Ejecutoria num. 2a./J. 5/99 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828487

Ejecutoria num. 2a./J. 5/99 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 5/99
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 1999
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.SOLAR URBANO NO TITULADO, EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS POR SU TENENCIA.SOLAR URBANO NO TITULADO. LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN POR SU TENENCIA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 17/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el punto segundo del Acuerdo Plenario N�mero 1/1997 de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en virtud de que se trata de una denuncia de posible contradicci�n de tesis sustentada sobre materia agraria.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formul� uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que, al parecer, sustentan tesis contradictorias, a saber, el Magistrado presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito.

TERCERO

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar por mayor�a de votos el amparo directo n�mero 28/93 promovido por M.�s M.G.�a, mediante resoluci�n de treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y tres, expuso las consideraciones que son del siguiente tenor:

PRIMERO. La existencia de los actos reclamados qued� acreditada con los autos del expediente TUA 272/15/93 que remiti� el tribunal responsable como informe justificado. SEGUNDO. El acuerdo que se impugna, dice: ?Por recibido el escrito con n�mero de entrada 590 de fecha seis de abril del a�o en curso, signado por el C. M.�s M.G.�a, mediante el cual se presenta ante este Tribunal Unitario Agrario, Distrito Quince a demandar al C.A.C.�s U.�a, por la tenencia del lote urbano que afirma le corresponde al compareciente, el cual se ubica en el ejido de Verde, Municipio de El Salto, Jalisco, el cual describe en el escrito de cuenta. Del an�lisis a la demanda y documentaci�n que anexa a la misma, se llega al conocimiento, de que la v�a y acci�n propuesta, no est� ajustada a derecho, apareciendo que resulta notoriamente improcedente, ya que el predio respecto del cual se trata, es un lote parte constitutiva de la zona urbana del ejido ya mencionado y de acuerdo a la Ley Agraria en vigor, en su art�culo 44 dispone que �Para los efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en: I. Tierras para el asentamiento humano; II. Tierras de uso com�n; y, III. Tierras parceladas.�. Y en cuanto a la primera fracci�n el diverso 63 especifica que �Las tierras destinadas al asentamiento humano integran el �rea necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que est� compuesta por los terrenos en que se ubique la zona urbanizaci�n y su fundo legal.�. Asimismo el �ltimo p�rrafo del 68 expresa �... Cuando se trate de ejidos en los que est� constituida la zona de urbanizaci�n y los solares ya hubieren sido asignados, los t�tulos se expedir�n en favor de sus leg�timos poseedores.�. Y de conformidad al art�culo 56 es facultad de la asamblea de cada ejido con las formalidades previstas a tal efecto en los art�culos 24 a 28 y 31 de esta ley el poder determinar el destino de las tierras que no est�n formalmente parceladas; consecuentemente podr� destinarlas al asentamiento humano; y en relaci�n a todo ello, el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificaci�n de Derechos Ejidales y Titulaci�n de Solares resulta aplicable en cuanto al procedimiento a seguir en la especie y en concreto los art�culos 47 fracci�n I, 48 fracci�n V, 52 y dem�s relativos del citado reglamento. En el presente caso acorde con lo antes expuesto es la asamblea ejidal la que debe tratar y resolverlo, con las atribuciones que le confiere la ley de la materia, adminiculado a que el art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, en ninguno de sus apartados les otorga competencia para conocer de este tipo de asunto, m�xime tambi�n que si en el caso ya existe certificado de derecho a solar urbano o que a futuro expida el Registro Agrario Nacional, los actos subsecuentes ser�n regulados por el derecho com�n, seg�n reza el precepto 69 del ordenamiento jur�dico invocado, adem�s si se tratara en la especie de alg�n il�cito ser� la autoridad judicial quien deba conocer del presente caso; por lo tanto, resulta evidente desechar por improcedente la demanda ahora promovida.?. TERCERO. El quejoso expresa los siguientes conceptos de violaci�n: ?Primero. Me causa agravios la autoridad responsable al no darle entrada a mi demanda violando en mi perjuicio el art�culo 14 constitucional el cual me da el derecho de garant�a de audiencia, as� como el derecho protegido que comprende la vida, la libertad, propiedades, posesiones y derechos, con lo cual se abarca toda clase de privaci�n, pudiendo destacarse la relativa a la posesi�n, en virtud de que seg�n la jurisprudencia, se tutela la simple detentaci�n de bienes sin perjuicio de su calificaci�n jur�dica posterior a trav�s de un proceso ordinario, acorde al concepto cl�sico del interdicto posesorio. Segundo. La responsable, viola en mi perjuicio el art�culo 16 constitucional, porque nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Fui afectado en mis intereses particulares por no existir un procedimiento fundado y apoyado en la ley, la responsable dict� un acuerdo que carece de base de sustentaci�n y se convierte en arbitrario. De ah� que la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Naci�n exprese que las autoridades no tienen m�s facultades que las otorgadas por una ley, porque de no ser as�, ser�a f�cil suponer impl�citas todas las necesarias para sostener actos que puedan convertirse en arbitrarios. Tercero. Por otra parte, la responsable viola en mi perjuicio el art�culo 18, fracciones V y VI de la Ley Agraria en vigor que a la letra dice: �Art. 18. Los Tribunales Unitarios conocer�n, por raz�n del territorio, de las controversias que se les planteen con relaci�n a tierras ubicadas dentro de su jurisdicci�n, conforme a la competencia que les confiere este art�culo ... fracci�n V. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; fracci�n VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre s�; as� como las que se susciten entre �stos y los �rganos del n�cleo de poblaci�n.�. Es obvio, que los �nicos autorizados para aplicar la Ley Agraria en los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra ejidal, es y debe ser, los Tribunales Unitarios Agrarios y no como lo manifiesta la responsable, que debe ser la asamblea ejidal del ejido El Verde, quien debe decidir sobre esta controversia judicial que hoy tengo con el se�or A.C.�s U.�a, porque entonces dicha asamblea ejidal se convertir�a en J. y parte, adem�s de que las asambleas ejidales no se les ha revestido de jurisdicci�n para decidir controversias de car�cter judicial que se les planteen, debo aclarar que, el ejido El Verde conoce del conflicto ejidal que tengo con el hoy tercer perjudicado, y nos ha llamado a esclarecer y tratar de dar soluci�n a nuestro problema, pero, esto ha sido in�til, raz�n por la cual me v� precisado a recurrir a la autoridad competente para hacer valer mis derechos y considero que es el Tribunal Unitario Agrario, Distrito Quince el que debe conocer de esta controversia que existe y resolver qui�n es el que tiene mejor derecho o que est� apegado a la ley.?. CUARTO. Por ser una cuesti�n de orden p�blico, es procedente analizar, previamente a la cuesti�n de fondo planteada, la causal de improcedencia aducida por el tercero perjudicado A.C.�s U.�a en su escrito presentado ante este Tribunal Colegiado el dos de agosto de mil novecientos noventa y tres (fojas 54 a 55). El citado tercero perjudicado alega la improcedencia de este juicio de amparo, porque, dice, es falso que el quejoso sea el propietario del terreno materia de la controversia, lo cual, seg�n se�ala, demostrar� en su oportunidad. La circunstancia de que est� o no acreditada la propiedad del quejoso respecto del terreno en cuesti�n, no es motivo para sobreseer en este juicio, pues ello es ajeno a la litis, que consiste en resolver sobre la constitucionalidad del auto de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, pronunciado por el Tribunal Unitario Agrario, Distrito D�cimo Quinto, para lo cual el tema de la propiedad y posesi�n de ese terreno no influye en nada, dado que el punto medular es la competencia o incompetencia del �rgano jurisdiccional mencionado para conocer del asunto. En tales condiciones, no ha lugar a sobreseer por tales motivos. QUINTO. Es fundado el alegato en que se aduce violaci�n al art�culo 18, fracci�n VI, de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios. En efecto, en el acuerdo combatido de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito D�cimo Quinto, desech� por improcedente la demanda promovida por M.�s M.G.�a, bajo las consideraciones siguientes: que el predio de que se trata es parte constitutiva de la zona urbana ejidal, por lo que corresponde tratar y resolver el caso, a la asamblea, pues conforme al art�culo 56 de la Ley Agraria, puede determinar el destino de las tierras que no est�n formalmente parceladas, consecuentemente, dijo, podr� destinarlas al asentamiento humano; que resultan aplicables en cuanto al procedimiento a seguir, los art�culos 47, fracci�n I, 48, fracci�n V, 52 y dem�s relativos del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificaci�n de Derechos Ejidales y Titulaci�n de Solares; que lo anterior se adminicula a que el art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, no otorga competencia a ese Tribunal Unitario para conocer de ese tipo de asuntos, y ?... que si en el caso ya existe certificado de derechos a solar urbano o que a futuro expida el Registro Agrario Nacional, los actos subsecuentes ser�n regulados por el derecho com�n, seg�n reza el precepto 69 del ordenamiento jur�dico invocado ...?; por �ltimo, agreg�, que si se tratara de alg�n il�cito ser� la autoridad judicial quien deba conocer. Aun cuando es verdad que el art�culo 45 de la Ley Agraria faculta a la asamblea de cada ejido, para determinar el destino de las tierras que no est�n formalmente parceladas, y puede dedicarlas al asentamiento humano, sin embargo, esa facultad de ninguna manera significa que deba resolver conflictos sobre su tenencia, entre ejidatarios, comuneros, avecindados o posesionarios, pues son cuestiones enteramente distintas. La primera se refiere al uso que deber� darse a las tierras no parceladas formalmente, en tanto que la segunda, a los conflictos que surjan sobre la posesi�n de la tierra, y como en el caso no se trata de delimitar ni destinar tierras ejidales para el asentamiento humano o para cualquier otro fin, sino de resolver sobre un problema de tenencia de un solar urbano, no resultan aplicables los art�culos invocados por la responsable del reglamento en materia de certificaci�n de derechos ejidales y titulaci�n de solares, pues tratan sobre la primera de esas cuestiones. A mayor abundamiento cabe se�alar que ning�n precepto de la Ley Agraria faculta a la asamblea ejidal para resolver conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, y s�, en cambio, esa facultad, como se aduce en los conceptos de violaci�n, y contrariamente a lo sostenido en la resoluci�n que se revisa, est� otorgada a los Tribunales Unitarios, por lo que ve al caso que nos ocupa, concretamente en la fracci�n VI del art�culo 18 de la ley org�nica que los rige, pues se trata de una controversia en materia agraria, por disputarse la posesi�n de un solar urbano ejidal, entre avecindados. Tampoco resulta aplicable el art�culo 69 de la Ley Agraria, que dispone que los actos jur�dicos subsecuentes a la expedici�n de los t�tulos de solar, se regir�n por el derecho com�n, pues no est� demostrado, ni se se�ala siquiera, que el solar materia del conflicto haya sido titulado. Por �ltimo, si de los hechos a que se refiere la demanda presentada por M.�s M.G.�a ante el Tribunal Unitario Agrario, se desprendiera la comisi�n de un il�cito, efectivamente corresponder�a su conocimiento a otra autoridad, sin embargo, el planteamiento de este escrito se refiere a un conflicto por la tenencia de un solar ejidal, del que debe conocer el Tribunal Unitario Agrario por las razones que se se�alaron. Al haber inadvertido lo anterior, el Tribunal Unitario Agrario viol�, en perjuicio del quejoso, las garant�as de seguridad jur�dica establecidas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, por lo cual procede otorgarle el amparo que solicit� para el efecto de que esa autoridad deje insubsistente el auto combatido y pronuncie uno diverso en el que atienda los lineamientos de esta ejecutoria.

El mencionado criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, fue plasmado en la tesis publicada en la p�gina 985, Tomo XII, diciembre de 1993, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n que a la letra dice:

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SURGIDOS ENTRE AVECINDADOS CON MOTIVO DE LA TENENCIA DE SOLARES URBANOS NO TITULADOS. En t�rminos del art�culo 18, fracci�n VI, de la Ley Org�nica de los Tribunales Unitarios Agrarios, y 69 de la Ley Agraria, la competencia para conocer de conflictos que se susciten entre avecindados, con motivo de la tenencia de un solar urbano no titulado, se surte en favor de dichos �rganos jurisdiccionales, en virtud de que tales controversias a�n son de naturaleza agraria y se disputa el mejor derecho a poseer la tierra.

Cabe precisar que el voto particular que formul� el Magistrado R.C.C.�s en el asunto antes descrito, se circunscribi� a considerar que debi� negarse la protecci�n constitucional concedida al quejoso porque los conceptos de violaci�n planteados son infundados e inconducentes, dado que el acto que se reclama s� est� fundado y motivado por un lado y por el otro, las inconformidades expuestas no logran desvirtuar las consideraciones jur�dicas por las cuales el Tribunal Unitario Agrario se consider� incompetente.

CUARTO

Las consideraciones expuestas por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, en la ejecutoria que dict� al resolver el juicio de amparo directo n�mero 692/97 promovido por H.G.B., resuelto el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, son las siguientes:

"PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, es competente para conocer del presente negocio, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 107 fracci�n VI, de la Constituci�n Federal, en relaci�n con los diversos 158 y 161 de la Ley de Amparo y 37 fracci�n I, inciso b) del cap�tulo III, t�tulo tercero, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, por tratarse de juicio de amparo directo en el que se reclama sentencia definitiva en materia agraria, dictada por autoridad administrativa del orden federal en el Estado de M.�n. SEGUNDO. El acto reclamado es cierto, pues as� lo reconoce la autoridad responsable en su informe justificado y adem�s se desprende del expediente respectivo agrario n�mero 10/96 que remiti� anexo a dicho informe. Los terceros perjudicados fueron debidamente emplazados a juicio, seg�n constancias que obran en autos. TERCERO. La resoluci�n recurrida es del tenor literal siguiente: ?Segundo. La litis consiste en determinar si procede o no el conflicto por la posesi�n de un solar urbano ejidal y como consecuencia la desocupaci�n y entrega del mismo. En la v�a de reconvenci�n la devoluci�n y entrega del solar de m�rito. Tercero. La actora aport� al procedimiento las siguientes pruebas: 1. Documentales que obran en el sumario. 2. Confesional a cargo de la demandada. 3. Testimonial a cargo de V.R.�guez G.�lez, J.A.V.R.�n y V.G.B., as� como los integrantes del Comisariado Ejidal del ejido de �Apatzing�n�. 4. Reconocimiento de firma y contenido del acta del 6 de agosto de 1990. 5. I.�n judicial. 6. Pericial en topograf�a. 7. P. legal y humana. 8. Instrumental de actuaciones. Cuarto. La parte demandada ofreci�: 1. Las documentales que aport�. 2. La confesional a cargo de P.G.F. y H.J.C.�vez. 3. La prueba testimonial a cargo de M.�s R. D�az. Dio contestaci�n a la demanda en los siguientes t�rminos: ... Opuso como excepciones y defensas; ... y reconvino de la siguiente manera ... Quinto. P.G.F. y H.J.C.�vez dieron contestaci�n a la reconvenci�n en los siguientes t�rminos: ... Sexto. El peritaje del ingeniero S.A.M.M.�nez, perito tercero en discordia se rindi� en los siguientes t�rminos: �Cuestionario de la parte actora. 1. El perito identificar� el solar urbano ejidal materia de este juicio, precisando su superficie exacta, sus medidas, sus colindancias y su estado actual. El solar materia del conflicto, se encuentra en el lote 164 de la manzana No. 37, de la colonia El Varillero, en la localidad de Apatzing�n, M.�n. Su superficie es de 373.03 m2. sus medidas y colindancias son las siguientes: al norte: 14.16 m. con la privada de E.V.C.�n y con el se�or V.B.P.. Al sur: 11.85 m., con G.A.R.�guez. Al oriente: 28.74 m., con V.R.�guez Barajas y Clara Landa Jim�nez. Al poniente: 31.96 m., con P.M.A.. Actualmente cuenta con 3 (tres) cuartos, uno de madera con estructura de l�mina de cart�n negra que funciona como cocina, la cual usa la se�ora H.G.B. (ver foto No. 1), un cuarto de firme de concreto pulido, muros de tabique de barro y estructura de l�mina de cart�n negra que la demandada usa como rec�mara (ver fotos No. 2 y 3) y otra construcci�n de piso de concreto pulido, muros de tabique de barro pintados con pintura vin�lica en su exterior, y estructura de l�mina galvanizada (ver foto No. 4) que el actor usa como rec�mara. Cuenta tambi�n con diferentes �rboles frutales (mango, naranjo, lim�n y pl�tano). Respecto a la edad aproximada es la siguiente: para las construcciones de estructura de l�mina de cart�n de aproximadamente de 30 (treinta) a�os, y para la estructura de asbesto es de 20 (veinte) a�os (seg�n declaraciones textuales de las partes). Cabe mencionar que la demandada me indica que el lote conflicto es el . Se anexa plano No. 1 (uno). 2. El perito precisar� la ubicaci�n del solar urbano ejidal materia de este juicio, especificando el n�mero de manzana donde se localiza, colonia, poblado y Municipio. El solar urbano en cuesti�n se localiza en la manzana 37, colonia El Varillero del ejido de Apatzing�n, Municipio de Apatzing�n, M.�n. 3. El perito precisar� si el solar urbano ejidal marcado con el No. 164, materia de este juicio, se encuentra fraccionado y si en el mismo se localiza alguna vivienda, en caso afirmativo deber� de identificar dicha vivienda, especificando el tipo de material con que se encuentra construida y su antig�edad. Sobre el particular se observa que el lote 164 no se encuentra fraccionado, respecto a si en el mismo se localiza alguna vivienda, anexo a la presente la foto (1, 2, 3 y 4), misma que describo en la pregunta No. 1 (uno). 4. El perito determinar� si el solar urbano ejidal No. 164, en controversia forma parte de alg�n otro terreno que perteneciera al original propietario VictorianoGod�nez Barajas, considerando que dicha persona fue el original titular de dicho solar, disposici�n de la asamblea general de ejidatarios del ejido de Apatzing�n, demostrada tal circunstancia con el certificado o t�tulo del solar urbano de referencia que obra a fojas 7 (siete) del sumario. De acuerdo al estudio practicado y a la entrevista con el se�or V.G.B., propietario del certificado No. 25833 de fecha 31 de julio de 1958, se pudo constatar que el predio en controversia formaba parte del solar de este �ltimo. 5. El perito determinar� si el solar urbano ejidal marcado con el No. 164, corresponde al mismo que se encuentra amparado por el t�tulo de derecho a solar urbano No. 25833, asignado al sumario, o en su defecto se trata de terrenos distintos al que es materia de esta controversia. En base a la respuesta anterior se deduce que el solar urbano No. 164, s� se encuentra amparado por el t�tulo de propiedad No. 25833, del se�or V.G.B.. 6. El perito precisar� en su dictamen, las t�cnicas o instrumentos que haya considerado para emitir el dictamen pericial correspondiente. Sobre el particular, le informo que para elaborar dicho dictamen fue necesario levantar dichos predios por el m�todo de y el estudio de los documentos que obran en autos a la fecha. Cuestionario de la parte demandada. 1. Los peritos manifestar�n y determinar�n la existencia de 2 predios numerados 164 y 165, que se describen en el plano de organizaci�n del ejido de . La ubicaci�n es en la manzana No. 37 colonia El Varillero su superficie es de 713.62 m2. Sus medidas y colindancias son las siguientes: al norte: 37.90 m. con V.B.P. y propiedad particular. Al sur: 32.90 m. con G.A.R.�guez. Al oriente: 15.60 m. con la calle I.A.. Al poniente: 28.74 m. con (lote No. 164) P.G.F. y H.B.. 4. Los peritos manifestar�n si el predio que se describe en el plano organizaci�n del ejido de , coincide con la ubicaci�n, medidas y colindancias que tiene el predio urbano ejidal materia de este juicio. Sobre el particular se detecta que el predio en conflicto coincide con la ubicaci�n (L-14, manzana 37), las medidas var�an y un poco y sus colindancias tambi�n, sin embargo el lote en conflicto me fue se�alado por las dos partes, mismos que me proporcionaron sus colindantes actuales. 5. Los peritos manifestar�n si el plano organizaci�n del ejido de , representa la real divisi�n y distribuci�n de predios existentes en la manzana 37, de la colonia El Varillero, de la ciudad de Apatzing�n. Efectivamente en la manzana No. 37, de la colonia El Varillero existen diferencias respecto al plano de organizaci�n del ejido. 6. Los peritos manifestar�n y determinar�n la existencia de predios urbanos ejidales no descritos en la manzana No. 37 de la colonia El Varillero en el ya citado plano. Se pudo notar f�sicamente que hay predios urbanos que no est�n dentro de dicho plano, en particular en la manzana No. 37. 7. Los peritos manifestar�n y determinar�n si el predio urbano ejidal materia del presente juicio se describe en el multicitado plano. Al respecto se pudo constatar que efectivamente el predio en conflicto se encuentra ubicado dentro del citado plano.�. De los dict�menes emitidos por los peritos de la parte actora y del tercero en discordia se desprende que el original propietario del solar urbano motivo de la litis lo fue V.G.B. merced al certificado de derecho a solar urbano n�mero 25833, de fecha 31 de julio de 1958. Que el predio en pleito formaba parte de aqu�l y que sus medidas y colindancias son las que se describen en la respuesta a la pregunta n�mero cuatro del cuestionario de la demandada antes transcrito. Lo que hace prueba plena para este juzgador en virtud de que coinciden el arte y la ciencia de los peritos se�alados con las pruebas desahogadas en autos, entre ellas el reconocimiento judicial que puede verse a fojas 128 a la 133 del expediente, con fundamento en los art�culos 197, 211 y 212 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la Ley Agraria. S�ptimo. Conviene aplicar la siguiente tesis de competencia y los preceptos legales del anterior ordenamiento derogado, pero vigente en el tiempo de los hechos: �TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SURGIDOS ENTRE AVECINDADOS CON MOTIVO DE LA TENENCIA DE SOLARES URBANOS NO TITULADOS. En t�rminos del art�culo 18, fracci�n VI, de la Ley Org�nica de los Tribunales Unitarios Agrarios, y 69 de la Ley Agraria, la competencia para conocer de conflictos que se susciten entre avecindados, con motivo de la tenencia de un solar urbano no titulado, se surte en favor de dichos �rganos jurisdiccionales, en virtud de que tales controversias a�n son de naturaleza agraria y se disputa el mejor derecho a poseer la tierra.� (datos de la tesis). Como es evidente en el criterio transcrito la competencia para conocer de los conflictos suscitados entre avecindados posesionarios y los �rganos de representaci�n del n�cleo, por la posesi�n de una fracci�n de un solar urbano titulado se surte a favor de los tribunales agrarios y en el caso, para que se acredite el mejor derecho para poseer del accionante sobre el solar de m�rito a falta de escritura o testimonio de compraventa y aun de la posesi�n, es menester probar que la asamblea general de ejidatarios le adjudic� el solar en controversia, as� el demandante con las documentales relacionadas en el tercer considerando que antecede prob� actos de dominio que sirven de prueba fundada de que �l es quien tiene mejor derecho para poseer, pues la Ley Agraria en su art�culo 68 establece que los solares ser�n de propiedad plena de sus titulares y que una vez satisfechas las necesidades de los ejidatarios, los solares excedentes podr�n ser arrendados o enajenados por el n�cleo de poblaci�n ejidal a personas que deseen avecindarse, debiendo expedirse los t�tulos en favor de sus leg�timos poseedores, ya que la asamblea general de ejidatarios en sesi�n de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y uno visible a fojas de la 9 a la 13 por unanimidad acord� adjudicar el solar del conflicto a P.G.F., como lo confiesa en forma categ�rica, expresa y voluntaria H.G.B. al dar contestaci�n al hecho cuarto de la demanda entablada en su contra, adminiculada con todas y cada una de las posiciones de las cuales fue declarada confesa en la audiencia de ley (foja 91) de las que se deduce que el original propietario del solar del conflicto lo fue el ejidatario V.G., que la absolvente antes del a�o de 1991, ten�a su domicilio en la finca marcada con el n�mero 558 de la calle E.V.C.�n de la colonia El Varillero en esa ciudad, que ella fue la que se introdujo al solar donde ya viv�a su demandante con su propia familia, que la asamblea le ratific� en su posesi�n al actor en lo principal; lo que hace prueba plena de conformidad con los art�culos 93, 95, 96, 197, 199 y 200 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles en relaci�n con los diversos 2o. y 167 de la Ley Agraria. Es conveniente transcribir los siguientes art�culos de la Ley Federal de la Reforma Agraria que textualmente dicen: �Art. 93. Todo ejidatario tiene derecho a recibir gratuitamente, como patrimonio familiar, un solar en la zona de urbanizaci�n cuya asignaci�n se har� por sorteo. La extensi�n del solar se determinar� atendiendo a las caracter�sticas, usos y costumbres de la regi�n para el establecimiento del hogar campesino, pero en ning�n caso exceder� de 2,500 metros cuadrados. Los solares excedentes podr�n ser arrendados o enajenados a personas que deseen avecindarse, pero en ning�n caso se les permitir� adquirir derechos sobre m�s de un solar, y deber�n ser mexicanos, dedicarse a ocupaci�n �til a la comunidad y estar�n obligados a contribuir para la realizaci�n de obras de beneficio social en favor de la comunidad. El ejidatario o avecindado a quien se haya asignado un solar en la zona de urbanizaci�n y lo pierda o lo enajene, no tendr� derecho a que se le adjudique otro.�, �Art. 95. Los contratos de arrendamiento o de compraventa de solares que el n�cleo de poblaci�n celebre, deber�n ser aprobados en la asamblea general y por la Secretar�a de la Reforma Agraria, la cual vigilar� el exacto cumplimiento de dichos contratos, de acuerdo con los preceptos contenidos en este cap�tulo.�, �Art. 98. El abandono del solar durante un a�o consecutivo, trat�ndose de avecindados y de dos si se trata de ejidatarios, dentro del plazo fijado para la adquisici�n del dominio pleno, implicar� la p�rdida de los derechos de su poseedor, salvo causas de fuerza mayor. El solar se declarar� vacante y la asamblea general podr� disponer de �l; lo adjudicar� preferentemente a ejidatarios que carezcan de solar, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 72 de esta ley, o bien lo vender� o lo dar� en arrendamiento. Los compradores de solares que no llegaren a adquirir el dominio pleno sobre ellos, no podr�n reclamar la devoluci�n de las cantidades que hayan entregado al n�cleo de poblaci�n en pago del precio.�, �Art. 100. La Secretar�a de la Reforma Agraria expedir� los certificados de derecho a solar que garantice la posesi�n, tanto a ejidatarios como a no ejidatarios, y cuando cumpla con todos los requisitos fijados en este cap�tulo se les expedir�n los correspondientes t�tulos de propiedad; �stos se inscribir�n en el Registro Agrario Nacional y en el Registro P�blico de la Propiedad de la entidad correspondiente.�. De su correcta interpretaci�n hermen�utica, nos permite arribar a las siguientes conclusiones: a) Al ejidatario, en primer t�rmino, es a quien le corresponde el derecho al solar urbano, por lo que los excedentes ser�n rentados o enajenados por la asamblea general de ejidatarios a avecindados con los requisitos, entre otros de dedicarse a una ocupaci�n �til a la comunidad y contribuir a las obras de beneficio social, con fama p�blica de buen vecino. b) Los contratos de los actos antes precisados tienen que ser debidamente aprobados en asamblea general y por la SRA (sic) debi�ndose dedar (sic) exacto cumplimiento a dichos contratos. c) La propia ley derogada establec�a como obligaci�n la de construir casa y habitarla en forma personal e impon�a como sanci�n la p�rdida de los derechos de su poseedor cuando abandonara el solar durante un a�o consecutivo; y, c) Para garantizar la posesi�n la SRA expedir� los certificados de derechos a solar y cumpliendo con los requisitos se�alados en el cap�tulo tercero del t�tulo segundo ten�an derecho a que se les expidiera el correspondiente t�tulo de propiedad el cual deb�a inscribirse en el RAN y en el Registro P�blico de la Propiedad en el Estado. Con el palmario (sic) el demandante acredita los supuestos derechos, calidad y autorizaciones necesarias; aun m�s, se hace evidente su mejor derecho a poseer el solar en conflicto desde el a�o de mil novecientos ochenta pues como lo confiesa H.G.F. (sic) en forma expresa y categ�rica, durante ese lapso ella en forma constante estuvo viviendo en otro domicilio, a m�s de que no acredita su calidad de ejidataria o avecindada, ni que su enajenante tuviera tal condici�n, adem�s de que no consta que la asamblea haya aprobado el supuesto contrato verbal de cesi�n de derechos entre ella y su hermana J. de los mismos apellidos, lo que es un hecho notorio es que la demandada no tiene ning�n documento a su nombre que avale, respalde y legitime su ilegal posesi�n lo que hace prueba con fundamento en el art�culo 88 del c�digo federal invocado, posesi�n que se encuentra debidamente probada en autos con los atestes de todos y cada uno de los declarantes durante el desahogo de la testimonial ofrecida por los litigantes, as� como por s� mismos, tanto en el libelo, como en la contestaci�n y en la reconvenci�n; por �ltimo la identidad del bien ha quedado debidamente acreditada con la pericial valorada en el considerando que antecede, por lo que procede declarar el mejor derecho para poseer de P.G.F., consecuentemente la desocupaci�n y entrega del solar urbano de referencia a su favor. Octavo. Respecto a la reconvenci�n �sta es notoriamente improcedente, fr�vola y carente de sustento jur�dico, siendo operantes y conducentes por fundadas las excepciones de falta de derecho para demandar y de falsedad de la demanda reconvencional, toda vez que la actora en esta v�a de propia autoridad y sin derecho alguno se ostenta como cesionaria del solar en litis fundando su pretendido derecho en recibos de servicios a nombre de distintas personas pero jam�s a su nombre careciendo �stos de relevancia jur�dica en t�rminos de los numerales 203 y 210 del c�digo supletorio citado, adem�s hace una apolog�a carente de verdad y comprobaci�n como se puede apreciar en su escrito a fojas 26, 27 y 28 involucrando relaciones personales de su contraparte con su se�ora esposa d�ndole a esta �ltima el trato de �amante� de su sobrino, adem�s de que la prueba confesional a cargo de su contraria la hace consistir fundamentalmente sobre esa circunstancia, tan es as�, que el Magistrado titular desech� las posiciones a ese respecto por no tener relaci�n con la litis (foja 91); las confesionales de su contraria no tienen ning�n valor probatorio ya que en nada perjudican a los absolventes y por �ltimo la testimonial a cargo s�lo de M.�s R. D�az no hace prueba por tratarse de un testigo singular y las partes no convinieron en pasar por su dicho.?. CUARTO. Como conceptos de violaci�n se se�alan los siguientes: (se transcriben). QUINTO. Antes de abordar el estudio de los anteriores conceptos de violaci�n, precisa efectuar el de las causales una de sobreseimiento y otras de improcedencia del juicio que aduce P.G.F., por tratarse de cuestiones de orden p�blico y cuyo an�lisis resulta preferente en t�rminos del art�culo 73, p�rrafo �ltimo de la Ley de Amparo. Dicho tercero perjudicado sostiene, en su escrito presentado el nueve de septiembre del a�o en curso, que conforme ?... a lo dispuesto en los art�culos 73, fracciones V, VI, IX y X, en relaci�n con lo dispuesto en el numeral 74, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, debe de declararse improcedente el juicio de garant�as promovido por la quejosa H.G.B., decretando su sobreseimiento, por considerar que de las constancias de autos o del sumario agrario aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado ...?; empero deviene infundado tal motivo de sobreseimiento porque, contra lo aducido, la existencia del fallo reclamado consta plenamente acreditada no s�lo con el informe justificado que rindiera el Magistrado responsable sino tambi�n con las actuaciones del juicio agrario n�mero 10/96, planteado por el repetido tercero perjudicado contra la ahora quejosa y en el que fue llamada al mismo H.J.; pues aparece del mencionado juicio agrario su emisi�n el treinta de mayo del presente a�o, por el Tribunal Unitario Agrario. Respecto a las causas de improcedencia debe se�alarse que, aun cuando el tercero perjudicado de cuenta no expone las razones por las que -en su concepto- se actualicen, resultan asimismo infundadas en virtud de que, si la ahora promovente del amparo tuvo el car�cter de parte demandada en el referido juicio agrario del que dimana la sentencia impugnada en esta v�a constitucional, es inconcuso que la misma se dirige a ella y, consiguientemente, tiene inter�s jur�dico para reclamarla; adem�s de que la quejosa no promueve el juicio de amparo contra leyes, tratados o reglamentos, a efecto de que pudiera examinarse en funci�n del acto posterior de aplicaci�n como generador del perjuicio real y objetivo, ni tampoco es de establecerse que en el particular se trata de un acto consumado de un modo irreparable, atento a que el Magistrado responsable bien puede reparar cualquier violaci�n de garant�as individuales con la emisi�n de otro fallo y sin que menos pueda considerarse cambio de situaci�n jur�dica en el caso, dado que la misma no consta del juicio agrario. Siendo de esa manera, ha de concluirse que no resulta improcedente el presente juicio de amparo ni es de sobreseer en el mismo, contra lo alegado. SEXTO. Este Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito advierte una violaci�n directa a la Constituci�n, cuyo estudio aborda en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 76 bis, fracci�n VI, de la Ley de Amparo. Aun cuando de la interpretaci�n sistem�tica de los art�culos 76 bis, fracci�n III, 212, 225 y 227 de la citada Ley de Amparo, la suplencia de la queja deficiente en el juicio de garant�as en materia agraria s�lo procede cuando sean parte, como quejosos o terceros perjudicados, los n�cleos de poblaci�n ejidal o los que de hecho y por derecho guarden el estado comunal, y los ejidatarios o comuneros en lo particular, cuando reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia el privarlos de la propiedad o de la posesi�n y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes, o que afecten o puedan afectar otros derechos agrarios que hayan demandado ante las autoridades los aspirantes a ejidatarios o comuneros, seg�n lo sostuviera el Tribunal Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis y jurisprudencia que aparecen publicadas en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1917-1988, Primera Parte, p�gina 415, una y Segunda Parte, p�gina 2983, otra, respectivamente de los rubros: ?AGRARIO. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN EL AMPARO.?; y ?SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO. S�LO PROCEDE EN BENEFICIO DE LOS N�CLEOS DE POBLACI�N EJIDAL O COMUNAL, EJIDATARIOS O COMUNEROS.?. Punto de vista en que coincidieran la entonces S.A. del m�s Alto Tribunal del pa�s y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Tomo 199-204 la de aqu�lla, S�ptima Parte, p�gina 103, y la de �ste en el Tomo 175-180, Sexta Parte, p�gina 204, que en su orden establecen: ?AGRARIO. COMPETENCIA. ZONA URBANA EJIDAL. Cuando se trata de un conflicto sobre la zona urbana del ejido quejoso, para su conocimiento no se surte la competencia de esta S.A.. En efecto, conforme al art�culo 84, fracci�n I, inciso d), de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer del recurso de revisi�n interpuesto contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito cuando se reclamen, precisamente en materia agraria, actos de cualquier autoridad que afecten a n�cleos ejidales o comunales en sus derechos colectivos o a la peque�a propiedad. Para determinar lo que es la materia agraria para los efectos del amparo, se puede acudir al art�culo 212 de la Ley de Amparo, ubicado en el libro segundo, que se refiere al amparo en materia agraria. Este precepto, en su fracci�n I, se refiere a actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesi�n y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los n�cleos que de hecho o por derecho guarden el estado comunal o a los ejidatarios o comuneros. Por otra parte, conforme al art�culo 52 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, los bienes agrarios ejidales son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransmisibles y por tanto no podr�n en ning�n caso, ni en forma alguna, enajenarse, cederse, transmitirse, arrendarse, hipotecarse o gravarse en todo o en parte. En cambio, las tierras integrantes de la zona de urbanizaci�n de un ejido llegan a formar parte del patrimonio familiar de los ejidatarios y pueden transmitirse, venderse o arrendarse, seg�n se desprende del texto de los art�culos 93, 95, 96, 97, 98 y 99 de la Ley Federal de Reforma Agraria. De lo anteriorse sigue que los bienes agrarios a que se refiere el art�culo 52 antes citado, son las tierras destinadas a cultivos agr�colas y no las integrantes de la zona urbana del ejido, porque �stas no tienen el car�cter de inalienables que la ley establece para los bienes agrarios, y se sigue tambi�n que es a estos �ltimos a los que se refiere el art�culo 212 de la Ley de Amparo, que determina lo que es la materia agraria, en relaci�n con su art�culo 84, fracci�n I, inciso d). En este orden de ideas, cuando el acto reclamado no emana de autoridades agrarias, ni deriva de la aplicaci�n de leyes agrarias, y afecta s�lo a la superficie correspondiente a la zona urbana de un ejido, que no est� formada por tierras inalienables destinadas a cultivos agr�colas y, por ende, no se trata de bienes agrarios, en sentido estricto, y debe concluirse que aunque gen�ricamente el amparo puede pertenecer a la materia agraria si la zona urbana afectada no ha pasado al dominio pleno de particulares (art�culo 96 de la Ley Agraria), como no se trata de bienes agrarios del ejido, no se surte la competencia de la Suprema Corte de Justicia ni, en su caso, de esta S.A., para conocer del recurso de revisi�n, sino la de un Tribunal Colegiado de Circuito, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 85, fracci�n II, de la Ley de Amparo.? (datos de la tesis). ?SOLARES URBANOS EJIDALES, CONTROVERSIAS SOBRE POSESI�N DE LOS. NO SON DE MATERIA AGRARIA, NI PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. Las controversias suscitadas respecto de los solares que integran la zona urbana ejidal, no pueden considerarse como materia agraria, en atenci�n a que estos lotes no comparten la naturaleza de los bienes comunales o ejidales. De conformidad con el art�culo 93 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, lo solares urbanos tienen la naturaleza de patrimonio familiar de los ejidatarios, quienes pueden inclusive enajenarlos. Adem�s, el n�cleo de poblaci�n puede celebrar contratos de arrendamiento o de compraventa de los solares sobrantes con terceros avecindados (art�culos 95 y 96 de la Ley Federal de la Reforma Agraria). Por �ltimo, dichos solares pueden ser transmitidos por sucesi�n. De la manera anterior, es evidente que los conflictos suscitados respecto de los solares que integran la zona urbana ejidal, no pueden considerarse como materia agraria, dado que el r�gimen al que se encuentran sujetos comparte en mayor grado la naturaleza de la propiedad particular, que la del r�gimen agrario o comunal, debiendo concluirse por tales razones que en los juicios de garant�as promovidos respecto de actos autoritarios que tengan por objeto solares de este tipo, no procede la suplencia de la queja deficiente.? (datos de la tesis). Empero, ello no obsta para abordar la cuesti�n competencial del tribunal agrario responsable por considerarse que en el caso deriva de una violaci�n directa y manifiesta de la Constituci�n, clara y obvia, que ha dejado sin defensa a la hoy quejosa, seg�n la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo IV, julio-diciembre de 1989, Primera Parte, p�gina 123, que se�ala: ?SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE �NICAMENTE ANTE UNA VIOLACI�N MANIFIESTA DE LA LEY. Para efectos de la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracci�n VI del art�culo 76 bis de la Ley de Amparo, que se refiere impl�citamente a las materias civil y administrativa, debe establecerse que s�lo procede ante una violaci�n manifiesta de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables.? (datos de la tesis). Lo anterior es as�, en virtud de que distingui�ndose la competencia constitucional de la jurisdiccional en que aqu�lla debe entenderse como la capacidad que corresponde a un tribunal de determinado fuero para juzgar sobre determinadas materias; de manera que la competencia jurisdiccional viene a ser la capacidad de un �rgano, como parte integrante de un tribunal, para conocer con exclusi�n de los dem�s �rganos que dependen del mismo tribunal y de tribunales del mismo fuero, de un asunto determinado, la falta de competencia constitucional tiene por consecuencia que ning�n �rgano del tribunal pueda intervenir en el conocimiento y resoluci�n de la controversia, a diferencia de la jurisdiccional en que su carencia provoca que el asunto deba juzgarse no por el �rgano jurisdiccional incompetente sino por el que est� capacitado para hacerlo, pero perteneciente al mismo tribunal. Esto, en raz�n de que el r�gimen federal de la Rep�blica descansa en el principio de que el reparto de atribuciones entre la Federaci�n y los Estados que la componen, debe precisarlo la Constituci�n Federal y que aqu�lla -la Federaci�n- s�lo tiene las facultades que expresa y limitadamente le confiere dicha Carta Magna, reserv�ndose los Estados las que no se otorgaron a la Federaci�n, constituy�ndose as� dos entidades: Federaci�n y Estados, dotadas de Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero con una separaci�n de funciones, a la vez que el Constituyente cre� los �rganos necesarios a efecto de que dentro del territorio nacional funcionaran dos �rdenes jur�dicos coextensos, diferenciados s�lo por raz�n del fuero, uno federal y otro local, siendo �ste con jurisdicci�n dentro del espacio de los respectivos territorios de los Estados, conoci�ndose ese reparto de atribuciones, entre Federaci�n y Estados as� como entre las de los poderes que lo conforman, como el sistema de competencias constitucional y lo cual explica la disposici�n del art�culo 16 de la Ley Fundamental, consistente en que nadie podr� ser molestado sin ?... mandamiento escrito de la autoridad competente ...?, pues con ella se protege en forma espec�fica la competencia que deriva directamente de un precepto constitucional como lo es, por ejemplo, la del fuero militar prevista en el art�culo 13, la de los tribunales agrarios que contempla el 27 en su fracci�n XIX, la de la divisi�n de poderes que previene el diverso 49, la de los tribunales federales que consagra el numeral 104, o la de las Juntas y Tribunales de Conciliaci�n y Arbitraje que prev� el 123, pero no tutela la competencia jurisdiccional en virtud de que -�sta- dimana de leyes secundarias u ordinarias y su determinaci�n implicar� un problema de legalidad, en todo caso. De donde se sigue que la competencia constitucional consiste en que la autoridad que dicta el mandamiento que lesiona al particular debe contar, dentro de la esfera de sus facultades se�aladas en la Constituci�n misma, con la de dictar el mandamiento de que se trata, pues la autoridad no puede hacer uso incorrecto de la fuerza vinculatoria legal o de la fuerza p�blica fuera de la esfera de sus atribuciones, es decir, que s�lo puede hacer lo que la Constituci�n y las leyes le permiten. As�, uno de los tres poderes no pueden afectar al particular con un mandamiento lesivo que corresponde a la esfera de otro poder, ni una autoridad federal puede dictar lo que corresponder�a a una autoridad local, o viceversa, precisamente en atenci�n al sistema de competencias creado por la Ley Suprema; de manera que la infracci�n directa e inmediata a dicho reparto de competencia constitucional, bien puede abordarse su examen por el Tribunal Colegiado en virtud de considerarse una violaci�n manifiesta de la ley que deja sin defensa a la parte quejosa. Ahora, la procedencia de la cuesti�n que surja en relaci�n con esa competencia constitucional no queda condicionada, para efectos del amparo, a su preparaci�n mediante el procedimiento incidental de impugnaci�n ordinario sino que bien puede ser objeto de estudio en el juicio de garant�as por tratarse de un presupuesto de orden p�blico, sin el cual no puede existir el debido proceso; de manera que la inimpugnaci�n ante la autoridad responsable, en modo alguno la torna consentida como pudiera acontecer con la competencia jurisdiccional, en que la cuesti�n no representar�a violaci�n del art�culo 16 constitucional sino de un precepto ordinario y, por tanto, constituir� problema de legalidad como se ha visto. Son de invocarse, por las razones que sustentan, las tesis una de la Primera Sala del M�ximo Tribunal del pa�s, otra del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y una m�s del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca la de aqu�lla, S�ptima y Octava �pocas las de �stos, Tomos CXIX, 7a. y X-diciembre, p�ginas 626, 98 y 280, que en su orden establecen: ?COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, ESTUDIO DE LA, EN EL AMPARO. La tesis seg�n la cual las cuestiones competenciales no deben ser decididas en el juicio de amparo, sino en los t�rminos que previenen los art�culos 427 y relativos del C�digo Federal de Procedimientos Penales, es una tesis que a pesar de su respetabilidad no es atendible, porque la competencia es un presupuesto sin el cual no puede existir el proceso. El art�culo 16 de nuestra Constituci�n subordina la eficacia de la actuaci�n de las autoridades, a la competencia que solamente la ley puede conferirles. M�s a�n, en el Estado de derecho, el principio de distribuci�n consiste en que las Constituciones establezcan las facultades limitadas y expresas para la autoridad, que �nicamente le permite hacer lo que la ley le autoriza de un modo expreso, mientras que el particular disfruta de un derecho de libertad que le permite hacer lo que quiera, menos lo que la ley le proh�be tambi�n de un modo expreso. La garant�a constitucional del art�culo 16 no puede, en cuanto a su validez y fiel observaci�n, condicionarse el previo requisito de la tramitaci�n de los procedimientos inhibitorios o declinatorio estatuido por la legislaci�n procesal federal penal, sin desconocer la naturaleza sustancial o material del derecho en que consiste la garant�a individual de que se trata, respecto de la que la legislaci�n adjetiva o procesal, tiene un car�cter secundario. Por �ltimo el hecho de que una misma disposici�n se aplique por autoridades judiciales de fuero distinto, no significa en manera alguna que a trav�s de la tutela de los intereses jur�dicos del quejoso, encomendada al Poder Judicial, pueda prescindir de cuidar y de imponer la exacta observancia del r�gimen federal y de nuestras instituciones jur�dicas derivadas de la Constituci�n, con el pretexto de que se supone que al aplicarse la misma, por Jueces de distintas jurisdicciones, no se perjudica el agraviado.? (datos de la tesis). ?COMPETENCIA. VIOLACI�N DIRECTA DE LA CONSTITUCI�N. Si se alega que el acto reclamado proviene de una autoridad administrativa que carece de competencia para afectar al particular en sus propiedades y posesiones, o en uso de ellas, y que el acto de que se trata debi� emanar de autoridad judicial, previo juicio (art�culo 14 constitucional), o de otro �rgano de poder con facultades para dictar modalidades a la propiedad privada (art�culo 27 constitucional), debe decirse que la cuesti�n as� planteada cae dentro de la garant�a establecida por el art�culo 16 constitucional, en cuanto se�ala que los actos que afecten a los particulares deben emanar de autoridad competente, por lo que puede optarse por reclamarla directamente en el juicio de amparo, sin necesidad de agotar recursos o medios ordinarios, destinados a la defensa de la legalidad y no de la constitucionalidad.? (datos de la tesis). ?COMPETENCIA JURISDICCIONAL. NO PUEDE PLANTEARSE EN EL AMPARO SI NO SE PLANTE� EN EL JUICIO NATURAL. Para resolver el problema consistente en determinar si la competencia jurisdiccional puede plantearse en el amparo a pesar de no haberse planteado en el juicio natural, debe distinguirse la competencia constitucional de la competencia jurisdiccional. La primera deriva directamente de un precepto de la Ley Fundamental, como por ejemplo de los art�culos 13, 104 o 124; es la protegida en forma espec�fica por el art�culo 16 constitucional y su conocimiento est� reservado al Poder Judicial Federal. En cambio, la competencia jurisdiccional es la que deriva de las leyes secundarias y se suscita entre tribunales del mismo fuero, con igual capacidad, pero que por razones de t�cnica jur�dica, s�lo pueden conocer de determinados negocios, de acuerdo con las reglas fijadas en las propias leyes secundarias. Este tipo de competencia, no queda comprendida en forma directa inmediata en la susodicha garant�a del art�culo 16 constitucional, sino que se subsume en la garant�a de legalidad contenida en el segundo p�rrafo del art�culo 14 constitucional. Hecha esta distinci�n, cabe concluir que la competencia jurisdiccional debe dirimirse por las autoridades judiciales comunes en la forma en que dispongan las leyes federales o locales correspondientes y s�lo puede plantearse en un juicio de garant�as, cuando haya sido previamente estudiada y decidida por aqu�llas.? (datos de la tesis). Ahora, es de tenerse en cuenta que conforme a los art�culos del 90 al 100 de la abrogada Ley Federal de Reforma Agraria, toda resoluci�n presidencial dotatoria de tierras, deb�a de determinar la constituci�n de la zona de urbanizaci�n ejidal y en cuya localizaci�n o aplicaci�n habr�a de tomarse en cuenta la opini�n de la entonces Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a, efectu�ndose el deslinde y fraccionamiento de acuerdo con los estudios y proyectos aprobados por la de la Reforma Agraria, con la opini�n de aqu�lla y en coordinaci�n con los gobiernos estatales y municipales; que una vez deslindada y fraccionada, los solares se asignar�an gratuitamente a los ejidatarios por sorteo, en tanto que los excedentes pod�an ser arrendados o enajenados a personas que desearan avecindarse; que los solares urbanos ejidales eran considerados ?como patrimonio familiar?, pero pudiendo ser objeto de contratos de arrendamiento o de compraventa, caso �ste en que el comprador adquir�a su pleno dominio si, adem�s de cubrir el precio, constru�a casa y la habitaba; que el abandono del lote durante un a�o consecutivo, si se trataba de avecindado, o de dos, respecto de ejidatarios, implicaba la p�rdida de los derechos a la posesi�n y su consecuencia era la de declararse vacante, pudiendo disponer del solar la asamblea general; que el solar que quedase vacante por falta de heredero o sucesor legal, volver�a a la propiedad del n�cleo de poblaci�n a efecto de que la asamblea general lo adjudicara a campesinos que carecieran del mismo, siendo la Secretar�a de la Reforma Agraria la que expedir�a los certificados de derechos a solar que garantizara la posesi�n tanto a ejidatarios como a no ejidatarios y, cuando cumpliesen con los requisitos fijados en las disposiciones de que se tratan, expedir�a ?... los correspondientes t�tulos de propiedad; �stos se inscribir�n en el Registro Agrario Nacional y en el Registro P�blico de la Propiedad de la entidad correspondiente.?. Disposiciones de la abrogada ley que fueron objeto de interpretaci�n por el M�ximo Tribunal del pa�s, con el fin de determinar la competencia en el conocimiento de los asuntos relativos con solares urbanos ejidales, considerando que cuando se trataba de uno segregado de los terrenos ejidales para constituir la zona urbana del poblado y titulado a persona determinada, las cuestiones concernientes a �l no eran de estimarse agrarias, por no afectar derechos colectivos y haber salido del patrimonio ejidal, sino de �ndole civil por compartir en mayor grado la naturaleza de la propiedad privada, al reputarse patrimonio familiar y ser objeto de arrendamiento o de compraventa y de sucesi�n, seg�n jurisprudencia y tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, aqu�lla en el Tomo 145-150, Segunda Sala, p�gina 163, una tesis en el diverso 151-156, Tribunal Pleno, p�gina 131, y otra tesis en el de la Octava �poca, Tomo III-Primera Parte, p�gina 337, en su orden de los rubros: ?AGRARIO. ZONA URBANA EJIDAL. CASOS EN QUE PROBLEMAS CON ELLA RELACIONADOS NO SON DE MATERIA AGRARIA NI AFECTAN DERECHOS COLECTIVOS. INCOMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE.?; ?SOLAR URBANO. COMPETENCIA DEL FUERO COM�N PARA CONOCER DE CONTROVERSIAS DE NATURALEZA EMINENTEMENTE CIVIL SOBRE.?; as� como ?INTERDICTOS PARA RETENER LA POSESI�N DE UN SOLAR URBANO YA ASIGNADO Y AMPARADO CON UN CERTIFICADO QUE GARANTIZA SU POSESI�N, NO SE SURTE LA COMPETENCIA FEDERAL.?. Mas tal regulaci�n de los solares urbanos ejidales sufri� modificaci�n sustancial en t�rminos de lo previsto en los art�culos 64, p�rrafo tercero, 65, 66, 68 y 69 de la Ley Agraria en vigor, toda vez que -por una parte- permiten la prescripci�n positiva, la enajenaci�n y la embargabilidad de dichos lotes, y -por la otra- es la asamblea la que destinar� tierras ejidales al asentamiento humano, siendo asimismo la que puede resolver la delimitaci�n de la zona de urbanizaci�n con la intervenci�n de las autoridades municipales y observando las normas t�cnicas que emita la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a, que los solares ser�n asignados por la asamblea en presencia de un representante de la Procuradur�a Agraria y de acuerdo con el plano aprobado por la misma asamblea, adem�s de que ser�n de propiedad plena de sus titulares, determin�ndose su extensi�n por la asamblea con la participaci�n del Municipio y de conformidad con las leyes aplicables en materia de fraccionamientos, pudiendo arrendarse o enajenarse los solares excedentes por el n�cleo de poblaci�n ejidal a personas que deseen avecindarse; que los certificados que extienda el Registro Agrario Nacional acerca de cada solar constituir�n los t�tulos oficiales correspondientes, pero si ya estuviese constituida la zona de urbanizaci�n y asignados los lotes, los t�tulos los expedir� en favor de sus leg�timos poseedores; que la propiedad de los solares se acreditar� con el t�tulo respectivo y los actos jur�dicos subsecuentes ser�n regulados por el derecho com�n, para cuyos efectos tales t�tulos se inscribir�n en el Registro P�blico de la Propiedad de la entidad correspondiente. Como puede verse, existen marcadas modificaciones en la normatividad de los solares urbanos ejidales entre la ley abrogada y la en vigor, pues aqu�lla precisaba de resoluci�n presidencial para constituir la zona de urbanizaci�n del n�cleo de poblaci�n, en tanto que �sta lo deja a la asamblea general de ejidatarios; el comprador de un lote adquir�a su pleno dominio bajo dos condiciones, una, que cubriera el precio y, otra, que construyera casa y la habitase seg�n la anterior legislaci�n, ahora con la nueva son de propiedad plena del titular sin exigirse tales condiciones; los solares que quedaran vacantes por falta de heredero o sucesor, volv�an al r�gimen de propiedad ejidal, conforme a la ley abrogada, mientras que la en vigor ya no lo prev�; los certificados de titulaci�n se inscribir�n en el Registro Agrario Nacional y en el Registro P�blico de la Propiedad de la entidad correspondiente, seg�n el anterior ordenamiento, lo cual ya no acontece con el posterior, dado que actualmente ya s�lo se inscriben en esta �ltima dependencia; y aquel certificado de derechos a solar garantizaba la posesi�n, en t�rminos de la ley abrogada, ahora constituyen el t�tulo oficial que acredita la propiedad seg�n la ley en vigor. De donde se sigue que los solares de la zona de urbanizaci�n del ejido, conforme al derecho positivo vigente, no son inalineables ni imprescriptibles y menos inembargables sino que, por el contrario, pueden transmitirse, venderse o arrendarse; de ah� que los conflictos suscitados entre particulares con relaci�n a dichos lotes, asignados conforme a la Ley Agraria en vigor, en modo alguno pueden considerarse que constituyen controversias de naturaleza agraria, primero, porque no son tierras destinadas a cultivos agr�colas; segundo, porque no afectan derechoscolectivos; tercero, porque no quedan comprendidos entre los bienes jur�dicos tutelados por el r�gimen constitucional privilegiado, toda vez que atendiendo a lo dispuesto en el art�culo 27, fracci�n XIX, de la Ley Fundamental, la expedita y honesta impartici�n de justicia agraria tiene por objeto el de garantizar la seguridad jur�dica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la peque�a propiedad, siendo de ?... jurisdicci�n federal todas las cuestiones que por l�mites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de �stos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o m�s n�cleos de poblaci�n; as� como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades, para estos efectos y, en general, para la administraci�n de justicia agraria, la ley instituir� tribunales dotados de autonom�a y plena jurisdicci�n ...?; casos entre los cuales no encaja el particular; y, por �ltimo, porque si conforme a la abrogada ley agraria el r�gimen jur�dico se asemejaba en gran medida a la propiedad privada, ahora con la nueva goza plenamente de esa naturaleza, seg�n se ha visto. Luego, tomando en consideraci�n que en la especie se trata de un problema suscitado con motivo de la posesi�n de un solar urbano ejidal, titulado, lo que no est� en discusi�n en raz�n de reconocerlo las partes y justificarse no s�lo con el certificado de derechos a solar sino, adem�s, con diversos documentos exhibidos por �stas as� como los dict�menes periciales y fotograf�as anexas a los mismos, pues es identificado como el lote n�mero 164 o 165, de la manzana 37, en la colonia El Varillero de Apatzing�n, M.�n, es inconcuso que el tribunal agrario responsable carece de competencia constitucional para conocer y resolver de la cuesti�n planteada por las partes, dado que se surte para los tribunales del fuero com�n. Sin que obste a lo anterior, lo argumentado en el fallo reclamado en raz�n de que la disposici�n prevista en la fracci�n VI del art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, parte de la premisa de que las controversias suscitadas por avecindados entre s�, sean de materia agraria, lo que no acontece en el caso concreto; y siendo de ese modo, es de concluirse que las tesis del Tribunal Colegiado que cita el Magistrado responsable en apoyo de su determinaci�n, al margen de que no se comparte por este �rgano de control de legalidad, parte de la premisa de que se trata de una cuesti�n de naturaleza agraria cuando, las que surgen con motivo de los solares urbanos ejidales, no gozan de esa particularidad como se vio. Consecuentemente, al no haberlo estimado de esa manera el Magistrado responsable, es clara la conculcaci�n de la garant�a prevista en el art�culo 16 constitucional en perjuicio de la quejosa, por lo que procede conceder a �sta la protecci�n de la Justicia Federal que solicita para el efecto de que deje insubsistente el acto reclamado y considere que carece de competencia para conocer y resolver del asunto en particular. Otorgada la protecci�n constitucional por uno de los cap�tulos de queja, que trae como consecuencia que se nulifique el acto reclamado, ello torna in�til el examen de los conceptos de violaci�n aducidos en la demanda de garant�as. Esto, conforme a las jurisprudencias n�meros 168 y 171 de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicadas en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1917-1995, T.V., Materia Com�n, p�ginas 113 y 115, en su orden de los rubros siguientes: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.?; y ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DEL ACTO EN CITA).?."

Asimismo, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 691/97, promovido por J.�n G.�a G.�n, el veintis�is de noviembre de mil novecientos noventa y siete, se apoy� en las siguientes consideraciones:

"PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, es competente para conocer del presente negocio, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 107, fracci�n VI, de la Constituci�n Federal, en relaci�n con los diversos 158 y 161 de la Ley de Amparo; y, 37, fracci�n I, inciso b), cap�tulo III, del t�tulo tercero de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, por tratarse de juicio de amparo directo en el que se reclama sentencia definitiva en materia agraria, dictada por autoridad administrativa del orden federal en el Estado de M.�n. SEGUNDO. El acto reclamado es cierto, as� se desprende del informe justificado rendido por la autoridad se�alada como responsable y del expediente agrario n�mero 86/96, remitido; se emplaz� oportunamente a la parte tercero perjudicada. SEGUNDO. Las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, son las siguientes: ?QUINTO. Por cuesti�n de m�todo se aborda en primer t�rmino el concepto y las caracter�sticas de la servidumbre de paso; al respecto el Diccionario Pol�glota Barsa de la Enciclopedia Brit�nica edici�n 1980 dice que servidumbre es �el derecho en predio ajeno que limita el dominio de �ste� de paso: �la que da derecho a pasar por una finca no lindante como camino p�blico.�. El C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal de aplicaci�n supletoria a la materia agraria en el t�tulo sexto del libro segundo de las servidumbres en sus art�culos del 1057 al 1070 y del 1097 al 1108, determinan lo que es la servidumbre, en qu� consiste, sobre qu�, su objeto, el sujeto y a qui�n le corresponde declararlas, entre otras caracter�sticas; es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto due�o, siendo que el inmueble a cuyo favor est� constituida la servidumbre se llama predio dominante; el que la sufre, predio sirviente. Tiene derecho a ella el propietario de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas sin salida a la v�a p�blica. Consecuentemente, este juzgador considera que es la servidumbre un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro con distinto due�o; por lo que trat�ndose de una servidumbre de paso, este gravamen presupone siempre la existencia de un predio dominante, beneficiario del paso obtenido sobre el predio sirviente, propiedad de un tercero; de ah� que cuando el due�o del predio dominante no cuenta con la voluntad del propietario de la finca sirviente, para considerar la servidumbre de paso, tiene derecho a reclamarla ante la autoridad judicial competente, siempre que la servidumbre reclamada al propietario del predio sirviente le sea indispensable para accesar a su finca o heredad. Ahora bien, trat�ndose de solares urbanos ejidales formalmente establecidos la servidumbre de paso tiene que ser demandada ante los tribunales agrarios, por el ejidatario interesado, pues se considera que los ejidatarios titulares de los solares objeto de la servidumbre, tienen derechos restringidos sobre las banquetas y calles adyacentes, no dominio pleno sobre ellas. En consecuencia, le corresponde al titular del solar urbano demandar la constituci�n de la servidumbre cuando �sta es necesaria por la ubicaci�n f�sica del inmueble porque como ha quedado debidamente probado en autos con la pericial desahogada, tanto el perito de la parte actora ingeniero C.G.�a A., el perito de la parte demandada J.R.F.P. como el perito tercero en discordia ingeniero S.A.M.M.�nez, coinciden en que la accionante tiene salida a la v�a p�blica por la calle �A. de Segovia� lo que se corrobora con los planos que adjuntaron a su dictamen los peritos se�alados y con la inspecci�n judicial practicada por el actuario adscrito a este tribunal, visible a fojas de 127 a la 131 de autos, asimismo con las respuestas que da la demandada reconvenida a las posiciones al absolver la confesional de la que se le declar� confesa, lo que hace prueba plena de conformidad con lo estipulado en los art�culos 79, 88, 93, 95, 96, 143, 152, 161, 188 en lo relativo a los medios de prueba y en los diversos 197, 199, 211, 212, 217 y 218 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la materia agraria. Al caso cabe transcribir la jurisprudencia que dice: �SERVIDUMBRE DE PASO. PREVIAMENTE PARA EL RECONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA, ES NECESARIO ACREDITAR LA CONSTITUCI�N DE LA. Cuando se demanda el reconocimiento de la existencia del derecho de servidumbre de paso a favor de un predio calificado como dominante, es menester que el demandante acredite previamente la constituci�n de la servidumbre de paso que es una instituci�n previa al reconocimiento de la misma, dado que la existencia de una v�a de paso no entra�a la obligaci�n de su permanencia, porque para que esto suceda debe encontrarse constituida la mencionada servidumbre, y si no se demuestra el hecho generador de la constituci�n, resulta irrelevante la existencia de signos aparentes de la tangibilidad de dicha servidumbre, o sea que en trat�ndose de servidumbres de paso no existen por s�, sino que tienen que constituirse por el �rgano jurisdiccional.� (datos de la tesis). TERCERO. Ahora bien, como ya se dijo esta controversia agraria versa sobre una servidumbre de paso y la nulidad del convenio conciliatorio celebrado en la Procuradur�a Agraria residencia Apatzing�n, el ocho de diciembre de 1994 y en la v�a reconvencional se constri�e a resolver si procede o no la rescisi�n del convenio antes mencionado y la cl�usula complementaria de 28 de febrero de 1995, la accionante carece de legitimaci�n ad causam, ya que no es legal propietaria del solar urbano del que seg�n afirma tiene la calidad de predio dominante, adem�s de que no acredita la necesidad de que se declare judicialmente la servidumbre de paso, al respecto son aplicables al caso las siguientes tesis jurisprudenciales: �LEGITIMACI�N PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.� (la transcribe), �PERSONALIDAD, LA FALTA DE ELLA, IMPIDE DICTAR SENTENCIA.� (la transcribe), �INTER�S JUR�DICO. DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADO.� (la transcribe), e �INTERESES JUR�DICOS PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL.� (la transcribe). Luego entonces, al ser requisito sine qua non que acreditara fehacientemente el accionante la identidad de derecho frente al demandado lo que no logr� puesto que ella no es la titular del derecho; por lo consiguiente carece de acci�n, y se impone por tanto declarar la falta de personalidad, de legitimaci�n activa y de inter�s jur�dico y consecuentemente de accionar de la demandante sobre la acci�n ejercitada. Es de explorado derecho que el actor debe probar fehacientemente todos y cada uno de los elementos de la acci�n ejercitada, sin perjuicio de que el demandado acredite sus excepciones y defensas; en general, la acci�n constituye la negaci�n de la vindicta privada. Eliminada �sta como consecuencia de la evoluci�n de los pueblos en su cultura y en su civilizaci�n, y una vez que el Estado tom� para s�, en exclusiva, la facultad de impartir justicia, el gobernado adquiri� la potestad de ocurrir a la autoridad para que �sta obligue al incumplido o al delincuente, respectivamente, a que cumpla con la obligaci�n relativa o a que repare el da�o causado, y aun a purgar una pena. La acci�n es, pues, una especie del derecho de petici�n cuyo objeto es provocar la actuaci�n de los �rganos jurisdiccionales con el prop�sito de lograr la declaraci�n o el reconocimiento de un derecho y, por lo que ve a la materia que nos interesa, en su car�cter social, declarar la procedencia de la acci�n; siendo la acci�n, por consiguiente, un derecho que tiene por objeto reclamar la prestaci�n del servicio p�blico jurisdiccional, sus elementos constitutivos son los siguientes: sujeto activo, sujeto pasivo, causas, objeto y autoridad que concede el juicio. Es decir qui�n pide, de qui�n se pide, con qu� derecho se pide, qu� se pide y ante qui�n se pide. En la especie es obligaci�n de la accionante demostrar que sigue a t�tulo de due�a, siendo propietaria del solar sobre el que se demanda la servidumbre, qui�n era su leg�tima propietaria antes de la posesi�n actual, toda vez que no existen datos precisos en los documentos base de la acci�n para la identidad del bien que reclama, puesto que de lo contrario se basar�a el fallo en ?conjeturas? ya que se estar�an suponiendo o imaginando datos que no se encuentran determinados en los documentos aportados por la accionante. Con la confesional del demandado no prueba los hechos que narra ni las pretensiones que reclama ya que �sta es ineficaz, pues en nada perjudica al absolvente. Resultando aplicables las siguientes tesis jurisprudenciales para la presente controversia: �ACCI�N DE PRUEBA DE LA.� (la transcribe), �PRESUNCIONES DE PROPIEDAD QUE EN CADA CASO CONCURRAN, LAS QUE DE ACUERDO CON ESA DOCTRINA, SE ESCALONAN, COMENZANDO POR EL T�TULO, SIGUIENDO CON LA POSESI�N Y TERMINANDO CON CIERTAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO, COMO EL ESTADO DE LOS LUGARES, LAS INDICACIONES CATASTRALES, EL PAGO DE IMPUESTOS, ETC., ETC.� (la transcribe), �TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SURGIDOS ENTRE AVECINDADOS CON MOTIVO DE LA TENENCIA DE SOLARES URBANOS NO TITULADOS.� (la transcribe). Como es evidente, en los criterios transcritos la competencia para conocer de los conflictos suscitados entre avecindados o posesionarios y los �rganos de representaci�n del n�cleo, por la posesi�n de un solar urbano no titulado se surte a favor de los tribunales agrarios y para que al menos exista una presunci�n fundada a favor de la accionante, de que el solar de m�rito es de su legal propiedad y de que no fue asignado a su contraparte, a falta de escritura o testimonio de compraventa y aun de la posesi�n es menester cuando menos tener recibos de pagos de servicios p�blicos, impuestos, etc�tera; as� con claridad meridiana se concluye que la demandante con ninguna de las documentales relacionadas en el tercer considerando que antecede prob� actos de dominio que sirvieran de presunci�n fundada de que ella es la propietaria, pues la Ley Agraria, en su art�culo 68 establece que los solares ser�n de propiedad plena de sus titulares y que una vez satisfechas las necesidades de los ejidatarios, los solares excedentes podr�n ser arrendados o enajenados por el n�cleo de poblaci�n ejidal a personas que desean avecindarse, debiendo expedirse los t�tulos en favor de sus leg�timos poseedores; tampoco lo logra con la pericial en grafoscop�a que s�lo es eficaz para apreciar falsificaciones en las firmas de los documentos dubitados al analizar los caracteres peculiares y particulares de la escritura de una persona, pero no para acreditar la propiedad, ni su mejor derecho para poseer. Es conveniente transcribir los siguientes art�culos de la Ley Federal de la Reforma Agraria que textualmente dicen: �Art. 93.� (lo transcribe), �Art. 95.� (lo transcribe), �Art. 98.� (lo transcribe), �Art. 100.� (lo transcribe). De su correcta interpretaci�n hermen�utica, nos permite arribar a las siguientes conclusiones: a) El ejidatario, en primer t�rmino, es a quien le corresponde el derecho al solar urbano, los excedentes ser�n rentados o enajenados a avecindados con los requisitos, entre otros de dedicarse a una ocupaci�n �til a la comunidad y contribuir a las obras de beneficio social, con fama p�blica de buen vecino. b) Los contratos de los actos antes precisados tienen que ser debidamente aprobados en asamblea general y por la SRA, debi�ndose dar exacto cumplimiento a dichos contratos. c) La propia ley derogada establec�a como obligaci�n la de construir casa y habitarla en forma personal e impon�a como sanci�n la p�rdida de los derechos de sus poseedores cuando abandonara el solar durante un a�o consecutivo; y, d) Para garantizar la posesi�n la SRA expedir�a los certificados de derecho a solar y cumpliendo con los requisitos en el cap�tulo tercero del t�tulo segundo ten�an derecho a que se les expidiera el correspondiente t�tulo de propiedad los cuales deb�an inscribirse en el RAN y en el Registro P�blico de la Propiedad en el Estado. Como es palmario la demandante no acredita ninguno de los supuestos, derechos, calidad y autorizaciones mencionadas, pues no acredita su calidad de ejidataria o avecindada, ni que su contraparte tuviera una ventaja leonina por la celebraci�n del convenio de m�rito. La jurisprudencia que a continuaci�n se transcribe resulta aplicable al caso, toda vez que la accionante afirma en su libelo que en mil novecientos setenta y siete, adquiri� el solar y que algunos a�os despu�s su hijo (el demandado) le impidi� el paso y hasta el diecis�is de mayo de mil novecientos noventa y seis ejercit� la acci�n que nos ocupa: �ACTOS CONSENTIDOS.� (la transcribe). S�PTIMO. Respecto de la reconvenci�n es igualmente improcedente toda vez que las partes tienen expedito su derecho para demandar el puntual y total cumplimiento del convenio conciliatorio que celebraron ante la residencia Apatzing�n de la Procuradur�a Agraria, en la inteligencia que la Ley Agraria y la Org�nica de los Tribunales Agrarios lo prev�, ya que hace consistir el contrademandante como causal de nulidad para reclamar su cumplimiento. OCTAVO. Cabe se�alar que las restantes pruebas ofrecidas por las partes, resultan irrelevantes en el caso, pues no obstante que fueron analizadas y valoradas en conciencia por este tribunal en t�rminos del art�culo 189 de la Ley Agraria vigente, el resultado de dicho an�lisis y valoraci�n, no desvirt�a las consideraciones que anteceden y tampoco influyen las consideraciones en el sentido de la propia sentencia, debido a lo cual se hace innecesario plasmarlo en la misma, en m�rito de la econom�a procesal; siendo aplicable al respecto, la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Volumen 169-179, p�g. 258, que es del tenor siguiente: �PRUEBAS QUE NO INFLUYEN EN EL SENTIDO DEL FALLO, FALTA DE ESTUDIO DE. NO CAUSA AGRAVIO. La omisi�n de la autoridad judicial responsable, en la sentencia reclamada, de analizar determinadas probanzas ofrecidas por la defensa que se desahogan en el periodo de instrucci�n, como resultan ser declaraciones de testigos, inspecci�n ocular y reconstrucci�n de hechos, carece de relevancia jur�dica si tales elementos de prueba no alcanzan a producir la modificaci�n de la citada sentencia.�.?. CUARTO. Los conceptos de violaci�n aducidos por el quejoso son los siguientes: (Se transcribe). QUINTO. Supliendo su deficiencia en t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n VI, de la Ley de Amparo, este �rgano colegiado estima fundados los preinsertos motivos de inconformidad, al advertir en el caso una violaci�n directa al numeral 16 de la Carta Magna, relativa a la competencia constitucional del tribunal responsable para conocer y fallar el asunto del cual proviene el acto reclamado. Antes, precisa tener en cuenta que si bien es verdad que de la interpretaci�n sistem�tica de los art�culos 76 bis, fracci�n III, 212, 225 y 227 de la citada ley reglamentaria del juicio de garant�as, la suplencia de la queja deficiente en materia agraria s�lo procede cuando sean parte, como quejosos o terceros perjudicados, los n�cleos de poblaci�n ejidal, o los que de hecho y por derecho guarden el estado comunal, y los ejidatarios o comuneros en lo particular, cuando reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia el privarlos de la propiedad o de la posesi�n del disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes, o que afecten o puedan afectar otros derechos agrarios que hayan demandado ante las autoridades los aspirantes a ejidatarios o comuneros, seg�n lo sostuvieran el Tribunal Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis y jurisprudencia que aparecen publicadas en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1917-1988, Primera Parte, p�gina 415, una, y Segunda Parte, p�gina2983, la otra, respectivamente de los rubros ?AGRARIO. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN EL AMPARO.? y ?SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO. S�LO PROCEDE EN BENEFICIO DE LOS N�CLEOS DE POBLACI�N EJIDAL O COMUNAL, EJIDATARIOS O COMUNEROS.?; ello, sin embargo, no impide que este �rgano colegiado aborde la cuesti�n competencial de la responsable, pese a que sobre la misma no se estructure un concepto de violaci�n espec�fico y que en la especie el quejoso no se encuentre en alguno de los supuestos a que se contraen los preceptos citados al principio de este apartado, de acuerdo con los postulados de la tesis sustentada por el Pleno del m�s Alto Tribunal de la naci�n, visible en la p�gina 123, Tomo IV (julio-diciembre de 1989), Primera Parte, Octava �poca, que dice: ?SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE �NICAMENTE ANTE UNA VIOLACI�N MANIFIESTA DE LA LEY. Para efectos de la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracci�n VI del art�culo 76 bis de la Ley de Amparo, que se refiere impl�citamente a las materias civil y administrativa, debe establecerse que s�lo procede ante una violaci�n manifiesta de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables.?. Cabe dejar establecido tambi�n, que la competencia constitucional (entendida �sta como la capacidad que de conformidad con los normativos de la Ley Fundamental corresponde a un tribunal de determinado fuero, para juzgar sobre ciertas materias espec�ficas) se encuentra tutelada por el art�culo 16 de dicha Carta Magna, al consignar que nadie podr� ser molestado sin mandamiento de autoridad competente; postulado con el cual se instituye un concepto especial de competencia que viene a quedar protegido como un derecho del gobernado y que, por lo mismo, bien puede ser objeto de estudio en el juicio de garant�as, aun cuando tal cuesti�n no se haya deducido ante la autoridad de instancia, por tratarse justamente de un presupuesto de orden p�blico, sin el cual no puede existir el debido proceso; de suerte que su inimpugnaci�n en modo alguno la torna consentida, como s� sucede con la competencia jurisdiccional, dado que �sta implicar�a en todo caso una violaci�n a un precepto secundario, esto es, constituir�a un problema de legalidad, no de constitucionalidad propiamente dicha. Siendo de invocarse al respecto, por las razones que la informan, la tesis proveniente de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, localizable en la p�gina 78, Tomo CXIX, Quinta �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, ESTUDIO DE LA, EN EL AMPARO. La tesis seg�n la cual las cuestiones competenciales no deben ser decididas en el juicio de amparo, sino en los t�rminos que previenen los art�culos 427 y relativos del C�digo Federal de Procedimientos Penales, es una tesis que a pesar de su respetabilidad no es atendible, porque la competencia es un presupuesto sin el cual no puede existir el proceso. El art�culo 16 de nuestra Constituci�n subordina la eficacia de la actuaci�n de las autoridades, a la competencia que solamente la ley puede conferirles. M�s a�n, en el Estado de derecho, el principio de distribuci�n consiste en que las Constituciones establezcan las facultades limitadas y expresas para la autoridad, que �nicamente le permite hacer lo que la ley le autoriza de un modo expreso, mientras que el particular disfruta de un derecho de libertad que le permite hacer lo que quiera, menos lo que la ley le proh�be tambi�n de un modo expreso. La garant�a constitucional del art�culo 16 no puede, en cuanto a su validez y fiel observaci�n, condicionarse al previo requisito de la tramitaci�n de los procedimientos inhibitorio o declinatorio estatuido por la legislaci�n procesal federal penal, sin desconocer la naturaleza sustancial o material del derecho en que consiste la garant�a individual de que se trata, respecto de la que la legislaci�n adjetiva o procesal, tiene un car�cter secundario. Por �ltimo el hecho de que una misma disposici�n se aplique por autoridades judiciales de fuero distinto, no significa en manera alguna que a trav�s de la tutela de los intereses jur�dicos del quejoso, encomendada al Poder Judicial, pueda prescindir de cuidar y de imponer la exacta observancia del r�gimen federal y de nuestras instituciones jur�dicas derivadas de la Constituci�n, con el pretexto de que se supone que al aplicarse la misma, por Jueces de distintas jurisdicciones, no se perjudica el agraviado.?. Todo lo anterior viene a colaci�n, virtud a que este �rgano no comparte los argumentos que verti� el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario responsable, para decir que tiene competencia para resolver las cuestiones deducidas por las partes en el juicio del que emana el fallo reclamado. En efecto, para determinar lo que en materia agraria protege el art�culo 27 constitucional, es de tenerse en cuenta que conforme a los art�culos del 90 al 100 de la abrogada Ley Federal de Reforma Agraria, toda resoluci�n presidencial dotatoria de tierras deb�a de determinar la constituci�n de la zona de urbanizaci�n ejidal y en cuya localizaci�n o ampliaci�n habr�a de tomarse en cuenta la opini�n de la entonces Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a, efectu�ndose el deslinde y fraccionamiento de acuerdo con los estudios y proyectos aprobados por la de la Reforma Agraria, con la opini�n de aqu�lla y en coordinaci�n con los gobiernos estatales y municipales; que una vez deslindada y fraccionada, los solares se asignar�an gratuitamente a los ejidatarios por sorteo, en tanto que los excedentes pod�an ser arrendados o enajenados a personas que desearan avecindarse; que los solares urbanos ejidales eran considerados ?como patrimonio familiar?, pero pudiendo ser objeto de contratos de arrendamiento o de compraventa, caso �ste en que el comprador adquir�a su pleno dominio si, adem�s de cubrir el precio, constru�a casa y la habitaba; que el abandono del lote durante un a�o consecutivo, si se trataba de avecindado, o de dos, respecto de ejidatarios, implica la p�rdida de los derechos a la posesi�n y su consecuencia era la de declararse vacante, pudiendo disponer del solar la asamblea general; que el solar que quedase vacante por falta de heredero o sucesor legal, volver�a a la propiedad del n�cleo de poblaci�n a efecto de que la asamblea general lo adjudicara a campesinos que carecieran del mismo, siendo la Secretar�a de la Reforma Agraria la que expedir�a los certificados de derechos a solar que garantizara la posesi�n tanto a ejidatario como a no ejidatarios y, cuando cumpli�ndose con los requisitos fijados en las disposiciones de que se tratan, expedir�a ?... los correspondientes t�tulos de propiedad; �stos se inscribir�an en el Registro Agrario Nacional y en el Registro P�blico de la Propiedad de la entidad correspondiente.?. Disposiciones de la abrogada ley que fueron objeto de interpretaci�n por el M�ximo Tribunal del pa�s, con el fin de determinar la competencia en el conocimiento de los asuntos relativos con los solares urbanos ejidales, considerando que cuando se trataba de uno segregado de los terrenos ejidales para construir la zona urbana del poblado y titulado a persona determinada, las cuestiones concernientes a �l no eran de estimarse agrarias, por no afectar derechos colectivos y haber salido del patrimonio ejidal, sino de �ndole civil por compartir en mayor grado la naturaleza de la propiedad privada, al reputarse patrimonio familiar y ser objeto de arrendamiento o de compraventa y de sucesi�n, seg�n jurisprudencia y tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, aqu�lla en el Tomo 145-150, Segunda Sala, p�gina 163, una tesis en el diverso 151-156, Tribunal Pleno, p�gina 131, y otra tesis en el de la Octava �poca, Tomo III-Primera Parte, p�gina 137, en su orden de los rubros: ?AGRAVIO. ZONA URBANA EJIDAL. CASOS EN QUE PROBLEMAS CON ELLA RELACIONADOS NO SON DE MATERIA AGRARIA NI AFECTAN DERECHOS COLECTIVOS. INCOMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE.?; ?SOLAR URBANO. COMPETENCIA DEL FUERO COM�N PARA CONOCER DE CONTROVERSIA DE NATURALEZA EMINENTEMENTE CIVIL SOBRE.?; as� como ?INTERDICTOS PARA RETENER LA POSESI�N DE UN SOLAR URBANO YA ASIGNADO Y AMPARADO CON UN CERTIFICADO QUE GARANTIZA SU POSESI�N, NO SE SURTE LA COMPETENCIA FEDERAL.?. Mas tal regulaci�n de los solares urbanos ejidales sufri� modificaci�n sustancial en t�rminos de lo previsto en los art�culos 64, p�rrafo tercero, 65, 66, 68 y 69 de la Ley Agraria en vigor, toda vez que -por una parte- permiten la prescripci�n positiva, la enajenaci�n y la embargabilidad de dichos lotes, y -por la otra- es la asamblea la que destinar� tierras ejidales al asentamiento humano, siendo asimismo la que puede resolver la delimitaci�n de la zona de urbanizaci�n con la intervenci�n de las autoridades municipales y observando las normas t�cnicas que emita la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a; que los solares ser�n asignados por la asamblea en presencia de un representante de la Procuradur�a Agraria y de acuerdo con el plano aprobado por la misma asamblea, adem�s de que ser�n de propiedad plena de sus titulares, determin�ndose su extensi�n por la asamblea con la participaci�n del Municipio y de conformidad con las leyes aplicables en materia de fraccionamientos, pudiendo arrendarse o enajenarse los solares excedentes por el n�cleo de poblaci�n ejidal a personas que deseen avecindarse; que los certificados que extienda el Registro Agrario Nacional acerca de cada solar constituir�n los t�tulos oficiales correspondientes, pero si ya estuviese constituida la zona de urbanizaci�n y asignados los lotes, los t�tulos los expedir� en favor de sus leg�timos poseedores; que la propiedad de los solares se acreditar� con el t�tulo respectivo y los actos jur�dicos subsecuentes ser�n regulados por el derecho com�n, para cuyos efectos tales t�tulos se inscribir�n en el Registro P�blico de la Propiedad de la entidad correspondiente. Como puede verse, existen marcadas modificaciones en la normatividad de los solares urbanos ejidales entre la ley abrogada y la en vigor, pues aquella precisaba de resoluci�n presidencial para constituir la zona de urbanizaci�n del n�cleo de poblaci�n, en tanto que �sta lo deja a la asamblea general de ejidatarios; el comprador de un lote adquir�a su pleno dominio bajo dos condiciones, una, que cubriera el precio y, otra, que construyera casa y la habitase seg�n la anterior legislaci�n, ahora con la nueva son de propiedad plena del titular sin exigirse tales condiciones; los solares que quedaron vacantes por falta de heredero o sucesor, volv�an al r�gimen de propiedad ejidal, conforme a la ley abrogada, mientras que la en vigor ya no lo prev�; los certificados de titulaci�n se inscribir�n en el Registro Agrario Nacional y en el Registro P�blico de la Propiedad de la entidad correspondiente, seg�n el anterior ordenamiento, lo cual ya no acontece con el posterior, dado que actualmente ya s�lo se inscriben en esta �ltima dependencia; y aquel certificado de derecho a solar garantizaba la posesi�n, en t�rminos de la ley abrogada, ahora constituyen el t�tulo oficial que acredita la propiedad seg�n la ley en vigor. De donde se sigue que los solares de la zona de urbanizaci�n del ejido, conforme al derecho positivo vigente, no son inalienables ni imprescriptibles y menos inembargables sino que, por el contrario, pueden transmitirse, venderse o arrendarse; de ah� que los conflictos suscitados entre particulares con relaci�n a dichos lotes, asignados conforme a la Ley Agraria en vigor, en modo alguno pueden considerarse que constituyen controversias de naturaleza agraria, primero, porque no son tierras destinadas a cultivos agr�colas; segundo, porque no afectan derechos colectivos; tercero, porque no quedan comprendidos entre los bienes jur�dicos tutelados por el r�gimen constitucional privilegiado, toda vez que atendiendo a lo dispuesto en el art�culo 27, fracci�n XIX, de la Ley Fundamental, la expedita y honesta impartici�n de justicia agraria tiene por objeto el de garantizar la seguridad jur�dica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la peque�a propiedad, siendo de ?... jurisdicci�n federal todas las cuestiones que por l�mites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sean el origen de �stos, se hallan pendientes o se susciten entre dos o m�s n�cleos de poblaci�n; as� como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades, para estos efectos y, en general, para la administraci�n de justicia agraria, la ley instituir� tribunales dotados de autonom�a y plena jurisdicci�n ...?; y casos entre los cuales no encaja el particular; y, por �ltimo, porque si conforme a la abrogada Ley Agraria el r�gimen jur�dico se asemeja en gran medida a la propiedad privada, ahora con la nueva goza plenamente de esa naturaleza, seg�n se ha visto. En relaci�n con lo anterior, este tribunal al resolver el amparo directo administrativo n�mero 692/97, en sesi�n de diecinueve de noviembre, emiti� el siguiente criterio: ?COMPETENCIA. LOS TRIBUNALES AGRARIOS CARECEN DE. SOLARES EN ZONA URBANA EJIDAL. Existen marcadas modificaciones en la normatividad de los solares urbanos ejidales entre la ley abrogada y la en vigor, pues mientras aqu�lla precisaba de resoluci�n presidencial para constituir la zona de urbanizaci�n del n�cleo de poblaci�n, �sta lo deja a la asamblea general de ejidatarios; el comprador de un lote adquir�a su pleno dominio bajo dos condiciones, una, que cubriera el precio y, otra, que construyera casa y la habitase seg�n la anterior legislaci�n, ahora con la nueva no se exigen; los solares que quedaron vacantes por falta de heredero o sucesor, volv�an al r�gimen de propiedad ejidal conforme a la ley abrogada, en tanto que la en vigor ya no lo prev�; los certificados de titulaci�n se inscrib�an en el Registro Agrario Nacional y en el Registro P�blico de la Propiedad de la entidad correspondiente, seg�n el anterior ordenamiento, lo cual ya no acontece con el posterior, dado que solamente se inscriben en esta �ltima dependencia; y aquel certificado de derechos a solar garantizaba la posesi�n en t�rminos de la ley abrogada, ahora constituyen el t�tulo oficial que acredita la propiedad seg�n la ley en vigor. De donde se sigue que los conflictos suscitados entre particulares con relaci�n a los solares de la zona de urbanizaci�n del ejido, conforme al derecho positivo vigente, en modo alguno pueden considerarse que constituyen controversias de naturaleza agraria, primero, porque no son tierras destinadas a cultivos agrarios; segundo, porque no afectan derechos colectivos; tercero, porque no quedan comprendidos entre los bienes jur�dicos tutelados por el r�gimen constitucional, seg�n la disposici�n prevista en la fracci�n XIX del art�culo 27 de la Ley Fundamental; y, por �ltimo, porque si conforme a la abrogada Ley Federal de Reforma Agraria, el r�gimen jur�dico de tales solares se asemejaba en gran medida a la propiedad privada, con la nueva goza plenamente de esa naturaleza.?. Consecuentemente, si en la especie el inmueble sobre el que inciden la acci�n y la reconvenci�n ejercitadas por la aqu� tercero perjudicada y el quejoso, respectivamente, lo es un solar urbano que se localiza en el poblado ?Los Arquitos?, Municipio de Apatzing�n, M.�n; es claro que el mismo no participa de la naturaleza del tipo de bienes que la ley considera como materia agraria y, por ende, es inconcuso que el tribunal responsable no tiene competencia constitucional para conocer y resolver el conflicto que le fue sometido por los contendientes en el juicio del que proviene el fallo impugnado. Sin que obste lo anterior argumentado en el fallo reclamado, acerca de que la competencia del tribunal responsable se sustenta en lo dispuesto por las fracciones VI y VIII del art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, pues tales normativos parten de la premisa de que los conflictos a que ah� se hace menci�n sean de naturaleza agraria, lo que en el caso no acontece, por las razones que ya se dieron con antelaci�n; y siendo de ese modo, no resulta aplicable en la especie la tesis que invoca la responsable, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, intitulada ?TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SURGIDOS ENTRE AVECINDADOS CON MOTIVO DE LA TENENCIA DE SOLARES URBANOS NO TITULADOS.?; cuenta habida que en apartados precedentes, ya se dej� aclarado que los solares urbanos ejidales no participan de la materia agraria y, por ende, todas las controversias que se ventilen en torno suyo no son competencia de los tribunales agrarios. Consecuentemente, al no haberlo estimado de esa manera el Magistrado responsable, es clara la conculcaci�n de la garant�a prevista en el art�culo 16 constitucional en perjuicio del quejoso, por lo que procede conceder a �ste la protecci�n de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que aqu�l deje insubsistente el acto reclamado y considere que carece de competencia para conocer y resolver del presente asunto. Lo antes precisado, hace innecesario el estudio de los conceptos de violaci�n que expresa el quejoso, de conformidad con la jurisprudencia n�mero 168, visible en la p�gina 213, T.V., del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, del rubro: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N, CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.?."

QUINTO

Con la finalidad de establecer y delimitar la materia de la contradicci�n planteada, se estima conveniente realizar una s�ntesis de las caracter�sticas de los asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito aludidos.

  1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, conoci� del amparo directo que se registr� con el n�mero 28/93, promovido en contra de la resoluci�n de fecha dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito D�cimo Quinto, en la que este �rgano jurisdiccional se declar� incompetente para resolver el conflicto suscitado sobre la tenencia de un lote urbano ubicado en el ejido El Verde, Municipio de El Salto, Jalisco, pues la que debe conocer y resolver la demanda lo es la asamblea ejidal conforme lo disponen los art�culos 56 de la Ley Agraria y 47, fracci�n I, 48, fracci�n V, y 52 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificaci�n de Derechos Ejidales y Titulaci�n de Solares.

    El Tribunal Colegiado al resolver el caso por mayor�a de votos, concedi� la protecci�n constitucional solicitada, apoyando su decisi�n, esencialmente, en las siguientes consideraciones:

    1. El art�culo 56 de la Ley Agraria faculta a la asamblea ejidal para determinar el destino de las tierras que no est�n formalmente parceladas y puede dedicarlas al asentamiento humano, pero esa facultad no implica que deba resolver conflictos suscitados sobre la tenencia de un solar urbano entre ejidatarios, comuneros, avecindados o posesionarios.

    2. Adem�s, ning�n otro precepto de la Ley Agraria faculta a la asamblea ejidal para resolver conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, por el contrario, su art�culo 18, fracci�n VI, otorga competencia al Tribunal Unitario Agrario, para conocer y resolver controversias en materia agraria en que se dispute la posesi�n de un solar urbano ejidal entre avecindados.

    3. Aunque la Ley Agraria en vigor dispone en su art�culo 69 que los actos jur�dicos subsecuentes a la expedici�n de los t�tulos de solar se regir�n por el derecho com�n; en el caso, no se demostr� que el solar materia del conflicto haya sido titulado, por lo que dicho precepto no resulta aplicable.

  2. Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, conoci� de los amparosdirectos n�meros 691/97 y 692/97, interpuestos respectivamente en contra de las resoluciones de fechas veintis�is y treinta de mayo de mil novecientos noventa y siete, dictadas por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito D�cimo S�ptimo, que resolvi� en la primera declarar improcedentes la acci�n intentada por la demandante y la acci�n reconventora propuesta por la parte demandada y, en la segunda declarar procedente la v�a y acci�n ejercitada por lo que condena a la demandada a la desocupaci�n y entrega del solar urbano materia del conflicto y estima improcedente la reconvenci�n intentada por la demandada.

    El Tribunal Colegiado al emitir las sentencias correspondientes, concedi� el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitados, con base en los siguientes argumentos que en ambos juicios de amparo directo resultan similares:

    1. En suplencia de la deficiencia de la queja, en t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n VI, de la Ley de Amparo, advirti� una violaci�n directa y manifiesta de la Constituci�n, que se hace consistir en que el Tribunal Unitario Agrario carec�a de competencia constitucional para conocer y resolver de las acciones que se le plantearon, derivadas del conflicto por la posesi�n de un solar urbano ejidal en uno de los asuntos y en el otro, por el establecimiento de servidumbre de paso en solar urbano ejidal.

    2. La jurisprudencia de la Suprema Corte interpret� los art�culos 90 a 100 de la abrogada Ley Federal de Reforma Agraria para determinar la competencia en el conocimiento de los asuntos relativos con solares urbanos ejidales, considerando que cuando se trataba de uno segregado de los terrenos ejidales para constituir la zona urbana del poblado y titulado a persona determinada, las cuestiones concernientes a �l no eran de estimarse agrarias, por no afectar derechos colectivos y haber salido del patrimonio ejidal, por lo que eran de �ndole civil por compartir en mayor grado la naturaleza de la propiedad privada, al reputarse patrimonio familiar y ser objeto de arrendamiento o de compraventa y de sucesi�n.

    3. En cambio, de conformidad con la nueva Ley Agraria, la regulaci�n de los solares urbanos ejidales sufri� modificaci�n sustancial en t�rminos de lo previsto por sus art�culos 64, p�rrafo tercero, 65, 66, 68 y 69, como puede verse de la simple comparaci�n de lo contenido en dichos preceptos con lo que estipulaban los art�culos 90 a 100 de la Ley Federal de Reforma Agraria; de tal suerte que, conforme al derecho positivo vigente, los solares de la zona de urbanizaci�n ejidal no son inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo que da pauta a considerar que se puedan transmitir, vender y arrendar; de ah� que los conflictos suscitados entre particulares con relaci�n a dichos lotes asignados conforme a la Ley Agraria en vigor, en modo alguno pueden considerarse que constituyen controversias de naturaleza agraria por lo que su conocimiento no corresponde a un Tribunal Unitario Agrario sino a la jurisdicci�n com�n, con independencia de que est�n o no titulados, por las siguientes razones:

      1) Porque no son tierras destinadas a cultivo;

      2) Porque no afectan derechos colectivos;

      3) Porque no quedan comprendidos entre los bienes jur�dicos tutelados por el r�gimen constitucional privilegiado, y

      4) Porque si conforme a la abrogada ley agraria el r�gimen jur�dico se asemejaba en gran medida a la propiedad privada, ahora con la nueva goza plenamente de esa naturaleza.

    4. Por lo que no son aplicables para fundar la competencia del Tribunal Unitario Agrario lo dispuesto por la fracci�n VI del art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios y la jurisprudencia en que se apoy� dicho tribunal agrario, la que no se comparte, porque tanto el precepto en cita como dicha tesis jurisprudencial parten de la premisa de que las controversias suscitadas por avecindados entre s� son de materia agraria, no obstante que, como ya se vio, las que surgen con motivo de los solares urbanos ejidales no gozan de esa particularidad.

SEXTO

Tomando en cuenta lo narrado y el criterio sostenido en las resoluciones transcritas, debe declararse que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada, pues el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito sostiene que de conformidad con la fracci�n VI del art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios y la Ley Agraria vigente, cuando se trate de conflictos suscitados por la tenencia de solares urbanos ejidales que no est�n titulados, surte la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, sostiene la postura de que de conformidad con la nueva Ley Agraria los Tribunales Unitarios Agrarios no son constitucionalmente competentes para conocer de dichos conflictos, con independencia de que est�n o no titulados, pues no constituyen conflictos de naturaleza agraria ya que el r�gimen jur�dico de los solares se asemeja en gran medida al de la propiedad privada.

De esa forma queda delimitado el criterio sustentado en las ejecutorias transcritas y en las tesis que de ellas emanan, de donde se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Segundo del D�cimo Primer Circuito, se pronunciaron sobre cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, a saber, la competencia para conocer de los conflictos que surjan con motivo de la tenencia de solares urbanos ejidales, conforme a la legislaci�n agraria en vigor; sin embargo, arriban a conclusiones distintas, pues mientras el primer tribunal en cita considera que la competencia se surte en favor de los tribunales agrarios cuando dichos inmuebles no est�n titulados, conforme a los art�culos 69 de la Ley Agraria y 18, fracci�n VI, de la Ley Org�nica de los Tribunales Unitarios Agrarios, el segundo tribunal referido estima que los tribunales agrarios carecen de competencia en todos los casos en que se discuta la posesi�n de solares urbanos ejidales porque no participan de la materia agraria; de suerte que se da la contradicci�n que se denuncia.

No es obst�culo para tener por configurada la contradicci�n de tesis, la circunstancia de que en el fallo pronunciado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito se haga la acotaci�n que las acciones intentadas ante los tribunales agrarios por la tenencia de solares urbanos sean procedentes si �stos no est�n titulados, pues si el otro Tribunal Colegiado, adem�s de resolver los asuntos concretos planteados expres� en las sentencias relativas que: "es de concluirse que las tesis de Tribunal Colegiado que cita el Magistrado responsable en apoyo de su determinaci�n, al margen de que no se comparte por este �rgano de control de legalidad, parte de la premisa de que se trata de una cuesti�n de naturaleza agraria cuando, las que surgen con motivo de los solares urbanos ejidales, no gozan de esa particularidad como se vio" y "siendo de ese modo, no resulta aplicable en la especie la tesis que invoca la responsable, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, intitulada ?TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SURGIDOS ENTRE AVECINDADOS CON MOTIVO DE LA TENENCIA DE SOLARES URBANOS NO TITULADOS.?; cuenta habida que en apartados precedentes, ya se dej� aclarado que los solares urbanos ejidales no participan de la materia agraria y, por ende, todas las controversias que se ventilen en torno suyo no son competencia de los tribunales agrarios.", de esta forma est� reflejado su punto de vista en cuanto a la misma cuesti�n, lo que se traduce en una contradicci�n de lo sostenido por otro tribunal, y el �rgano competente debe resolver la controversia suscitada, en aras de la seguridad jur�dica.

S�PTIMO

Precisado lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, estima que debe prevalecer el criterio que con car�cter de jurisprudencia aqu� se define, el cual coincide esencialmente con el del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

Las fracciones VII a XIX del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establecen:

"Art�culo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los l�mites del territorio nacional, corresponde originariamente a la naci�n, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

"...

"VII. Se reconoce la personalidad jur�dica de los n�cleos de poblaci�n ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

"La ley proteger� la integridad de las tierras de los grupos ind�genas.

"La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, proteger� la tierra para el asentamiento humano y regular� el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso com�n y la provisi�n de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

"La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que m�s les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regular� el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecer� los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podr�n asociarse entre s�, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, trat�ndose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del n�cleo de poblaci�n; igualmente fijar� los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgar� al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenaci�n de parcelas se respetar� el derecho de preferencia que prevea la ley.

"Dentro de un mismo n�cleo de poblaci�n, ning�n ejidatario podr� ser titular de m�s tierra que la equivalente al cinco por ciento del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deber� ajustarse a los l�mites se�alados en la fracci�n XV.

"La asamblea general es el �rgano supremo del n�cleo de poblaci�n ejidal o comunal, con la organizaci�n y funciones que la ley se�ale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democr�ticamente en los t�rminos de la ley, es el �rgano de representaci�n del n�cleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

"La restituci�n de tierras, bosques y aguas a los n�cleos de poblaci�n se har� en los t�rminos de la ley reglamentaria;

"VIII. Se declaran nulas:

"a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancher�as, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes pol�ticos, gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autoridad local, en contravenci�n a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y dem�s leyes y disposiciones relativas;

"b) Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretar�as de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el d�a 1o. de diciembre de 1876 hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de com�n repartimiento o cualquiera otra clase, perteneciente a los pueblos, rancher�as, congregaciones o comunidades y n�cleos de poblaci�n.

"c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el periodo de tiempo a que se refiere la fracci�n anterior, por compa��as, Jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federaci�n, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de com�n repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a n�cleos de poblaci�n.

"Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, �nicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y pose�das, en nombre propio a t�tulo de dominio por m�s de diez a�os cuando su superficie no exceda de cincuenta hect�reas.

"IX. La divisi�n o reparto que se hubiere hecho con apariencia de leg�tima entre los vecinos de alg�n n�cleo de poblaci�n y en la que haya habido error o vicio, podr� ser nulificada cuando as� lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que est�n en posesi�n de una cuarta parte de los terrenos, materia de la divisi�n, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando est�n en posesi�n de las tres cuartas partes de los terrenos;

"X. Derogada;

"XI. Derogada;

"XII. Derogada;

"XIII. Derogada;

"XIV. Derogada;

"XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.

"Se considera peque�a propiedad agr�cola la que no exceda por individuo de cien hect�reas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.

"Para los efectos de la equivalencia se computar� una hect�rea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos �ridos.

"Se considerar�, asimismo, como peque�a propiedad, la superficie que no exceda por individuo de ciento cincuenta hect�reas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algod�n, si reciben riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo del pl�tano, ca�a de az�car, caf�, henequ�n, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o �rboles frutales.

"Se considerar� peque�a propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los t�rminos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos.

"Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los due�os o poseedores de una peque�a propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguir� siendo considerada como peque�a propiedad, aun cuando, en virtud de la mejor�a obtenida, se rebasen los m�ximos se�alados por esta fracci�n, siempre que se re�nan los requisitos que fije la ley.

"Cuando dentro de una peque�a propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y �stas se destinen a usos agr�colas, la superficie utilizada para este fin no podr� exceder, seg�n el caso, los l�mites a que se refieren los p�rrafos segundo y tercero de esta fracci�n que correspondan a la calidad que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora;

"XVI. Derogada;

"XVII. El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedir�n leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenaci�n de las extensiones que llegaren a exceder los l�mites se�alados en las fracciones IV y XV de este art�culo.

"El excedente deber� ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un a�o contado a partir de la notificaci�n correspondiente. Si transcurrido el plazo el excedente no se ha enajenado, la venta deber� hacerse mediante p�blica almoneda. En igualdad de condiciones, se respetar� el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria.

"Las leyes locales organizar�n el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que ser� inalienable y no estar� sujeto a embargo ni a gravamen ninguno;

"XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el a�o de 1876, que hayan tra�do por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la naci�n, por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Uni�n para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el inter�s p�blico;

"XIX. Con base en esta Constituci�n, el Estado dispondr� las medidas para la expedita y honesta impartici�n de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jur�dica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la peque�a propiedad, y apoyar� la asesor�a legal de los campesinos.

"Son de jurisdicci�n federal todas las cuestiones que por l�mites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de �stos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o m�s n�cleos de poblaci�n; as� como las relaciones con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administraci�n de justicia agraria, la ley instituir� tribunales dotados de autonom�a y plena jurisdicci�n, integrados por Magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la C�mara de Senadores o, en los recesos de �sta, por la Comisi�n Permanente.

La ley establecer� un �rgano para la procuraci�n de justicia agraria, y ...

Las fracciones transcritas del art�culo 27 de la Ley Fundamental establecen los principios b�sicos del r�gimen de propiedad agrario en nuestro pa�s. Dentro de estos lineamientos b�sicos se establece el reconocimiento de la personalidad jur�dica de los n�cleos de poblaci�n ejidal y comunal y se protege su tierra en su doble vertiente de asentamiento humano y para actividades productivas. Las fracciones reproducidas establecen que todas las cuestiones que por l�mites de terrenos ejidales y comunales, y los conflictos derivados de la tenencia de la tierra se reservan para las autoridades federales. Para estos efectos y, en general, para la administraci�n de justicia agraria, la ley instituir� tribunales dotados de autonom�a y plena jurisdicci�n.

Debe precisarse que la redacci�n vigente del art�culo 27 constitucional proviene de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n del seis de enero de mil novecientos noventa y dos. De la exposici�n de motivos de la iniciativa presidencial presentada al Poder Revisor de la Constituci�n, destacan las siguientes ideas en relaci�n con el tema que se analiza:

"La reforma se propone reafirmar las formas de tenencia de la tierra derivadas de la gesta agraria de los mexicanos y adecuarlas a las nuevas realidades del pa�s. Cada una de ellas tiene origen y prop�sito en los intereses y la interacci�n entre grupos hist�ricamente conformados. El respeto y protecci�n a su configuraci�n como asentamiento humano es condici�n para la preservaci�n del tejido social. Su base productiva debe ser fuente de bienestar para el campesino y de prosperidad para la naci�n. Por ello se elevan a nivel constitucional el reconocimiento y la protecci�n al ejido y la comunidad. Confirmamos sin ambig�edad al ejido y la comunidad como formas de propiedad al amparo de nuestra Ley Suprema. Son tierras de los ejidatarios y comuneros, a ellos corresponde las decisiones sobre su manejo. El siglo XX ratific� al ejido y la comunidad como formas de vida comunitarias creadas a lo largo de la historia. Demos paso a la reforma agraria de los propios campesinos.

"La reforma a la fracci�n VII, que promueve esta iniciativa, reconoce la distinci�n entre la base territorial del asentamiento humano, sustento de una cultura de vida comunitaria, y la tierra para las actividades productivas del n�cleo ejidal y comunal en el �mbito parcelario. Reconoce, tambi�n, la plena capacidad de los ejidatarios de decidir las formas que deben adoptar y los v�nculos que deseen establecer entre ellos para aprovechar su territorio. Tambi�n fija el reconocimiento de la ley a los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas. Estos cambios atienden a la libertad y dignidad que exigen los campesinos y responden al compromiso del Estado de apoyar y sumarse al esfuerzo que ellos realizan para vivir mejor. La propiedad ejidal y comunal ser� protegida por la Constituci�n. Se propone la protecci�n a la integridad territorial de los pueblos ind�genas. Igualmente, se protegen y reconocen las �reas comunales de los ejidos y el sustento territorial de losasentamientos humanos. En todo caso, el solar en el casco urbano seguir� siendo de la exclusiva propiedad de sus moradores. Las superficies parceladas de los ejidos podr�n enajenarse entre los miembros de un mismo ejido de la manera que lo disponga la ley, propiciando la compactaci�n parcelaria y sin permitir acumulaci�n o la fragmentaci�n excesivas.

"Los poseedores de parcelas podr�n constituirse en asociaciones, otorgar su uso a terceros, o mantener las mismas condiciones presentes. La mayor�a calificada del n�cleo de poblaci�n que fije la ley podr� otorgar al ejidatario el dominio de su parcela, previa regularizaci�n y definici�n de su posesi�n individual. Hay que expresarlo con claridad. Los ejidatarios que quieran permanecer como tales recibir�n el apoyo para su desarrollo. No habr�n ventas forzadas por la deuda o por la restricci�n. La ley prohibir� contratos que de manera manifiesta abusen de la condici�n de pobreza o de ignorancia. Sostenemos el ejercicio de la libertad, pero �ste jam�s puede confundirse con la carencia de opciones. Nadie quedar� obligado a optar por alguna de las nuevas alternativas; dejar�an de serlo. Se crear�n las condiciones para evitar que la oportunidad se confunda con la adversidad.

El Estado mexicano no renuncia a la protecci�n de los intereses de los ejidatarios y comuneros. La reforma propuesta preserva ese mandato pero distingue claramente entre las acciones de protecci�n y promoci�n que s� asume, de aquellas que no debe realizar porque suplanta la iniciativa campesina y anulan sus responsabilidades. Debemos reconocer la madurez que ha promovido la reforma agraria y la pol�tica educativa, de salud y de bienestar en general, que ha realizado el Estado mexicano durante muchas d�cadas. La reforma reconoce la plena capacidad legal del ejidatario y tambi�n sus responsabilidades. A ellos les corresponde resolver la forma de aprovechamiento de sus predios dentro de los rangos de libertad que ofrezca nuestra Carta Magna.

De lo reproducido anteriormente, se desprende que el Constituyente reserv� para la Federaci�n la facultad para legislar en materia del r�gimen de propiedad ejidal y comunal y estableci� la jurisdicci�n federal en los conflictos de l�mites, exclusivamente, pero debe observarse que los elementos aportados hasta aqu� no son suficientes para determinar claramente si los solares urbanos de un ejido integran la materia agraria, o no, por lo que es preciso analizar las disposiciones reglamentarias del art�culo 27 constitucional.

La Ley Agraria establece en sus art�culos 43, 44 y 63 a 72, lo siguiente:

"Art�culo 43. Son tierras ejidales y por tanto est�n sujetas a las disposiciones relativas de esta ley las que han sido dotadas al n�cleo de poblaci�n ejidal o incorporadas al r�gimen ejidal."

"Art�culo 44. Para efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en:

"I. Tierras para el asentamiento humano;

"II. Tierras de uso com�n; y

"III. Tierras parceladas."

"Art�culo 63. Las tierras destinadas al asentamiento humano integran el �rea necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que est� compuesta por los terrenos en que se ubique la zona de urbanizaci�n y su fundo legal. Se dar� la misma protecci�n a la parcela escolar, la unidad agr�cola industrial de la mujer, la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y a las dem�s �reas reservadas para el asentamiento."

"Art�culo 64. Las tierras ejidales destinadas por la asamblea al asentamiento humano conforman el �rea irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo lo previsto en el �ltimo p�rrafo de este art�culo. Cualquier acto que tenga por objeto enajenar, prescribir o embargar dichas tierras ser� nulo de pleno derecho.

"Las autoridades federales, estatales y municipales y, en especial, la Procuradur�a Agraria, vigilar�n que en todo momento quede protegido el fundo legal del ejido.

"A los solares de la zona de urbanizaci�n del ejido no les es aplicable lo dispuesto en este art�culo.

"El n�cleo de poblaci�n podr� aportar tierras del asentamiento al Municipio o entidad correspondiente para dedicarlas a los servicios p�blicos, con la intervenci�n de la Procuradur�a Agraria, la cual se cerciorar� de que efectivamente dichas tierras sean destinadas a tal fin."

"Art�culo 65. Cuando el poblado ejidal est� asentado en tierras ejidales, la asamblea podr� resolver que se delimite la zona de urbanizaci�n en la forma que resulte m�s conveniente, respetando la normatividad aplicable y los derechos parcelarios. Igualmente, la asamblea podr� resolver que se delimite la reserva de crecimiento del poblado, conforme a las leyes de la materia."

"Art�culo 66. Para la localizaci�n, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanizaci�n y su reserva de crecimiento, se requerir� la intervenci�n de las autoridades municipales correspondientes y se observar�n las normas t�cnicas que emita la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Ecolog�a."

"Art�culo 67. Cuando la asamblea constituya la zona de urbanizaci�n y su reserva de crecimiento, separar� las superficies necesarias para los servicios p�blicos de la comunidad."

"Art�culo 68. Los solares ser�n de propiedad plena de sus titulares. Todo ejidatario tendr� derecho a recibir gratuitamente un solar al constituirse, cuando ello sea posible, la zona de urbanizaci�n. La extensi�n del solar se determinar� por la asamblea, con la participaci�n del Municipio correspondiente, de conformidad con las leyes aplicables en materia de fraccionamientos y atendiendo a las caracter�sticas, usos y costumbres de cada regi�n.

"La asamblea har� la asignaci�n de solares a los ejidatarios, determinando en forma equitativa la superficie que corresponda a cada uno de ellos. Esta asignaci�n se har� en presencia de un representante de la Procuradur�a Agraria y de acuerdo con los solares que resulten del plano aprobado por la misma asamblea e inscrito en el Registro Agrario Nacional. El acta respectiva se inscribir� en dicho registro y los certificados que �ste expida de cada solar constituir�n los t�tulos oficiales correspondientes.

"Una vez satisfechas las necesidades de los ejidatarios, los solares excedentes podr�n ser arrendados o enajenados por el n�cleo de poblaci�n ejidal a personas que deseen avecindarse.

"Cuando se trate de ejidos en los que ya est� constituida la zona de urbanizaci�n y los solares ya hubieren sido asignados, los t�tulos se expedir�n en favor de sus leg�timos poseedores."

"Art�culo 69. La propiedad de los solares se acreditar� con el documento se�alado en el art�culo anterior y los actos jur�dicos subsecuentes ser�n regulados por el derecho com�n. Para estos efectos los t�tulos se inscribir�n en el Registro P�blico de la Propiedad de la entidad correspondiente."

"Art�culo 70. En cada ejido la asamblea podr� resolver sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinar� a la investigaci�n, ense�anza y divulgaci�n de pr�cticas agr�colas que permitan un uso m�s eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido. El reglamento interno del ejido normar� el uso de la parcela escolar."

"Art�culo 71. La asamblea podr� reservar igualmente una superficie en la extensi�n que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanizaci�n, que ser� destinada al establecimiento de una granja agropecuaria o de industrias rurales aprovechadas por las mujeres mayores de diecis�is a�os del n�cleo de poblaci�n. En esta unidad se podr�n integrar instalaciones destinadas espec�ficamente al servicio y protecci�n de la mujer campesina."

Art�culo 72. En cada ejido y comunidad podr� destinarse una parcela para constituir la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, en donde se realizar�n actividades productivas, culturales, recreativas, de capacitaci�n para el trabajo, para los hijos de ejidatarios, comuneros y avecindados mayores de diecis�is y menores de veinticuatro a�os. Esta unidad ser� administrada por un comit� cuyos miembros ser�n designados exclusivamente por los integrantes de la misma. Los costos de operaci�n de la unidad ser�n cubiertos por sus miembros.

Los dispositivos transcritos de la ley reglamentaria del art�culo 27 constitucional en materia agraria, reiteran la regla precedentemente referida, consistente en la estructuraci�n del r�gimen de propiedad ejidal y expresamente se reconoce en los art�culos 43 y 44 que son tierras ejidales, atendiendo a su destino, las dedicadas para el asentamiento humano.

A fin de reglamentar lo relativo a la titulaci�n de solares se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n el seis de enero de mil novecientos noventa y tres el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificaci�n de Derechos Ejidales y Titulaci�n de Solares, que en su exposici�n de motivos se dice que:

"Que por decreto del H. Constituyente Permanente de fecha 3 de enero de 1992, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 6 de enero de 1992, se reform� el art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de lo cual, el Congreso de la Uni�n expidi� la Ley Agraria mediante decreto publicado el 26 de febrero de 1992.

"Que las reformas al art�culo 27 constitucional y la expedici�n de la Ley Agraria tienen como prop�sito fundamental otorgar certeza jur�dica en el campo, que permita su desarrollo y productividad a partir de las premisas de libertad y justicia.

"Que es del m�s alto inter�s del Gobierno de la Rep�blica cumplir con los principios rectores del art�culo 27 constitucional, llevando al campo los instrumentos que permitan garantizar la seguridad jur�dica en la tenencia de la tierra ejidal.

Que con objeto de que los n�cleos de poblaci�n ejidal cuenten con un instrumento adecuado para la correcta aplicaci�n de la Ley Agraria, bajo un marco de absoluta autonom�a y con pleno respeto a su voluntad para decidir sobre el destino y la delimitaci�n de las tierras parceladas y de uso com�n, la regularizaci�n y certificaci�n de los derechos ejidales correspondientes, as� como la delimitaci�n de las tierras del asentamiento humano, la regularizaci�n de las tierras donde se encuentre asentado el poblado ejidal, la protecci�n del fundo legal y la obtenci�n de los t�tulos de solares, he tenido a bien expedir el siguiente ...

Los art�culos 1o., 8o., 47 a 68 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificaci�n de Derechos Ejidales y Titulaci�n de Solares, establecen:

"Art�culo 1o. Este reglamento tiene por objeto establecer los procedimientos y lineamientos aplicables en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra ejidal y en la certificaci�n de derechos ejidales y titulaci�n de solares, que se realice de conformidad con lo establecido en el cap�tulo II, del t�tulo tercero y dem�s disposiciones relativas de la Ley Agraria."

"Art�culo 8o. En las asambleas a que se refiere el art�culo 56 de la ley, la Procuradur�a vigilar� que se cumpla con las siguientes formalidades:

"I. En cuanto a los plazos que transcurren entre la expedici�n de la convocatoria y la celebraci�n de la asamblea:

"a) Si se trata de primera convocatoria, �sta deber� ser expedida cuando menos con un mes de anticipaci�n a la fecha programada para la celebraci�n de la asamblea, y

"b) En caso de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea deber� celebrarse en un plazo no menor a ocho ni mayor a treinta d�as, contado a partir de la expedici�n de la segunda convocatoria.

"II. Del qu�rum necesario para la instalaci�n de la asamblea:

"a) La asamblea que se realice en virtud de primera convocatoria requerir� de la asistencia de, cuando menos, tres cuartas partes de los ejidatarios.

"Para la determinaci�n del n�mero m�nimo de asistentes que se requiere para instalar v�lidamente la asamblea, se deber� dividir el n�mero total de ejidatarios que integran el ejido entre cuatro y multiplicar el resultado por tres. Si el n�mero resultante fuere fraccionario, se considerar� al n�mero entero siguiente como el resultado final, y

"b) La Asamblea que se derive de segunda o ulteriores convocatorias, requerir� de la asistencia de la mitad m�s uno de los ejidatarios.

"Para determinar la mitad m�s uno, cuando se est� ante un n�mero impar de ejidatarios, se deber� dividir dicho n�mero entre dos y sumarle una unidad. Se considerar� como resultado el n�mero entero siguiente al fraccionario resultante de la operaci�n anterior.

"III. En relaci�n a la mayor�a necesaria para tomar las resoluciones:

"a) La asamblea reunida tanto en primera como en segunda o ulterior convocatoria, requerir� del voto aprobatorio de las dos terceras partes de los ejidatarios asistentes.

"Para la determinaci�n del n�mero m�nimo de votos requeridos para tomar resoluciones v�lidas, se deber� dividir entre tres el n�mero total de ejidatarios asistentes y multiplicar el resultado por dos. Si el n�mero resultante fuere fraccionario, se considerar� al n�mero entero siguiente como el resultado final;

"b) La operaci�n del c�mputo de votaci�n para tomar las resoluciones se realizar� a partir del n�mero total de ejidatarios presentes. Para que la resoluci�n sea v�lida, el n�mero de votos aprobatorios no deber� ser inferior al n�mero m�nimo que se haya determinado en los t�rminos del segundo p�rrafo del inciso anterior, y

"c) En caso de empate, el presidente del comisariado tendr� voto de calidad.

"Las resoluciones que se tomen de conformidad con esta fracci�n ser�n obligatorias para los ausentes y disidentes.

"IV. Para la celebraci�n de la asamblea:

"a) Deber� llevarse a cabo en el lugar habitual, salvo causa justificada;

"b) Deber� estar presente un representante de la Procuradur�a, a la que el convocante notificar� cuando menos con un mes de anticipaci�n a la fecha programada para la celebraci�n de la asamblea, y

"c) Se requerir� adem�s, la presencia de un fedatario p�blico. El convocante deber� proveer los medios necesarios a fin de garantizar la asistencia del mismo.

"V. En cuanto al acta de asamblea:

"a) Deber� ser firmada por el representante de la Procuradur�a que hubiese estado presente;

"b) Deber� ser firmada por los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia que asistan, por el presidente y secretario de la asamblea, as� como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En caso de que quienes deban firmar no puedan hacerlo, imprimir�n su huella digital, debajo de donde est� escrito su nombre;

"c) Cuando exista inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podr� firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho;

"d) Deber� ser pasada ante la fe del fedatario p�blico asistente a la asamblea, inmediatamente despu�s de concluir �sta, y

"e) Deber� inscribirse en el registro, una vez satisfechas las formalidades anteriores.

"El fedatario p�blico que haya asistido a la asamblea, asentar� en el acta su nombre y el cargo o funci�n que desempe�a, dando fe de los hechos que tuvieron lugar en el desarrollo de la misma. Al efecto, en el acta anotar� que la misma fue pasada ante su fe.

"En caso de que el fedatario p�blico considere que existe alguna irregularidad en la realizaci�n de la asamblea, deber� asentar en el acta el motivo espec�fico de tal circunstancia; de igual manera, deber� proceder el representante de la Procuradur�a cuando �ste fuere el caso."

"Tambi�n ser�n aplicables las disposiciones de este reglamento a las comunidades agrarias, en lo que no se opongan a las disposiciones contenidas en el cap�tulo V del mencionado t�tulo de la Ley Agraria."

"T�tulo

Cuarto

De los procedimientos para la

delimitaci�n y destino de las tierras

para el asentamiento humano y de la

asignaci�n y titulaci�n de derechos

sobre solares urbanos

"Cap�tulo �nico

"Art�culo 47. Cuando la asamblea decida delimitar y destinar tierras ejidales al asentamiento humano, deber� observar las formalidades previstas en el art�culo 8o. de este reglamento. Al efecto podr� realizar las siguientes acciones:

"I. Constituir o ampliar la zona de urbanizaci�n y asignar los derechos sobre solares;

"II. Proteger el fundo legal;

"III. Crear la reserva de crecimiento, y

"IV. Delimitar como zona de urbanizaci�n las tierras ejidales ocupadas por el poblado ejidal.

"Asimismo, la asamblea podr� destinar las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la unidad agr�cola industrial de la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, o para otras �reas con destino espec�fico."

"Art�culo 48. En el caso de las fracciones I y III del art�culo anterior, la Procuradur�a vigilar� que la asamblea cumpla con lo siguiente:

"I.Q. en la localizaci�n, deslinde y fraccionamiento de las tierras de que se trate, intervenga la autoridad municipal;

"II.Q. se observen las normas t�cnicas que al efecto emita la Secretar�a de Desarrollo Social;

"III.Q. se separen las �reas necesarias para los servicios p�blicos de la comunidad, con la intervenci�n de las autoridades competentes;

"IV. Que el plano que se elabore se apegue a las normas t�cnicas expedidas por el Registro, sea aprobado por la asamblea e inscrito en aqu�l, y

"V. En el plano que contenga la lotificaci�n de la zona de urbanizaci�n, deber� cuidarse que la determinaci�n de la superficie de cada solar se haga en forma equitativa, de conformidad con la legislaci�n aplicable en materia de fraccionamientos y atendiendo a las caracter�sticas, usos y costumbres de cada regi�n."

"Art�culo 49. Cuando se constituya o ampl�e la zona de urbanizaci�n, los solares que resulten ser�n asignados por la asamblea, debiendo estar presente un representante de la Procuradur�a, quien cuidar� que se observe el siguiente procedimiento:

"I.D.� considerarse el n�mero de solares que resulte del plano aprobado e inscrito en el Registro, a que se refiere la fracci�n IV, del art�culo anterior;

"II. Se asignar� un solar de manera gratuita a cada ejidatario, siempre y cuando �ste no sea propietario de uno, o ya se le hubiere asignado con anterioridad, y

"III. El acta de asamblea de asignaci�n de solares, se inscribir� en el Registro, la cual har� las veces de solicitud para la expedici�n de los t�tulos de solares.

"Cuando la asamblea no realice asignaci�n individual sobre alg�n solar, �ste deber� ser titulado a favor del ejido.

"Podr�n ser arrendados o enajenados por el n�cleo de poblaci�n ejidal los solares excedentes a personas que deseen avecindarse."

"Art�culo 50. La asamblea en la que se decida delimitar como zona de urbanizaci�n las tierras donde se encuentre asentado el poblado ejidal, observar� lo dispuesto en las fracciones II y IV del art�culo 48 de este reglamento.

"En este caso los t�tulos de solares se expedir�n a favor de los leg�timos poseedores."

"Art�culo 51. Para los efectos del art�culo anterior, se presumir� como leg�timo poseedor a la persona que est� en posesi�n del solar en concepto de due�o, a diferencia de aquella que lo sea en virtud de un acto jur�dico mediante el cual el propietario o leg�timo poseedor le hubiere entregado el solar, concedi�ndole el derecho de retenerlo temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, usuario, arrendatario o de cualquier otro t�tulo, que le confiera la calidad de poseedor derivado."

"Art�culo 52. La calidad de leg�timo poseedor, as� como su identidad, deber�n acreditarse ante el Registro mediante documentos id�neos, a fin de obtener el t�tulo de solar correspondiente. El interesado podr� solicitar a la Procuradur�a que gestione ante el Registro la obtenci�n del t�tulo o realizar directamente la solicitud."

"Art�culo 53. Se tendr�n como documentos id�neos para los efectos del art�culo anterior, previacalificaci�n que al efecto realice el Registro, los siguientes:

"I. Para acreditar la posesi�n:

"a) Certificado de derechos a solar urbano;

"b) Contrato de cesi�n de derechos;

"c) Contrato privado de compraventa;

"d) Constancia ejidal que certifique tal calidad, o

"e) Acta de informaci�n testimonial, o inspecci�n testimonial.

"II. Para la identificaci�n del interesado:

"a) Pasaporte;

"b) Cartilla del servicio militar nacional;

"c) Credencial para votar con fotograf�a;

"d) Licencia de manejo;

"e) Credencial del Instituto Mexicano del Seguro Social;

"f) Credencial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

"g) Cartilla postal, o

"h) Constancia de identificaci�n expedida por autoridad federal, estatal o municipal.

"El interesado podr� presentar, si no contare con uno o algunos de los anteriores documentos, otros que le permitan establecer una presunci�n de posesi�n o para su identificaci�n, seg�n sea el caso.

"El registro verificar� que los documentos presentados re�nan los requisitos exigidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables."

"Art�culo 54. La Procuradur�a y el Registro para el adecuado desarrollo de las acciones a que se refiere este t�tulo, podr�n proponer a los integrantes del n�cleo de poblaci�n ejidal la constituci�n de una comisi�n vecinal integrada con un m�ximo de diez personas."

"Art�culo 55. La comisi�n vecinal se conformar� con igual n�mero de ejidatarios y avecindados, debi�ndose observar las siguientes reglas:

"I. Cuando exista junta de pobladores, �sta deber� designar a los avecindados que formar�n parte de la comisi�n;

"II. Cuando no exista junta de pobladores, deber� promoverse una reuni�n vecinal para que se elija a quienes integrar�n la citada comisi�n, y

"III. Los ejidatarios designar�n, por su parte, a quienes formar�n parte de la comisi�n, en n�mero igual al de avecindados.

"Cuando no haya avecindados, la comisi�n se integrar� por ejidatarios, o si as� lo decidiera la asamblea, la comisi�n auxiliar a que se refiere el art�culo 26 de este reglamento, desarrollar� las actividades correspondientes."

"Art�culo 56. La comisi�n vecinal coadyuvar� en los siguientes trabajos:

"I. Orientar a los leg�timos poseedores sobre los procedimientos, requisitos y documentaci�n necesaria para la obtenci�n de los t�tulos de solares;

"II. Auxiliar en la realizaci�n de los trabajos de medici�n, y

"III. Apoyar en la integraci�n de la documentaci�n que sirva para acreditar la leg�tima posesi�n."

"Art�culo 57. Cuando la asamblea haya aprobado la delimitaci�n de la zona de urbanizaci�n sobre las tierras en las que se encuentre asentado el poblado ejidal, se proceder� a elaborar las c�dulas de informaci�n correspondientes en las que consten, adem�s de los datos establecidos en las normas T�cnicas del Registro, el car�cter con el que se ostenta quien posea el solar, as� como una clave individual que permita identificar a cada beneficiario de manera inequ�voca."

"Art�culo 58. En la realizaci�n de las acciones a que se refiere el art�culo 47 de este reglamento, la asamblea deber� ajustarse a lo dispuesto en la legislaci�n, planes, programas y declaratorias en materia de desarrollo urbano, ecolog�a y fraccionamiento correspondientes.

"La Procuradur�a y el Registro en el �mbito de sus competencias, vigilar�n que el comisariado presente a la autoridad correspondiente un proyecto sobre las acciones a realizar, a efecto de que �sta emita, en su caso, la opini�n o autorizaci�n de que se trate. Previamente, el comisariado solicitar� al Registro P�blico de la Propiedad, una certificaci�n sobre la existencia de las citadas declaratorias."

"Art�culo 59. Ser� responsabilidad de la Secretar�a de Desarrollo Social, solicitar la inscripci�n en el Registro de las declaratorias materia de su competencia."

"T�tulo

Quinto

De las inscripciones en el Registro

Agrario Nacional

"Cap�tulo �nico

"Art�culo 60. Las actas que se levanten de las asambleas a que se refiere el art�culo 8o. de este reglamento, se remitir�n para su inscripci�n al Registro. Dichas actas servir�n de base para la expedici�n de los certificados y t�tulos correspondientes.

"Art�culo 61. El registro verificar� que tales actas contengan los siguientes elementos:

"I.F. de convocatoria;

"II. Lugar y fecha de celebraci�n de la asamblea;

"III. Participantes en la asamblea, debi�ndose especificar el n�mero total de ejidatarios asistentes a la misma y el porcentaje que �ste representa, del total de ejidatarios;

"IV. Orden del d�a que especifique los puntos a tratar en la asamblea;

"V. Acuerdos reca�dos sobre cada uno de los asuntos comprendidos en el orden del d�a, con indicaci�n del sentido de la votaci�n y la expresi�n del porcentaje correspondiente;

"VI. Firma o, en su caso, huella digital de los integrantes del comisariado, del consejo de vigilancia, del presidente y secretario de la asamblea, del representante de la Procuradur�a y del fedatario p�blico, y

"VII. Certificaci�n del fedatario p�blico asistente a la asamblea, de que lo asentado en el acta corresponde a lo tratado en la misma, en los t�rminos del pen�ltimo p�rrafo del art�culo 8o. de este reglamento."

"Art�culo 62. Para que el Registro proceda a llevar a cabo la inscripci�n de un acta de asamblea, adicionalmente deber� observarse lo siguiente:

"I.T.�ndose de delimitaci�n de tierras, se deber� detallar en el acta, la forma en que la asamblea se�al� e identific� las �reas;

"II. Cuando en la delimitaci�n de las tierras de uso com�n, se hubieren asignado proporciones distintas, deber� se�alarse el porcentaje que corresponda a cada individuo, en los t�rminos del art�culo 43 de este reglamento, y

"III. Cuando se trate de la delimitaci�n y deslinde de las tierras del asentamiento humano o de la zona de urbanizaci�n, el acta deber� contener anexa, en su caso, la opini�n o autorizaci�n de las autoridades competentes a que se hace referencia en el art�culo 58 de este reglamento."

"Art�culo 63. Ser�n objeto de inscripci�n en el Registro, los datos contenidos en los planos generales e internos de los ejidos, los parcelarios, los de solares urbanos y los de catastro y censo rurales.

"El Registro enviar� para su inscripci�n al Registro P�blico de la Propiedad que corresponda, los planos respectivos que contengan la delimitaci�n de solares urbanos."

"Art�culo 64. Invariablemente, el Registro deber� verificar que todos los planos se ajusten, en su caso, a las normas y especificaciones t�cnicas emitidas por el propio Registro."

"Art�culo 65. Para la inscripci�n de los planos generales e internos de los ejidos, se requerir� que el acuerdo aprobatorio de dichos planos conste en el acta de asamblea de que se trate."

"Art�culo 66. Los planos del ejido que se elaboren, deber�n contener las siguientes firmas:

"a) Del comisariado;

"b) Del consejo de vigilancia, y

"c) De quienes deban hacerlo, conforme a las normas t�cnicas emitidas por el Registro."

"Art�culo 67. Los planos que contengan datos relativos a la zona del asentamiento humano, que sirvan de base para la expedici�n de los t�tulos de solares urbanos, para su inscripci�n deber�n reunir los siguientes requisitos:

"I. Contar con la aprobaci�n de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 58 de este reglamento;

"II. Para el caso de los planos de lotificaci�n que deriven de las acciones a que se refiere el art�culo 47, fracci�n I, se requerir� la autorizaci�n y firma de la autoridad municipal correspondiente, y

"III. El plano de lotificaci�n que resulte de la delimitaci�n a que se refiere el art�culo 50 de este reglamento, deber� acompa�arse de las c�dulas de informaci�n se�aladas en el art�culo 57 del mismo."

"Art�culo 68. Para la inscripci�n de planos generales que afecten pol�gonos definitivos de otros ejidos, comunidades o predios particulares, se deber� acompa�ar el documento donde el colindante exprese, de manera fehaciente, su conformidad.

Si los colindantes son ejidos o comunidades, la conformidad se expresar� mediante actas de asamblea y para el caso de que los terrenos pertenezcan a particulares, la conformidad se efectuar� a trav�s de carta firmada por el propietario, ante dos testigos, por lo menos.

La lectura de los numerales reglamentarios transcritos, permite corroborar que tanto la Constituci�n, como la Ley Agraria y dicho reglamento han previsto en forma expresa lo relacionado con la zona urbana ejidal, las caracter�sticas de este tipo de propiedad y los conflictos por l�mites. Los art�culos del reglamento no hacen sino erigir la forma en que se establece la zona urbana, la determinaci�n de sus solares y los procedimientos para la adquisici�n del t�tulo respectivo.

En efecto, de su lectura se viene a confirmar lo contenido en la Ley Agraria en cuanto establecen con detalle la reglamentaci�n de los asentamientos humanos, en particular lo relativo a los solares urbanos. A mayor abundamiento, de los art�culos 48 y 49 del citado reglamento se desprende, que la resoluci�n de la asamblea que segrega una parte del ejido para constituir las zonas de urbanizaci�n correspondientes, cambia el r�gimen jur�dico del propio ejido para destinarlo a ser el asiento de la poblaci�n ejidal. Por otra parte, conforme con lo dispuesto en el art�culo 49, parte final, del mismo reglamento, los solares materia de la urbanizaci�n de los ejidos pueden ser adquiridos por personas que no sean ejidatarios. A su vez, el art�culo 60 del mismo ordenamiento, dispone que las actas que levante la asamblea se inscribir�n en el Registro Agrario Nacional y servir�n de base para la expedici�n del t�tulo correspondiente y, para que se pueda llevar a cabo dicha inscripci�n se requiere que las actas de asamblea contengan los elementos a que aluden los art�culos 61, 62 y 67. De los anteriores preceptos se infiere que una vez consolidado el derecho de propiedad respecto de un solar de la zona de urbanizaci�n del ejido, al trav�s de la expedici�n del t�tulo respectivo, el mismo queda fuera de las prescripciones de las leyes agrarias, como lo confirma la circunstancia de que es permitido adquirir ese derecho de propiedad a personas que no tengan el car�cter de ejidatarios.

De lo expuesto anteriormente se desprende que, en principio, la zona de asentamiento humano ejidal est� conformada por solares urbanos y mientras no cuenten con t�tulo de propiedad, subsisten las mismas facultades y procedimientos para estructurar el r�gimen ejidal, permaneciendo en esa materia la distribuci�n general de �mbitos competenciales que establece la Constituci�n.

En esa tesitura, es claro que la legislaci�n agraria regula el r�gimen jur�dico de los asentamientos humanos del ejido, en los que quedan comprendidos los solares urbanos; por tanto, �stos participan de la naturaleza agraria en tanto no se haya otorgado el t�tulo respectivo.

Esto es as�, partiendo de la premisa de que tanto la Ley Agraria como el reglamento antes transcrito regulan la creaci�n de la zona de urbanizaci�n condicionando el otorgamiento del t�tulo de propiedad de los solares por el Registro Agrario Nacional a los poseedores que satisfagan determinados requisitos, siendo hasta entonces que adquieren el pleno dominio de los mismos; mientras tanto, le son aplicables las disposiciones agrarias referidas. En esas condiciones, una vez asignado un solar urbano a un ejidatario o a un particular mediante la expedici�n del respectivo t�tulo, ya no pueden considerarse que participan de la naturaleza agraria, y para llegar a esta conclusi�n basta la lectura de los art�culos 68 y 69 de la vigente Ley Agraria, que establecen conjuntamente que los actos jur�dicos subsecuentes a la expedici�n del certificado del Registro Agrario Nacional que constituye el t�tulo oficial de propiedad, ser�n regulados por el derecho com�n.

En efecto, la propia legislaci�n agraria asigna expresamente competencia al orden com�n para el conocimiento de los conflictos suscitados por la tenencia de solares titulados, de tal manera que en el caso de que se carezca del mismo, la competencia se surtir� en favor de los tribunales agrarios porque los solares todav�a no han sido segregados del ejido. Esto �ltimo queda reafirmado en la medida en que para la obtenci�n del t�tulo de propiedad, como lo dispone la ley y el reglamento relativo a que se ha hecho referencia, se requiere la realizaci�n de una serie de actos previos en los cuales obviamente en el inter de la titulaci�n son susceptibles de que generen conflictos jur�dicos.

Por tanto, conforme al contenido actual de la fracci�n XIX del art�culo 27 constitucional, antes reproducido, la funci�n jurisdiccional que tutela se extiende a toda la cuesti�n agraria con la finalidad de salvaguardar la seguridad jur�dica de los n�cleos de poblaci�n ejidales y comunales, ejidatarios y comuneros, los cuales pueden acudir en defensa y protecci�n de sus derechos ante los tribunales agrarios creados con ese objetivo, resultando as� que todo conflicto de naturaleza agraria, entre los que se encuentran los relativos a la posesi�n de un solar urbano cuando no se ha expedido el t�tulo respectivo, precisa ser tutelado por tribunales especializados en la materia a fin de garantizar y respetar los derechos que por cualquier acto se vean vulnerados.

En efecto, lo dispuesto por el art�culo constitucional en comento, aparece recogido en la exposici�n de motivos de la iniciativa de la Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintis�is de febrero de mil novecientos noventa y dos, donde el Ejecutivo precisa los or�genes y alcances de la propuesta de ella, refiri�ndose, entre otras cuestiones a:

"La seguridad en la tenencia de la tierra es base y presupuesto de todos los instrumentos de fomento a las actividades del sector rural. Sin ella se anulan los esfuerzos de desarrollo. La inseguridad destruye expectativas, genera resentimiento y cancela potencialidades. Esta iniciativa ofrece seguridad a ejidatarios, comuneros y peque�os propietarios y la garantiza mediante un nuevo instrumento de justicia agraria.

"...

"Ninguna forma de propiedad es privilegiada. Todas ellas gozar�n del respeto y protecci�n constitucional.

"...

"Justicia agraria.

"El debate parlamentario enriqueci� con propuestas importantes la iniciativa de reforma al art�culo 27 constitucional, presentada por el Ejecutivo a mi cargo y sometida a la consideraci�n del Poder Legislativo. Una de las propuestas m�s relevantes fue la creaci�n de un �rgano de procuraci�n de justicia agraria. Con este organismo, el Estado podr� instrumentar de manera �gil y eficiente la defensa y protecci�n de los derechos de los hombres del campo.

"Para cumplir el mandato constitucional, la iniciativa propone la creaci�n de un organismo descentralizado de la administraci�n p�blica federal: la Procuradur�a Agraria. No permitiremos que se enga�e o se tome ventaja de la buena fe del campesino mexicano. En ese empe�o, la Procuradur�a defender� los intereses de los hombres del campo y los representar� ante las autoridades agrarias.

"Uno de los objetivos centrales de la reforma del marco legislativo agrario ha sido la procuraci�n de justicia en el campo. Resolver ancestrales conflictos lim�trofes es tarea apremiante y una solicitud reiterada de los campesinos.

"Esta demanda no puede pasar inadvertida. Debemos instrumentar un aparato de justicia de gran alcance para resolver los conflictos en el campo mexicano, que generan enfrentamiento y violencia entre poblados y familias. Se promueve la instauraci�n de tribunales agrarios en todo el pa�s. Llevar la justicia agraria al m�s lejano rinc�n de nuestro territorio es objetivo primordial de esta iniciativa de ley.

"Buscamos que prevalezca la sencillez y la claridad en los procedimientos de justicia agraria. Debemos reglamentar sobre lo esencial para acercar la justicia al campesino. La certeza en el an�lisis que hagan los tribunales agrarios y la imparcialidad en sus juicios permitir�n la s�lida formaci�n de la jurisprudencia agraria del campo mexicano.

"La operaci�n y estructura de los tribunales agrarios es materia de la iniciativa de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, que complementa esta iniciativa y que se presenta por separado a esta soberan�a."

Consiguientemente, la Ley Agraria vigente, a fin de tomar en consideraci�n los principios fundamentales consagrados en ese aspecto en la Constituci�n, establece normas sustantivas y adjetivas, las primeras versan sobre las instituciones centrales del r�gimen agrario, a saber: pol�tica de desarrollo y fomento agropecuario, los sujetos del derecho agrario (los ejidos y comunidades; ejidatarios y avecindados; sociedades rurales; propietarios individuales de tierras agr�colas, ganaderas y forestales, que no rebasen los l�mites de una peque�a propiedad; sociedades propietarias de tierras agr�colas, ganaderas o forestales), las reformas de tenencia de la tierra, las operaciones a prop�sito del uso y aprovechamiento de los inmuebles rurales y diversas instituciones llamadas a intervenir en ese �mbito; las segundas, hacen alusi�n al procedimiento judicial ordinario, cuyo contenido se encuentra en el t�tulo noveno de ese ordenamiento jur�dico (art�culo 163 a 200), denominado "De la justicia agraria".

As�, en este ordenamiento jur�dico se clasifica el universo de personas con obligaciones y derechos sustantivos a la luz de las leyes de la materia, y todas pueden participar en el juicio agrario, bien sea como actores o demandados, o bien, como terceros, siempre que la materia del conflicto verse sobre el discernimiento de la aplicaci�n de las normas agrarias, lo que ha de actualizarse cuando en la controversia est� involucrado un derecho agrario, de conformidad con lo previsto en el art�culo 163 de la ley mencionada, que dispone:

"Art. 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicaci�n de las disposiciones contenidas en esta ley."

En efecto, como es f�cil apreciar, este precepto legal determina la naturaleza de los juicios agrarios, no por los entes demandantes o por las partes contendientes, sino por la naturaleza de la litis en funci�n de la aplicaci�n de las disposiciones de la nueva Ley Agraria, por falta de esa aplicaci�n o ante la necesidad de que tal ordenamiento se aplique a casos concretos.

En este tenor, si en t�rminos del art�culo 1o. de la Ley Agraria, �sta "es reglamentaria del art�culo 27 constitucional en materia agraria" y, atendiendo a lo establecido en el precepto de la Carta Magna aqu�lla regula los derechos y obligaciones de los sujetos agrarios, y en el caso ha quedado evidenciado que los conflictos suscitados por la tenencia de los solares urbanos cuando �stos no est�n titulados comparten la naturaleza agraria, es dable concluir, que corresponde conocer a los tribunales agrarios la demanda de los derechos que la ley de la materia establece en favor de ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados y que estimen se han violado en su perjuicio.

Esto queda patentizado en debida observancia de una recta interpretaci�n del art�culo 69 de la Ley Agraria, que establece que: "La propiedad de los solares se acreditar� con el documento se�alado en el art�culo anterior y los actos jur�dicos subsecuentes ser�n regulados por el derecho com�n ...", ello como condici�n indispensable para advertir que mientras el solar urbano no est� titulado la procedencia de los juicios instaurados por conflictos en la tenencia de solares urbanos corresponde a los tribunales agrarios y que la controversia sea precisamente de esa naturaleza y no gen�ricamente administrativa o civil, pues, estos �ltimos casos se rigen por disposiciones diferentes.

Adem�s, lanaturaleza agraria de una controversia motivada por la tenencia de solares urbanos ejidales se identifica porque la demanda siempre estar� enderezada en contra de autoridades agrarias, ejidos, comunidades y/o ejidatarios, comuneros, avecindados o posesionarios y porque la sentencia que deba dictarse puede afectar la validez de actos realizados por dichas autoridades y/o los derechos agrarios de los indicados sujetos, establecidos en la nueva Ley Agraria.

Como corolario de lo hasta aqu� examinado, conforme lo disponen los art�culos 27, fracci�n XIX, de la Constituci�n General de la Rep�blica y 18, fracci�n VI, de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, dichos tribunales fueron creados para dirimir las controversias que se susciten entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre s�, as� como las que se susciten entre �stos y los �rganos del n�cleo de poblaci�n; por lo que esos tribunales son legalmente competentes para conocer de las controversias planteadas en que se discute la posesi�n de un solar urbano que a�n no se encuentra titulado en favor de persona alguna; pues al no existir t�tulo de propiedad del solar materia del conflicto, debidamente inscrito en el Registro Agrario Nacional, no ha salido del r�gimen ejidal y no se surte la hip�tesis prevista en el art�culo 69 de la Ley Agraria.

Por otra parte, el que la nueva Ley Agraria a diferencia de la abrogada Ley de Reforma Agraria modificara sustancialmente la naturaleza de los solares urbanos, asemej�ndola a la propiedad privada porque dejan de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, como lo considera el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito luego de reparar en las diferencias entre una y otra legislaci�n respecto de la naturaleza jur�dica de los solares urbanos, no implica que esos predios perdieran en su totalidad su origen agrario, pues para que un solar urbano ejidal sea de propiedad plena de su titular, como lo dispone la primera parte del art�culo 68 de la Ley Agraria, requiere la satisfacci�n de los requisitos que la propia legislaci�n prev�, entre ellos que la asamblea realice la asignaci�n en presencia del representante de la Procuradur�a Agraria de conformidad con los solares que resultan del plano aprobado por la misma asamblea, inscrito en el Registro Agrario Nacional, as� como la inscripci�n ante dicho organismo del acta de asignaci�n que se levante y, de manera primordial, los certificados que extiende el Registro Agrario Nacional acerca de cada solar, constituir�n los t�tulos oficiales correspondientes y acreditar�n la propiedad de �stos, de donde los actos jur�dicos subsecuentes ser�n regulados por el derecho com�n, para cuyos efectos tales t�tulos se inscribir�n en el Registro P�blico de la Propiedad de la entidad correspondiente.

De lo anterior se infiere que una vez consolidado el derecho de propiedad (art�culos 68 y 69 de la Ley Agraria), respecto de un solar de la zona de urbanizaci�n del ejido, el mismo queda fuera de las prescripciones de las leyes agrarias, como lo confirma la circunstancia de que es permitido adquirir ese derecho de propiedad a personas que no tengan el car�cter de ejidatarios. Conforme con estos razonamientos, si se otorg� a una persona el t�tulo de propiedad de determinado solar, esta propiedad no se comprende dentro de las previsiones de las leyes agrarias y, en consecuencia, su titular ya se trate de un ejidatario o de quien no tiene ese car�cter, en caso de menoscabo o perturbaci�n del dominio no puede recurrir a las autoridades agrarias para obtener la protecci�n de su derecho, sino que debe acudir a las autoridades judiciales del fuero com�n, mediante el ejercicio de la acci�n que corresponda. Lo anterior significa que mientras el ejidatario o avecindado �nicamente tenga la posesi�n de un solar, sin hab�rsele expedido a�n el t�tulo de propiedad correspondiente, tales predios seguir�n sujetos al r�gimen ejidal y, por tanto, los conflictos que deriven de los mismos, deben ser legalmente resueltos por los Tribunales Unitarios Agrarios.

SEXTO

Por todo lo anterior, las tesis que deben prevalecer son las sustentadas por esta Segunda Sala, que coinciden, sustancialmente con el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y que de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo, deben regir con car�cter jurisprudencial, quedando redactadas con el siguiente rubro y texto:

SOLAR URBANO NO TITULADO, EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS POR SU TENENCIA.-De la Ley Agraria en vigor, t�tulo tercero, cap�tulo II, secci�n cuarta, que comprende los art�culos 63 a 69 relativos a las tierras del asentamiento humano, se infiere que una vez consolidado el derecho de propiedad respecto de un solar de la zona de urbanizaci�n del ejido, el mismo queda fuera de las prescripciones de las leyes agrarias, como lo confirma la circunstancia que la propia ley prev�, de que procede la prescripci�n positiva, la enajenaci�n y la embargabilidad de los lotes urbanos de un ejido; de tal suerte, que si se otorg� a una persona el t�tulo de propiedad de determinado solar, esta propiedad no se comprende dentro de las previsiones de las leyes agrarias y, en consecuencia, su titular ya se trate de un ejidatario o de quien no tiene ese car�cter, en caso de menoscabo o perturbaci�n del dominio no puede recurrir a las autoridades agrarias para obtener la protecci�n de su derecho, sino que debe acudir a las autoridades judiciales del fuero com�n, mediante el ejercicio de la acci�n que corresponda. Lo anterior significa que mientras el ejidatario o avecindado �nicamente tenga la posesi�n de un solar sin hab�rsele expedido a�n el t�tulo de propiedad correspondiente, tal predio seguir� sujeto al r�gimen ejidal y, por tanto, los conflictos que deriven del mismo, deben ser legalmente resueltos por los Tribunales Unitarios Agrarios.

SOLAR URBANO TITULADO. LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COM�N SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN POR SU TENENCIA.-De conformidad con lo dispuesto por la Ley Agraria en vigor, en particular por su art�culo 69, se consolida el derecho de propiedad respecto de un solar de la zona de urbanizaci�n del ejido con la expedici�n del t�tulo oficial correspondiente y su inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad, de tal manera que queda fuera de las prescripciones de las leyes agrarias, como lo confirma la circunstancia que la propia ley reconoce la prescripci�n positiva, la enajenaci�n y la embargabilidad de los lotes urbanos de un ejido; de tal suerte, que si se otorg� a una persona el t�tulo de propiedad de determinado solar, esta propiedad no se comprende dentro de las previsiones de las leyes agrarias y, en consecuencia, su titular ya se trate de un ejidatario o de quien no tiene ese car�cter, en caso de menoscabo o perturbaci�n del dominio no puede recurrir a las autoridades agrarias para obtener la protecci�n de su derecho, sino que debe acudir a las autoridades judiciales del fuero com�n, mediante el ejercicio de la acci�n que corresponda.

Por lo expuesto y con fundamento en los art�culos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito al resolver los juicios de amparo directo n�meros 691/97 y 692/97 y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el amparo directo n�mero 28/93.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer el criterio sustentado por esta Segunda Sala, que coincide esencialmente con el del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo las tesis con car�cter jurisprudencial que han quedado redactadas en el �ltimo considerando de este fallo.

N.�quese; rem�tase testimonio de esta resoluci�n a los Tribunales Colegiados contendientes y las tesis jurisprudenciales que se establecen en esta resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis, as� como de la parte considerativa correspondiente para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, y h�gase del conocimiento del Pleno y de la Primera Sala de esta Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito las tesis jurisprudenciales que se sustentan en la presente resoluci�n, en acatamiento a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo; y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros Juan D�az R., M.A.G.�itr�n, G.I.O.M., G.D.G.�ngora P. y presidente S.S.A.A.. Fue ponente el Ministro Juan D�az R..