Ejecutoria num. 2a./J. 3/99 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828511

Ejecutoria num. 2a./J. 3/99 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 3/99
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 1999
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.CONTRATO Y CONVENIOS COLECTIVOS EN MATERIA DE TRABAJO. PUEDEN MODIFICARSE SIN TENER QUE CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 426 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.JUBILACIÓN. EL DERECHO PARA OBTENER SU PAGO ES IMPRESCRIPTIBLE, PERO NO EL DERECHO A LAS PENSIONES VENCIDAS Y NO RECLAMADAS, QUE PRESCRIBEN EN UN AÑO.PETRÓLEOS MEXICANOS, EL CONVENIO 4761/89 CELEBRADO ENTRE ESTE ORGANISMO Y EL SINDICATO TIENE LA MISMA NATURALEZA QUE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 2/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL D�CIMO NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, pues la hizo el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, quien tiene facultad para eso, de conformidad con el art�culo 197-A, p�rrafo primero, de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:

197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer ...

El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 479/96-I, en sesi�n de seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, sostuvo:

... es fundado el segundo concepto de violaci�n que se relaciona con la procedencia de la excepci�n de prescripci�n que opuso la paraestatal quejosa, pues como acertadamente lo alega, la acci�n que reclam� el obrero vinculada con el beneficio de la jubilaci�n en aplicaci�n del convenio administrativo sindical No. 4761/89 de nueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, ratificado ante la autoridad del trabajo el quince de diciembre siguiente, le prescribi� en t�rminos del art�culo 516 de la Ley Federal del Trabajo pues de esta �ltima fecha en que surti� plenos efectos dicho convenio a la diversa de presentaci�n de la demanda (16 de enero de 1996), transcurri� con creces el t�rmino de un a�o a que alude el art�culo 516 antes citado; sin que obste a lo anterior el hecho de que la Junta responsable considere en forma err�nea que los derechos consignados en el convenio de referencia son irrenunciables e imprescriptibles; pues omite considerar que en la especie se trata de un pacto entre empresa y sindicato que tuvo como finalidad resolver un problema de naturaleza social con motivo de la situaci�n en que quedaron un gran n�mero de trabajadores transitorios del Distrito Frontera Noreste a quienes ya no fue factible que Petr�leos Mexicanos siguiera contratando debido a la notable reducci�n de las actividades de explotaci�n en ese distrito; por lo que de manera excepcional y por �nica vez y sin que ello pudiera considerarse como un precedente; se convino con el sindicato en beneficiar a dichos trabajadores de acuerdo con las condiciones y requisitos de antig�edad que en el propio convenio se establecieron. Es decir, se trata en la especie de obreros transitorios respecto de quienes al estar cesantes no les es aplicable ni les beneficia el contrato colectivo de trabajo que s�lo rige para los de base. Por otro lado tampoco se trata de derechos derivados de la Constituci�n Federal ni de la Ley Federal del Trabajo ni del pacto colectivo sino que son de naturaleza t�picamente extralegal. Luego entonces, habr� de convenirse que es il�gico, antijur�dico e ilegal que se considere a dicha concesi�n graciosa y excepcional como un derecho adquirido que deba incorporarse a las normas laborales de la industria petrolera; esto es al contrato colectivo de trabajo; pues tal interpretaci�n extensiva va m�s all� de la voluntad de los contratantes y de aceptarse significar�a que en el futuro los trabajadores transitorios de Pemex tendr�an derecho a la jubilaci�n y a los dem�s beneficios del contrato colectivo de trabajo; lo que en un r�gimen de derecho es inaceptable, sin que este cuerpo colegiado pase inadvertido que tal punto de vista es metajur�dico y, por ende contrario a derecho y a los principios de equidad, equilibrio procesal; verdad sabida y buena fe guardada. En suma ri�e con lo justo. Por todo lo anterior, no se comparte tampoco el criterio respetable del Segundo Tribunal Colegiado en que se apoy� la responsable y debe denunciarse la contradicci�n de tesis correspondiente para que la superioridad decida en definitiva. Luego entonces si la Junta responsable procedi� en sentido inverso a lo aqu� establecido, es inconcuso que viola por su inobservancia en perjuicio de Pemex el art�culo 516 y en v�a de consecuencia los principios de verdad sabida, buena fe guardada, seguridad jur�dica y debido proceso, inmersos en los art�culos 840, 841 y 842 de la citada ley laboral y, en v�a de consecuencia, las garant�as que a favor de la quejosa consagran los art�culos 14 y 16 constitucionales; lo que obliga a otorgar la protecci�n federal solicitada, para el �nico efecto de que se deje insubsistente el laudo reclamado y en otro que se dicte se declare procedente la excepci�n de prescripci�n opuesta por la empleadora vinculada con el convenio administrativo sindical 4761/89 y absuelva a la paraestatal de las prestaciones relacionadas con la jubilaci�n; debiendo dejar inc�lume lo referente a la ampliaci�n de la incapacidad parcial a la total as� como la condena que por este concepto se decret�. Sobre el particular tienen aplicaci�n en lo conducente la jurisprudencia n�mero 656, publicada a foja 441 del Tomo V del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n y la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y que �ste comparte, publicada a foja 675 y 676 del T.I.I del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta de mayo de mil novecientos noventa y seis, cuyos rubros y textos dicen, respectivamente: ?CONVENIOS, NULIDAD DE LOS. PRESCRIPCI�N. La prescripci�n de la acci�n de nulidad de un convenio o de una liquidaci�n, por no cuantificarse correctamente las prestaciones que correspondan al trabajador conforme a la ley, est� sujeta a la regla general de un a�o, comprendida en el art�culo 516 de la Ley Federal del Trabajo y no en el caso especial de dos meses, previsto en el art�culo 518 de la propia ley, que se refiere a algunos casos de excepci�n, pues en el mismo no se prev� lo relativo a la nulidad de un convenio o una liquidaci�n.? y ?PRESCRIPCI�N. LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, AUNQUE IRRENUNCIABLES, SON SUSCEPTIBLES DE PRESCRIBIR CONFORME A LA LEY. Si bien es cierto que son irrenunciables los derechos del trabajador, de acuerdo a lo previsto por el art�culo 123, apartado A, fracci�n XXVII, inciso g) de la Constituci�n General de la Rep�blica; 5o. y 33 de la Ley Federal del Trabajo, tambi�n lo es que el ejercicio inoportuno de aqu�llos implica la operancia de su prescripci�n, conforme a las normas relativas -art�culos 516 a 522- de la Ley Federal del Trabajo.?.

Las consideraciones transcritas dieron origen a la siguiente tesis:

"TRABAJADORES TRANSITORIOS, CONVENIOS ADMINISTRATIVOS SINDICALES VINCULADOS CON LOS. NO GENERAN DERECHOS PERMANENTES E IMPRESCRIPTIBLES NI PUEDEN INCORPORARSE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. No es l�gico ni jur�dico considerar que si las partes que intervienen en un contrato administrativo sindical, pactaron beneficiar por �nica vez y sin sentar precedente a los trabajadores transitorios, que en el futuro ya no ser�a factible contratar por haber desaparecido la materia de trabajo, traiga como consecuencia el surgimiento de derechos permanentes e imprescriptibles que deban incorporarse a las normas que rigen las relaciones de trabajo entre Petr�leos Mexicanos y el sindicato respectivo, pues am�n de que tal manera de razonar va m�s all� de la voluntad de las partes, se omite considerar que en el caso justiciable no se trata de derechos derivados de la Constituci�n Federal, ni de la Ley Federal del Trabajo, ni del pacto colectivo, sino que son beneficios excepcionales de naturaleza t�picamente extralegal." (Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, p�gina ochocientos siete).

TERCERO

El Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 52/93-IV, en sesi�n de nueve de junio de mil novecientos noventa y tres, se bas� en las siguientes consideraciones:

QUINTO. Es parcialmente fundado el concepto de violaci�n que se propone, y ha lugar a suplir la queja deficiente en los t�rminos ordenados por el art�culo 107, fracci�n II, de la Constituci�n General de la Rep�blica, y 76 bis, fracci�n IV, de la Ley de Amparo. Como se aduce, la Junta responsable incorrectamente determin� que el convenio 1-5087/91, del quince de abril de mil novecientos noventa y uno, celebrado entre Petr�leos Mexicanos y el sindicato titular del contrato colectivo, dej� sin efectos el anterior convenio 4761/89, de nueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, concertado por las mismas partes, porque efectivamente en el acuerdo de voluntades mencionado en �ltimo t�rmino, atendiendo a los servicios prestados a la descentralizada, se establecieron prerrogativas que antes no exist�an en favor de los trabajadores transitorios que les permite ser jubilados o liquidados, si cumplen las exigencias pactadas. Las prerrogativas aludidas, son de la misma �ndole que las cl�usulas que integran el contrato colectivo de trabajo, pues se ajusta a las disposiciones del art�culo 386 del c�digo laboral. Esto es, convinieron por el patr�n y la agrupaci�n sindical, lo que viene a constituir una incorporaci�n de estos derechos a las normas laborales petroleras; derechos que por su propia naturaleza, pasan a ser irrenunciables en t�rminos de lo previsto en la fracci�n XIII del art�culo 5o. de la Ley Federal del Trabajo, pues una vez cumplidas las condiciones fijadas por los contratantes, los obreros eventuales tendr�n derecho a la liquidaci�n o jubilaci�n correspondiente y cualquier estipulaci�n en contrario, no produce efectos legales ni impide el goce y el ejercicio de aquellos derechos, en t�rminos del numeral acabado de invocar. Cabe destacar adem�s, que en el acuerdo de voluntades de mil novecientos ochenta y nueve, las partes no establecieron t�rminos de vigencia, o bien, el n�mero de empleados a jubilar o a liquidar; lo anterior permite reiterar que las normas en referencia, participan del mismo car�cter que cualquier cl�usula contractual de las que, previendo derechos individuales, pueden ser exigibles a la descentralizada, quien se encuentra obligada a preservar y a cumplir. No pasa inadvertido que el patr�n o el sindicato pueden modificar o dar por terminada cualquier estipulaci�n concertada entre ellos, mejorando las que ya existen en la fuente de trabajo y en caso contrario, se encuentran en posibilidad de hacerlo al revisar el contrato colectivo correspondiente, y trat�ndose de convenios, a trav�s del procedimiento a que alude el art�culo 426 en relaci�n con el diverso 900, de la Ley Federal del Trabajo, circunstancia que no sucedi� en la especie y que se precisa en suplencia de la queja deficiente, seg�n se anot� al inicio del presente considerando; por ello, el acuerdo de voluntades entre los contratantes sin agotar el mencionado procedimiento, no puede dejar sin efecto otro convenio anterior, ni hacerse valer frente a los trabajadores beneficiados por �ste. Por lo tanto, si la empresa y el sindicato celebran un convenio para dejar sin efecto uno anterior, que estableci� prerrogativas para trabajadores eventuales, derechos que como se dijo, antes no exist�an en la industria petrolera, pero sin agotar la secuela procesal acabada de mencionar, es claro que no puede perjudicar a los obreros que queden comprendidos en los supuestos de aquel acuerdo de voluntades, por m�s que se diga que se trata de prestaciones graciosamente otorgadas por el patr�n, o extralegales o extracontractuales. Estimar lo contrario ser�a tanto como considerar suficiente que patr�n y sindicato celebraran convenios a espaldas de los trabajadores para que con ello, se desconocieran los derechos de �stos, nulific�ndose as� en la pr�ctica, los efectos protectores de la legislaci�n obrera. En el orden de ideas apuntado, el an�lisis que realiz� la Junta responsable en cuanto a la excepci�n de prescripci�n que opuso la descentralizada, tambi�n es incorrecto, habida cuenta que si bien el convenio cuya aplicaci�n pretende P.S.A. se suscribi� en mil novecientos ochenta y nueve, como tal acuerdo de voluntades no se ha declarado sin efectos mediante la v�a que establecen los art�culos 426 en relaci�n con el 900, de la Ley Federal del Trabajo, la prescripci�n no puede comenzar a correr en contra del obrero en los t�rminos en que lo apreci� la autoridad responsable. En atenci�n a lo considerado hasta aqu�, procede conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que se solicita, para el efecto de que la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje deje insubsistente el laudo reclamado, y en uno nuevo, siguiendo los lineamientos establecidos en el presente considerando, estudie el fondo del planteamiento formulado por el obrero y, con plenitud de jurisdicci�n, resuelva lo que en derecho corresponda.

Las consideraciones transcritas dieron origen a la siguiente tesis:

"PEMEX. CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE EMPRESA Y SINDICATO QUE PERJUDICAN DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS TRABAJADORES, NO SURTEN EFECTOS LEGALES RESPECTO DE �STOS. Las prerrogativas establecidas en favor de los trabajadores en el convenio 4761/89 de fecha nueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, celebrado entre Petr�leos Mexicanos y el sindicato titular del contrato colectivo, siempre que se ajusten a las disposiciones del art�culo 386 del c�digo laboral, vienen a constituir una incorporaci�n de estos derechos a las normas laborales de la industria petrolera, mismos que, de conformidad con la fracci�n XIII del art�culo 5o. de la Ley Federal del Trabajo, pasan a ser irrenunciables, por lo que cualquier estipulaci�n en contrario no produce efectos legales ni impide el goce y ejercicio de aquellos derechos. As� pues, como en el convenio antes precisado se estableci� en favor de los trabajadores transitorios el privilegio de ser jubilados o liquidados, s� cumplen las exigencias pactadas; los beneficios antes aludidos son de la misma �ndole que las cl�usulas que integran el contrato colectivo de trabajo, consecuentemente, los obreros eventuales tendr�n derecho a la liquidaci�n o jubilaci�n correspondiente y como las partes no establecieron t�rmino de vigencia, o bien, el n�mero de empleados a jubilar o liquidar, ello permite reiterar, ante lo gen�rico de las normas de referencia, que participan del mismo car�cter que cualquier cl�usula contractual, por tanto, pueden ser exigibles a la descentralizada, quien se encuentra obligada a preservarlas y cumplirlas." (Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo XII-Septiembre, p�gina doscientos setenta y uno).

CUARTO

Del an�lisis de las ejecutorias que dieron origen a las tesis cuya contradicci�n ha sido denunciada, se pueden desprender los siguientes antecedentes:

La ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito corresponde al amparo directo 52/93, en el cual:

  1. El trabajador quejoso reclam� el laudo mediante el que una Junta de Conciliaci�n y Arbitraje absolvi� a Petr�leos Mexicanos de la reclamaci�n que hizo depender de la aplicaci�n de los beneficios que a los trabajadores transitorios concede el convenio 4761/89, de nueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, en virtud de que dicha Junta estim� que el convenio en cuesti�n dej� de surtir sus efectos el quince de abril de mil novecientos noventa y uno, por virtud de la celebraci�n del diverso convenio 5087/91.

  2. En los conceptos de violaci�n, el trabajador sostuvo que le eran aplicables los beneficios del convenio 4761/89 porque las partes "convinieron en establecer en favor de los trabajadores eventuales un derecho que antes no exist�a, que fue el de aplicar a todo aquel que tuviera m�s de cinco a�os de servicios y hubiese laborado en los dos �ltimos a�os previos a la firma del contrato, el contenido de la cl�usula 23 del contrato colectivo de trabajo vigente en 1989, en el cual se establece el derecho de ser liquidado con ... En dicho acuerdo de voluntades no se estableci� un periodo de vigencia." (foja veintinueve, vuelta, de autos). Tambi�n adujo que ese convenio es de la misma naturaleza que las disposiciones del contrato colectivo, ya que fue suscrito por las partes de conformidad con los art�culos 31, 375, 386 y dem�s relativos de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no puede ser dejado sin efecto por el diverso convenio 5087/91.

  3. El Tribunal Colegiado resolvi� conceder el amparo, por considerar que, efectivamente, el convenio 5087/91 no pod�a dejar sin efectos al otro convenio 4761/89, puesto que los derechos contenidos en este �ltimo participan de la misma naturaleza de las cl�usulas del contrato colectivo, al ajustarse a las disposiciones del art�culo 386 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que resultan irrenunciables, en t�rminos del art�culo 5o., fracci�n XIII, de la propia ley, adem�s de que no se estableci� plazo de vigencia o el n�mero de empleados a liquidar o jubilar. Finalmente, ese tribunal agreg� que los derechos contenidos en el convenio 4761/89 s� pueden modificarse o darse por terminados, pero que eso tiene que hacerse a trav�s del procedimiento establecido en los art�culos 426 y 900 de la citada Ley Federal del Trabajo.

    Por su parte, la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito corresponde al amparo directo n�mero 479/96, del que se destaca lo siguiente:

  4. El patr�n Petr�leos Mexicanos reclam� el laudo en el que lo condenaron a jubilar a un trabajador, con base en el convenio 4761/89 aplicado de acuerdo con el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado D�cimo Circuito.

  5. En los conceptos de violaci�n, Petr�leos Mexicanos aleg� dos razones fundamentales, en primer lugar, que el convenio 4761/89 fue celebrado para ayudar a trabajadores eventuales que por la disminuci�n de las actividades en un sector determinado, el sindicato no ten�a posibilidades para seguirlos proponiendo para prestar sus servicios en forma interina "no encontr�ndose el reclamante en ese supuesto, si se toma en cuenta que sigui� laborando m�s de 5 a�os despu�s de la firma del convenio, habiendo s�lo contado con el plazo de uno o dos a�os para exigir la aplicaci�n en su favor"; y, en segundo lugar, que al considerar que se hab�an cumplido los fines para los que se concert� ese convenio, la empresa y el sindicato lo dejaron sin efecto, al celebrar el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y uno, el diverso convenio 5087/91.

  6. El Tribunal Colegiado otorg� el amparo, considerando que el convenio 4761/89 tuvo como finalidad el resolver un problema de naturaleza social con motivo de la situaci�n en que quedaron un gran n�mero de trabajadores transitorios, por lo que "de manera excepcional y por �nica vez y sin que ello pudiera considerarse como un precedente, se convino con el sindicato en beneficiar a dichos trabajadores ... Se trata de obreros transitorios respecto de quienes al estar cesantes no les es aplicable ni les beneficia el contrato colectivo de trabajo que s�lo rige para los trabajadores de base. Tampoco se trata de derechos derivados de la Constituci�n ni de la Ley Federal del Trabajo ni del pacto colectivo, sino que son de naturaleza t�picamente extralegal ...". Finalmente, agreg� que no es correcto que se considere a dicha concesi�n "graciosa y excepcional" como un derecho adquirido que se hubiera incorporado a las normas laborales de la industria petrolera, pues eso significar�a que en el futuro los trabajadores transitorios tuvieran derecho a la jubilaci�n y a los dem�s beneficios del contrato colectivo.

QUINTO

Relatados los antecedentes m�s relevantes de los juicios de amparo que dieron origen a las tesis sustentadaspor cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, es necesario determinar si efectivamente existe la contradicci�n de tesis que se ha denunciado, para lo cual es conveniente tener en cuenta el siguiente criterio jurisprudencial:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Tesis publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo cincuenta y ocho, octubre de mil novecientos noventa y dos, p�gina veintid�s).

Ahora bien, el an�lisis de las consideraciones expuestas por los dos Tribunales Colegiados de Circuito, as� como de sus antecedentes, los cuales fueron referidos con anterioridad, demuestra que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada y que radica en la naturaleza del convenio 4761/89, celebrado entre Petr�leos Mexicanos y el sindicato titular del contrato colectivo, en tanto que establece el derecho a la jubilaci�n en favor de los trabajadores transitorios del Distrito Frontera Noreste de ese organismo, pues el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito sostiene que tal derecho se integra a las normas laborales petroleras con el mismo car�cter que las cl�usulas que integran el contrato colectivo; en cambio, el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito estima que los derechos establecidos en el convenio de m�rito se otorgaron para dar soluci�n a un conflicto de naturaleza social, de manera excepcional y por �nica vez, que son normas distintas al contrato colectivo.

De conformidad con la postura apuntada en el p�rrafo precedente, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito considera, a su vez, que si el derecho a la jubilaci�n establecido en favor de los trabajadores transitorios de Petr�leos Mexicanos, en el convenio a que se ha hecho referencia, es una norma de igual jerarqu�a que las normas del contrato colectivo, s�lo puede ser modificado en la revisi�n de dicho contrato o a trav�s del procedimiento establecido en el art�culo 426 de la Ley Federal del Trabajo, de manera que un convenio posterior no puede derogarlas y, al seguir vigentes, el plazo para reclamarlas no puede comenzar a correr. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito sostiene que si el derecho en cuesti�n no tiene la jerarqu�a de las normas del contrato colectivo, ni deriva de la Constituci�n o de la Ley Federal del Trabajo, es un derecho renunciable que puede ser modificado por cualquier acuerdo de voluntades, y a partir de la fecha en que eso suceda deber� contarse la prescripci�n de la acci�n para hacerlo efectivo.

En tales condiciones, al existir contradicci�n de tesis, esta Segunda Sala debe abocarse a determinar cu�l es la que debe prevalecer, sin que obste para eso el hecho de que el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito haya tomado en consideraci�n un convenio (5087/91) que no fue revisado por el otro Tribunal Colegiado y que, en principio, pudiera llevar a pensar que respecto de ese punto no existir�a contradicci�n de tesis, al haber sido sustentadas en el examen de diversos elementos.

Se afirma que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada puesto que de los antecedentes que se narraron en el considerando anterior deriva que el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que no se pronunci� en su ejecutoria en relaci�n con el convenio 5087/91, que s� fue estudiado en forma expresa por el otro tribunal, manifest� claramente que "... no comparte el criterio respetable del Segundo Tribunal Colegiado en que se apoy� la responsable y debe denunciarse la contradicci�n de tesis correspondiente ...". Adem�s, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que no tom� en consideraci�n el convenio 5087/91, afirm� categ�ricamente que los derechos otorgados a los trabajadores transitorios del sector Frontera Noreste de Petr�leos Mexicanos, en el convenio 4761/89, no ten�an la categor�a de un contrato colectivo y que, por lo mismo, pod�a modificarse por cualquier acuerdo de voluntades.

En tal sentido es que los criterios de cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados en este asunto s� resultan contradictorios y debe procederse a su resoluci�n, aun en el caso de que, como se vio, uno de ellos haya considerado impl�citamente un elemento que el otro consider� en forma expresa. Al respecto sirve de apoyo la siguiente tesis de jurisprudencia:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PROCEDE SU AN�LISIS AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES SEA IMPL�CITO, SIEMPRE Y CUANDO EL SENTIDO DE �STE PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE. El hecho de que uno de los criterios divergentes materia de la contradicci�n de tesis denunciada, sea impl�cito, no impide que pueda analizarse y resolverse la contradicci�n planteada, pero para que la divergencia tenga jur�dicamente los mismos efectos que un desacuerdo expreso al resolver cuestiones esencialmente iguales, se requiere que el sentido atribuido al criterio t�cito sea indubitable." (Tesis de esta Segunda Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.I., septiembre de mil novecientos noventa y cinco, p�gina trescientos setenta y dos).

En tales condiciones, se repite, una vez precisado que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada, esta Segunda Sala debe proceder a resolver cu�l es la que debe prevalecer.

SEXTO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que deben prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, las tesis que se precisar�n m�s adelante, que se apartan del criterio sustentado por cada uno de los Tribunales Colegiados involucrados, por los siguientes argumentos:

El problema jur�dico que se presenta en este asunto, seg�n se vio en el considerando anterior, consiste en determinar si el convenio 4761/89, celebrado entre Petr�leos Mexicanos y el sindicato titular del contrato colectivo, constituye una norma jur�dica equiparable a las que integran el contrato colectivo y, por consiguiente, si goza de sus mismos atributos o, por el contrario, si se trata de normas jur�dicas distintas que tienen atributos diversos. En ese sentido es conveniente hacer una referencia a los contratos, en general, as� como al principio de la autonom�a de la voluntad y, posteriormente, abordar el tema espec�fico de la contrataci�n en materia de trabajo.

De conformidad con lo dispuesto en los art�culos 1792 y 1793 del C�digo Civil para el Distrito Federal, en Materia Com�n, y para toda la Rep�blica en Materia Federal, un convenio es el acuerdo de dos o m�s personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones; y los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos.

Las definiciones legales apuntadas fueron tomadas, b�sicamente, de la doctrina francesa, entre cuyos autores destacan M.P. y J.B., quienes manifiestan en relaci�n con el tema que nos ocupa:

"La convenci�n es el acuerdo de dos o m�s personas sobre un objeto de inter�s jur�dico y el contrato es una especie particular de convenci�n, cuyo car�cter propio consiste en ser productor de obligaciones." (Planiol, M.. Derecho Civil, Harla, M�xico, 1997, trad. L.P.C., p. 815).

"... la convenci�n es un acto jur�dico bilateral, es decir, un acuerdo de voluntades cuyo objeto es crear, modificar, transmitir o extinguir un derecho ... Con el contrato nos encontramos ante una noci�n m�s particular. En efecto, el contrato es una variedad de convenio cuya caracter�stica es ser creador de obligaciones. Por tanto, es indudable, que para precisar la noci�n de contrato, necesariamente, debe partirse por lo menos de la del acto jur�dico ... Cuando se considera en general el acto jur�dico y el contrato, desde el punto de vista de la voluntad, se plantea un doble problema admiti�ndose, naturalmente, que no se discute la necesidad de que exista una voluntad y la manifestaci�n de �sta para que haya acto jur�dico. Pero establecido lo anterior, se trata, en primer lugar, de precisar si de acuerdo con una pretendida regla, considerada hasta hoy como indiscutible, se halla la voluntad totalmente sustra�da, en el derecho civil moderno, de una manera general, a la influencia de la forma, siendo por tanto soberana, en cuanto a la formaci�n del acto jur�dico. Este primer problema consiste en preguntarse cu�les son la funci�n y manifestaciones del formulismo en la �poca contempor�nea. El segundo problema planteado por el papel de la voluntad en el acto jur�dico se confunde, frecuentemente, con el primero, no obstante que debe distinguirse cuidadosamente de �l. Se reduce a preguntar, una vez constituido el acto jur�dico, si para atribuirle todo su alcance o interpretarlo, deben desatenderse los t�rminos empleados por los interesados y tomar en consideraci�n su voluntad interna y psicol�gica, o si por el contrario, abandonando esta �ltima voluntad, es necesario atenerse a los t�rminos del acto jur�dico so pretexto de que la voluntad que determin� su creaci�n definitivamente se concreta y traduce en las f�rmulas del acto, es decir, en la declaraci�n de la voluntad." (B., J., Tratado Elemental de Derecho Civil, Harla, M�xico, 1997, trad. E.F.A., pp. 764-766).

Las definiciones e ideas citadas con anterioridad permiten advertir que la libertad tiene un papel predominante en la formaci�n de los contratos. La libertad de contratar puede verse desde dos aspectos distintos, que podr�an llamarse externo e interno y que consistir�an, el primero, en la facultad de decidir si se celebra o no el contrato y, el segundo, en la posibilidad de establecer el contenido del acuerdo de voluntades, es decir, de los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Este �ltimo aspecto de la libertad de los contratos suele denominarse "autonom�a de la voluntad".

"La teor�a de la autonom�a de la voluntad sostiene esencialmente la soberan�a de los individuos para reglar sus derechos mediante un acuerdo de voluntades (convenci�n o contrato), acuerdo este que tiene fuerza de ley entre las partes." (Charny, H.. Enciclopedia Jur�dica O., D., Buenos Aires, 1986, t. I, p. 968).

La libertad de las partes, si bien constituye un presupuesto o, por lo menos, un elemento importante en la formaci�n de los contratos, no es un derecho ilimitado del que gocen los contratantes. La libertad en los contratos se encuentra limitada, algunas veces, por el orden p�blico, la moral o las buenas costumbres. As�, en el derecho positivo mexicano, por ejemplo, el art�culo 1830 del C�digo Civil citado anteriormente establece que ser� il�cito el hecho, objeto del contrato, cuando sea contrario a las leyes de orden p�blico o a las buenas costumbres.

Particularmente, las ramas del derecho p�blico y del social se han preocupado por establecer ciertos l�mites a la libertad contractual, pues el extremo individualismo del derecho privado, que se manifiesta esencialmente en la autonom�a de la voluntad, trajo como consecuencia que los seres humanos d�biles, cultural y econ�micamente, se encontraran desprotegidos ante los poderosos, con lo que incluso se perdi� la misma libertad de contrataci�n.

En esas condiciones, el Estado moderno, a trav�s de las distintas ramas del derecho p�blico y social, interviene para regular las relaciones sociales que pudieran encontrarse en situaciones de riesgo, anteponiendo el inter�s general al inter�s individual. As�, el derecho laboral surge, como todo el derecho, de la necesidad de regular un fen�meno social, a saber, la prestaci�n de un trabajo personal subordinado. Tiene la finalidad de establecer el equilibrio jur�dico entre patrones y trabajadores. En tales condiciones, por ser los miembros de la clase trabajadora, generalmente, personas de escasos recursos y d�biles econ�micamente frente a sus empleadores, el derecho del trabajo adquiere un car�cter protector o tutelar.

El Estado mexicano no ha sido ajeno a la tendencia de intervenir en las relaciones sociales con la intenci�n de equilibrar las condiciones de los contratantes. Por ejemplo, a nivel constitucional, en el proyecto presentado por F.J.M.�jica y otros diputados a la Asamblea Constituyente de 1916-1917, en cuyo seno se gest� el derecho social del trabajo, puede leerse:

... es incuestionable el derecho del Estado a intervenir como fuerza reguladora en el funcionamiento del trabajo del hombre, cuando es objeto de contrato, ora fijando la duraci�n mixta que debe tener como l�mite, ora se�alando la retribuci�n m�xima que ha de corresponderle, ya sea por unidad de tiempo o en proporci�n de la cantidad o calidad de la obra realizada, tanto para que en el ejercicio del derecho de libertad de contratar no se exceda con perjuicio de su salud y agotamiento de sus energ�as, estipulando una jornada superior a la debida, como para que tampoco se vea obligado por la miseria aceptar un jornal exiguo que no sea bastante a satisfacer sus necesidades normales y las de su familia, sin parar mientes en que los beneficios de la producci�n realizada con su esfuerzo material permiten, en la generalidad de los negocios, hacer una remuneraci�n liberal y justa a los trabajadores.

En el mismo sentido, la exposici�n de motivos del C�digo Civil para el Distrito Federal, en Materia Com�n, y para toda la Rep�blica en Materia Federal, se�ala en relaci�n con el tema de que se trata:

Se crey� que algunos de los contratos de prestaci�n de servicios deben de salir de la esfera del derecho privado, porque afectan no s�lo los intereses de los contratantes, sino los de la colectividad, y que la autoridad deb�a de intervenir en su celebraci�n, para atenuar, en lo posible, la desigualdad en que se encuentran colocados los contratantes. Por tal motivo se suprimieron en el proyecto los contratos sobre los servicios dom�sticos, aprendizaje, servicios por jornal y servicio a precio alzado, en los que el operario no pone los materiales de la obra, reserv�ndose la reglamentaci�n de estos contratos a la ley org�nica del art�culo 123 de la Constituci�n Federal.

As�, para cumplir con su finalidad y hacer efectivo el equilibrio entre las partes trabajadora y patronal, el derecho laboral ha creado una serie de instituciones jur�dicas que establecen los derechos m�nimos que deben disfrutar los obreros. Las normas jur�dicas que constituyen el marco protector de la clase proletaria se encuentran indistintamente en la Constituci�n o en la ley, principalmente, as� como tambi�n en los acuerdos de voluntades celebrados libremente por trabajadores y patrones. Algunos ejemplos son los siguientes:

  1. El art�culo 123, apartado A, fracciones I y IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la duraci�n m�xima de la jornada laboral ser� de ocho horas y que el obrero disfrutar� de un d�a de descanso por seis de trabajo;

  2. El art�culo 117 de la Ley Federal del Trabajo que dispone que los trabajadores tendr�n derecho a participar en las utilidades de la empresa para la cual presten sus servicios.

  3. El derecho a la jubilaci�n, es decir, el derecho que tiene el trabajador a obtener el pago de una pensi�n, por antig�edad, a partir de que concluye la relaci�n de trabajo, que no encuentra su fundamento en la Constituci�n ni en la Ley Federal del Trabajo, sino en el acuerdo de voluntades de patrones y trabajadores.

Como se dijo anteriormente, el derecho del trabajo busca mantener la igualdad y el equilibrio entre los patrones y los trabajadores y para lograrlo ha establecido una serie de derechos m�nimos de los cuales deben gozar los obreros; adem�s, para garantizar esos derechos m�nimos, consagrados tanto constitucional como legalmente, sanciona con su nulidad cualquier acuerdo o convenio que los reduzca o desconozca. As�, los art�culos 123, apartado A, fracci�n XXVII, inciso h), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 5o., fracci�n XIII, y 33 de la Ley Federal del Trabajo, establecen:

"Art�culo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente �til; al efecto, se promover�n la creaci�n de empleos y la organizaci�n social para el trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Uni�n, sin contravenir a las bases siguientes deber� expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regir�n:

"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, dom�sticos, artesanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo:

"...

"XXVII. Ser�n condiciones nulas y no obligar�n a los contratantes, aunque se expresen en el contrato:

"...

h) Todas las dem�s estipulaciones que impliquen renuncia de alg�n derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protecci�n y auxilio a los trabajadores.

Ley Federal del Trabajo:

"5o. Las disposiciones de esta ley son de orden p�blico, por lo que no producir� efecto legal, ni impedir� el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulaci�n que establezca:

"...

"XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo.

"En todos estos casos se entender� que rigen la ley o las normas supletorias en lugar de las cl�usulas nulas."

"33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y dem�s prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominaci�n que se le d�.

Todo convenio o liquidaci�n, para ser v�lido, deber� hacerse por escrito y contener una relaci�n circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en �l. Ser� ratificado ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, la que lo aprobar� siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores.

Los preceptos transcritos reconocen, impl�citamente, la debilidad econ�mica de los trabajadores ante sus empleadores y, por consiguiente, establecen que ser� nula cualquier estipulaci�n que implique renuncia de los derechos y prerrogativas consagradas por la Constituci�n Federal y la Ley Federal del Trabajo en favor de los trabajadores, pues se parte de la idea que esa renuncia pudiera ser aceptada por la necesidad econ�mica del trabajador. Ese mismo criterio ha sido reiterado por la Suprema Corte de Justicia, que ha establecido, entre otras, las siguientes tesis en relaci�n con los contratos y convenios en materia de trabajo:

"CONTRATO DE TRABAJO, AUTONOM�A DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES. L�MITES. La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la autonom�a de la voluntad de las partes en los contratos de trabajo, como en cualquier contrato, no puede rebasar los imperativos de la ley de orden p�blico porque nuestra legislaci�n sostiene el principio de la nulidad de los actos jur�dicos que se realizan en contra de disposiciones prohibitivas y que afectan al orden p�blico; y en especial, trat�ndose del derecho laboral, con categor�a constitucional, se establece la nulidad de toda estipulaci�n que sea contraria a las disposiciones legales protectoras del trabajador." (Tesis aislada de la anterior Cuarta Sala publicada en el Semanario Judicial de laFederaci�n, Sexta �poca, Tomo LXII, Quinta Parte, p�gina dieciocho).

"CONVENIOS. La autonom�a de la voluntad, elemento esencial de los contratos civiles, es restringida en las convenciones laborales, las cuales se circunscriben y act�an dentro de los l�mites fijados por la ley de la materia y el art�culo 123 constitucional en su fracci�n XXVII; de tal suerte que las composiciones realizadas por los trabajadores y sus patrones son il�citas y obligatorias en tanto, no rebasen los l�mites se�alados, pues prob�ndose esta circunstancia, los actos jur�dicos est�n afectados de nulidad. Cuando el convenio o transacci�n se refiere al caso de terminaci�n voluntaria del contrato de trabajo, fracci�n I del art�culo 126 de la ley laboral, el acto jur�dico es correcto y legal en s�, y s�lo podr�a anularse demostrando que han existido vicios de la voluntad que determinen su ineficacia jur�dica o que concurre alguna de las circunstancias indicadas en la disposici�n constitucional antes invocada." (Tesis aislada de la anterior Cuarta Sala publicada en el Informe de labores rendido a la Suprema Corte de Justicia por su presidente al finalizar 1956, parte II, p�gina catorce).

"CONVENIOS EN MATERIA DE TRABAJO. La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que no es contraria al art�culo 123 constitucional, la celebraci�n de una transacci�n que pone fin a las dificultades entre obreros y patronos, en la cual se hagan mutuas concesiones que satisfagan sus respectivas pretensiones. El concepto de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, no puede constituir una prohibici�n que lo haga incapaz de evitar una contienda, haciendo alguna concesi�n respecto a su punto de vista, a cambio de alg�n beneficio, o declarando en t�rminos de equidad, que lo que realmente le corresponde es menos de lo que hab�a demandado, siempre que se re�nan los requisitos legales y que el convenio sea aprobado por las autoridades del trabajo, ya que de otro modo carecer�an de sentido las disposiciones de la ley que establecen los requisitos mediante los cuales han de llevarse a cabo dichos convenios." (Tesis aislada de la anterior Cuarta Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo LXXXI, p�gina dos mil cuatrocientos doce).

De lo expuesto hasta ahora se puede deducir que las partes de la relaci�n laboral, trabajadores y patrones, tienen la libertad de pactar las condiciones en que habr� de prestarse el trabajo, siempre y cuando no contravengan las disposiciones que, de manera imperativa, se encuentran establecidas en la Constituci�n y la Ley Federal del Trabajo.

Las "condiciones generales de trabajo" son, precisamente, el conjunto de normas jur�dicas que rigen una relaci�n laboral y que, como se vio anteriormente, no pueden ser inferiores a las establecidas en el art�culo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo; una de las formas o medios para establecer las condiciones generales de trabajo es el llamado "contrato colectivo de trabajo", que puede definirse como "... el acuerdo al que llegan un grupo de trabajadores representados por una organizaci�n sindical, con un patrono o grupo de patronos, con una empresa o una industria, en su car�cter de unidades econ�micas de producci�n o distribuci�n de bienes o servicios, para establecer las condiciones de trabajo seg�n las cuales los primeros prestar�n un servicio subordinado y los segundo aceptar�n obligaciones de naturaleza individual y social, mediante la consignaci�n de beneficios y compromisos rec�procos, ajustados a la �ndole de los servicios a desarrollar por los trabajadores." (Barajas, S.. Diccionario Jur�dico Mexicano, P.�a, M�xico, 1993, t. I, p. 695).

Tratando el tema del contrato colectivo, W.R. se�ala que:

"... se llega a comprender mejor la contrataci�n colectiva examinando sus partes constituyentes. El t�rmino contrataci�n puede tomarse en un sentido casi literal. Es sin�nimo bastante aproximado de pactar, convenir, regatear o debatir ... Colectiva tambi�n connota la acci�n de grupo. La acci�n de grupo, como en el caso de muchos procedimientos democr�ticos, se enfoca a trav�s de representantes. Las partes que intervienen en la contrataci�n colectiva representan determinados grupos y reflejan, con cierta deformaci�n, los acuerdos de esos grupos. En la mesa de la discusi�n los delegados de la empresa representan, en un sentido colectivo, a los propietarios del negocio ... En los sindicatos, los negociadores, dependiendo esto de la clase de negociaci�n de que se trate, representan a los miembros de la planta industrial local, o a los trabajadores de los establecimientos de la misma �ndole en toda una ciudad o en toda una regi�n, o bien a todos los miembros de un sindicato nacional o internacional. As� pues, la palabra ?colectiva? significa acci�n de grupo, aunque no sea exactamente eso, a causa de que s�lo intervienen representantes de los grupos ... La contrataci�n colectiva es un procedimiento ininterrumpido. Debe hacerse hincapi� en la �ndole continua de la contrataci�n colectiva ... ser�a un error suponer que la contrataci�n colectiva principia y termina con la redacci�n del contrato. De hecho, ese es s�lo el comienzo de la contrataci�n colectiva. �sta contin�a, en realidad, durante los 365 d�as del a�o. La parte m�s importante de la contrataci�n colectiva ... es la negociaci�n que contin�a d�a tras d�a, de acuerdo con las reglas establecidas por el convenio de trabajo." (El contrato colectivo de trabajo, su negociaci�n, revisi�n, principios y pr�cticas. Editorial Letras, S.A., M�xico, 1963, trad. Victorino P�rez, pp. 94 a 104).

La Ley Federal del Trabajo se refiere al contrato colectivo de trabajo, en su art�culo 386, de la siguiente forma:

386. Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, con objeto de establecer las condiciones seg�n las cuales debe prestarse el trabajo en una o m�s empresas o establecimientos.

Por su parte, M. de la Cueva, analizando el texto de la Ley Federal del Trabajo, coincide con algunas de las ideas de R., citadas con anterioridad, y en relaci�n con el contrato colectivo de trabajo y su distinci�n con los convenios, expresa:

"El t�rmino convenio colectivo posee una significaci�n amplia, la que puede caracterizarse como un acuerdo entre un sindicato de trabajadores y un patrono para regular en forma colectiva las relaciones entre el trabajo y el capital. Siguiendo esta caracterizaci�n, podemos decir que los contratos colectivos y los convenios colectivos en sentido restringido o estricto son las dos especies del g�nero, pero no se colocan en el mismo plano, porque los contratos colectivos son la especie mayor y jer�rquicamente superior, en tanto los convenios colectivos son la especie menor y subordinada ... El concepto de convenio colectivo, que deducimos de los caracteres del contrato colectivo y de la relaci�n que guarda aqu�l con �ste, se expresa diciendo que es ?los acuerdos celebrados entre los sindicatos de trabajadores y los patronos para reglamentar la aplicaci�n de los contratos colectivos, regular cuestiones que no se consideraron en los contratos colectivos, superar las condiciones de trabajo en beneficio de los trabajadores y poner fin, en el procedimiento conciliatorio, a los conflictos colectivos que se promuevan ante las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje.?." (El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Editorial P.�a, M�xico, 1972, pp. 367 y 368).

Retomando las ideas anteriores puede afirmarse que el contrato colectivo de trabajo y los convenios, cuando �stos son celebrados por los representantes de los patrones y trabajadores, tienen en com�n un factor determinante, que les atribuye su car�cter y el cual consiste, precisamente, en que las partes que los celebran son "colectivas", es decir, representantes de intereses de una clase social, ya sea la obrera o la patronal.

En esas condiciones, puede afirmarse que el contrato colectivo de trabajo y las normas de un convenio son de la misma categor�a, es decir, ambas participan de una naturaleza colectiva.

Ahora bien, precisado que las normas del contrato colectivo de trabajo y las que constituyen un convenio, celebrado por los representantes de patrones y trabajadores, son normas que derivan de la voluntad colectiva de aqu�llos, debe abordarse la cuesti�n en torno a la forma en que �stos pueden ser modificados.

Debe recordarse que uno de los Tribunales Colegiados estim� que las normas de un convenio son de la misma categor�a que las de un contrato colectivo y que, por eso, s�lo pueden modificarse a trav�s del procedimiento establecido en el art�culo 426 de la Ley Federal del Trabajo. El otro Tribunal Colegiado consider� que las normas de un convenio pueden modificarse libremente por las partes, en virtud de que no son iguales a las normas que integran el contrato colectivo.

Esta Segunda Sala estima que, en el punto en cuesti�n, debe optarse por un criterio distinto al de los Tribunales Colegiados. En efecto, ya se vio que las normas del contrato colectivo y las de un convenio, cuando en �ste intervienen los representantes de patrones y trabajadores, son iguales, en tanto que ambas derivan de una voluntad colectiva; sin embargo, eso no implica que para modificarlas tenga que observarse, inexorablemente, el procedimiento establecido en el art�culo 426 de la Ley Federal del Trabajo, sino que las partes tambi�n pueden hacerlo libremente, en ejercicio de su libertad contractual, la cual como se vio anteriormente, deber� ajustarse en todo caso a los lineamientos establecidos por el legislador para protecci�n de la clase trabajadora.

A fin de comprobar lo anterior, debe tomarse en consideraci�n lo dispuesto en los art�culos 397, 398, 399, 399 bis, 400 y 426 de la Ley Federal del Trabajo:

"397. El contrato colectivo por tiempo determinado o indeterminado, o para obra determinada, ser� revisable total o parcialmente, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 399."

"398. En la revisi�n del contrato colectivo se observar�n las normas siguientes:

"I. Si se celebr� por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patr�n, cualquiera de las partes podr� solicitar su revisi�n;

"II. Si se celebr� por varios sindicatos de trabajadores, la revisi�n se har� siempre que los solicitantes representen el cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los miembros de los sindicatos, por lo menos; y

"III. Si se celebr� por varios patrones, la revisi�n se har� siempre que los solicitantes representen el cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los miembros de los sindicatos, por lo menos."

"399. La solicitud de revisi�n deber� hacerse, por lo menos, sesenta d�as antes:

"I.D. vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado, si �ste no es mayor de dos a�os;

"II.D. transcurso de dos a�os, si el contrato por tiempo determinado tiene una duraci�n mayor; y

"III.D. transcurso de dos a�os, en los casos de contrato por tiempo indeterminado o por obra determinada. Para el c�mputo de este t�rmino se atender� a lo establecido en el contrato y, en su defecto, a la fecha del dep�sito."

"399 bis. Sin perjuicio de lo que establece el art�culo 399, los contratos colectivos ser�n revisables cada a�o en lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. La solicitud de esta revisi�n deber� hacerse por lo menos treinta d�as antes del cumplimiento de un a�o transcurrido desde la celebraci�n, revisi�n o pr�rroga del contrato colectivo."

400. Si ninguna de las partes solicit� la revisi�n en los t�rminos del art�culo 399 o no se ejercit� el derecho de huelga, el contrato colectivo se prorrogar� por un periodo igual al de su duraci�n o continuar� por tiempo indeterminado.

Los preceptos transcritos establecen que los contratos colectivos son revisables total o parcialmente, que dicha revisi�n debe hacerse cuando menos cada dos a�os y que trat�ndose de salarios la revisi�n ser� por lo menos cada a�o. Por su parte, el art�culo 426 de la Ley Federal del Trabajo se�ala la posibilidad de modificar las condiciones generales de trabajo en los t�rminos siguientes:

"426. Los sindicatos de trabajadores o los patrones podr�n solicitar de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje la modificaci�n de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos-ley:

"I. Cuando existan circunstancias econ�micas que la justifiquen; y

"II. Cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo.

La solicitud se ajustar� a lo dispuesto en los art�culos 398 y 419, fracci�n I, y se tramitar� de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza econ�mica.

A la luz de lo expuesto a lo largo de esta resoluci�n y con base en los preceptos antes citados, se puede decir que los patrones y trabajadores al celebrar un contrato colectivo de trabajo tienen la facultad de establecer libremente las condiciones conforme a las cuales debe prestarse el trabajo, con la �nica condici�n de que no sean inferiores a las consignadas en la Constituci�n y en la Ley Federal de Trabajo; de igual forma las partes contratantes tambi�n tienen la posibilidad de solicitar la modificaci�n de las condiciones de trabajo e, incluso, lograr su disminuci�n, facultad que ha sido reconocida jurisprudencialmente por esta Segunda Sala que estableci� el siguiente criterio:

"CONTRATO COLECTIVO. EN SU REVISI�N SE PUEDEN REDUCIR LAS PRESTACIONES PACTADAS POR LAS PARTES, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS DERECHOS M�NIMOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL TRABAJADOR. De conformidad con el art�culo 123, apartado A, fracci�n XXVII, inciso h), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ser�n nulas las estipulaciones que impliquen renuncia de alg�n derecho consagrado en favor del obrero en las leyes de protecci�n de auxilio a los trabajadores. A su vez, el art�culo 394 de la Ley Federal del Trabajo establece que ning�n contrato colectivo podr� pactarse en condiciones menos favorables a las existentes en los contratos vigentes en la empresa o establecimiento. De la interpretaci�n sistem�tica de ambos preceptos, se infiere que la nulidad a que se refiere el precepto constitucional sobrevendr� cuando el derecho al que se renuncie est� previsto en la legislaci�n, mas no en un contrato; ello se afirma porque de la lectura del precepto legal de que se trata, se advierte que se refiere a cuando por primera vez se va a firmar un contrato colectivo, pues el empleo en dicho numeral de la palabra ?contratos?, as� en plural, implica que se refiere a los contratos de trabajo individuales que existen en la empresa o establecimientos, antes de que por primera vez se firme un contrato colectivo, dado que en un centro de trabajo no puede existir m�s de uno de los mencionados contratos colectivos, seg�n se desprende del contenido del art�culo 388 del mismo ordenamiento legal; de ah� que v�lidamente se puedan reducir prestaciones en la revisi�n de la contrataci�n colectiva, siempre y cuando sean �stas de car�cter contractual o extralegal; estimar lo contrario, podr�a implicar la ruptura del equilibrio de los factores de la producci�n (capital y trabajo) y en algunos casos, la desaparici�n misma de la fuente laboral." (Tesis de jurisprudencia por contradicci�n de esta Segunda Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IV, agosto de mil novecientos noventa y seis, p�gina ciento setenta y siete).

Ahora bien, el hecho de que la Ley Federal del Trabajo establezca en los art�culos 397 a 400 y 426 un mecanismo para realizar la revisi�n del contrato colectivo y la modificaci�n de las condiciones generales de trabajo que en aqu�l se contengan no excluye la posibilidad de que los sujetos de la relaci�n laboral, patrones y trabajadores, en ejercicio de su libertad contractual y dentro de los par�metros establecidos por la Constituci�n y la Ley Federal del Trabajo celebren convenios que modifiquen a los contratos colectivos o las condiciones generales de trabajo.

Seg�n se expuso anteriormente, el contrato colectivo es esencialmente din�mico y, las partes pueden realizar cualquier ajuste o modificaci�n de su contenido, con tal de que no infrinjan los derechos m�nimos de los trabajadores. En ese sentido, debe entenderse que los procedimientos de revisi�n y modificaci�n son normas protectoras de los trabajadores o, bien, de la fuente de trabajo, que garantizan que, por lo menos, el contrato se revisar� una vez al a�o, trat�ndose de salarios, y cada dos a�os, en los dem�s aspectos. Por su parte, el art�culo 426 de la Ley Federal del Trabajo supone la existencia de un procedimiento en el que una de las partes de la relaci�n laboral busca la modificaci�n de las condiciones generales de trabajo sin el consentimiento de la otra y, por eso, es que acude a una Junta de Conciliaci�n y Arbitraje. No obstante, trabajadores y patrones pueden realizar todos aquellos acuerdos de voluntades necesarios para ajustar el contrato colectivo a las necesidades de la empresa o, bien, optar de com�n acuerdo por la modificaci�n de las condiciones en que debe prestarse el trabajo, si as� lo estiman conveniente y ello no transgrede el marco tutelar de la clase trabajadora.

De manera que una vez que han sido precisados los l�mites que deben observarse en la formaci�n de los contratos y convenios en materia del trabajo, as� como en su modificaci�n, debe analizarse el convenio 4761/89 celebrado entre Petr�leos Mexicanos y el sindicato titular del contrato colectivo, cuya naturaleza es el punto de contradicci�n que debe resolverse.

El texto del convenio referido, en la parte que interesa, es el siguiente:

"En la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, siendo las doce horas del d�a nueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, se reunieron en la Subdirecci�n T�cnica Administrativa de Petr�leos Mexicanos, por una parte los se�ores L.. C.S.A.G., L.. P.C.V.�zquez y J.P.G.�lez, respectivamente; y por otra parte, en representaci�n del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Rep�blica Mexicana por el Comit� Ejecutivo General, los se�ores Prof. S.�n G.�n Cabrera e Ing. Julio C�sar V.O., secretarios general y del interior y acuerdos de la citada secci�n. El objeto de la reuni�n es hacer constar los arreglos a que llegaron las partes, en relaci�n al trato de excepci�n que pueda otorgarse a los trabajadores transitorios del Distrito Frontera Noroeste, por la notable reducci�n de las actividades de explotaci�n en dicho distrito, por lo que celebran el presente convenio al tenor de las declaraciones y cl�usulas siguientes: ... Cl�usulas: Primera. Petr�leos Mexicanos acepta como caso de excepci�n, sin que siente precedente, a solicitud de los interesados por conducto de su representaci�n sindical, jubilar, a aquellos trabajadores transitorios que acrediten tener 25 a�os o m�s de servicios y con 55 a�os o m�s de edad, que hubieran tenido contrato en vigor durante los dos �ltimos a�os de calendario, aplicando para tal efecto los porcentajes que se establecen en la regla I de la cl�usula 148 del contrato colectivo de trabajo, a la base del salario ordinario correspondiente al nivel 03 en jornada turno fijo dos. Asimismo y tambi�n como caso de excepci�n otorgar� la jubilaci�n conforme a la regla III de la cl�usula 148 del contrato colectivo de trabajo, aquellos trabajadores transitorios que acrediten haber prestado servicios por 17 a�os o m�s, que hubieren laborado dentro de los dos �ltimos a�os calendario, tengan a la firma de este convenio 50 a�os o m�s de edad, y presenten padecimientos ordinarios que los incapaciten para laborar. Este trato podr� hacerse extensivo, a los que tengan 60 a�os o m�s de edad, con un m�nimo de 17 a�os de servicios, aun cuando no se encuentren incapacitados para laborar... Cuarta. Queda expresamente convenido por las partes que intervienen, que las condiciones de jubilaci�n o liquidaci�n pactadas en este convenio, se aplicar�n como caso de excepci�n exclusivamente a los trabajadores transitorios del Distrito Frontera Noroeste, jurisdiccionados a la Secci�n 36 del STPRM ..."

El convenio que se analiza otorga el derecho a la jubilaci�n en favor de los trabajadores transitorios del Distrito Frontera Noreste de Petr�leos Mexicanos, siempre y cuando cumplan con los requisitos que ah� se especifican y, seg�n como puede advertirse, es de la misma categor�a que las normas del contrato colectivo de trabajo, en tanto que ambos derivan de una voluntad colectiva; sin embargo, como tambi�n se dijo anteriormente, ese solo hecho no determina que su modificaci�n tenga que hacerse a trav�s del procedimiento establecido en el art�culo 426 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que las partes que celebraron un contrato o un convenio colectivo pueden establecer libremente las cl�usulas, en las que, haci�ndose mutuas concesiones, establezcan las condiciones m�s favorables a su intereses, siempre que no se contravengan las normas protectoras de los trabajadores.

Del texto transcrito del convenio 4761/89 se desprende que fue voluntad de las partes otorgar el derecho a la jubilaci�n a cierto grupo de trabajadores transitorios de Petr�leos Mexicanos quedando "... convenido por las partes que intervienen, que las condiciones de jubilaci�n o liquidaci�n pactadas en este convenio, se aplicar�n como caso de excepci�n exclusivamente a los trabajadores transitorios del Distrito Frontera Noroeste, jurisdiccionados a la secci�n 36 del STPRM ...". Esa cl�usula refleja la voluntad de Petr�leos Mexicanos y de sus trabajadores en el sentido de que el beneficio de la jubilaci�n s�lo fuera aplicable a los trabajadores contenidos en las hip�tesis ah� contenidas y que dicha concesi�n era excepcional, por lo que debe entenderse que las partes contratantes fijaron desde ese momento sus efectos y su �mbito de aplicaci�n, sin que pueda extenderse a otros casos o situaciones no pactadas. De lo que se sigue que no era necesario que los contratantes celebraran un acuerdo posterior para dejar sin efectos al convenio 4761/89 que ahora se analiza.

Ahora bien, seg�n se ha expuesto, las partes pueden establecer libremente las condiciones generales de trabajo y pactar, tambi�n libremente, su �mbito de validez personal y temporal, es decir, determinar que sean aplicables a una clase de trabajadores o, bien, a todo un establecimiento y, tambi�n la vigencia por la cual deban regir esas condiciones, todo ello siempre dentro de los l�mites establecidos por la legislaci�n laboral. En esas condiciones, para resolver si el convenio 4761/89, determin� correctamente su �mbito de aplicaci�n debe tenerse en cuenta que dicho convenio otorg� el derecho a la jubilaci�n en favor de los trabajadores transitorios del Distrito Frontera Noreste de Petr�leos Mexicanos, que se colocaran en los supuestos ah� contenidos, de lo que se colige que no es contrario a las normas protectoras del art�culo 123 constitucional ni de la Ley Federal del Trabajo puesto que el derecho a la jubilaci�n no deriva de alguna disposici�n contenida en esos ordenamientos, sino del acuerdo de voluntades de patrones y trabajadores, lo cual ha sido reconocido jurisprudencialmente por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en la siguiente tesis:

"JUBILACI�N. ES UN DERECHO EXTRALEGAL.-La jubilaci�n es una prestaci�n exclusivamente contractual que no est� regida por el art�culo 123 constitucional, por cuyo motivo, su otorgamiento y fijaci�n en una determinada cantidad, es de origen contractual y por ello la fijaci�n de su monto debe regirse por lo que estipulan los contratos de trabajo debiendo desentenderse las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje que aplican estas disposiciones espec�ficas, de cualquier norma extra�a que integre el salario ordinario de un trabajador o que establezca modalidades al mismo." (Tesis de jurisprudencia de la anterior Cuarta Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Tomo 187-192, Quinta Parte, p�gina setenta y nueve).

Resulta pertinente aclarar que el convenio en cuesti�n tampoco se realiz� en contravenci�n de lo dispuesto en el art�culo 34 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone:

"34. En los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que puedan afectar derechos de los trabajadores, se observar�n las normas siguientes:

"I. Regir�n �nicamente para el futuro, por lo que no podr�n afectar las prestaciones ya devengadas;

"II. No podr�n referirse a trabajadores individualmente determinados; y

III. Cuando se trate de reducci�n de los trabajos, el reajuste se efectuar� de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 437.

El convenio que se estudia no transgrede las reglas que se�ala el art�culo 34 de la Ley Federal del Trabajo para la celebraci�n de convenios, pues no rige para el pasado, no se refiere a trabajadores individualmente considerados ni implica la reducci�n de trabajos. Debe indicarse, espec�ficamente, que la fracci�n II del art�culo 34, antes transcrito, proh�be la celebraci�n de convenios que se refieran a trabajadores individualmente determinados, supuesto distinto del que se contiene en el convenio 4761/89, que no se dirige a ciertos trabajadores, considerados en forma individual, como personas f�sicas, sino a un grupo o clase de ellos, a saber, a los trabajadores transitorios del Distrito Frontera Noreste de Petr�leos Mexicanos que cumplan con los requisitos exigidos para ser jubilados.

Finalmente, en cuanto a la prescripci�n de las acciones para demandar los beneficios de la jubilaci�n otorgada en favor a los trabajadores transitorios del Distrito Frontera Noreste de Petr�leos Mexicanos, debe decirse que �sta queda sujeta a las reglas generales de prescripci�n de cualquier acci�n por el pago de una pensi�n jubilatoria la cual, por devengarse diariamente se considera de tracto sucesivo y, por tanto es imprescriptible, considerando que �nicamente pueden prescribir las acciones relativas al pago de pensiones jubilatorias no reclamadas dentro del plazo de un a�o que para tal efecto se�ala el art�culo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis:

"JUBILACI�N, IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO A LA.-La jubilaci�n es el derecho que adquiere un trabajador, por sus a�os de servicio y en raz�n de su edad, para recibir una pensi�n por el resto de su vida, representando esta pensi�n que se causa por cada d�a que sobreviva, los alimentos por su incapacidad para el trabajo. Consecuentemente, pueden prescribir las pensiones jubilatorias causadas por no hacerse efectivas, pero el derecho a percibir cada pensi�n diaria, aunque se pague quincenal o mensualmente, para el futuro inmediato, no est� sujeto a prescripci�n, porque se causa cada d�a y debe considerarse de tracto sucesivo. En esa raz�n, prescribe el derecho a cobrar las diferencias entre la pensi�n que haya percibido un trabajador y la que legalmente le corresponde, pero no prescribe el derecho a la rectificaci�n entre lo que se paga y lo que legalmente debe cubrirse, porque el error da lugar a la rectificaci�n y porque adem�s equivaldr�a a un lucro indebido por parte del demandado." (Tesis aislada de la anterior Cuarta Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Sexta �poca, Tomo CV, Quinta Parte, p�gina cincuenta y tres).

"JUBILACI�N, NATURALEZA DE LA (PRESCRIPCI�N).-El derecho a la jubilaci�n impone a la parte patronal una obligaci�n de tracto sucesivo, que perdura por toda la vida del trabajador, de naturaleza jur�dica id�ntica al fen�meno de orden civil que constituye la renta vitalicia; de donde resulta que el derecho a la jubilaci�n, considerado intr�nsecamente, es imprescriptible y s�lo pueden prescribir las pensiones que han dejado de cubrirse." (Tesis aislada de la anterior Cuarta Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo CXXV, p�gina 1229).

En consecuencia, recapitulando lo expuesto a lo largo de esta resoluci�n, puede concluirse que el convenio 4761/89 celebrado entre Petr�leos Mexicanos y el sindicato titular del contrato colectivo s� es de la misma �ndole que las normas que constituyen el contrato colectivo pero que, en cuanto a su modificaci�n, no debe seguirse forzosamente el procedimiento establecido en el art�culo 426 de la Ley Federal del Trabajo, sino que debe estarse a lo que en �l pactaron las partes, es decir, a que solamente se concedi� de forma excepcional, por �nica vez y exclusivamente a los trabajadores que se ubicaran en las hip�tesis ah� precisadas; y que no implica una renuncia de los derechos consagrados en favor de los trabajadores en la Constituci�n ni en la Ley Federal del Trabajo, en tanto que otorga el derecho a la jubilaci�n para cierto grupo de obreros, los cuales pueden demandar su pago siempre que se hubieran colocado en los supuestos que en dicho convenio se precisaron, considerando �nicamente prescritas las acciones relativas al pago de las pensiones ya vencidas y no reclamadas dentro del plazo de un a�o, que se�ala el art�culo 516 de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo tanto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que deben prevalecer, con car�cter jurisprudencial, las siguientes tesis:

PETR�LEOS MEXICANOS. EL CONVENIO 4761/89 CELEBRADO ENTRE ESTE ORGANISMO Y EL SINDICATO TIENE LA MISMA NATURALEZA QUE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.-El convenio 4761/89 celebrado entre Petr�leos Mexicanos y el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, que establece el derecho a la jubilaci�n de los trabajadores transitorios del Distrito Frontera Noroeste de aquel organismo, tiene la misma naturaleza que el contrato colectivo, porque ambos derivan de la voluntad de los representantes de la clase patronal y trabajadora, principal caracter�stica de los acuerdos colectivos. Sin embargo, eso no significa que su modificaci�n deba hacerse necesariamente a trav�s del procedimiento establecido en el art�culo 426 de la Ley Federal del Trabajo, sino que puede hacerse libremente por quienes lo celebraron, siempre y cuando dicha modificaci�n no implique una renuncia de los derechos que la Constituci�n y la Ley Federal del Trabajo otorgan en favor de los trabajadores, puesto que los procedimientos de revisi�n y modificaci�n del contrato colectivo de trabajo son normas protectoras de los trabajadores o, bien, de la fuente de trabajo, los cuales garantizan que, por lo menos, dicho acuerdo se revisar� una vez al a�o, trat�ndose de salarios, y cada dos a�os, en los dem�s aspectos. Por consiguiente, si las propias partes que celebraron el convenio 4761/89 en cuesti�n pactaron expresamente que s�lo ser�a aplicable a los trabajadores que se ubicaran en las hip�tesis en �l contenidas, debe respetarse esa determinaci�n y no hacerse extensivo a quienes no fueron considerados, aun cuando dicho acuerdo de voluntades no haya sido realizado de conformidad con el procedimiento previsto en el art�culo 426 de la Ley Federal del Trabajo.

JUBILACI�N. EL DERECHO PARA OBTENER SU PAGO ES IMPRESCRIPTIBLE, PERO NO EL DERECHO A LAS PENSIONES VENCIDAS Y NO RECLAMADAS, QUE PRESCRIBE EN UN A�O.-El derecho a la jubilaci�n es una prestaci�n que no tiene fundamento en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ley Federal del Trabajo, sino en el acuerdo de voluntades de patrones y trabajadores, es decir, se trata de una prestaci�n extralegal, y consiste en el derecho que tiene el trabajador a obtener el pago de una pensi�n, por antig�edad, a partir de que concluye la relaci�n de trabajo; por lo que debe entenderse que el derecho para reclamar su pago no es susceptible de prescribir, en virtud de que se trata de una prestaci�n que se devenga diariamente, prescribiendo �nicamente las acciones para demandar el pago de las pensiones vencidas y no reclamadas dentro de un a�o, en t�rminos del art�culo 516 de la Ley Federal del Trabajo, que se�ala el plazo gen�rico de prescripci�n.

CONTRATO Y CONVENIOS COLECTIVOS EN MATERIA DE TRABAJO. PUEDEN MODIFICARSE SIN TENER QUE CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ART�CULO 426 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.-El principio de la autonom�a de la voluntad, que sostiene la libertad soberana de los individuos para obligarse contractualmente, se encuentra limitado, constitucional y legalmente, en materia de trabajo, con la finalidad de establecer el equilibrio entre patrones y trabajadores; sin embargo, debe entenderse que dicho principio rige en todos los aspectos no regulados por la Constituci�n, particularmente en su art�culo 123, o por la Ley Federal del Trabajo, y que en ejercicio de su libertad, trabajadores y patrones pueden establecer derechos y obligaciones rec�procos. Una de las formas a trav�s de las que pueden obligarse los sujetos de la relaci�n laboral es el contrato colectivo de trabajo mediante el que se establecen las condiciones generales de trabajo que regir�n en una o varias empresas o establecimientos y que puede ser modificado libremente por ellas a trav�s de diversos convenios, sin necesidad de agotar el procedimiento establecido en el art�culo 426 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que tal disposici�n es una norma protectora de los trabajadores o de la fuente de trabajo, la cual garantiza que por lo menos dicho acuerdo se revisar� una vez al a�o, trat�ndose de salarios, y cada dos a�os, en los dem�s aspectos, y, precisamente, en ejercicio de su libertad de contrataci�n, las partes patronal y trabajadora pueden buscar mejores opciones para la prestaci�n del trabajo, todo eso en el entendido de que dicha modificaci�n no implique una renuncia de los derechos m�nimos consagrados constitucional y legalmente en favor de los trabajadores.

Por lo expuesto, se resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del D�cimo Noveno Circuito.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

TERCERO

Rem�tanse de inmediato las tesis de jurisprudencia sustentadas en esta sentencia a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n a los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del D�cimo Noveno Circuito y, en su oportunidad, arch�vese el toca.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.D.R., M.A.G.�itr�n, G.I.O.M., G.D.G.�ngora P. y presidente S.S.A.A.. Fue ponente el M.M.A.G.�itr�n.