Ejecutoria num. 1a./J. 27/99 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828342

Ejecutoria num. 1a./J. 27/99 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 27/99
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 1999
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.PECULADO. EL DELITO TIPIFICADO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 223 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO SE CONFIGURA TRATÁNDOSE DE CAJEROS EN VIRTUD DE QUE NO EJERCEN SOBRE LOS BIENES QUE SE LES ENTREGAN FACULTADES DE DISPONIBILIDAD JURÍDICA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 57/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

Con el prop�sito de establecer y delimitar la materia de la contradicci�n, se estima conveniente transcribir en la parte que interesa los asuntos sometidos al conocimiento de cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados.

El Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al fallar el amparo directo 275/97 penal, promovido por J.A.V.L., con fecha veintid�s de mayo de mil novecientos noventa y siete, en lo conducente consider�:

QUINTO.-Los conceptos de violaci�n aducidos resultan infundados.-En efecto, contrariamente a lo argumentado por el quejoso y previo an�lisis de las constancias que integran la causa penal n�mero 54/96, este �rgano de control constitucional inadvierte que el responsable Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, en el dictado de la sentencia de alzada reclamada, haya vulnerado garant�as individuales en perjuicio del amparista, dado que aplic� de manera correcta las reglas de valoraci�n de las pruebas contenidas en el cap�tulo IX del t�tulo sexto del C�digo Federal de Procedimientos Penales a fin de tener por acreditados, en la especie, tanto los elementos del tipo del delito de peculado, previsto y sancionado en el art�culo 223, fracci�n I, del C�digo Penal Federal, as� como la plena responsabilidad del enjuiciante en la comisi�n de tal injusto penal, al modificar en parte la sentencia de primer grado emitida por el Juez S�ptimo de Distrito en el Estado de Sonora, al tenor del examen minucioso de los diversos elementos de prueba obrantes en el proceso criminal.-Ello es as�, pues basta imponerse del texto del fallo impugnado en este juicio constitucional para apreciar que el ad quem no transgredi� las garant�as individuales denunciadas por el impetrante del amparo al concluir, previa descripci�n y examen de los diversos medios convictivos, que: ?... Las constancias anteriores, valoradas en su conjunto resultan id�neas en t�rminos del art�culo 286 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, para tener por acreditado que un servidor p�blico distrajo en varias ocasiones, para usos propios, dinero perteneciente al organismo descentralizado denominado Comisi�n Federal de Electricidad, mismo dinero que por raz�n de su cargo cobraba para dicha empresa a los usuarios del servicio de energ�a el�ctrica. Consecuentemente, los hechos demostrados en la causa penal, descritos con antelaci�n, encuadran en el delito de peculado previsto en la fracci�n I del art�culo 223 del C�digo Penal Federal conforme a la descripci�n legal de la conducta punible.?, en cuanto a los elementos del tipo del il�cito en estudio, as� como que: ?... las anteriores probanzas, relacionadas entre s� y valoradas conjuntamente, en t�rminos de los art�culos del 279 al 290 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, permiten establecer que J.A.V.L. en su car�cter de empleado de la Comisi�n Federal de Electricidad, efectu� cancelaciones de diversos recibos de pago y en otras ocasiones de igual forma cancelaba los mencionados recibos, aparentando que las facturas eran err�neas procediendo a elaborar unas nuevas por una cantidad inferior a la que aparec�a en los recibos, apropi�ndose del diverso numerario, ocasionando un quebranto en contra de la empresa para la cual prestaba sus servicios, en virtud de haber distra�do en su favor la cantidad de treinta mil setecientos trece pesos ... las probanzas rese�adas y valoradas en este apartado, son id�neas en su conjunto para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se verific� cada una de las distracciones de dinero perteneciente a la Comisi�n Federal de Electricidad por J.A.V.L. en su car�cter de empleado de la misma, arrojando como resultado su plena responsabilidad penal en la comisi�n del delito de peculado que tipifica la fracci�n I del art�culo 223 del C�digo Penal Federal y sanciona la fracci�n IV del propio numeral.?, por lo que hace al diverso cap�tulo relativo a la responsabilidad penal del sentenciado y ahora amparista.-Ahora bien, el peticionario de garant�as alega en primer t�rmino, que en el caso concreto qued� probado fehacientemente el car�cter que ten�a como cajero de la empresa ofendida y que, se�ala, l�gicamente el dinero lo recib�a en forma precaria por lo que no qued� estructurado el tipo penal de peculado, al no hab�rselo entregado en administraci�n, dep�sito o por causas semejantes los valores supuestamente distra�dos, es decir, de ninguna forma se prob� que los bienes o valores los recib�a de manera aut�noma o con potestad de hecho, como se sostiene en la tesis intitulada como: ?PECULADO. NO SE CONFIGURA TRAT�NDOSE DE CAJEROS EN VIRTUD DE QUE S�LO DETENTAN LOS BIENES EN FORMA PRECARIA.?.-Lo anterior es infundado, pues este �rgano de control constitucional no comparte los argumentos vertidos en la citada tesis aislada, misma que fue pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, pues basta imponerse de los elementos del tipo del delito de peculado exigidos por la fracci�n I del numeral 223 del C�digo Penal Federal, para advertir que hace referencia al servidor p�blico que por raz�n de su cargo hubiera recibido dinero, entre otras cosas, en administraci�n, en dep�sito o por otra causa, es decir, es inexacto que el tipo penal en estudio requiera que esa otra causa, sea semejante o an�loga a la administraci�n o dep�sito y, m�s a�n, tampoco se infiere que tal recepci�n deba ser en forma permanente y no precaria.-Asimismo, el enjuiciante sostiene en segundo lugar, que en los autos del proceso no se demostr� que la Comisi�n Federal de Electricidad constituye un organismo p�blico descentralizado del Gobierno Federal, sin embargo, ello tambi�n es infundado, porque, como correctamente concluy� el tribunal de alzada, dicho car�cter del sujeto pasivo se encuentra contemplado en el art�culo 8o. de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, al prever que: ?La Comisi�n Federal de Electricidad es un organismo p�blico descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propio.?; debi�ndose agregar que la legislaci�n mexicana no es materia de prueba.-En tercer orden, el inconforme argumenta que no qued� acreditado que �l haya dispuesto para usos propios del numerario que se le imputa, empero, tal alegato deviene infundado, pues no es violatoria de garant�as la determinaci�n a que arrib� el responsable, en el sentido de que respecto a las circunstancias de tiempo, lugar y modo, �stas no son exigidas por el tipo penal, as� como tampoco medios de ejecuci�n espec�ficos, pero s� la circunstancia de ocasi�n, relativo a que las cantidades de dinero que constituye el objeto material de la distracci�n, las que deben pertenecer a un organismo descentralizado, entre otros, hubieren sido recibidas por el activo por cualquier causa en raz�n de su cargo, particularidad que resulta evidente al considerar que �ste reconoci� haber recibido diversas sumas de los usuarios, lo que se corrobora al encontrarse suscritas con sus r�bricas los sellos de pagado, las facturas que por concepto de suministro de energ�a el�ctrica obran en autos.-Por �ltimo, se omite efectuar consideraci�n alguna sobre la diversa autoridad se�alada como responsable, Juez S�ptimo de Distrito en el Estado de Sonora, en virtud de que por auto de catorce de abril del a�o en curso dictado por el presidente de este Tribunal Colegiado, no se tuvo como tal a dicho Juez de la causa.-En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violaci�n examinados e inadvirti�ndose causa alguna que amerite suplir la deficiencia de la queja que en favor de todo reo autoriza la fracci�n II del normativo 76 bis de la Ley de Amparo, as� como del diverso cap�tulo de individualizaci�n de sanciones, en que se dej� de expresar inconformidad alguna y se observa imposici�n de penas ordinaria y pecuniaria m�nimas, lo procedente es negar al quejoso el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitados.-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: �NICO.-La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a J.A.V.L., contra el acto que reclam� de la autoridad inicial precisada en el resultando primero de esta ejecutoria.

El Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, al fallar el amparo directo 375/96, promovido por M�riam M.O., con fecha diez de octubre de mil novecientos noventa y seis, en lo conducente consider�:

QUINTO.-Supliendo la deficiencia de la queja, en t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n II, de la ley reglamentaria del juicio de garant�as, lo cual es permisible por la naturaleza penal del asunto, este Tribunal Colegiado estima procedente conceder a la quejosa el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que solicita, en atenci�n a las consideraciones siguientes.-Las constancias del sumario evidencian que contra dicha quejosa se instruy� una causa criminal, por la comisi�n del delito de peculado a que se refiere el numeral 223, fracci�n I, del C�digo Penal Federal, consider�ndose en la sentencia definitiva de segundo grado, que es materia del presente amparo, que en el caso concreto se acreditaron debidamente los elementos constitutivos del referido il�cito penal, as� como la plena responsabilidad de la encauzada en su comisi�n, raz�n por la cual dicha quejosa fue condenada a extinguir una pena de cinco meses dieciocho d�as de prisi�n y al pago de una sanci�n pecuniaria.-No es ocioso agregar que los hechos materia de la acusaci�n, y que le fueron imputados a la peticionaria de garant�as, b�sicamente se hicieron consistir en que �sta laboraba para el organismo p�blico descentralizado cuya denominaci�n es ?Comisi�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra? (Corett), D.�n Y.�n, encontr�ndose adscrita al �rea de contrataciones, en donde desempe�a espec�ficamente el cargo de ?cajera?, que al practicarse auditor�a en la se�alada delegaci�n, se detectaron irregularidades en su trabajo, pues de dicho examen se desprendi�, que la ahora quejosa alter� comprobantes de pago en lo que refiere a los intereses moratorios y bonificaciones, reportando ingresos menores a los captados, lo que dio lugar a que dispusiera para su provecho personal de la cantidad de N$4,523.50. Asimismo, cabe indicar, que el Magistrado del tribunal responsable, al emprender el estudio de los agravios formulados en la alzada, los desestima en t�rminos generales, al llegar a la conclusi�n de que con los elementos recabados en la indagatoria, se demuestra palmariamente la culpabilidad de la acusada en la comisi�n del citado injusto patrimonial, extremo que seg�n dicho resolutor se evidenci� principalmente con la documentaci�n relativa a los comprobantes de pago, en donde se advierte la firma del cajero receptor; y tambi�n, con la copia del acta administrativa suscrita por la amparista, a trav�s de la cual admite, en su calidad de servidora p�blica, haber dispuesto de la suma ya indicada, alterando para ello los comprobantes de pago, en lo que toca concretamente a los intereses moratorios y bonificaciones, circunstancia que dio pie a que se modifique la sentencia apelada, y por ende a que se ratifique la pena privativa de la libertad correspondiente.-Vistas y examinadas las constancias de autos, este tribunal considera, que la sentencia reclamada resulta violatoria de garant�as, dado que la conducta desplegada por la que pide el amparo, no es constitutiva del delito de peculado que dio margen a la condena, de ah� que sea procedente obsequiar la protecci�n constitucional que insta, aunque en esa tesitura deba suplirse la deficiencia de la queja.-En efecto, el art�culo 223, fracci�n I, del C�digo Penal Federal, contiene la siguiente hip�tesis: ?Comete el delito de peculado: I. Todo servidor p�blico que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o un particular, si por raz�n de su cargo los hubiere recibido en administraci�n, en dep�sito o por otra causa.?.-De esta descripci�n t�pica se infiere, que los elementos constitutivos del peculado en cuesti�n, en puridad, son los siguientes: a) que un servidor p�blico reciba, por raz�n de su cargo, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa; b) que los bienes que reciba pertenezcan al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular; c) que esos mismos bienes los tenga en administraci�n, dep�sito u otra causa; y, d) que para usos propios o ajenos los distraiga de su objeto.-Ahora bien, es evidente que el sujeto activo del delito en consulta es aqu�l que la doctrina denomina ?calificado?, toda vez que s�lo pueden incurrir en ese comportamiento il�cito los servidores p�blicos; sin embargo, no debe perderse de vista, que conforme a la estructura literal del tipo, y sobre todo, de acuerdo a su naturaleza, objeto y bien jur�dico que tutela, no cualquier servidor p�blico es susceptible de tener esa responsabilidad criminal, si se toma en cuenta que la distracci�n de los bienes, s�lo es sancionable en el campo de lo penal, cuando el servidor los ha recibido a t�tulo de administraci�n, dep�sito, o alguna causa an�loga, que implique desde luego la guarda y custodia del dinero, fincas, valores, etc.; es decir, precisa que los bienes los reciba de manera aut�noma y con potestad de hecho, y por tanto, para la integraci�n del il�cito, es fundamental que la transferencia tenga esas caracter�sticas. Si no se da esa peculiaridad, tampoco existir� esa clase de peculado; podr� configurarse otro delito patrimonial, pero no el peculado de que se trata, pues como se ha relatado, la hip�tesis t�pica exige que los bienes est�n bajo el resguardo del agente, con fines de administraci�n o en condiciones semejantes.-De lo antes expuesto se desprende, que el acto de distracci�n a que alude la hip�tesis del tipo, como medio comisivo, requiere y presupone que el agente tenga a su disposici�n los bienes pertenecientes al Estado, organismo p�blico o particular, y por tanto, est� en aptitud de malversarlos libremente, ora en su provecho personal, ora en favor de un tercero; empero, esta situaci�n exige que dichos caudales los tenga a su merced por virtud de un acto jur�dico que le transmita, no s�lo la tenencia material de dichos bienes, sino potestad sobre los mismos; de esto se sigue, que el simple detentador, como viene a ser el caso de un cajero, aunque sea servidor p�blico, t�cnicamente no puede cometer ese acto de desv�o o distracci�n, simple y sencillamente porque los bienes (dinero) los posee a t�tulo precario; esto es, los recibe en funci�n a la naturaleza del trabajo o cargo que desempe�a y no porque se les hubiesen encomendado en guarda, tutela o administraci�n.-Ahora bien, en el caso a estudio la quejosa fue condenada por la comisi�n del delito de peculado, a que se refiere el art�culo 223, fracci�n I, del aludido c�digo punitivo; empero, las constancias del sumario indican que el dinero que obtuvo para s�, no lo ten�a en administraci�n, dep�sito, o causa an�loga, sino que el mismo lo recib�a en raz�n de sus funciones de cajera, y por tanto era una simple poseedora precaria. En ese orden de ideas, si la sentenciada era empleada o dependiente de la Comisi�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra (Corett), desempe�ando el cargo de cajera de dicha instituci�n; y si en la causa no se demostr� que el dinero que recib�a en el desempe�o de su trabajo, se le transfer�a para su guarda, administraci�n, dep�sito o cualquier raz�n an�loga, es inconcuso que su conducta no encuadra en este tipo penal. Si alter� documentos para enga�ar a la instituci�n y de esa manera obtener una ganancia il�cita, es inconcuso que tal comportamiento podr�a ser constitutivo de otro delito de car�cter patrimonial, pero indiscutiblemente no se le puede fincar responsabilidad penal por esa especie de peculado.-Y es que gen�ricamente se ha sostenido, que dicha figura delictiva tiene como finalidad esencial proteger los fondos p�blicos, para garantizar una adecuada administraci�n de los mismos, y as� evitar su malversaci�n, en beneficio de la colectividad; sin embargo, tampoco hay que olvidar, que s�lo pueden ser sujetos activos del injusto, aquellos servidores p�blicos que tengan la obligaci�n de administrar correctamente dichos caudales, pues a ellos se les transfiere con tal responsabilidad; en consecuencia, aquellos servidores p�blicos que no tienen potestad aut�noma sobre los bienes pertenecientes al Estado, sino solamente los detentan, o son poseedores precaristas de los mismos, si los obtienen para s� u otro, cometen diverso il�cito pero no el peculado.-En tal virtud, debe reiterarse, que la sentencia de segundo grado que se combate, es violatoria de garant�as, habida cuenta que la quejosa fue sentenciada y condenada por un delito que no cometi�, y en esas circunstancias se vulneran en su perjuicio los art�culos 14 y 16 constitucionales; por consiguiente, atento a lo anterior, es pertinente otorgarle el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que solicita a este �rgano colegiado.

La anterior resoluci�n dio lugar a la tesis XIV.2o.39 P sustentada por ese Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, que aparece publicada a foja 476, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IV, Novena �poca, noviembre de 1996, y que a la letra dice:

PECULADO. NO SE CONFIGURA TRAT�NDOSE DE CAJEROS EN VIRTUD DE QUE S�LO DETENTAN LOS BIENES EN FORMA PRECARIA.-Es cierto que el delito de peculado a que se refiere el art�culo 223, fracci�n I, del C�digo Penal Federal, es de sujeto calificado, pues s�lo incurren en ese comportamiento il�cito los servidores p�blicos que para usos propios o ajenos, distraigan de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular; sin embargo, no debe perderse de vista que no cualquier servidor p�blico es susceptible de incurrir en dicha responsabilidad criminal, sino s�lo aqu�llos que han recibido los bienes a t�tulo de administraci�n, dep�sito o por causas semejantes; es decir, precisa que los bienes los reciba de manera aut�noma y con potestad de hecho, con el fin de que est�n bajo su resguardo con fines de administraci�n o en condiciones an�logas. De ello se sigue, que las personas que desempe�an el cargo de cajero al servicio de organismos p�blicos, t�cnicamente no pueden cometer esa clase de peculados, en virtud de que los bienes que reciben, en este caso dinero, los poseen a t�tulo precario, habida cuenta que son recibidos en funci�n de la naturaleza del trabajo que desempe�an y no porque se les hubiesen encomendado en guarda, tutela o administraci�n. En consecuencia, cuando los servidores p�blicos que no tienen potestad aut�noma sobre los bienes pertenecientes al Estado, a un organismo p�blico, o a un particular, sino solamente los detentan o son poseedores precaristas de los mismos, obtienen dichos bienes para usos propios o ajenos, cometen diverso il�cito patrimonial pero no esa especie de peculado, ya que para que se actualice tal figura delictiva, es menester que la transferencia se realice en concepto de administraci�n, dep�sito o en condiciones semejantes.

TERCERO

Por cuesti�n de orden sistem�tico, debe advertirse en principio, si en el caso existe contradicci�n de criterios entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, al resolver los amparos directos cuyas consideraciones han quedado transcritas.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca debe existir cuando menos formalmente, una oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la mismacuesti�n; es decir que para que surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas, vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

En otros t�rminos, se da la contradicci�n cuando concurren los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes.

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, y

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto es aplicable la tesis jurisprudencial de la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo 58, correspondiente a octubre de 1992, p�gina 22, que dice:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En el caso en estudio el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 275/97, promovido por J.A.V.L., estim� que las personas que presten sus servicios como cajeros, al disponer de las cantidades que reciben en pago de los deudores del organismo descentralizado a quien prestan sus servicios, cometen el delito de peculado, pues distraen de su objeto para usos propios o ajenos dinero que por raz�n de su cargo lo hubiesen recibido en administraci�n, dep�sito o por otra causa, considerando que es inexacto que el tipo penal requiera que esa otra causa a la que se refiere sea semejante o an�loga a la administraci�n o dep�sito y m�s a�n, tampoco se infiere que tal recepci�n deba ser en forma permanente y no precaria.

En cambio el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito al resolver el amparo directo 375/96, sostuvo que los referidos cajeros tienen la posesi�n precaria del dinero que les ha sido entregado en raz�n de sus funciones, por lo que si disponen del mismo no cometen el delito de peculado, puesto que para configurarse el tipo se requiere que el sujeto activo tenga a su merced por virtud de un acto jur�dico, no s�lo la tenencia material de dichos bienes, sino potestad sobre los mismos, de lo que se infiere que esa otra causa a que se refiere el art�culo 223, fracci�n I, del C�digo Penal Federal, debe ser an�loga a la administraci�n o dep�sito.

As� las cosas, esta Primera Sala considera que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada, por las siguientes razones:

  1. Los dos Tribunales Colegiados mencionados examinaron el mismo t�pico referente a si los cajeros como servidores p�blicos pueden constituirse como sujetos activos del delito de peculado.

  2. Ambos �rganos colegiados adoptaron criterios jur�dicos discrepantes ya que mientras que por una parte el primer �rgano colegiado sostiene que los cajeros en su calidad de servidores p�blicos, al disponer de las cantidades que tienen a su alcance material cometen el delito de peculado, por la otra parte argumenta el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito que no se configura dicho delito porque la posesi�n que tienen las personas que prestan su servicio como cajeros, es solamente precaria y para que se configure el il�cito en cuesti�n se requiere que la posesi�n sea derivada, pues deben tener una cierta potestad sobre el dinero que reciben, y no s�lo su detentaci�n moment�nea.

  3. La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones y razonamientos de las sentencias respectivas, y

  4. Los diferentes criterios provienen del examen de los mismos elementos, dado que los dos tribunales sostuvieron su criterio atendiendo a lo dispuesto por el art�culo 223, fracci�n I, del C�digo Penal Federal.

Ahora bien, debe se�alarse que no impide la resoluci�n de esta contradicci�n de criterios, el que �stos se contengan respectivamente, en s�lo una ejecutoria dictada en amparo directo y que, en el caso del criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, haya dado lugar a la tesis cuyo rubro es "PECULADO. NO SE CONFIGURA TRAT�NDOSE DE CAJEROS EN VIRTUD DE QUE S�LO DETENTAN LOS BIENES EN FORMA PRECARIA.", la cual aparece publicada en la p�gina 476, del Tomo IV, noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, puesto que el vocablo tesis que se emplea en los art�culos 197 y 197-A de la Ley de Amparo, debe entenderse en sentido amplio, como la expresi�n de un criterio respecto de un tema determinado, por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos de su competencia, sin que sea necesario que el criterio sustentado en una sentencia deba exponerse de manera formal, mediante una redacci�n especial, con un rubro, un texto y datos de identificaci�n del asunto en el que se sustent�, esto es, mediante la publicaci�n de una tesis, ni tampoco que deba constituir jurisprudencia obligatoria, conforme a los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, por lo que basta con que se acredite que las resoluciones materia de la contradicci�n contienen criterios opuestos sobre una misma cuesti�n jur�dica.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tribunal Pleno, visible en la p�gina 69 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.I., correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, que expresa:

CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS.-Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado, por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, y datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo, ni menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

Asimismo es aplicable el criterio sustentado en la tesis 2a. VIII/93, publicada en la p�gina 41, del Tomo XII, diciembre, Octava �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que a la letra dice:

CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA SU RESOLUCI�N NO ES NECESARIO QUE �STAS TENGAN EL CAR�CTER DE JURISPRUDENCIA.-El procedimiento para dirimir contradicciones de tesis no tiene como presupuesto necesario el que los criterios que se estiman opuestos tengan el car�cter de jurisprudencia, pues los art�culos 107, fracci�n XIII de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo no lo establecen as�.

CUARTO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio que se define en esta resoluci�n, atento a las siguientes consideraciones:

La materia de la presente contradicci�n consiste en determinar si los cajeros, en su calidad de servidores p�blicos, ya sea como empleados del Estado o de un organismo descentralizado, pueden o no constituirse como sujetos activos del delito de peculado, toda vez que por una parte se�ala el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito que los cajeros, al ejercer sobre el dinero que reciben tan s�lo una posesi�n o tenencia precaria, no pueden actualizar la hip�tesis normativa se�alada por el art�culo 223, fracci�n I, del C�digo Penal Federal, y por la otra, estima el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que el referido precepto, al se�alar como sujeto activo del il�cito al servidor p�blico que por raz�n de su cargo hubiera recibido dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa, en administraci�n, en dep�sito o por otra causa, resulta inexacto que este tipo penal requiera que esa otra causa sea semejante o an�loga a la administraci�n o dep�sito y no se infiere que tal recepci�n deba ser permanente y no precaria, por lo que los cajeros pueden constituirse como sujetos activos de este il�cito.

Antes de dilucidar la presente contradicci�n debe se�alarse que el referido art�culo 223, fracci�n I, del C�digo Penal Federal dispone:

"Comete el delito de peculado:

"I. Todo servidor p�blico que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por raz�n de su cargo los hubiere recibido en administraci�n, en dep�sito o por otra causa."

De lo anterior podemos concluir que los elementos constitutivos del delito de peculado son:

  1. Que el sujeto activo tenga el car�cter de servidor p�blico.

  2. Que �ste distraiga de su objeto, para uso propio o ajeno, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular; y

  3. Que ese dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa, los hubiera recibido, por raz�n de su cargo, en administraci�n, dep�sito o por otra causa.

En este orden de ideas el presente estudio debe versar sobre el elemento constitutivo del delito se�alado en �ltimo lugar, ya que es sobre el tratamiento a este t�pico donde difieren los Tribunales Colegiados citados, principalmente en la interpretaci�n y alcance que debe concederse a la expresi�n "otra causa" utilizada en la redacci�n del tipo penal en estudio. Por tanto, debe precisarse si para la actualizaci�n de este tipo penal basta que se transmita al servidor p�blico la tenencia material de los bienes o se requiere que �ste ejerza sobre aqu�llos una potestad aut�noma.

Es de se�alarse que el an�lisis de este elemento constitutivo y el alcance que se otorgue a la expresi�n "otra causa", deben ser arm�nicos con el resto del tipo penal en estudio.

Por tanto, es necesario determinar que la figura t�pica exige que se distraiga de su objeto dinero, valores, fincas u otras cosas pertenecientes al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, debiendo especificarse que por distraer debe entenderse, cambiar la finalidad jur�dica del bien confiado, por lo que para que dicha distracci�n surja se requiere que el servidor p�blico reciba los bienes mediante alguna causa que implique guarda, conservaci�n o custodia, es decir que para que el servidor p�blico pueda distraer de su objeto los bienes que recibe, cambiando la finalidad jur�dica a la que est�n destinados, es necesario que ejerza sobre ellos una posesi�n aut�noma con cierta potestad de hecho y no s�lo su simple posesi�n moment�nea. En este sentido se ha manifestado ya la anterior Primera Sala de esta Suprema Corte, en la tesis aislada perteneciente a la Quinta �poca, y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo CXXXI, p�gina 162, y que a la letra dice:

"PECULADO, CONCEPTO JUR�DICO DE ?DISTRAER? EN EL DELITO DE.-Debe considerarse a un acusado, autor del delito de peculado, si cambia la finalidad jur�dica de las sumas confiadas a su cuidado y que est�n dentro de su esfera material a virtud del empleo que desempe�a; pues por ?distraer?, debe entenderse cambiar la finalidad jur�dica del bien confiado."

De la anterior tesis se deriva que este �rgano colegiado ha reconocido que para que se configure el delito de peculado se requiere que el sujeto activo reciba para su cuidado los bienes que distrae de su objeto, y que �stos est�n dentro de su esfera material, lo que supone que los recibe con cierta posesi�n aut�noma.

Esto es, de acuerdo al bien jur�dico que se tutela (que en el caso en espec�fico recae en el inter�s que tiene la administraci�n p�blica de que los bienes que constituyen su patrimonio y cuyo manejo tienen a su cargo servidores p�blicos, no se los apropien �stos con fines personales), para que se d� la distracci�n de los bienes a que se refiere el tipo penal de peculado, es indispensable que el servidor p�blico ejerza sobre ellos potestad aut�noma, la cual deriva en que tenga facultades para su libre disposici�n, para que as� est� en aptitud de cuidarlos, manejarlos y en dado caso malversarlos.

Lo anterior se traduce en que no cualquier posesi�n da lugar al delito de peculado, sino s�lo cuando el servidor p�blico tiene a su merced la cosa, pues �sta se encuentra dentro de su esfera material, con la posibilidad de disponer de ella fuera de la esfera de vigilancia del Estado, resultando indispensable que el sujeto activo tenga la posesi�n de la cosa de manera legal y aut�noma y que en consecuencia, �sta haya salido de la esfera legal de custodia de su due�o, situaci�n que no sucede en el caso de los cajeros, quienes ejercen sobre las cantidades que reciben, una posesi�n precaria, ya que las tienen con motivo de la naturaleza del cargo que desempe�an pero no se les encomiendan en administraci�n, guarda o tutela.

Debemos entonces establecer que el delito de peculado existe porque el sujeto activo tiene facultades de dominio sobre los bienes, facultades que derivan de la confianza impuesta por la ley como indispensable al cargo p�blico ejercido por el sujeto activo, en raz�n de que para poder distraer estos bienes de su objeto es necesario ejercer sobre ellos una potestad que permita la aut�noma capacidad de disposici�n material, pues de lo contrario ser�a imposible malversarlos del fin al que se destinan, y para el cual le fueron entregados.

As� las cosas, los cajeros tienen a su alcance el dinero que cobran con motivo de la relaci�n de trabajo que los une al Estado o al organismo descentralizado, y poseen el numerario como consecuencia de la naturaleza de su empleo; sin embargo, aun cuando tienen acceso a las cantidades que reciben, s�lo lo es por un tiempo demasiado limitado que generalmente coincide con su jornada de trabajo, y adem�s, carecen de potestad aut�noma sobre ese numerario, es decir, no tienen la posibilidad de libre disposici�n sobre el bien con la que debe contar el funcionario p�blico como sujeto activo del delito de peculado.

As�, si el cajero dispone del numerario que recibe por raz�n de su cargo, se configurar�a otro delito no as� el de peculado, pues como ya se ha se�alado para ello se requiere que se transmita la posesi�n derivada del bien a un servidor p�blico y entonces �ste pueda distraerlo del fin al que est� determinado, por tener facultades para su cuidado y manejo, lo que no sucede en este asunto, si se toma en consideraci�n que el cajero recibe el numerario de un tercero, con la obligaci�n de entregarlo a quien pueda disponer de �l, ejerciendo entonces tan s�lo una posesi�n moment�nea ya que el numerario nunca se introduce en la esfera legal del cajero, pues no se le otorga un poder jur�dico sobre �l.

Por tanto la expresi�n "otra causa" utilizada en el tipo penal en estudio para referirse a la forma en que el servidor p�blico debe recibir los bienes, adem�s del dep�sito y la administraci�n, atendiendo al bien jur�dico que se tutela y a la redacci�n utilizada en el C�digo Penal Federal, debe entenderse como an�loga o semejante a la administraci�n o dep�sito, es decir esa otra causa debe derivar en un acto por el cual el servidor p�blico reciba la cosa con una obligaci�n de guarda o tutela bajo su potestad jur�dica, introduciendo el bien a su esfera de protecci�n y consecuentemente, se est� en posibilidad de distraerlo de su objeto, ejerciendo por tanto una potestad aut�noma sobre �l, lo que, como ha quedado se�alado, en el caso de los cajeros no sucede, ya que el numerario que reciben no entra a su esfera jur�dica, y a pesar de que en un determinado momento, el cajero posee materialmente el numerario que se le entrega, tampoco se encuentra dentro de su esfera material pues no puede distraerlo de su objeto, ya que no ejerce sobre �l poder alguno que lo posibilite para tal efecto, sino que s�lo ejerce una posesi�n precaria y moment�nea, siendo por tanto imposible que disponga de algo sobre lo que no ejerce poder jur�dico alguno.

Debe adem�s precisarse que, a pesar de lo se�alado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito al considerar que esa otra causa a que hace referencia el tipo penal en estudio no debe considerarse como an�loga o semejante a la administraci�n o dep�sito ya que de la ley no se desprende este sentido, esta Primera Sala estima que en el caso de que el legislador hubiese querido otorgar a dicha expresi�n un sentido tan amplio como el que le pretende conceder el referido tribunal, resultar�a innecesario el elemento constitutivo del delito consistente en que el servidor p�blico debe recibir el dinero, valores, fincas u otras cosas en administraci�n o dep�sito, sino que hubiera bastado se�alar que comete el delito de peculado el servidor p�blico que distraiga de su objeto dinero, valores, fincas u otras cosas que reciban en raz�n de su cargo, resultando in�til precisar la calidad en que se reciben esos bienes.

En este orden de ideas, debemos considerar que al se�alarse en el tipo penal la necesidad de que, para actualizarse este il�cito, es necesario que el servidor p�blico reciba los bienes en administraci�n, dep�sito u otra causa, la cual debe considerarse como an�loga a las anteriores, se pretende sancionar a aquellos servidores p�blicos de mayor jerarqu�a que tienen y ejercen sobre los bienes que reciben, cierto poder jur�dico que les permite con autonom�a la guarda, manejo o administraci�n de ellos, que para tales efectos le fueron confiados, teniendo entonces la posibilidad de distraerlos de su objeto violando la finalidad jur�dica de la tenencia derivada que se les transmite y la confianza en ellos depositados con raz�n de su cargo.

Adem�s, se estima conveniente se�alar que el peculado guarda similitud con el abuso de confianza, pues la previa tenencia de la cosa en este delito hace posible la disposici�n il�cita de la misma, as�, el agente de ambos delitos realiza la acci�n de distraer de su objeto los bienes bajo su custodia, administraci�n, o que se encuentran bajo su poder o potestad aut�noma de disposici�n, por otra causa semejante a las anteriores. En consecuencia puede se�alarse que, tanto en el peculado como en el abuso de confianza, el sujeto activo tiene la posesi�n de los bienes, no en el sentido del derecho civil, sino en el de relaci�n inmediata con ellos. La posesi�n en el peculado consiste no s�lo en la aut�noma capacidad de disposici�n material de la cosa, sino tambi�n en la potestadjur�dica sobre la misma, aunque no exista la tenencia material de ella.

La posesi�n en el delito de peculado debe entenderse como un poder aut�nomo sobre los bienes, sin ejecuci�n a otra potestad para disponer de ellos, pues el sujeto activo s�lo puede ser el funcionario p�blico a quien le haya sido confiada por raz�n de su cargo la administraci�n, percepci�n o custodia de caudales o efectos. As�, el objeto sobre el cual recae el delito debe serlo el caudal o efectos cuya administraci�n, percepci�n o custodia le haya sido confiada al servidor p�blico en raz�n del cargo y no basta la simple tenencia de esas cosas, ya que se requiere la facultad de disponer de ella, lo que implica cierta facultad otorgada al funcionario a causa de su funci�n, para disponer de los bienes.

En consecuencia, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala, en los siguientes t�rminos:

PECULADO. EL DELITO TIPIFICADO EN LA FRACCI�N I DEL ART�CULO 223 DEL C�DIGO PENAL FEDERAL, NO SE CONFIGURA TRAT�NDOSE DE CAJEROS EN VIRTUD DE QUE NO EJERCEN SOBRE LOS BIENES QUE SE LES ENTREGAN FACULTADES DE DISPONIBILIDAD JUR�DICA.-El delito de peculado a que se refiere el art�culo 223, fracci�n I, del C�digo Penal Federal, requiere y presupone que el sujeto activo reciba de manera aut�noma y con potestad de hecho los bienes objeto del il�cito para que as� est� en aptitud de disponer de ellos y distraerlos de su objeto, pues s�lo aquellos servidores p�blicos con facultades de disponibilidad jur�dica sobre los bienes recibidos en raz�n de su cargo, pueden actualizar esa hip�tesis, al encontrarse �stos dentro de su esfera de dominio; adem�s porque de considerarse que con la sola posesi�n precaria se puede actualizar la hip�tesis legal, ser�a innecesario el elemento constitutivo del delito, instituido por el legislador, consistente en que el servidor p�blico reciba por raz�n de su cargo, en administraci�n, dep�sito o por otra causa dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o alg�n particular; sino que hubiera bastado se�alar que comete el delito de peculado el servidor p�blico que distraiga los referidos bienes que recibe por raz�n de su cargo, resultando in�til precisar la calidad en que �stos se adquieren. En consecuencia, las personas que desempe�an el cargo de cajeros al servicio del Estado o de organismos p�blicos, t�cnicamente no pueden cometer esta clase de peculado, en virtud de que sobre los bienes que reciben, en este caso dinero, no ejercen una facultad de disposici�n, sino que s�lo los poseen a t�tulo precario, habida cuenta que son recibidos moment�neamente con la obligaci�n de entregarlo de inmediato a quien puede disponer del dinero, es decir, lo reciben en funci�n de la naturaleza del trabajo que desempe�an y no porque se les hubiesen encomendado en guarda, tutela o administraci�n.

Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito al resolver los asuntos anteriormente identificados.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala, que aparece en la parte final del �ltimo considerando de esta ejecutoria.

TERCERO

Rem�tase el texto de la tesis jurisprudencial a que se refiere el resolutivo anterior al Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, para su publicaci�n, as� como a los �rganos jurisdiccionales que menciona la fracci�n III, del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; y en su oportunidad arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C., J.� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. (ponente) y presidente H.R.P., en los puntos resolutivos primero y tercero y por mayor�a de tres votos de los se�ores Ministros G.�o P., S.M. y S�nchez C. de G.�a V. en relaci�n con el segundo punto resolutivo que se refiere al sentido adoptado en esta contradicci�n de tesis, en contra de los votos emitidos por los se�ores Ministros C. y C. y R.P., quienes expresaron que formular�an voto por minor�a.