Ejecutoria num. 1a./J. 6/99 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828477

Ejecutoria num. 1a./J. 6/99 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 6/99
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 1999
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, CONTRA EL CRITERIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.CRÉDITOS CONTRATADOS, NOVADOS O REESTRUCTURADOS CON ANTERIORIDAD, INAPLICABILIDAD DE LAS REFORMAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO (ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EL VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 37/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, CONTRA EL CRITERIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO OCTAVO CIRCUITO Y CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

Previamente, deviene necesario determinar si en la especie se actualizan o no los presupuestos para la procedencia de la contradicci�n de tesis denunciada, a fin de establecer, en su caso, el criterio que con car�cter de jurisprudencia deba sustentarse.

Por tanto, es de destacar el sentido de los razonamientos jur�dicos sustentados por los Tribunales Colegiados involucrados, respecto de los que se denunci� su contradicci�n, a saber:

El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la resoluci�n dictada en el amparo en revisi�n 29/97, sostuvo lo siguiente:

TERCERO.-Los agravios anteriormente transcritos son inoperantes unos e infundados el resto.-En efecto, argumenta la quejosa que es err�nea la determinaci�n del J. en el sentido de que el procedimiento del juicio ejecutivo mercantil del cual deriva el prove�do reclamado, debe sustanciarse de conformidad con lo dispuesto por el C�digo de Comercio vigente a partir del veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis; que el auto reclamado no es aislado y proviene de un procedimiento iniciado con antelaci�n y por ello debe llevarse a cabo conforme a lo dispuesto a la ley anterior; que la demanda ordinaria fue admitida el quince de julio del referido a�o y las reformas entraron en vigor nueve d�as despu�s, por lo que todo el procedimiento deb�a seguirse de acuerdo al c�digo vigente al momento de su interposici�n que adem�s el art�culo primero transitorio del C�digo de Comercio actualmente vigente, establece que las reformas no son aplicables a persona alguna que tenga contratados cr�ditos con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo c�digo y en el caso los documentos que fundan la acci�n mercantil se suscribieron el veintis�is de abril de mil novecientos noventa y seis, antes de la vigencia del ordenamiento de m�rito; que por todo ello se debe considerar que la aplicaci�n de las reformas en el juicio de origen es retroactiva.-Tales argumentos devienen inoperantes, lo anterior porque en sus aseveraciones la inconforme no razona de modo alguno legal y jur�dicamente por qu� debe o puede estimarse lo que argumenta, y adem�s en virtud de que se advierte que los mismos, no combaten en forma alguna las diversas consideraciones de car�cter jur�dico, y la jurisprudencia que respecto del punto aludido extern� el J. a quo, tendientes �stos, a evidenciar y dejar establecidos los motivos y razones por los que inexiste la retroactividad aducida por la hoy recurrente, es decir, que rectamente eran aplicables en el juicio de origen y en el acto reclamado las disposiciones del C�digo de Comercio reformado actualmente vigente. Consideraciones tales como que las reformas a tales leyes que norman el procedimiento por un conjunto de actos sucesivos y que por tanto, al inexistir aplicaci�n retroactiva de las disposiciones procesales que reformaron el C�digo de Comercio e interponer la quejosa ahora recurrente ante el J. natural responsable, su recurso de apelaci�n en contra del auto de quince de julio de mil novecientos noventa y seis (auto de exequendo) el veintinueve de agosto del citado a�o, encontr�ndose vigentes las reformas de m�rito (m�s de un mes despu�s) el acto procesal (auto reclamado) deb�a regirse bajo el imperio del c�digo vigente.-Refiere la recurrente que el art�culo primero transitorio del C�digo de Comercio actualmente vigente establece que las reformas ser�n aplicables a persona alguna que tenga contratados cr�ditos con anterioridad ya entrado en vigor el decreto, y en el caso el cr�dito otorgado a su representada, documentado en los pagar�s base de la acci�n fueron suscritos el veintis�is de abril de mil novecientos noventa y seis, antes de las citadas reformas, por lo que se debe considerar que la aplicaci�n de las multicitadas reformas es retroactiva y le causa perjuicio.-Al respecto es conveniente precisar que si bien es cierto que el art�culo citado se�ala lo indicado, en el caso resulta inaplicable tal dispositivo legal, en virtud de que de los autos que integran el juicio ejecutivo mercantil del que deriv� el acto reclamado ante el J. Federal, se advierte por este cuerpo colegiado, que la acci�n mercantil no se bas� en ning�n contrato de cr�dito, sino �nica y exclusivamente en los pagar�s exhibidos al juicio de que se trata por la parte hoy tercera perjudicada, m�xime atendiendo a que la quejosa recurrente al dar contestaci�n a la demanda mercantil multicitada, en ning�n momento argument� que los pagar�s derivaran de un contrato previo, seg�n puede constatarse a hojas de la ciento treinta y cuatro a la ciento cuarenta y seis del expediente de amparo.-Ahora bien, tomando en consideraci�n lo sustentado precedentemente lo cual impone a este Tribunal Colegiado confirmar en sus t�rminos lo relativo a que se conforme a lo dispuesto por el C�digo de Comercio actualmente vigente, seg�n el cual debe sustanciarse el juicio de origen del cual eman� el auto reclamado, l�gicamente a dicho ordenamiento legal debe atenderse para determinar si el J. natural est� facultado, para no tener por interpuesto el recurso de apelaci�n que se haga valer ante el mismo, como sostuvo el J. a quo, o bien, carece de dicha facultad como argument� la recurrente.-En relaci�n con lo anterior, expresa como agravios el recurrente que el J. de Distrito err�neamente sostiene que el a quo natural, cuenta con la facultad para desechar de plano el recurso de apelaci�n, pues que tal facultad no debe inferirse, sino que debe atenderse a lo que disponen las normas jur�dicas aplicables e incluso atenderse al principio de que la autoridad s�lo podr� hacer todo o aquello que la ley le faculte.-Dicho agravio resulta infundado.-Ciertamente, los art�culos 1342, 1344 y 1345 del C�digo de Comercio, respectivamente establecen: ?Art�culo 1342. Las apelaciones se admitir�n o denegar�n de plano, y se sustanciar�n con un solo escrito de cada parte y el informe en estrados, si las partes quisieren hacerlo.?.-?Art�culo 1344. La apelaci�n debe interponerse por escrito, dentro de nueve d�as improrrogables, si la sentencia fuere definitiva o dentro de seis si fuere auto o interlocutoria, y en el mismo escrito se expresar�n por el recurrente los motivos de inconformidad o agravios que formule.-El J., en el auto que pronuncie al escrito de interposici�n del recurso, expresar� si lo admite en un solo efecto o en ambos efectos, dando vista a la contraria para que en el t�rmino de tres d�as conteste lo que a su derecho convenga y ordenar� se asiente constancia en autos de la interposici�n del recurso y de la remisi�n del cuaderno de apelaci�n correspondiente a la superioridad dentro de un plazo de tres d�as, si fueren autos originales y de cinco si se tratare de testimonio.-Ser� causa de responsabilidad la falta de env�o oportuno al superior de los autos o testimonio respectivo para la sustanciaci�n del recurso.?.-?Art�culo 1345. Cuando la apelaci�n proceda en un solo efecto no se suspender� la ejecuci�n de la resoluci�n impugnada, pero en este caso el recurrente al interponerla deber� se�alar las constancias para integrar el testimonio de apelaci�n, que podr�n ser adicionadas por la contraria y las que el J. estime necesarias, remiti�ndose desde luego el testimonio que se forme al tribunal de alzada. De no se�alarse las constancias por el recurrente, se tendr� por no interpuesta la apelaci�n. Si el que no se�ale constancias es la parte apelada, se le tendr� por conforme con las que hubiere se�alado el apelante.-Respecto del se�alamiento de constancias, las partes y el J. deben de cumplir con lo que se ordena en el p�rrafo final de este art�culo.-Si se tratare de sentencia definitiva en que la apelaci�n se admita en efecto devolutivo se remitir�n las originales al superior, pero se dejar� en el juzgado para ejecutarla copia certificada de ella y de las dem�s constancias.-Si la apelaci�n se admite en ambos efectos suspende desde luego la ejecuci�n de la resoluci�n, hasta que cause ejecutoria.-Al recibirse las constancias por el superior, no se notificar� personalmente a las partes para que comparezcan ante dicho tribunal, a menos que se haya dejado de actuar por m�s de seis meses.-Llegados los autos o el testimonio, en su caso, al superior, �ste dentro de los tres d�as siguientes dictar� providencia en la que decidir� sobre la admisi�n del recurso, la calificaci�n del grado y la oportuna expresi�n de agravios y su contestaci�n hechas por y ante el J. a quo, citando en su caso a las partes para o�r sentencia, misma que se pronunciar� dentro del plazo de quince d�as contados a partir de la citaci�n para sentencia. S�lo cuando hubiere necesidad de que el superior examine documentos voluminosos, podr� disfrutar de ocho d�as m�s para pronunciar resoluci�n.-Declarada inadmisible la apelaci�n, se devolver�n los autos al inferior, revocada la calificaci�n, se proceder� en consecuencia.-El tribunal de apelaci�n formar� un solo expediente, inici�ndose con la primera apelaci�n que se integre con las constancias que se remitan por el inferior, y se contin�e agreg�ndose las subsecuentes que se remitan para el tr�mite de apelaciones posteriores.?.-Del an�lisis relacionado de los preceptos citados, se desprende que el J. del conocimiento efectivamente tiene facultades para desechar o tener por no admitido el recurso de apelaci�n que ante �l se haga valer, toda vez que el mencionado numeral 1344 del cuerpo legal de referencia, lo faculta a pronunciarse sobre la admisi�n de la apelaci�n en uno o en ambos efectos, a dar vista a la contraria para que en el t�rmino de tres d�as conteste lo que a su derecho convenga, y remitir los autos originales al superior en lapso igual; por su parte el diverso 1345 de la propia ley lo autoriza a tener por no interpuesta la apelaci�n cuando �sta proceda en un s�lo efecto y el recurrente al interponerla no se�ale las constancias para integrar el testimonio correspondiente; siendo que adem�s el p�rrafo sexto de este �ltimo numeral del ordenamiento legal en comento, establece que llegados los autos al superior, �ste ?dentro de los tres d�as siguientes dictar� providencia en la que decidir� sobre la admisi�n del recurso, la calificaci�n del grado y oportuna expresi�n de agravios y su contestaci�n hecha por y ante el J. a quo.?.-De la debida concatenaci�n del expresado sexto p�rrafo del art�culo 1345 del C�digo de Comercio, con las disposiciones aludidas de la propia ley, se puede concluir fundadamente que el J. natural est� facultado para desechar o tener por no interpuesto el recurso de apelaci�n hecho valer ante �l, cuando el recurrente no cumpla con las obligaciones que le imponen los respectivos preceptos del C�digo de Comercio, o dada la notoria improcedencia de ese recurso; y s�lo para el caso de que el J. del conocimiento admita la apelaci�n y remita los autos al superior una vez hechos los tr�mites necesarios, el tribunal de alzada revisar� respecto de lo actuado y acordado por el a quo y proveer� sobre si confirma o revoca la admisi�n del recurso, la calificaci�n del grado y la oportuna expresi�n de agravios y su contestaci�n, hechas por y ante el inferior. De no ser as�, carecer�a de raz�n para ser lo establecido por los diversos 1344 y 1345 p�rrafos primero y segundo, toda vez que ning�n objeto tendr�a el que el J. natural estuviera obligado a admitir todo recurso de apelaci�n interpuesto ante �l, a pesar de no haberse hecho valer en el t�rmino de ley, omitiendo expresar agravios para dar vista a la contraria y manifestar lo que a su inter�s convenga, o, el no haber se�alado constancias por el recurrente cuando la apelaci�n proceda en un solo efecto, habida cuenta que la falta de cumplimiento de estos requisitos, entre otros, hacen notoriamente improcedente el recurso de m�rito y ning�n caso existir�a esperar hasta la llegada de los autos al tribunal ad quem para desechar o tener por no interpuesta la apelaci�n, cuando en obvio de tr�mites puede hacerlo el J. natural.-Lo anterior adquiere mayor relieve, si adem�s se adminicula con lo previsto por el art�culo 1342 del ordenamiento legal en cita, seg�n el cual las apelaciones se admitir�n o denegar�n de plano, con lo cual el legislador obviamente pretendi� darle mayor celeridad y brevedad al recurso de apelaci�n en materia mercantil.-Las anteriores consideraciones dejan de manifiesto, que en materia mercantil es obligaci�n del recurrente, expresar sus agravios en el mismo escrito de interposici�n de la apelaci�n; y si en la especie, el ahora recurrente omiti� cumplir con tal disposici�n, fue correcto que el J. responsable tuviera por no interpuesto el recurso de apelaci�n que hizo valer contra la sentencia definitiva, con base en lo establecido por el citado art�culo 1344 del C�digo de Comercio en vigor.-En consecuencia, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida.

De tales consideraciones, el referido Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, sustent� criterio reiterado en cinco ejecutorias, con los siguientes datos de identificaci�n:

"Novena �poca.

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.

"T.o: VI, diciembre de 1997.

"Tesis: VI.2o. J/116

"P�gina: 600

JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES PROMOVIDOS CON BASE EN T�TULOS DE CR�DITO. APLICABILIDAD DE LAS REFORMAS AL C�DIGO, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N DE VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-De la recta interpretaci�n del art�culo primero transitorio del decreto de fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis mediante el cual se reformaron diversas disposiciones legales del C�digo de Comercio, se concluye que dichas reformas no son aplicables a personas que tengan contratados cr�ditos con anterioridad a su vigencia; por tanto, es inexacto estimar que tales reformas son aplicables trat�ndose de juicios promovidos con base en t�tulos de cr�dito, independientemente de la fecha de suscripci�n, pues �stos no implican de manera forzosa la existencia de un contrato de cr�dito, dada la variedad de causas generadoras de la expedici�n de los referidos t�tulos.-Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

Asimismo, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el A.D. 1105/97, determin� lo siguiente:

QUINTO.-Es fundado el concepto de violaci�n que expresa el quejoso, cuya deficiencia seguir� este Tribunal Colegiado con fundamento en el art�culo 76 bis de la Ley de Amparo, por advertir que existe una violaci�n manifiesta del precepto legal invocado por la autoridad responsable, que dej� indefenso al quejoso.-Del escrito de demanda se advierte que el quejoso se�al� como acto reclamado del J.V.�simo de lo Civil la resoluci�n pronunciada el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y seis (foja 101 del expediente 949/95), por la cual se neg� a admitir el recurso de apelaci�n que interpuso el amparista en contra de la sentencia que pronunci� el tres de octubre de mil novecientos noventa y seis, por considerar que su presentaci�n fue extempor�nea, puesto que el negocio jur�dico se encuentra comprendido en lo que dispone el art�culo primero transitorio de las reformas efectuadas al C�digo de Comercio, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.-Por otra parte, este Quinto Tribunal Colegiado, al resolver, por ejecutoria pronunciada el doce de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el juicio de amparo directo civil D.C. 7635/96, promovido por R.P.C., concedi� a �ste la protecci�n constitucional solicitada, al tenor de los razonamientos vertidos en el considerando sexto de esa ejecutoria que a continuaci�n se transcribe: ?SEXTO.-Suplidos en su deficiencia los conceptos de violaci�n expresados por el quejoso, en t�rminos de la fracci�n VI del art�culo 76 bis de la Ley de Amparo, por advertirse una violaci�n manifiesta de la ley que lo deja sin defensa, son suficientemente fundados para provocar la concesi�n de la protecci�n constitucional solicitada.-En efecto, el peticionario de garant�as se duele de la indebida aplicaci�n en su perjuicio del art�culo primero transitorio del decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, que reform� diversas disposiciones del C�digo de Comercio, el cual establece que tales reformas entrar�an en vigor sesenta d�as despu�s de su publicaci�n, pero no ser�an aplicables las mismas a los cr�ditos contratados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, ni tampoco en trat�ndose de la novaci�n o reestructuraci�n de cr�ditos contra�dos con anterioridad a la entrada en vigor del decreto.-En el juicio que se estudia, el quejoso aduce que el asunto de que se trata no se ubica en el caso de excepci�n previsto en el art�culo primero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, por el que se reformaron diversas disposiciones del C�digo de Comercio y de otros ordenamientos legales. Para una mejor explicaci�n de la problem�tica a resolver, es pertinente hacer notar que el juicio natural vers� sobre el cobro del adeudo contra�do por el demandado derivado de la compraventa de varias toneladas de papas, documentado en los contrarrecibos que el hoy quejoso anex� a su escrito de demanda. Por otro lado, el J. del conocimiento tuvo por no interpuesto el recurso de apelaci�n promovido por el actor al haber resultado adversa a sus intereses la sentencia de primer grado, en virtud de ser extempor�neo, toda vez que seg�n �l, el t�rmino para recurrir la sentencia transcurri� del diez de diciembre del a�o en curso (en tanto que el recurso de apelaci�n se interpuso hasta el d�a veintiuno de octubre siguiente), sin que a juicio de dicho J. fueran aplicables al asunto las reformas del C�digo de Comercio seg�n el art�culo primero transitorio del decreto de veinticuatro de mayo anterior.-Es fundado el concepto de violaci�n que se estudia, pues como se establece a continuaci�n, es incontrovertible que el quejoso no se encuentra en el caso de excepci�n contemplado en el art�culo primero transitorio del aludido decreto de reformas a diversos ordenamientos legales.-En efecto, el art�culo primero transitorio en cuesti�n, en el que el hoy peticionario de garant�as basa su inconformidad, establece textualmente lo siguiente: �Primero. Las reformas previstas en el art�culo 1o., y 3o. del presente decreto, entrar�n en vigor sesenta d�as despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n y no ser�n aplicables a persona alguna que tenga contratados cr�ditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. Tampoco ser�n aplicables trat�ndose de la novaci�n o reestructuraci�n de cr�ditos contratados con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto.�.-Se dice que el hoy quejoso no se encuentra en el supuesto normativo del art�culo primero transitorio del decreto de reformas publicado el veinticuatro de mayo del presente a�o, para excluir en el presente negocio la aplicaci�n del nuevo texto del art�culo 1345 del C�digo de Comercio, pues el referido art�culo primero transitorio presupone la preexistencia de un contrato de cr�dito otorgado por una instituci�n bancaria, que no aparece que se haya celebrado en la especie.-Esto es, la expresi�n �... no ser�n aplicables a persona alguna con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto� que emplea el referido numeral transcrito con la finalidad de excluir la aplicaci�n de las reformas a las personas que se encuentran bajo ese supuestolegal, s�lo puede ser entendida en forma restringida a aquellos contratos previos que hayan tenido como origen un cr�dito o financiamiento de car�cter bancario, puesto que as� se deduce del contenido de las conclusiones de las Comisiones Unidas de Comercio, de Instituciones de Cr�dito, de Justicia, y de Estudios Legislativos de la C�mara de Senadores que fue c�mara de origen, y que no fue alterado por la colegisladora, esto es, por la C�mara de Diputados.-Ciertamente, las indicadas comisiones de la C�mara de Senadores se�alaron, en los antecedentes del dictamen respectivo, que sostuvieron entrevistas con la agrupaci�n de deudores de la banca denominada �El Barz�n�, y que sus preocupaciones fueron estudiadas y atendidas, como se corrobora de la siguiente transcripci�n: �Especial menci�n, merecen las dos entrevistas, celebradas el diecis�is y diecinueve de abril, en la sede del Senado, que miembros de las comisiones unidas sostuvieron con dirigentes y miembros de la organizaci�n denominada . En ambas entrevistas se plantearon al presidente de la Gran Comisi�n del Senado de la Rep�blica y a diversos senadores, preocupaciones y demandas sobre el contenido de la iniciativa. Estas preocupaciones fueron estudiadas con acuciosidad y fueron atendidas, haciendo notar que las medidas legales propuestas, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia se aplicar�an de modo retroactivo, en atenci�n al principio constitucional contenido en el art�culo 14 de nuestro Ordenamiento Supremo.�. (Ver Diario de los Debates. Senado. N�mero quince, veintid�s de abril de mil novecientos noventa y seis, p�gina 4).-Esa misma conclusi�n se encuentra robustecida con las intervenciones que tuvieron diversos senadores y diputados que se suscitaron en ambas C�maras durante el proceso de discusi�n y aprobaci�n del decreto en cuesti�n. Tal es el caso de la intervenci�n que tuvo el diputado V�ctor M.Q., de la fracci�n parlamentaria del Partido de la Revoluci�n D.�tica, ya que dicho legislador expuso, en lo conducente, lo siguiente: �Afortunadamente hubo por fin algo de sensibilidad pol�tica de parte de nuestros colegas de la C�mara alta y de parte de algunos diputados. Por fin se escuch� el clamor de la poblaci�n agobiada por las deudas y se operaron en la iniciativa original m�s de cien modificaciones a propuesta de . La m�s relevante de ellas consignada por el art�culo primer transitorio. A pesar de estos indudables avances logrados por los deudores organizados, la iniciativa de decreto en cuesti�n sigue funcionando en una l�gica favorecedora del capital financiero y aunque se lograron anular aspectos muy agresivos, hay que dejarlo bien claro ...�. (Diario de Debates. C�mara de Diputados. A�o II. N�mero 18. Abril veintinueve de mil novecientos noventa y seis. P�gina 2250).-Tambi�n con la intervenci�n de la diputada C.G.V.G., de la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, entre otras muchas exposiciones de legisladores de diversos partidos, se confirma que el transitorio primero del decreto de reformas en cuesti�n, ata�e exclusivamente a los cr�ditos bancarios contratados previamente a la entrada en vigor de dicho decreto, seg�n se corrobora de la siguiente parte de su exposici�n presentada ante la C�mara de Diputados: �Especial menci�n merecen las dos entrevistas sostenidas con miembros de la Uni�n de Productores Agropecuarios, Comerciantes y P. de Servicios, A.C. . En ellas se expresaron las preocupaciones y puntos de vista de este grupo y qued� claro que una de las premisas de la iniciativa es la retroactividad de las reformas en estricto apego al principio consagrado del art�culo 14 constitucional ... Las reformas �nicamente ser�n aplicables a los procedimientos judiciales que se inicien despu�s de su entrada en vigor y exclusivamente respecto de obligaciones contra�das con posterioridad a dicha fecha. Ni los deudores actuales ni aquellos que est�n reestructurando o en futuro reestructuren sus adeudos vigentes, ser�n afectados por esta iniciativa. A fin de salvaguardar los intereses de los deudores, el presente proyecto de reformas otorga una protecci�n m�s amplia a la no retroactividad en materia procesal, pues en el art�culo primero transitorio establece, adem�s de lo se�alado anteriormente, que dichas reformas se apliquen respecto exclusivamente de obligaciones contra�das con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de las mismas ... Dado que las reformas se aplicar�n a futuro, los beneficiarios de las mismas ser�n quienes contraten nuevos cr�ditos a partir de la entrada en vigor, deudores que en adelante podr�n contratar cr�ditos en mejores condiciones ...�. (Diario de los Debates. C�mara de Diputados. A�o II. N�mero 18. Veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis. P�ginas 2253 y 2254).-As� las cosas, es inconcuso que en la especie el promovente no se ubica en el supuesto normativo del art�culo primero transitorio del decreto en cuesti�n, puesto que el juicio natural no versa sobre operaci�n de cr�dito alguna, entendiendo como tal, las diversas operaciones activas bancarias celebradas con el p�blico por las instituciones de cr�dito, sino que la litis del juicio natural consisti� en la reclamaci�n del pago de un adeudo contra�do con motivo de la adquisici�n de bienes no fungibles como lo son las papas, en el que se establecieron relaciones jur�dicas entre simples particulares.-Consecuentemente, es notoriamente ilegal que el J. responsable hubiese considerado en la resoluci�n reclamada, que no resultaban aplicables al caso las nuevas disposiciones contenidas en el decreto de fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, pues no es verdad que el presente negocio se ubique en los supuestos normativos del art�culo primero transitorio del citado decreto; raz�n por la cual el prove�do reclamado infringe en perjuicio del quejoso sus garant�as de legalidad y seguridad jur�dicas, contenidas en los art�culos 14 y 16 constitucionales; motivo por el que debe concederse al quejoso el amparo solicitado, para el efecto de que el J. responsable deje insubsistente el prove�do de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, y en su lugar dicte un nuevo acuerdo respecto al recurso de apelaci�n interpuesto por la demandada (sic) contra la sentencia de fondo, y sobre la base de que el caso no se ubica en los supuestos del art�culo primero transitorio multicitado, con plenitud de jurisdicci�n resuelva sobre la admisi�n o desechamiento del recurso de apelaci�n.?.-Similar criterio fue sustentado por este mismo tribunal de amparo al resolver el recurso de revisi�n R.C. 150/97, interpuesto por D.R.�guez, por derecho propio y como representante de Compa��a Papelera Sagitario, S.A. de C.V., resuelto el treinta de enero del a�o en curso, siendo ponente el suscrito Magistrado Jos� Rojas Aja.-Ahora bien, los anteriores criterios deben ser igualmente aplicados al negocio jur�dico que se analiza, pues conforme a los antecedentes que se desprenden del expediente remitido por el J. se�alado como responsable, se advierte que A.M.A.�n y M.�n C.J.�rez, comparecieron ante el J. de los autos como endosatarios en procuraci�n de Autos Zapata, S.A. de C.V., demandando en la v�a ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acci�n cambiaria directa al ahora quejoso, a C.F. de G.�lez y a T.�s G.E. el pago de diversas cantidades, derivadas de la suscripci�n de diversos pagar�s; de lo que queda de manifiesto que las prestaciones reclamadas no provienen de un cr�dito o de la reestructuraci�n de �stos, contra�dos con una instituci�n de cr�dito, sino de un adeudo existente con una sociedad mercantil de naturaleza diversa a aqu�llas, lo que es indispensable para que se aplique la excepci�n establecida por el art�culo primero transitorio de las reformas que se efectuaron por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, atentas las razones que han quedado expresadas en p�rrafos superiores; motivo por el cual, al no poderse aplicar en el juicio natural, debe considerarse ilegal la determinaci�n del J. responsable, en el sentido de que el t�rmino para la interposici�n del recurso de apelaci�n que hizo valer el apelante se rige por las disposiciones anteriores a las reformas; y como el art�culo 1344 reformado del C�digo de Comercio expresa, en lo conducente, que la apelaci�n contra la sentencia definitiva debe interponerse por escrito dentro de nueve d�as improrrogables, y que el recurrente expresar� en el mismo escrito los respectivos agravios, el ahora quejoso cumpli� con lo ordenado en dicho precepto, toda vez que la sentencia definitiva apelada se notific� mediante publicaci�n en el Bolet�n Judicial de fecha cuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, y surti� sus efectos al d�a siguiente h�bil, o sea el siete de octubre (foja 99 reverso); por lo que el t�rmino para interponer el recurso de apelaci�n corri� del d�a ocho al dieciocho de dicho mes, y como el apelante, hoy quejoso, interpuso el recurso el diecisiete de octubre del referido a�o, expresando en su escrito los agravios que le causaba la sentencia definitiva (foja 100), no hay duda de que el recurso se interpuso en tiempo y debi� admitirse; al no haberlo hecho as�, la resoluci�n reclamada infringe en perjuicio del peticionario de garant�as sus derechos individuales, contenidos en los art�culos 14 y 16 constitucionales, lo que motiva que se le deba otorgar la protecci�n constitucional que impetra, para el efecto de que el J. responsable, dejando insubsistente el prove�do impugnado, pronuncie otro, en el que admita el recurso de apelaci�n que el quejoso interpuso en contra de la sentencia definitiva que pronunci�, en el efecto que proceda, continuando su tr�mite conforme a derecho.

Tales consideraciones, reiteradas en cinco ejecutorias, originaron que el referido Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sustentara criterio, con los siguientes datos de identificaci�n:

"Novena �poca.

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.

"T.o: V, junio de 1997.

"Tesis: I.5o.C.58 C

"P�gina: 738

CR�DITOS BANCARIOS CONTRATADOS, NOVADOS O REESTRUCTURADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS A LOS C�DIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE COMERCIO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N DE 24 DE MAYO DE 1996. ESTE �LTIMO NO ES APLICABLE RESPECTO DE AQU�LLOS.-El art�culo primero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, que reform� diversas disposiciones del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, del C�digo de Comercio y de otros ordenamientos legales, precept�a que las reformas previstas en los art�culos 1o. y 3o. del decreto, entrar�n en vigor sesenta d�as despu�s de su publicaci�n en el citado �rgano de publicidad y no ser�n aplicables a persona alguna que tenga contratados cr�ditos con anterioridad a la entrada en vigor del propio decreto, y tampoco ser�n aplicables trat�ndose de la novaci�n o reestructuraci�n de cr�ditos contra�dos con anterioridad a la entrada en vigor del decreto. Luego, si de las actuaciones de un juicio se desprende que quienes lo promovieron comparecieron como endosatarios en procuraci�n de una sociedad an�nima de capital variable, demandando en la v�a ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acci�n cambiaria directa, a una persona, el pago de diversas cantidades derivadas de la suscripci�n de diversos pagar�s, es claro que las prestaciones reclamadas no provienen de un cr�dito o de la novaci�n o reestructuraci�n de �stos contra�dos con una instituci�n de cr�dito, sino de un adeudo existente con una sociedad mercantil de naturaleza diversa a aqu�llos, lo que es indispensable para que se aplique la norma de excepci�n establecida por el art�culo primero transitorio del decreto de m�rito, que presupone la preexistencia de un contrato de cr�dito otorgado por una instituci�n bancaria, esto es, la expresi�n ?... no ser�n aplicables a persona alguna que tenga contratados cr�ditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto ...?, que emplea el mencionado numeral transitorio con la finalidad de excluir la aplicaci�n de las reformas a las personas que se encuentren bajo ese supuesto legal, s�lo puede ser entendida en forma restringida a aquellos contratos previos que hayan tenido como origen un cr�dito o financiamiento de car�cter bancario, pues as� se deduce del contenido de las conclusiones de las Comisiones Unidas de Comercio, de Instituciones de Cr�dito, de Justicia y de Estudios Legislativos de la C�mara de Senadores (C�mara de origen de la iniciativa de reformas), y que no fue alterado por la colegisladora, quienes se�alaron, en los antecedentes del dictamen respectivo, que sostuvieron entrevistas con la agrupaci�n de deudores de la banca denominada ?El Barz�n?, cuyas preocupaciones fueron estudiadas y atendidas, haciendo notar que las reformas legales propuestas no se aplicar�an retroactivamente, misma conclusi�n que se encuentra robustecida con las intervenciones que tuvieron diversos senadores y diputados durante el proceso de discusi�n y aprobaci�n del decreto de referencia, entre las cuales debe destacarse la consistente en que ?... Las reformas �nicamente ser�n aplicables a los procedimientos judiciales que se inicien despu�s de su entrada en vigor y exclusivamente respecto de obligaciones contra�das con posterioridad a dicha fecha. Ni los deudores actuales ni aquellos que est�n reestructurando o en el futuro reestructuren sus adeudos vigentes, ser�n afectados por esta iniciativa ...? (Diario de los Debates. C�mara de Diputados. A�o II. N�mero 18. Veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis, p�gina 2254).-Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Octavo Circuito, al resolver el A.D. 530/96, resolvi� de la siguiente manera:

D.C. 530/96

QUINTO.-Es sustancialmente fundado y suficiente para conceder la protecci�n de la Justicia Federal el tercer concepto de violaci�n que se hace valer en el sentido de que la resoluci�n reclamada resulta inconstitucional, toda vez que la responsable dej� de aplicar lo dispuesto por el art�culo primero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de la Ley Org�nica de Nacional Financiera; del C�digo de Comercio; de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito; y del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.-Esto es as�, porque la S. responsable para desechar el recurso de apelaci�n, interpuesto por el quejoso contra la sentencia dictada el cuatro de julio del a�o pasado en el juicio ejecutivo mercantil 245/95, promovido por R.�o N.R.�n, en su car�cter de endosataria en procuraci�n de M.H.F., contra el ahora quejoso tramitado ante el J. Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito del Estado de Morelos, se apoya en lo dispuesto por los art�culos 1344 y 1345 del C�digo de Comercio reformados por el decreto de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.-En el primer precepto se impone como obligaci�n de la parte que promueve el recurso de apelaci�n, la de presentarlo dentro de los nueve d�as improrrogables si la sentencia fuere definitiva, o dentro de seis si fuere auto o interlocutoria y que en el mismo escrito se expresar�n por el recurrente, los motivos de inconformidad o agravios que formule; dicho requisito de expresar los agravios en el mismo escrito en el que se interpone el recurso de apelaci�n no se contemplaba en las anteriores disposiciones del C�digo de Comercio referentes a la tramitaci�n del citado recurso, por lo que la S. responsable indebidamente desech� el recurso de apelaci�n planteado al considerar que el recurrente no cumpli� con lo dispuesto en el precepto antes citado; sin embargo, pas� por alto que la aplicaci�n de los preceptos reformados del C�digo de Comercio, fue limitada en el art�culo primero transitorio del mismo decreto, toda vez que en el referido numeral se estableci�: ?Primero. Las reformas previstas en los art�culos 1o. y 3o. del presente decreto, entrar�n en vigor sesenta d�as despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n y no ser�n aplicables a persona alguna que tenga contratados cr�ditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. Tampoco ser�n aplicables trat�ndose de la novaci�n o reestructuraci�n de cr�ditos contra�dos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto.?.-Ahora bien, la reforma al C�digo de Comercio se encuentra prevista en el art�culo 3o. del decreto que se viene citando, por lo que dichas disposiciones se ajustan a la hip�tesis prevista en el art�culo primero transitorio, as� como al juicio en el que se dict� la resoluci�n reclamada, ya que se demanda del ahora quejoso el pago de la cantidad de sesenta mil nuevos pesos, por concepto de capital principal, intereses moratorios, gastos y costas del juicio, derivados como consecuencia de la suscripci�n de un t�tulo de cr�dito (pagar�), con fecha primero de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, para ser pagado el primero de septiembre del mismo a�o, es decir, un cr�dito otorgado con anterioridad a la expedici�n del decreto de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, por lo que el auto reclamado resulta inconstitucional al desechar el recurso de apelaci�n fund�ndose en los nuevos preceptos reformados del C�digo de Comercio, cuya aplicaci�n qued� restringida en el art�culo 1o. transitorio, para los cr�ditos obtenidos con anterioridad a dicho decreto.-Este tribunal estima que el hecho de que el art�culo 1o. transitorio haga referencia al t�rmino ?que tenga contratados cr�ditos?, no implica, que lo dispuesto en dicho precepto resulte solamente aplicable a operaciones de cr�dito contra�das por las personas con instituciones bancarias, pues el t�rmino de contratar significa ?pactar, convenir, comerciar, hacer contratos o contratas?, y el t�rmino cr�dito significa, entre otras cosas ?el derecho de uno a recibir de otro alguna cosa, por lo general dinero?, por lo que si dicho precepto no hace distinci�n a la naturaleza u origen de los cr�ditos celebrados; debe ser aplicable a cualquier tipo de documento, que representa un cr�dito exigible a una persona y en el que deban aplicarse las disposiciones relativas a los c�digos reformados en los art�culos 1o. y 3o. del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n antes citado, es decir, al C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y al C�digo de Comercio, por lo tanto debe estimarse que lo dispuesto en el art�culo 1o. transitorio incluye a los t�tulos de cr�dito porque en s� representa un cr�dito, a las operaciones de cr�dito y a los contratos de hipoteca, independientemente de que �stos se hubieren celebrado con bancos o no.-Apoya a lo anterior, el hecho de que la iniciativa presidencial enviada a la C�mara de Senadores, con motivo de las reformas al C�digo de Comercio, en su art�culo primero transitorio, textualmente era del tenor siguiente: ?Primero. Las reformas previstas en el art�culo 1o. y 3o. del presente decreto, entrar�n en vigor sesenta d�as despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n y ser�n aplicables �nicamente a los procedimientos judiciales que se inicien despu�s de dicha entrada en vigor y respecto de obligaciones contra�das con posterioridad a dicha fecha, en elentendido que tampoco ser�n aplicables para obligaciones que se hayan novado, originadas con anterioridad a la vigencia del decreto, salvo lo que dispone en el art�culo siguiente.?.-Como se advierte, la iniciativa presidencial estableci� una aplicaci�n general del art�culo primero transitorio de referencia, a las obligaciones en general sin hacer una distinci�n de la naturaleza de los cr�ditos o deudas.-Lo anterior se vuelve a confirmar con el dictamen emitido por la C�mara de Senadores sobre la iniciativa presidencial, que en lo referente a dicho precepto se se�al� lo siguiente: ?Ante la preocupaci�n expresada ante el presidente de la Gran Comisi�n del Senado de la Rep�blica y los presidentes de las comisiones responsables del dictamen de las iniciativas presidenciales, por los integrantes de la agrupaci�n nacional de deudores denominada ?El Barz�n?, en el sentido de que las normas propuestas en la iniciativa, pudieran entenderse o aplicarse en perjuicio de los millones de mexicanos que tienen deudas y que, por la circunstancia econ�mica actual, no pueden saldarlas, hemos decidido proponer una nueva redacci�n de los art�culos primero y segundo transitorios de la iniciativa de decreto, con el prop�sito de evitar cualquier confusi�n, pues el prop�sito de la iniciativa no es, de ninguna manera vulnerar derechos de nadie, ni mucho menos, como se ha malentendido, beneficiar a los banqueros del pa�s.-Por ello, se propone plasmar en los transitorios aludidos, la voluntad pol�tica de los senadores de la Rep�blica de que, bajo ninguna circunstancia, ni ning�n criterio de interpretaci�n, aquellas personas que hayan contra�do cr�ditos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, en caso de aprobarse, est�n o no sujetos a procedimiento judicial, no se les aplicar�n las disposiciones previstas en los art�culos 1o. y 3o. del decreto de la iniciativa. Tambi�n se excluir�n de la aplicaci�n las reestructuraciones o novaciones de dichos cr�ditos. Tampoco la voluntad de las partes podr� considerarse como mecanismo para la aplicaci�n de las reformas antes aludidas.-Con base en lo anterior, se propone la redacci�n de un nuevo art�culo 1o. transitorio y la eliminaci�n del art�culo 2o., recorriendo los dem�s transitorios de manera subsecuente, para quedar de la siguiente manera: ?Art�culo primero. Las reformas previstas en el art�culo 1o. y 3o. del presente decreto, entrar�n en vigor sesenta d�as despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n y no ser�n aplicables a persona alguna que tenga contratados cr�ditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. Tampoco ser�n aplicables trat�ndose de la novaci�n o reestructuraci�n de cr�ditos contratados con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto.?.-Como se advierte, la reforma propuesta por el Senado a la iniciativa presidencial solamente tuvo por objeto clarificar que los preceptos reformados al C�digo de Comercio y al C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, propuestos en la iniciativa no pudieran entenderse o interpretarse en perjuicio de los millones de mexicanos que tienen deudas, y que por las circunstancias econ�micas actuales no pueden saldar, evitando as� confusiones, pero de ninguna manera dicha modificaci�n pretendi� establecer una excepci�n especial en favor exclusiva de las personas que tuvieron cr�ditos contratados con bancos por lo que si conforme a la iniciativa presidencial las reformas al C�digo de Comercio y al C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, solamente ser�an aplicables respecto de obligaciones contra�das con posterioridad a dicha fecha, sin hacer distinci�n a su origen o su naturaleza, debe entenderse que el t�rmino usado en el texto aprobado por la C�mara de Senadores ?que tengan contratados cr�ditos?, tampoco tuvo por objeto hacer distinci�n a la naturaleza u origen de los cr�ditos, deudas u obligaciones celebrados con anterioridad a la vigencia de dicho decreto, por lo que debe ser aplicable, como se sostiene, a cualquier tipo de documento u obligaci�n que represente un cr�dito exigible o deuda a alguna persona, y por ende, en ello se incluye a los t�tulos de cr�dito, operaciones de cr�dito y a los contratos de hipoteca.-En m�rito de lo anterior, procede conceder la protecci�n de la Justicia Federal para el efecto de que la S. responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado y en su lugar pronuncie otro en el que admita el recurso de apelaci�n sujet�ndose en su tramitaci�n a lo dispuesto por los preceptos anteriores del C�digo de Comercio, siendo importante destacar que no es materia de la sentencia del amparo resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de lo dispuesto en el art�culo 1o. transitorio del decreto de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.

Tales consideraciones, originaron que el referido Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Octavo Circuito sustentara el siguiente criterio, pendiente de publicarse:

"Novena �poca.

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.

"T.o: VII, abril de 1998.

"Tesis: XVIII.1o.1 C

"P�gina: 725

APLICABILIDAD DE LAS REFORMAS DE 1996, AL C�DIGO DE COMERCIO.-El hecho de que el art�culo primero transitorio del decreto de reformas al C�digo de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, haga referencia al t�rmino ?que tenga contratados cr�ditos?, no implica, que lo dispuesto en el se�alado precepto s�lo sea aplicable a operaciones de cr�dito contra�das por las personas con instituciones bancarias, toda vez que el t�rmino contratar significa ?convenir, pactar, ajustar, comerciar, hacer contratos o contratas?; y el t�rmino cr�dito significa entre otras cosas ?el derecho de uno a recibir de otro alguna cosa, por lo general dinero?, por lo que si dicho precepto no hace distinci�n a la naturaleza u origen de los cr�ditos celebrados, debe ser aplicable a cualquier tipo de documento que represente un cr�dito exigible a una persona y en el que deban aplicarse las disposiciones relativas a los c�digos reformados en los art�culos 1o. y 3o. del decreto publicado antes citado, es decir, al C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y al C�digo de Comercio; por tanto, debe estimarse que lo dispuesto en el art�culo 1o. transitorio incluye a los t�tulos de cr�dito porque en s� representan un cr�dito, a las operaciones de cr�dito y a los contratos de hipoteca, independientemente de que �stos se hubieren celebrado con instituciones bancarias o no. Sirve de apoyo a lo anterior, la iniciativa presidencial enviada a la C�mara de Senadores, con motivo de las reformas al mencionado c�digo, que en el art�culo primero transitorio, dice lo siguiente: ?Primero. Las reformas previstas en los art�culos primero y tercero del presente decreto entrar�n en vigor sesenta d�as despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n y ser�n aplicables �nicamente a los procedimientos judiciales que se inicien despu�s de dicha entrada en vigor y respecto de obligaciones contra�das con posterioridad a dicha fecha, en el entendido que tampoco ser� aplicable para obligaciones que se hayan novado, originadas con anterioridad a la vigencia de este decreto, salvo lo que se dispone en el art�culo siguiente.?. Esto es, la iniciativa presidencial estableci� una aplicaci�n general del art�culo primero transitorio de referencia, a las obligaciones en general, sin hacer una distinci�n de la naturaleza de los cr�ditos o deudas. S.�n que se confirma con el dictamen emitido por la C�mara de Senadores sobre la iniciativa presidencial, que en lo referente a dicho precepto se�ala lo siguiente: ?Ante la preocupaci�n expresada ante el presidente de la Gran Comisi�n del Senado de la Rep�blica y los presidentes de las comisiones responsables de dictamen de las iniciativas presidenciales, por los integrantes de la agrupaci�n nacional de deudores denominada Uni�n Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciantes Industriales y P. de Servicios, A.C., �El Barz�n�, en el sentido de que las normas propuestas en la iniciativa, pudieran entenderse o aplicarse en perjuicio de los millones de mexicanos que tienen deudas y que, por la circunstancia econ�mica actual, no pueden saldarlas, hemos decidido proponer una nueva redacci�n de los art�culos 1o. y 2o. transitorios, de la iniciativa de decreto, con el prop�sito de evitar cualquier confusi�n, pues el prop�sito de la iniciativa no es, de ninguna manera vulnerar derechos a nadie, ni mucho menos, como se ha mal entendido, beneficiar a los banqueros de pa�s. Por ello se propone plasmar en los transitorios aludidos, la voluntad pol�tica de los senadores de la Rep�blica de que, bajo ninguna circunstancia, ni ning�n criterio de interpretaci�n, aquellas personas que hayan contra�do cr�ditos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, en caso de aprobarse, est�n o no sujetos a procedimiento judicial, no se les aplicar�n las disposiciones previstas en los art�culos 1o. y 3o. del decreto de la iniciativa. Tambi�n se excluir�n de su aplicaci�n las reestructuraciones o novaciones de dichos cr�ditos. Tampoco la voluntad de las partes podr� considerarse como mecanismo para la aplicaci�n de las reformas antes aludidas.-Con base en lo anterior, se propone la redacci�n de un nuevo art�culo 1o. transitorio y la eliminaci�n del art�culo 2o., recorriendo los dem�s transitorios de manera subsecuente, para quedar de la siguiente manera: �Art�culo primero. Las reformas previstas en los art�culos 1o. y 3o. del presente decreto, entrar�n en vigor sesenta d�as despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n y no ser�n aplicables a persona alguna que tenga contratados cr�ditos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto.�.?.

Finalmente, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil, al resolver el A.D. 6784/96, consider� lo siguiente:

QUINTO.-Los conceptos de violaci�n son infundados.-Contrariamente a lo que afirma la empresa quejosa, el acto reclamado est� debidamente fundado y motivado.-Basta la lectura de la resoluci�n impugnada, para cerciorarse de que para desechar el recurso de apelaci�n interpuesto por los inconformes, la autoridad responsable se apoy� en lo dispuesto en el art�culo primero transitorio del decreto de reformas, modificaciones y adiciones al C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es decir, que el acto reclamado s� tiene fundamento legal; adem�s el J. natural consider� que el caso concreto estaba comprendido en la excepci�n prevista por el transitorio mencionado porque se trataba de un cr�dito contratado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto mencionado; es decir, en la resoluci�n final reclamada s� se expresaron los motivos por los cuales se consider� que el caso concreto se adecua a la hip�tesis normativa, y por lo tanto se actualizaba la consecuencia jur�dica correspondiente.-Del examen de las constancias que integran el juicio natural, se advierte que la empresa actora ejercit� la acci�n cambiaria directa en contra de los quejosos, en la v�a ejecutiva mercantil, y que el documento fundatorio fue suscrito el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, con vencimiento el quince de diciembre de ese a�o, de tal manera que, en ese aspecto, el acuerdo reclamado es correcto, pues el cr�dito litigioso fue contra�do por los inconformes con anterioridad a la entrada en vigor de las citadas reformas (veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis).-Por cuanto hace a la argumentaci�n referente a que el precepto transitorio mencionado se refiere exclusivamente a cr�ditos bancarios, o a otra clase de cr�ditos u obligaciones diferentes a la contra�da por los demandados, el Tribunal Colegiado proceder� a realizar la interpretaci�n del numeral mencionado.-El art�culo primero transitorio del decreto antes mencionado dispone que las reformas no ser�an aplicables a persona alguna que tenga contratados cr�ditos con anterioridad a la entrada en vigor del citado decreto, y tampoco ser�n aplicables trat�ndose de la novaci�n o reestructuraci�n de cr�ditos contra�dos con anterioridad a la entrada en vigor de ese decreto.-Como se observa, la norma transitoria utiliza s�lo las frases ?cr�ditos contratados? y ?cr�ditos contra�dos?; sin embargo conforme al proceder de la autoridad (o del J.) responsable en el acto reclamado, se advierte que dicha autoridad entendi� que el concepto ?cr�dito? se refiere a ?obligaciones? como se ver�.-La manera en que entendi� la responsable el concepto de ?cr�dito?, es compartida por este tribunal, conforme a la siguiente interpretaci�n al susodicho art�culo transitorio.-El art�culo 14 constitucional da ciertos lineamientos para el dictado de las sentencias en los juicios civiles, pues determina que se deber� hacer conforme a la letra o interpretaci�n jur�dica de la ley, y a falta de �sta conforme a los principios generales del derecho. Este principio se ha constituido en lineamientos rectores para la aplicaci�n de la normatividad en otras cuestiones, cuando no existen otros dispositivos o prohibiciones que lo impidan.-As� pues, la Ley Fundamental considera v�lido recurrir a la interpretaci�n, pero no indica los m�todos que se puedan utilizar, ni tampoco proscribe a ninguno, como ocurre en la aplicaci�n de las penas por la comisi�n de delitos, para la que no es v�lido ocurrir a la analog�a o a la mayor�a de raz�n.-En nuestras leyes procesales civiles y mercantiles, tampoco se suelen limitar los m�todos de interpretaci�n o establece alguna jerarqu�a o prelaci�n entre �stos.-Consecuentemente, se considera que en las materias en comento se puede recurrir a cualquier m�todo de interpretaci�n, con la �nica exigencia l�gica de justificar razonadamente su idoneidad en la situaci�n jur�dica o norma de que se trate.-El problema de la norma transitoria se actualiza con la expresi�n ?no ser�n aplicables a persona alguna que tenga contratados cr�ditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto?.-La literalidad de este texto puede conducir a la conclusi�n de que, el solo hecho de que alguien haya contratado un cr�dito cualquiera, antes del d�a veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis, fecha en que entr� en vigor la reforma, es suficiente para que no se apliquen en ning�n juicio o procedimiento, aunque el objeto litigioso no sea el susodicho cr�dito.-La defectuosa construcci�n gram�tica hace necesario el auxilio de m�todos hermen�uticos, como la interpretaci�n aut�ntica, l�gica y sistem�tica, para comprender el sentido correcto de la reforma.-Se ha dicho que en el transitorio de nuestra atenci�n se utiliza el t�rmino ?cr�ditos? y el vocablo ?contratados?, lo que permite considerar con tales expresiones, que el legislador las emple� como meros sin�nimos de obligaciones contra�das, de deudas adquiridas y otras semejantes, y con esto se concluye que el transitorio excluye a todas las obligaciones que sean anteriores a la fecha en que la reforma entr� en vigor.-La anterior interpretaci�n tiene los siguientes elementos de apoyo.-El primero, estriba en lo equ�voco del concepto ?cr�ditos? y de la palabra ?contratados?, que se utilizan en la norma transitoria, pues los dos admiten diversos significados, tanto en el vocabulario com�n como en el propio vocabulario jur�dico.-Para demostrar esto, basta ocurrir a las simples definiciones de los diccionarios. As�, seg�n el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa�ola, vig�sima primera edici�n, de mil novecientos noventa y dos, p�gina 295, dice que la palabra ?contratar? proviene del lat�n contractare, y que significa ?pactar, convenir, comerciar, hacer contratos o contratas?, y en un segundo significado que consiste en ?ajustar alguna persona para alg�n servicio? y en la p�gina 418, al vocablo ?cr�dito? lo relaciona con la palabra latina creditum, y le reconoce diferentes significados, entre los cuales est�n los siguientes ?cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar; apoyo, abono, comprobaci�n, reputaci�n, fama, autoridad; situaci�n econ�mica o condiciones morales que facultan a una persona o entidad para obtener de otra fondos o mercanc�as; opini�n que goza una persona de que cumplir� puntualmente los compromisos que contraiga, cr�dito p�blico: concepto que merece cualquier estado en orden a su legalidad en el cumplimiento de sus contratos, obligaciones, etc�tera.?.-El viejo Diccionario Jur�dico de Escriche, primera edici�n, M�xico 1979, T.o I, p�gina 522, dice que ?cr�dito? es ?la deuda que alguien tiene a su favor. El libramiento vale o abono que se da de alguna cantidad, o bien para pagar en adelanto, o bien para que la pague en otro paraje alg�n corresponsal. Esta voz se deriva de la latina credere que significa �prestar, fiar, confiar�. El que presta o f�a a otro alguna cosa, adquiere con �l el derecho; y este derecho se llama cr�dito, de suerte que la palabra cr�dito es sin�nimo de deuda activa, y designa por consiguiente el derecho que tiene un acreedor de exigir una cantidad de dinero a cuyo pago se ha obligado el deudor. El cr�dito puede nacer no s�lo del pr�stamo, sino tambi�n de otras causas, como de una donaci�n, de un legado, de una partici�n, de una venta o de una promesa. El nombre del �cr�dito� no s�lo se aplica al derecho que se tiene contra una persona, sino tambi�n al papel o documento con que se justifica este derecho. Los cr�ditos tienen las mismas calificaciones de los acreedores; y as� hay cr�ditos quirogr�ficos, cr�ditos hipotecarios, cr�ditos privilegiados, cr�ditos personales.?.-Como se ve, en el lenguaje com�n y, en el jur�dico, la palabra ?cr�dito?, tiene multiplicidad de significados, y la palabra ?contratar? abarca gran extensi�n en su significado lato.-Las leyes mexicanas utilizan tambi�n esas palabras con sus diversos significados.-As� en la Constituci�n General de la Rep�blica, en su art�culo 73 fracci�n VIII se faculta al Congreso de la Uni�n para fijar bases a fin de que el Ejecutivo pueda celebrar empr�stitos sobre el cr�dito de la naci�n; en el art�culo 121 se dice que en cada Estado de la Federaci�n se dar� entera fe y cr�dito a los actos de los dem�s; y en el 123, fracci�n XXIII, se habla de los cr�ditos a favor de trabajadores por salarios o sueldos devengados; el C�digo Civil y el C�digo de Comercio se refieren en m�ltiples ocasiones a cr�ditos en su acepci�n de derechos de los acreedores en una relaci�n jur�dica, etc�tera; existen instituciones de cr�dito, casas comerciales que ofrecen ventas a cr�dito, tarjetas de cr�dito, personas dignas de cr�dito, etc�tera.-La diversidad de significaciones mencionadas, permite calificar al transitorio de nuestro estudio como oscuro e impreciso, y esto a su vez conduce a la necesidad de investigar el sentido en el que est�n empleadas las palabras de referencia.-En la interpretaci�n apuntada por el tribunal, se estima que la voluntad del legislador se encuentra manifestada claramente, en el proceso legislativo que dio origen al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, con los elementos que se exponen a continuaci�n.-a) En el texto original de los art�culos 1o. y 2o. transitorios de la iniciativa, se establec�a que las reformas ser�an aplicables �nicamente a los procedimientos judiciales que se iniciaran despu�s de la entrada en vigor del decreto, y respecto de obligaciones contra�das con posterioridad a dicha fecha y que tampoco ser�an aplicables para obligaciones que se hubieran novado, originadas con anterioridad a la vigencia del decreto, salvo que los demandados se acogieran a su aplicaci�n, mediante manifestaci�n hecha en los juicios promovidos en su contra.-b) Las Comisiones Unidas de Comercio, de Instituciones de Cr�dito,de Justicia, y de Estudios Legislativos, encargadas del estudio de la iniciativa (Diario de los Debates, n�mero 15, 22 de abril de 1996, foja 4) indicaron en el cap�tulo de antecedentes de su dictamen, que sostuvieron entrevistas con dirigentes y miembros de la organizaci�n denominada ?El Barz�n?, en las que les fueron manifestadas a los legisladores las preocupaciones sobre el contenido de la iniciativa, y que ?estas preocupaciones fueron estudiadas con acuciosidad y fueron atendidas, haciendo notar que las medidas legales propuestas, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia se aplicar�an de modo retroactivo, en atenci�n del principio constitucional contenido en el art�culo 14 de nuestro Ordenamiento Supremo?.-c) En el cap�tulo denominado valoraci�n de la iniciativa del propio dictamen (Diario de los Debates, n�mero 14, 22 de abril de 1996, foja 5) se expresaron los prop�sitos fundamentales del proyecto, entre los cuales se manifest� el de ?dejar a salvo los derechos de todos los deudores actuales?.-d) Nuevamente, en el punto IV del cap�tulo del dictamen llamado de las modificaciones a la iniciativa (foja 36), se enfatiz� que: ?Ante la preocupaci�n expresada ante el presidente de la Gran Comisi�n del Senado de la Rep�blica y los presidentes de las comisiones responsables del dictamen de las iniciativas presidenciales, por los integrantes de la agrupaci�n nacional de deudores denominada �El Barz�n�, en el sentido de que las normas propuestas en la iniciativa, pudieran entenderse o aplicarse en perjuicio de los millones de mexicanos que tienen deudas y que, por la circunstancia econ�mica actual, no pueden saldarlas, hemos decidido proponer una nueva redacci�n de los art�culos primero y segundo transitorios de la iniciativa de decreto, con el prop�sito de evitar cualquier confusi�n, pues el prop�sito de la iniciativa no es, de ninguna manera vulnerar derechos de nadie, ni mucho menos, como se ha malentendido, beneficiar a los banqueros del pa�s. Por ello, se propone plasmar en los transitorios aludidos, la voluntad pol�tica de los senadores de la Rep�blica de que, bajo ninguna circunstancia, ni ning�n criterio de interpretaci�n, aquellas personas que hayan contra�do cr�ditos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, en caso de aprobarse, est�n o no sujetos a procedimiento judicial, no se les aplicar�n las disposiciones previstas en los art�culos 1o. y 3o. del decreto de la iniciativa. Tambi�n se excluir�n de la aplicaci�n las reestructuraciones o novaciones de dichos cr�ditos. Tampoco la voluntad de las partes podr� considerarse como mecanismo para la aplicaci�n de las reformas antes aludidas.?.-e) T.�a en la discusi�n ante dicha C�mara de Senadores, se insisti� marcadamente en el mencionado prop�sito, como se puede leer en el Diario de Debates correspondiente (n�mero 15, 22 de abril de 1996).-Como se ve, la voluntad del legislador en el sentido de no aplicar las normas nuevas a ninguna persona que haya contra�do deudas con antelaci�n a la vigencia de la reforma, es manifiesta e indudable; y si bien es cierto que durante el proceso legislativo oper� un cambio en la redacci�n de los transitorios, que en rigor podr�a entenderse como restrictivo, dado que de ?obligaciones contra�das? que se utilizaban en su primer texto, que es una expresi�n de mayor amplitud, se sustituy� por ?cr�ditos contratados? que pueden dar la idea de un contenido menor, tambi�n es verdad que el seguimiento cuidadoso de la circunstancia y de los detalles con los que se desarroll� y culmin� la iniciativa, se advierte que el legislador no tuvo la intenci�n, en momento alguno, de limitar o reducir la extensi�n de la idea original, sino m�s bien la de aclarar con el nuevo enunciado, que a los deudores de la banca tampoco les ser�a aplicable la reforma.-Partiendo de la premisa de que el art�culo transitorio excluye a todas las obligaciones que sean anteriores a la fecha en que la reforma entr� en vigor, se concluye que en cualquier procedimiento o instancia en que se ventilen cuestiones referentes a tales obligaciones, incluso en el procedimiento de ejecuci�n de las sentencias, la ley aplicable ser� la que estaba vigente antes de la reiterada reforma.-Consecuentemente, si la acci�n ejercitada en el juicio natural por la empresa tercera perjudicada, es con motivo de un pagar� que dicen los quejosos fue otorgado en garant�a del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato innominado del suministro de mercanc�a, a cargo de los demandados, otorgado con anterioridad a la vigencia del decreto de reformas mencionado, es claro que no son aplicables al juicio natural las nuevas normas del procedimiento, porque la obligaci�n contenida en el documento fundatorio se contrajo con anterioridad.-Por otra parte, no se puede interpretar la norma transitoria, bajo el principio rector de la aplicaci�n de la ley procesal en el tiempo, porque en la redacci�n de �sta, y de lo que se lleva analizado sobre la intenci�n del legislador, se advierte claramente que quiso excluir de la aplicaci�n de la reforma, a situaciones f�cticas, de derecho sustantivo, y no solamente procesales.-El principio procesal citado, se explicar� como sigue: La circunstancia de que en cierta fecha se celebre alg�n acto jur�dico en relaci�n con derechos sustantivos, no tiene como consecuencia que las partes adquieran el derecho a que los conflictos que surjan con motivo de tal acto se tramiten y resuelvan conforme a las leyes procesales vigentes en la fecha del acto jur�dico, sino que la ley procesal aplicable en cualquier negocio judicial, lo es la que est� vigente cuando se inicia el proceso o procedimiento ante los tribunales; y a�n m�s, si durante la secuencia procedimental se modifican las reglas adjetivas, los actos realizados conservar�n su validez, pero las actuaciones subsecuentes a la entrada en vigor de las nuevas reglas se regir�n por �stas, sin que con ello se infrinja el art�culo 14 constitucional, en raz�n de que, como ya se precis�, las normas que establecen las formas y requisitos procesales, no pueden generar derechos adquiridos, sino cuando han sido aplicados en cada acto procesal concreto, y por otra parte, porque al aplicarse los nuevos c�nones adjetivos en las actuaciones que se practiquen durante su vigencia, no obran sobre el pasado.-Sin embargo los principios doctrinales ceden ante los principios espec�ficos del derecho positivo, ya que en el caso, el legislador sujet� la aplicabilidad de la reforma a las fechas en que hayan nacido los derechos sustantivos que sean materia del procedimiento, seg�n se vio.-De ese modo, no obstante que el susodicho transitorio no est� de acuerdo con los lineamientos de la ciencia del derecho procesal ni acorde con los lineamientos dados en lo general por la jurisprudencia, esto no constituye raz�n suficiente para apartarse de la norma positiva.-En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis sustentada por la otrora Cuarta S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, T.o CXXVI, p�gina 73, del sumario: ?INTERPRETACI�N DE LA LEY.-Las leyes deben ser interpretadas en los casos en que su sentido es oscuro, lo que obliga al juzgador a desentra�ar su significado haciendo uso de los distintos sistemas de interpretaci�n que la doctrina ha elaborado, pero no es procedente pretender que deban interpretarse aquellas normas cuyo sentido es absolutamente claro, pues a ello se opone la garant�a establecida en el cuarto p�rrafo del art�culo 14 constitucional, que manda que las sentencias deben ser conforme a la letra de la ley, ya que lo contrario lleva al juzgador a desempe�ar el papel del legislador creando nuevas normas a pretexto de interpretar las existentes, lo que carece de todo fundamento legal.?.-En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violaci�n, sin que se est� en el caso de suplir la queja en t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n VI, de la Ley de Amparo, procede negar la protecci�n federal solicitada.

TERCERO

De las transcripciones anteriores, se llega al conocimiento de que existe la contradicci�n de tesis denunciada, en virtud de que los Tribunales Colegiados involucrados, examinaron cuestiones jur�dicas similares; y, al resolver, adoptaron criterios discrepantes.

En efecto, mientras que los tribunales denunciantes (Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito), interpretando la disposici�n contenida en el art�culo primero transitorio del decreto que reform� diversas disposiciones, entre otras, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y del C�digo de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, condicionan la excepci�n de aplicabilidad de tales reformas, en cuanto a la naturaleza y origen de los cr�ditos.

En tanto, los otros dos tribunales involucrados (Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Octavo Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito) sostienen que tal art�culo primero transitorio, excluye la aplicabilidad de las reformas, a todas las obligaciones sin excepci�n alguna, que sean anteriores a la fecha de entrada en vigor de tales reformas.

CUARTO

Para determinar la tesis que debe prevalecer al respecto, resulta necesario atender a lo dispuesto en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n en fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, el cual, en forma �ntegra ofrece la siguiente redacci�n:

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la Rep�blica.-Ernesto Z.P. de Le�n, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el Honorable Congreso de la Uni�n, se ha servido dirigirme el siguiente -Decreto- El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; de la Ley Org�nica de Nacional Financiera; del C�digo de Comercio; de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito; y del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal.-Art�culo primero. Se reforman los art�culos 12; 35; 36; 38; 39; 41; 42; 43; 47; 53; 56; 57; 58; 59; 62, fracciones II y IV; 65; 71; 72; 73, fracci�n IV; 81; 87; 88; 89; 90; 95; 96; 97; 99; 104; 106; 108; 109; 111; 112; 113; 114, fracci�n I; 116; 118; 120; 121; 123; 124; 125; 128; 129; 130; 137, fracciones I, II y IV; 137 bis, primer p�rrafo y fracciones III, IV y V; 139; 140, fracciones III, V y VI; 141; 142; 149; 154; 160; 163, tercero y cuarto p�rrafos; 165; 166; 167; 168; 171, tercer p�rrafo; 190; 201; 202; 214; 240, primer p�rrafo; 255, fracciones II y V; 257; 260; 261; 262; 264; 266; 267; 268; 270; 271, tercero y cuarto p�rrafos; 272 C; 272 G; 290; 291; 298; 300; 301; 308; 310; 313; 324; 327, fracci�n I; 340; 346; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 357; 359; 398, fracci�n II; 426, fracci�n I; 468; 469; 470; 471; 476; 479; 481; 483; 484; 486; 487; 488; 515; 531; 546; 582, primer p�rrafo; 583; 654; 684; 685; 690; 691; 692; 693; 694; 696; 697; 698; 702; 703; 704; 705; 706; 708; 709; 712; 713; 714; 725; 726; 896; y los art�culos 2o.; 5o.; 16, primero y tercer p�rrafos; 17; 20, fracciones I y III; 21; 47, del T�tulo Especial, de la Justicia de Paz; y se adicionan un segundo p�rrafo al art�culo 63; un tercer p�rrafo al art�culo 72; un segundo p�rrafo y cuatro fracciones al art�culo 105; un cuarto, quinto, sexto, s�ptimo y octavo p�rrafos al art�culo 112; una s�ptima fracci�n al art�culo 140; un segundo p�rrafo al art�culo 212; un segundo p�rrafo a la fracci�n V, y una octava fracci�n al art�culo 255; una sexta fracci�n al art�culo 426; un segundo p�rrafo al art�culo 797, pasando el actual segundo a ser tercero; se derogan los art�culos 263; 272 B; 478; y 20, fracciones IV a VII; 22 y 39 del T�tulo Especial, de la Justicia de Paz; as� como las denominaciones existentes entre los art�culos 261 y 262, 264 y 265, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para quedar como sigue: ... Art�culo segundo. ... Art�culo tercero. Se reforman los siguientes art�culos 1o.; 2o.; 1054; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1061; 1062; 1063; 1072; 1075; 1076; 1077; 1079, fracciones I a VI; 1080; 1082; 1090; 1094, fracciones II y III; 1096; 1097; 1098; 1099; 1100; 1101, 1102; 1103; 1111; 1114, 1115; 1116; 1117; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 1125; 1126; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; 1132, primer p�rrafo; 1133; 1134; 1135; 1139; 1140; 1144; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151, fracciones I y V; 1152; 1153; 1154, 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163, 1164; 1165; 1166; 1167; 1174; 1183; 1184; 1185; 1186; 1189; 1190; 1193; 1198; 1201; 1202; 1203; 1205; 1207; 1214; 1215; 1216; 1217; 1219; 1220; 1232, fracci�n I; 1234; 1236; 1241; 1242, 1243; 1247; 1250; 1252; 1253; 1254; 1255; 1256; 1257; 1258; 1261; 1262; 1263; 1264; 1265; 1268; 1269; 1271; 1303, fracci�n I; 1307; 1310; 1312; 1314; 1318; 1319; 1334; 1335; 1336; 1337, fracci�n II; 1339, fracci�n II; 1343; 1344; 1345; 1348; 1349; 1350; 1351; 1352; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1360; 1361; 1372; 1377; 1378; 1380, primer p�rrafo; 1383; 1384, 1385; 1386; 1387; 1388; 1391, fracciones IV, V y VI; 1392; 1393; 1394; 1399; 1400; 1401; 1403, �ltimo p�rrafo; 1404; 1405; 1406 y 1414; as� como la denominaci�n de los cap�tulos XXIV y XXVI del t�tulo primero del libro quinto; se adicionan una cuarta y quinta fracciones al art�culo 1061; un segundo, tercero y cuarto p�rrafos al art�culo 1067; un segundo p�rrafo con seis fracciones al art�culo 1068; un tercero, cuarto, quinto, sexto y s�ptimo p�rrafos al art�culo 1069; un segundo p�rrafo al art�culo 1070; un segundo p�rrafo con cuatro fracciones y un tercer y cuarto p�rrafos al art�culo 1071; una quinta fracci�n al art�culo 1084; una fracci�n VI al art�culo 1094; una quinta, sexta, s�ptima y octava fracciones al art�culo 1151; un segundo p�rrafo al art�culo 1209; un segundo p�rrafo al art�culo 1249; un segundo, tercero y cuarto p�rrafos al art�culo 1259; un segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto p�rrafos al art�culo 1272; una fracci�n tercera al art�culo 1337; una fracci�n octava al art�culo 1391; un primero y segundo p�rrafos al art�culo 1394, as� como el nombre al cap�tulo VIII del t�tulo primero del libro quinto, y se derogan las fracciones s�ptima y octava del art�culo 1079, y el art�culo 1309, del C�digo de Comercio, para quedar como sigue: ... Art�culo cuarto. Se reforma el art�culo 348, cuarto p�rrafo y se adiciona un quinto p�rrafo de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, para quedar como sigue: ... Art�culo quinto. ... Transitorios. Primero. Las reformas previstas en los art�culos 1o. y 3o., del presente decreto, entrar�n en vigor sesenta d�as despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n y no ser�n aplicables a persona alguna que tenga contratados cr�ditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. Tampoco ser�n aplicables trat�ndose de la novaci�n o reestructuraci�n de cr�ditos contra�dos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto.-Segundo. La reforma prevista en el art�culo segundo entrar� en vigor al mismo tiempo que la legislaci�n respectiva del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que regule el funcionamiento del Fondo de Administraci�n de Justicia para el Distrito Federal.-Tercero. La reforma prevista en el art�culo cuarto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n y ser� aplicable a fideicomisos que se celebren con posterioridad a dicha entrada en vigor, y sin que estos fideicomisos puedan ser instrumentos para novar cr�ditos contra�dos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto.-Cuarto. Las reformas previstas en el art�culo quinto entrar�n en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n.-M�xico, D.F., a 29 de abril de 1996.-Sen. M.A.�n V., presidente.-Dip. Ma. C.E.L., presidente.-Sen. Ra�l J.V., secretario.-Dip. J.�s C.H.�ndez M.�nez, secretario.-R�bricas.-En cumplimiento a lo dispuesto por la fracci�n I del art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los veinti�n d�as del mes de mayo del a�o de mil novecientos noventa y seis. E.Z.P. de Le�n.-R�brica.-El secretario de Gobernaci�n, E.C.C.�brica.

Como se advierte, en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, se incluy� una serie de reformas, adiciones y derogaciones a diversos ordenamientos, tales como al C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a la Ley Org�nica de Nacional Financiera, al C�digo de Comercio, a la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito y al C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal.

La entrada en vigor de las modificaciones a la Ley Org�nica de Nacional Financiera, a la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito y al C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, se encuentra regida por los art�culos segundo, tercero y cuarto transitorios del decreto de referencia.

En cambio, las reformas al C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal as� como a las relativas del C�digo de Comercio, contenidas respectivamente en los numerales primero y tercero del decreto multicitado, se rigen por el art�culo primero transitorio que prev� conjuntamente, que entrar�an en vigor sesenta d�as despu�s de su publicaci�n y que no ser�an aplicables a persona alguna que tenga contratados cr�ditos con anterioridad, ni tampoco ser�an aplicables trat�ndose de la novaci�n o reestructuraci�n de cr�ditos contra�dos con anterioridad a la entrada en vigor del propio decreto.

As�, la hip�tesis com�n que ofrece el art�culo primero transitorio y que es punto de partida para la aplicabilidad o no de las modificaciones correspondientes, proh�be que su invocaci�n se lleve a cabo con anterioridad a su vigencia -lo que ocurrir�a una vez transcurridos sesenta d�as desde su publicaci�n-, cuando el negocio verse, en concreto, sobre cr�ditos contratados con anterioridad, caso en el que aun y cuando tales cr�ditos se novaran o reestructuraran, no ser�an aplicables las reformas.

Es de destacar que de la alusi�n gen�rica de las locuciones contratados cr�ditos y cr�ditos contra�dos, as� como su integraci�n positiva en el numeral transitorio en cita, no se desprende el establecimiento de casos de excepci�n.

De donde se llega al conocimiento, que tal decreto se refiere a todos aquellos derechos personales que por su propia naturaleza implican el cumplimiento de obligaciones de car�cter pecuniario que el acreedor puede exigir de su deudor mediante el ejercicio de las acciones jurisdiccionales respectivas; siempre y cuando, se hayan pactado tales cr�ditos, previamente a la entrada en vigor de las modificaciones.

No debe pasarse por alto tampoco, que el art�culo primero transitorio del decreto mencionado, otorga similar tratamiento para la operancia de inaplicabilidad, tanto a las reformas al C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal como a las del C�digo de Comercio, lo que indudablemente patentiza la inclusi�n, en el supuesto, de un conjunto ilimitado de cr�ditos y no privativamente, a aquellos contra�dos con instituciones financieras, bancarias o de �ndole similar.

El anterior criterio, ya fue sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de laNaci�n, al resolver la contradicci�n de tesis 28/97, entre las sustentadas por el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito y los Tribunales Colegiados S�ptimo en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo del D�cimo Sexto Circuito, en sesi�n de diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos, siendo ponente el M.J.V.C. y C., y secretario el licenciado R.J.O.P..

Al resolverla, se sustent� la jurisprudencia 41/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Novena �poca, T.V., agosto, 1998, p�gina 129, toda vez que ya se public� desde el ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, con el siguiente rubro y texto:

CR�DITOS CONTRATADOS CON ANTERIORIDAD, NOVACI�N O REESTRUCTURACI�N DE LOS MISMOS. INAPLICABILIDAD DEL ART�CULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN FECHA VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS DEL C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.-El art�culo primero transitorio del decreto de reformas al C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n en fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, prev� conjuntamente, por un lado, que aquellas entrar�an en vigor sesenta d�as despu�s de su publicaci�n; por el otro, que no ser�an aplicables a persona alguna que tenga contratados cr�ditos con anterioridad; y finalmente, que tampoco ser�an aplicables trat�ndose de la novaci�n o reestructuraci�n de cr�ditos contra�dos con anterioridad a la entrada en vigor del propio decreto. De la anterior redacci�n se obtiene la hip�tesis com�n que es punto de partida para la aplicabilidad o no de las modificaciones correspondientes y que consiste indudablemente en que el negocio verse sobre cr�ditos contratados con anterioridad a la vigencia, caso en el que aun y cuando tales cr�ditos se novaran o reestructuraran, no ser�an aplicables las mencionadas reformas. La alusi�n gen�rica de las locuciones contratados cr�ditos y cr�ditos contra�dos, as� como su integraci�n positiva en el numeral transitorio en cita, del que no se desprende el establecimiento de casos de excepci�n, conlleva a esta S. a concluir, que se contempla a todos aquellos derechos personales que por su propia naturaleza implican el cumplimiento de obligaciones de car�cter pecuniario que el acreedor puede exigir de su deudor mediante el ejercicio de las acciones jurisdiccionales respectivas, siempre y cuando se hayan pactado tales cr�ditos previamente a la entrada en vigor de las modificaciones; y no se hace referencia, privativamente, a los cr�ditos celebrados con instituciones bancarias.

En dicha contradicci�n 28/97, el punto de contradicci�n, similar al que aqu� se analiza, se resumi� en lo siguiente:

"... los �rganos colegiados citados primigeniamente, coinciden en sostener en lo fundamental, que la inaplicabilidad de las reformas a que hace referencia el art�culo primero transitorio del decreto que modific� diversos preceptos del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n en fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, opera respecto de toda clase de cr�ditos que implican la existencia de un derecho en favor del acreedor para exigir del deudor una cantidad de dinero y no exclusivamente en relaci�n con aquellos cr�ditos pactados con instituciones bancarias; el cuerpo jurisdiccional referido subsiguientemente, considera que el legislador, al establecer en el art�culo primero transitorio del decreto de reformas aludido, la circunstancia excepcional para la no aplicaci�n de las reformas, pretendi� delimitar, en ese supuesto, exclusivamente a los cr�ditos contra�dos con las instituciones bancarias ..."

Como se advierte, id�ntico motivo de contradicci�n al ya resuelto se plantea aqu�, pues -como se dijo- mientras que los tribunales denunciantes interpretando la disposici�n contenida en el mismo art�culo primero transitorio del decreto reformatorio mencionado, sostienen que la excepci�n de aplicabilidad de tales reformas, est� condicionada a la naturaleza y origen de los cr�ditos.

En tanto, los otros dos tribunales involucrados sostienen que dicho art�culo primero transitorio, excluye la aplicabilidad de las reformas, a todas las obligaciones sin excepci�n alguna, siempre que sean anteriores a la fecha de entrada en vigor de las mismas.

Como la cuesti�n planteada es similar a la resuelta en la contradicci�n de tesis mencionada, conllevar�a a declarar sin materia la que aqu� se resuelve.

Sin embargo, dado que la tesis surgida de aqu�lla, particulariza la interpretaci�n del precepto transitorio, a la inaplicabilidad exclusivamente de las reformas al C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, siendo que tambi�n rige para las efectuadas al C�digo de Comercio (que aun cuando as� se precis� en esa resoluci�n, no se reflej� en la jurisprudencia sustentada) se hace necesario entonces, pronunciarse tambi�n al respecto.

Esto es comprensible, si se toma en cuenta que el referido art�culo primero transitorio del decreto que reform� diversas disposiciones legales a que se ha hecho referencia, dispone que "... Las reformas previstas en los art�culos 1o. (C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal) y 3o. (C�digo de Comercio) del presente decreto, entrar�n en vigor sesenta d�as despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n y no ser�n aplicables a persona alguna que tenga contratados cr�ditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. Tampoco ser�n aplicables trat�ndose de la novaci�n o reestructuraci�n de cr�ditos contra�dos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto.".

De tal suerte que en la interpretaci�n que se haga a lo dispuesto por el referido art�culo primero transitorio (que es la materia de esta contradicci�n) tal estudio involucra las reformas tanto al C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, como para el C�digo de Comercio, pues dicho transitorio rige las efectuadas a ambos ordenamientos legales, con una hip�tesis com�n para su inaplicabilidad en trat�ndose de negocios que versen sobre cr�ditos contratados, novados o reestructurados, con anterioridad a la entrada en vigor de tales reformas.

En m�rito a todo lo asentado; y, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo, la tesis jurisprudencial que sustenta esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, debe quedar anotada con los siguientes rubro y texto:

CR�DITOS CONTRATADOS, NOVADOS O REESTRUCTURADOS CON ANTERIORIDAD, INAPLICABILIDAD DE LAS REFORMAS AL C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y C�DIGO DE COMERCIO (ART�CULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EL VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS).-El art�culo primero transitorio del decreto de reformas al C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y al C�digo de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, prev� conjuntamente, por un lado, que aqu�llas entrar�an en vigor sesenta d�as despu�s de su publicaci�n; por el otro, que no ser�an aplicables a persona alguna que tenga contratados cr�ditos con anterioridad; y finalmente, que tampoco ser�an aplicables trat�ndose de la novaci�n o reestructuraci�n de cr�ditos contra�dos con anterioridad a la entrada en vigor del propio decreto. De la anterior redacci�n se obtiene la hip�tesis com�n que es punto de partida para la aplicabilidad o no de las modificaciones correspondientes a ambos ordenamientos legales, y que consiste indudablemente en que el negocio verse sobre cr�ditos contratados con anterioridad a la vigencia, caso en el que aun y cuando tales cr�ditos se novaran o reestructuraran, no ser�an aplicables las mencionadas reformas. La alusi�n gen�rica de las locuciones contratados cr�ditos y cr�ditos contra�dos, as� como su integraci�n positiva en el numeral transitorio en cita, del que no se desprende el establecimiento de casos de excepci�n, conlleva a esta S. a concluir, que se contempla a todos aquellos derechos personales que por su propia naturaleza implican el cumplimiento de obligaciones de car�cter pecuniario que el acreedor puede exigir de su deudor mediante el ejercicio de las acciones jurisdiccionales respectivas, siempre y cuando se hayan pactado tales cr�ditos previamente a la entrada en vigor de las modificaciones; y no se hace referencia, privativamente, a los cr�ditos celebrados con instituciones bancarias.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

Existe contradicci�n entre el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contra los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Octavo Circuito, y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver, respectivamente, el amparo en revisi�n 29/97; amparo directo 1105/97; amparo directo 530/96; y, amparo directo 6784/96, denunciada por los dos primeros tribunales mencionados.

SEGUNDO

En el tema de contradicci�n, debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, la tesis de esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyo rubro y texto quedaron anotados en el �ltimo considerando de esta ejecutoria.

TERCERO

Rem�tase de inmediato la tesis que se sustenta en la presente resoluci�n, a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis, para su publicaci�n �ntegra en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como a las S.s de este Alto Tribunal, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese y c�mplase; con testimonio de esta resoluci�n, comun�quese a los Tribunales Colegiados sustentantes y, en su oportunidad, arch�vese este toca 37/97.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: Jos� de J.�s G.�o P. (ponente), J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente en funciones J.V.C. y C.. Ausente: el M.H.R.P..