Ejecutoria num. 1a./J. 52/98 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828749

Ejecutoria num. 1a./J. 52/98 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 52/98
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Septiembre de 1998
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS, SEGUNDO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.EDICTOS, PUBLICACIÓN DE LOS. TRATÁNDOSE DEL REMATE DE BIENES RAÍCES DEBE MEDIAR UN LAPSO DE NUEVE DÍAS ENTRE LA PRIMERA Y LA ÚLTIMA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1411 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 50/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS, SEGUNDO DEL D�CIMO CUARTO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL VIG�SIMO PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

La ejecutoria dictada en el amparo en revisi�n 50/97, que es donde se contiene el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, en lo que interesa, es del tenor literal siguiente:

CUARTO.-Son infundados los agravios hechos valer por la recurrente.-En ellos se aduce por B., S., que el Juez de Distrito fund� su resoluci�n en una inexacta interpretaci�n del art�culo 1411 del C�digo de Comercio, haciendo caso omiso de los cinco criterios jurisprudenciales hechos valer en primera instancia en los cuales se sostiene.-Este tribunal estima que el a quo no incurri� en la interpretaci�n inexacta del art�culo 1411 del C�digo de Comercio que se le atribuye, pues concluy� acertadamente, al igual que el Magistrado del Tribunal Unitario de Q.R., que de acuerdo al citado precepto, la publicaci�n de los edictos anunciando el remate judicial de los bienes inmuebles embargados, debi� hacerse por tres veces dentro del t�rmino de nueve d�as; lo que implica que aunque no se precise si la publicaci�n deba hacerse en forma consecutiva o alternada, debe entenderse que entre la primera y la �ltima habr� de mediar un lapso de nueve d�as, pudiendo efectuarse la segunda publicaci�n en cualquier tiempo, pero siempre dentro de ese mismo plazo de nueve d�as; de modo que si la publicaci�n de los edictos en el caso que nos ocupa no cubri� esos requisitos, fue legal que el Magistrado responsable dejara sin efectos la adjudicaci�n del inmueble embargado en el juicio de origen y ordenara un nuevo anuncio del remate.-Se afirma que carecen de raz�n los motivos de inconformidad aqu� planteados, mismos que se hicieron consistir en el contenido de las diversas tesis sostenidas por los Tribunales Colegiados y entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, bajo los rubros: ?EDICTOS T�RMINOS PARA LA PUBLICACI�N.?; ?REMATES EN MATERIA MERCANTIL, PUBLICACI�N DE LOS EDICTOS TRAT�NDOSE DE.?; ?EDICTOS PUBLICACI�N DE LOS.? y ?REMATES EN MATERIA MERCANTIL, PUBLICACI�N DE EDICTOS TRAT�NDOSE DE. EL ART�CULO 1411 DEL C�DIGO DE COMERCIO S�LO EXIGE QUE SEAN TRES DENTRO DE UN PLAZO DE NUEVE D�AS.?, porque, en relaci�n con la primera �sta no es favorable, pues aunque se refiere al art�culo 570 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que s�lo consigna la publicaci�n por dos veces consecutivas y s� prev� que entre ellas debe mediar un lapso de siete d�as, en tal criterio se informa que la finalidad y motivo de tal plazo es la necesaria publicidad que debe darse al remate, a fin de que extra�os al juicio resulten enterados de la diligencia y lleguen a interesarse en la adquisici�n del bien inmueble, lo cual tambi�n constituye la ratio legis del art�culo 1411 cuestionado, pues �ste dispone lo siguiente: (se transcribe).-Luego entonces, si el legislador dispuso que el anuncio del remate deb�a hacerse dentro del t�rmino de nueve d�as en trat�ndose de bienes ra�ces, no hay raz�n jur�dica para concluir que una publicaci�n efectuada tres veces en el t�rmino de tres d�as (esto es, una diaria), cumpla con lo dispuesto por ese precepto, porque resulta evidente que con dicho plazo no se dio la posibilidad a los probables interesados de tener conocimiento del remate y, por ende, no se colm� la finalidad de la norma.-Entenderlo de otra manera implicar�a, en contraste con lo que aqu� se alega, realizar una err�nea interpretaci�n del dispositivo en consulta.-Adem�s, es pertinente se�alar que la raz�n de la ley que aqu� se analiza, se constata al observar que el legislador distingui� con toda intenci�n, el anuncio del remate de los bienes muebles por tres veces dentro del t�rmino de tres d�as, con el de tres veces dentro de nueve d�as cuando se tratare de bienes ra�ces; y como lo apunta el juzgador federal en su sentencia, aplicando en sentido contrario el principio general de derecho donde el legislador no distingue, el juzgador no debe distinguir, tenemos que si hubo tal distingo por parte del legislador, es ilegal que el juzgador no haga la misma separaci�n.-Por otra parte, en lo que ata�e a las restantes tesis invocadas por la inconforme ante el a quo (que por cierto no constituyen las jurisprudencias que aqu�lla indica), en las que se sostiene que para que sea v�lido el anuncio del remate de bienes inmuebles, en t�rminos del art�culo 1411 (tres veces dentro del t�rmino de nueve d�as), no es indispensable que los edictos se publiquen de tres en tres d�as; ni se requiere que entre la primera y la �ltima publicaci�n transcurra necesariamente el plazo de nueve d�as; sino que s�lo se exige que se publiquen tres edictos dentro de un plazo de nueve d�as, lo cual puede realizarse bien en forma sucesiva o alternada, con la �nica condici�n de que no excedan de dicho lapso, debe decirse que este tribunal no comparte tal criterio, teniendo en cuenta las consideraciones anotadas con anterioridad, en el sentido de que la finalidad de tal dispositivo es que los extra�os al juicio y probables interesados en el bien a rematar, se enteren de la fecha de la diligencia respectiva con la oportunidad necesaria para preparar sus posturas; con lo que se lograr�a la debida publicidad del remate. En cambio, tal anuncio no resultar�a oportuno, si el plazo de nueve d�as otorgado por la ley, se viera reducido al de tres d�as pretendido por la recurrente, al realizar una interpretaci�n que no corresponde al sentido de la norma.-En esa tesitura, ante lo infundado de los agravios formulados, procede confirmar en sus t�rminos la sentencia sujeta a revisi�n.

De la ejecutoria transcrita se elabor� la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., agosto, 1997, p�gina 717, que enseguida se transcribe:

EDICTOS, PUBLICACI�N DE LOS. TRAT�NDOSE DEL REMATE DE BIENES RA�CES DEBE MEDIAR UN LAPSO DE NUEVE D�AS ENTRE LA PRIMERA Y LA �LTIMA (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 1411 DEL C�DIGO DE COMERCIO).-El art�culo 1411 del C�digo de Comercio dispone que la venta de los bienes que se pretenden rematar se anunciar� en forma legal por tres veces dentro de tres d�as si son muebles y dentro de nueve si fueren ra�ces. Pues bien, una recta interpretaci�n del citado numeral permite concluir que trat�ndose del segundo supuesto, es decir, del remate de bienes inmuebles, debe entenderse que la primera publicaci�n habr� de efectuarse el primer d�a de dicho plazo y la tercera el noveno, y puede verificarse la segunda de ellas en cualquier tiempo. La raz�n estriba en que es evidente que la finalidad de la norma radica en la posibilidad de que en el lapso de las publicaciones, los probables interesados tengan conocimiento del remate, pues concluir lo contrario conducir�a a apartarse de la intenci�n del legislador al distinguir con toda claridad el anuncio del remate de los bienes muebles por tres veces dentro del t�rmino de tres d�as, con el de tres veces dentro de nueve d�as, cuando se tratare de inmuebles, soslayando el principio general de derecho que reza: ?donde el legislador no distingue, el juzgador no debe distinguir?, aplicado en sentido contrario.

La ejecutoria dictada en el amparo en revisi�n civil 33/95, que es donde se contiene el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, en lo que interesa, es del tenor literal siguiente:

"CUARTO.-Es cierto que, la Juez de Distrito, en la sentencia recurrida, estim� como normas aplicables en la resoluci�n de treinta de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de T., en la audiencia de remate llevada a cabo en el juicio ejecutivo mercantil n�mero 715-2/91, seguido por A.P.R.�n, en contra de los ahora inconformes, J.S.B.�os y Acapulco Dalias, S., los preceptos del C�digo Procesal Civil del Estado n�mero 364, en vigor, desde el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y tres, dando con ello la raz�n a dichos inconformes acerca del concepto de violaci�n donde alegaron que, la Sala responsable, en la sentencia reclamada, equivocadamente desestim� el primer agravio esgrimido en contra del referido auto del treinta de mayo, porque al momento procesal de su emisi�n, ya se hab�a dictado sentencia en el juicio mercantil, y con ello se actualiz� la hip�tesis de aplicaci�n al caso del nuevo c�digo procesal civil, derivada de su art�culo tercero transitorio, con lo cual, concomitantemente, result� desacertado que el Juez de los autos hubiese dado fundamento al multicitado auto del treinta de mayo, en los art�culos 560 y 561 del c�digo de procedimientos civiles, abrogado desde el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y tres.-Sin embargo, es inexacto que la Juez Federal incurriera en ilegalidad al estimar inoperante el concepto de violaci�n referido en el p�rrafo que antecede, por las siguientes razones: Si bien es cierto que, en estricta t�cnica y de conformidad con los principios constitucionales reguladores del juicio de garant�as, as� como del art�culo 80 de la ley reglamentaria de los citados principios, no existe la sentencia de amparo para efectos, de manera tal que, en casos como el presente, en el cual se advirtieron violaciones de car�cter formal, como lo es haber invocado como fundamento del auto de fecha treinta de mayo, normas de un ordenamiento legal que ha dejado de tener vigencia y aplicaci�n, al conceder el amparo, no se puede constre�ir a la autoridad responsable a que reitere ese acto de autoridad subsanando las deficiencias de que adolec�a, esto es, para que lo funde en los nuevos preceptos que lo rigen, porque, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, la sentencia que lo conceda s�lo tendr� por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garant�a individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violaci�n.-Sin embargo, no menos cierto es que, en casos como el presente, para poder establecer en un estudio jur�dico la existencia de las irregularidades o deficiencias formales ya indicadas, es ineludible determinar al mismo tiempo la forma correcta como debi� haber procedido la autoridad responsable; es decir, para demostrar que a un cierto acto de autoridad, indebidamente se le dio fundamento en determinada legislaci�n, por estar ya abrogada, es necesario que, simult�neamente, se ponga de relieve cu�l es el nuevo ordenamiento que rige esa clase de actos, en sustituci�n de la ley abrogada, y esto �ltimo, indudablemente es indicativo de la forma correcta de obrar a que se encontraba obligada la autoridad responsable, esto es, constituye el lineamiento que dicha autoridad irremediablemente debe seguir al momento de restituir al quejoso en el goce de la garant�a violada.-En esas condiciones, aun cuando el amparo se conceda de manera absoluta en forma lisa y llana, es evidente que en el propio estudio jur�dico que da sustento a la sentencia de amparo, la responsable obtiene la orientaci�n acerca de la conducta que debe asumir en el cumplimiento de la ejecutoria.-Ahora bien, bajo esa misma perspectiva, tambi�n es incuestionable que el propio tribunal de amparo, al ir estableciendo las consideraciones que conforman los lineamientos de la sentencia de amparo, v�lidamente puede advertir y hacer declaratoria sobre la inoperancia de los motivos de inconformidad que ha encontrado fundados, si por alguna raz�n jur�dica, que ve al fondo del negocio, estima que el mismo es ineficaz para que el quejoso, aun reparada la violaci�n formal, se vea impedido de obtener nueva resoluci�n favorable a sus intereses.-Tal potestad de los tribunales de amparo, para advertir justificadamente la inoperancia de los conceptos de violaci�n aducidos por la parte agraviada, ha sido reconocida uniformemente en la jurisprudencia integrada por nuestro M�ximo Tribunal, la que adem�s, en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo, es de observancia obligatoria tanto para este Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito como para la Juez de Distrito a quo. La jurisprudencia en cuesti�n, ha sido publicada, bajo el n�mero 107, en las p�ginas 167 y 168 de la Octava Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1917 a 1985, que dice: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N FUNDADOS, PERO INOPERANTES.? (se transcribe).-Ahora bien, como acertadamente consider� la Juez Federal, la resoluci�n reclamada es correcta en cuanto estima que, el auto de fecha treinta de mayo dictado por el Juez natural, aparece fundado en los art�culos 560 y 561 del C�digo de Procedimientos Civiles, ya abrogado, tales preceptos, fueron reproducidos casi en sus mismos t�rminos por los art�culos 474 y 478, fracciones II y III, respectivamente del nuevo c�digo procesal civil; esto es, que en la ley que ahora rige la clase de actos jur�dicos en torno a los cuales se gener� la sentencia reclamada, contiene id�nticas disposiciones a las establecidas en los preceptos de la anterior legislaci�n, que sirvieron de fundamento a dicho juzgador en el referido auto de fecha treinta de mayo. Por consiguiente, ning�n efecto pr�ctico tendr�a conceder el amparo por ese motivo, pues evidentemente no tendr�a m�s efecto que el de sustituir los numerales de la legislaci�n anterior por los de la actual, sin que por ello variaran las hip�tesis jur�dicas en ella contenidas. De ah� lo infundado del primero de los agravios expresados en la revisi�n, en el cual se propone que bastaba para conceder la protecci�n constitucional, el haberse demostrado la violaci�n formal a que se ha hecho m�rito en este punto de estudio.-En efecto, en relaci�n al segundo concepto de violaci�n de los esgrimidos en la demanda de garant�as, la Juez Federal �nicamente se aboc� al an�lisis de los cuestionamientos planteados en los incisos a) y c), en la siguiente forma (transcribe el concepto de violaci�n).-Pero dicha juzgadora olvid� pronunciarse sobre el cuestionamiento formulado en contra de la reclamada, planteado por los quejosos en el inciso b), del propio segundo concepto de violaci�n, el cual, resumidamente, se hizo consistir en lo siguiente: Que la Sala responsable mal interpret� los agravios, al considerar infundado que no existi� la oportunidad en el anuncio del remate, exigida por el art�culo 551 del anterior c�digo adjetivo civil, ya que dicho precepto ni exige que la publicaci�n del �ltimo edicto, en todos los lugares donde haya de anunciarse, deba hacerse en forma simult�nea; porque, los entonces apelantes, ahora quejosos, no sostuvieron que el �ltimo edicto habr�a de ser publicado simult�neamente en todos los medios, sino que la base de su agravio fue del siguiente tenor: el auto que ordena el remate rige la periodicidad de las publicaciones, y si el mismo tuvo su fundamento en el art�culo 551 del abrogado c�digo de procedimientos civiles, entonces el mismo es aplicable al caso y �ste dispone que la almoneda debe verificarse despu�s de los cinco d�as y antes de los diez de la publicaci�n del �ltimo edicto; que el esp�ritu de dicho precepto es el de que el anuncio del remate debe ser oportuno y pr�ximo al mismo, de tal suerte que los postores sean eficazmente convocados y no pierdan el inter�s en la almoneda. Que el precepto en cuesti�n fue infringido porque: entre el �ltimo edicto publicado en la Administraci�n Fiscal Estatal n�mero 1, el cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, y el remate, mediaron veintis�is d�as, diecisiete m�s de los permitidos; por el invocado precepto entre el �ltimo de los publicados en la Administraci�n Fiscal Estatal n�mero 2, tres de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, y el remate, mediaron veintisiete d�as, diecisiete m�s de los permitidos; entre el �ltimo de los publicados en la Secretar�a de Administraci�n y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco, G., el tres de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, y el remate, mediaron veintisiete d�as, diecisiete m�s de los permitidos; entre el �ltimo de los edictos publicados en el Peri�dico Oficial del Estado, veintinueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro, y el remate, mediaron treinta y un d�as, veintiuno m�s de los permitidos por el precepto en cuesti�n; que as�, es claro que no existi� la oportunidad en el anuncio del remate, prescrita en el multirreferido art�culo 551, del abrogado C�digo de Procedimientos Civiles.-Como puede constatarse con la sola lectura de la sentencia recurrida, la Juez del amparo nada fij� para dar respuesta al rese�ado motivo de inconformidad, expresado a t�tulo de concepto de violaci�n, en la demanda de garant�as promovida por J.S.B.�os y Acapulco Dalias, S., consecuentemente, es indudable que con ese proceder, la Juez de Distrito infringi� lo dispuesto en los art�culos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, pues omiti� tratar en su integridad la cuesti�n planteada propuesta por los agraviados. Sobre el punto es aplicable la jurisprudencia n�mero 273, publicada en la p�gina 443 de la Parte y Ap�ndice ya mencionados, que a la letra dice: ?SENTENCIAS DE AMPARO. DEBEN TRATAR LA CUESTI�N PLANTEADA EN SU INTEGRIDAD.? (se transcribe).-Pero, aun evidenciada la violaci�n de m�rito, no es motivo suficiente para conducir a la revocaci�n de la sentencia recurrida, en t�rminos del art�culo 91, fracci�n I, de la Ley de Amparo, puesto que el concepto de violaci�n omitido es infundado, donde se sigue que el agravio en estudio deviene inoperante, como enseguida se ver�.-Primero es necesario establecer que, de conformidad con el art�culo 1054 del C�digo de Comercio, la ley de procedimientos civiles local, es de aplicaci�n supletoria en los juicios mercantiles, s�lo en defecto de lo dispuesto por el propio C�digo de Comercio.-Ahora bien, en lo relativo a los remates derivados de juicios ejecutivos mercantiles, el art�culo 1411 del ordenamiento legal en cita, establece: (lo transcribe).-Como es de verse, el precepto en comento, que de entrada es exactamente aplicable para los casos de remate como el que nos ocupa, no establece ning�n plazo, posterior a la publicaci�n de los edictos, dentro del cual deba celebrarse la audiencia de remate, pues �nicamente, de manera general, establece que la almoneda se ha de llevar a cabo enseguida de haberse anunciado en forma legal la venta.-El vocablo enseguida, empleado por el dispositivo de que se trata, de acuerdo con el Diccionario para J. de J.P. de Miguel, es un adverbio cuya connotaci�n es enseguida, esto es, a continuaci�n; o lo que sigue de, bajo esta perspectiva, es evidente que el esp�ritu del art�culo 1411, del C�digo de Comercio, no fue la de establecer un determinado plazo perentorio para la realizaci�n de la audiencia de remate, sino �nicamente el de constre�ir a que �sta tuviera lugar a continuaci�n de la publicaci�n de los edictos anunciando la almoneda, aunque en estricto rigor, tambi�n contiene y refleja el principio de inmediatez con que debe ser llevada a cabo, pero sin ning�n l�mite predeterminado.-As�, existiendo la regla anterior, que rige lo relativo a la celebraci�n de la audiencia de remate, entonces es inconcuso que sobre ese punto no surge ninguna aplicaci�n supletoria de la ley de procedimientos local; mucho menos del art�culo 551, aludido en el concepto de violaci�n de que se trata. No obstante, si en la especie, el auto del Juez natural que orden� la celebraci�n de la almoneda, tuvo como fundamento el referido art�culo 551 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de G., abrogado a partir del veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y tres, sin que el mismo hubiese sido impugnado por las partes, habiendo quedado firme y obligando a las partes a su observancia, entonces es indudable que en atenci�n a los principios de firmeza en las resoluciones judiciales y de seguridad jur�dica quelas mismas deben otorgar a los contendientes, tal como sostienen los inconformes, el precepto de m�rito debi� regular la cuestionada audiencia de remate, en particular en lo relativo a que la almoneda deber�a verificarse despu�s de los cinco d�as y antes de los diez, de la publicaci�n del �ltimo edicto.-Sin embargo, para poder considerarlo as�, la circunstancia indicada queda sujeta a demostraci�n, esto es, resulta indispensable justificar que, el auto de cinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en el que el Juez natural originalmente orden� la celebraci�n del remate, tal como lo afirmaron los ahora inconformes en sus agravios de apelaci�n, est� fundado en el referido art�culo 551 del c�digo de procedimientos civiles abrogado, porque contrario a lo que sostienen en los agravios de la presente revisi�n, la Sala Civil responsable, en ninguna parte de la reclamada, admiti� y tuvo como cierto o sostuvo, que era aplicable al remate el art�culo 551 de la abrogada ley adjetiva civil, por as� haberlo dispuesto el auto que ordenara el remate; antes al contrario, lo anterior es una afirmaci�n propia de los aqu� recurrentes, en tanto, la responsable, sobre el punto s�lo dijo lo siguiente (transcribe).-Ahora bien, la situaci�n jur�dica en cuesti�n, no aparece demostrada en el amparo, pues entre las constancias integrantes del testimonio de apelaci�n, que la autoridad responsable adjunt� a su informe con justificaci�n, no obra la relativa a dicho auto de cinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro; consecuentemente, todo lo alegado por los inconformes (sic) la inobservancia en el caso a estudio de lo dispuesto por el art�culo 551 del c�digo de procedimientos civiles que estuvo en vigor hasta el veintis�is de septiembre de mil novecientos noventa y tres, es ineficaz para conducir a la concesi�n del amparo solicitado, por no estar demostrado que dicho precepto sea el dispositivo legal aplicable en el negocio concreto.-En la parte del segundo agravio, donde los inconformes alegan que, la sentencia recurrida es ilegal, en cuanto sostienen que no es requisito que los edictos se publiquen de tres en tres d�as, sino que basta que sean tres y se realicen en el lapso de nueve d�as en forma sucesiva o alternada, sin que se deba agotar el plazo; no asiste la raz�n a los recurrentes, pues con independencia de que hubiesen alegado o no que los edictos deb�an ser publicados de tres en tres, lo cierto es que resulta equivocado su criterio acerca de que conforme al art�culo 1411 del C�digo de Comercio, se requiere que entre la primera y la �ltima publicaci�n transcurra justamente el plazo de nueve d�as, ni uno menos ni uno m�s, en tanto que la segunda publicaci�n pueda hacerse en cualquier d�a comprendido dentro de ese periodo.-Esto es as�, porque, como bien apunt� la Juez Federal, el precepto en comento, en cuanto a la publicaci�n de los edictos para el remate de bienes inmuebles, s�lo exige que sean tres dentro de un plazo de nueve d�as, de donde se desprende que �stas pueden realizarse bien en forma sucesiva o alternada, con la �nica condici�n de que no excedan del citado plazo de nueve d�as, pero no necesariamente que la tercera publicaci�n deba hacerse el �ltimo d�a de ese plazo.-Lo anterior, contrario a lo argumentado por los inconformes, de ninguna manera significa que en casos como el que nos ocupa, pudiera hacerse la publicaci�n de edictos, en la forma prevista para cuando se trata de remate de bienes inmuebles, puesto que en esa hip�tesis, �nica y exclusivamente pueden hacerse las tres publicaciones de los edictos de manera consecutiva, esto es, una diaria, para no exceder del plazo de tres d�as concedido por la ley para ese efecto, en tanto, trat�ndose de inmuebles evidentemente se dispone de un t�rmino mayor para anunciar la venta judicial, el cual no necesariamente tiene que ser utilizado en su totalidad.-As� lo ha sostenido la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis publicada en la p�gina 1663, del Tomo XCIII del Semanario Judicial de la Federaci�n, en su Quinta �poca, cuyo tenor es: ?REMATES EN MATERIA MERCANTIL, PUBLICACI�N DE LOS EDICTOS TRAT�NDOSE DE.? (la transcribe).-Sin embargo, en la parte final de este segundo agravio, s� asiste raz�n a los inconformes.-En efecto, partiendo de la premisa de que, la publicaci�n de los edictos en la forma ordenada por la ley, es una garant�a que se otorga en favor de los deudores o ejecutados, para el efecto de que, por virtud del anuncio correcto de la venta judicial, puedan enterarse y concurrir los interesados como postores para el remate, resulta indudable que, si en la publicaci�n de uno de ellos, en el caso, el �ltimo de los publicados en el peri�dico Novedades de Acapulco, de fecha veintid�s de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, no contiene de manera completa la fecha se�alada para la celebraci�n de la almoneda, s� desemboc� en un incorrecto llamado a los postores, y no se puede reducir, tal como lo hizo la Sala responsable y la Juez Federal, al considerarlo como un simple error de imprenta, que qued� subsanado con la publicaci�n de los anteriores edictos en el mismo peri�dico, as� como con el anuncio del remate en los dem�s medios ordenados por el Juez.-Esto es as�, porque la publicaci�n de cada edicto, en cada uno de los medios empleados para ello, significa una nueva oportunidad para que los interesados puedan enterarse de la celebraci�n de la venta judicial que se va a celebrar, oportunidad que como tal, debe ser considerada de manera independiente de las restantes publicaciones del edicto, pues bien puede suceder que un posible postor, no tuviere ocasi�n de enterarse del remate, m�s que con la �ltima publicaci�n del anuncio, y si �ste estuvo mal realizado, por la causa ya indicada, de no tener escrita en forma completa la fecha se�alada para la audiencia relativa, entonces es indudable que dicho interesado no tendr� la posibilidad de concurrir como postor, por ignorar ese dato sustancial, como lo es el de la fecha en que debe asistir a hacer su oferta.-En contra de lo expuesto, no es argumento v�lido lo aseverado por la autoridad responsable, en el sentido de que el error de imprenta en cuesti�n no es atribuible al ejecutante, pues si tal circunstancia es cierta no menos cierto es que tampoco es imputable al ejecutado, quien como ya se dijo, debe gozar de la m�s amplia garant�a de que a virtud del correcto anuncio de la venta judicial, puedan concurrir postores para el remate; y, en el caso, evidentemente no ocurri� as�.-Conforme a lo expuesto, es indudable que la Juez Federal incurri� en ilegalidad, en perjuicio de los inconformes, J.S.B.�os y Acapulco Dalias, S., al desestimar por infundado este aspecto de su concepto de violaci�n, cuando lo correcto, atento a las ideas ya expuestas, era estimarlo fundado, y con base en el mismo, sin necesidad de examinar los restantes motivos de inconformidad, debi� conceder el amparo solicitado, porque dicho cap�tulo de queja basta por s� solo para acarrear la anulaci�n de la sentencia reclamada, pues por l�gica jur�dica, la verificaci�n del remate, aprobado en definitiva, cuando la publicaci�n de los edictos no se efectu� en la forma ordenada por la ley, es ilegal, y as� debi� considerarlo la Sala responsable en su sentencia, al no haberlo hecho as�, conculc� las garant�as individuales de los quejosos, las cuales deben ser reparadas mediante la concesi�n del presente amparo.-As� las cosas, lo procedente en el caso es revocar la sentencia recurrida y conceder a J.S.B.�os y Acapulco Dalias, S., la protecci�n constitucional que solicitaron para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar emita una nueva, en la cual, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, resuelva lo que conforme a derecho proceda.".

De la ejecutoria transcrita se elabor� la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo I, abril, 1995, p�gina 182 del Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, que enseguida se transcribe:

REMATES EN MATERIA MERCANTIL, PUBLICACI�N DE EDICTOS TRAT�NDOSE DE. EL ART�CULO 1411 DEL C�DIGO DE COMERCIO S�LO EXIGE QUE SEAN TRES DENTRO DE UN PLAZO DE NUEVE D�AS.-Es infundado el argumento que sostiene que, respecto a la publicaci�n de edictos, anunciando el remate de bienes inmuebles, en juicios ejecutivos mercantiles, se requiere que entre la primera y la �ltima publicaci�n transcurra necesariamente el plazo de nueve d�as, ni uno menos, ni uno m�s. Sin embargo, la ratio legis del art�culo 1411 del C�digo de Comercio se debe interpretar, en el sentido de que �ste s�lo exige que se publiquen tres edictos, dentro de un plazo de nueve d�as los cuales pueden realizarse bien en forma sucesiva o alternada, con la �nica condici�n de que no excedan del citado plazo, esto, de ninguna manera determina que necesariamente la tercera publicaci�n deba hacerse el �ltimo de esos nueve d�as, sino s�lo que los tres se encuentren dentro de dicho t�rmino.

CUARTO

Por cuesti�n de orden sistem�tico, se hace conveniente determinar si en el caso a estudio existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del D�cimo Cuarto Circuito y Segundo del Vig�simo Primer Circuito, al resolver los amparos en revisi�n cuyas consideraciones han quedado transcritas y que pudieran aparentar criterios diversos sobre un mismo punto jur�dico cuestionado.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que, para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca debe existir cuando menos formalmente, una oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas, vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las fuentes primordiales de las tesis que sustentan los �rganos jurisdiccionales.

En otros t�rminos, se da la contradicci�n anterior, cuando concurran los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial de la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo 58, correspondiente a octubre de 1992, p�gina 22, que se�ala:

    CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    En el caso que se presenta, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito sostuvo que, una recta interpretaci�n del art�culo 1411 del C�digo de Comercio que dispone que la venta de los bienes ra�ces que se pretendan rematar se anunciar� en forma legal por tres veces dentro de nueve d�as, debe entenderse que la primera publicaci�n debe de efectuarse el primer d�a de dicho plazo y la tercera el noveno, y puede verificarse la segunda de ellas en cualquier tiempo.

    En cambio el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, sustent� el criterio de que el art�culo 1411 del C�digo de Comercio se debe interpretar en el sentido de que �ste s�lo exige que se publiquen tres edictos dentro de un plazo de nueve d�as los cuales pueden realizarse bien en forma sucesiva o alternada, con la �nica condici�n de que no excedan del citado plazo.

    As� las cosas, esta Primera Sala considera que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada, por las siguientes razones:

  4. Los dos Tribunales Colegiados mencionados examinaron el momento en que deben hacerse las tres publicaciones, dentro del plazo de nueve d�as, de la venta de los bienes ra�ces que se pretenden rematar.

  5. Los dos Tribunales Colegiados adoptan posiciones o criterios jur�dicos discrepantes: uno consider� que la primera publicaci�n habr� de efectuarse el primer d�a del plazo de nueve, y la tercera el noveno, y que puede verificarse la segunda de ellas en cualquier tiempo dentro del citado plazo; y otro consider� que fue intenci�n del legislador exigir que se publiquen tres edictos dentro del plazo de nueve d�as, las cuales pueden realizarse bien en forma sucesiva o alternada, con la �nica condici�n de que no excedan del citado plazo.

  6. La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones y razonamientos de las sentencias respectivas; y,

  7. Los diferentes criterios provienen del examen de los mismos elementos, dado que los dos Tribunales Colegiados sostuvieron su criterio atendiendo a lo dispuesto en el C�digo de Comercio.

QUINTO

Esta Primera Sala considera que debe prevalecer, con el car�cter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en la presente resoluci�n, que coincide sustancialmente con el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, en atenci�n a los siguientes razonamientos:

La materia de la presente contradicci�n se reduce a interpretar el contenido del art�culo 1411 del C�digo de Comercio para determinar el momento en que deben hacerse los tres anuncios de la venta de los bienes ra�ces que se pretenden rematar dentro del plazo de nueve d�as que se�ala el propio dispositivo.

Por lo tanto, es necesario atender al contenido del mencionado art�culo 1411 del C�digo de Comercio que se�ala lo siguiente:

"Art�culo 1411. Presentado el aval�o y notificadas las partes para que ocurran al juzgado a imponerse de aqu�l, se anunciar� en la forma legal la venta de los bienes, por tres veces, dentro de tres d�as, si fuesen muebles, y dentro de nueve si fuesen ra�ces, remat�ndose enseguida en p�blica almoneda y al mejor postor conforme a derecho."

Del precepto transcrito se desprende lo siguiente:

  1. El anuncio legal de la venta de los bienes a rematarse se har� por tres veces.

  2. El plazo para los anuncios trat�ndose de bienes muebles ser� de tres d�as.

  3. El plazo para los anuncios trat�ndose de bienes ra�ces ser� de 9 d�as.

De lo transcrito podemos se�alar que el legislador, determin� que el anuncio legal de la venta de los bienes a rematarse se har�a por tres veces, y distingui� dos plazos, uno trat�ndose de bienes muebles y otro para el caso del remate de bienes ra�ces.

Ahora bien, la finalidad y motivo de tales plazos es la necesaria publicidad que debe darse al remate, a fin de que extra�os al juicio resulten enterados de la diligencia y lleguen a interesarse en la adquisici�n del bien, y que tenga el suficiente tiempo para prepararse adecuadamente para tal efecto y hacer las investigaciones del caso, lo que constituye la ratio legis del art�culo 1411 cuestionado.

Debe entenderse, por tanto, que la publicaci�n de cada aviso, en cada uno de los medios empleados para ello, significa una nueva oportunidad para que los interesados puedan enterarse de la celebraci�n del remate, oportunidad que como tal, debe ser considerada de manera independiente de los restantes anuncios, ya que puede suceder que un posible postor, no tuviere ocasi�n de enterarse del remate, sino hasta la �ltima publicaci�n del anuncio.

Es decir, que el objeto que persigue el legislador al establecer dos plazos para la publicaci�n de los anuncios para los remates, fue el dar mayor oportunidad de que extra�os al juicios resulten enterados de la diligencia, y de que tengan tiempo suficiente para prepararse adecuadamente para su adquisici�n, trat�ndose de bienes ra�ces.

De lo anterior se desprende que no ser�a correcto concluir que la publicaci�n de los anuncios efectuada consecutivamente, es decir uno cada d�a, cumpla con lo dispuesto por el precepto que se analiza ya que la oportunidad de que se pudieran enterar los interesados se reducir�a a tres d�as, lo que atenta contra la ratio legis del art�culo 1411 cuestionado y adem�s, no tendr�a sentido que el mencionado legislador hubiera introducido en el precepto en comento la distinci�n de plazos trat�ndose de bienes muebles y bienes ra�ces.

A�n m�s, aplicando en sentido contrario el principio general que se�ala: "Donde el legislador no distingue, el juzgado no debe distinguir", si el precepto que se analiza hace con toda claridad una distinci�n entre el anuncio del remate de los bienes muebles por tres veces dentro del t�rmino de tres d�as, con el de tres veces dentro de nueve d�as, cuando se tratare de bienes ra�ces, ser�a incorrecto que el juzgador no hiciera la misma separaci�n.

En conclusi�n, debe establecerse que fue intenci�n del legislador dar mayor oportunidad de que extra�os al juicio resulten enterados de la diligencia de remate, y de que tengan tiempo suficiente para prepararse adecuadamente para su adquisici�n cuando se trata de bienes ra�ces, por lo que distingui� entre el anuncio del remate de los bienes muebles por tres veces dentro del t�rmino de tres d�as, con el de tres veces dentro de nueve d�as, cuando se tratare de inmuebles, con lo que debe entenderse que en el segundo de los casos el primero de los anuncios habr�a de publicarse el primer d�a de dicho plazo y del tercero el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo, ya que la publicaci�n de los anuncios de otra forma reducir�a la oportunidad de que tuvieran conocimiento de la diligencia los posibles interesados.

No es �bice a lo anterior, el contenido de la tesis que sustent� la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparece publicada en el Tomo XCIII, p�gina 1363, Quinta �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, ya que la misma es una tesis aislada, adem�s de que fue sustentada antes de la reforma que diera competencia en materia de legalidad a los Tribunales Colegiados para fijar criterios mediante jurisprudencia.

En las relatadas condiciones, debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio que sustenta esta Primera Sala en la presente resoluci�n, que coincide sustancialmente con el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Cuarto Circuito, debiendo quedar redactado con el siguiente rubro y texto:

EDICTOS, PUBLICACI�N DE LOS. TRAT�NDOSE DEL REMATE DE BIENES RA�CES DEBE MEDIAR UN LAPSO DE NUEVE D�AS ENTRE LA PRIMERA Y LA �LTIMA (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 1411 DEL C�DIGO DE COMERCIO).-Una correcta interpretaci�n del art�culo 1411 del C�digo de Comercio permite sostener que trat�ndose de bienes ra�ces, su remate se anunciar� por tres veces, dentro del plazo de nueve d�as, entendi�ndose que el primero de los anuncios habr� de publicarse el primer d�a del citado plazo y el tercero el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo, ya que su publicaci�n de otra forma reducir�a la oportunidad de los terceros extra�os a juicio que pudieran interesarse en la adquisici�n del bien, para enterarse de la diligencia, y de que pudieranprepararse adecuadamente para su adquisici�n; adem�s debe establecerse que fue intenci�n del legislador distinguir entre el remate de bienes muebles y el de inmuebles, por lo que otorg� un mayor plazo para el anuncio de estos �ltimos, distinci�n que el juzgador no debe desatender.

Finalmente, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, la tesis jurisprudencial que se sustenta en este fallo deber� identificarse con el n�mero que le corresponda y remitirse a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como al Tribunal Pleno y a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito, para su conocimiento.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del D�cimo Cuarto Circuito y Segundo del Vig�simo Primer Circuito.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala, conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del �ltimo considerando de esta resoluci�n.

TERCERO

Rem�tase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como al Tribunal Pleno y a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito, para su conocimiento.

N.�quese; y en su oportunidad arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M. (ponente), O.S.C. de G.�a V., y presidente H.R.P.. Ausente el M.J.V.C. y C., previo aviso a la Presidencia.