Ejecutoria num. 2a./J. 80/98 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828701

Ejecutoria num. 2a./J. 80/98 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 80/98
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 1998
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.HUELGA. DEBE DARSE POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, EN CUALQUIER ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE, CUANDO SE ACREDITE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO POR EL PATRÓN, SI ÉSTA ES LA ÚNICA FINALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LABORES.HUELGA. SUS ETAPAS PROCEDIMENTALES.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 38/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a veintis�is de junio de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO

Mediante escrito recibido el cuatro de junio de mil novecientos noventa y siete, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, denunci� ante el presidente de la Segunda S. de la Suprema Corte, la posible contradicci�n entre las tesis sustentadas por dicho Tribunal Colegiado, al resolver el amparo en revisi�n R.1., promovido por Ingenieros Civiles Asociados, Sociedad An�nima de Capital Variable, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 947/87, promovido por el Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria de la Construcci�n de la Rep�blica Mexicana, y el amparo directo 3532/93, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dicho escrito, al que se anex� copia certificada de la primera resoluci�n citada, se present� en los siguientes t�rminos:

"Por acuerdo de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se determin� con fundamento en lo dispuesto por el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, denunciar la posible contradicci�n de tesis existente entre el criterio que sustent� este tribunal en la revisi�n n�mero RT. 171/97 promovido por Ingenieros Civiles, S.A. de C.V., fallado el 3 de abril de 1997, de la que se deriv� la siguiente tesis, a�n sin publicar: ?HUELGA. INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 923 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CUANDO SE PRETENDE EXIGIR LA FIRMA DE UN CONTRATO COLECTIVO, NO OBSTANTE EXISTIR YA UNO DEPOSITADO EN LA JUNTA DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE COMPETENTE. El invocado precepto dispone que no se dar� tr�mite al escrito de emplazamiento de huelga, entre otros, cuando se da el mencionado supuesto; sin embargo, no se contrar�a tal disposici�n si aun ya iniciado el tr�mite de emplazamiento, se advierte la existencia del aludido pacto colectivo, pues por razones de orden pr�ctico y econ�mico, resulta prudente y justa la decisi�n de no continuar con dicho tr�mite. De otra manera, se llegar�a al extremo de que a pesar de la existencia del contrato, cuya firma se pretende por la v�a de la huelga, sobrevenga la suspensi�n de labores con sus consecuencias inherentes, que es precisamente lo que el legislador quiere evitar en el citado art�culo 923.?, y el criterio que sustenta en relaci�n con ese tema, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en las tesis: ?HUELGA. EL ART�CULO 923 DE LA LEY LABORAL NO FACULTA PARA DAR POR CONCLUIDO EL TR�MITE DEL PROCEDIMIENTO DE.?. Derivada del amparo en revisi�n 947/87, y el amparo directo 3531/93 (sic), as� como la tesis ?HUELGA. OPORTUNIDAD PROCESAL PARA NEGAR TR�MITE AL ESCRITO DE EMPLAZAMIENTO A.?, derivada del amparo en revisi�n 947/87, publicadas ambas en la 8a. �poca, Tomo I, Segunda Parte-1, p�ginas 329 y 330 respectivamente. Se anexa a esta denuncia la copia certificada de la ejecutoria pronunciada por este tribunal; as� como copias simples de las tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Reitero a usted mi atenta consideraci�n. M�xico, D.F., a 27 de mayo de 1996. El presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Firma Magistrado H.C.U.."

SEGUNDO

Mediante auto de trece de junio de mil novecientos noventa y siete, el presidente de esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, acord� formar y registrar el expediente C.T. 38/97 y solicit� al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que remitiera copia certificada de las sentencias dictadas en los expedientes en que sustent� su criterio.

TERCERO

Por auto de primero de agosto de mil novecientos noventa y siete, el presidente de esta Segunda S., tuvo por recibidas las copias certificadas solicitadas, orden� dar vista al procurador general de la Rep�blica, para que expusiera su parecer y, una vez cumplido ese requisito, turnarse al M.M.A.G.�itr�n para que formulara el proyecto de resoluci�n.

El Ministerio P�blico Federal adscrito, sin formular pedimento, devolvi� los autos el cinco de enero de mil novecientos noventa y ocho.

El expediente fue recibido en la ponencia del M.M.A.G.�itr�n el siete de enero de mil novecientos noventa y ocho.

En dictamen elaborado por el Ministro ponente el doce de enero del propio a�o, se destac� que del an�lisis del escrito de denuncia aparec�a que uno de los juicios en que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sustent� su criterio es el amparo directo 3531/93, siendo que en autos obra el diverso 3532/93, cuyas consideraciones no guardan relaci�n con la materia de contradicci�n, aun cuando en la tesis impresa que obra a foja cuatro aparezcan sus datos superpuestos con m�quina de escribir. En consecuencia, por auto de veintisiete de enero siguiente, se requiri� al citado Tribunal Colegiado remitiera copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo directo 3531; al respecto, el presidente de dicho �rgano jurisdiccional inform� a esta Segunda S. que en el libro de gobierno que se lleva en ese tribunal no aparece registrado el juicio de amparo directo cuya copia certificada se solicita, haciendo notar que los amparos terminados en 1 son remitidos por la Oficial�a de Partes Com�n de los Tribunales Colegiados del Primer Circuito, al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo.

En sesi�n de veintid�s de mayo de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de votos, esta Segunda S. acord� aplazar la resoluci�n del asunto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver la presente denuncia de posible contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el Acuerdo 1/1995, puntos primero y segundo, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de trece de febrero de mil novecientos noventa y cinco, dado que se trata de la denuncia de posible contradicci�n entre tesis que en diversos juicios de amparo en materia laboral sustentaron el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, seg�n se advierte del resultando primero de esta resoluci�n.

SEGUNDO

En relaci�n con el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n R.1., promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Autotransportes, Similares y Conexos de la Rep�blica Mexicana "CROC", previamente a la transcripci�n de las consideraciones de dicha resoluci�n, procede atender a los razonamientos contenidos en el fallo dictado por la Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo del Distrito Federal en el juicio de amparo indirecto 1103/96, que constituy� la resoluci�n recurrida en la ejecutoria del aludido Tribunal Colegiado, que, en su parte conducente, dice:

TERCERO. La parte del anterior concepto de violaci�n en la que se aduce que se violaron en perjuicio del sindicato quejoso, los art�culos 920, 923 y 926 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que se tergiversaron los hechos, dejando de cumplir lo dispuesto por el art�culo 923 de la ley en comento, es esencialmente fundado. En efecto, le asiste la raz�n a la parte quejosa, cuando aduce que la Junta del conocimiento no se ajust� a derecho al emitir el acuerdo de fecha seis de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en el que no se da tr�mite al emplazamiento a huelga (sic) y se orden� el archivo del expediente n�mero III-4574/96 como asunto totalmente y definitivamente concluido. Esto es as�, porque del expediente laboral n�mero III-4574/96, que remiti� la Junta responsable en v�a de informe justificado, a fojas sesenta y siete, se advierte que el apoderado de la empresa emplazada, al comparecer ante la responsable, por escrito de fecha veintitr�s de octubre de mil novecientos noventa y seis, solicit� que se diera por terminado el procedimiento de huelga, con fundamento en el art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que ya exist�a un contrato colectivo de trabajo depositado ante dicha Junta de fecha cinco de enero del a�o pr�ximo pasado; exhibiendo dicho contrato, para acreditar su aserto. La Junta del conocimiento previa audiencia de conciliaci�n, emiti� el acuerdo de fecha seis de noviembre de mil novecientos noventa y seis, que constituye el acto reclamado, el cual en lo conducente establece: ?�NICO. Con fundamento en el art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo no ha lugar a continuar con el tr�mite del emplazamiento a huelga (sic) planteado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Autotransportes Similares y Conexos de la Rep�blica Mexicana �CROC� en contra de la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., y Sisisa Construcciones, S.A. de C.V., por lo que en consecuencia se ordena el archivo del expediente en que se act�a como asunto total y definitivamente concluido ...? (foja setenta y cinco del expediente laboral). Ahora bien, la petici�n del apoderado legal de la empresa emplazada y la resoluci�n de la Junta responsable, se sustentan en lo dispuesto por el art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece: ?No se dar� tr�mite al escrito de emplazamiento de huelga cuando �ste no sea formulado conforme a los requisitos del art�culo 920 o sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo, o el administrador del contrato de ley, o cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje competente. El presidente de la Junta, antes de iniciar el tr�mite de cualquier emplazamiento a huelga, deber� cerciorarse de lo anterior, ordenar la certificaci�n correspondiente y notificarle por escrito la resoluci�n al promovente.?. Del precepto transcrito se advierte, que cuando se pretende exigir la firma de un contrato colectivo de trabajo, no obstante existir uno ya depositado en la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje competente, que es precisamente la situaci�n planteada en el presente caso, no debe darse tr�mite al escrito de emplazamiento a huelga: sin embargo, como acertadamente lo alega el sindicato quejoso, dicho dispositivo no autoriza la posibilidad de dar por concluido, por esa causa, un procedimiento de huelga ya iniciado como acontece en la especie, donde el emplazamiento ya hab�a sido radicado y las empresas emplazadas, las cuales hab�an sido notificadas legalmente y se les corri� traslado con los escritos de emplazamiento, adem�s de que se celebraron diversas audiencias en la que en una de ellas se prorrog� el periodo de huelga. Atento a lo antes expuesto en el art�culo en comento, debe interpretarse de esa manera, puesto que, en el mismo se ordena que el presidente de la Junta, previo al inicio del tr�mite de cualquier emplazamiento a huelga, debe cerciorarse y certificar, si existe o no ya depositado un contrato colectivo de trabajo en la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje competente. Este criterio ha sido sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo tesis 6 y 7 visibles a fojas cuatrocientos once y cuatrocientos doce, del Informe de mil novecientos ochenta y ocho, Tercera Parte, que a la letra dice: ?HUELGA, EL ART�CULO 923 DE LA LEY LABORAL NO FACULTA PARA DAR POR CONCLUIDO EL TR�MITE DEL PROCEDIMIENTO DE.? (se transcribe) y ?HUELGA, OPORTUNIDAD PROCESAL PARA NEGAR TR�MITE AL ESCRITO DE EMPLAZAMIENTO A.? (se transcribe). Conforme a las consideraciones antes expuestas, es evidente la ilegalidad en que incurri� la Junta responsable al emitir la resoluci�n reclamada, con la consecuente violaci�n de garant�as, en perjuicio del sindicato quejoso, al dar por concluido un procedimiento de huelga ya iniciado, bajo el argumento de que se actualiz� una de las hip�tesis previstas en el art�culo 923, de la Ley Federal del Trabajo, d�ndole a dicho precepto un alcance que no tiene, ya que s�lo autoriza a no dar tr�mite a los emplazamientos a huelga, en los casos previstos en dicho precepto, pero no a dar por concluido uno ya iniciado. En este orden de ideas al resultar fundada la parte del concepto de violaci�n que se analiz�, resulta innecesario el an�lisis del resto de los argumentos hechos valer en el �nico concepto de violaci�n. Resulta aplicable al caso la tesis jurisprudencial n�mero 106 visible en la p�gina ciento sesenta y siete, Octava Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, que a la letra dice: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N, CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.? (se transcribe). En las relacionadas condiciones, al resultar el acto reclamado violatorio de garant�as, procede conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal.

En contra de la resoluci�n transcrita, la empresa tercero perjudicada, Ingenieros Civiles Asociados, Sociedad An�nima de Capital Variable, interpuso recurso de revisi�n, que se radic� en el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito con el n�mero R.1., que, en las consideraciones que sustentaron la resoluci�n respectiva, estableci�:

TERCERO. El estudio de los agravios, conduce a determinar lo siguiente: En virtud de que del estudio de los agravios se llega a la convicci�n de que son fundados y advirti�ndose que el a quo al conceder el amparo consider� innecesario el an�lisis de parte del concepto de violaci�n �nico expresado, con fundamento en el art�culo 91, fracci�n I de la ley reglamentaria del juicio de garant�as, se analiza en primer t�rmino el concepto de violaci�n cuyo estudio se omiti�. Lo que en esencia se argumenta en tal motivo de inconformidad, es que el supuesto contrato colectivo de trabajo no fue perfeccionado, pues se trata de una copia simple; que se dej� de observar que el sindicato que aparece celebrando dicho contrato, carece de legitimaci�n; que no se hizo la certificaci�n que establece el art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo. Tal alegato es infundado, toda vez que conforme al invocado art�culo 923, en el punto que interesa, no exige que el contrato colectivo que se alude, deba ser perfeccionado, como lo pretende el peticionario de garant�as, as� como tampoco que el presidente de la Junta se aboque al an�lisis de cuestiones de legitimaci�n y personalidad, lo que establece el precepto en comentario, trat�ndose de la firma del pacto colectivo, es que �ste se encuentre depositado en la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje competente, como �nico requisito para negarse a dar tr�mite al escrito de emplazamiento a huelga, cuando como en la especie se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo. Por lo que hace a la mencionada certificaci�n, si bien es cierto que no se hizo, la omisi�n no puede tener el alcance que se pretende, porque lo trascendente es que en el caso, aun cuando posteriormente en la audiencia respectiva se advierte la existencia del contrato colectivo debidamente depositado, en el Departamento de An�lisis y Registro de Contratos Colectivos y Reglamentos Interiores de Trabajo de la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje. Respecto de los agravios que se hacen valer por la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., resulta fundado y suficiente para revocar la sentencia que se revisa, el argumento consistente en que el Juez Federal incorrectamente estim� que la Junta responsable no actu� con apego a derecho, al determinar que ?con fundamento en el art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo no ha lugar a continuar con el tr�mite del emplazamiento a huelga planteado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Autotransportes Similares y Conexos de la Rep�blica Mexicana �CROC� en contra de la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., y Sisisa Construcciones, S.A. de C.V., por lo que en consecuencia se ordena el archivo del expediente en que se act�a como asunto total y definitivamente concluido ...? (foja setenta y cinco del expediente laboral). En efecto, tal como se alega, el Juez de Distrito no interpret� debidamente el art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo que establece lo siguiente: ?No se dar� tr�mite al escrito de emplazamiento de huelga cuando �ste no sea formulado conforme a los requisitos del art�culo 920 o sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo, o el administrador del contrato-ley, o cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje competente. El presidente de la Junta, antes de iniciar el tr�mite de cualquier emplazamiento a huelga, deber� cerciorarse de lo anterior, ordenar la certificaci�n correspondiente y notificarle por escrito la resoluci�n al promovente.?. Del precepto transcrito, se desprende con claridad que no se dar� tr�mite al escrito de emplazamiento, cuando se pretenda la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje competente. En el presente caso, tal como lo alega la ahora recurrente, en el expediente laboral del que deriva el acto reclamado, consta un contrato colectivo de trabajo, el cual lo celebr� la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., y el Sindicato de Trabajadores de Obras de Irrigaci�n, Caminos, Construcciones y Conexos de la Rep�blica Mexicana, as� como el informe realizado por el jefe de Departamento de An�lisis y Registro de Contratos Colectivos y Reglamentos Interiores de Trabajo de la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, desprendi�ndose del contrato mencionado en su cl�usula primera, que se celebr� para la obra determinada consistente en todos los trabajos principales, accesorios, complementarios e impl�citos que la empresa lleve a cabo para la ejecuci�n de la reconstrucci�n y refuerzo del pavimento, en toda la longitud del subtramo, mediante la recuperaci�n del material existente, geotextil, base y carpeta de concreto asf�ltico, obras complementarias de terracer�as, drenaje y se�alamiento, ubicada del kil�metro 243+000 del kil�metro 299+000, de la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz, del tramo La Ventosa-Salina Cruz, en el Estado de Oaxaca. En el p�rrafo segundo de la citada cl�usula se se�ala que dicho contrato es aplicable a todos los dem�s trabajos que se lleguen a encomendar a la empresa en los lugares y zonas correspondientes a la obra que se relaciona con el numeral antes referido. As� tambi�n en la cl�usula veintisiete del citado documento se espec�fica que ?la empresa se obliga a celebrar los contratos mercantiles de flete que se requieran para la ejecuci�n de la obra con fleteros que pertenezcan al sindicato, y as� exigirles que empleen en sus camiones personal perteneciente al sindicato y �ste se obliga a proporcionar a la empresa los fleteros que la misma necesite para la ejecuci�n de las obras.?. As� las cosas, como lo consider� la autoridad responsable al existir un contrato colectivo de trabajo celebrado entre la empresa emplazada y el diverso organismo sindical Sindicato de Trabajadores de Obras de Irrigaci�n, Caminos, Construcciones y Conexos de la Rep�blica Mexicana, el cual se encuentra depositado ante el Departamento de Contratos Colectivos de la citada Junta, y advirti�ndose de su clausulado que dichocontrato ampara el acarreo de materiales, que es precisamente el fin primordial del contrato cuya firma se solicita, resulta que el emplazamiento a huelga que pretende el sindicato quejoso no re�ne los requisitos de procedibilidad a que alude el invocado art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo. Cabe agregar, si bien es cierto que conforme al art�culo 923 de la ley de la materia, el presidente de la Junta est� facultado para no dar tr�mite al escrito de emplazamiento a huelga en las hip�tesis que enumera el propio precepto, entre otras cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno debidamente depositado, como en la especie, as� como que, dicho precepto se�ala que la citada autoridad deber� cerciorarse de lo anterior y ordenar la certificaci�n correspondiente y notificarle por escrito, tambi�n lo es que por razones de orden pr�ctico y econ�mico, resulta prudente y justo resolver en el sentido que lo hizo la Junta responsable, pues de otra manera, aplicando la rigidez que inspira la sentencia pronunciada, se llegar�a al extremo de que a pesar de que se advierta la existencia del pacto colectivo, cuya firma se pretende por la v�a de la huelga, sobrevenga la suspensi�n de laborar con sus consecuencias inherentes, que es precisamente lo que se entiende que persigui� proteger el legislador en el invocado art�culo 923, cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje competente.

Con motivo de la aludida resoluci�n, se elabor� tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, correspondiente a junio de 1997, p�gina 756, cuyo rubro y texto son los siguientes:

HUELGA, INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 923 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CUANDO SE PRETENDE EXIGIR LA FIRMA DE UN CONTRATO COLECTIVO, NO OBSTANTE EXISTIR YA UNO DEPOSITADO EN LA JUNTA DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE COMPETENTE. El invocado precepto dispone que no se dar� tr�mite al escrito de emplazamiento de huelga, entre otros, cuando se da el mencionado supuesto; sin embargo, no es contraria tal disposici�n si aun ya iniciado el tr�mite del emplazamiento, se advierte la existencia del aludido pacto colectivo, pues por razones de orden pr�ctico y econ�mico, resulta prudente y justa la decisi�n de no continuar con dicho tr�mite. De otra manera, se llegar�a al extremo de que a pesar de la existencia del contrato, cuya firma se pretende por la v�a de la huelga, sobrevenga la suspensi�n de labores con sus consecuencias inherentes, que es precisamente lo que el legislador quiere evitar en el citado art�culo 923.

TERCERO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 947/87, promovido por el Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria de la Construcci�n de la Rep�blica Mexicana, en lo conducente, consider�:

... es fundada la parte de los agravios en la que sostiene el recurrente que si la Junta, por acuerdo dictado el veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta y siete, dio tr�mite al escrito de emplazamiento a huelga formulado por el sindicato quejoso, y dicho prove�do qued� firme porque no fue impugnado por persona alguna, era inaplicable lo dispuesto en el art�culo 923 de la ley laboral, pues a pesar de que las personas que dijeron ser trabajadores del patr�n emplazado a huelga anexaron a su promoci�n una copia del contrato colectivo que afirmaron estaba legalmente registrado ante la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje del Distrito Federal, como en el acuerdo aludido el presidente de la Junta dio tr�mite al escrito de emplazamiento a huelga presentado por el sindicato quejoso, ya que en el mismo orden� se hiciera entrega de la copia del pliego de peticiones al patr�n ?por conducto del C.A., quien har� constar en el acta que al efecto levante, el d�a y hora de la entrega as� como consecuencia de la notificaci�n del pliego de referencia queda constituido por todo el t�rmino del aviso, en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo?, y con posterioridad se fij� fecha para la audiencia de conciliaci�n, se celebr� �sta y estall� la huelga al vencer el t�rmino se�alado, esto es, seis d�as despu�s de practicado el emplazamiento por el actuario, es evidente que al dictar el acuerdo reclamado, que es posterior a las actuaciones referidas, ya no era el momento procesal oportuno para aplicar lo dispuesto en el mencionado precepto legal. En efecto, el art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo prev� que no se dar� tr�mite al escrito de emplazamiento a huelga, entre otros casos, cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje competente, por lo que es claro que el hecho motivador de la negativa debe constatarse de manera previa al inicio de la tramitaci�n del procedimiento de huelga, m�xime que el propio dispositivo se�ala que el presidente de la Junta, antes de iniciar el tr�mite de cualquier emplazamiento a huelga, deber� cerciorarse de lo anterior, ordenar la certificaci�n correspondiente y notificarle por escrito la resoluci�n al promovente. Luego entonces, cuando ya se ha dado curso al escrito de emplazamiento en los t�rminos que se�ala el art�culo 921 de la propia ley, no tiene aplicaci�n el art�culo 923 y sus prevenciones no pueden servir de fundamento para dar por concluido el procedimiento de huelga respectivo. Dicho de otra manera, si bien el art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo prev� como causa para no dar tr�mite al escrito de emplazamiento a huelga que tiene por objetivo la firma de un contrato colectivo, el que existe ya uno depositado ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje competente, en cambio no contempla la posibilidad de dar por concluido un procedimiento de huelga ya iniciado por esa causa, y siendo as�, considerar lo contrario es dar al art�culo invocado un alcance que no tiene. Conforme a lo anterior, fue incorrecto que la a quo estimara en la sentencia recurrida que exist�a un impedimento para continuar con el tr�mite del emplazamiento a huelga formulado por el sindicato quejoso; supuesto que ya hab�a estallado la huelga cuando se dict� el acuerdo reclamado y por ello fue ilegal que en �ste la responsable ordenara el archivo del asunto como total y definitivamente concluido, as� como que comisionara al actuario para que se constituyera en el domicilio del patr�n emplazado a efecto de ?que retire los signos de huelga, as� como las guardias huelguistas?. No se opone a esta consideraci�n el que la Junta en el acuerdo reclamado haya tambi�n tomado en cuenta que el estallamiento de la huelga se hizo en domicilio diverso del se�alado en el pliego de peticiones, porque por una parte ya se dijo que no estaba resolviendo sobre la inexistencia de la huelga, y por otra, aun cuando se estimara que existi� un error en cuanto a la indicaci�n del nombre de una de las calles que forman la esquina en que se ubica la fuente de trabajo, no se demostr� que la huelga se haya estallado en lugar distinto al del domicilio de la parte emplazada, por lo que ese error no pod�a servir de base a la responsable para ordenar el retiro de los signos de huelga y de las ?guardias huelguistas?, esto es, para romper el estado de huelga, y mandar a archivar el asunto como definitivamente concluido, adem�s de que no existe ninguna disposici�n legal que pueda fundar tal proceder. En este orden de ideas, lo que procede es revocar la sentencia sujeta a revisi�n y conceder al quejoso la protecci�n constitucional solicitada, para el efecto de que la responsable deje insubsistente el acuerdo combatido en lo relativo al mandamiento de archivar como definitivamente concluido y de comisionar al actuario para el retiro de los signos de huelga y de las ?guardias huelguistas?, dictando las medidas conducentes con el fin de que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes del pronunciamiento de ese prove�do.

Las tesis redactadas con motivo de la anterior resoluci�n se encuentran publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo I, Segunda Parte-1, p�ginas 329 y 330, que textualmente dicen:

"HUELGA, EL ART�CULO 923 DE LA LEY LABORAL NO FACULTA PARA DAR POR CONCLUIDO EL TR�MITE DEL PROCEDIMIENTO DE. Si bien el art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo prev� como causa para no dar tr�mite al escrito de emplazamiento a huelga que tiene por objeto la firma de un contrato colectivo, el que exista ya uno depositado ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje competente, en cambio no contempla la posibilidad de dar por concluido un procedimiento de huelga ya iniciado, por esa causa, y siendo as�, considerar lo contrario es dar al art�culo invocado un alcance que no tiene."

HUELGA, OPORTUNIDAD PROCESAL PARA NEGAR TR�MITE AL ESCRITO DE EMPLAZAMIENTO A. El art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo prev� que no se dar� tr�mite al escrito de emplazamiento a huelga, entre otros casos, cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje competente, por lo que es claro que el hecho motivador de la negativa debe constatarse de manera previa al inicio de la tramitaci�n del procedimiento de huelga, m�xime que el propio dispositivo se�ala que el presidente de la Junta, antes de iniciar el tr�mite de cualquier emplazamiento a huelga, deber� cerciorarse de lo anterior, ordenar la certificaci�n correspondiente y notificarle por escrito la resoluci�n al promovente. Luego entonces, cuando ya se ha dado curso al escrito de emplazamiento en los t�rminos que se�ala el art�culo 921 de la propia ley, no tiene aplicaci�n el art�culo 923 y sus prevenciones no pueden servir de fundamento para dar por concluido el procedimiento de huelga respectivo.

Por otra parte, los razonamientos que sustentan la resoluci�n en el amparo directo 3532/93, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en relaci�n con la materia de la denuncia de contradicci�n, son los que a continuaci�n se transcriben:

"CUARTO. El estudio de la violaci�n procesal que se hace consistir en que la Junta desech� por duplicidad la prueba ofrecida bajo el apartado seis, pero sin que dijera con qu� otra prueba se duplicaba, es intrascendente. Esto es as�, porque el instituto para acreditar una de las causales de rescisi�n ofreci� en el apartado cuatro, inciso f), un informe suscrito por el Juez Municipal de Chimalhuac�n, Estado de M�xico, con el que dijo acreditaba que la sentencia presentada por el actor para justificar sus inasistencias de los d�as tres y cuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho era falsa; asimismo, en el apartado seis ofreci� se solicitara ese informe, raz�n por la cual la Junta lo desech� por duplicidad, pero ese desechamiento resulta intrascendente porque, como m�s adelante se ver�, la Junta no estudi� el fondo del asunto ya que consider� el despido como injustificado porque el instituto no cumpli� con los requisitos a que se refieren las cl�usulas 56 y 55 bis del contrato colectivo de trabajo, al no darle intervenci�n al sindicato en el acta administrativa que se levant� en contra del actor. Por otra parte, es infundada la parte del motivo de inconformidad en la que se dice que la responsable debi� valorar y apreciar detalladamente las pruebas ofrecidas por el actor para demostrar si con ellas prob� su acci�n. En efecto, el actor dijo que hab�a sido despedido injustificadamente de su trabajo, entre otras causas, porque el instituto no cumpli� con la obligaci�n establecida en las cl�usulas 55 y 55 bis del contrato colectivo de trabajo al no citar ni darle intervenci�n al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. El instituto al referirse a lo anterior se excepcion� diciendo que en cumplimiento a esas cl�usulas se le gir� citatorio al actor para que compareciera al levantamiento del acta administrativa; que dicho citatorio le fue notificado al sindicato; que qued� debidamente notificado del d�a y hora en que se levantar�a dicha acta, lo que probar�a en el momento procesal oportuno; siendo esto as�, a �l le correspondi� acreditar los hechos en que bas� sus excepciones, y no al actor acreditar lo que afirm�, porque hubo controversia al respecto, y siendo esto as� no asiste raz�n al quejoso cuando dice que la Junta debi� valorar en forma detallada las pruebas del actor, porque como ya se dijo si a �l correspondi� acreditar sus excepciones, fue correcto que la Junta examinara en forma detallada y pormenorizada sus pruebas para ver si en ellas prob� los hechos en que las bas�. Es infundada la parte del concepto de violaci�n en la que se dice que la responsable de manera parcial considera que del citatorio para la investigaci�n no se desprende que el sindicato hubiera sido notificado, que al considerarlo de esa forma viola sus garant�as individuales. En efecto, fue correcta la determinaci�n de la Junta al considerar que al practicar la investigaci�n el instituto demandado no cumpli� con las disposiciones del contrato colectivo de trabajo, cuenta habida de que la cl�usula primera establece que las actas levantadas en investigaci�n de hechos imputables a los trabajadores invariablemente se requiere la previa citaci�n y la intervenci�n del interesado y del representante del sindicato, y conforme a la cl�usula 55 del propio contrato colectivo ninguna rescisi�n que no haya sido precedida de la investigaci�n en los t�rminos de las cl�usulas aplicables del mismo, tendr� validez; por tanto, si en el acta de referencia no consta la previa citaci�n y la intervenci�n del representante sindical, carece de eficacia y en esas circunstancias, al no efectuarse la investigaci�n en los t�rminos contractuales, la rescisi�n del contrato individual del trabajo no tiene validez. Es aplicable al caso la tesis sustentada por este tribunal al resolver los juicios de amparo directo n�meros 5602/90 y 3282/91, fallados el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y el tres de mayo de mil novecientos noventa y uno, respectivamente que a la letra dice: ?SEGURO SOCIAL, REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS ACTAS QUE SE LEVANTAN A LOS TRABAJADORES DEL. Conforme a la cl�usula 1 del contrato colectivo de trabajo que rige en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en las actas levantadas en investigaci�n de hechos imputados a los trabajadores invariablemente se requiere la previa citaci�n y la intervenci�n del interesado y del representante del sindicato, y seg�n la cl�usula 55 del propio contrato que no haya sido precedida de investigaci�n, en los t�rminos de las cl�usulas del mismo, tendr�n validez; por lo tanto, si en el acta respectiva no consta la previa citaci�n del interesado y del representante sindical, ni la intervenci�n de �ste, carece de eficacia y en esas circunstancias, al no estar precedida de la investigaci�n en los t�rminos contractuales, la rescisi�n del contrato individual de trabajo no tiene validez.?. Por lo que antecede, lo manifestado por el quejoso en los restantes conceptos de violaci�n en el sentido de que la Junta no tom� en cuenta lo dicho por el actor de que fue despedido verbalmente; que debi� hacer la Junta una ?enumeraci�n, valoraci�n y apreciaci�n? detallada y pormenorizada de todas y cada una de las pruebas aportadas; que no hace una debida apreciaci�n de la defensa esgrimida en el sentido de que se le rescindi� su contrato al actor por haber faltado a sus labores en diversas fechas y por haber incurrido en falta de probidad y honradez al exhibir un documento conteniendo hechos falsos, que el mismo no requer�a de perfeccionamiento por tratarse de un documento expedido por autoridad oficial, devengan intrascendentes, porque adem�s de que la Junta no se apoy� en esas pruebas para condenar al instituto, al no haberse cumplido los requisitos contractuales para el levantamiento del acta de investigaci�n, la rescisi�n del contrato individual del actor result� ineficaz, como acertadamente lo consider� la responsable. En este orden de ideas y al ser infundados los conceptos de violaci�n, procede negar el amparo solicitado."

CUARTO

Previamente a la determinaci�n de la existencia o inexistencia de la contradicci�n, esta Segunda S. estima conveniente precisar si las tesis redactadas con motivo del dictado de las ejecutorias a cargo de los Tribunales Colegiados corresponden a las consideraciones contenidas en los fallos respectivos.

Las tesis elaboradas con motivo de la ejecutoria pronunciada en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 947/87, promovido por el Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria de la Construcci�n de la Rep�blica Mexicana, establecen, respectivamente, que el contenido del art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo no contempla la posibilidad de dar por concluido un procedimiento de huelga ya iniciado, para obtener del patr�n la firma de un contrato colectivo, por lo que considerar lo contrario es otorgar al precepto un alcance que no tiene; y que la constataci�n de la circunstancia que motive la negativa a dar tr�mite al escrito de emplazamiento, consistente en la existencia de un pacto colectivo depositado ante la Junta competente, debe hacerse de manera previa al inicio del tr�mite del emplazamiento a huelga, por lo que si ya se dio curso a la petici�n, no puede tener aplicaci�n el citado dispositivo para dar por concluido el procedimiento.

En la ejecutoria respectiva, el citado Tribunal Colegiado determin� que era fundado el agravio en que se sostuvo que si la Junta responsable hab�a dado tr�mite al escrito de emplazamiento a huelga, y dicho prove�do qued� firme por falta de impugnaci�n, era inaplicable lo dispuesto por el art�culo 923 de la ley laboral, porque aun y cuando se present� copia del contrato colectivo que se dijo estaba registrado en la Junta Local respectiva, como ya se hab�a dado curso al emplazamiento e incluso hab�a estallado la huelga, resultaba evidente que ya no era momento oportuno para aplicar el mencionado precepto, porque la circunstancia que prev� debe constatarse de modo previo al inicio de la tramitaci�n del procedimiento de huelga, y no posteriormente al emplazamiento, por lo que, de darse esta hip�tesis, el citado numeral no puede fundamentar el acuerdo para dar por concluido el procedimiento, destacando que considerar lo contrario es dar al art�culo un alcance que no tiene.

El examen comparativo entre la tesis y ejecutoria anteriores revela que existe concordancia de lo resuelto en el fallo respectivo con el resumen del contenido en la tesis.

Por lo que hace a la tesis elaborada con motivo de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n R.1., promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Autotransportes, Similares y Conexos de la Rep�blica Mexicana "CROC", en la cual se establece, tras rese�ar el contenido del art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo, en lo tocante a que no se dar� tr�mite al escrito de emplazamiento a huelga cuando se pretenda exigir la firma de un pacto colectivo y se halle depositado uno en la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje competente, que no se contrar�a dicha disposici�n cuando, si "ya iniciado el tr�mite del emplazamiento" (sic), se advierte la existencia del contrato colectivo, por razones pr�cticas y econ�micas, es prudente no continuar con el tr�mite respectivo, porque podr�a llegarse al extremo de llegar a la suspensi�n de labores con sus consecuencias inherentes, que es lo que precisamente se quiso evitar con la prevenci�n consagrada en el citado precepto 923.

De la ejecutoria respectiva, se aprecia que, en la resoluci�n emitida por la Juez de Distrito (fojas 6 a 11 de este fallo), sedetermin� que era fundado el concepto de violaci�n en que se controvirti� el acuerdo de la Junta responsable que "no dio tr�mite al emplazamiento a huelga" (sic) y orden� el archivo del expediente, porque el art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo no autoriza a dar por concluido un procedimiento de huelga ya iniciado, siendo que, en el caso, ya hab�an sido emplazadas las empresas e incluso se llevaron a cabo diversas audiencias de conciliaci�n, en que se prorrog� la fecha de paro de labores.

En relaci�n con los razonamientos precedentes, el Tribunal Colegiado resolvi� que eran fundados los agravios propuestos por la empresa tercero perjudicada, por lo que, tras desestimar el diverso concepto de violaci�n en que el sindicato quejoso adujo que el contrato colectivo no fue perfeccionado, por tratarse de una copia simple sin hacerse certificaci�n alguna y porque el organismo sindical que lo suscribi� carece de legitimaci�n, estableci� que la Juez de Distrito no realiz� una debida interpretaci�n del aludido art�culo 923, porque como en la especie exist�a pacto colectivo celebrado con diverso organismo sindical que fue depositado ante la Junta, por razones de orden pr�ctico y econ�mico, era prudente y justo dar por concluido el procedimiento de huelga, porque de resolver con la rigidez legal con base en la cual se apoy� la a quo, a pesar de advertir la existencia del contrato colectivo, sobrevendr�a la suspensi�n de labores con sus consecuencias inherentes, aspecto que se pretendi� proteger precisamente en el multicitado precepto legal.

La s�ntesis precedente lleva a concluir que si bien la tesis elaborada con motivo de la ejecutoria de amparo refleja, esencialmente, las consideraciones y sentido del criterio expresado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consistente en que es posible dar por concluido un procedimiento de huelga ya iniciado, con base en una interpretaci�n extensiva del art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo, tambi�n debe destacarse que existe una imprecisi�n en la redacci�n, tanto de la ejecutoria como de la tesis, porque ambas parecen referir que la empresa tercero perjudicada no hab�a sido emplazada a huelga, dada la expresi�n "iniciado el tr�mite del emplazamiento" que emple� la Juez de Distrito en su resoluci�n y adopt� el Tribunal Colegiado en el fallo de revisi�n y la tesis que se public�, siendo que, del examen de las consideraciones respectivas, se observa que la empresa no s�lo ya hab�a sido emplazada a huelga, sino inclusive compareci� a la audiencia de conciliaci�n y, en acuerdo con el sindicato, prorrog� en una ocasi�n la fecha de suspensi�n de labores.

En consecuencia, dado que la finalidad de la contradicci�n de tesis consiste en dar seguridad jur�dica a trav�s de la fijaci�n del criterio que debe prevalecer en una determinada hip�tesis de derecho, esta Segunda S. estima conveniente subsanar la imprecisi�n descrita en p�rrafos precedentes y, �nicamente para efectos de dictar la resoluci�n que proceda en el presente asunto, establecer que la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito corresponde a un procedimiento de huelga en el cual la empresa ya hab�a sido emplazada.

QUINTO

A continuaci�n, debe establecerse si efectivamente existe la contradicci�n de tesis denunciada.

Si bien la Ley de Amparo establece el procedimiento para que las S.s o, en su caso, el Pleno de este tribunal decidan qu� criterio debe prevalecer, con rango de jurisprudencia, respecto de tesis contradictorias, la propia ley no define cu�ndo se est� en presencia de una contradicci�n de tesis; sin embargo, esta S. considera que para ello es presupuesto indispensable que las tesis confrontadas se hayan externado en ejecutorias en las que se examinen situaciones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes, al analizar u omitir analizar los mismos elementos o al interpretar los mismos preceptos legales, ante casos concretos que se encuentren en similar situaci�n jur�dica, respecto al tema controvertido, por lo que se hace necesario realizar un extracto de las consideraciones fundamentales en que se apoyan los fallos a examen.

Los razonamientos expuestos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n R.1., promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Autotransportes, Similares y Conexos de la Rep�blica Mexicana "CROC", se hicieron consistir, en lo conducente, en que el art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo dispone como causa para negar el tr�mite al emplazamiento a huelga, la existencia de un contrato colectivo depositado en la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje competente, por lo que de actualizarse la mencionada hip�tesis legal, debe concluirse que la petici�n de suspensi�n de labores no re�ne los requisitos de procedibilidad y procede dar por terminado el procedimiento de huelga, aun cuando la comprobaci�n de tal situaci�n se d� una vez que se haya iniciado el tr�mite relativo, porque por motivos de orden pr�ctico y econ�mico se justifica la decisi�n de no continuarlo.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n R.9., promovido por el Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria de la Construcci�n de la Rep�blica Mexicana, determin� que la causal para negar tr�mite al escrito de emplazamiento a huelga prevista en el art�culo 923 de la ley laboral, consistente en la existencia de un contrato colectivo depositado en la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, debe constatarse antes de dar inicio al procedimiento respectivo, por lo que si se ya dio curso a la petici�n de emplazamiento, en t�rminos de lo dispuesto por el numeral 921 del citado ordenamiento, no puede darse por terminado el procedimiento, al haber pasado la oportunidad procesal relativa, porque de hacerlo as� se dar�a al primer precepto un alcance que no tiene.

En relaci�n con el amparo directo 3532/93, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el mencionado Tribunal Colegiado determin� que eran intrascendentes las violaciones procesales propuestas por el quejoso, consistentes en el desechamiento de un informe judicial, porque pretend�a demostrar los motivos de fondo del despido, siendo que la responsable lo estim� como injustificado por no cumplir los requisitos procesales establecidos en el contrato colectivo de trabajo; desestim� los conceptos de violaci�n en que se adujo falta de valoraci�n de las pruebas ofrecidas por el actor, porque correspond�a a la demandada y no a aqu�l acreditar el cumplimiento a las formalidades del despido y; finalmente, estableci� que fue correcta la determinaci�n de la Junta de considerar que la investigaci�n administrativa no cumpli� con las disposiciones del contrato colectivo.

Por lo que hace a las consideraciones precisadas en la �ltima de las resoluciones descritas, resulta evidente la inexistencia de contradicci�n de los fundamentos y motivos que la sustentan, con los razonamientos de los diversos fallos emitidos por el propio Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal de dicha materia y circuito, porque en el primero se abordaron cuestiones relativas al desechamiento y valoraci�n de pruebas en el procedimiento de despido a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que las otras ejecutorias se refieren a la interpretaci�n del art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a la procedencia o improcedencia de dar por concluido el procedimiento de huelga en que se demande la firma de un contrato colectivo, cuando se advierta la existencia de uno ya depositado ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje competente, con posterioridad al inicio del tr�mite relativo, situaciones de derecho que no guardan ninguna relaci�n entre s�.

Respecto a la �ltima cuesti�n descrita, el resumen de los razonamientos expresados por los citados Tribunales Colegiados en las resoluciones y tesis correspondientes, evidencia que llegaron a conclusiones discrepantes sobre el mismo tema debatido, ya que uno de ellos sostiene que procede dar por concluido el procedimiento de huelga en la hip�tesis se�alada en el p�rrafo anterior, por motivos de orden pr�ctico y econ�mico, mientras que el otro concluye lo contrario, porque se rebasar�a la hip�tesis normativa prevista en la ley, destacando, conforme lo expresado en el considerando precedente, que ambas resoluciones se dictaron en juicios de amparo indirecto en los cuales el acto reclamado se emiti� cuando la empresa ya hab�a sido emplazada a huelga, lo que lleva a estimar existente la contradicci�n de tesis denunciada, debiendo esta S. proceder a fijar el criterio que debe prevalecer.

SEXTO

Para determinar si resulta o no procedente dar por concluido el procedimiento de huelga que tiene como prop�sito obtener del patr�n la firma de un contrato colectivo de trabajo por existir un pacto colectivo depositado en la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje correspondiente, una vez que ha sido admitido a tr�mite el escrito de emplazamiento, resulta necesario, en primer t�rmino, atender a lo dispuesto en los art�culos 440, 444, 446, 447, 448, 450, fracci�n II, 451, 459 y 469, insertos en el t�tulo octavo, cap�tulos I y II, de la Ley Federal del Trabajo, que consagran, en lo conducente, el concepto de huelga, su existencia y justificaci�n, los efectos y finalidades respecto de las relaciones laborales sobre las cuales incide, as� como los requisitos de fondo para llevarla a cabo y las formas para su terminaci�n:

"Art�culo 440. Huelga es la suspensi�n temporal del trabajo llevada a cabo por una coalici�n de trabajadores."

"Art�culo 444. Huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos se�alados en el art�culo 450."

"Art�culo 446. Huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patr�n."

"Art�culo 447. La huelga es causa legal de suspensi�n de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure."

"Art�culo 448. El ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitaci�n de los conflictos colectivos de naturaleza econ�mica pendientes ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, y la de las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores sometan el conflicto a la decisi�n de la Junta.

"No es aplicable lo dispuesto en el p�rrafo anterior cuando la huelga tenga por objeto el se�alado en el art�culo 450, fracci�n VI."

"Art�culo 450. La huelga deber� tener por objeto:

"... II. Obtener del patr�n o patrones la celebraci�n del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisi�n al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el cap�tulo III del t�tulo s�ptimo;"

"Art�culo 451. Para suspender los trabajos se requiere:

"I. Que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que se�ala el art�culo anterior;

"II. Que la suspensi�n se realice por la mayor�a de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La determinaci�n de la mayor�a a que se refiere esta fracci�n, s�lo podr� promoverse como causa para solicitar la declaraci�n de inexistencia de la huelga, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 460, y en ning�n caso como cuesti�n previa a la suspensi�n de los trabajos; y

"III. Que se cumplan previamente los requisitos se�alados en el art�culo siguiente."

"Art�culo 459. La huelga es legalmente inexistente si:

"I. La suspensi�n del trabajo se realiza por un n�mero de trabajadores menor al fijado en el art�culo 451, fracci�n II;

"II. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el art�culo 450; y

"III. No se cumplieron los requisitos se�alados en el art�culo 452 (sic).

"No podr� declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las se�aladas en las fracciones anteriores."

"Art�culo 469. La huelga terminar�:

"I. Por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones;

"II. Si el patr�n se allana, en cualquier tiempo, a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores;

"III. Por laudo arbitral de la persona o comisi�n que libremente elijan las partes; y

IV. Por laudo de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje si los trabajadores huelguistas someten el conflicto a su decisi�n.

De conformidad con el contenido de los preceptos anteriores, para que la coalici�n de trabajadores pueda suspender temporalmente las labores, la huelga debe tener como objetivo alguno de los enumerados en el art�culo 450, entre los cuales aparece la demanda de firma de un contrato colectivo de trabajo a cargo del patr�n. Asimismo, se consagra que el estallamiento de la huelga produce la suspensi�n de los efectos de las relaciones de trabajo y la tramitaci�n de los conflictos colectivos y solicitudes de naturaleza econ�mica, por todo el tiempo que dure el movimiento, salvo que los trabajadores sometan la decisi�n del conflicto a la Junta; destacando tambi�n que se enumeran las formas de terminaci�n de la huelga.

Cabe precisar tambi�n, que la anterior Cuarta S. de la Suprema Corte sostuvo criterios para distinguir entre la existencia y la justificaci�n de la huelga, estableciendo que la primera implica s�lo el cumplimiento de los requisitos formales o de procedencia del movimiento, mientras que la justificaci�n consiste en que las causas de la suspensi�n de labores sean imputables al patr�n, lo que se refiere a una decisi�n sobre el fondo del conflicto. Entre las tesis relativas destacan las que continuaci�n se reproducen, que aparecen publicadas en el Informe de 1970, Parte II, p�gina 32, Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Tomo 40, Quinta Parte, p�gina 57 y Quinta �poca, Tomo LXXXIX, p�gina 2571, respectivamente, aclarando que los dispositivos que en ellas se interpretan coinciden literalmente en su texto con los que actualmente regulan el procedimiento de huelga, que fueron transcritos con anterioridad, por lo que son dichos criterios resultan aptos para fundamentar las consideraciones conducentes:

"HUELGA, LA DECLARACI�N DE QUE ES LEGALMENTE EXISTENTE, NO OBLIGA A CONSIDERARLA, POR ESE SOLO HECHO, IMPUTABLE AL PATR�N. La declaratoria de que una huelga tiene existencia legal, s�lo implica que para llevarla a cabo los trabajadores cumplieron con todas las exigencias de los art�culos 264 y 265 de la Ley Federal del Trabajo 1931 aplicable, pero ello es independiente de que en el fondo, las causas de la suspensi�n de labores resulten o no imputables al patr�n, pues bien puede suceder que est�n cubiertos los requisitos se�alados en los preceptos de m�ritos y que, a pesar de esa circunstancia, en el juicio respectivo se compruebe que la huelga no fue imputable al patr�n."

"HUELGA, DECLARACI�N DE EXISTENCIA DE LA. NO IMPLICA QUE SUS MOTIVOS SEAN IMPUTABLES AL PATR�N. Si en el laudo se dice en su parte conducente que se decreta legalmente existente la huelga, y que en t�rminos del art�culo 446 de la ley laboral se estima que la huelga fue justificada y que como consecuencia los motivos le son imputables a la empresa demandada, debe afirmarse que se trata de una confusi�n en que incurre la Junta responsable al fundar el laudo reclamado, pues dicha Junta debi� distinguir, como lo hace la ley, las diferencias relativas a la naturaleza jur�dica de la huelga, a saber: a) Huelga legalmente existente (art�culos 444 y 445 de la ley); b) Huelga legalmente inexistente (art�culos 459 y 463 de la ley); c) Huelga il�cita (art�culos 445 y 465 de la ley); d) Huelga l�cita (art�culos 445 y 465 a contrario sensu de la ley); e) Huelga justificada (art�culos 446 y 470 de la ley), y f) Huelga injustificada (art�culos 446 y 470 a contrario sensu de la ley). De lo anterior no se puede estimar que declarada una huelga legalmente existente, se concluye ineluctablemente que los motivos de la misma son imputables al patr�n y que por ende la huelga es justificada."

"HUELGA, EXISTENCIA, LICITUD Y JUSTIFICACI�N DE LA. Para la existencia de una huelga se requiere la satisfacci�n de los requisitos formales que determinan los art�culos 260, 264 y 265 de la Ley Federal del Trabajo, y para su licitud, que tenga los fines que precisa el primero de los citados preceptos y, en cambio, para su justificaci�n, se requiere examinar si le es o no imputable a un patr�n, mediante las pruebas que se aporten en el procedimiento arbitral, cuando los interesados se acojan a �l, y en el que tendr� que resolverse si fue, o no, debida la actitud del patr�n, al negarse a acceder a las peticiones de sus trabajadores, o, lo que es lo mismo, si su negociaci�n estaba capacitada econ�micamente para poder satisfacer sus pretensiones econ�micas, o, por el contrario, hallarse imposibilitado a acceder a esas pretensiones, pues precisamente lo que se busca a trav�s de las resoluciones relativas, es la armon�a que debe prevalecer entre el capital y el trabajo, buscando siempre el equilibrio entre ellos, a fin de que aqu�l no sea aumentado en forma desproporcionada, con mengua de �ste, sino que exista entre ambos una completa situaci�n de equidad." (Nota: Los art�culos citados corresponden al 450, 451 y 920 respectivamente de la ley laboral vigente).

Una vez establecido lo anterior, se impone observar lo que disponen, en lo relativo a la materia de contradicci�n, los art�culos 920 al 924, 926, 929, 930, 932 y 935 al 937 del ordenamiento laboral federal, contenidos en el t�tulo decimocuarto, cap�tulo XX, que regulan el procedimiento de huelga en los t�rminos siguientes:

"Art�culo 920. El procedimiento de huelga se iniciar� mediante la presentaci�n del pliego de peticiones, que deber� reunir los requisitos siguientes:

"I. Se dirigir� por escrito al patr�n y en �l se formular�n las peticiones, anunciar�n el prop�sito de ir a la huelga si no son satisfechas, expresar�n concretamente el objeto de la misma y se�alar�n el d�a y hora en que se suspender�n las labores, o el t�rmino de prehuelga;

"II. Se presentar� por duplicado a la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje. Si la empresa o establecimiento est�n ubicados en lugar distinto al en que resida la Junta, el escrito podr� presentarse a la autoridad del trabajo m�s pr�xima o a la autoridad pol�tica de mayor jerarqu�a del lugar de ubicaci�n de la empresa o establecimiento. La autoridad que haga el emplazamiento remitir� el expediente, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje; y avisar� telegr�fica o telef�nicamente al presidente de la Junta.

"III. El aviso para la suspensi�n de las labores deber� darse, por lo menos, con seis d�as de anticipaci�n a la fecha se�alada para suspender el trabajo y con diez d�as de anticipaci�n cuando se trate de servicios p�blicos, observ�ndose las disposiciones legales de esta ley. El t�rmino se contar� a partir del d�a y hora en que el patr�n quede notificado."

"Art�culo 921. El presidente de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje o las autoridades mencionadas en la fracci�n II del art�culo anterior, bajo su m�s estricta responsabilidad har�n llegar al patr�n la copia del escrito de emplazamiento dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de su recibo.

"La notificaci�n producir� el efecto de constituir al patr�n, por todo el t�rmino del aviso, en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo."

"Art�culo 922. El patr�n, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de la notificaci�n, deber� presentar su contestaci�n por escrito ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje."

"Art�culo 923. No se dar� tr�mite al escrito de emplazamiento de huelga cuando �ste no sea formulado conforme a los requisitos del art�culo 920 o sea presentado por un sindicato que no sea el titulardel contrato colectivo de trabajo, o el administrador del contrato-ley, o cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje competente. El presidente de la Junta, antes de iniciar el tr�mite de cualquier emplazamiento a huelga, deber� cerciorarse de lo anterior, ordenar la certificaci�n correspondiente y notificarle por escrito la resoluci�n al promovente."

"Art�culo 924. A partir de la notificaci�n del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, deber� suspenderse toda ejecuci�n de sentencia alguna, as� como tampoco podr� practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio, en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de:

"I. Asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, salarios, pensiones y dem�s prestaciones devengadas, hasta por el importe de dos a�os de salarios del trabajador;

"II. Cr�ditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social;

"III. Asegurar el cobro de las aportaciones que el patr�n tiene obligaci�n de efectuar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores; y

"IV. Los dem�s cr�ditos fiscales.

"Siempre ser�n preferentes los derechos de los trabajadores, sobre los cr�ditos a que se refieran las fracciones II, III y IV de este precepto, y en todo caso las actuaciones relativas a los casos de excepci�n se�aladas en las fracciones anteriores, se practicar�n sin afectar el procedimiento de huelga."

"Art�culo 926. La Junta de Conciliaci�n y Arbitraje citar� a las partes a una audiencia de conciliaci�n, en la que procurar� avenirlas, sin hacer declaraci�n que prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, justificaci�n o injustificaci�n de la huelga. Esta audiencia s�lo podr� diferirse a petici�n de los trabajadores y por una sola vez."

"Art�culo 929. Los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectado, o terceros interesados, podr�n solicitar de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la suspensi�n del trabajo, declare la inexistencia de la huelga por las causas se�aladas en el art�culo 459 o por no haber cumplido los requisitos establecidos en el art�culo 920 de esta ley.

"Si no se solicita la declaraci�n de inexistencia, la huelga ser� considerada existente para todos los efectos legales."

"Art�culo 930. En el procedimiento de declaraci�n de inexistencia de la huelga, se observar�n las normas siguientes:

"I. La solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga, se presentar� por escrito, acompa�ada de una copia para cada uno de los patrones emplazados y de los sindicatos o coalici�n de trabajadores emplazantes. En la solicitud se indicar�n las causas y fundamentos legales para ello. No podr�n aducirse posteriormente causas distintas de inexistencia;

"II. La Junta correr� traslado de la solicitud y oir� a las partes en una audiencia, que ser� tambi�n de ofrecimiento y recepci�n de pruebas, que deber� celebrarse dentro de un t�rmino no mayor de cinco d�as;

"III. Las pruebas deber�n referirse a las causas de inexistencia contenidas en la solicitud mencionada en la fracci�n I, y cuando la solicitud se hubiere presentado por terceros, las que adem�s tiendan a comprobar su inter�s. La Junta aceptar� �nicamente las que satisfagan los requisitos se�alados;

"IV. Las pruebas se rendir�n en la audiencia, salvo lo dispuesto en el art�culo siguiente. S�lo en casos excepcionales podr� la Junta diferir la recepci�n de las que por su naturaleza no puedan desahogarse en la audiencia;

". Concluida la recepci�n de las pruebas, la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, resolver� sobre la existencia o inexistencia del estado legal de la huelga; y

"VI. Para la resoluci�n de inexistencia, se citar� a los representantes de los trabajadores y de los patrones para que integren la Junta. La resoluci�n se dictar� por los que concurran, y en caso de empate, se sumar�n al del presidente los votos de los ausentes."

"Art�culo 932. Si la Junta declara la inexistencia legal del estado de huelga:

"I. Fijar� a los trabajadores un t�rmino de veinticuatro horas para que regresen a su trabajo;

"II. Deber� notificar lo anterior por conducto de la representaci�n sindical, apercibiendo a los trabajadores que por el solo hecho de no acatar la resoluci�n, quedar�n terminadas las relaciones de trabajo, salvo causa justificada;

"III. Declarar� que el patr�n no ha incurrido en responsabilidad y que de no presentarse a laborar los trabajadores dentro del t�rmino se�alado, quedar� en libertad para contratar otros; y

"IV. Dictar� las medidas que juzgue convenientes para que pueda reanudarse el trabajo."

"Art�culo 935. Antes de la suspensi�n de los trabajos, la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, con audiencia de las partes, fijar� el n�mero indispensable de trabajadores que deber� continuar trabajando para que sigan ejecut�ndose las labores, cuya suspensi�n perjudique gravemente la seguridad y conservaci�n de los locales, maquinaria y materias primas o la reanudaci�n de los trabajos. Para este efecto, la Junta podr� ordenar la pr�ctica de las diligencias que juzgue conveniente."

"Art�culo 936. Si los huelguistas se niegan a prestar los servicios mencionados en los art�culos 466 y 935 de esta ley, el patr�n podr� utilizar otros trabajadores. La Junta, en caso necesario, solicitar� el auxilio de la fuerza p�blica, a fin de que puedan prestarse dichos servicios."

"Art�culo 937. Si el conflicto motivo de la huelga se somete por los trabajadores a la decisi�n de la Junta, se seguir� el procedimiento ordinario o el procedimiento para conflictos colectivos de naturaleza econ�mica, seg�n el caso.

Si la Junta declara en el laudo que los motivos de la huelga son imputables al patr�n, condenar� a �ste a la satisfacci�n de las peticiones de los trabajadores en cuanto sean procedentes, y al pago de los salarios correspondientes a los d�as que hubiese durado la huelga. En ning�n caso ser� condenado el patr�n al pago de los salarios de los trabajadores que hubiesen declarado una huelga en los t�rminos del art�culo 450 fracci�n VI de esta ley.

Del an�lisis de los dispositivos transcritos, se distinguen diversas fases durante el procedimiento de huelga ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje que, aunadas a las disposiciones sustantivas previstas en el t�tulo octavo de la Ley Federal del Trabajo, producen efectos jur�dicos espec�ficos entre los trabajadores huelguistas y patr�n, as� como frente a terceros, las cuales se desarrollan a continuaci�n.

  1. La primera etapa del procedimiento puede establecerse desde la presentaci�n del pliego petitorio a la autoridad laboral, por la coalici�n de trabajadores o sindicato, hasta la orden de emplazamiento al patr�n, emitido por el presidente de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje o la autoridad que conozca de la petici�n, conforme lo dispuesto en la fracci�n II del art�culo 920 de la ley.

    En el citado escrito de la parte obrera se precisa el motivo de la suspensi�n de labores y el objeto de la misma, as� como la fecha y hora en que estallar� la huelga, que deber� fijarse previendo una anticipaci�n de por lo menos seis d�as, o diez en caso de prestaci�n de servicios p�blicos, contados desde el d�a en que se llegue a notificar al patr�n el pliego petitorio.

    Recibida la solicitud por el presidente de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje o por la autoridad ante quien se presente, deber� verificarse el cumplimiento de los requisitos previstos en el art�culo 920 de la ley laboral y, en caso de que el objeto de la huelga sea exigir la firma de un contrato colectivo, cerciorarse de que no exista uno depositado con anterioridad ante la Junta competente, para lo cual se recabar� la certificaci�n del titular del archivo correspondiente.

    Si del referido examen preliminar se llega a la conclusi�n de que no se re�nen los requisitos formales del pliego petitorio, o existe depositado en la Junta un contrato colectivo celebrado por el patr�n, el presidente de �sta deber� emitir una resoluci�n que niegue dar tr�mite a la solicitud de emplazamiento a huelga y ordenar� notificarla al promovente, conforme lo dispuesto en el art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo.

    Cabe destacar que de darse la hip�tesis descrita en el p�rrafo anterior, no se producir�an efectos jur�dicos que llegaran a modificar la relaci�n laboral existente entre patr�n y trabajadores, pues simplemente se dar�a por terminado el procedimiento de huelga instaurado por estos �ltimos sin haberse emplazado al patr�n. En el supuesto de exigencia de la firma de un contrato colectivo, la conclusi�n del procedimiento deriva de la constataci�n de lo innecesario de la suspensi�n de labores, dado que la pretensi�n del movimiento huelgu�stico se encuentra satisfecha con el convenio colectivo que fue depositado previamente ante la autoridad competente.

    La raz�n de econom�a procesal que se se�ala aparece tambi�n como intenci�n del legislador en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de enero de mil novecientos ochenta, que modific� el t�tulo XVI, cap�tulo XX, de dicho ordenamiento, que establece las disposiciones aplicables al procedimiento de huelga, tal y como puede advertirse de la exposici�n de motivos de la iniciativa correspondiente, en cuya parte relativa se dijo:

    ... se dan nuevas normas relacionadas con el ejercicio del derecho de huelga, evitando el tr�mite de emplazamientos cuando ya exista un contrato colectivo depositado anteriormente y aplicable a la empresa; ... El procedimiento que se describe en el cap�tulo XX, en t�rminos generales, es similar al que se sigue ahora. La experiencia ha comprobado que las normas vigentes son adecuadas para reglamentar los preceptos constitucionales. Sin embargo, se propone la modificaci�n de algunos textos. El art�culo 923 determina que no se dar� tr�mite al escrito de emplazamiento de huelga, cuando �ste sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo. De este modo se reconoce expresamente en la ley un efecto importante a la titularidad de los contratos colectivos, fortaleciendo as� a las organizaciones sindicales; simult�neamente se evitan planteamientos de huelga que no correspondan al verdadero inter�s de los trabajadores cuyo centro de labores va a suspender actividades.

    Por otra parte, en el caso de que el presidente de la Junta considere satisfechos los requisitos previstos en los art�culos 920 y 923 de la norma legal de trabajo, ordenar� la notificaci�n al patr�n del pliego de peticiones, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepci�n, atento a lo establecido en el numeral 921 del mismo ordenamiento.

  2. Una segunda fase del procedimiento de huelga es la que comprende desde el emplazamiento al patr�n hasta antes de llevarse a cabo la suspensi�n de labores por los huelguistas, conocida en la doctrina como periodo de pre-huelga.

    De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 921, la notificaci�n del pliego petitorio al patr�n produce el efecto jur�dico de constituirlo en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga. Esto implica, desde luego, una restricci�n de los derechos del patr�n en relaci�n con sus bienes, porque al atribuirle las obligaciones inherentes al depositario, le impide disponer de ellos como lo har�a en su car�cter de propietario, lo cual tiene como raz�n jur�dica evitar su detrimento en perjuicio de los intereses de los trabajadores, de llegar a efectuarse el paro de labores.

    En relaci�n con terceros, el emplazamiento a huelga produce como efecto jur�dico la suspensi�n de la ejecuci�n de las sentencias y diligencias de aseguramiento que recaigan sobre los bienes de la empresa, salvo cuando se trate de asegurar derechos laborales, as� como en trat�ndose de cr�ditos fiscales, en t�rminos de lo que establece el art�culo 924 de la Ley Federal del Trabajo, situaci�n que impide materializar todas las resoluciones judiciales distintas de las anteriores, lo cual tambi�n produce afectaci�n a los acreedores que se encuentren en esta hip�tesis.

    Retomando el procedimiento de huelga ante la Junta de Conciliaci�n de Arbitraje, el art�culo 922 de la Ley Federal del Trabajo establece el plazo de cuarenta y ocho horas para que el patr�n d� contestaci�n al pliego petitorio, lapso contado a partir de la notificaci�n del emplazamiento. Posteriormente, en la fecha fijada por la Junta, se celebrar� la audiencia de conciliaci�n a que se refiere el numeral 926, en que se procurar� el avenimiento de las partes para llegar a una soluci�n al conflicto, sin prejuzgar sobre la existencia o justificaci�n del movimiento.

    De no darse la conciliaci�n, previamente al estallamiento de la huelga, la autoridad de trabajo fijar� el n�mero de trabajadores que deber�n continuar laborando en aquellos casos en que la suspensi�n pueda afectar la seguridad y conservaci�n de los bienes de producci�n o la reanudaci�n de los trabajos, estando en aptitud el patr�n de contratar a otros trabajadores en caso de que los huelguistas se nieguen a prestar sus servicios, seg�n se establece en los art�culos 935 y 936 de la ley laboral.

    La situaci�n descrita en el p�rrafo anterior tambi�n engendra afectaci�n jur�dica y material al patr�n, por cuanto deber� acreditar ante la Junta que la suspensi�n de trabajos incidir� en detrimento de la seguridad o bienes de la empresa, adem�s de calcular el n�mero de trabajadores que deber�n prestar sus servicios para evitar lo anterior y, en caso de que los huelguistas se nieguen a realizar el trabajo relativo, tener que contratar a obreros que lo efect�en mientras dure el paro.

  3. La �ltima etapa del procedimiento de huelga se circunscribirse desde el momento de suspensi�n de labores hasta la resoluci�n de fondo del conflicto.

    Cabe recordar que, en t�rminos de los art�culos 447 y 448 de la Ley Federal del Trabajo, el estallamiento de la huelga suspende los efectos de las relaciones de trabajo y la tramitaci�n de las solicitudes y conflictos que tiendan a la modificaci�n o implantaci�n de nuevas condiciones de labores y la suspensi�n o terminaci�n de las relaciones colectivas de trabajo, durante el periodo de paro.

    Ahora bien, dentro de las setenta y dos horas siguientes al inicio de la suspensi�n de labores, las partes afectadas podr�n solicitar a la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje la declaraci�n de inexistencia de la huelga, por no reunir la mayor�a de trabajadores exigida por el art�culo 451, fracci�n II, de la ley; no tener como finalidad alguno de los objetivos precisados en el numeral 450; o no cumplir con los requisitos fijados por el art�culo 452, precepto actualmente abrogado, cuyo texto fue trasladado al art�culo 920, que establece los requisitos que debe reunir el pliego petitorio.

    El procedimiento de declaraci�n de inexistencia de la huelga se ce�ir� a las prevenciones establecidas en el art�culo 930 de la ley laboral y, en caso de que la resoluci�n de la Junta sea en el sentido de determinar dicha inexistencia, el patr�n quedar� libre de responsabilidad, se fijar� a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para regresar a laborar, apercibi�ndoles que de no acatar lo anterior se dar�n por terminadas las relaciones de trabajo, estando en aptitud el patr�n de contratar nuevos obreros, conforme lo dispuesto en el art�culo 932.

    De no interponerse la solicitud de declaraci�n de inexistencia de la huelga por los interesados, �sta se considerar� existente para todos los efectos legales, seg�n lo dispone el numeral 929, en su segundo p�rrafo, lo cual significa que, como lo ha establecido esta Suprema Corte, el movimiento ha satisfecho, en su aspecto formal, los requisitos y objetivos previstos en la ley.

    Al margen del procedimiento incidental descrito, se resalta que, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 469 de la norma legal de trabajo, la conclusi�n de la huelga, en lo tocante al fondo, puede darse por acuerdo entre las partes; allanamiento del patr�n a las peticiones de los huelguistas y pago de los salarios dejados de percibir por �stos; laudo arbitral a cargo de quien elijan las partes o de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, si los trabajadores aceptaron someter el conflicto a la decisi�n de dicho �rgano jurisdiccional.

    En el caso de que la huelga se resuelva a trav�s de fallo emitido por la Junta y aqu�lla resultase imputable el patr�n, �ste igualmente estar� obligado a la satisfacci�n de las peticiones contenidas en el pliego inicial, as� como al pago de los salarios ca�dos por el tiempo que hubiese durado la suspensi�n de trabajo, en t�rminos de los art�culos 446 y 937 de la ley.

    Una vez que han quedado pormenorizadas las etapas del procedimiento de huelga previsto en la Ley Federal del Trabajo, procede dilucidar la contradicci�n de criterios, en torno a la interpretaci�n del art�culo 923 del citado ordenamiento, consistente en si, con posterioridad a la admisi�n a tr�mite de la solicitud de emplazamiento a huelga, puede o no darse por concluido el procedimiento, si se advierte la existencia de un contrato colectivo depositado ante la Junta, en la hip�tesis de que el motivo generador del movimiento sea la exigencia de la firma del pacto colectivo, debiendo concluir que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda S., que coincide, en esencia, con lo que sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el sentido de que procede dar por terminado el procedimiento, por no satisfacerse los requisitos formales para su continuaci�n, adem�s de la existencia de razones de orden pr�ctico y econ�mico que conducen a evitar una innecesaria afectaci�n a las partes y terceros.

    En efecto, como se estableci� anteriormente, dicho precepto legal se encuadra dentro de la primera de las fases del procedimiento de huelga, consagrando la obligaci�n del presidente de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje de que, previamente a la admisi�n a tramite de la solicitud y la emisi�n de la orden de emplazamiento al patr�n, debe verificar los requisitos de procedibilidad relativos, entre los que se encuentra el cerciorarse de la inexistencia de alg�n contrato colectivo celebrado por el patr�n que hubiese sido depositado ante dicho �rgano jurisdiccional, cuando el motivo de la huelga se haga consistir precisamente en el otorgamiento y firma del referido pacto.

    En la mencionada etapa procedimental, que comprende de la presentaci�n del pliego petitorio a la orden de emplazamiento a huelga, todav�a no se producen actuaciones que actualicen consecuencias jur�dicas y materiales que sean susceptibles de afectar a las partes obrera y patronal, o a terceros extra�os, pues aqu�llas comenzar�n a generarse desde el momento en que el patr�n sea emplazado, y se seguir�n produciendo a medida en que el procedimiento de huelga contin�e su tr�mite, por lo que resulta conveniente, por razones pr�cticas y jur�dicas, que desde el momento en que la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje tiene conocimiento cierto de la existencia del contrato colectivo cuya firma se demanda como exigencia de los huelguistas, sin importar la etapa procedimental en que tal hecho ocurra, se determine la conclusi�n del procedimiento, siempre y cuando la �nica prestaci�n que se demande del patr�n sea la firma del pacto colectivo, dado que resultar�a ocioso seguirlo si el motivo que le dio origen aparece satisfecho.

    Lo anterior es as�, porque si conforme lo dispuesto en el art�culo 451, fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo, para suspender las labores se requiere que la huelga tenga por objeto alguno de los descritos en el preceptoque le precede, cuya fracci�n II establece el de obtener la celebraci�n del contrato colectivo de trabajo, la demostraci�n de la existencia del mencionado acto jur�dico provocar� que el motivo del emplazamiento, al haberse alcanzado, quede sin materia, dando como resultado que se incumpla con uno de los requisitos de procedencia del paro y, por ende, que la huelga pueda ser declarada inexistente, si se promovi� el procedimiento previsto en los art�culos 929 y 930, o bien que, en la resoluci�n de fondo del conflicto, se evidencie que la suspensi�n de labores carezca de justificaci�n porque los motivos que la generaron no sean imputables al patr�n, como lo disponen los numerales 446 y 937, segundo p�rrafo, de la citada ley, interpretados a contrario sensu.

    Debe destacarse tambi�n que como el escrito de emplazamiento a huelga puede presentarse ante entidades diversas de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, tales como otras autoridades en materia laboral e incluso funcionarios pol�ticos, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 920, fracci�n II, de la ley laboral, es posible que se presente el caso de que, al no estar debidamente compenetrada con las disposiciones del procedimiento de huelga, la autoridad que eventualmente reciba la solicitud pueda llegar a ordenar el emplazamiento sin cerciorarse debidamente del cumplimiento de todos los requisitos formales, o bien que, por error, el titular del archivo donde se depositen los contratos colectivos informe que no existe uno celebrado por el patr�n, siendo que, en la realidad, dicho pacto se encuentre depositado en ese lugar, por lo que resultar�a contrario a la finalidad que persigue la ley, vedar la posibilidad al �rgano jurisdiccional laboral de subsanar tales irregularidades con posterioridad, por el simple hecho de que el art�culo 923 aluda a que la verificaci�n relativa deba hacerse antes de ordenar la notificaci�n del pliego petitorio al patr�n.

    Tambi�n cabe dejar asentado que la conclusi�n a que se ha llegado no infringe de modo alguno lo dispuesto en el art�culo 848 de la Ley Federal del Trabajo, que textualmente dispone:

    "Art�culo 848. Las resoluciones de las Juntas no admiten ning�n recurso. Las Juntas no pueden revocar sus resoluciones.

    Las partes pueden exigir la responsabilidad en que incurran los miembros de la Junta.

    Efectivamente, el hecho de dar por concluido el procedimiento de huelga con posterioridad al emplazamiento no constituye una revocaci�n de una determinaci�n anterior por la Junta, puesto que una cuesti�n es la admisi�n a tr�mite del pliego petitorio de los trabajadores y una diversa consiste en concluir el tr�mite del procedimiento de huelga, en su etapa de pre-huelga, por sobrevenir una prueba que demuestre la falta de apego a los requisitos formales previstos en la ley.

    Igualmente, cabe resaltar que, de aceptar el criterio que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consistente en que, precluida la etapa para constatar los requisitos de procedibilidad de la solicitud de huelga, debe continuarse con el procedimiento, dicha determinaci�n en nada beneficiar�a a las partes en conflicto y terceros extra�os, sino por el contrario, podr�a provocarles severas afectaciones, como a continuaci�n se explica.

    Por lo que toca a los trabajadores huelguistas, de continuar con el tr�mite del procedimiento, aun cuando aparezca que se ha cumplido lo que demandan, esto conducir�a a que, en la resoluci�n definitiva que llegue a dictarse con posterioridad al estallamiento de la huelga, se determine su inexistencia o su falta de justificaci�n, en los t�rminos descritos l�neas arriba, con lo cual no podr�an obtener condena al pago de salarios ca�dos por todo el tiempo que dur� el movimiento, por falta de demostraci�n de los requisitos de forma o porque los motivos del paro no fueren imputables al patr�n y, adem�s, porque la suspensi�n de los efectos de las relaciones de trabajo que genera la huelga releva a dicha parte de la obligaci�n de cubrir el salario a los primeros.

    Adem�s, debe tenerse presente que el art�culo 469, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo dispone que la huelga terminar� si el patr�n se allana, en cualquier tiempo, a las peticiones contenidas en el emplazamiento, precepto que resulta aplicable por analog�a a la hip�tesis que se examina, pues la pretensi�n de los trabajadores se encuentra satisfecha desde antes de la intervenci�n de la autoridad laboral.

    En relaci�n con el patr�n, la continuaci�n del procedimiento provocar�a que persista la imposibilidad de disponer de los bienes de la empresa, efecto producido con el emplazamiento a huelga que jur�dicamente lo constituy� como depositario de aqu�llos. Igualmente, se le obligar�a a contratar a los trabajadores que fueren necesarios para preservar la seguridad o bienes del establecimiento, circunstancias que aunadas a la falta de producci�n que genera la suspensi�n de labores, podr�a poner en grave riesgo la subsistencia de la actividad econ�mica de que se trate.

    Por lo que hace a los terceros extra�os, de seguir el tr�mite del procedimiento de suspensi�n de labores, no podr�an ejecutar las sentencias o diligencias de aseguramiento de bienes de la empresa hasta en tanto se resolviera el fondo de la huelga por alguno de los medios previstos en la ley, con lo que peligra la materializaci�n de los fallos o el cobro de los cr�ditos que tengan a su favor, provenientes del patr�n.

    Todo lo dicho en la parte considerativa de esta resoluci�n lleva a esta Segunda S. a determinar que, ante la falta de satisfacci�n de los requisitos de procedibilidad de la huelga y para evitar una innecesaria afectaci�n a las partes y terceros con la continuaci�n del tr�mite del procedimiento relativo, si la autoridad en materia de trabajo tiene conocimiento cierto de la existencia del contrato colectivo celebrado por el patr�n, cuando el objeto del emplazamiento a suspensi�n de labores lo constituya la celebraci�n del mencionado pacto, debe dar por concluido el citado procedimiento, por lo que prevalecen, con efectos de jurisprudencia, los criterios que a continuaci�n se redactan:

    HUELGA. SUS ETAPAS PROCEDIMENTALES.-El an�lisis de las disposiciones contenidas en el t�tulo octavo, cap�tulos I y II, y t�tulo decimocuarto, cap�tulo XX, de la Ley Federal del Trabajo, permite distinguir, con base en los efectos jur�dicos que se producen para las partes y terceros, tres principales etapas dentro del procedimiento de huelga, cuyas caracter�sticas esenciales son las siguientes: a) La primera, que comprende desde la presentaci�n del pliego petitorio por la coalici�n de trabajadores hasta la orden de emplazamiento al patr�n. En esta fase se precisa el motivo, objeto, fecha y hora de la suspensi�n de labores, se verifica el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad por la autoridad y, en caso de quedar satisfechos, se ordenar� su notificaci�n al patr�n o, de no ser procedente la petici�n, se negar� el tr�mite correspondiente, dando por concluido el procedimiento; b) La segunda etapa, conocida tambi�n como de pre-huelga, abarca desde el emplazamiento al patr�n hasta antes de la suspensi�n de labores. La notificaci�n del pliego petitorio produce el efecto jur�dico de constituir al patr�n en depositario de la empresa afectada por la huelga, lo que le impide realizar actos de disposici�n sobre los bienes del establecimiento, asimismo, se genera la suspensi�n de la ejecuci�n de las sentencias y diligencias de aseguramiento que recaigan sobre los tales bienes, distintas de fallos laborales y cobro de cr�ditos fiscales, en los t�rminos previstos en la ley. Tambi�n en esta etapa se celebra la audiencia de conciliaci�n ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, en que se procurar� el avenimiento de las partes, sin prejuzgar sobre la existencia o justificaci�n del movimiento y, de no llegar a una soluci�n, previamente al estallamiento de la huelga, se fijar� el n�mero de trabajadores que deber�n continuar laborando, en los casos en que pueda verse afectada la seguridad de la empresa, los bienes de producci�n o la reanudaci�n de los trabajos y; c) La �ltima etapa se circunscribirse del momento de suspensi�n de labores hasta la resoluci�n de fondo del conflicto. El estallamiento de la huelga suspende los efectos de las relaciones de trabajo y la tramitaci�n de las solicitudes y conflictos de naturaleza econ�mica, durante el periodo de paro de labores. Dentro de las setenta y dos horas siguientes al inicio de la huelga, se podr� solicitar la declaraci�n de su inexistencia por no reunir los requisitos de procedencia y objetivos previstos en la ley, con lo que el patr�n quedar�a libre de responsabilidad y se fijar�a a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para regresar a laborar, apercibi�ndoles que de no acatar lo anterior se dar�n por terminadas las relaciones de trabajo. De lo contrario, la huelga se considerar� legalmente existente, por lo que su conclusi�n, en el fondo, s�lo podr�a darse por acuerdo entre las partes, allanamiento del patr�n a las peticiones o laudo arbitral a cargo de quien elijan las partes o de la Junta en menci�n, si los trabajadores sometieron a ella la decisi�n, fallo que resolver�a en definitiva sobre la justificaci�n o injustificaci�n de la suspensi�n de labores.

    HUELGA. DEBE DARSE POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, EN CUALQUIER ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE, CUANDO SE ACREDITE LA CELEBRACI�N DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO POR EL PATR�N, SI �STA ES LA �NICA FINALIDAD DE LA SUSPENSI�N DE LABORES.-El art�culo 923 de la Ley Federal del Trabajo consagra la obligaci�n del presidente de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje de que, previamente a la admisi�n a tr�mite de la solicitud de emplazamiento a huelga al patr�n, debe verificar los requisitos de procedibilidad relativos, entre los que se encuentra el cerciorarse de la inexistencia de alg�n contrato colectivo celebrado por el patr�n que est� depositado en dicho �rgano jurisdiccional, cuando el motivo de la huelga se haga consistir �nicamente en el otorgamiento y firma del referido pacto, ante lo cual debe negar el tr�mite al escrito de emplazamiento relativo. La raz�n jur�dica de tal decisi�n radica en que si conforme a lo dispuesto en el art�culo 451, fracci�n I, del aludido ordenamiento, para suspender las labores se requiere que la huelga tenga por objeto alguno de los descritos en el numeral 450, cuya fracci�n II establece el de obtener del patr�n la celebraci�n del contrato colectivo de trabajo, la demostraci�n de su existencia provocar� que el motivo del emplazamiento, al haberse alcanzado, quede sin materia, incumpli�ndose con uno de los requisitos de procedencia para efectuar el paro. Por tanto, aun cuando la constataci�n de tal circunstancia se realice con posterioridad a la admisi�n a tr�mite del emplazamiento a huelga, la autoridad laboral debe dar por concluido el procedimiento, sin importar la etapa en que �ste se halle, porque, adem�s de que resultar�a improcedente y ocioso seguirlo si el motivo que le dio origen aparece satisfecho, su continuaci�n, adem�s de ser contraria a la intenci�n del legislador, podr�a provocar graves afectaciones a las partes y terceros, consistentes en la imposibilidad jur�dica de que los huelguistas puedan obtener el pago de los salarios ca�dos durante el periodo que dure el paro de labores, por resoluci�n que declare su inexistencia o falta de justificaci�n, as� como la afectaci�n a la producci�n y disposici�n de bienes en perjuicio del patr�n y la imposibilidad de terceros de ejecutar fallos judiciales sobre el patrimonio que conforma a la empresa.

    Por lo expuesto y con fundamento en los art�culos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se

    resuelve:

PRIMERO

No existe contradicci�n entre la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en el amparo directo 3532/93, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y las dem�s a que se contrae la denuncia correspondiente.

SEGUNDO

Existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver, respectivamente, los amparos en revisi�n R.1., promovido por Ingenieros Civiles Asociados, Sociedad An�nima de Capital Variable y R.9., promovido por el Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria de la Construcci�n de la Rep�blica Mexicana.

TERCERO

Deben prevalecer como jurisprudencias los criterios sustentados por esta S., en los t�rminos precisados en el considerando quinto de esta resoluci�n.

CUARTO

H�gase del conocimiento del Tribunal Pleno y de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, as� como de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de la Rep�blica el contenido de la presente resoluci�n y publ�quese �ntegramente en el Semanario Judicial de la Federaci�n.

QUINTO

Rem�tase testimonio de esta resoluci�n a los Tribunales Colegiados mencionados en el segundo punto resolutivo.

C�mplase y, en su oportunidad, arch�vese este expediente.

As�, lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.D.R., M.A.G.�itr�n, G.I.O.M., G.D.G.�ngora P. y presidente S.S.A.A.. Fue ponente el M.M.A.G.�itr�n.