Ejecutoria num. 1a./J. 17/99 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828358

Ejecutoria num. 1a./J. 17/99 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 17/99
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 1999
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE, AUN CUANDO LA SENTENCIA RELATIVA COMPRENDA LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES.CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 14/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO PRIMER CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL S�PTIMO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL S�PTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, en la ejecutoria dictada en la improcedencia 385/93, en lo que interesa sustent� lo siguiente:

TERCERO. Los agravios transcritos son fundados. En efecto, asiste la raz�n al recurrente al decir que no estuvo en lo correcto la J. Segundo de Distrito en el Estado, al desechar la demanda de amparo que promovi� contra actos del J. Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la ciudad de H., Michoac�n, consistentes en la interlocutoria de fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y tres, dictada en el juicio ejecutivo mercantil n�mero 308/989, instaurado por M.�n T.S. frente a Mar�a Concepci�n Dur�n B. y L.L.A., sobre pago de pesos; dado que dicha resoluci�n vers� sobre la liquidaci�n de la suerte principal, los intereses y el pago de costas del asunto, lo cual implica que no se trataba, simplemente, de regular el �ltimo de tales conceptos, para que as� pudiera sostenerse, en forma v�lida, que la interlocutoria de referencia era impugnable a trav�s del recurso de apelaci�n, en t�rminos del art�culo 1341 del C�digo de Comercio, como pretende el J. Federal, con arreglo a la tesis que sobre el particular invoca, sino que, como dicha resoluci�n tambi�n se ocupa de la liquidaci�n de sentencia, porque el J. del conocimiento aprob� la planilla correspondiente, determinando que la suerte principal ascendi� a trescientos ochenta y ocho millones ciento once mil doscientos pesos antiguos, y los intereses a mil seiscientos setenta y seis millones seiscientos cuarenta mil trescientos veinticuatro pesos, y ello evidencia que resulta aplicable lo dispuesto por el numeral 1348 del propio cuerpo normativo, seg�n el cual, en caso de ejecuci�n de sentencia, con base en planilla de liquidaci�n aprobada, ante la inconformidad de la contraparte, no procede m�s recurso que el de responsabilidad, y si �ste no constituye un medio de defensa por el cual pueda modificarse, nulificarse o revocarse la resoluci�n que se impugna, es claro que puede atacarse en amparo indirecto, a la luz del art�culo 114, fracci�n III, de la Ley de Amparo. En consecuencia, el acuerdo de diez de noviembre de mil novecientos noventa y tres, pronunciado en el expediente n�mero 111-340/993, que desech� la demanda de garant�as, por notoria improcedencia, causa agravio a la quejosa y lo procedente es revocarlo y ordenar que se admita aqu�lla, al menos que exista alg�n otro motivo que la haga improcedente de manera indudable.

TERCERO

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 471/92, sostuvo el criterio siguiente:

QUINTO. Los agravios aducidos son sustancialmente fundados. Por lo que ata�e al pago de las costas del juicio, este tribunal advierte que este rubro est� regulado en los art�culos 1081 al 1089 del C�digo de Comercio, en el que se incluyen los honorarios del abogado que intervino en la direcci�n del juicio, de acuerdo a lo dispuesto en el diverso 1082 del propio ordenamiento legal, que dice: ?Art�culo 1082. Cada parte ser� inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promueva: en caso de condenaci�n en costas, la parte condenada indemnizar� a la otra de todas las que hubiere anticipado. La condenaci�n no comprender� la remuneraci�n del procurador, sino cuando fuere agente de negocios titulado, ni la del patrono, sino cuando fuere abogado recibido; cuando un abogado fuere procurador, s�lo comprender� sus honorarios la condenaci�n, cuando �l mismo se haya encargado de la direcci�n del juicio sin recurrir al patrocinio de otro abogado.?, y los art�culos 1085, 1086 y 1087, regulan el procedimiento para cuantificarlo, en los t�rminos siguientes: ?Art�culo 1085. Las costas ser�n reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado.?; ?Art�culo 1086. Presentada la regulaci�n de las costas al J. o tribunal ante el cual se hubieren causado, se dar� vista de ella por tres d�as a la parte condenada, para que exprese su conformidad o inconformidad.?; ?Art�culo 1087. Si nada expusiere dentro del t�rmino fijado la parte condenada, se decidir� el pago. Si en el t�rmino referido expresare no estar conforme, se dar� vista de las razones que alegue a la parte que present� la regulaci�n, la que dentro de igual t�rmino contestar� a las observaciones hechas.?, y se concluye en el diverso 1088: ?En vista de lo que las partes hubiesen expuesto conforme al art�culo anterior, el J. o tribunal fallar�n lo que estimen justo dentro del tercer d�a. De esta decisi�n se admitir�n los recursos que procedieren, seg�n la instancia en que se encontrare el juicio y seg�n la cantidad que importase la total regulaci�n.?. En tales condiciones, la interlocutoria que resuelve las costas del juicio, s� resulta apelable, tal como lo consider� el a quo, con fundamento en lo se�alado en el art�culo 1341 del C�digo de Comercio, el que determina que las sentencias interlocutorias son apelables si lo fueren las definitivas, as� como lo dispuesto en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en las p�ginas mil seiscientos cuarenta y nueve y mil seiscientos cincuenta, Tomo V, de los criterios publicados de los Tribunales Colegiados, de mil novecientos setenta y nueve a mil novecientos ochenta y siete, S�ptima �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?COSTAS EN MATERIA MERCANTIL, RESOLUCI�N DICTADA EN EL INCIDENTE DE, ES APELABLE. Al regular el C�digo de Comercio la ejecuci�n de las sentencias en los art�culos 1346 a 1348, se refiere a hip�tesis diversa de la liquidaci�n de gastos y costas que se regulan en los art�culos 1081 a 1089 de ese mismo ordenamiento; ya que los preceptos que se citan en primer orden se refieren a la ejecuci�n de sentencias por lo que hace a la suerte principal o a los intereses si no est�n establecidos en cantidad l�quida, y la resoluci�n que en ellas se dicte no admite otro recurso que el de responsabilidad de conformidad con el art�culo 1348 del c�digo mercantil aludido; pero no as� el fallo que se pronuncie para determinar los gastos y costas, el cual admite el recurso de apelaci�n, lo que se comprueba no s�lo por la regulaci�n que se hace de �stos en los art�culos 1081 a 1089 de ese ordenamiento, sino tambi�n porque en ambos casos se establecen los procedimientos a seguir con objeto de retener su determinaci�n, ya que de haber estimado el legislador que aqu�llos se deber�an fijar conforme lo que se dispone en el cap�tulo de ejecuci�n de sentencias hubiese hecho remisi�n a �ste; adem�s de que tal interpretaci�n se deriva de lo dispuesto por el art�culo 1088 del c�digo citado, disposici�n que es opuesta a la contenida en el art�culo 1348 del ordenamiento en consulta.?. Sin embargo, como los gastos y costas del juicio fueron calculados conjuntamente con los intereses normales y moratorios a que fueron condenados los demandados, y la interlocutoria que resuelve sobre intereses como m�s adelante se ver�, no es recurrible, en raz�n del principio de atracci�n y para evitar la divisi�n de la continencia de la causa, lo relativo a gastos y costas debe correr la misma suerte que la interlocutoria que resuelve sobre intereses, por estar comprendidos ambos supuestos. Ahora bien, asiste la raz�n a la parte recurrente, en cuanto a que la resoluci�n combatida que contiene y resuelve sobre intereses normales y moratorios, as� como gastos y costas del juicio, no admite recurso alguno, y, por ende, el sobreseimiento decretado por no cumplirlas sin el principio de definitividad en el amparo, resulta ilegal, toda vez que contrario a lo apreciado por el J. de Distrito, el art�culo 1348 del C�digo de Comercio establece que contra la resoluci�n que determina el monto de la liquidaci�n, al no haberse determinado en la sentencia, como en el presente asunto que comprende pago de intereses y gastos y costas del juicio, no habr� m�s recurso que el de responsabilidad, lo cual no es propiamente un recurso, sino un juicio que se sigue en contra del J., por indebida aplicaci�n de la ley; de ah� que incorrectamente el a quo apoya su resoluci�n en el diverso 1341 del C�digo de Comercio para decretar el sobreseimiento, pues el caso particular est� regulado por el art�culo 1348 citado, en lo referente a ejecuci�n de sentencias, que establece: ?Art�culo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad l�quida, la parte a cuyo favor se pronunci� al promover la ejecuci�n presentar� su liquidaci�n, de la cual se dar� vista por tres d�as a la parte condenada. Si �sta nada expusiere dentro del t�rmino fijado, se decretar� la ejecuci�n por la cantidad que importe la liquidaci�n; mas si expresare su inconformidad, se dar� vista de las razones que alegue a la parte promovente, la cual contestar� dentro de tres d�as, fallando el J. o tribunal dentro de igual t�rmino lo que estime justo. De esta resoluci�n no habr� sino el recurso de responsabilidad.?. En esta tesitura, es claro que si contra la interlocutoria aludida no cabe recurso alguno por el cual pueda ser modificada o revocada, los promoventes al acudir en demanda de amparo no incumplen con el principio de definitividad; lo anterior de acuerdo a la tesis visible en la p�gina doscientos setenta y cinco, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, del Informe de labores que rindi� el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al finalizar el a�o de mil novecientos ochenta y ocho, que dice: ?INTERLOCUTORIA QUE CONDENA PAGAR INTERESES EN EJECUCI�N DE SENTENCIA DICTADA EN JUICIO MERCANTIL. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Resulta equivocado el criterio emitido al desechar la demanda de amparo indirecto interpuesto contra tal interlocutoria, si se toma en cuenta que el cap�tulo XXVII del C�digo de Comercio, especialmente el art�culo 1348, referidos a la ejecuci�n de sentencias, establece que contra tal sentencia incidental no procede m�s recurso que el de responsabilidad, que jur�dicamente no es un medio de defensa que pueda modificar, variar o revocar lo que se impugne en aqu�lla; por lo que resulta procedente el amparo indirecto.?, as� como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que este tribunal hace suya, aplicable por su sentido, visible en las p�ginas trescientos cincuenta y uno y trescientos cincuenta y dos, octubre de mil novecientos noventa y dos, Tomo X, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n que es del tenor siguiente: ?INCIDENTE DE LIQUIDACI�N, IRRECURRIBILIDAD DE LA RESOLUCI�N QUE DECIDE EL. Como la parte actora en el ejecutivo mercantil present� su planilla de liquidaci�n solicitando se abriera el incidente respectivo para los efectos del art�culo 1348 del C�digo de Comercio, y dado que en esos t�rminos se admiti� la petici�n, ello significa que el juzgador sujet� el tr�mite a la normatividad comprendida en el cap�tulo XXVII del c�digo citado. Consiguientemente, se considera que el J. Federal incurri� en una indebida apreciaci�n de los hechos al afirmar que la incidencia debi� ajustarse a las reglas del cap�tulo VII del referido c�digo mercantil, relativo a las costas, ya que, se insiste, adem�s de que el promovente la plante� como incidente de liquidaci�n, la responsable lo admiti� y sujet� a tr�mite bajo esa denominaci�n, sin que exista constancia de que el demandado incidentista se hubiese inconformado. Aparte de que la interlocutoria aprob� la liquidaci�n y no la planilla de gastos en exclusiva. No es �bice la circunstancia de que el numeral citado cobre aplicaci�n s�lo con respecto a sentencias que no contengan cantidad ni que el fallo de fondo en el juicio, de acuerdo con su propia naturaleza, comprenda en el rubro de condena el concepto relativo al capital en cantidad l�quida, ya que adem�s incluy� el pago de intereses moratorios y los gastos y costas del juicio, prestaciones que deben ser liquidadas en ejecuci�n de sentencia. Esa circunstancia obliga a considerar que se trata de una resoluci�n que conden� al pago de una cantidad l�quida y otra il�quida y en ausencia de disposici�n del C�digo de Comercio que prevea dicha hip�tesis, tendr�an aplicaci�n supletoria los art�culos 489 y 490 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado y se arribar�a a id�ntica conclusi�n, en tanto que el primero de los dispositivos en cita autoriza a que, en esos casos, se haga efectiva la primera sin esperar a que se liquide la segunda, pero ello es potestativo y cuando acontece, como en el justiciable, que se provee su ejecuci�n conjunta, es incuestionable que la incidencia debe comprender la liquidaci�n y �sta queda sujeta a la normatividad del art�culo 490, que al igual que el 1348 del C�digo de Comercio, no admite m�s recurso que el de responsabilidad contra la interlocutoria respectiva.?. En consecuencia, siendo fundados los agravios hechos valer, procede revocar el sobreseimiento decretado, y con fundamento en el art�culo 91, fracci�n III, de la Ley de Amparo, entrar al estudio de fondo del asunto sobre este particular.

CUARTO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, al resolver los amparos 820/97 y 572/97, respectivamente sostuvo los criterios siguientes:

Juicio de amparo 820/97:

CUARTO. Son ineficaces en parte y parcialmente fundados en otra los agravios que en el caso se expresan, aunque para arribar a esta conclusi�n deban de suplirse en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 76 bis, fracci�n VI, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia n�mero 519, consultable en la p�gina doscientos cuarenta y uno, Tomo VI, Materia Com�n del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, de rubro: ?SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, IMPLICA UN EXAMEN CUIDADOSO DEL ACTO RECLAMADO.?. Sentado lo anterior, este Tribunal Colegiado considera que, por raz�n de t�cnica jur�dica, procede el estudio, en primer orden, de aquellos argumentos que ven a la improcedencia del juicio de garant�as por cuanto a las consideraciones contenidas en el acto reclamado, con relaci�n a los gastos y costas. En principio cabe precisar que el acto reclamado lo constituye la resoluci�n dictada el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y siete, en la secci�n de ejecuci�n del juicio ejecutivo mercantil n�mero 934/94, del �ndice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, relativa a la planilla de liquidaci�n de capital y accesorios legales que se reclaman, y gastos y costas del juicio, aprob�ndose parcialmente por los conceptos apuntados, siendo prudente mencionar que dicha resoluci�n fue pronunciada en t�rminos de lo estatuido por el art�culo 1348 del C�digo de Comercio. Por otra parte, tambi�n es de significarse que para una mejor comprensi�n del asunto la palabra intereses, proviene del vocablo interese y �ste del lat�n interesse, que significa importar, y cuyo concepto es: Provecho, ganancia, utilidad. Valor que en s� tiene una cosa. Lucro producido por el capital, acorde a la definici�n contenida en el Diccionario para J., de J.P. de Miguel (Editorial Mayo Ediciones, S. de R.L., M�xico, D.F., 1981); o bien, precio que se paga en el mutuo o pr�stamo, cuando se ha acordado, que puede ser legal o convencional (que no tiene m�s limitaci�n que la de que no sea usuario (sic). Lucro o renta del capital, atentos al Diccionario de Derecho, de R. de Pina y R. de Pina Vara (Editorial Porr�a, S., M�xico, D.F., 1983, decimoprimera edici�n); y por �ltimo: En un sentido estricto, se identifica con el provecho, rendimiento o utilidad que se obtiene del capital (dinero). Asimismo, puede considerarse como el beneficio econ�mico que se logra de cualquier clase de inversi�n. En un sentido m�s amplio: compensaci�n en dinero o en cualquier valor que recibe el acreedor en forma accesoria al cumplimiento de una obligaci�n, seg�n la definici�n habida en el Diccionario Jur�dico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico (Editorial Porr�a, S., M�xico, D.F., 1994); as� pues, en materia mercantil se reputa inter�s a toda prestaci�n pactada en favor del acreedor, que consta por escrito, el cual deber�n satisfacer los deudores, desde el d�a siguiente al del vencimiento de la obligaci�n, acorde a lo estatuido por los art�culos 361 y 362, primer p�rrafo, del C�digo de Comercio; en ese orden de ideas, se establece que el pago de intereses constituye una obligaci�n que tiene el car�cter de accesoria a la obligaci�n principal de restituir las cosas prestadas y, por ende, es claro que aquella obligaci�n no puede nacer con independencia de �sta, ni subsistir cuando la obligaci�n principal se haya extinguido, dado los precisos t�rminos del numeral 364 del c�digo mercantil citado; en esa tesitura, se concluye que la condena al pago de intereses, bien ordinarios o bien moratorios, deviene del incumplimiento de la obligaci�n principal reclamada, esto es, de la demora en el pago de la suerte principal, siempre que se haya causado desde el d�a del vencimiento y que el acreedor hubiese reclamado su pago (art�culo 152, fracci�n II, de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito); cabe citar al respecto, por su contenido, las tesis jurisprudenciales n�meros 136 y 300, visibles en las p�ginas ochenta y nueve y doscientos dos, del Tomo IV, Materia Civil, del Ap�ndice editado al Semanario Judicial de la Federaci�n, relativo a los a�os 1917-1995, intituladas: ?CHEQUES. INDEMNIZACI�N DE DA�OS Y PERJUICIOS PREVISTA EN EL ART�CULO 193 DE LA LEY GENERAL DE T�TULOS Y OPERACIONES DE CR�DITO POR FALTA DE PAGO DE LOS, NO EXCLUYE EL DERECHO AL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS RESPECTIVOS.? y ?OBLIGACIONES MERCANTILES CON INTERESES. APLICACI�N DE LAS ENTREGAS A CUENTA DEL ADEUDO.?, respectivamente; as� como el de las diversas tesis sustentadas por la entonces Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultables en las p�ginas mil novecientos diecisiete del Tomo LXXXV del Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca y trece del Tomo 35, de la misma obra, Cuarta Parte, S�ptima �poca, cuyos rubros son: ?INTERESES MORATORIOS.? y ?ACCI�N CAMBIARIA, CONDENA AL PAGO DE COSTAS, INTERESES MORATORIOS Y OTROS ACCESORIOS.?, respectivamente; igualmente, cabe citar por la misma raz�n, las tesis publicadas en las fojas trescientos noventa y quinientos noventa y dos, del Tomo XIII del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, correspondientes a los meses marzo y junio, ambos del a�o de mil novecientos noventa y cuatro y, seiscientos sesenta y tres del Tomo IV del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, septiembre de mil novecientos noventa y seis, cuyas voces son: ?INTERESES MORATORIOS, PAGO DE LOS. PROCEDE SU CONDENA EN JUICIO, AUNQUE NO SE HAYAN PACTADO EN EL DOCUMENTO FUNDATORIO DE LA ACCI�N.?, ?INTERESES MORATORIOS EN MATERIA MERCANTIL, CONDENA AL PAGO DE. SU MONTO PUEDE EXCEDER LA CUANT�A DE LA OBLIGACI�N PRINCIPAL, Y SON INAPLICABLES SUPLETORIAMENTE A LA LEGISLACI�N MERCANTIL, LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PENA CONVENCIONAL PREVISTAS EN EL C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.? e ?INTERESES MORATORIOS Y PENA CONVENCIONAL, NO ES DABLE CONDENAR INDISTINTAMENTE, A UNA U OTRA PRESTACI�N.?, respectivamente; criterios �stos que este Tribunal Colegiado comparte. En otro aspecto, en lo que respecta a las costas, tambi�n es de significarse que, para una mejor exposici�n, las mismas se definen como: ?Gastos ocasionados en el proceso, derivados directamente de �l, sobre cuyo pago est� obligado el J. a resolver, ordenando a cu�l de las partes corresponde abonarlos o declarando que noprocede, en el caso especial, condenaci�n en costas.?, acorde a la definici�n contenida en el Diccionario de Derecho de R. de Pina y R. de Pina Vara (op. cit.); igualmente, como: ?Gastos judiciales? y, vale precisar que las costas procesales son: ?Gastos originados en un juicio y con motivo de �l?; asimismo, condenar en costas significa: ?En lo civil, hacerle pagar los gastos ocasionados a sus contrarios en el juicio ...?, atentos a las definiciones existentes en el Diccionario para J., de J.P. de Miguel, supracitado; en otro aspecto, cabe decir que las costas judiciales son: ?... las erogaciones que realizan las partes en un proceso judicial y que est�n comprendidas dentro de la legislaci�n aplicable, mismas erogaciones que ser�n soportadas por quien las realiza o la parte a quien condena el J. a su pago?, acorde al concepto dado por el jurista C.A.G.�a, en su obra intitulada Pr�ctica Forense Mercantil (Editorial Porr�a, S., M�xico, D.F., 1994, p�g. 201); por su parte, el doctrinario J.O.F., en su obra denominada Derecho Procesal Civil, sostiene que las costas judiciales son s�lo una especie del g�nero costas procesales, mismas que ?... comprenden todos los gastos y erogaciones que se originan con motivo de un proceso, tales como el pago de los honorarios a los abogados, los gastos de publicaci�n de edictos, etc. ...?, aseverando que en nuestra legislaci�n no se deben cobrar costas judiciales pero s� las procesales (Editorial Harla, M�xico, D.F., 1984, p�g. 171); al respecto, es oportuno precisar que nuestro m�s Alto Tribunal del pa�s, funcionando en Pleno, en la tesis n�mero LXXXVII/97, aprobada en sesi�n privada de diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, bajo la voz: ?COSTAS JUDICIALES, PROHIBICI�N CONSTITUCIONAL DE LAS.?, determin� que est�n prohibidas las costas judiciales, acorde a lo dispuesto por el segundo p�rrafo del art�culo 17 de la Carta Magna. En otro aspecto, es de destacarse que, el jurista G.C., en su obra intitulada Curso de Derecho Procesal Civil, establece que: ?La obligaci�n de las costas no surge durante la litis, dando lugar a un cr�dito eventual o condicional; por ello, no puede hablarse durante el pleito de un cr�dito o de un derecho a las costas. S�lo en el momento de fallarse sobre la demanda, esto es, cuando se determina el vencimiento, nace no s�lo el derecho del vencedor a las costas, sino el deber del J. de condenar al derrotado en las mismas, y s�lo de la condena ya pronunciada nace el derecho y la obligaci�n de las costas?, agregando que: ?... el J. debe pronunciarse sobre este punto de oficio, y que la sentencia es siempre constitutiva en cuanto a la condena en las costas, porque no declara un preexistente derecho a las costas, sino que lo constituye como derecho provisto al propio tiempo de ejecutoriedad.? (C.�n Cl�sicos del Derecho, Editorial Harla, S. de C.V., M�xico, D.F., 1997, p�g. 502); asimismo, precisa el maestro E.P., en su obra denominada Diccionario de Derecho Procesal Civil: ?La obligaci�n de pagar las costas s�lo existe por virtud de la sentencia que pronuncia la condenaci�n, la cual tiene car�cter constitutivo seg�n opini�n uniforme de los jurisconsultos?, y, agrega: ?La obligaci�n de pagar las costas no puede ser materia de un convenio, deriva de una ley que no tiene el car�cter de supletoria de la voluntad de las partes? (Editorial Porr�a, S., M�xico, D.F., 1977); por su parte, el jurista A.G.�a, sostiene que la condena en costas tiene como fundamento dos aspectos: unos inmediatos y otros mediatos, que en los primeros, la condena es respaldada en dos formas jur�dicas: a) general y b) individualizada, siendo aqu�lla ?... la ley que autoriza, en ciertas condiciones f�cticas, que se condene a una de las partes al pago de las costas causadas a la otra? y, �sta ?... es la sentencia que aplica la ley al caso concreto que se haya controvertido. El juzgador concluye que una de las partes se halla dentro de los extremos f�cticos previstos por la norma para que opere la condena en costas y la establece a cargo de una de las partes?; y los segundos, que la condena en costas puede estar apoyada en varias razones que la justifican: ?a) La condena en costas limita los abusos de quienes someten a la parte contraria a molestias y gastos de un proceso injustificado o innecesario; b) La condena en costas sanciona la temeridad y la mala fe; c) Quien causa un da�o innecesario y adem�s, injustificadamente, debe repararlo. En un juicio se producen da�os a quien es llevado obligadamente a �l, sin haber dado causa a ello; d) El titular de un derecho no debe sufrir detrimento patrimonial por la actitud de incumplimiento del sujeto pasivo de una relaci�n jur�dica patrimonial o no patrimonial; e) La actitud de una de las partes en el juicio, calificada discrecionalmente por el juzgador, la hace merecedora de que cubra los gastos de la parte contraria; f) Conviene la existencia de una restricci�n a la ilimitada libertad de llevar a juicio a las personas pues, de esa manera se frenar� el litigio en los casos dudosos y en los casos en que la parte actora carezca de elementos para demandar, o cuando su situaci�n le sea desfavorable en esencia? (op. cit. p�g. 203); Jes�s Z.P., en su obra intitulada Derecho Procesal Mercantil, asevera que son dos los criterios que justifican la condena en costas: a) El criterio subjetivo, que se funda en la temeridad y mala fe de aquel que litiga a sabiendas de que carece de raz�n, cuya conducta sanciona oblig�ndole a pagar a su contraria los gastos que le ocasion� el proceso. b) El criterio objetivo establece, como regla general, que el vencido en juicio debe pagar las costas del mismo, independientemente de que su conducta haya sido de buena o mala fe, temeraria o no. Las costas representan as� una indemnizaci�n debida al vencedor de los gastos que, al obligarlo a litigar, le ha ocasionado el vencido (Editorial C�rdenas Editor y Distribuidor, M�xico, D.F., 1991, p�g. 124); y por �ltimo, cabe citar lo expuesto al respecto por G.C., quien sostiene que ?El fundamento de esta condena es el hecho objetivo de la derrota; y la justificaci�n de esta instituci�n est� en que la actuaci�n de la ley no debe representar una disminuci�n patrimonial para la parte en cuyo favor tienen lugar; pues es inter�s del Estado que la utilizaci�n del proceso no se resuelva en da�o para quien tiene la raz�n, y por otro lado, es inter�s del comercio jur�dico que los derechos que tengan un valor a ser posible, preciso y constante.? (op. cit., p�g. 501); es oportuno precisar que la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al dirimir la contradicci�n de tesis n�mero 11/96, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, sostuvo el criterio jurisprudencial que con el n�mero 1a./J. 29/96, aparece publicado en la p�gina ciento diecisiete del Tomo IV del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, diciembre de mil novecientos noventa y seis, voz: ?COSTAS. PROCEDE LA CONDENA DE, EN PRIMERA INSTANCIA CONTRA EL QUE OBTIENE RESULTADO ADVERSO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.?, ejecutoria en la que, en su parte considerativa, se ocup� del an�lisis de los preceptos legales del C�digo de Comercio que regulan las costas (art�culos 1081 al 1089), determinando que, para la condenaci�n por ese concepto, deben observarse los criterios, a saber: ?a) El sistema subjetivo, conforme al cual s�lo debe condenarse al pago de las costas a la parte que se hubiese conducido en el proceso con temeridad y mala fe, en este supuesto se toma en cuenta un dato subjetivo, la conducta reprobable asumida dentro del proceso por alguna de las partes con el deliberado prop�sito de entorpecer o dilatar el juicio. b) El sistema objetivo, de acuerdo con el cual se debe condenar siempre al pago de costas a la parte que haya sido vencida en juicio. El sistema adoptado por el C�digo de Comercio en materia de costas, combina para justificar la condena, el principio de temeridad relativo a la conducta procesal de las partes y el vencimiento en relaci�n con el sentido de la sentencia, principios que influyen para apreciar que la finalidad de las costas del juicio es resarcir a quien injustificadamente ha sido llevado al tribunal, de las erogaciones en que haya incurrido por raz�n del desarrollo del proceso.?; en ese orden de ideas, cabe concluir que la condena en costas, descansa en el supuesto de no haber obtenido un resultado favorable en el proceso, ya sea el actor o el demandado, bien por temeridad o mala fe o bien por actualizarse algunas de las hip�tesis establecidas en la ley, adoptando en este supuesto la teor�a del vencimiento; cabe citar al respecto, por su contenido las tesis jurisprudenciales n�meros 188, 189 y 191, visibles en las p�ginas ciento veintinueve y ciento treinta del Tomo IV, Materia Civil, del Ap�ndice editado al Semanario Judicial de la Federaci�n, relativo a los a�os 1917-1995, voces: ?COSTAS. APRECIACI�N DE LA TEMERIDAD O MALA FE.?; ?COSTAS, CONDENA EN.? y ?COSTAS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE CONDENARSE A LA PARTE ACTORA SI SE REVOCA EL AUTO ADMISORIO DE DEMANDA.?. Asimismo, dada la particularidad del asunto a estudio, cabe destacar el significado de ?continencia de la causa?; as� pues, �sta se define como: ?Unidad que debe existir en todo juicio; esto es, que sea una la acci�n principal, uno el J. y unas las personas que lo sigan hasta la sentencia.?, acorde al Diccionario para J. de J.P. de Miguel (op. cit.); o bien: ?La expresi�n �continencia de la causa�, empleada como equivalente a contenido del proceso, hace referencia a la unidad que tradicionalmente se ha estimado requisito de �ste en relaci�n con sus elementos fundamentales, en virtud de la cual, cuando de seguirse simult�neamente dos pleitos ante �rganos jurisdiccionales distintos se divide dicha continencia, procede la acumulaci�n de autos para impedirla. Los tratadistas cl�sicos han definido la continencia de la causa como la unidad que debe haber en todo juicio; esto es, que sea una la acci�n principal, uno el J. y una las partes que sigan hasta la sentencia.?, atentos al Diccionario de Derecho de R. de Pina y R. de Pina Vara (op. cit.); por su parte, el maestro E.P., en su obra denominada Diccionario de Derecho Procesal Civil, al referirse al t�rmino ?Continencia del proceso?, transcribe la definici�n dada por E., por cuanto al vocablo continencia, cuyo texto es: ?La unidad que debe haber en todo juicio; esto es, que sea una sola la acci�n principal, uno el J. y unas las personas que le sigan hasta la sentencia.?, agregando que: ?La continencia de la causa se determina por los siguientes elementos: la cosa que se pide, el t�tulo por el que se pide, las personas que intervienen en el juicio y el car�cter con el que intervienen? (op.cit.); en ese orden de ideas, la continencia de la causa, se traduce en la unidad de los elementos fundamentales de todo proceso, esto es, que no se puede fragmentar el tema de litigio, cuando siendo varios los demandados, las acciones son las mismas y derivan de una misma causa, a fin de evitar se pronuncien resoluciones contradictorias. Precisado lo anterior, atendiendo a las circunstancias de que la condena al pago de intereses descansa en el supuesto de que se haya incumplido con la obligaci�n principal reclamada, esto es, por la demora en el pago de la suerte principal, siempre que se hayan causado desde el d�a del vencimiento y que se hubiese reclamado su pago; y, en cambio, la condena al pago de costas deviene del hecho de no haber obtenido sentencia favorable, es decir, de haber sido adverso el resultado del juicio, es claro concluir que las causas que originan cada concepto o condena, son diversas, esto es, una deriva de la acci�n misma y la otra, del resultado del proceso; aun y cuando en una sentencia se condene a pagar por esos conceptos (intereses y costas), pues, es evidente que ello no presupone una unidad de causa, si se toma en cuenta que, sus or�genes son diversos; adem�s, cuando en dicha sentencia no se contiene condena en cantidad por los conceptos apuntados, en el caso espec�fico, el C�digo de Comercio, en sus art�culos 1330 y 1348, establece las bases para la liquidaci�n de la condena de frutos, intereses, da�os o perjuicios y, en sus numerales del 1081 al 1089, regula los t�rminos en que se han de liquidar las costas; en esa tesitura, promovida la liquidaci�n de la sentencia, en ejecuci�n de la misma, y resuelta en una misma interlocutoria la liquidaci�n de intereses y de las costas, es claro concluir que por ello, no le da el car�cter de unidad a lo ah� determinado y, por ende, se est� en aptitud de impugnar lo ah� resuelto, por los medios legales id�neos, si para ello se toma en cuenta lo considerado por la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis n�mero 2/95, entre las sustentadas por el Octavo y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, que dio lugar a la tesis jurisprudencial n�mero 1a./J. 8/95, publicada en la p�gina cuarenta y nueve del Tomo I del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, junio de mil novecientos noventa y cinco, intitulada: ?COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACI�N CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN EL INCIDENTE DE.?, pues, en el considerando ?sexto? de ese fallo, en lo conducente, dice: ?Lo expuesto pone de manifiesto que el art�culo 1348 del C�digo de Comercio regula un procedimiento especial para hacer l�quida una sentencia en la cual han establecido las bases de la liquidaci�n. Nuestro legislador ha determinado que la resoluci�n que decida sobre la inconformidad del deudor no es atacable. Esta regla se justifica si se tiene presente que los recursos se establecen con el fin de asegurar mayormente la recta administraci�n de justicia con el fin de reparar los perjuicios que se hubiesen causado a las partes con motivo de providencias ilegales dictadas ya por descuido, por ignorancia o incluso por malicia. Sin embargo, hay resoluciones contra las que no se da recurso alguno. El legislador no ha concedido el derecho de impugnar toda resoluci�n. Dadas las dilaciones y gastos que causa este recurso a las mismas partes y al tiempo que ocupa a los tribunales en perjuicio del inter�s p�blico, el derecho a impugnar se ha restringido a aquellas que por su importancia y por los perjuicios que pueda irrogar a los litigantes, compensan ventajosamente los inconvenientes del recurso con los beneficios que procura. De ese modo no respecto de todas las sentencias, ya definitivas, ya interlocutorias, se concede la apelaci�n. Hay varias contra las que no se ha juzgado necesario ni conveniente conceder este recurso. Los criterios al respecto var�an, pero el legislador ha tenido en cuenta, entre otros factores los siguientes: la cuant�a del negocio, y de ese modo se ha estimado que la apelaci�n no procede respecto de objetos de poco valor, ya que en estos casos no se ha temido que se pusieran en juego intrigas ilegales para torcer la balanza de la justicia, o se ha cre�do que bastaba la ilustraci�n del J. de primera instancia para decidir eficazmente el negocio, por no ser dif�cil o complicado, o para evitar que los perjuicios que ocasionaran a las partes los gastos y dilaciones de la segunda instancia fuesen mayores que los beneficios que les resultasen aun en el caso de ganar el litigio; por la gran importancia de que se termine brevemente el litigio; por ser la providencia dictada en beneficio de ambas partes de suerte que hall�ndose �stas en igualdad de circunstancias favorables, la no admisi�n de la apelaci�n no les infiere perjuicio por el grado que ocupe el tribunal que dicte las resoluciones; y por suponerse la aprobaci�n t�cita de la sentencia por aqu�l a quien pudiera convenir apelar de ella. Es evidente que en el caso a que se refiere el art�culo 1348 del C�digo de Comercio, se toma en cuenta para que no se considere impugnable la interlocutoria que resuelve un procedimiento espec�fico de liquidaci�n, el inter�s que la sociedad tiene en que se cumplan las sentencias que pusieron fin a un juicio, muchas veces dilatado. De todo lo hasta aqu� expuesto, pueden extraerse las siguientes conclusiones: ?A) El art�culo 1348 del C�digo de Comercio s�lo resulta aplicable en trat�ndose de sentencias que establezcan una condena que no contenga cantidad l�quida, pero en la cual se hayan fijado las bases para la liquidaci�n, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 1330 del C�digo de Comercio. B) El texto legal de nuestra atenci�n establece un procedimiento que tiende a liquidar la condena establecida en la sentencia respecto de cuestiones que fueron objeto del pleito. C) La resoluci�n que se dicte en ese procedimiento es irrecurrible a fin de que no se dilate la ejecuci�n de sentencia cuyo derecho qued� plenamente establecido; es decir, lleva impl�cita la existencia previa de una condena al respecto. D) El referido dispositivo no se refiere espec�ficamente a los incidentes, y menos a�n a los relativos a gastos y costas, sino a la ejecuci�n de sentencias que no contienen cantidad l�quida, hecho que se confirma porque se encuentra inmerso dentro del cap�tulo relativo a la ejecuci�n de las sentencias. Por ende, no asiste la raz�n al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el sentido de que el art�culo 1348 del C�digo de Comercio se refiere en general cuando se trate de ejecutar una sentencia que no contenga cantidad l�quida, cualquiera que sea el aspecto de esa sentencia, toda vez que ya se ha dejado establecido que el numeral precitado s�lo rige en el supuesto de que se trate de liquidar una sentencia en la cual se hayan dejado establecidas las bases para dicha liquidaci�n en t�rminos de lo previsto por el art�culo 1330 del C�digo de Comercio, hip�tesis diversa a la sentencia interlocutoria que pone fin a un incidente de costas, en cuyo caso cobran aplicaci�n los art�culos 1088 y 1341 del C�digo de Comercio. El primero de los numerales mencionados establece lo siguiente: �En vista de lo que las partes hubiesen expuesto conforme al art�culo anterior, el J. o tribunal fallar�n lo que estimen justo dentro del tercer d�a. De esta decisi�n se admitir�n los recursos que procedieren, seg�n la instancia en que se encontrare el juicio y seg�n la cantidad que importase la total regulaci�n.�. En consecuencia, como la sentencia que decide un incidente de costas tiene el car�cter de interlocutoria, se rige por lo dispuesto por el art�culo 1341 del cuerpo de leyes en cita en cuanto establece que las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas, conforme al art�culo 1340. No es �bice para lo considerado que la parte final del art�culo 1088 disponga que de la interlocutoria que resuelva un incidente de costas, se admitir�n los recursos que procedieren, seg�n la instancia en que se encontrare el juicio y seg�n la cantidad que importase la total regulaci�n. Lo anterior s�lo significa que la impugnabilidad de la resoluci�n de costas se sujetar� a la forma y t�rminos de la instancia en que se encuentre el juicio, lo que resulta l�gico dado que los recursos que se dan en primera instancia no son similares a los que se conceden en la segunda instancia. Por tanto no puede estimarse, como lo hace el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que el juicio respectivo se encontraba en la �instancia de ejecuci�n�. La ejecuci�n de la sentencia es un periodo o fase, no una instancia, ya que �sta comprende el ejercicio de la acci�n judicial desde la demanda hasta la sentencia definitiva. La ejecuci�n, en cambio no es sino el procedimiento o conjunto de actos necesarios para la efectuaci�n del mandato declarado enla sentencia. La regla prevista en el art�culo 1088 del C�digo de Comercio en el sentido de que de la interlocutoria que resuelva un incidente de costas se admitir�n los recursos que procedieren seg�n la cantidad que importase la total regulaci�n, no es sino una reminiscencia de legislaciones anteriores en las que la apelaci�n de interlocutorias de esa naturaleza se supeditaba a la cuant�a de la regulaci�n, lo que no se norma en la actualidad, debiendo estarse en todo caso, por lo que hace a la cuant�a, a lo dispuesto por el art�culo 1340 del C�digo de Comercio. No es �bice para lo considerado que ordinariamente las resoluciones reca�das a los incidentes de gastos y costas se emiten en ejecuci�n de sentencia, y que la condena respectiva se establece, por lo general, en la definitiva. De cualquier modo, esos incidentes, gozan de una autonom�a destacada y al respecto existe la regla espec�fica respecto de la forma de tramitaci�n e impugnaci�n contenida en el art�culo 1088 del C�digo de Comercio. Esa regla especial no se contradice con la prevista en el art�culo 1348 del citado ordenamiento legal, el cual se refiere a una hip�tesis diversa prevista en el art�culo 1330 del propio cuerpo de leyes.?. En ese orden de ideas, cabe concluir que si el acto reclamado lo constituye la resoluci�n que aprob� parcialmente la planilla de liquidaci�n de intereses ordinarios y moratorios as� como gastos y costas, es claro que, como en esencia se argumenta, mas no con el alcance pretendido, contra la determinaci�n efectuada, s�lo en torno a los gastos y costas, proced�a previamente a la promoci�n del juicio de garant�as, agotar el principio de definitividad, esto es, el recurso de apelaci�n, conforme lo estatuye el numeral 1088, en relaci�n con los art�culos 1340 y 1341, todos del C�digo de Comercio, acorde al contenido de la tesis jurisprudencial citada en la parte final del apartado que antecede; sin que obste que la referida resoluci�n reclamada, haya concluido ?... De conformidad con el art�culo 1348 del C�digo de Comercio?; dado que, como se colige del contenido de la transcripci�n efectuada en la parte final del p�rrafo que precede, el art�culo 1348 del C�digo de Comercio, no se refiere a los incidentes, y menos a�n, a la cuantificaci�n de gastos y costas, sino a la ejecuci�n de sentencia que no contiene cantidad l�quida, lo que se confirma porque se halla inmerso en el cap�tulo relativo a la ejecuci�n de las sentencias, hip�tesis completamente diversa a las que existen en los art�culos que regulan las costas en el ordenamiento mercantil supracitado; consecuentemente, asiste parcialmente raz�n al aqu� inconforme, al afirmar que en el caso, por cuanto a la determinaci�n efectuada en el acto reclamado, en torno a los gastos y costas, se surte la causal de improcedencia prevista por el art�culo 73, fracci�n XIII, de la Ley de Amparo, lo que impone, con apoyo en lo estatuido por el numeral 74, fracci�n III, de la propia ley, sobreseer en ese aspecto en el juicio de garant�as.

Y el amparo en revisi�n 572/97 en su parte conducente:

Son ineficaces en parte y fundados en otra, los agravios que en el caso se expresan; sin embargo, este Tribunal Colegiado, considera que, por raz�n de t�cnica jur�dica, procede el estudio, en primer orden, de aquellos argumentos que ven a la improcedencia del juicio de garant�as por cuanto a las consideraciones contenidas en el acto reclamado, con relaci�n a los gastos y costas. En principio, cabe precisar que el acto reclamado lo constituye la resoluci�n dictada el once de abril de mil novecientos noventa y siete, en la secci�n de ejecuci�n del juicio ejecutivo mercantil n�mero 1984/95, del �ndice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, relativa a la planilla de liquidaci�n de capital, intereses ordinarios y moratorios, impuesto al valor agregado sobre intereses moratorios no pagados y, gastos y costas del juicio, aprob�ndose por los conceptos apuntados, excepto el relativo al impuesto al valor agregado sobre intereses moratorios no pagados; siendo prudente mencionar que dicha resoluci�n fue pronunciada en t�rminos de lo estatuido por los art�culos 1348 del C�digo de Comercio y 68 de la Ley de Instituciones de Cr�dito; sin embargo, por cuanto ve a la liquidaci�n de gastos y costas, la misma fue aprobada conforme lo estatuyen los numerales ?... 1085 del C�digo de Comercio y 104 del C�digo de Comercio (sic) ...?. Por otra parte, tambi�n es de significarse que, para una mejor comprensi�n del asunto, la palabra ?intereses?, proviene del vocablo interese y �ste del lat�n interesse, que significa ?importar?, y cuyo concepto es: ?Provecho?, ganancia, utilidad. Valor que en s� tiene una cosa. ?Lucro producido por el capital?, acorde a la definici�n contenida en el Diccionario para J., de J.P. de Miguel (Editorial Mayo Ediciones, S. de R.L., M�xico, D.F., 1981); o bien, ?Precio que se paga en el mutuo o pr�stamo, cuando se ha acordado, que puede ser legal o convencional (que no tiene m�s limitaci�n que la de que no sea usuario (sic). Lucro o renta del capital?, atentos al Diccionario de Derecho de R. de Pina y R. de Pina Vara (Editorial Porr�a, S., M�xico, D.F., 1983, decimoprimera edici�n); y por �ltimo: ?... En un sentido estricto, se identifica con el provecho, rendimiento o utilidad que se obtiene del capital (dinero). Asimismo, puede considerarse como el beneficio econ�mico que se logra de cualquier clase de inversi�n. En un sentido m�s amplio: compensaci�n en dinero o en cualquier valor que recibe el acreedor en forma accesoria al cumplimiento de una obligaci�n, seg�n la definici�n habida en el Diccionario Jur�dico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico (Editorial Porr�a, S., M�xico, D.F., 1994); as� pues, en materia mercantil, se reputa inter�s a toda prestaci�n pactada en favor del acreedor, que consta por escrito, el cual deber�n satisfacer los deudores, desde el d�a siguiente al del vencimiento de la obligaci�n, acorde a lo estatuido por los art�culos 361 y 362, primer p�rrafo, del C�digo de Comercio; en ese orden de ideas, se establece que el pago de intereses constituye una obligaci�n que tiene el car�cter de accesoria a la obligaci�n principal de restituir las cosas prestadas y, por ende, es claro que aquella obligaci�n no puede nacer con independencia de �sta, ni subsistir cuando la obligaci�n principal se haya extinguido, dado los precisos t�rminos del numeral 364 del c�digo mercantil citado; en esa tesitura, se concluye que la condena al pago de intereses, bien ordinarios o bien moratorios, deviene del incumplimiento de la obligaci�n principal reclamada, esto es, de la demora en el pago de la suerte principal, siempre que se hayan causado desde del d�a del vencimiento y que el acreedor hubiese reclamado su pago (art�culo 152, fracci�n II, de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito); cabe citar al respecto, por su contenido, las tesis jurisprudenciales n�meros 136 y 300, visibles en las p�ginas ochenta y nueve y doscientos dos, del Tomo IV, Materia Civil, del Ap�ndice editado al Semanario Judicial de la Federaci�n, relativo a los a�os 1917-1995, intituladas: ?CHEQUES. INDEMNIZACI�N DE DA�OS Y PERJUICIOS PREVISTA EN EL ART�CULO 193 DE LA LEY GENERAL DE T�TULOS Y OPERACIONES DE CR�DITO POR FALTA DE PAGO DE LOS, NO EXCLUYE EL DERECHO AL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS RESPECTIVOS.? y ?OBLIGACIONES MERCANTILES CON INTERESES. APLICACI�N DE LAS ENTREGAS A CUENTA DEL ADEUDO.?, respectivamente; as� como el de las diversas tesis sustentadas por la entonces Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultables en las p�ginas mil novecientos diecisiete del Tomo LXXXV del Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca y trece del Tomo 35, de la misma obra, Cuarta Parte, S�ptima �poca, cuyos rubros son: ?INTERESES MORATORIOS.? y ?ACCI�N CAMBIARIA. CONDENA AL PAGO DE COSTAS. INTERESES MORATORIOS Y OTROS ACCESORIOS.?, respectivamente; igualmente cabe citar, por la misma raz�n, las tesis publicadas en las fojas trescientos noventa y quinientos noventa y dos, del Tomo XIII del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, correspondientes a los meses marzo y junio, ambos del a�o de mil novecientos noventa y cuatro y, seiscientos sesenta y tres del Tomo IV del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, septiembre de mil novecientos noventa y seis, cuyas voces son: ?INTERESES MORATORIOS, PAGO DE LOS. PROCEDE SU CONDENA EN JUICIO, AUNQUE NO SE HAYAN PACTADO EN EL DOCUMENTO FUNDATORIO DE LA ACCI�N.?, ?INTERESES MORATORIOS EN MATERIA MERCANTIL, CONDENA AL PAGO DE, SU MONTO PUEDE EXCEDER LA CUANT�A DE LA OBLIGACI�N PRINCIPAL, Y SON INAPLICABLES SUPLETORIAMENTE A LA LEGISLACI�N MERCANTIL, LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PENA CONVENCIONAL PREVISTAS EN EL C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.? e ?INTERESES MORATORIOS Y PENA CONVENCIONAL. NO ES DABLE CONDENAR INDISTINTAMENTE, A UNA U OTRA PRESTACI�N.?, respectivamente; criterios �stos que este Tribunal Colegiado comparte. En otro aspecto, en lo que respecta a las costas, tambi�n es de significarse que, para una mejor exposici�n, las mismas se definen como: ?Gastos ocasionados en el proceso, derivados directamente de �l, sobre cuyo pago est� obligado el J. a resolver, ordenando a cu�l de las partes corresponde abonarlos o declarando que no procede, en el caso especial, condenaci�n en costas.?, acorde a la definici�n contenida en el Diccionario de Derecho, de R. de Pina y R. de Pina Vara (op. cit.); igualmente, como: ?Gastos judiciales? y, vale precisar que las costas procesales son: ?Gastos originados en un juicio y con motivo de �l?; asimismo, condenar en costas significa: ?En lo civil, hacerle pagar los gastos ocasionados a sus contrarios en el juicio; ...?, atentos a las definiciones existentes en el Diccionario para J., de J.P. de Miguel, supracitado; en otro aspecto, cabe decir que las costas judiciales son: ?... las erogaciones que realizan las partes en un proceso judicial y que est�n comprendidas dentro de la legislaci�n aplicable, mismas erogaciones que ser�n soportadas por quien las realiza o la parte a quien condena el J. a su pago?, acorde al concepto dado por el jurista C.A.G.�a, en su obra intitulada Pr�ctica Forense Mercantil (Editorial Porr�a, S., M�xico, D.F., 1994, p�g. 201); por su parte, el doctrinario J.O.F., en su obra denominada Derecho Procesal Civil, sostiene que las costas judiciales son s�lo una especie del g�nero costas procesales, mismas que ?... comprenden todos los gastos y erogaciones que se originan con motivo de un proceso, tales como el pago de los honorarios a los abogados, los gastos de publicaci�n de edictos, etc. ...?, aseverando que en nuestra legislaci�n no se deben cobrar costas judiciales pero s� las procesales (Editorial Harla, M�xico, D.F., 1984, p�g. 171); al respecto, es oportuno precisar que nuestro m�s Alto Tribunal del pa�s, funcionando en Pleno, en la tesis n�mero LXXXVII/97, aprobada en sesi�n privada de diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, bajo la voz: ?COSTAS JUDICIALES. PROHIBICI�N CONSTITUCIONAL DE LAS.?, determin� que est�n prohibidas las costas judiciales, acorde a lo dispuesto por el segundo p�rrafo del art�culo 17 de la Carta Magna. En otro aspecto, es de destacarse que, el jurista G.C., en su obra intitulada Curso de Derecho Procesal Civil, establece que: ?La obligaci�n de las costas no surge durante la litis, dando lugar a un cr�dito eventual condicional; por ello, no puede hablarse durante el pleito de un cr�dito o de un derecho a las costas. S�lo en el momento de fallarse sobre la demanda, esto es, cuando se determina el vencimiento, nace no s�lo el derecho del vencedor a las costas, sino el deber del J. de condenar al derrotado en las mismas, y s�lo de la condena ya pronunciada nace el derecho y la obligaci�n de las costas?, agregando que: ?... el J. debe pronunciarse sobre este punto de oficio, y que la sentencia es siempre constitutiva en cuanto a la condena en las costas, porque no declara un preexistente derecho a las costas, sino que lo constituye como derecho provisto al propio tiempo de ejecutoriedad.? (C.�n Cl�sicos del Derecho, Editorial Harla, S. de C.V., M�xico, D.F., 1997, p�g. 502); asimismo, precisa el maestro E.P., en su obra denominada Diccionario de Derecho Procesal Civil: ?La obligaci�n de pagar las costas s�lo existe por virtud de la sentencia que pronuncia la condenaci�n, la cual tiene car�cter constitutivo seg�n opini�n uniforme de los jurisconsultos?, y, agrega: ?La obligaci�n de pagar las costas no puede ser materia de un convenio. Deriva de una ley que no tiene el car�cter de supletoria de la voluntad de las partes.? (Editorial Porr�a, S., M�xico, D.F., 1977); por su parte, el jurista A.G.�a, sostiene que la condena en costas tiene como fundamento dos aspectos: unos inmediatos y otros mediatos, que en los primeros, la condena es respaldada en dos formas jur�dicas: a) general y b) individualizada, siendo aqu�lla ?... la ley que autoriza, en ciertas condiciones f�cticas, que se condene a una de las partes al pago de las costas causadas a la otra? y �sta ?... es la sentencia que aplica la ley al caso concreto que se haya controvertido. El juzgador concluye que una de las partes se halla dentro de los extremos f�cticos previstos por la norma para que opere la condena en costas y la establece a cargo de una de las partes?; y los segundos, que la condena en costas puede estar apoyada en varias razones que la justifican: ?a) La condena en costas limita los abusos de quienes someten a la parte contraria a molestias y gastos de un proceso injustificado o innecesario; b) La condena en costas sanciona la temeridad y la mala fe; c) Quien causa un da�o innecesario y adem�s, injustificadamente, debe repararlo. En un juicio se producen da�os a quien es llevado obligadamente a �l, sin haber dado causa a ello; d) El titular de un derecho no debe sufrir detrimento patrimonial por la actitud de incumplimiento del sujeto pasivo de una relaci�n jur�dica patrimonial o no patrimonial; e) La actitud de una de las partes en el juicio, calificada discrecionalmente por el juzgador, la hace merecedora de que cubra los gastos de la parte contraria; f) Conviene la existencia de una restricci�n a la ilimitada libertad de llevar a juicio a las personas pues, de esa manera se frenar� el litigio en los casos dudosos y en los casos en que la parte actora carezca de elementos para demandar, o cuando su situaci�n le sea desfavorable en esencia (op. cit., p�g. 203); Jes�s Z.P., en su obra intitulada Derecho Procesal Mercantil, asevera que son dos los criterios que justifican la condena en costas: ?a) El criterio subjetivo, que se funda en la temeridad y mala fe de aquel que litiga a sabiendas de que carece de raz�n, cuya conducta sanciona oblig�ndole a pagar a su contraria los gastos que le ocasion� el proceso; b) El criterio objetivo establece, como regla general, que el vencido en juicio debe pagar las costas del mismo, independientemente de que su conducta haya sido de buena o mala fe, temeraria o no. Las costas representan as� una indemnizaci�n debida al vencedor de los gastos que, al obligarlo a litigar, le ha ocasionado el vencido (Editorial C�rdenas Editor y Distribuidor, M�xico, D.F., 1991, p�g. 124); y por �ltimo, cabe citar lo expuesto al respecto por G.C., quien sostiene que ?El fundamento de esta condena es el hecho objetivo de la derrota; y la justificaci�n de esta instituci�n est� en que la actuaci�n de la ley no debe representar una disminuci�n patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar; pues es inter�s del Estado que la utilizaci�n del proceso no se resuelva en da�o para quien tiene la raz�n, y por otro lado, es inter�s del comercio jur�dico que los derechos tengan un valor a ser posible, preciso y constante.? (op. cit., p�g. 501); es oportuno precisar que la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al dirimir la contradicci�n de tesis n�mero 11/96, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, sostuvo el criterio jurisprudencial que con el n�mero 1a./J. 29/96, aparece publicado en la p�gina ciento diecisiete del Tomo IV del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, diciembre de mil novecientos noventa y seis, voz: ?COSTAS. PROCEDE LA CONDENA DE, EN PRIMERA INSTANCIA CONTRA EL QUE OBTIENE RESULTADO ADVERSO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.?, ejecutoria en la que, en su parte considerativa, se ocup� del an�lisis de los preceptos legales del C�digo de Comercio que regulan las costas (art�culos 1081 al 1089), determinando que, para la condenaci�n por ese concepto, deben observarse los criterios, a saber: ?a) El sistema subjetivo, conforme al cual s�lo debe condenarse al pago de las costas a la parte que se hubiese conducido en el proceso con temeridad y mala fe, en este supuesto se toma en cuenta un dato subjetivo, la conducta reprobable asumida dentro del proceso por alguna de las partes con el deliberado prop�sito de entorpecer o dilatar el juicio. b) El sistema objetivo, de acuerdo con el cual se debe condenar siempre al pago de costas a la parte que haya sido vencida en juicio. El sistema adoptado por el C�digo de Comercio en materia de costas, combina para justificar la condena, el principio de temeridad relativo a la conducta procesal de las partes y el vencimiento en relaci�n con el sentido de la sentencia, principios que influyen para apreciar que la finalidad de las costas del juicio es resarcir a quien injustificadamente ha sido llevado al tribunal, de las erogaciones en que haya incurrido por raz�n del desarrollo del proceso.?; en ese orden de ideas, cabe concluir que la condena en costas, descansa en el supuesto de no haber obtenido un resultado favorable en el proceso, ya sea el actor o el demandado, bien por temeridad o mala fe o bien por actualizarse algunas de las hip�tesis establecidas en la ley, adoptando este supuesto la teor�a del vencimiento; cabe citar al respecto, por su contenido, las tesis jurisprudenciales n�meros 188, 189 y 191 visibles en las p�ginas ciento veintinueve y ciento treinta del Tomo IV, Materia Civil, del Ap�ndice editado al Semanario Judicial de la Federaci�n, relativo a los a�os 1917-1995, voces: ?COSTAS. APRECIACI�N DE LA TEMERIDAD O MALA FE.?; ?COSTAS. CONDENA EN.? y ?COSTAS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE CONDENARSE A LA PARTE ACTORA SI SE REVOCA EL AUTO ADMISORIO DE DEMANDA.?. Asimismo, dada la particularidad del asunto a estudio, cabe destacar el significado de continencia de la ?causa?; as� pues, �sta se define como: ?Unidad que debe existir en todo juicio; esto es, que sea una la acci�n principal, uno el J. y unas las personas que lo sigan hasta la sentencia.?, acorde al Diccionario para J., de J.P. de Miguel (op. cit.); o bien: ?La expresi�n �continencia de la causa�?, empleada como equivalente a contenido del proceso, hace referencia a la unidad que tradicionalmente se ha estimado requisito de �ste en relaci�n con sus elementos fundamentales, en virtud de la cual, cuando de seguirse simult�neamente dos pleitos ante �rganos jurisdiccionales distintos se divide dicha continencia, procede la acumulaci�n de autos para impedirla. Los tratadistas cl�sicos han definido la continencia de la causa como la unidad que debe haber en todo juicio; esto es, que sea una la acci�n principal, uno el J. y una las partes que sigan hasta la sentencia.?, atentos al Diccionario de Derecho, de R. de Pina y R. de Pina Vara (op. cit.); por su parte, el maestro E.P., en su obra denominada Diccionario de Derecho Procesal Civil, al referirse al t�rmino: ?Continencia del proceso?,transcribe la definici�n dada por E. por cuanto al vocablo continencia, cuyo texto es: ?La unidad que debe haber en todo juicio; esto es, que sea una sola la acci�n principal, uno el J., y unas las personas que le sigan hasta la sentencia.?, agregando que: ?La continencia de la causa se determina por los siguientes elementos: la cosa que se pide, el t�tulo por el que se pide, las personas que intervienen en el juicio y el car�cter con el que intervienen.? (op. cit.); en ese orden de ideas la continencia de la causa, se traduce en la unidad de los elementos fundamentales de todo proceso, esto es, que no se puede fragmentar el tema de litigio, cuando siendo varios los demandados, las nociones son las mismas y derivan de una misma causa, a fin de evitar que se pronuncien resoluciones contradictorias. Precisado lo anterior, atendiendo a las circunstancias de que la condena al pago de intereses descansa en el supuesto de que se haya incumplido con la obligaci�n principal reclamada, esto es, por la demora en el pago de la suerte principal, siempre que se hayan causado desde el d�a del vencimiento y que se hubiese reclamado su pago; y, en cambio, la condena al pago de costas, devienen del hecho de no haber obtenido sentencia favorable, es decir, de haber sido adverso el resultado del juicio, es claro concluir que las causas que originan cada concepto o condena, son diversas, esto es, deriva de la acci�n misma y la otra, del resultado del proceso; aun y cuando en una sentencia se condene a pagar por esos conceptos (intereses y costas), pues, es evidente que ello no presupone una unidad de causa, si se toma en cuenta que, sus or�genes son diversos; adem�s, cuando en dicha sentencia no se contiene condena en cantidad l�quida por los conceptos apuntados, en el caso espec�fico, el C�digo de Comercio, en sus art�culos 1330 y 1348, establece las bases para la liquidaci�n de la condena de frutos, intereses, da�os o perjuicios y, en sus numerales del 1081 al 1089, regula los t�rminos en que se han de liquidar las costas; en esa tesitura, promovida la liquidaci�n de la sentencia, en ejecuci�n de la misma, y resuelta en una misma interlocutoria la liquidaci�n de intereses y de las costas, es claro concluir que por ello, no le da el car�cter de unidad a lo ah� determinado y, por ende, se est� en aptitud de impugnar lo ah� resuelto, por los medios legales id�neos, si para ello se toma en cuenta lo considerado por la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis n�mero 2/95, entre las sustentadas por el Octavo y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, que dio lugar a la tesis jurisprudencial n�mero 1a./J. 8/95, publicada en la p�gina cuarenta y nueve del Tomo I del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, junio de mil novecientos noventa y cinco, intitulada: ?COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACI�N CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN EL INCIDENTE DE.?, pues, en el considerando ?sexto? de ese fallo, en lo conducente, dice: ?Lo expuesto pone de manifiesto que el art�culo 1348 del C�digo de Comercio regula un procedimiento especial para hacer l�quida una sentencia en la cual se han establecido las bases de la liquidaci�n. Nuestro legislador ha determinado que la resoluci�n que decida sobre la inconformidad del deudor no es atacable. Esta regla se justifica si se tiene presente que los recursos se establecen con el fin de asegurar mayormente la recta administraci�n de justicia con el fin de reparar los perjuicios que se hubiesen causado a las partes con motivo de providencias ilegales dictadas ya por descuido, por ignorancia o incluso por malicia. Sin embargo, hay resoluciones contra las que no se da recurso alguno. El legislador no ha concedido el derecho de impugnar toda resoluci�n. Dadas las dilaciones y gastos que causa este recurso a las mismas partes y al tiempo que ocupa a los tribunales en perjuicio del inter�s p�blico, el derecho a impugnar se ha restringido a aquellas resoluciones que por su importancia y por los perjuicios que pueda irrogar a los litigantes, compensan ventajosamente los inconvenientes del recurso con los beneficios que procura. De ese modo no respecto de todas las sentencias, ya definitivas ya interlocutorias, se concede la apelaci�n. Hay varias contra las que no se ha juzgado necesario ni conveniente conceder este recurso. Los criterios al respecto var�an, pero el legislador ha tenido en cuenta, entre otros factores los siguientes: la cuant�a del negocio, y de ese modo se ha estimado que la apelaci�n no procede respecto de objetos de poco valor, ya que en estos casos no se ha temido que se pusieran en juego intrigas ilegales para torcer la balanza de la justicia, o se ha cre�do que bastaba la ilustraci�n del J. de primera instancia para decidir eficazmente el negocio, por no ser dif�cil o complicado, o para evitar que los perjuicios que ocasionaran a las partes los gastos y dilaciones de la segunda instancia fuesen mayores que los beneficios que les resultasen aun en el caso de ganar el litigio; por la gran importancia de que se termine brevemente el litigio; por ser la providencia dictada en beneficio de ambas partes de suerte que hall�ndose �stas en igualdad de circunstancias favorables, la no admisi�n de la apelaci�n no les infiere perjuicio; por el grado que ocupe el tribunal que dicte las resoluciones; y por suponerse la aprobaci�n t�cita de la sentencia por aquel a quien pudiera convenir apelar de ella. Es evidente que en el caso a que se refiere el art�culo 1348 del C�digo de Comercio, se toma en cuenta para que no se considere impugnable la interlocutoria que resuelve un procedimiento espec�fico de la liquidaci�n, el inter�s que la sociedad tiene en que se cumplan las sentencias que pusieron fin a un juicio, muchas veces dilatado. De todo lo hasta aqu� expuesto, pueden extraerse las siguientes conclusiones: A) El art�culo 1348 del C�digo de Comercio s�lo resulta aplicable en trat�ndose de sentencias que establezcan una condena que no contenga cantidad l�quida, pero en la cual se hayan fijado las bases para la liquidaci�n, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 1330 del C�digo de Comercio. B) El texto legal de nuestra atenci�n establece un procedimiento que tiende a liquidar la condena establecida en la sentencia respecto de cuestiones que fueron objeto del pleito. C) La resoluci�n que se dicte en ese procedimiento es irrecurrible a fin de que no se dilate la ejecuci�n de la sentencia cuyo derecho qued� plenamente establecido; es decir, lleva impl�cita la existencia previa de una condena al respecto. D) El referido dispositivo no se refiere espec�ficamente a los incidentes, y menos a�n a los relativos a gastos y costas, sino a la ejecuci�n de sentencia que contienen cantidad l�quida, hecho que se confirma porque se encuentra inmerso dentro del cap�tulo relativo a la ejecuci�n de las sentencias. Por ende, no asiste la raz�n al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el sentido de que el art�culo 1348 del C�digo de Comercio se refiere en general cuando se trate de ejecutar una sentencia que no contenga cantidad l�quida, cualquiera que sea el aspecto de esa sentencia, toda vez que ya se ha dejado establecido que el numeral precitado s�lo rige en el supuesto de que se trate de liquidar una sentencia en la cual se hayan dejado establecidas las bases para dicha liquidaci�n en t�rminos de lo previsto por el art�culo 1330 del C�digo de Comercio, hip�tesis diversa a la sentencia interlocutoria que pone fin a un incidente de costas, en cuyo caso cobran aplicaci�n los art�culos 1088 y 1341 del C�digo de Comercio. El primero de los numerales mencionados establece lo siguiente: �En virtud de lo que las partes hubiesen expuesto conforme al art�culo anterior, el J. o tribunal fallar�n lo que estimen justo dentro del tercer d�a. De esta decisi�n se admitir�n los recursos que procedieren, seg�n la instancia en que se encontrare el juicio y seg�n la cantidad que importase la total regulaci�n.�. En consecuencia, como la sentencia que decide un incidente de costas tiene el car�cter de interlocutoria, se rige por lo dispuesto por el art�culo 1341 del cuerpo de leyes en cita en cuanto establece que las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas, conforme al art�culo 1340. No es �bice para lo considerado que la parte final del art�culo 1088 disponga que de la interlocutoria que resuelva un incidente de costas, se admitir�n los recursos que procedieren, seg�n la instancia en que se encontrare el juicio y seg�n la cantidad que importase la total regulaci�n. Lo anterior s�lo significa que la impugnabilidad de la resoluci�n de costas se sujetar� a la forma y t�rminos de la instancia en que se encuentre el juicio, lo que resulta l�gico dado que los recursos que se dan en primera instancia no son similares a los que se conceden en la segunda instancia. Por tanto no puede estimarse, como lo hace el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que el juicio respectivo se encontraba en la �instancia de ejecuci�n�. La ejecuci�n de la sentencia es un periodo o fase, no una instancia, ya que �sta comprende el ejercicio de la acci�n judicial desde la demanda, hasta la sentencia definitiva. La ejecuci�n, en cambio no es sino el procedimiento o conjunto de actos necesarios para la efectuaci�n del mandato declarado en la sentencia. La regla prevista en el art�culo 1088 del C�digo de Comercio en el sentido de que la interlocutoria que resuelva un incidente de costas se admitir�n los recursos que procedieren seg�n la cantidad que importase la total regulaci�n, no es sino una reminiscencia de legislaciones de esa naturaleza que se supeditaba a la cuant�a de la regulaci�n, lo que no se norma en la actualidad, debiendo estarse a lo dispuesto por el art�culo 1340 del C�digo de Comercio. No es �bice para lo considerado que ordinariamente las resoluciones reca�das a los incidentes de gastos y costas se emiten en ejecuci�n de sentencia, y que la condena respectiva se establece, por lo general, en la definitiva. De cualquier modo, esos incidentes, gozan de una autonom�a destacada y al respecto existe la regla espec�fica de la forma de tramitaci�n e impugnaci�n contenida en el art�culo 1088 del C�digo de Comercio. Esa regla especial no se contradice con la prevista en el art�culo 1348 del citado ordenamiento legal, el cual se refiere a una hip�tesis diversa prevista en el art�culo 1330 del propio cuerpo de leyes.?. En ese orden de ideas, cabe concluir que si el acto reclamado lo constituye la resoluci�n que aprob� parcialmente la planilla de liquidaci�n de intereses ordinarios y moratorios, as� como gastos y costas, mas no por cuanto a la cantidad que por concepto del impuesto al valor agregado sobre intereses moratorios no pagados se present� liquidaci�n, es claro que, contra la determinaci�n efectuada en torno a los gastos y costas, proced�a previamente a la promoci�n del juicio de garant�as, agotar el principio de definitividad, esto es, el recurso de apelaci�n, conforme lo estatuye el numeral 1088, en relaci�n con los art�culos 1340 y 1341, todos del C�digo de Comercio, acorde al contenido de la tesis jurisprudencial citada en la parte final del apartado que antecede; sin que obste que la referida resoluci�n reclamada, haya concluido ?... Con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 1348 del C�digo de Comercio, 68 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, la sentencia pronunciada en autos y los razonamientos antes vertidos, procede aprobar la planilla de cuenta en la cantidad de ...?, dado que, como se colige del contenido de la transcripci�n efectuada en la parte final del p�rrafo que precede, el art�culo 1348 del C�digo de Comercio, no se refiere a los incidentes, y menos a�n, a la cuantificaci�n de gastos y costas, sino a la ejecuci�n de sentencia que no contiene cantidad l�quida, lo que se confirma porque se halla inmerso en el cap�tulo relativo a la ejecuci�n de las sentencias, hip�tesis completamente diversa a las que existen en los art�culos que regulan las costas en el ordenamiento mercantil supracitado; consecuentemente, asiste raz�n a la aqu� inconforme, al afirmar que en el caso, por cuanto a la determinaci�n efectuada en el acto reclamado, en torno a los gastos y costas, se surte la causal de improcedencia prevista por el art�culo 73, fracci�n XIII, de la Ley de Amparo, lo que impone, con apoyo en lo estatuido por el numeral 74, fracci�n III, de la propia ley, sobreseer en ese aspecto en el juicio de garant�as. Ahora, por lo que respecta a las consideraciones contenidas en el acto reclamado, con relaci�n a la liquidaci�n de intereses ordinarios y moratorios, debe decirse que la hoy recurrente pierde de vista que el amparo concedido por el J. de Distrito fue por violaci�n a los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, porque la resoluci�n reclamada adolece de falta de fundamentaci�n y motivaci�n, ya que el J. responsable, no realiz� un an�lisis pormenorizado de la planilla de liquidaci�n relativa, sino que se limit� a afirmar, de manera dogm�tica, que la planilla era correcta; lo que de suyo es manifiestamente ilegal, acorde al contenido de la tesis emitida por este �rgano colegiado publicada en la p�gina trescientos veintiuno del Tomo XV-II del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, febrero de mil novecientos noventa y cinco, voz: ?EJECUCI�N, PLANILLA DE. PROCEDE EL EXAMEN OFICIOSO DE SU PROCEDENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO, MERCANTIL CON INDEPENDENCIA DE LA OPOSICI�N DEL DEMANDADO (ART�CULO 1348 DEL C�DIGO DE COMERCIO).?; en esa tesitura, si el acto reclamado no contiene razonamientos jur�dicos respecto de los cuales el J. de Distrito pudiera estudiar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, en relaci�n con los medios de convicci�n que fueron aportados con la planilla de liquidaci�n respectiva, es obvio que se abstuviera de pronunciarse respecto de la ilegalidad de las consideraciones que verti� la autoridad responsable, pues se insiste, �stas no existen; de ah� que, resulten inoperantes las manifestaciones contenidas en el agravio relativo, ya que se encuentran encaminadas a controvertir cuestiones que van con el fondo del asunto y respecto de las cuales el juzgador federal no se ocup�. Sentado lo anterior, procede modificar el fallo recurrido para sobreseer en el juicio de garant�as por cuanto al acto reclamado espec�ficamente, en lo que refiere a la determinaci�n efectuada con relaci�n a los gastos y costas; y, conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal respecto del citado acto reclamado, en torno a la determinaci�n referente a los intereses ordinarios y moratorios.

QUINTO

Existe la contradicci�n de tesis denunciada, pues los tribunales involucrados interpretaron los mismos preceptos jur�dicos, aplicados a situaciones an�logas y al resolver, llegaron a conclusiones opuestas.

As� es, los Tribunales Colegiados Primero del D�cimo Tercer Circuito y Primero en Materia Civil del S�ptimo Circuito, al conocer de los negocios descritos en el cap�tulo de resultandos de esta sentencia, llegaron a la conclusi�n de que cuando en una misma resoluci�n se determinen conjuntamente los gastos y costas del juicio y los intereses simples y moratorios a que fueron condenados los demandados; �sta ser� susceptible de combatirse en amparo indirecto, sin necesidad de que el quejoso agote la apelaci�n prevista para impugnar lo relativo a gastos y costas, en aplicaci�n del principio de atracci�n y para evitar la divisi�n de la continencia de la causa.

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, sostiene lo contrario; es decir, que en el caso en que en una misma sentencia se determinen conjuntamente los gastos y costas del juicio, as� como los intereses normales y moratorios, es deber del afectado interponer apelaci�n en contra de lo relativo a gastos y costas y promover amparo indirecto para impugnar la parte conducente de tal sentencia que resuelve lo de intereses normales y moratorios; pues no es verdad que exista continencia de la causa, al tratarse de resoluciones distintas sobre temas ajenos.

Al resolver los �rganos colegiados interpretaron las mismas disposiciones legales (art�culos 1346 al 1348 y 1081 a 1089 del C�digo de Comercio vigentes antes de la reforma de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis), aplicadas a casos similares.

As�, est�n satisfechos todos los requisitos para que exista la contradicci�n de tesis denunciada y, por ello, lo procedente es definir cu�l de los criterios debe prevalecer.

Esta conclusi�n encuentra apoyo en la jurisprudencia que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo IV, Primera Parte, p�gina 219, con el rubro:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA.", y cuyo texto dice: "Es verdad que en el art�culo 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n y dentro de la Ley de Amparo no existe disposici�n que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicci�n de tesis, la relativa a que �sta emane necesariamente de juicios de id�ntica naturaleza, sin embargo, es la interpretaci�n que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que s� han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cu�l criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los �rganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si �stas s�lo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposici�n debe darse en la sustancia del problema jur�dico debatido; por lo que ser� la naturaleza del problema, situaci�n o negocio jur�dico analizado, la que determine materialmente la contradicci�n de tesis que hace necesaria la decisi�n o pronunciamiento del �rgano competente para establecer el criterio prevaleciente, con car�cter de tesis de jurisprudencia."

SEXTO

Debe prevalecer el criterio de esta S., que coincide con el del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito.

Para una mejor compresi�n del tema conviene precisar los aspectos medulares del planteamiento que dio origen a la contradicci�n de tesis.

  1. El J. civil dict� una sentencia en la que resolvi� dos aspectos diversos del litigio, a saber:

    1. Lo relativo a gastos y costas.

    2. La determinaci�n de intereses simples y moratorios.

  2. En contra de la resoluci�n de gastos y costas procede apelaci�n; en cambio, lo relativo a intereses simples y moratorios no es recurrible.

  3. Ante esta disyuntiva, la parte afectada decidi� promover juicio de amparo indirecto en contra de la sentencia que contiene las dos determinaciones, sin haber agotado la apelaci�n para impugnar la decisi�n relativa a gastos y costas.

    Al conocer del tema en grado de revisi�n, dos de los Tribunales Colegiados resolvieron que el juicio es procedente en contra de la sentencia que constituye un todo y no debe dividirse; de ah� que no tenga obligaci�n el particular de agotar apelaci�n en un aspecto y, en otro, acudir directamente al juicio de amparo.

    El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito sostuvo, en cambio, que el juicio de amparo s�lo es procedente en contra de aquella determinaci�n que no es recurrible en la v�a ordinaria y que en cuanto a la parte de lasentencia que resolvi� lo de gastos y costas, el juicio resulta improcedente por no haber agotado el particular el principio de definitividad.

    Precisados los antecedentes, debe decirse que es este �ltimo criterio el que debe prevalecer.

    Esto es, cuando una sentencia tenga dos determinaciones jur�dicas distintas e independientes, y una de ellas sea susceptible de impugnarse en la v�a ordinaria, el particular estar� obligado a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de garant�as por cuanto hace a tal determinaci�n, pues de lo contrario, la acci�n de amparo ser� improcedente por ese acto jur�dico.

    El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n adopt� recientemente el criterio jurisprudencial que la extinta Cuarta S. hab�a sostenido desde hace mucho tiempo sobre la distinci�n entre la sentencia como acto jur�dico y como documento.

    El sumario de este importante criterio es el siguiente:

    "SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JUR�DICO Y NO COMO DOCUMENTO.-La sentencia puede ser considerada como acto jur�dico de decisi�n y como documento. La sentencia, acto jur�dico, consiste en la declaraci�n que hace el juzgador respecto a determinada soluci�n, en tanto que la sentencia documento constituye tan s�lo la representaci�n de ese acto jur�dico, de tal manera que la sentencia documento es s�lo la prueba de la resoluci�n, no su sustancia jur�dica. De ah� que el principio de la inmutabilidad de la sentencia sea aplicable �nica y exclusivamente a la sentencia como acto jur�dico de decisi�n y no al documento que la representa. Consecuentemente, siendo un deber del tribunal sentenciador velar por la exacta concordancia entre la sentencia documento y la sentencia acto jur�dico, en cumplimiento de tal deber debe corregirse el error que se haya cometido en la sentencia documento, para que �sta concuerde con el acto jur�dico decisorio correspondiente."

    (Semanario Judicial de la Federaci�n, Sexta �poca, Cuarta S., Tomo 24, Quinta Parte, p�gina 32).

    La doctrina cl�sica hablaba ya de la sentencia como acto jur�dico y como documento. El acto jur�dico es al mismo tiempo hecho jur�dico, de tal manera que no puede dividirse sin que pierda su naturaleza.

    La sentencia documento, constituye, en cambio, una actuaci�n judicial que observa los requisitos formales que la ley dispone.

    La sentencia acto jur�dico, consiste en la declaraci�n que hace el juzgador respecto a determinada soluci�n; mientras que la sentencia documento constituye tan s�lo la representaci�n de ese acto jur�dico, de tal manera que la sentencia documento es �nicamente la prueba de esa resoluci�n, no su sustancia jur�dica. De ah� que los principios de indivisibilidad e inmutabilidad de la sentencia se apliquen �nicamente a la sentencia como acto jur�dico de decisi�n y no al documento que la representa.

    Consecuentemente, cuando en una sentencia documento se contengan dos soluciones jur�dicas, no existe inconveniente alguno para que cada una de ellas sea combatida de forma destacada en los t�rminos y por la v�a que marque la ley.

    De ah� que, cuando en un caso como el que ahora es objeto de contradicci�n de criterios, exista un medio ordinario de defensa para combatir una las determinaciones contenidas en la sentencia documento, ser� obligaci�n del particular agotar tal recurso por cuanto hace a dicho acto jur�dico; sin que ello signifique, seg�n se ha explicado, que se est� dividiendo la resoluci�n, pues lo �nico que se est� distinguiendo es la existencia de dos determinaciones jur�dicas (dos sentencias acto jur�dico), representadas en un mismo documento, susceptibles de impugnarse por distintos caminos.

    As�, en trat�ndose de la determinaci�n relativa a los gastos y costas, el afectado tiene el deber de interponer apelaci�n, aun cuando esta soluci�n jur�dica se contenga en el mismo documento en el que se resolvi� lo referente a intereses simples y moratorios.

    Conviene puntualizar en este apartado que no es materia de la presente contradicci�n de tesis el que exista diferencia o no entre los "gastos y costas" y los "intereses simples y moratorios", pues los tres tribunales coinciden en que se trata de aspectos distintos del litigio, adem�s de que ese tema ya fue abordado y resuelto por esta Primera S., al conocer de diversa contradicci�n de criterios, cuya resoluci�n dio origen a la tesis que puede consultarse bajo el rubro de:

    "COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACI�N CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN EL INCIDENTE DE.". Y cuyo texto es el siguiente: "La interpretaci�n hist�rica y sistem�tica del art�culo 1348 del C�digo de Comercio, pone de manifiesto que dicho numeral regula un procedimiento especial para hacer l�quida una sentencia en la cual se han establecido las bases de la liquidaci�n en t�rminos de lo previsto por el art�culo 1330 del ordenamiento legal en cita. Por tanto, aquella disposici�n legal no puede servir de base para considerar irrecurrible la interlocutoria que resuelve un incidente de gastos y costas. Dicho incidente goza de una autonom�a destacada, y la interlocutoria que le pone fin tiene una naturaleza jur�dica distinta a la resoluci�n a que se contrae el art�culo 1348 del C�digo de Comercio. La interlocutoria que resuelve un incidente de gastos y costas es apelable en los t�rminos previstos por el art�culo 1088, en relaci�n con el 1341, ambos del C�digo de Comercio."

    Contradicci�n de tesis 2/95. Ponente: O.M.�a S�nchez C. de G.�a V.. Secretario: M.A.R.�guez Barajas.

    (Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Primera S., Tomo I, junio de 1995, tesis 1a./J. 8/95, p�gina 49).

    Luego, la decisi�n que en esta resoluci�n se sostiene tampoco significa que exista divisi�n de la continencia de la causa, pues, como se ha explicado, se trata de dos causas diversas expresadas en un mismo documento.

    De acuerdo con todo lo expuesto, el criterio que debe prevalecer es el plasmado en esta ejecutoria y que ha de quedar resumido en la siguiente tesis de jurisprudencia:

    GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACI�N DE, AUN CUANDO LA SENTENCIA RELATIVA COMPRENDA LA LIQUIDACI�N DE INTERESES.-Las causas que originan la liquidaci�n de intereses simples y moratorios y la condena de gastos y costas son diversas, pues una deriva de la acci�n misma y la otra del resultado del proceso; contra de la condena a pago de intereses simples y moratorios no procede recurso alguno y contra la condena de gastos y costas procede el recurso de apelaci�n. En consecuencia, cuando en una misma sentencia documento el J. resuelve lo relativo a gastos y costas (que es apelable) y a intereses simples y moratorios (que no es recurrible) el afectado estar� en el deber de agotar apelaci�n en contra de la liquidaci�n de gastos y costas, antes de acudir al juicio de garant�as, pues de lo contrario, la acci�n resultar� improcedente en t�rminos de lo dispuesto por la fracci�n XIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo. Lo anterior es as� porque si bien, la sentencia como acto jur�dico es indivisible, no lo es como documento; de ah� que si el documento que representa la soluci�n que el juzgador da a determinado problema jur�dico contiene no uno, sino diversos pronunciamientos independientes; es decir, trat�ndose de diversos actos jur�dicos, no existe inconveniente para que cada uno de ellos sea combatido de manera destacada en la v�a y t�rminos procedentes.

    Por �ltimo, debe precisarse que el an�lisis de este tema se hizo a la luz de las disposiciones vigentes antes de las reformas del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, pues fueron esas las hip�tesis normativas analizadas por los Tribunales Colegiados de Circuito cuyo criterio se opone, de ah� que lo resuelto en el presente asunto s�lo rige para los casos que se encuentren en tales circunstancias; es decir, para aquellos asuntos en los que sean aplicables las normas vigentes antes de la mencionada reforma.

    Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se

    resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de criterios denunciada.

SEGUNDO

Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuya s�ntesis se contiene en la tesis que aparece en la parte �ltima del considerando sexto de este fallo.

TERCERO

Rem�tase de inmediato la tesis de jurisprudencia a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n, a las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n, devu�lvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad arch�vese el toca.

As�, lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C., J.� de Jes�s G.�o P. (ponente), J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente H.R.P..