, los tribunales deber�n de considerar las costumbres y usos de cada grupo mientras no contravengan lo dispuesto por esta ley ni se afecten derechos de tercero. Asimismo, cuando se haga necesario, el tribunal se asegurar� de que los ind�genas cuenten con traductores.

"Los tribunales suplir�n la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de n�cleos de poblaci�n ejidales o comunales, as� como ejidatarios y comuneros."

"Art�culo 165. Los tribunales agrarios, adem�s, conocer�n en la v�a de jurisdicci�n voluntaria de los asuntos no litigiosos que les sean planteados, que requieran la intervenci�n judicial, y proveer�n lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes."

"Art�culo 166. Los tribunales agrarios proveer�n las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podr�n acordar la suspensi�n del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensi�n se regular� aplicando en lo conducente lo dispuesto en el libro primero, t�tulo segundo, cap�tulo III, de la Ley de Amparo.

"En la aplicaci�n de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensi�n del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerar�n las condiciones socioecon�micas de los interesados para el establecimiento de la garant�a inherente a la reparaci�n del da�o e indemnizaci�n que pudiere causarse con la suspensi�n, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso."

"Art�culo 167. El C�digo Federal de Procedimientos Civiles es de aplicaci�n supletoria, cuando no exista disposici�n expresa en esta ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este t�tulo y que no se opongan directa o indirectamente."

"Art�culo 168. Cuando el tribunal, al recibir la demanda o en cualquier estado del procedimiento agrario, se percate de que el litigio o asunto no litigioso no es de su competencia, en raz�n de corresponder a tribunal de diversa jurisdicci�n o competencia por raz�n de la materia, del grado o de territorio, suspender� de plano el procedimiento y remitir� lo actuado al tribunal competente. Lo actuado por el tribunal incompetente ser� nulo, salvo cuando se trate de incompetencia por raz�n del territorio."

"Art�culo 169. Cuando el tribunal agrario recibiere inhibitoria de otro en que se promueva competencia y considerase debido sostener la suya, el mismo d�alo comunicar� as� al competidor y remitir� el expediente con el oficio inhibitorio, con informe especial al Tribunal Superior Agrario, el cual decidir�, en su caso, la competencia."

"Cap�tulo II

"Emplazamientos

"Art�culo 170. El actor puede presentar su demanda por escrito o por simple comparecencia; en este caso, se solicitar� a la Procuradur�a A. coadyuve en su formulaci�n por escrito de manera concisa. En su actuaci�n, dicho organismo se apegar� a los principios de objetividad e imparcialidad debidas.

"Recibida la demanda, se emplazar� al demandado para que comparezca a contestarla a m�s tardar durante la audiencia. En el emplazamiento se expresar�, por lo menos, el nombre del actor, lo que demanda, la causa de la demanda y la fecha y hora que se se�ale para la audiencia, la que deber� tener lugar dentro de un plazo no menor a cinco ni mayor a diez d�as, contado a partir de la fecha en que se practique el emplazamiento, y la advertencia de que en dicha audiencia se desahogar�n las pruebas, salvo las que no puedan ser inmediatamente desahogadas, en cuyo caso se suspender� la audiencia y el tribunal proveer� lo necesario para que sean desahogadas, en un plazo de quince d�as.

"Atendiendo a circunstancias especiales de lejan�a o apartamiento de las v�as de comunicaci�n y otras que hagan dif�cil el acceso de los interesados al tribunal, se podr� ampliar el plazo para la celebraci�n de la audiencia hasta por quince d�as m�s.

"Debe llevarse en los tribunales agrarios un registro en que se asentar�n por d�as y meses, los nombres de actores y demandados y el objeto de la demanda."

"Art�culo 171. El emplazamiento se efectuar� al demandado por medio del secretario o actuario del tribunal en el lugar que el actor designe para ese fin y que podr� ser:

"I. ..."

"Art�culo 172. El secretario o actuario que haga el emplazamiento se cerciorar� ..."

"Art�culo 173. Cuando no se conociere el lugar en que el demandado viva o tenga el principal asiento de sus negocios, o cuando viviendo o trabajando en un lugar se negaren la o las personas requeridas a recibir el emplazamiento, se podr� hacer la notificaci�n en el lugar donde se encuentre. ..."

"Art�culo 174. El actor tiene el derecho de acompa�ar al secretario o actuario que practique el emplazamiento para hacerle las indicaciones que faciliten la entrega."

"Art�culo 175. El secretario o actuario que practique el emplazamiento o entregue la c�dula ..."

"Art�culo 176. En los casos a que se refiere el art�culo 172, el acuse de recibo se firmar� por la persona con quien se practicar� el emplazamiento ..."

"Cap�tulo III

"Del juicio agrario

"Art�culo 178. La copia de la demanda se entregar� al demandado o a la persona con quien se practique el emplazamiento respectivo. El demandado contestar� la demanda a m�s tardar en la audiencia, pudiendo hacerlo por escrito o mediante su comparecencia. En este �ltimo caso, el tribunal solicitar� a la Procuradur�a A. que coadyuve en su formulaci�n por escrito en forma concisa. En su actuaci�n, dicho organismo se apegar� a los principios de objetividad e imparcialidad debidas."

"Art�culo 179. Ser� optativo para las partes acudir asesoradas. En caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, con suspensi�n del procedimiento, se solicitar�n de inmediato los servicios de un defensor de la Procuradur�a A., el cual, para enterarse del asunto, gozar� de cinco d�as, contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento."

"Art�culo 180. Si al ser llamado a contestar la demanda, no estuviere presente el demandado y constare que fue debidamente emplazado, lo cual comprobar� el tribunal con especial cuidado, se continuar� la audiencia. Cuando se presente durante ella el demandado, continuar� �sta con su intervenci�n seg�n el estado en que se halle y no se le admitir� prueba sobre ninguna excepci�n si no demostrare el impedimento de caso fortuito o fuerza mayor que le impidiera presentarse a contestar la demanda.

"Confesada expresamente la demanda en todas sus partes y explicados sus efectos jur�dicos por el Magistrado, y cuando la confesi�n sea veros�mil, se encuentre apoyada en otros elementos de prueba y est� apegada a derecho, el tribunal pronunciar� sentencia de inmediato; en caso contrario, continuar� con el desahogo de la audiencia."

"Art�culo 181. Presentada la demanda o realizada la comparecencia, el tribunal del conocimiento la examinar� y, si hubiera irregularidades en la misma o se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos previstos legalmente, prevendr� al promovente para que los subsane dentro del t�rmino de ocho d�as."

"Art�culo 182. Si el demandado opusiere reconvenci�n, lo har� precisamente al contestar la demanda y nunca despu�s. En el mismo escrito o comparecencia deber� ofrecer las pruebas que estime pertinentes.

"En este caso, se dar� traslado al actor para que est� en condiciones de contestar lo que a su derecho convenga y el tribunal diferir� la audiencia por un t�rmino no mayor de diez d�as, excepto cuando el reconvenido est� de acuerdo en proseguir el desahogo de la audiencia."

"Art�culo 183. Si al iniciarse la audiencia no estuviere presente el actor y s� el demandado, se impondr� a aqu�l una multa equivalente al monto de uno a diez d�as de salario m�nimo de la zona de que se trate. Si no se ha pagado la multa no se emplazar� de nuevo para el juicio."

"Art�culo 184. Si al iniciarse la audiencia no estuvieren presentes ni el actor ni el demandado, se tendr� por no practicado el emplazamiento y podr� ordenarse de nuevo si el actor lo pidiera. Lo mismo se observar� cuando no concurra el demandado y aparezca que no fue emplazado debidamente."

"Art�culo 185. El tribunal abrir� la audiencia y en ella se observar�n las siguientes prevenciones:

"I.E.�n oralmente sus pretensiones por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestaci�n y ofrecer�n las pruebas que estimen conducentes a su defensa y presentar�n a los testigos y peritos que pretendan sean o�dos;

"II. Las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas que quieran, interrogar los testigos y peritos y, en general, presentar todas las pruebas que se puedan rendir desde luego;

"III. Todas las acciones y excepciones o defensas se har�n valer en el acto mismo de la audiencia, sin sustanciar art�culos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Si de lo que expongan las partes resultare demostrada la procedencia de una excepci�n dilatoria, el tribunal lo declarar� as� desde luego y dar� por terminada la audiencia;

"IV. El Magistrado podr� hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a cuantas personas estuvieren en la audiencia, carear a las personas entre s� o con los testigos y a �stos, los unos con los otros, examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer por peritos;

"V. Si el demandado no compareciere o se rehusara a contestar las preguntas que se le hagan, el tribunal podr� tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, salvo cuando se demuestre que no compareci� por caso fortuito o fuerza mayor a juicio del propio tribunal; y

"VI. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortar� a las partes a una composici�n amigable. Si se lograra la aveniencia, se dar� por terminado el juicio y se suscribir� el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendr� el car�cter de sentencia. En caso contrario, el tribunal oir� los alegatos de las partes, para lo cual conceder� el tiempo necesario a cada una y enseguida pronunciar� su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla.

"En caso de que la audiencia no estuviere presidida por el Magistrado, lo actuado en ella no producir� efecto jur�dico alguno."

"Art�culo 186. En el procedimiento agrario ser�n admisibles toda clase de pruebas, mientras no sean contrarias a la ley.

"Asimismo, el tribunal podr� acordar en todo tiempo, cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la pr�ctica, ampliaci�n o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados.

"En la pr�ctica de estas diligencias, el tribunal obrar� como estime pertinente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oy�ndolas y procurando siempre su igualdad."

"Art�culo 187. Las partes asumir�n la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Sin embargo, el tribunal podr�, si considerare que alguna de las pruebas ofrecidas es esencial para el conocimiento de la verdad y la resoluci�n del asunto, girar oficios a las autoridades para que expidan documentos, oportuna y previamente solicitados por las partes; apremiar a las partes o a terceros, para que exhiban los que tengan en su poder, para que comparezcan como testigos, los terceros se�alados por las partes, si bajo protesta de decir verdad manifiestan no poder presentarlos."

"Art�culo 188. En caso de que la estimaci�n de pruebas amerite un estudio m�s detenido por el tribunal de conocimiento, �ste citar� a las partes para o�r sentencia en el t�rmino que estime conveniente, sin que dicho t�rmino exceda en ning�n caso de veinte d�as, contados a partir de la audiencia a que se refieren los art�culos anteriores."

"Art�culo 189. Las sentencias de los tribunales agrarios se dictar�n a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimaci�n de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos seg�n los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones."

Art�culo 190. En los juicios agrarios, la inactividad procesal o la falta de promoci�n del actor durante el plazo de cuatro meses producir� la caducidad.

La Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, en su art�culo 18, establece al respecto, lo siguiente:

"Art�culo 18. Los Tribunales Unitarios conocer�n, por raz�n del territorio, de las controversias que se les planteen con relaci�n a tierras ubicadas dentro de su jurisdicci�n, conforme a la competencia que les confiere este art�culo.

"Los Tribunales Unitarios ser�n competentes para conocer:

"I. De las controversias por l�mites de terrenos entre dos o m�s n�cleos de poblaci�n ejidal o comunal, y de �stos con peque�os propietarios, sociedades o asociaciones;

"II. De la restituci�n de tierras, bosques y aguas a los n�cleos de poblaci�n o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares;

"III. Del reconocimiento del r�gimen comunal;

"IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligaci�n;

"V. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales;

"VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre s�; as� como las que se susciten entre �stos y los �rganos del n�cleo de poblaci�n;

"VII. De controversias relativas a la sucesi�n de derechos ejidales y comunales;

"VIII. De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, as� como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias;

"IX. De las omisiones en que incurra la Procuradur�a A. y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, peque�os propietarios, avecindados o jornaleros agr�colas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas;

"X. De los negocios de jurisdicci�n voluntaria en materia agraria; y

"XI. De las controversias relativas a los contratos de asociaci�n o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el art�culo 45 de la Ley A.;

"XII. De la reversi�n a que se refiere el art�culo 97 de la Ley A.;

"XIII. De la ejecuci�n de los convenios a que se refiere la fracci�n VI del art�culo 185 de la Ley A., as� como de la ejecuci�n de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinaci�n de que se encuentran apegados a las disposiciones legales aplicables; y

XIV. De los dem�s asuntos que determinen las leyes.

Ni de las anteriores disposiciones legales ni de ninguna otra de los ordenamientos en estudio, se desprende que los tribunales agrarios cuenten con facultades para analizar la demanda y determinar si la acci�n agraria intentada es o no procedente, ni menos a�n para desechar una demanda.

La ausencia de facultades de los tribunales agrarios para determinar, en el auto inicial, la procedencia o improcedencia de la acci�n agraria intentada, se advierte, adem�s, acorde con la naturaleza del procedimiento agrario, pues es en la audiencia de derecho establecida en el art�culo 185 de la Ley A., en la que se hacen valer las acciones, excepciones y defensas, reserv�ndose la calificaci�n de su procedencia y demostraci�n para la sentencia respectiva.

Determinar la procedencia o improcedencia de la acci�n agraria al momento de recibir la demanda respectiva, dar�a lugar a que ya no se celebrara la audiencia de derecho y, por tanto, a que se privara al demandante de ejercitar materialmente su acci�n, seg�n lo establecido en la propia Ley A..

Por analog�a, sirve de ilustraci�n el criterio contenido en la jurisprudencia que a continuaci�n se transcribe, consistente en que ante la falta de disposici�n expresa que autorice a analizar la demanda y determinar si la acci�n intentada est� o no prevista en la ley, ser� hasta el momento que se pronuncie la resoluci�n final cuando se analicen las peticiones de las partes y los hechos controvertidos, se haga la enumeraci�n y apreciaci�n de las pruebas aportadas y se resuelva de manera clara sobre las pretensiones deducidas en el juicio.

La jurisprudencia en comento es la 23/99, sustentada por esta Segunda S. al resolver la contradicci�n de tesis n�mero 27/98, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, p�gina 49, que dice:

ACCI�N LABORAL. EL AUTO INICIAL NO ES LA ACTUACI�N PROCESAL OPORTUNA PARA CALIFICAR LA PROCEDENCIA O NO DE LA ACCI�N EJERCITADA POR LOS ASEGURADOS O SUS BENEFICIARIOS EN CONTRA DEL INSTITUTO, POR EL HECHO DE NO HABERSE AGOTADO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. Los art�culos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social establecen una limitante a los derechos de los asegurados y beneficiarios del instituto, consistente en la obligaci�n de que, antes de acudir a las Juntas Federales de Conciliaci�n y Arbitraje a fin de ventilar una controversia originada con motivo de las prestaciones previstas en esa ley, deben agotar el recurso de inconformidad ante los Consejos Consultivos Delegacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tal requisito constituye una defensa del instituto y no una cuesti�n que deba plantearse de oficio por la Junta. Por otro lado, los art�culos 865, 871, 872 y 873 de la Ley Federal del Trabajo regulan lo concerniente al inicio del procedimiento laboral; sin embargo, en ninguno de tales preceptos se otorga autorizaci�n a las Juntas para analizar la demanda y determinar si la acci�n laboral intentada est� o no prevista en la ley, o bien, que por el hecho de no haberse agotado alg�n recurso, la deban desechar o no tramitarla. Por el contrario, los art�culos 840, 841 y 842 de la propia ley laboral, establecen que ser� hasta el momento que se pronuncie el laudo cuando se analicen las peticiones de las partes y los hechos controvertidos, se haga la enumeraci�n y apreciaci�n de las pruebas aportadas y se resuelva de manera clara sobre las pretensiones deducidas en el juicio. En consecuencia, carece de fundamento legal el auto inicial en el que la Junta resuelve no dar tr�mite a la demanda, bajo el argumento oficioso de que no se agot� el recurso de inconformidad previsto en la Ley del Seguro Social.

Cabe destacar que sobre el particular no opera la supletoriedad de las disposiciones del C�digo Federal de Procedimientos Civiles a que se refiere el art�culo 167 de la Ley A., dado que en este aspecto, el procedimiento civil difiere diametralmente del agrario, en tanto en el civil, es en la propia demanda donde se ejercita la acci�n, sin que posteriormente pueda variarse o precisarse. Adem�s, dentro de ese ordenamiento supletorio, no existe tampoco disposici�n alguna que autorice a desechar por improcedente una demanda, lo que corrobora la inoficiosidad de esta actuaci�n.

Es pertinente puntualizar que si bien los tribunales agrarios se encuentran autorizados para prevenir al actor a efecto de que regularice y aclare su demanda dentro del plazo de ocho d�as, seg�n lo dispuesto en el art�culo 181 de la Ley A., esto tiene por objeto simplemente precisar el contenido de la pretensi�n agraria, las partes y dem�s presupuestos l�gicos para poder entablar la litis y seguir el procedimiento con certidumbre, pero no significa que aclarada la demanda, el tribunal pueda desecharla por estimar improcedente la acci�n.

Corrobora lo expuesto, que de acuerdo con lo establecido en el art�culo 168 de la Ley A., el tribunal agrario no puede, incluso, desechar una demanda por advertir su legal incompetencia, sino que se encuentra obligado a suspender el procedimiento y remitir lo actuado al tribunal que estime competente.

Las consideraciones expuestas no resultan contrarias al criterio establecido en la jurisprudencia 65/98 de esta S., publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., septiembre de 1998, p�gina 346, que dice:

"DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los art�culos 107, fracciones III, inciso a) y V, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentaci�n de la demanda ante el �rgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resoluci�n que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo ser� un Tribunal Colegiado de Circuito, en la v�a directa."

Se asevera que no se actualiza la contrariedad, pues el anterior criterio fue sustentado sobre la base de que el tribunal agrario ya desech� la demanda agraria y su evidente intenci�n es determinar la v�a del amparo procedente para impugnar esa decisi�n, con la coet�nea de no dejar indefenso al demandante, pero no la de aceptar la facultad de los tribunales agrarios para desechar demandas.

De acuerdo con lo expuesto, esta Segunda S. considera que sobre el particular debe de prevalecer el criterio que a continuaci�n se precisa, el que de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, debe regir con car�cter de jurisprudencia, quedando redactado con el siguiente rubro y texto:

ACCI�N AGRARIA. EL TRIBUNAL AGRARIO CARECE DE FACULTADES PARA CALIFICAR SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA EN EL AUTO INICIAL. De las disposiciones contenidas en la Ley A. en vigor, en su t�tulo d�cimo, que regulan el proceso agrario, no se desprende que los tribunales agrarios tengan facultades para determinar, en el auto inicial, si la acci�n agraria intentadaes o no procedente, ni menos a�n para desechar una demanda. La ausencia de estas facultades es acorde con la naturaleza del procedimiento agrario, pues es hasta la audiencia de derecho establecida en el art�culo 185 de la citada Ley A., cuando se hacen valer las acciones, excepciones y defensas, reserv�ndose la calificaci�n de su procedencia y demostraci�n para la sentencia respectiva; luego, determinar la procedencia o improcedencia de la acci�n agraria en el auto que recae a la presentaci�n de la demanda, dar�a lugar a que ya no se celebrara la audiencia de derecho y, por tanto, a que se privara al demandante de ejercitar materialmente su acci�n. No se soslaya que los tribunales agrarios se encuentran autorizados para prevenir al actor a efecto de que regularice y aclare su demanda dentro del plazo de ocho d�as, seg�n lo dispuesto en el art�culo 181 de la mencionada legislaci�n, lo que tiene por objeto simplemente precisar el contenido de la pretensi�n agraria, las partes y dem�s presupuestos l�gicos para poder entablar la litis y seguir el procedimiento con certidumbre, pero no significa que aclarada la demanda, el tribunal pueda desecharla por estimar improcedente la acci�n. Corrobora lo expuesto, que de acuerdo con lo establecido en el art�culo 168 de la ley en cita, el tribunal agrario ni siquiera puede desechar una demanda por advertir su legal incompetencia, sino que se encuentra obligado a suspender el procedimiento y remitir lo actuado al tribunal que estime competente. Finalmente, la existencia de facultades sobre el particular tampoco puede derivarse de la aplicaci�n supletoria de las disposiciones del C�digo Federal de Procedimientos Civiles a que se refiere el art�culo 167 de la Ley A., dado que en el procedimiento civil es en la propia demanda donde se ejercita la acci�n."

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis denunciada entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito.

SEGUNDO

Deben prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, los criterios contenidos en esta resoluci�n.

TERCERO

D�se a conocer la presente resoluci�n al Tribunal Pleno y a la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, as� como a los Tribunales Colegiados de Circuito de la Rep�blica; y publ�quese �ntegramente en el Semanario Judicial de la Federaci�n.

Notif�quese; rem�tanse las jurisprudencias aprobadas al Pleno y S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en esta contradicci�n, as� como al Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta para su publicaci�n; a su vez, rem�tanse testimonios de esta resoluci�n a los �rganos colegiados de los que deriv� dicha contradicci�n y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

As�, lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: J.D.R., M.A.G.�itr�n, J.V.A.A.�n y presidente S.S.A.A.. Ausente el se�or M.G.I.O.M., al momento de la votaci�n. Fue ponente el Ministro Juan D�az R..