Ejecutoria num. 1a./J. 48/98 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828772

Ejecutoria num. 1a./J. 48/98 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 48/98
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Septiembre de 1998
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.ABUSO DE CONFIANZA. NO SE INTEGRA EL DELITO DE. EN TRATÁNDOSE DE COBRADORES. PORQUE NO TIENEN LA POSESIÓN DERIVADA DE LA COSA, SINO SÓLO PRECARIA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 65/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIG�SIMO TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisi�n n�mero 281/95 en el que el quejoso lo fue J.O.R.�os Z., sustent� el siguiente criterio:

PRIMERO.-Las consideraciones en que se sustenta la sentencia recurrida, son del tenor literal siguiente: ?PRIMERO.-Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables J. Primero del Ramo Penal, procurador general de Justicia en el Estado y director de la Polic�a Judicial del Estado, por as� admitirlo las dos primeras autoridades al rendir su informe justificado, asimismo son ciertos los actos impugnados al director de la Polic�a Judicial del Estado, pues no obstante que se pronuncie por la negativa de los actos que se le atribuyen, dicha negativa se encuentra desvirtuada con lo expuesto por el procurador general de Justicia en el Estado, a fin de que procediera a la cumplimentaci�n de la orden de aprehensi�n girada por el J. Primero del Ramo Penal de esta ciudad en contra del aqu� quejoso, mismos que se encuentran agregados en los presentes autos.-TERCERO.-Los conceptos de violaci�n hechos valer por el peticionario de amparo que a la letra dicen: �Conceptos de violaci�n.-El art�culo 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica, establece: .-En la especie, la responsable, viola mis garant�as individuales de legalidad y seguridad jur�dica, contenidas en la Constituci�n General de la Rep�blica, ya que sin llenar los requisitos antes citados, ordena se me prive de mi libertad personal, por lo siguiente: Los elementos del tipo penal del il�cito de fraude son: El que enga�ando a uno, o aprovech�ndose del error en que �ste se halle.-Que por ese medio se obtenga il�citamente una cosa o se alcance un lucro indebido.-Adem�s de que debe existir una relaci�n inmediata y directa entre los dos elementos indicados, o sea, el enga�o o el aprovechamiento del error debe ser previo a la obtenci�n il�cita de una cosa o al alcance del lucro indebido, y al mismo tiempo la causa determinante de una o del otro.-Elementos del tipo penal del il�cito de abuso de confianza, son: Una acci�n de disponer, de una cosa ajena mueble.-Que esa acci�n de disponer se lleve a cabo sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella.-Dentro de la orden de aprehensi�n dictada en mi contra por la responsable, dentro del considerando, el J. Primero del Ramo Penal, considera girar en mi contra orden de aprehensi�n por el delito de fraude, y ya en el resultando de su resoluci�n, resuelve, que se gira en mi contra orden de aprehensi�n por el delito de abuso de confianza, elementos del tipo penal de ambos il�citos, que considero no se re�nen en la orden de captura que se combate; ya que la responsable, no hace un razonamiento l�gico-jur�dico, en cu�les son los elementos que integran el tipo penal del delito de fraude o abuso de confianza, ni narra en qu� se basan esos elementos; ya que lo �nico que hace, es transcribir previa penal; tampoco hace un razonamiento en cuanto a lo que manifiestan los testigos de cargo, ya que �nicamente se limita a transcribir sus nombres; dej�ndome en un completo estado de indefensi�n, es por lo que deber� concederme el amparo y protecci�n de la Justicia Federal en forma total.�.-CUARTO.-Son infundados los conceptos de violaci�n aducidos por el quejoso, ya que efectivamente la orden de captura reclamada, s� cumple con los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n exigidos por el art�culo 16 constitucional.-En efecto, la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en su art�culo 16, los requisitos que debe de llenar una orden de aprehensi�n, y que son los siguientes: 1. Que sea librada por una autoridad judicial; 2. Que preceda denuncia, acusaci�n o querella de un hecho determinado previsto por la ley como delito y sancionarlo con pena privativa de libertad; 3. Que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado.-Adem�s, como todo acto de molestia, debe reunir en su contenido los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n que ordena la Ley Suprema.-Ahora bien, obra a fojas veintiuno a cincuenta y nueve de los autos, el duplicado de la averiguaci�n previa penal n�mero 110/95, instruida en contra de J.O.R.�os Z., por el delito de abuso de confianza.-Del contenido de la resoluci�n reclamada se desprende que el libramiento de la orden de aprehensi�n, s� satisface en el caso a estudio los anteriores requisitos, el primero de ellos, puesto que proviene de una autoridad judicial como lo es el J. Primero del Ramo Penal en el Estado.-El segundo de los elementos citados se re�ne en virtud de que existe la denuncia presentada por J.L.Z.��iga M.�nez en su car�cter de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administraci�n y de dominio de L.Z.R., propietario de �Casa S.�, en la que se�al�: �2. Que J.O.R.�os Z., era trabajador con el puesto de cobrador del negocio de mi mandante L.Z.R., y ante la sospecha de que se ven�a conduciendo con deshonestidad en la cobranza del negocio de mi poderdante, puesto que, en el documento que suscribi� con fecha 26 de septiembre de 1994, que adjunto acompa�o como anexo n�mero cuatro, reconoci� tener un faltante en su ruta de cobro por la cantidad de N$590.00 corroborado por el inspector de cobranza A.�s V.S.�nchez, motivo por el cual el d�a 14 de noviembre del presente a�o se inici� una investigaci�n en la cobranza de su ruta, dejando de presentarse a trabajar desde el d�a 16 de noviembre del a�o en curso. 3. El indicado J.O.R.�os Z., ten�a asignada como zona o ruta de cobranza la n�mero dos, que abarca las siguientes colonias o fraccionamientos: Valle de Jacarandas, M.J.O.�n, Infonavit, M., Industrial Aviaci�n, El Saucillo, R., Fovissste, Jacarandas, Las Julias, Las Piedras, San �ngel, Valle del Tecnol�gico, R. de la Cruz, El Sauzalito, M. y D.�n del Norte, y sospechando que se ven�a conduciendo con deshonestidad en la cobranza del negocio de mi poderdante, nos percatamos que est� empleando maniobras artificiosas para lucrar en perjuicio del patrimonio de mi mandante, por lo cual se comision� al Sr. A.�s V.S.�nchez en su calidad de inspector de cobro del negocio , propiedad de L.Z.R., para que levantara a J.O.R.�os Z. una investigaci�n de cobranza, que adjunto acompa�o como anexo n�mero cinco, en el que dio como resultado un faltante de N$9,782.00, en la investigaci�n que abarc� del d�a 14 de noviembre al d�a 24 de noviembre de 1994, maniobras enga�osas que consist�an en que al presentarse a cobrar el art�culo vencido a cr�dito por el negocio de mi poderdante, en la libreta del cliente anotaba una cantidad inferior a la pagada por el cliente, o bien no anotaba ninguna cantidad a pesar de que �sta fuera pagada. 4. Para llegarse a conocer las maniobras del cobrador J.O.R.�os Z., el inspector de cobro A.�s V.S.�nchez levant� una relaci�n en la que se anota el n�mero de cuenta, el nombre del cliente, la direcci�n y colonia en la que vive el cliente, el art�culo vendido a cr�dito, el valor del art�culo, el saldo que aparece en la oficina del negocio, el saldo en la libreta del cliente y la diferencia entre el saldo de la oficina del negocio y el saldo en la libreta del cliente, dando como resultado de que mediante las maniobras il�citas llevadas a cabo por el cobrador J.O.R.�os Z., obtuvo un lucro indebido por la cantidad de N$9,782.00 en perjuicio del patrimonio de mi poderdante, en el lapso comprendido del d�a 14 de noviembre al d�a 24 de noviembre de 1994, como se demuestra con la investigaci�n de cobranza a que hago referencia en el punto que antecede. 5. Con anterioridad el cobrador J.O.R.�os Z., alcanz� un lucro indebido en perjuicio del negocio de mi mandante por la cantidad de N$356.00 como lo reconoce en el documento suscrito en el mes de mayo de 1993, que adjunto acompa�o como anexo n�mero seis.�.-De lo anterior, se desprende que tales acontecimientos pueden ser clasificados, al menos provisionalmente, como constitutivos del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por los art�culos 385 y 386 del C�digo Penal en vigor; y toda vez que este il�cito se encuentra sancionado con pena privativa de libertad, de acuerdo al �ltimo de los invocados art�culos; debe estimarse comprobado el segundo requisito para el libramiento de la orden de captura en estudio.-En cuanto a la tercera de las condiciones ya apuntadas para el libramiento de una orden de aprehensi�n, consistente en la existencia y comprobaci�n de los elementos del tipo penal de que se acusa al indiciado, as� como su probable responsabilidad en la comisi�n del mismo, tales extremos quedaron demostrados en la especie, con las siguientes constancias: a) Copias certificadas de la solicitud de inscripci�n para personas no asalariadas del Registro Federal de Contribuyentes de un negocio propiedad de L. Z��iga Ramos, de fecha 3 de noviembre de 1973, as� como del documento relativo al Registro Federal de Contribuyentes que tambi�n se encuentra a nombre de tal persona y los datos de identificaci�n actualizados como contribuyente, documentos que expidi� la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico (fojas 31 a 35).-b) D. referente al faltante de la ruta n�mero dos y de la cual supuestamente se encontraba a cargo acusado, en donde por diversas partidas de dinero hacen un total de N$590.00, firmado por el propio J.O.R.�os Z. (fojas 35 y 36).-c) Copia al carb�n con firma aut�grafa de la investigaci�n de cobranza realizada por A.�s V.S.�nchez, como inspector de cobros de �Casa Silva� y/o L. Z��iga Ramos, en el que se especifican las diferentes colonias o fraccionamientos de la ruta No. 2 a su cargo y en donde result� un faltante de N$9,782.00 y otra copia al carb�n con firmas aut�grafas del inculpado y que se refiere al faltante de la ruta No. 2 (fojas 37).-d) D.�n de A.�s V.S.�nchez, inspector de cobranza de �Casa S.�, quien manifest� ante el agente del Ministerio P�blico, que se le encarg� que investigara la ruta que cubr�a J.O.R.�os Z., la cual del 14 al 24 de noviembre arrojaba un total de N$9,782.00 (nueve mil setecientos ochenta y dos nuevos pesos) (fojas 44).-e) D.ones ministeriales de R.�o G.�a T., E.H.�ndez de G.�a, R.C.L. y V�ctor M.B.O., quienes fueron coincidentes en se�alar que desde hac�a tiempo que hab�an pagado al inculpado sus adeudos; que se dieron cuenta que los mismos no hab�an sido anotados en la libreta de abonos, adem�s que en ella aprecia un saldo diferente al que ten�an (fojas 45 vuelta y 46).-f) Informe contable, rendido por los contadores p�blicos V�ctor Alvarado P�rez de fecha tres de enero de mil novecientos noventa y cinco, en el que se concluye que el monto de lo cobrado y no de lo entregado por el inculpado a la empresa ascend�a a la suma de N$9,782.00, nueve mil setecientos ochenta y dos nuevos pesos (foja 48).-Ahora bien, examinadas las constancias de referencia, se desprende que el inculpado, aqu� quejoso dispuso para s� de una cosa mueble (dinero), ajena de la cual se le transfiri� la tenencia y no el dominio, como es el hecho de haber dispuesto del dinero que obten�a con el pago de los abonos que le hac�an los clientes de �Casa S.�, anotando en la tarjeta de los deudores la cantidad que se le entregaba mas no as� en la de la persona moral en cita, ocasionando con ello un perjuicio en el patrimonio de L.Z.R., persona a la cual prestaba sus servicios como cobrador.-Expuesto lo anterior, cabe concluir que el mandamiento de captura librado en contra del quejoso no resulta violatorio de garant�as en su perjuicio, habida cuenta de que en �ste se cumplen los requisitos que para el caso establece el art�culo 16 constitucional, adem�s de que est� debidamente fundado y motivado, como debe serlo todo acto de molestia.-Luego entonces, si la orden de aprehensi�n combatida no viola las garant�as constitucionales del quejoso, procede negarse el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitada.?.-SEGUNDO.-El recurrente expresa como agravios los siguientes: ?Causa agravio al suscrito la resoluci�n dictada por este H. juzgado, en la que se me niega el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n, ya que esta autoridad es un �rgano de control de las garant�as constitucionales y para ese fin fue creado y al no concederse la protecci�n constitucional solicitada pasa por alto ese control constitucional, por lo siguiente: El J. Primero del Ramo Penal, gira en mi contra una orden de aprehensi�n, la cual considero que no se encuentran reunidos los requisitos del tipo penal del delito de abuso de confianza o fraude, ni la presunta responsabilidad penal del suscrito en la comisi�n de cualquiera de estos dos delitos; dej�ndome en completo estado de indefensi�n debido a que la orden de captura girada en mi contra, no especifica claramente cu�les son los elementos del tipo penal de los il�citos en cuesti�n, ni especifica cu�les son los razonamientos l�gicos en que se encuentra su fundamento, careciendo tambi�n de esto el apartado que debe contener la presunta responsabilidad penal; ahora bien el J. responsable no especifica claramente bajo qu� delito debo defenderme ya que en el considerando, me tiene como presunto responsable del delito de fraude y en el resultando me tiene como responsable del delito de abuso de confianza; como ya dije dej�ndome en completo estado de indefensi�n al ignorar el delito por el que me voy a defender; es por lo que considero se debe conceder en mi favor el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n, para el efecto de que se deje insubsistente la orden de captura girada en mi contra, cabe se�alar que en una ocasi�n el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito confirm� una resoluci�n donde se me conced�a el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n.?.-TERCERO.-Son infundados los agravios.-En efecto, el acto reclamado por el quejoso J.O.R.�os Z., consiste en la orden de aprehensi�n pronunciada en su contra por el J. Primero del Ramo Penal de esta ciudad capital, el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de confianza que se prev� y sanciona en los art�culos 385 y 386 del C�digo Penal de este Estado.-El J. Primero de Distrito en este Estado, resolvi� negar el amparo y protecci�n constitucional solicitados por J.O.R.�os Z., por estimar, que la orden de aprehensi�n reclamada re�ne los requisitos que para su pronunciamiento establece el art�culo 16 constitucional.-El quejoso recurrente J.O.R.�os Z., en sus agravios alega, en esencia, que contrariamente a lo considerado por el J. de Distrito, la orden de aprehensi�n reclamada viola en su perjuicio sus garant�as individuales; toda vez que, la autoridad responsable, en el acto reclamado, indebidamente alude a dos il�citos por los cuales se ordena su captura, esto es, los delitos de fraude y abuso de confianza, lo que ocasiona que al inculpado se le deje en completo estado de indefensi�n, en raz�n de desconocer con exactitud el il�cito que se le atribuye en el procedimiento penal de que se trata, sin que en el presente caso, adem�s, se especificaran en forma clara los elementos del tipo penal del il�cito que se reprocha al inculpado, as� como las pruebas con las que se acreditan tales elementos del tipo penal y la presunta responsabilidad del quejoso en la comisi�n del delito de que se trata, omitiendo hacer alg�n razonamiento l�gico-jur�dico que concluyera con la demostraci�n de las cuestiones antes precisadas.-Ahora bien, son infundados los agravios, porque si bien es verdad, como lo hace valer el quejoso recurrente, que en la parte final del considerando segundo de la orden de aprehensi�n reclamada, concluye la autoridad responsable en que procede librar la relativa orden de captura en contra del impetrante del amparo por delito de fraude, y en cambio, en el resolutivo segundo del propio acto reclamado determinan que: ?se dicta orden de aprehensi�n en contra de J.O.R.�os Z. por el delito de abuso de confianza cometido en agravio de L. Z��iga Ramos?, sin embargo, tambi�n resulta ser ver�dico, como se puede ver del texto �ntegro de la orden de aprehensi�n reclamada, visible de la foja 55 vuelta a la 59 del expediente del juicio de amparo n�mero 572/95, la autoridad responsable al analizar los elementos del tipo penal del delito imputado al quejoso, as� como de su presunta responsabilidad en la comisi�n del il�cito de que se trata, exclusivamente argumenta en torno al delito de abuso de confianza, que se prev� y sanciona en los art�culos 385 y 386 del C�digo Penal del Estado, por el que se decret� �nicamente la orden de aprehensi�n reclamada por el impetrante del amparo; en la inteligencia, que al determinar la autoridad responsable finalmente, en la parte considerativa, que: ?procede dictar orden de aprehensi�n en contra de J.O.R.�os Z. por el delito de fraude, tipificado por el art�culo 385 del C�digo Penal vigente en el Estado?, se debe tomar en cuenta el resto de la parte considerativa y los puntos resolutivos del acto reclamado, para concluir que la autoridad responsable se refer�a al il�cito de abuso de confianza, ya que el precepto legal antes aludido, a que se hace referencia, precisamente es el que contempla el il�cito de abuso de confianza que se le imputa al inculpado, esto es, el que establece que comete el delito de abuso de confianza, quien con perjuicio de alguien dispone para s� o para otro de cualquier cosa mueble ajena, de la que se le ha transferido la tenencia y no el dominio.-En otro orden de ideas, son igualmente infundados los agravios, pues como correctamente se determina en la sentencia recurrida, en los autos qued� debidamente acreditado tanto los elementos del tipo penal del il�cito de abuso de confianza, como la probable responsabilidad del quejoso en la comisi�n de dicho delito; habida cuenta que conforme al precepto legal transcrito en la parte final del p�rrafo anterior, comete dicho il�cito, el que disponga para s� o para otro de cualquier cosa mueble, ajena, de la cual se le transfiri� la tenencia y no el dominio, lo que sucede en la especie, con el hecho de haber dispuesto el quejoso del dinero que obten�a como pago de los abonos realizados por los clientes de la ?Casa S.?, a quienes en su tarjeta de deudores anotaba la correspondiente cantidad que abonaban, mas no as� respecto a la tarjeta correspondiente de la acreedora en cita, y por ello, que haya ocasionado perjuicios econ�micos en el patrimonio de L.Z.R., quien contrat� los servicios precisamente de J.O.R.�os Z. como cobrador de dicho negocio de su propiedad, lo cual se logra con los elementos de convicci�n siguientes: a) Denuncia presentada por J.L.Z.��iga M.�nez, en su car�cter de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administraci�n y dominio de L. Z��iga Ramos, propietario del negocio denominado ?Casa Silva?, anteel agente del Ministerio P�blico del Fuero Com�n, Mesa Tres, de S.L.P.�, S.L.P.�, quien en lo que interesa, manifest� lo siguiente: ?El indiciado J.O.R.�os Z., era trabajador con el puesto de cobrador del negocio de mi mandante L.Z.R., y ante la sospecha de que se ven�a conduciendo con deshonestidad en la cobranza del negocio de mi poderdante, puesto que, en el documento que suscribi� con fecha 26 de septiembre de 1994, que adjunto acompa�o como anexo n�mero cuatro, reconoci� tener un faltante en su ruta de cobro por la cantidad de N$590.00, corroborado por el inspector de cobranza A.�s V.S.�nchez, motivo por el cual el d�a 14 de noviembre del presente a�o se inici� una investigaci�n en la cobranza de su ruta, dejando de presentarse a trabajar desde el d�a 16 de noviembre del a�o en curso.-El indicado J.O.R.�os Z., ten�a asignada como zona o ruta de cobranza la n�mero dos, que abarca las siguientes colonias o fraccionamientos: Valle de Jacarandas, M.J.O.�n, Infonavit, M., Industrial Aviaci�n, El Saucito, R., Fovissste, Jacarandas, Las Julias, Las Piedras, San �ngel, Valle del Tecnol�gico, R. de la Cruz, El Sauzalito, M. y D.�n del Norte, y sospechando que se ven�a conduciendo con deshonestidad en la cobranza del negocio de mi poderdante, nos percatamos que estaba empleando maniobras artificiosas para lucrar en perjuicio del patrimonio de mi mandante, por lo cual se comision� al Sr. A.�s V.S.�nchez en su calidad de inspector de cobro del negocio �Casa S.�, propiedad de L.Z.R., para que levantara a J.O.R.�os Z. una investigaci�n de cobranza, que adjunto acompa�o como anexo n�mero cinco, en el que dio como resultado un faltante de N$49,782.00, en la investigaci�n que abarc� del d�a 14 de noviembre al d�a 24 de noviembre de 1994, maniobras enga�osas que consist�an en que al presentarse a cobrar el art�culo vendido a cr�dito por el negocio de mi poderdante, en la libreta del cliente anotaba el pago efectivo realizado por �ste, y en la libreta de pago que lleva el negocio, anotaba una cantidad inferior a la pagada por el cliente, o bien no anotaba ninguna cantidad a pesar de que �sta fuera pagada.-Para llegarse a conocer las maniobras del cobrador J.O.R.�os Z., el inspector de cobro A.�s V.S.�nchez levant� una relaci�n en la que se anota el n�mero de cuenta, el nombre del cliente, la direcci�n y colonia en la que vive el cliente, el art�culo vendido a cr�dito, el valor del art�culo, el saldo que aparece en la oficina del negocio, el saldo en la libreta del cliente, y la diferencia entre el saldo de la oficina del negocio y el saldo en la libreta del cliente, dando como resultado que mediante las maniobras il�citas llevadas a cabo por el cobrador J.O.R.�os Z., obtuvo un lucro indebido por la cantidad de N$9,782.00 en perjuicio del patrimonio de mi poderdante, en el lapso comprendido del d�a 14 de noviembre al d�a 24 de noviembre de 1994, como se demuestra con la investigaci�n de cobranza a que hago referencia en el punto que antecede.-Con anterioridad el cobrador J.O.R.�os Z. alcanz� un lucro indebido en perjuicio del negocio de mi mandante por la cantidad de N$356.00 como lo reconoce en el documento que suscribi� en el mes de mayo de 1993, que adjunto acompa�o como anexo n�mero seis.? (fojas de la 25 a la 27 del expediente de amparo n�mero 572/95).-b) Copia de la solicitud de inscripci�n para personas no asalariadas del Registro Federal de Contribuyentes ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico a nombre de L.Z.R., fechada el tres de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, en la cual se establece como actividad preponderante la de compra-venta de art�culos para el hogar; as� como la copia del cambio de domicilio fiscal y la ficha de datos de identificaci�n actualizados a nombre de L.Z.R., ante la propia S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico (fojas de la 31 a la 34 del expediente de amparo n�mero 572/95).-c) Copia de la investigaci�n de cobranza realizada por A.�s V.S.�nchez, inspector de cobro en la empresa ?Casa S.? y/o L. Z��iga Ramos, respecto del cobrador J.O.R.�os Z., encargado de la ruta n�mero dos, levantada el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la cual se establece que del periodo comprendido del catorce al veinticuatro de noviembre del a�o en comento, existe el faltante de nueve mil setecientos ochenta y dos nuevos pesos, en raz�n de que el cobrador en ese lapso de tiempo no report� en su integridad los pagos abonados por los deudores a favor de la empresa en cita y/o L. Z��iga Ramos (fojas de la 37 a la 42 del expediente de amparo n�mero 572/95).-d) Copia certificada del escrito firmado por E.O.S.�nchez y J.O.R.�os Z., en el cual este �ltimo reconoce el adeudo contra�do con ?Casa S.?, debido al faltante existente en la ruta n�mero dos, en el periodo del mes de mayo de mil novecientos noventa y tres, a excepci�n del d�a trece, el cual asciende a trescientos cincuenta y seis pesos (fojas 43 del juicio de amparo, expediente n�mero 572/95).-e) D.�n de A.�s V.S.�nchez ante el agente del Ministerio P�blico del Fuero Com�n, Mesa Tres, de esta capital de S.L.P.�, quien expres�, en esencia, que es inspector de cobranza de la empresa ?Casa S.?, propiedad de L. Z��iga Ramos, por lo que con esa funci�n realiz� una investigaci�n respecto de la ruta del cobrador J.O.R.�os Z., comprendido el periodo del catorce al veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la cual se detect� un faltante de nueve mil setecientos ochenta y dos nuevos pesos (foja 44 vuelta del expediente del juicio de amparo n�mero 572/95).-f) D.�n de R.�o G.�a T., E.H.�ndez de G.�a, R.C.L. y V�ctor M.B.O., quienes coinciden en manifestar, en esencia, que son clientes de la empresa denominada ?Casa S.?, con quienes hab�an adquirido ciertos art�culos para el hogar mediante pagos en abonos, los cuales eran cobrados por su empleado J.O.R.�os Z., quien en la tarjeta de abonos relativa a la empresa en comento, omiti� anotar el pago o los pagos correspondientes que se hac�an como abonos, sin que en la actualidad deban alguna cantidad a la propia empresa ?Casa S.? (fojas de la 45 a la 46 del juicio de amparo, expediente n�mero 572/95).-g) Copia certificada del informe suscrito y ratificado por el contador p�blico V�ctor M. Alvarado P�rez, fechado el tres de enero de mil novecientos noventa y cinco, quien determina que, el monto de lo cobrado a la empresa (Casa S.) asciende a la cantidad de nueve mil setecientos ochenta y dos nuevos pesos M.N. (foja 48 del juicio de amparo, expediente n�mero 572/95).-Elementos de prueba los anteriores, que fueron debidamente apreciados por el J. del proceso, con los cuales, contrariamente a lo sostenido por el quejoso recurrente en sus agravios, se encuentran plenamente demostrados todos y cada uno de los elementos del tipo penal del delito de abuso de confianza cometido en perjuicio de L. Z��iga Ramos, propietario de la empresa denominada ?Casa S.?, en t�rminos del art�culo 179 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado, pues de acuerdo a dichos elementos de convicci�n se desprende, como qued� anteriormente precisado, que del periodo comprendido del catorce al veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, el quejoso J.O.R.�os Z., aqu� recurrente, en su car�cter de cobrador de la empresa ?Casa S.? y/o L.Z.R., dispuso sin autorizaci�n alguna, del dinero que obten�a precisamente como pago o pagos de los abonos realizados por los clientes de dicha empresa y/o persona, anotando en la tarjeta de los deudores la cantidad de dinero que se le entregaba, mas no as� respecto a la tarjeta de control de los acreedores, ascendiendo tal cantidad a nueve mil setecientos ochenta y dos nuevos pesos, esto es, dispuso para s� de una cosa mueble (dinero), ajena, de la cual se le transfiri� la tenencia y no el dominio, los cuales como se establece en la sentencia recurrida, constituyen ser los elementos del tipo penal del il�cito de que se trata, conforme a lo establecido por el art�culo 385 del C�digo Penal del Estado de S.L.P.�.-De igual forma, con los mismos elementos de prueba se�alados con anterioridad, qued� acreditada la presunta responsabilidad del quejoso recurrente en la comisi�n del delito que se le imputa, pues siendo el inculpado cobrador de la parte ofendida, cobr� ciertas cantidades de dinero a los clientes de la misma manera de abonos, sobre los cuales sin autorizaci�n alguna, del periodo del catorce al veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, dispuso la suma de nueve mil setecientos ochenta y dos nuevos pesos en perjuicio de L. Z��iga Ramos, propietario de ?Casa S.?; y de ah� que, contrariamente a lo impugnado en los agravios, la orden de aprehensi�n reclamada re�na los requisitos que para su pronunciamiento establece el art�culo 16 constitucional.-Por consecuencia, y sin que exista deficiencia que suplir en beneficio de J.O.R.�os Z., procede confirmar la sentencia recurrida.

TERCERO

Por su parte el Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito al resolver el amparo directo n�mero 422/95, en el que el quejoso fue J.A.A.A. estableci� el siguiente criterio:

PRIMERO.-Este Tribunal Colegiado, es competente para conocer del presente asunto, conforme a los art�culos 107, fracci�n V, inciso a), de la Constituci�n General de la Rep�blica, 158 de la Ley de Amparo y 37 fracci�n I, inciso a), de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, toda vez que se trata de una resoluci�n que pone fin a un juicio en materia penal dictada por una autoridad jurisdiccional residente en este circuito judicial.-SEGUNDO.-La demanda de amparo fue presentada oportunamente, ya que en ella se reclama un acto de autoridad que importa ataques a la libertad personal del agraviado y, por ende, se encuentra en la segunda hip�tesis de excepci�n del t�rmino a que alude el art�culo 21 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo previsto en el diverso numeral 22 de ese mismo ordenamiento legal.-TERCERO.-La existencia del acto reclamado, se acredit� con el informe justificado y el original de los autos remitidos.-CUARTO.-La autoridad responsable fund� el acto reclamado en las siguientes consideraciones: ?II. Los agravios expresados por el acusado J.A.A.A., resultan infundados y por ende improcedentes por lo siguiente: Del contenido de los agravios se desprende que el acusado acepta expresamente haber cometido el tipo penal de abuso de confianza, previsto por el art�culo 390 del C�digo Penal vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos, en agravio de Seguros La Comercial, Sociedad An�nima, representada por su apoderada legal licenciada M.�a del C.M.�a T., sin embargo, se queja que la sanci�n corporal que le fue impuesta por el a quo de dos a�os de prisi�n, a su criterio es excesiva, siendo lo anterior inexacto, pues para su imposici�n el a quo tom� en consideraci�n que el monto del perjuicio causado a la empresa ofendida ascendi� a la suma de diecis�is mil seiscientos treinta y seis nuevos pesos con sesenta y cinco centavos, cantidad que no rebasaba las dos mil veces el salario m�nimo general vigente a la fecha en que acontecieron los hechos, por lo que la penalidad aplicable de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 390 segundo p�rrafo, la pena corporal aplicable ser�a de uno a seis a�os de prisi�n; asimismo se consider� para efecto de la imposici�n de la pena lo dispuesto por los art�culos 48 y 49 del C�digo Penal anterior al vigente, valor�ndose las condiciones particulares del acusado, naturaleza de los hechos y la acci�n, perjuicio causado a la ofendida, lo que consta en autos y que aqu� se dan por reproducidos, en obvio de espacio y tiempo, y si bien el a quo no califica el grado de peligrosidad del acusado, esta Segunda S. en reparaci�n de dicha omisi�n la califica como m�nima tendiente a la media, de donde resulta congruente, justa y equitativa la sanci�n corporal de dos a�os de prisi�n, impuesta al acusado, resultando irrelevante el argumento de que va a restituir el da�o patrimonial causado a la ofendida, porque la reparaci�n del da�o tambi�n es una pena p�blica y a ello fue condenado.-En cuanto a la multa que le fue impuesta al sentenciado de cien d�as de salario, a favor del Fondo para la Administraci�n de Justicia del Poder Judicial del Estado, lo anterior no le causa ning�n agravio al acusado por encontrarse fundada en el art�culo 390, segundo p�rrafo del C�digo Penal anterior al vigente, no resultando aplicable la legislaci�n en vigor, en raz�n de que los hechos ocurrieron antes de que entrara en vigor y adem�s porque las sanciones para el il�cito como al que se refiere la presente causa son m�s severas. Por otra parte, el acusado solicita la suplencia en la expresi�n de agravios, esta Segunda S. no encuentra agravios que suplir, por estar en el sumario legalmente acreditada la existencia del tipo penal de abuso de confianza, y la responsabilidad penal en su comisi�n de J.A.A.A., procediendo a confirmarse la sentencia combatida de fecha ocho de noviembre del a�o pr�ximo pasado.?.-QUINTO.-La parte quejosa aduce como conceptos de violaci�n los siguientes: ?Primero. La autoridad responsable viola en perjuicio del suscrito las garant�as constitucionales contenidas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, toda vez que se me impone una pena sin que se hayan observado las reglas esenciales del procedimiento, los principios valorativos de las pruebas y adem�s no funda ni motiva la resoluci�n que se combate.-Segundo. Como resultado de lo anterior y en el supuesto y no concedido caso que se hubiesen acreditado los elementos del tipo de abuso de confianza, la responsable no debi� confirmar la pena aplicable de dos a�os de prisi�n y al pago de la multa equivalente a cien d�as de salario y al pago de la reparaci�n del da�o por la cantidad de diecis�is mil seiscientos treinta y seis nuevos pesos con sesenta y cinco centavos en favor de la empresa ofendida Seguros La Comercial, Sociedad An�nima, en virtud de que se excede en demas�a, en cuanto al pago de la multa, sin considerar que actualmente me encuentro sin trabajo, adem�s que no tengo antecedentes penales, que termin� mis estudios de la carrera comercial y en general la responsable no tom� en cuenta los art�culos 48 y 49 del C�digo Penal abrogado, ni determin� el grado de peligrosidad del suscrito y no razon� el arbitrio que la ley otorga en la aplicaci�n de las penas y en el presente caso no lo hizo, violando en mi perjuicio las garant�as individuales consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, ya que no hace un balance aplicable de la m�trica penal para tener como resultado del balance la medida matem�tica de la pena imponible y violando en mi agravio los art�culos 48 y 49 del C�digo Penal abrogado, por no tomar en cuenta todas y cada una de las seis fracciones que deben ser tomadas en cuenta en la aplicaci�n de las sanciones, conculcando mis garant�as individuales.?.-SEXTO.-Como se observa de la transcripci�n realizada en el considerando que antecede, el quejoso se limita a combatir la sentencia que constituye el acto reclamado en la parte relativa a la individualizaci�n de la pena; aspecto que no ser� materia de estudio en el caso, dado que este Tribunal Colegiado advierte motivo para suplir la deficiencia de la queja en los t�rminos ordenados por el art�culo 107, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con lo dispuesto por el art�culo 76 bis, fracci�n II de la Ley de Amparo, en lo que ata�e a la falta de comprobaci�n de los elementos del tipo penal de abuso de confianza, previsto por el art�culo 390, del C�digo Penal para el Estado de A., por el que se sigui� proceso y se sentenci� a J.A.A. Acosta.-En efecto, consta en autos que la empresa Seguros La Comercial, Sociedad An�nima, a trav�s de su apoderada M.�a del C.M.�a T., formul� querella en contra del aqu� quejoso, por el delito de abuso de confianza (fojas 3 a 6 de la causa).-En la exposici�n de los hechos en que se apoy� la querella, se estableci� esencialmente que J.A.A.A., prestaba servicios a la empresa referida, como agente de ventas a comisi�n. Que a ra�z de una auditor�a practicada (folios 13 a 15), se determin� de manera provisional, una responsabilidad por N$16,636.65 (diecis�is mil seiscientos treinta y seis nuevos pesos, sesenta y cinco centavos), a cargo de aqu�l; cantidad de la que dispuso para s� y que se comprometi� a liquidar a la citada persona moral.-Se ratificaron ministerialmente, tanto la querella como el acta de auditor�a, y se recibi� la declaraci�n del presunto responsable (foja 18), en la que �ste acept� haber tomado la cantidad antes mencionada, derivada de pagos de primas de seguros de algunos clientes, que no entreg� a la compa��a.-En su oportunidad, el agente del Ministerio P�blico a quien correspondi� el conocimiento del asunto, ejercit� acci�n penal en contra de J.A.A.A., por el delito de abuso de confianza, cometido en agravio de la empresa Seguros La Comercial, Sociedad An�nima (folio 18 bis).-El J. Sexto Penal en el Estado de A., a quien toc� instaurar la causa, gir� la orden de aprehensi�n respectiva (fojas 19 y 20), por el il�cito motivo de la consignaci�n, y despu�s de recibir la declaraci�n preparatoria del inculpado (fojas 23 vuelta y 34), dict� el auto de formal prisi�n (folios 24 vuelta a 25 vuelta), en contra del promovente del amparo, al considerarlo presunto responsable por el delito de abuso de confianza, cometido en agravio de Seguros La Comercial, Sociedad An�nima.-Seguida la secuela procesal, el J. de la instrucci�n, emiti� la sentencia de fecha ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la que conden� a J.A.A.A. a dos a�os de prisi�n; a reparar el da�o, y al pago de una multa por el equivalente a cien d�as de salario (fojas 44 a 46), por considerar que estaban plenamente acreditados los elementos del tipo del delito de abuso de confianza as� como la responsabilidad de aqu�l en su comisi�n.-Inconforme con dicho fallo, el sentenciado interpuso el recurso de apelaci�n en el que �nicamente combati� lo relativo a las sanciones (folios 49 y 50), pero nada plante� respecto a la comprobaci�n de los elementos del tipo o en cuanto a su responsabilidad en la comisi�n del il�cito, pero solicit� la suplencia en la expresi�n de los agravios.-La Segunda S. del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de A., dict� la sentencia que ahora constituye el acto reclamado (folios 4 y 5 del toca), en la que declar� infundados los agravios; precis� que no encontraba raz�n para suplirlos y confirm� el fallo de primera instancia.-Ahora bien, el art�culo 390 del C�digo Penal aplicable, dispon�a: ?Al que con perjuicio de alguien, disponga para s� o para otro, de una cantidad de dinero, de un documento que importe obligaci�n, liberaci�n o transmisi�n de derechos, o de cualquier otra cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le sancionar� con prisi�n hasta de un a�o, y de diez a cien d�as multa, cuando el monto del abuso no exceda de doscientas veces al salario m�nimo general vigente en la regi�n. Si excede de esa cantidad pero no de dos mil, la prisi�n ser� de uno a seis a�os y de cien hasta ciento cincuenta d�as de multa. Si el monto es mayor de dos mil veces el salario, la prisi�n ser� de seis a doce a�os y de ciento cincuenta a doscientos d�as de multa.?.-Al tenor del preceptotranscrito, son tres los elementos que constituyen la figura delictiva de abuso de confianza: a) La entrega de la cosa, en virtud de la confianza o de un contrato que no transfiere el dominio; b) Que la confianza haya sido alcanzada con fines distintos del de disponer de lo ajeno; y, c) Que el acusado disponga de la cosa, para otros objetos distintos de los indicados, sabiendo que no le pertenec�an.-En el caso, qued� fuera de duda que J.A.A.A. se desempe�aba como agente de ventas a comisi�n, para la empresa Seguros La Comercial, Sociedad An�nima. En raz�n del trabajo desempe�ado, cobraba a los clientes primas de seguros extendi�ndoles el recibo correspondiente, con la obligaci�n de entregar inmediatamente a la compa��a aseguradora, las cantidades recibidas.-En esas condiciones, la posesi�n del dinero que ten�a J.A.A.A., era precaria; es decir, no ten�a ning�n poder sobre los valores que se le entregaban, dado que esto se deb�a a la naturaleza de los servicios prestados, en raz�n de que era empleado de la negociaci�n pasivo del delito.-Luego, de la propia narraci�n de los hechos de la querella se desprende que no pueden satisfacerse los elementos del tipo de abuso de confianza, pues como se vio, el acceso a los valores fue debido al trabajo desempe�ado por el ahora quejoso, lo que en todo caso, s�lo se traducir�a en la tenencia precaria del dinero, cuesti�n esta que impide la configuraci�n del il�cito mencionado, al no satisfacerse el primero de los elementos que configuran el delito en menci�n; esto es, el numerario no se le entreg� a J.A.A.A. en virtud de la confianza o de un contrato que no transfiere el dominio, pues nunca se le transmiti� la tenencia del dinero, sino que recibi� �ste en raz�n de las labores desempe�adas para la compa��a de seguros.-Apoya la estimaci�n precedente, la �ltima tesis relacionada con la n�mero 3, publicada en las p�ginas 4 y 5, Segunda Parte, S. y Tesis Comunes, del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?ABUSO DE CONFIANZA, PRESUPUESTO T�CNICO DEL.-El presupuesto t�cnico del abuso de confianza es lo que se conoce como posesi�n derivada, debi�ndose entender como tal la facultad que tiene el poseedor y que da sobre la cosa pose�da un poder distinto al de la mera detentaci�n material. La diferencia entre el poseedor precario y el poseedor derivado radica en que este �ltimo recibe la cosa a virtud de un acto jur�dico que tiene por objeto directo e inmediato la cosa misma; en cambio el precarista la tiene ante su alcance puramente material a virtud de una situaci�n de car�cter jur�dico que no recae directa e inmediatamente sobre el objeto. El dom�stico tiene dentro de su esfera material los �tiles de su trabajo, pero sin que sobre los mismos haya reca�do un acto jur�dico que los tenga como objeto directo inmediato. En igual condici�n se encuentra el dependiente en relaci�n con las mercanc�as que vende a los compradores. Es decir, cuando la cosa mueble est� dentro de la esfera material de una persona como consecuencia de un acto jur�dico cuyo objeto sea distinto al de la cosa en s�, no tendr� una posesi�n derivada sino una posesi�n precaria. El dependiente es un precarista en relaci�n con las mercanc�as porque aun cuando las tenga dentro de su alcance material, ello sucede a virtud del contrato laboral correspondiente; otro tanto sucede con el dom�stico e incluso con el porteador. El hecho de que tanto al dom�stico como al dependiente se les tenga confianza y que a virtud de un acto de car�cter delictivo revele que tal confianza se deposit� partiendo de una base falsa, no significa que la disminuci�n patrimonial que sufre el pasivo entra�a abuso de confianza, sino un delito distinto del orden patrimonial, pero no el de abuso de que se viene hablando. Los empleados de las negociaciones mercantiles encargados �nicamente de recibir el dinero con el que se paga la mercanc�a recibida por los compradores no son poseedores derivados en el sentido t�cnico; si reciben el dinero lo hacen a virtud de la naturaleza de su empleo pero no porque se les d� un poder sobre la cosa.?.-En esas condiciones, el hecho de que el promovente del amparo hubiera admitido que indebidamente se apoder� de la cantidad de N$16,636.65 (diecis�is mil seiscientos treinta y seis nuevos pesos, sesenta y cinco centavos), a la que tuvo acceso en raz�n de su empleo, no obstante que era su obligaci�n entregarlo de inmediato a la persona moral para la que trabajaba, con lo cual ocasion� perjuicios a �sta, aunque tal conducta pudiera considerarse reprochable penalmente, lo ser�a pero por otro delito diverso al de abuso de confianza por el que se sigui� proceso y sentenci� al inconforme.-Al no haberlo estimado as�, no obstante que J.A.A.A. solicit� la suplencia de los agravios expresados en la apelaci�n, lo que proced�a de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 340, segundo p�rrafo del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de A., numeral que establece que el tribunal de apelaci�n suplir� la deficiencia de los agravios, cuando el recurrente sea el procesado, la S. responsable infringi� en perjuicio del quejoso las garant�as que consagran los art�culos 14 y 16 constitucionales, por lo cual, procede conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitado.

Este mismo �rgano colegiado al dictar resoluci�n en el amparo directo 70/96, del quejoso A.M.R., sostuvo en lo que interesa lo que enseguida se reproduce:

PRIMERO.-Este tribunal es competente para conocer del presente juicio, conforme a los art�culos 107, fracci�n V, inciso a) de la Constituci�n General de la Rep�blica, 158 de la Ley de Amparo, 37, fracci�n I, inciso a), de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, toda vez que se trata de una sentencia definitiva dictada en segunda instancia en un juicio en materia penal por una autoridad jurisdiccional residente en este circuito judicial, contra la que no procede ulterior recurso.-SEGUNDO.-La existencia del acto reclamado qued� acreditada con el informe justificado que rindi� la autoridad responsable al que acompa�� los autos respectivos.-TERCERO.-La resoluci�n reclamada se apoy� en las siguientes consideraciones: ?I. Los agravios expresados por el acusado se concretan a se�alar que no quedaron acreditados los elementos del tipo de abuso de confianza, se violaron los principios de valoraci�n de la prueba y el art�culo 394 del C�digo Penal de anterior vigencia porque no se demostr� que la querellante fuera efectivamente la ofendida, propietaria de la negociaci�n B.d.H., y que las conclusiones del Ministerio P�blico mencionan que el delito se cometi� en agravio de esta empresa, representada por B.A.B.L.�, que tambi�n le agravia al aplic�rsele una pena de tres a�os seis meses de prisi�n, multa de cien d�as y reparaci�n del da�o, violando lo establecido en los art�culos 48 y 49 del anterior C�digo Penal, pues debi� individualizarse la pena seg�n la peligrosidad, citando una tesis alusiva.-II. Son infundados e inoperantes los agravios expresados por el recurrente.-En efecto, el cuerpo del delito de abuso de confianza tipificado por el art�culo 390 del C�digo Penal anterior se demostr� con las constancias siguientes: D.�n de B.A.B. de L.�, quien dijo ser representante de B.d.H., expresando que en dicha empresa se ocuparon los servicios de A.M.R., como cobrador y que al principio de su trabajo se desempe�� muy bien, esto es, durante a�o y medio, pero en el mes de febrero de mil novecientos noventa y tres, comenz� a bajar su cobranza que realizaba en la zona centro, correspondiente a los barrios de La Salud, El Encino, El Llanito, etc., por lo que se le cambi� de zona, as� como de trabajo a localizador de clientes que hab�an cambiado de domicilio. Que las personas a las que se encarg� la cobranza de la zona centro le informaron que diversas personas mostraban sus tarjetas con saldos ya liquidados, por lo que J.V.L., gerente de ventas fue encargado de ver esta anomal�a, con motivo de lo cual se levantaron dos actas administrativas y una auditor�a contable que arrojaron la primera acta tres mil nuevos pesos y la segunda con auditor�a once mil dieciocho, habiendo aceptado A.M.R. que dispuso de ese dinero que cobraba a los clientes, para pagar un desfalco con otra empresa. La declarante anex� copias certificadas del Registro Federal de Contribuyentes en que aparece B.A.L.B., como dedicada a la compraventa, comisi�n, importaci�n, exportaci�n y art�culos para el hogar, otro documento tambi�n de la S.�a de Hacienda relativo a cambios de domicilio fiscal de dicha persona, licencia del Ayuntamiento para el mismo giro, formato del Seguro Social de modificaci�n de salario de M.�nez R.A., como cobrador y como patr�n B.A.L.B., copia certificada de testimonio de escritura en que B.A.L.B., otorga poder a B.A.B. de L.�, para pleitos y cobranzas, actos de administraci�n, presentar y formular denuncias y querellas penales.-Obra tambi�n la declaraci�n de J.�s V�zquez L., en el sentido de que A.M.R., trabaj� como cobrador de B.d.H., de la que el declarante es gerente de ventas, y que tres semanas antes de su atento rendido el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres, sus patrones B.A.B. de L.� y su esposo le comunicaron que A.M.�nez ten�a un desfalco, por lo que se entrevist� con �l, lo que acept� solicit�ndole que intercediera ante sus patrones, ya que hab�a tomado algunas cantidades de dinero de los pagos efectuados por los clientes y que se levantaron dos actas administrativas en las que estuvo presente el declarante, habiendo admitido A.M.�nez, un faltante de once millones y fracci�n, y que adem�s se efectu� una auditor�a.-J.� L.H.�ndez, dijo laborar para B.d.H. con motivo de lo cual conoci� a A.M.R., cobrador a quien le result� un faltante de aproximadamente once millones, y esto lo supo porque la se�ora B.A.B., observ� que ya no se cobraba en algunas zonas de ventas a cr�dito en que se utilizaban tarjetas, por lo que ella se dedic� a investigar y se percat� de que los clientes ya hab�an liquidado al cobrador A.M.R., levant�ndose dos actas administrativas en las que firm� tanto el citado testigo como A.M.R., aceptando su responsabilidad.-Laura M.G.A., declar� en t�rminos semejantes al anterior, habiendo se�alado que ella es secretaria, y que la investigaci�n se hizo al advertir que varias personas a las que A.M.R., les hab�a cobrado ya hab�an cubierto su deuda, pero �l no entreg� el dinero a la empresa.-Se anexaron tambi�n dos actas que suscriben, por la empresa, B.A.B. de L.� y F.L.M., el gerente de ventas, J.�s V�zquez L., el acusado como cobrador A.M.R., y como testigos J.L.H.�ndez y L.G.A., en las que se refiere, en lo esencial lo mismo que ante el Ministerio P�blico declararon las personas mencionadas.-En su declaraci�n preparatoria rendida el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, ante el J. de la causa y con asistencia de su defensor, A.M.R. manifest� en lo conducente, que acepta que del desfalco ya hab�a tenido un trato con B.A.B. de L.�, para pagar esa cantidad (no se�ala cu�l), a reserva de checar la zona y que deb�an hacer cuentas porque no estaba comprobado lo especificado en las actas administrativas. En el interrogatorio que en dicha diligencia efectu� el Ministerio P�blico admiti� que trabaj� dos a�os en la empresa de referencia, y que de la cobranza dispon�a de dinero para las necesidades de su casa, lo que hizo durante tres meses aproximadamente, cada dos o tres d�as, en ocasiones diez, veinte, o treinta nuevos pesos, y que reconoce el contenido y firma de las dos actas levantadas en la empresa.-Los elementos probatorios que mencionamos se desahogaron con los requisitos previstos en los art�culos 297, 298, 299, 301, 304, 305, 306 del c�digo procesal penal, son coincidentes entre s� y aun cuando en el curso del proceso se desahogaron otras probanzas, no desvirt�an las anteriores. Con dicha constancia se demuestra en forma plena que al activo se le hab�a transferido la tenencia pero no el dominio del numerario, el que recib�a de los clientes, para a su vez entregarlo a la negociaci�n para la cual trabaja y que dispuso de �l al darle un destino distinto, como �l mismo admite, para las necesidades de su casa, con perjuicio de los intereses patrimoniales de dicha negociaci�n. Si bien, el C�digo Penal de anterior vigencia, que es el aplicable porque es el que estaba en vigor al ocurrir los hechos, no establec�a la necesidad de acreditar los elementos del tipo, es evidente que los mismos s� aparecen demostrados, toda vez que el bien jur�dico caso protegido por el tipo de abuso de confianza es el patrimonio, que fue da�ado al menoscabarse el de la negociaci�n para la que trabajaba el acusado, el sujeto pasivo es B.A.L.B., que de acuerdo con la documental a que nos referimos es la propietaria de dicha empresa, el activo es el acusado A.M.R., el objeto material el numerario de que dispuso el acusado.-Por lo que se refiere al segundo agravio, cabe puntualizar que en efecto la empresa B.d.H., tiene el car�cter de agraviada como el Ministerio P�blico se�al� en sus conclusiones, sin embargo, siendo esta empresa propiedad de B.A.L.B., como se demostr� con los documentos de la S.�a de Hacienda, del Ayuntamiento y del Seguro Social a que nos referimos, que es quien finalmente vio menoscabado su patrimonio, no se agravia al acusado en la sentencia de primer grado, al considerarse el delito como cometido en perjuicio de esta persona f�sica.-En relaci�n a la querella formulada por B.A.B. de L.�, al declarar ante el Ministerio P�blico, precisando los hechos, se�alando al entonces presunto autor, tampoco se contraviene lo dispuesto en el art�culo 394 del C�digo Penal de anterior vigencia, que establece como requisito de procedibilidad en el il�cito que nos ocupa, la querella del pasivo, pues demostrado que la empresa B.d.H., es propiedad de B.A.L.B., obra en autos el poder otorgado para el efecto mencionado a B.A.B.L.�, con lo que se satisfacen las exigencias de los art�culos 128, 132, 133 y 134 del c�digo procesal de anterior vigencia por lo que tampoco en este punto se agravia al recurrente.-III. La responsabilidad penal de A.M.R., en la comisi�n del il�cito de abuso de confianza, en agravio de B.A.L.B., propietaria de la empresa B.d.H., se encuentra acreditada con las mismas constancias valoradas en el considerando que antecede, pues con ellas se demuestra que el acusado de referencia dispuso de dinero del que se le hab�a transmitido la tenencia pero no el dominio.-Si bien durante el tr�mite del proceso el acusado ampli� su declaraci�n introduciendo elementos que modifican su confesi�n inicial, �sta no queda desvirtuada, m�s a�n teniendo en cuenta que coincide con los dem�s elementos de autos a que nos referimos, por otra parte, en dicha ampliaci�n pretende explicar el mecanismo de la cobranza y entrega del numerario a la ofendida, sin que esta parte se encuentre corroborada por elementos de car�cter objetivo que establezcan sin lugar a dudas que no ocurri� tal disposici�n. T.�n se recibieron declaraciones de M.�a E.D.D.�n, esposa del acusado, M.�a de J.�s P�rez R., cliente de la agraviada, as� como una serie de tarjetas para cobro de la mercanc�a que vend�a la empresa B.d.H., una lista en que se cotejan saldos entre las tarjetas del cobrador y del cliente, que tienen el car�cter de documentos privados y validez en la medida en que encuentran apoyo o no en otras constancias de autos.-De estos elementos se desprende el mecanismo por el cual dispon�a del efectivo el acusado, es decir, como cobrador de la empresa B.d.H., ten�a una serie de tarjetas, cada una de ellas, correspondiente a un cliente que hab�a adquirido art�culos a cr�dito, pasaba a su domicilio peri�dicamente a recibir un abono, y como el cliente ten�a otra tarjeta semejante, en la del cliente anotaba correctamente los abonos recibidos mientras que en la que el acusado conservaba en su poder y le serv�a para reportar sus cobros a la empresa, anotaba una cantidad menor, disimulando as� la disposici�n en que incurri� al conservar para s� parte del numerario que cobraba. En tales condiciones, ni la ampliaci�n de declaraci�n del acusado ni las declaraciones y documentos a que nos referimos destruyen en cuanto a su valor probatorio las valoradas en el considerando que antecede.-IV. El caso para su sanci�n encuadra en el segundo p�rrafo del art�culo 390 del C�digo Penal de anterior vigencia, pues el monto de lo dispuesto no excede de dos mil veces el salario m�nimo vigente al ocurrir los hechos. Dicho monto se desprende de lo declarado por B.A.B. de L.�, corroborado por la confesi�n del propio acusado, en cuanto admite haber suscrito las actas administrativas en las que se establece que lo dispuesto es de once mil dieciocho nuevos pesos, coincidente adem�s con lo expresado por J.L.H.�ndez y L.M.G.A.. Debe tenerse presente que esta ratificaci�n del contenido y firma de las actas la hizo el acusado en su declaraci�n preparatoria, con asistencia de defensor y que en cambio las manifestaciones posteriores tratando de explicar que no es tal el monto de lo dispuesto no encuentran apoyo en el expediente. Ahora bien, de las circunstancias que para la aplicaci�n de sanciones deben tenerse en cuenta conforme a los art�culos 48 y 49 de la ley punitiva anterior, a que el J. de la causa se refiere en el considerando cuarto de su resoluci�n, en efecto se concluye que la antisocialidad del acusado al ejecutar la conducta delictiva es equivalente a la media, pues por su edad, instrucci�n, estado civil, ocupaci�n, ten�a pleno conocimiento de que la actividad que realizaba era il�cita, tan es as� que la ocultaba alterando los datos que anotaba en sus tarjetas, reiterando la conducta durante un lapso seg�n �l de tres meses, que el da�o que caus� fue de car�cter patrimonial, para la empresa, pero traducido tambi�n en molestias y contratiempos para los clientes que no obstante haber pagado pudieron haber sido afectados al requer�rseles nuevamente para ello, de lo que procede confirmar la pena de tres a�os seis meses de prisi�n y cien d�as multa equivalente a dos mil ochocientos cincuenta y siete nuevos pesos, que se impuso al acusado, pues no le agravia, sin que al respecto resulten fundados los agravios del recurrente pues la pena impuesta s� coincide con la peligrosidad que las circunstancias objetivas del hecho y personales del acusado en su realizaci�n evidencia.-V. Tampoco le agravia la condena a reparar el da�o en favor de la ofendida por once mil dieciocho nuevos pesos, pues corresponde a lo admitido por el propio acusado como monto de lo dispuesto al ratificar las actas administrativas en que esta cantidad se precisa, y adem�s encuentra fundamento en los art�culos 27, 27 bis y 31 del C�digo Penal de anterior vigencia.?.-CUARTO.-La parte quejosa expres� los siguientes conceptos de violaci�n: ?Primero. La autoridad responsable viola en mi perjuicio las garant�as de legalidad, seguridad y libertad consagradas en el art�culo 14 de la Constituci�n Federal porque trata de privarme de mi libertadpersonal y de mis derechos sin que en el juicio que se me sigui� se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento.-Segundo. La responsable viola en mi perjuicio las garant�as de seguridad y legalidad contenidas en el art�culo 16 de la Constituci�n Federal, en virtud de que me causan molestias en mi persona, sin que se funde ni motive la causa legal del procedimiento, toda vez que se violan en mi agravio las reglas de valoraci�n de pruebas a que se refieren los art�culos 296, 298, 306 y 307 del C�digo de Procedimientos Penales de anterior vigencia para el Estado de A., pero especialmente las del art�culo 306 del mismo c�digo que la obliga a establecer un enlace l�gico y natural entre la verdad conocida y la que se busca, y dicha responsable no cumpli� este precepto porque no parte de la verdad conocida en las constancias procedimentales para llegar v�lidamente, mediante ese enlace, a la verdad que se busca; una premisa falsa, siempre llevar� a conclusiones falsas, no verdades ni valederas.-La responsable, establece en el considerando segundo de la sentencia definitiva: �... II. Son infundados e inoperantes los agravios expresados por el recurrente.-En efecto, el cuerpo del delito de abuso de confianza tipificado en el art�culo 390 del C�digo Penal se demostr� con las constancias siguientes: D.�n de B.A.B.L.�, quien dijo ser representante de B.d.H., expresando que en dicha empresa se ocuparon los servicios de A.M.R., como cobrador ... Obra tambi�n la declaraci�n de J.�s V�zquez L. en el sentido de que A.M.R., trabaj� como cobrador de B.d.H., de la que el declarante es gerente de ventas ... J.L.H.�ndez, dijo laborar para B.d.H. con motivo de lo cual conoci� a A.M.R. ... L.M.G.A., declar� en t�rminos semejantes ... Se anexaron tambi�n dos actas que suscriben, por la empresa, B.A.B. de L.� y F.L.M., el gerente de ventas, J.�s V�zquez L., el acusado como cobrador A.M.R., y como testigos J.L.H.�ndez y L.G.A., en las que se refiere, en lo esencial lo mismo que ante el Ministerio P�blico.-En su declaraci�n preparatoria rendida el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, ante el J. de la causa y con asistencia de su defensor, A.M.R. manifest� en lo conducente, que acepta que del desfalco ya hab�a tenido un trato con B.A.B. de L.�, para pagar esa cantidad ... Los elementos probatorios que mencionamos se desahogaron con los requisitos previstos en los art�culos 297, 298, 299, 301, 304, 305, 306 del c�digo procesal penal, son coincidentes entre s� y aun cuando en el curso del proceso se desahogaron otras probanzas, no desvirt�an las anteriores ... Por lo que se refiere al segundo cabe puntualizar que en efecto la empresa B.d.H., tiene el car�cter de agraviada como el Ministerio P�blico se�al� en sus conclusiones, sin embargo, siendo esta empresa propiedad de B.A.L.B., como se demostr� con los documentos de la S.�a de Hacienda, del Ayuntamiento y del Seguro Social a que nos referimos, que es quien finalmente vio menoscabado su patrimonio, no se agravia al acusado en la sentencia de primer grado, al considerarse el delito como cometido en perjuicio de esta persona f�sica.-En relaci�n a la querella formulada por B.A.B. de L.�, al declarar ante el Ministerio P�blico, precisando los hechos, se�alando al entonces presunto autor, tampoco se contraviene lo dispuesto en el art�culo 394 del C�digo Penal de anterior vigencia, que establece como requisito de procedibilidad en el il�cito que nos ocupa, la querella del pasivo, pues demostrado que la empresa B.d.H., es propiedad de B.A.L.B., obra en autos el poder otorgado para el efecto mencionado a B.A.B. de L.�, con lo que se satisfacen las exigencias de los art�culos 128, 132, 133 y 134 del c�digo procesal de anterior vigencia por lo que tampoco en este punto se agravia al recurrente.�.-La responsable viol� en mi agravio las reglas de valoraci�n de pruebas a que se refieren los art�culos 298, 299, 300, 301 y 302 del C�digo de Procedimientos Penales vigente para el Estado.-La responsable viola, como ya se dijo, las reglas de valoraci�n de pruebas pero especialmente las del art�culo 306 del C�digo de Procedimientos Penales de anterior vigencia, que lo obligan a establecer un enlace l�gico y natural entre la verdad conocida y la que se busca y dicha autoridad no cumple con este precepto porque no parte de la verdad conocida en las constancias procedimentales para llegar v�lidamente, mediante ese enlace, a la verdad que se busca; una premisa falsa, siempre llevar� a conclusiones falsas, no verdaderas ni valederas.-Efectivamente, de las constancias que obran en autos se desprende que no quedan acreditados los elementos del tipo de delito de abuso de confianza, ya que de los elementos de prueba que menciona la responsable en su considerando segundo, �stos no son suficientes para determinar que quedan acreditados los elementos del tipo penal que nos ocupa.-La responsable, viola en mi agravio lo dispuesto por el art�culo 394 del C�digo Penal abrogado, y vigente hasta el d�a primero de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, en relaci�n al 128 del C�digo de Procedimientos Penales, de los cuales el primero de ellos dispone: �El delito previsto en este cap�tulo se perseguir� por querella de parte ofendida.� y el segundo establece: �Es necesaria la querella del ofendido en los casos que as� lo determine el C�digo Penal o la ley aplicable.� y es el caso que en autos del expediente en que se promueve, la persona que formula la querella es la se�ora B.A.B. de L.�, como consta de su declaraci�n de fecha cinco de noviembre de mil novecientos noventa y tres, en la cual establece: �... Que la declarante es la representante legal para pleitos y cobranzas de la negociaci�n denominada B.d.H. que se dedica a la venta para art�culos del hogar ...�, asimismo se reitera que en ning�n momento dentro del expediente se estableci� que la persona ofendida lo fuera la C.B.A.L.B., ni que esta �ltima fuera la propietaria de la negociaci�n B.d.H.; asimismo el C. agente del Ministerio P�blico adscrito al Juzgado Cuarto Penal, al rendir sus conclusiones acusatorias, en la primera establece: �... Se me tenga por presentada en tiempo y forma con las presentes conclusiones acusatorias en contra de A.M.R. por su responsabilidad penal en la comisi�n del delito de abuso de confianza cometido en agravio de la empresa B.d.H., S.A., representada por B.A.B.L.�.�.-Tercero. La responsable viola en mi perjuicio las garant�as de seguridad y legalidad contenidas en el art�culo 16 de la Constituci�n Federal, en virtud de que me causan molestias en mi persona sin que se funde ni motive la causa legal del procedimiento, toda vez que se viola en mi agravio lo dispuesto por los art�culos 48 y 49 del C�digo Penal vigente para el Estado de A. al establecer en su considerando cuarto que procede a confirmar la pena de tres a�os seis meses de prisi�n y cien d�as multa equivalente a dos mil ochocientos cincuenta y siete nuevos pesos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y que me permito transcribir a continuaci�n: �PENA, INDIVIDUALIZACI�N DE LA. SEG�N LA PELIGROSIDAD.-La pena tiene una doble finalidad: la transformaci�n del delincuente y evitar la reincidencia; de ah� la necesidad de que la sanci�n sea proporcional a la peligrosidad del delincuente y no debe atenderse s�lo a la relevancia del bien jur�dico lesionado. La peligrosidad implica un diagn�stico sobre la personalidad del delincuente y pron�stico sobre su conducta futura. As�, si para adecuar la sanci�n �nicamente se toma en consideraci�n el bien jur�dico lesionado y no la peligrosidad que revela el inculpado, en tanto que el mismo juzgador expresa que es de buena conducta anterior y que existe la posibilidad de que se reincorpore en forma �til y ben�fica al seno de la sociedad, rectificando el error de su conducta, cabe concluir que la pena impuesta, si es la m�xima que la ley autoriza para el delito no lo es en concordancia para la peligrosidad que el acusado revela, raz�n por la que procede concederle el amparo para que se le imponga la sanci�n adecuada.�.-De lo anteriormente expuesto, se desprende con claridad que no quedaron acreditados los elementos del tipo (cuerpo del delito) de abuso de confianza de que me acusa el agente del Ministerio P�blico, y por lo tanto la referida autoridad viola en mi perjuicio las reglas de valorizaci�n de pruebas, violando adem�s, en mi perjuicio, lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en jurisprudencia firme y sostenida, visible a fojas 2366 bajo el n�mero 1490 de la Segunda Parte, V.I., correspondiente a S. y Tesis Comunes del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n y que me permito transcribir a continuaci�n: �PRUEBAS, APRECIACI�N DE LAS.-Trat�ndose de las facultades de los Jueces para la apreciaci�n de las pruebas, la legislaci�n mexicana adopta el sistema mixto de valoraci�n, pues si bien concede arbitrio judicial al juzgador, para la apreciaci�n de ciertas pruebas (testimonial, pericial o presuntiva), ese arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas basadas en los principios de la l�gica, de los cuales no debe separarse, pues al hacerlo, su apreciaci�n, aunque no infrinja directamente la ley, s� viola los principios en que descansa, y dicha violaci�n puede dar materia al examen constitucional.�.-QUINTO.-Son fundados los conceptos de violaci�n, supliendo en lo necesario la deficiencia de la queja, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de Amparo.-En el caso, de los elementos de convicci�n que obran en el proceso penal, se advierte que el inculpado A.M.R., se ven�a desempe�ando como cobrador de la negociaci�n ?B.d.H.?, cuyo giro es el de venta de art�culos para el hogar, y de la cual es propietaria B.A.L.B.; que las labores del inculpado consist�an en recoger los abonos de los clientes que viv�an en las colonias de la zona centro, que adquir�an art�culos a cr�dito en la negociaci�n de referencia, con la obligaci�n por parte del activo, de entregar a la empresa, las cantidades recibidas, despu�s de efectuados los cobros; de esa manera, el inculpado, hoy quejoso, dispuso para s� de diversas cantidades en numerario que recibi� de los clientes, cuyo importe ascendi� a un total de once mil dieciocho nuevos pesos.-Ello es as�, pues existe la querella presentada por B.A.B. de L.�, como apoderada de B.A.L.B., seg�n lo acredit� con el poder general para pleitos y cobranzas que anex�, justificando adem�s que su poderdante es propietaria de la negociaci�n ?B.d.H.?, al exhibir copias certificadas del Registro Federal de Contribuyentes en el que aparece la segunda de las nombradas, en la que aparece que su actividad es la compraventa, comisi�n, importaci�n y exportaci�n de art�culos para el hogar, del documento de cambio de domicilio fiscal, licencia del Ayuntamiento de la capital del Estado de A., para el mencionado giro comercial, formato del Seguro Social de modificaci�n al salario del trabajador A.M.R., como cobrador y como patr�n B.A.L.B.; querella en la que manifest� en lo esencial que el inculpado se desempe�aba como cobrador en la negociaci�n antes indicada, teniendo a su cargo la zona centro, pero que en el mes de febrero de mil novecientos noventa y tres, se observ� que el activo empez� a bajar considerablemente su cobranza, por lo cual se le encomend� a otros cobradores dicha zona, quienes informaron a sus patrones que al ir a cobrar a algunas personas, �stas les mostraban las tarjetas con saldos ya liquidados, raz�n por la que se levant� un acta administrativa el d�a dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y tres, en virtud de que el inculpado hab�a aceptado que dispuso de tres mil nuevos pesos, que despu�s se hizo una auditor�a contable, detect�ndose que el faltante ascend�a a once mil dieciocho nuevos pesos.-D.�n que se corrobor� con lo manifestado por J.L.H.�ndez y L.M.G.A., la segunda expuso haber fungido como testigo en las fechas que se levantaron las dos actas administrativas de que se habla, y el primero de los nombrados haber sido testigo en la primera de las actas, y que en esas ocasiones el inculpado hab�a aceptado haber dispuesto de las cantidades que en ellas se indican y hab�a firmado las actas aceptando su responsabilidad; adem�s con lo declarado por J.�s V�zquez L., gerente de ventas de ?B.d.H.?, quien asever� que �l fue quien levant� las actas administrativas de referencia y el inculpado hab�a reconocido haber dispuesto de varias cantidades de dinero, de los cobros que hab�a efectuado a diversos clientes; obran agregadas a los autos las precitadas actas, firmadas entre otros, por las personas antes indicadas y por A.M.R., quien en su declaraci�n preparatoria, admiti� que de la cobranza que llevaba para la empresa, hab�a dispuesto de dinero para las necesidades de su casa, lo cual hab�a estado haciendo durante tres meses aproximadamente, y reconoci� el contenido y firma de las dos actas administrativas levantadas por la empresa ofendida.-Ahora bien, el art�culo 390, del C�digo Penal para el Estado de A., vigente en la �poca en que sucedieron los hechos, dispone: ?Al que con perjuicio de alguien, disponga para s� o para otro, de una cantidad de dinero, de un documento que importe obligaci�n, liberaci�n o transmisi�n de derechos, o de cualquier otra cosa ajena mueble, de la que se le haya transferido la tenencia y no el dominio, se le sancionar� con prisi�n hasta de un a�o y de diez a cien d�as multa, cuando el monto del abuso no exceda de doscientas veces el salario m�nimo general vigente en la regi�n.-Si excede de esta cantidad, pero no de dos mil, la prisi�n ser� de uno a seis a�os y de cien hasta ciento cincuenta d�as de multa.-Si el monto es mayor de dos mil veces el salario, la prisi�n ser� de seis a doce a�os y de ciento cincuenta a doscientos d�as de multa.?.-En el caso, la conducta desplegada por el hoy quejoso, no colma los elementos del tipo penal de abuso de confianza por el que fue sentenciado, pues para la configuraci�n de dicho injusto es necesario que se transmita al sujeto activo la tenencia de la cosa y que sobre �sta tenga un poder de retenci�n temporal o de disposici�n para un fin determinado; y por transmisi�n de la tenencia de la cosa debe entenderse el otorgamiento de la posesi�n derivada, que consiste en dar a quien la recibe un poder distinto del de la mera detentaci�n, de modo que a ra�z de la adquisici�n de la posesi�n, el poseedor est� legalmente facultado para ejercer sobre la cosa un poder de hecho, por haber salido la misma de la esfera jur�dica del due�o, cuya condici�n no se actualiz� en la especie porque la posesi�n del dinero del que dispuso A.M.R., no es derivada sino precaria, porque la negociaci�n ?B.d.H.?, de la cual es propietaria B.A.L.B., no le confiri� un poder jur�dico distinto de la mera detentaci�n material, pues no ejerc�a ning�n poder de disposici�n sobre el numerario o valores que recibi� a virtud de la naturaleza de los servicios que prestaba como cobrador para la pasivo del delito, y s�lo ten�a encomendada la custodia y vigilancia del importe de los abonos que cobraba, en tanto las entregaba a la negociaci�n citada, pero siempre vinculada esa tenencia al desempe�o de las funciones que realizaba y en cumplimiento de sus obligaciones laborales.-Luego, si el inculpado a nombre de ?B.d.H.?, recibi� de los clientes cantidades en efectivo, cuyos importes deb�a entregar a dicha negociaci�n, pero en vez de hacerlo dispuso para s� de diversos abonos que recibi� de los clientes, la posesi�n de los valores que detent� participa de una naturaleza jur�dica distinta de aquella que se efect�a a virtud de un contrato que transfiere la posesi�n derivada, que da al activo un poder temporal de retenci�n y de disposici�n para un fin determinado, puesto que en el caso el hoy quejoso estaba obligado a entregar a la empresa ofendida el dinero que cobraba, lo cual implica que la ofendida no transfer�a el importe de los abonos recibidos para que el inculpado dispusiera de ellos con un fin determinado, y si los valores por �l recibidos no sal�an de la esfera jur�dica de la ofendida, ya que ten�a la obligaci�n de entregarlos despu�s de cobrados, es claro que no ten�a sobre el numerario una posesi�n derivada como consecuencia de un acto jur�dico cuyo objeto sea distinto al de la cosa misma, sino como intermediario en el cobro del numerario era un simple poseedor precario, circunstancia esta que impide la configuraci�n del delito de abuso de confianza, por no encontrarse satisfecho uno de sus elementos integrantes de tal injusto, en raz�n a que el dinero no se le entreg� ni lo recibi� A.R.R. a virtud de la confianza de un contrato que no transfiere el dominio, pues nunca se le transmiti� un poder de disposici�n sobre el dinero, sino que lo recibi� debido a las labores que desempe�aba para la negociaci�n ofendida. Es de invocar al respecto, la tesis relacionada en �ltimo lugar con la jurisprudencia n�mero 3, publicada en las p�ginas cuatro y cinco, Segunda Parte, S. y Tesis Comunes del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, que dice: ?ABUSO DE CONFIANZA, PRESUPUESTO T�CNICO DEL.-El presupuesto t�cnico de abuso de confianza es lo que se conoce como posesi�n derivada, debi�ndose entender como tal la facultad que tiene el poseedor y que da sobre la cosa pose�da un poder distinto al de la mera detentaci�n material. La diferencia entre el poseedor precario y el poseedor derivado radica en que este �ltimo recibe la cosa a virtud de un acto jur�dico que tiene por objeto directo e inmediato la cosa misma; en cambio el precarista la tiene ante su alcance puramente material a virtud de una situaci�n de car�cter jur�dico que no recae directa e inmediatamente sobre el objeto. El dom�stico tiene dentro de su esfera material los �tiles de su trabajo, pero sin que sobre los mismos haya reca�do un acto jur�dico que los tenga como objeto directo inmediato. En igual condici�n se encuentra el dependiente en relaci�n con las mercanc�as que vende a los compradores. Es decir, cuando la cosa mueble est� dentro de la esfera material de una persona como consecuencia de un acto jur�dico cuyo objeto sea distinto al de la cosa en s�, no tendr� una posesi�n derivada sino una posesi�n precaria. El dependiente es un precarista en relaci�n con las mercanc�as porque aun cuando las tenga dentro de su alcance material, ello sucede a virtud del contrato laboral correspondiente; otro tanto sucede con el dom�stico e incluso con el porteador. El hecho de que tanto al dom�stico como al dependiente se les tenga confianza y que a virtud de un acto de car�cter delictivo revele que tal confianza se deposit� partiendo de una base falsa, no significa que la disminuci�n patrimonial que sufre el pasivo entra�a abuso de confianza, sino un delito distinto del orden patrimonial, pero no el de abuso de que se viene hablando. Los empleados de las negociaciones mercantiles encargados �nicamente de recibir el dinero con el que se paga la mercanc�a recibida por los compradores no son poseedores derivados en el sentidot�cnico; si reciben el dinero lo hacen a virtud de la naturaleza de su empleo pero no porque se les d� un poder sobre la cosa.?.-De acuerdo con los elementos de convicci�n mencionados anteriormente, resulta que no est� demostrado que las sumas de dinero de las que se apropi� el ahora quejoso, antes de ese evento, hubieran salido de la esfera jur�dica de la negociaci�n ?B.d.H.? de la cual es propietaria B.A.L.B., habida cuenta que jam�s se le otorg� sobre ellas un poder jur�dico distinto del de la mera detentaci�n material necesaria para el desempe�o de sus labores, que eran propiamente las de un cobrador, puesto que recib�a pagos en efectivo, cuyos importes deb�a entregar a la pasivo del delito, pero sin que se le hubieran otorgado facultades de administraci�n, ni se le hubiera conferido el poder de disposici�n sobre las referidas cantidades de dinero, pues �nicamente estaba autorizado para recibir pagos cuyo importe deb�a entregar a la parte ofendida.-Por lo anterior, si al acusado no se le transmiti� ni ten�a la posesi�n derivada de dinero alguno, el hecho de haberse apropiado de sumas de las cuales �nicamente ten�a la detentaci�n material en su car�cter de empleado de la negociaci�n ?B.d.H.?, no puede ser constitutivo del delito de abuso de confianza, porque para ello se requiere tener la posesi�n derivada de una cosa mueble, conforme a la tesis anteriormente transcrita, y por ese motivo, la apropiaci�n de cosas muebles o valores como en el caso por parte del empleado, dependiente o dom�stico, pertenecientes a la persona para la cual presten sus servicios, a las que tengan acceso y requieren ser detentadas materialmente para el desempe�o de las obligaciones laborales, no constituye abuso de confianza, pues se insiste en que para la comisi�n del delito de abuso de confianza, se requiere tener la posesi�n derivada de la cosa de la cual indebidamente se disponga, y en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 814 del C�digo Civil para el Estado de A.: ?Cuando en virtud de un acto jur�dico el propietario entrega a otro una cosa, concedi�ndole el derecho de retenerlo temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro t�tulo an�logo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a t�tulo de propietario tiene una posesi�n originaria, el otro, una posesi�n derivada.?. Por otra parte, el art�culo 816 del mismo c�digo dispone que: ?Cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa en virtud de la situaci�n de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de esa cosa, y que la retiene en provecho de �ste, en cumplimiento de las �rdenes e instrucciones que de �l ha recibido, no se le considera poseedor.?. Se infiere que precisamente la apropiaci�n indebida de cosas ajenas muebles por parte del empleado, dependiente o dom�stico, tiene caracter�sticas especiales porque la apropiaci�n se lleva al cabo, aprovechando que el activo tiene acceso a la cosa o a su tenencia material, a virtud de la situaci�n de dependencia en que se encuentra o del cumplimiento de las obligaciones que le impone su condici�n, pero precisamente por ese motivo no tiene la posesi�n derivada y por ello la disposici�n indebida no es constitutiva del delito de abuso de confianza.-En consecuencia, el hecho de que el promovente del amparo haya confesado que indebidamente se apropi� para s� del faltante que arroj� la auditor�a que se practic�, al cual tuvo acceso en raz�n de su empleo, ya que era su obligaci�n entregarlo despu�s de cobrado a la negociaci�n ofendida, con lo cual caus� un detrimento en el patrimonio de �sta, aunque tal conducta pudiera considerarse constitutiva de delito, no lo es por el que se le sentenci�, y por no haberlo estimado as� la S. responsable, es claro que viol� garant�as individuales en perjuicio del quejoso, al estimar que se acreditaron los elementos del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por el art�culo 390 del C�digo Penal del Estado de A., vigente en la �poca en que sucedieron los hechos.-En las anteriores condiciones, al resultar fundados los conceptos de violaci�n, se impone conceder al quejoso el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, para que la S. responsable deje insubsistente la sentencia combatida y dicte otra en la que absuelva a A.M.R., por el delito de abuso de confianza.

Dicho tribunal en el amparo directo 116/96 promovido por J.C.M.E., sostuvo lo siguiente:

PRIMERO.-Este Tribunal Colegiado, es competente para conocer del presente asunto, conforme a los art�culos 107 fracci�n V, inciso a) de la Constituci�n General de la Rep�blica; 158 de la Ley de Amparo y 37 fracci�n IV, inciso a) de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, toda vez que se trata de una resoluci�n que pone fin a un juicio en materia penal dictada por una autoridad jurisdiccional residente en este circuito judicial, la cual no puede ser modificada o revocada por alg�n recurso ordinario.-SEGUNDO.-La existencia del acto reclamado se acredit� con el informe justificado y el original de los autos remitidos.-TERCERO.-La autoridad responsable, fund� el acto reclamado en las siguientes consideraciones: ?II. Los agravios formulados por el sentenciado J.C.M.E., no son fundados y por lo tanto resultan improcedentes, por lo siguiente: no agravia al apelante el considerando tercero de la sentencia recurrida, mediante el cual el C. J. Primero Penal de esta capital, tomando en cuenta lo dispuesto por el art�culo 49 del C�digo Penal vigente en el Estado a la fecha en que ocurrieron los hechos, impone al recurrente una pena privativa de libertad consistente en dos a�os seis meses de prisi�n y le condena al pago de una multa de cien d�as salario, los que se traducen en la cantidad de dos mil seiscientos nuevos pesos, al considerarle para los efectos de la aplicaci�n de dichas penas, como la media con tendencia a la baja en relaci�n con el segundo p�rrafo del art�culo 390 del C�digo Penal vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos, al tomar en cuenta que del estudio de personalidad que se le realiz�, el recurrente aparece con un �ndice de peligrosidad media, lo cual no tom� en cuenta el J. de origen, ya que las penalidades que aplica no son de acuerdo con un �ndice de peligrosidad media con tendencia a la baja; adem�s tomando en cuenta que el apelante curs� solamente la instrucci�n primaria y la cantidad de que dispuso, la cual no resulta exagerado su monto que dec�a el representante de la ofendida, tom�ndose en cuenta que hace referencia a la cantidad de veintiocho mil nuevos pesos y fue condenado el recurrente al pago de la cantidad de veinticinco mil doscientos nuevos pesos, por lo que su temibilidad, no resulta ser poca, sino media con tendencia a la baja, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 49 del C�digo Penal vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos, como lo estim� el J. de origen quien s� analiza debidamente dicho numeral; y por lo que respecta a que el sujeto pasivo no corri� ning�n peligro en su persona, dada la conducta il�cita que realiz� el acusado, no implicaba riesgo en la persona de la ofendida, sino en su patrimonio, es por lo que resultando aplicable el p�rrafo segundo del art�culo 390 del C�digo Penal vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos, del veinticinco de abril al catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en que le fue rescindido su contrato de trabajo, siendo el salario m�nimo vigente en esa fecha para el Estado, la cantidad de doce nuevos pesos con ochenta y nueve centavos, los que multiplicados por dos mil veces el salario m�nimo nos da un total de veinticinco mil setecientos ochenta nuevos pesos, y el monto de lo dispuesto result� ser la cantidad de veinticinco mil doscientos cincuenta nuevos pesos, los que no niega el apelante, aun cuando el J. de origen se�ala en el considerando tercero de la resoluci�n apelada cantidad menor o sea veinticinco mil doscientos nuevos pesos, que es la cantidad por la cual condena al recurrente, por lo que las penas de dos a�os seis meses de prisi�n y cien d�as multa que al apelante le fueron aplicadas, se encuentran dentro de lo se�alado como media con tendencia a la baja, tom�ndose en cuenta que la pena m�nima aplicable de acuerdo con el numeral y p�rrafo se�alado con anterioridad, lo es de un a�o y la m�xima seis a�os, y la pena pecuniaria de cien hasta ciento cincuenta d�as de multa, y por lo que respecta a lo se�alado por el art�culo 3o. del C�digo Penal vigente en el Estado, su aplicaci�n no resulta favorable al acusado, tomando en cuenta que la penalidad se�alada, dado el monto de lo que dispuso el apelante, resultar�a ser de acuerdo con la fracci�n III del segundo apartado del art�culo 152 del se�alado c�digo, de tres a diez a�os de prisi�n y de ciento cincuenta a doscientos d�as multa, por exceder de trescientas veces el salario m�nimo vigente en la regi�n, de acuerdo con la cantidad dispuesta por el apelante; y tom�ndose en cuenta que tanto los elementos del tipo penal del delito de abuso de confianza a que se refiere el art�culo 390 del C�digo Penal vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos y que se le imputan al acusado J.C.M.E., y que acepta haberlos cometido en agravio de la empresa denominada Aga de A., S.A. de C.V., se acredita plenamente con los elementos probatorios a que se hace referencia en el considerando primero de la sentencia recurrida y que consiste en la querella presentada por el apoderado legal de la empresa Aga de A., S.A. de C.V., licenciado O.R.S.�nchez, lo declarado por los testigos F.G.�n M., C.V.N. y F.J.M., y principalmente con las declaraciones del apelante, de las que se desprende que acepta haber recibido mercanc�a de parte de la ofendida, para su venta y dispuso del producto prest�ndola a los clientes, siendo los hechos que se le imputan y tambi�n acepta estar en la disposici�n de pagar lo que debe a la empresa ofendida, por lo que valorados dichos elementos probatorios en la forma establecida por los art�culos 297, 298, 299, 304, 305 y 306 del C�digo de Procedimientos Penales vigente en el Estado, con �stos se acredita plenamente que el apelante J.C.M.E., a partir del d�a veinticinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro, ingres� a laborar con la empresa ofendida prestando sus servicios como vendedor en centros de canje, establecidos por la empresa ofendida en esta ciudad, siendo las funciones del acusado, de surtir los productos que constitu�an las promociones de la empresa en dichos centros, a cambio de corcholatas y dinero, disponiendo para s� y para otros del dinero y producto se�alado, de los que se le hab�a transmitido la tenencia mas no el dominio, y con los mismos elementos probatorios se acredita plenamente, la responsabilidad penal de J.C.M.E., en la comisi�n del delito de abuso de confianza, en agravio de la empresa Aga de A., S.A. de C.V., por lo que no habiendo agravios que suplir se confirma la sentencia apelada.?.-CUARTO.-La parte quejosa aduce como conceptos de violaci�n los siguientes: ?VII. Conceptos de violaci�n: Considero, salvo su mejor y excelsa opini�n, que no se fund� ni motiv� correctamente la resoluci�n de segunda instancia dictada por la Segunda S. del Supremo Tribunal de Justicia de A., pues considero que no se valoraron adecuadamente las pruebas aportadas en autos y me considero inocente de los hechos il�citos que se me imputan por parte de la representaci�n social.-VIII. Suplencia de la queja: S. la suplencia de la queja con fundamento en el art�culo 76 bis de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de amparo directo en materia penal.?.-QUINTO.-Como se observa de la transcripci�n realizada en el considerando que antecede, el quejoso no formula propiamente conceptos de violaci�n pues se limita a expresar que a su criterio, la sentencia reclamada no est� fundada ni motivada. Que no se valoraron correctamente las pruebas de autos, alega su inocencia; sin embargo, este Tribunal Colegiado advierte motivo para suplir la deficiencia de la queja en los t�rminos ordenados por el art�culo 105, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con lo dispuesto por el art�culo 76 bis, fracci�n II de la Ley de Amparo, en lo que ata�e a la falta de comprobaci�n de los elementos del tipo penal de abuso de confianza, previsto por el art�culo 390, del C�digo Penal para el Estado de A., por el que se sigui� proceso y se sentenci� a J.C.M. Esparza.-En efecto, consta en autos que la empresa Aga de A., Sociedad An�nima de Capital Variable, a trav�s de su apoderado, formul� querella en contra del aqu� quejoso, por el delito de abuso de confianza (fojas 4 a 7).-En la exposici�n de los hechos en que se apoy� la querella, se estableci� esencialmente que J.C.M.E., prestaba servicios a la empresa referida, como vendedor en los centros de canje establecidos por la negociaci�n mencionada, en distintas partes de la ciudad de A., A.. Que luego de practicar un arqueo del total de vales con cargo al quejoso, detectaron una diferencia en las liquidaciones de N$28,130.00 (veintiocho mil ciento treinta nuevos pesos 00/100 M.N.), que sumados a N$584 (quinientos ochenta y cuatro nuevos pesos 00/100 M.N.), que C.M.E. cobr� luego de haber causado baja de su empleo, arrojan un total de N$28,714.00 (veintiocho mil setecientos catorce nuevos pesos 00/100 M.N.), cantidad de la cual dispuso para s� indebida e il�citamente en detrimento de la persona moral mencionada.-Se ratific� ministerialmente la querella (folio 3 vuelta) y se recibi� la declaraci�n del presunto responsable (foja 101), en la que �ste acept� haber tomado diversas cantidades de dinero, las cuales no record� bien. Reconoci� deberle dinero a la empresa, aproximadamente el monto reclamado. El numerario lo recib�a de abarroteros a cambio de los productos de canje y que deb�a entregar al cajero de la negociaci�n.-En su oportunidad, el agente del Ministerio P�blico a quien correspondi� el conocimiento del asunto, ejercit� acci�n penal en contra de J.C.M.E., por el delito de abuso de confianza, cometido en agravio de la empresa Aga de A., Sociedad An�nima (folios 1 y 2).-El J. Primero Penal en el Estado de A., a quien toc� instaurar la causa, gir� la orden de aprehensi�n respectiva (fojas 102 y 103), por el il�cito motivo de la consignaci�n, y despu�s de recibir la declaraci�n preparatoria del inculpado (fojas 108 y 109) dict� el auto de formal prisi�n (folios 110 y 111), en contra del promovente del amparo, al considerarlo presunto responsable por el delito de abuso de confianza, cometido en agravio de la empresa denominada Aga de A., Sociedad An�nima.-Seguida la secuela procesal, el J. de la instrucci�n, emiti� la sentencia de fecha veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, en la que conden� a J.C.M.E. a dos a�os seis meses de prisi�n; a reparar el da�o y al pago de una multa equivalente a cien d�as de salario m�nimo (fojas 271 a 274), por considerar que estaban plenamente probados los elementos del tipo de delito de abuso de confianza as� como la responsabilidad de aqu�l en su comisi�n.-Inconforme con dicho fallo, el sentenciado interpuso el recurso de apelaci�n en el que esencialmente combati� lo relativo a la valoraci�n de pruebas, tratando de poner de relieve que no existi� el faltante de dinero motivo de la querella (folios 278 a 280).-La Segunda S. del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de A., dict� la sentencia que ahora constituye al acto reclamado (folios 4 a 6 del toca), en la que declar� infundados los agravios; precis� que no encontraba raz�n para suplirlos y confirm� el fallo de primera instancia.-Ahora bien, el art�culo 390 del C�digo Penal aplicable, preven�a: ?Al que con perjuicio de alguien disponga para s� o para otro, de una cantidad de dinero, de un documento que importe obligaci�n, liberaci�n o transmisi�n de derechos, o de cualquier otra cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le sancionar� con prisi�n hasta de un a�o, y de diez a cien d�as multa, cuando el monto del abuso no exceda de doscientas veces el salario m�nimo vigente en la regi�n. Si excede de esa cantidad pero no de dos mil, la prisi�n ser� de uno a seis a�os y de cien hasta ciento cincuenta d�as de multa. Si el monto es mayor de dos mil veces el salario, la prisi�n ser� de seis a doce a�os y de ciento cincuenta a doscientos d�as de multa.?.-Al tenor del precepto transcrito, son tres los elementos que constituyen la figura delictiva de abuso de confianza: a) La entrega de la cosa, en virtud de la confianza o de un contrato que no transfiere el dominio; b) Que la confianza haya sido alcanzada con fines distintos del de disponer de lo ajeno; y, c) Que el acusado disponga de la cosa, para otros objetos distintos de los indicados, sabiendo que no le pertenec�an.-En el caso, qued� fuera de duda que J.C.M.E. se desempe�aba como vendedor de los centros de canje, para la empresa Aga de A., Sociedad An�nima. En raz�n del trabajo desempe�ado, cobraba a los abarroteros el pago correspondiente a las vajillas entregadas como promoci�n; pago que consist�a en dinero y corcholatas del producto que elabora la citada persona moral, con la obligaci�n de entregar inmediatamente a la compa��a refresquera las cantidades recibidas.-En esas condiciones, la posesi�n del dinero que ten�a J.C.M.E., era precaria; es decir, no ten�a ning�n poder sobre los valores que se le entregaban, dado que esto se deb�a a la naturaleza de los servicios prestados, en raz�n de que era empleado de la negociaci�n pasivo del delito.-Luego, de la propia narraci�n de los hechos de la querella se desprende que no pueden satisfacerse los elementos del tipo de abuso de confianza, pues como se vio, el acceso a los valores fue debido al trabajo desempe�ado por el ahora quejoso, lo que en todo caso, s�lo se traducir�a en la tenencia precaria del dinero, cuesti�n que impide la configuraci�n del il�cito mencionado, al no satisfacerse el primero de los elementos que configuran el delito en menci�n; esto es, el numerario no se le entreg� a J.C.M.E. en virtud de la confianza o de un contrato que no transfiere el dominio, pues nunca se le transmiti� la tenencia del dinero, sino que recibi� �ste en raz�n de las labores desempe�adas para la compa��a refresquera.-Apoya la estimaci�n precedente, la �ltima tesis relacionada con la n�mero 3, publicada en las p�ginas 4 a 5, Segunda Parte, S. y Tesis Comunes, del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?ABUSO DE CONFIANZA, PRESUPUESTO T�CNICO DEL.-El presupuesto t�cnico de abuso de confianza es lo que se conoce como posesi�n derivada, debi�ndose entender como tal la facultad que tiene el poseedor y que da sobre la cosa pose�da un poder distinto al de la mera detentaci�n material. La diferencia entre el poseedor precario y el poseedor derivado radica en que este �ltimo recibe la cosa a virtud de un acto jur�dico que tiene por objeto directo e inmediato la cosa misma; en cambio el precarista la tiene ante su alcance puramente material a virtud de una situaci�n de car�cter jur�dico que no recae directa e inmediatamente sobre el objeto. El dom�stico tiene dentro de su esfera material los �tiles de su trabajo, pero sin que sobre los mismos haya reca�do un acto jur�dico que los tenga como objeto directo inmediato. En igual condici�n se encuentra el dependiente en relaci�n con las mercanc�as que vende a los compradores. Es decir, cuando la cosa mueble est�dentro de la esfera material de una persona como consecuencia de un acto jur�dico cuyo objeto sea distinto al de la cosa en s�, no tendr� una posesi�n derivada sino una posesi�n precaria. El dependiente es un precarista en relaci�n con las mercanc�as porque aun cuando las tenga dentro de su alcance material, ello sucede a virtud del contrato laboral correspondiente; otro tanto sucede con el dom�stico e inclusive con el porteador. El hecho de que tanto al dom�stico como al dependiente se les tenga confianza y que a virtud de un acto de car�cter delictivo revele que tal confianza se deposit� partiendo de una base falsa, no significa que la disminuci�n patrimonial que sufre el pasivo entra�a abuso de confianza, sino un delito distinto del orden patrimonial, pero no el de abuso de que se viene hablando. Los empleados de las negociaciones mercantiles encargados �nicamente de recibir el dinero con el que se paga la mercanc�a recibida por los compradores no son poseedores derivados en el sentido t�cnico; si reciben el dinero lo hacen a virtud de la naturaleza de su empleo pero no porque se les d� un poder sobre la cosa.?.-En esas condiciones, el hecho de que el promovente del amparo hubiera admitido que indebidamente se apoder� de varias cantidades de dinero, a las que tuvo acceso en raz�n de su empleo, no obstante que era su obligaci�n entregarlo de inmediato a la persona moral para la que trabajaba, con lo cual le ocasion� perjuicio a �sta, aunque tal conducta pudiera considerarse reprochable penalmente, lo ser�a pero por otro delito diverso al de abuso de confianza por el que se sigui� proceso y sentenci� al inconforme.-Resulta aplicable, en lo conducente, el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado, que dice: ?ABUSO DE CONFIANZA, NO SE CONFIGURA TRAT�NDOSE DE COBRADORES, YA QUE POR RAZ�N DEL DESEMPE�O DE SUS FUNCIONES S�LO TIENEN LA DETENTACI�N PRECARIA SOBRE LAS CANTIDADES COBRADAS A NOMBRE DE LA NEGOCIACI�N PARA LA CUAL PRESTAN SUS SERVICIOS.-Las personas que con motivo del desempe�o de sus funciones laborales realizan cobros a los deudores de la negociaci�n para la cual prestan sus servicios, son unos simples detentadores precarios de los valores recibidos, puesto que �stos no salen de la esfera jur�dica del due�o, si se les ha impuesto la obligaci�n de entregarlos en un tiempo determinado; por lo cual no puede considerarse que se les haya transmitido la posesi�n derivada de los valores, por no hab�rseles otorgado sobre los mismos un poder jur�dico distinto del de la simple tenencia material o detentaci�n. De tal manera que si el agente cobrador dispone del dinero que recibi� en raz�n de la naturaleza de su empleo, del que s�lo ten�a encomendada la custodia y vigilancia y sobre el cual no ten�a un poder jur�dico diverso al de la simple detentaci�n material, por no hab�rsele transmitido la posesi�n derivada ni conferido un poder de disposici�n para ejercerlo a su libre albedr�o, ya que �nicamente ten�a una posesi�n precaria, el detrimento patrimonial que sufre la parte patronal, no actualiza el delito de abuso de confianza, sino en todo caso un diverso il�cito.?. Precedente: Amparo directo penal 70/96. A.M.R.. 7 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado H.H. D�az. S.ia: Edelmira T. Armenta.-Al no haberlo estimado as�, no obstante que proced�a la suplencia de los puntos de inconformidad expresados en la apelaci�n, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 340, segundo p�rrafo del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de A., numeral que establece que el tribunal de apelaci�n suplir� la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el procesado, la S. responsable infringi� en perjuicio del quejoso las garant�as que consagran los art�culos 14 y 16 constitucionales, por lo cual procede conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitado, para que se deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar se dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos establecidos en el presente considerando, establezca que no se configur� el delito de abuso de confianza por el que se acus� y, consecuentemente, decrete la absoluci�n de J.C.M.E..

En fecha veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y seis, el Tribunal Colegiado anteriormente mencionado en el amparo directo penal n�mero 121/96, promovido por Julio C�sar Ram�rez M.�as, sostuvo lo siguiente:

PRIMERO.-Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente juicio de amparo directo, conforme a los art�culos 107, fracci�n V, inciso a), de la Constituci�n General de la Rep�blica; 158 de la Ley de Amparo y 37, fracci�n I, inciso a) de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.-SEGUNDO.-La existencia del acto reclamado qued� acreditada con el informe justificado que rindi� la responsable, al que acompa�� los autos respectivos.-TERCERO.-La sentencia reclamada se apoy� en las siguientes consideraciones: ?I. Los agravios formulados por el sentenciado Julio C�sar Ram�rez M.�as, son del tenor que se expresa a fojas de la setenta y siete a la setenta y nueve del principal, los cuales aqu� se dan por reproducidos como si a la letra lo fueren en obvio de espacio y tiempo.-II. Los agravios que expresa el sentenciado Julio C�sar Ram�rez M.�as, son infundados e improcedentes por lo siguiente: El conjunto de pruebas que conforman el juicio, y que tuvo a la vista el juzgador al momento de resolver, acreditan debidamente la existencia legal del cuerpo del delito de abuso de confianza, previsto por el art�culo 390 del C�digo Penal vigente en el Estado, cuando ocurrieron los hechos, as� como la responsabilidad penal del inculpado en su comisi�n en t�rminos del art�culo 183 del C�digo de Procedimientos Penales.-En nuestro C�digo Penal de acuerdo al art�culo 390 mencionado, podemos afirmar que establece que se transmite la tenencia de una cosa ajena mueble o de una cantidad de dinero, cuando se haya transmitido su posesi�n corporal, por cualquier motivo y que esta transmisi�n se acepte en forma t�cita o expresa por el sujeto activo del delito.-Ahora bien, en el caso a estudio se acreditaron los extremos del tipo penal, puesto que la empresa ofendida denominada �Centro Dulcero y Derivados�, Sociedad An�nima de Capital Variable, entreg� a J.C.R.M.�as, la tenencia de diversa mercanc�a y la daba al ofendido que era comisionista, con el fin espec�fico de que la vendiera m�s adelante se hiciera entrega del producto de la venta, pero sin que dispusiera de �sta; lo que en el caso no se dio ya que el acusado, indebidamente dispuso de las cantidades de diecis�is mil cuatrocientos treinta y cuatro nuevos pesos con sesenta y siete centavos, y de dos mil setecientos cuarenta y ocho nuevos pesos con noventa centavos, y al hacerlo viol� con ello la finalidad jur�dica de la tenencia de la mercanc�a que le fue entregada; pues en su car�cter de comisionista de la empresa ofendida, ten�a la obligaci�n de mantener en su poder ya fuera la mercanc�a y/o el dinero de su venta, para entregarlos en el momento que se le requieran.-Deduci�ndose lo anterior de la querella formulada por el representante legal de la ofendida, debidamente ratificada; apoyada con los documentos privados suscritos por el inculpado (visible a fojas cinco y seis), con la declaraci�n primaria ratificada ante el J., reconociendo el acusado que efectivamente es comisionista de la empresa mencionada y que al efectuarle en dos ocasiones arqueos, le detectaron los faltantes a los que se hace referencia; con los testimonios de J.M.D.�az Le�n y A.S.R., con la documental privada, de la contadora de la empresa, haciendo constar que dentro del balance realizado, presenta un quebranto patrimonial por las sumas ya se�aladas, producto de disposici�n indebida de mercanc�a que no ha sido liquidada por el acusado.-Por otro lado, en relaci�n a la tesis que invoca el recurrente cabe se�alar que es inaplicable, ya que la misma se refiere al caso, en que exista una relaci�n de trabajo entre empleados de la negociaci�n ofendida propietaria de los objetos del delito y el acusado, que �ste sea empleado de aqu�lla, lo que no se da en el presente asunto, puesto que Julio C�sar Ram�rez M.�as, era s�lo comisionista de ventas.-Por otra parte, si bien constan en autos los escritos que refiere el apelante en su agravios, en los que reconoci� que dispuso del dinero de las ventas y se comprometi� a reintegrarlo; esto en modo alguno constituye un perd�n en su favor, ya que se trata de documentos elaborados en forma unilateral, en los que no se hace ninguna menci�n de la parte ofendida, y no contienen ni su nombre ni su firma, manifestando que otorga el perd�n al acusado.-En este orden de ideas, debe de confirmarse la sentencia recurrida que por ser apegada a derecho no agravia a J.C.R.M.�as.?.-CUARTO.-El quejoso manifest� como conceptos de violaci�n esencialmente los siguientes: ?1. La autoridad responsable ordenadora al emitir su resoluci�n de la cual me quejo viola en mi perjuicio el art�culo 14 constitucional el cual a la letra determina: �Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades o derechos mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. En el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.�.-Toda vez que en la especie se me est� sentenciado y molestando en mi persona sin que ello sea conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, ya que mi conducta no tipifica de manera alguna el delito de abuso de confianza que prev� el art�culo 390 del C�digo Penal en vigor, pues con motivo de mi relaci�n contractual nunca se me transmiti� tenencia alguna de bienes o dinero por parte de la ofendida como para que sea aplicable a mi conducta que se juzga la disposici�n de abuso de confianza que refiere la ordenadora responsable y la ofendida en su denuncia penal, situaci�n que es clara en el criterio que sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en casos similares en jurisprudencias como la que a continuaci�n vuelvo a transcribir en este amparo: �El hecho de que el acusado sea empleado de la negociaci�n quejosa y propietaria de los bienes objeto del delito, no indica que el primero tenga la tenencia de esos bienes, puesto que la relaci�n del contrato de trabajo constituye al inculpado en un simple guardi�n de los objetos cuya venta al p�blico es objeto el comercio, sin que por esa relaci�n contractual la empresa propietaria haya transferido al propio inculpado la tenencia de los bienes, sino que sigue correspondi�ndole a la empresa, y si se admitiera lo contrario se confundir�a la confianza general y el abuso de una simple comisi�n de que participa el robo de dom�stico y obrero con la confianza especial que se concreta en una cosa determinada cuya tenencia se transfiere a otras; adem�s, la circunstancia de que el acusado est� obligado a hacer entrega a la ofendida, en el momento mismo de la venta de la cosa, del precio de la misma, confirma que al primero no se le ha transferido la tenencia de la cosa de la que es simple vigilante.�. (T.S. 6a. S., jul. 29, 1941).-Jurisprudencia, que estima procedente la responsable ordenadora por tratarse seg�n su resoluci�n de mi persona de un comisionista y no de un empleado, situaci�n incongruente pues no existen referencias marcadas y notorias o esenciales entre trabajador o comisionista como para que tal jurisprudencia fuera inaplicable a este caso, al grado que no existen �stas que la ordenadora responsable no alude a ellas en su resoluci�n.-Sin embargo, no obstante ello y que la ordenadora tuviera raz�n sin concederlo en lo que manifiesta respecto a que la jurisprudencia dir�a que cit� en mis agravios no es aplicable por ser el suscrito comisionista, tal relaci�n contractual es una figura especial y de car�cter mercantil que regula el C�digo de Comercio en vigor en el t�tulo tercero, cap�tulo uno, de dicha ley por lo que de ser as� como lo estima la autoridad ordenadora al ser mi persona un comisionista tal relaci�n contractual deriva de un contrato de comisi�n y por lo tanto de haber o existir alg�n faltante imputable a mi parte ello equivaldr�a a incumplimiento de rendici�n de cuentas de mi parte y por lo tanto ello ser�a un asunto de car�cter civil en el que deber�a demandarse la rendici�n de cuentas y no un abuso de confianza con v�a penal como ahora se juzga el caso.-3. (sic) Cabe recalcar a este tribunal que la ordenadora pas� por alto la siguiente cuesti�n: La ofendida al presentar su denuncia penal origen de esta causa y de fecha dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro en su punto tercero de hechos refiere: �hasta que el d�a dos de abril del presente a�o le realizamos la auditor�a mencionada y para nuestra sorpresa hab�a un faltante de N$16,434.67 (diecis�is mil cuatrocientos treinta y cuatro nuevos pesos con sesenta y siete centavos M.N.), asimismo el d�a cinco de abril detectamos tambi�n a cargo de dicha persona un faltante de N$2,748.90 (dos mil setecientos cuarenta y ocho nuevos pesos con noventa centavos M.N.), que aunado a la cantidad antes expresada nos realiza un perjuicio patrimonial por la cantidad de N$19,183.57 (diecinueve mil ciento ochenta y tres nuevos pesos con cincuenta y siete centavos M.N.).�.-Sin embargo si exist�a tal faltante detectado por dicha auditor�a y en esencia �sta era la base o fuente del delito que se me juzga. Es por dem�s incongruente que ella (auditor�a) no se exhibi� a la denuncia ni a autos hasta ahora pues tal documento m�s que los escritos de mi reconocimiento de los faltantes que se me imputan deber�a ser la base o el documento fundatorio de su acci�n de la ofendida, ya que los escritos en que acepto mi responsabilidad son como lo afirma la responsable ordenadora realizados en forma unilateral, sin ser dirigidos a autoridad o persona alguna, ni suscritos por testigo alguno y lo m�s importante tales documentos carecen de valor pleno por no reunir los requisitos de ley y ser �stos, documentos privados.-Pues al ser �stos los �nicos elementos de apoyo para que las responsables me sentencien por un faltante y no una auditor�a. Tales elementos son insuficientes y no id�neos para justificar plena responsabilidad y sobre todo cuant�a ya que si aun la confesi�n de un inculpado ante el Ministerio P�blico no reviste actualmente un elemento de prueba plena para considerarle como probado su il�cito en t�rminos del art�culo 299 del c�digo procesal penal, mucho menos tales documentos que no equivalen a una confesi�n como para que la ordenadora me tenga probada responsabilidad y cuant�a.-4. (sic) Causa tambi�n agravios a mi parte la inexacta valoraci�n que da la ordenadora a las testimoniales de los se�ores J.M.D.�az Le�n y A.S.R., pues �stos no deponen en relaci�n directa a los hechos sino a que mi parte suscribi� los escritos en que funda la ordenadora su acto que reclamo, lo cual es insuficiente como elemento id�neo para acreditar mi responsabilidad.-Y en atenci�n a la documental privada de la contadora de la empresa, y que refiere la ordenadora es tambi�n improcedente jur�dicamente como prueba, pues nunca fue rectificada �sta ante presencia judicial como documento privado que es, sino que se rectific� notarialmente �nicamente, mas no como ya se dijo en presencia del juzgador, lo cual desde luego me causa indefensi�n a mi parte dentro de la causa penal.-Ahora bien, si la responsable le otorga valor pleno a dichos escritos suscritos por mi parte para condenarme se contradice cuando les resta valor al referirle en mis agravios que ello equivale a un convenio con efectos de perd�n al il�cito juzgado, en el que inclusive se me otorg� un plazo para pagar el faltante, documento que exhibi� la ofendida a su denuncia y que desde luego extingue cualquier responsabilidad penal de mi parte o le da bases a mi conducta para un incumplimiento de rendici�n de cuentas en la v�a civil, por lo que atento a todo lo antes expuesto, este tribunal debe valorar tales agravios y supliendo la deficiencia de los mismos debe de determinar lo que en derecho proceda.?.-QUINTO.-Son fundados los conceptos de violaci�n, supliendo en lo necesario la deficiencia de la queja, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de Amparo.-En la especie, se reclama la sentencia de segunda instancia dictada por la Segunda S. del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de A., en el toca de apelaci�n penal n�mero 1257/95, en la que consider� penalmente responsable a Julio C�sar Ram�rez M.�as de la comisi�n del delito de abuso de confianza previsto y sancionado por el art�culo 390 del C�digo Penal para el Estado de A., vigente en la �poca de los hechos.-De los expedientes del proceso penal enviados por la S. responsable en apoyo de su informe justificado, se advierte que las pruebas tomadas en cuenta para el dictado de la sentencia impugnada, son las siguientes: a) La querella presentada por S.D.�az Le�n ante el agente del Ministerio P�blico, en la que manifest� que Julio C�sar Ram�rez M.�as ingres� a trabajar para la empresa Centro Dulcero y Derivados, Sociedad An�nima de Capital Variable, como comisionista en la venta de dulces y dem�s derivados, cuyo giro es el objeto de dicha sociedad mercantil de la cual es su representante; que la forma en que desarrollaba sus actividades consist�an en que se le entregaba al inculpado mercanc�a y un veh�culo propiedad de la empresa, en el cual se desplazaba a diversos lugares para enajenar el producto y realizar la cobranza del mismo; que al t�rmino de la jornada se le realizaba un inventario de lo que hab�a vendido y la diferencia la entregaba en efectivo o con documentos contables a la empresa; que con el tiempo efectuaban arqueos al inculpado por espacios de tiempo m�s retirados, hasta que el d�a dos de abril de mil novecientos noventa y cuatro, efectuaron una auditor�a a J.C.R.M.�as y reportaba un faltante por la cantidad de diecis�is mil cuatrocientos treinta y cuatro nuevos pesos con sesenta y siete centavos, moneda nacional; que tambi�n el d�a cinco de abril del mismo a�o, detectaron a cargo del mismo inculpado un faltante de dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos con noventa centavos, moneda nacional, cuyas cantidades en total ascienden a diecinueve mil ciento ochenta y tres nuevos pesos con cincuenta y siete centavos, moneda nacional, que al requerir a J.C.R.M.�as el pago de dicho faltante, admiti� haber dispuesto del mismo en su beneficio y se comprometi� a cubrirlo en breve tiempo, sin que lo haya hecho (fojas tres y cuatro).-b) Las documentales consistentes en los recibos suscritos por Julio C�sar Ram�rez M.�as, de las que se desprende que dicho inculpado se comprometi� a pagar las cantidades que importan los faltantes de dinero materia de la querella presentada en su contra por S.D.�az Le�n, administrador �nico de la empresa ofendida para la cual prestaba sus servicios (fojas cinco y seis).-c) La documental consistente en el testimonio relativo a la escritura p�blica del acta constitutiva de la empresa ofendida, asentada bajo el n�mero ochocientos cuarenta y uno, volumen diecisiete del protocolo de la Notar�a P�blica N�mero V.�s, a cargo del licenciado J.�s Casta�eda con ejercicio en la ciudad de A., de la cual se desprende que la empresa mercantil Centro Dulcero y Derivados, Sociedad An�nima de Capital Variable, tiene por objeto entre otras actividades, la compraventa de abarrotes, cigarros, semillas y toda clase de b�sicos y as� mismo, de dicha documental se advierte que la designaci�n en favor de S.D.�az Le�n como administrador �nico de la empresa aludida (fojas seis a veintid�s).-d) La declaraci�n de J.M.D.�azLe�n, en la que manifest� que en el mes de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, auxili� a su hermano S.D.�az Le�n para efectuar una auditor�a al inculpado J.C.R.M.�as, ya que �ste oportunamente no ven�a haciendo las entregas de dinero, que cuando lo requer�an por el producto de las ventas dec�a que al d�a siguiente hac�a la entrega sin cumplir con su promesa; que al efectuar la auditor�a detectaron al mencionado inculpado el faltante por la cantidad de diecis�is mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos con setenta y siete centavos; que Julio C�sar Ram�rez M.�as acept� ante su presencia haber dispuesto en su beneficio de dicho dinero y se comprometi� a liquidarlo en breve tiempo, sin haber cumplido su compromiso; que posteriormente volvieron a detectarle otro faltante por la cantidad de dos mil setecientos cuarenta y ocho nuevos pesos moneda nacional, de los cuales tambi�n acept� haber dispuesto sin el consentimiento del propietario y los mismos no han sido reintegrados (foja veintitr�s).-e) La declaraci�n de U.S.M.�nez quien ante el representante social investigador expuso que en su presencia y en la de su patr�n S.D.�az Le�n y de otra persona, J.C.R.M.�as reconoci� haber dispuesto del dinero de la venta de mercanc�a propiedad de la empresa, ya que firm� un escrito en donde se compromet�a a pagar el faltante que result�, lo cual aconteci� en dos ocasiones en que detectaron faltantes de dinero por un total de diecinueve mil nuevos pesos, moneda nacional, sin recordar la cantidad exacta (foja veintitr�s vuelta).-f) La declaraci�n de Julio C�sar R.M.�as, rendida ante el J. que lo examin� en preparatoria, en la que manifest� que aproximadamente en el mes de agosto de mil novecientos noventa y tres, ingres� a trabajar para la empresa ofendida, que sal�a fuera para vender el producto y en ocasiones S.D.�az Le�n le pagaba su comisi�n y otras no; que en la primera auditor�a sali� bien y en la segunda que le hicieron les pregunt� sobre el resultado, que le dijeron haber detectado un faltante por la cantidad de seis millones de pesos antiguos, moneda nacional, pero le dec�an una cosa y luego otra, que no obstante a ello, lo siguieron enviando a trabajar sin el pago de su sueldo, bajo el argumento de que les deb�a dinero; que tuvo necesidad de tomar para los vi�ticos, comida, gasolina y hospedaje, ya que le hab�an dicho que se lo iban a tomar en cuenta; que no dispuso del dinero en su beneficio porque les dec�a en qu� lo gastaba; que cuando le hicieron la tercera auditor�a s�lo result� un faltante por la cantidad de diecis�is mil nuevos pesos y fracci�n, que en esa misma semana le practicaron otra en la cual detectaron la falta de dos mil nuevos pesos y fracci�n; que al tener a la vista las documentales visibles a fojas cinco y seis del proceso, reconoce el contenido y firma de las mismas, pero que las firm� bajo presi�n de S.D.�az Le�n y su hermano, quienes le indicaron que iban a encarcelarlo (fojas treinta y tres y treinta y cuatro).-g) La documental privada de fecha dos de enero de mil novecientos noventa y cinco, suscrita por la contadora M.�a A.F.A., del texto siguiente: ?A., A., a dos de enero de mil novecientos noventa y cinco. A quien corresponda.-Por medio de la presente hago constar que la empresa Centro Dulcero y Derivados, S.A. de C.V., presenta dentro de su balance del a�o de 1994, un quebranto patrimonial parcial por la cantidad de $16,434.67 (diecis�is mil cuatrocientos treinta y cuatro nuevos pesos 67/100 M.N.) y $2,748.90 (dos mil setecientos cuarenta y ocho nuevos pesos 90/100 M.N.) que suman un total de N$19,183.57 (diecinueve mil ciento ochenta y tres nuevos pesos 57/100 M.N.). Dicho quebranto fue producto de la disposici�n indebida de varia mercanc�a, que no fue liquidada por Julio C�sar Ram�rez M.�as. Sin que a la fecha haya efectuado pago de las disposiciones efectuadas a la empresa afectada en cuesti�n.?.-En el caso, de los elementos de convicci�n rese�ados, se advierte que el inculpado Julio C�sar Ram�rez M.�as se ven�a desempe�ando como cobrador de la negociaci�n ?Centro Dulcero y Derivados, Sociedad An�nima de Capital Variable?, cuyo giro es el de abarrotes, cigarros, semillas y toda clase de b�sicos y de la cual funge como administrador �nico S.D.�az Le�n; que el acusado se ven�a desempe�ando para dicha empresa mercantil como agente for�neo de ventas y cobranzas, ya que los clientes adquir�an art�culos a cr�dito en la negociaci�n de referencia, con la obligaci�n por parte del activo, de entregar a la empresa las cantidades recibidas, despu�s de efectuados los cobros; de esa manera, el acusado, hoy quejoso, dispuso para s� de diversas cantidades en numerario que recibi� de los clientes, cuyo importe ascendi� seg�n la denuncia de los hechos presentada por la ofendida, a un total de diecinueve mil ciento ochenta y tres nuevos pesos con cincuenta y siete centavos, moneda nacional.-Ahora bien, el art�culo 390 del C�digo Penal para el Estado de A., vigente en la �poca en que sucedieron los hechos, dispone: ?Al que con perjuicio de alguien, disponga para s� o para otro, de una cantidad de dinero, de un documento que importe obligaci�n, liberaci�n o transmisi�n de derechos, o de cualquier otra cosa ajena mueble, de la que se le haya transferido la tenencia y no el dominio, se le sancionar� con prisi�n hasta de un a�o y de diez a cien d�as multa, cuando el monto del abuso no exceda de doscientas veces el salario m�nimo general vigente en la regi�n.-Si excede de esta cantidad, pero no de dos mil, la prisi�n ser� de uno a seis a�os y de cien hasta ciento cincuenta d�as de multa.-Si el monto es mayor de dos mil veces el salario, la prisi�n ser� de seis a doce a�os y de ciento cincuenta a doscientos d�as de multa.?.-En el caso, la conducta desplegada por el hoy quejoso, no colma los elementos de tipo penal de abuso de confianza por el que fue sentenciado, pues para la configuraci�n de dicho injusto es necesario que se transmita al sujeto activo la tenencia de la cosa y que sobre �sta tenga un poder de retenci�n temporal o de disposici�n para un fin determinado; y por transmisi�n de la tenencia de la cosa debe entenderse el otorgamiento de la posesi�n derivada, que consiste en dar a quien la recibe un poder distinto del de la mera detentaci�n, de modo que a raz�n de la adquisici�n de la posesi�n, el poseedor est� legalmente facultado para ejercer sobre la cosa un poder de hecho, por haber salido la misma de la esfera jur�dica del due�o, cuya condici�n no se actualiz� en la especie porque la posesi�n del dinero del que dispuso Julio C�sar Ram�rez M.�as, no era derivada sino precaria, pues la negociaci�n mercantil ?Centro Dulcero y Derivados, Sociedad An�nima de Capital Variable?, de la cual es �nico representante S.D.�az Le�n, no le confiri� un poder jur�dico distinto de la mera detentaci�n material, pues no ejerc�a ning�n poder de disposici�n sobre el numerario o valores que recibi� a virtud de la naturaleza de los servicios que prestaba como cobrador para la pasivo del delito, y s�lo ten�a encomendada la custodia y vigilancia del importe de los abonos que cobraba, en tanto las entregaba a la negociaci�n citada, pero siempre vinculada esa tenencia al desempe�o de las funciones que realizaba y en cumplimiento de sus obligaciones laborales.-Luego, si el acusado a nombre de ?Centro Dulcero y Derivados, Sociedad An�nima de Capital Variable?, recibi� de los clientes cantidades en efectivo, cuyos importes deb�a entregar a dicha negociaci�n, pero en vez de hacerlo dispuso para s� de diversos abonos que recibi� de los clientes, la posesi�n de los valores que detent� participa de una naturaleza jur�dica distinta de aquella que se efect�a a virtud de un contrato que transfiere la posesi�n derivada, que da al activo un poder temporal de retenci�n y de disposici�n para un fin determinado, puesto que en el caso el hoy quejoso estaba obligado a entregar a la empresa ofendida el dinero que cobraba, lo cual implica que la ofendida no transfer�a el importe de los abonos recibidos para que el inculpado dispusiera de ellos con un fin determinado, y si los valores por �l recibidos no sal�an de la esfera jur�dica de la ofendida, ya que ten�a la obligaci�n de entregarlos despu�s de cobrados, es claro que no ten�a sobre el numerario una posesi�n derivada como consecuencia de un acto jur�dico cuyo objeto sea distinto al de la cosa misma, sino como intermediario en el cobro del numerario era un simple poseedor precario, circunstancia esta que impide la configuraci�n del delito de abuso de confianza, por no encontrarse satisfecho uno de sus elementos integrantes de tal injusto, en raz�n a que el dinero no se le entreg� ni lo recibi� J.C.R.M.�as a virtud de la confianza de un contrato que no transfiere el dominio, pues nunca se le transmiti� un poder de disposici�n sobre el dinero, sino que lo recibi� debido a las labores que desempe�aba para la negociaci�n ofendida. Es de invocar al respecto, la tesis relacionada en �ltimo lugar con la jurisprudencia n�mero 3, publicada en las p�ginas cuatro y cinco, Segunda Parte, S. y Tesis Comunes del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, que dice: ?ABUSO DE CONFIANZA. PRESUPUESTO T�CNICO DEL.-El presupuesto t�cnico de abuso de confianza es lo que se conoce como posesi�n derivada, debi�ndose entender como tal la facultad que tiene el poseedor y que da sobre la cosa pose�da un poder distinto al de la mera detentaci�n material. La diferencia entre el poseedor precario y el poseedor derivado radica en que este �ltimo recibe la cosa a virtud de un acto jur�dico que tiene por objeto directo e inmediato la cosa misma; en cambio el precarista la tiene ante su alcance puramente material a virtud de una situaci�n de car�cter jur�dico que no recae directa e inmediatamente sobre el objeto. El dom�stico tiene dentro de su esfera material los �tiles de su trabajo, pero sin que sobre los mismos haya reca�do un acto jur�dico que los tenga como objeto directo inmediato. En igual condici�n se encuentra el dependiente en relaci�n con las mercanc�as que vende a los compradores. Es decir, cuando la cosa mueble est� dentro de la esfera material de una persona como consecuencia de un acto jur�dico cuyo objeto sea distinto al de la cosa en s�, no tendr� una posesi�n derivada sino una posesi�n precaria. El dependiente es un precarista en relaci�n con las mercanc�as porque aun cuando las tenga dentro de su alcance material, ello sucede a virtud del contrato laboral correspondiente; otro tanto sucede con el dom�stico e incluso con el porteador. El hecho de que tanto al dom�stico como al dependiente se les tenga confianza y que a virtud de un acto de car�cter delictivo revele que tal confianza se deposit� partiendo de una base falsa, no significa que la disminuci�n patrimonial que sufre el pasivo entra�a abuso de confianza, sino un delito distinto del orden patrimonial, pero no el de abuso de que se viene hablando. Los empleados de las negociaciones mercantiles encargados �nicamente de recibir el dinero con el que se paga la mercanc�a recibida por los compradores no son poseedores derivados en el sentido t�cnico; si reciben el dinero lo hacen a virtud de la naturaleza de su empleo pero no porque se les d� un poder sobre la cosa.?.-De acuerdo con los elementos de convicci�n mencionados anteriormente, resulta que no est� demostrado que las sumas de dinero de las que se apropi� el ahora quejoso, antes de ese evento, hubieran salido de la esfera jur�dica de la empresa mercantil ?Centro Dulcero y Derivados, Sociedad An�nima de Capital Variable?, de la cual es administrador �nico S.D.�az Le�n, habida cuenta que jam�s se le otorg� sobre ellas un poder jur�dico distinto del de la mera detentaci�n material necesaria para el desempe�o de sus labores, que eran propiamente las de un cobrador, puesto que recib�a pagos en efectivo, cuyos importes deb�a entregar a la pasivo del delito, pero sin que se le hubieran otorgado facultades de administraci�n, ni se le hubiera conferido el poder de disposici�n sobre las referidas cantidades de dinero, pues �nicamente estaba autorizado para recibir pagos cuyo importe deb�a entregar a la parte ofendida.-Por lo anterior, si al acusado no se le transmiti� ni ten�a la posesi�n derivada de dinero alguno, el hecho de haberse apropiado de sumas de las cuales �nicamente ten�a la detentaci�n material en su car�cter de empleado de la negociaci�n ?Centro Dulcero y Derivados, Sociedad An�nima de Capital Variable?, no puede ser constitutivo del delito de abuso de confianza, ya que para ello se necesita tener la posesi�n derivada de una cosa mueble, conforme a la tesis anteriormente transcrita, y por ese motivo, la apropiaci�n de cosas muebles o valores como en el caso por parte del empleado, dependiente o dom�stico, pertenecientes a la persona para la cual presten sus servicios, a las que tengan acceso y requieren ser detentadas materialmente para el desempe�o de las obligaciones laborales, no constituye abuso de confianza, pues se insiste en que para la comisi�n del delito de abuso de confianza, se requiere tener la posesi�n derivada de la cosa de la cual indebidamente se disponga, y en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 814 del C�digo Civil para el Estado de A.: ?Cuando en virtud de un acto jur�dico el propietario entrega a otro una cosa, concedi�ndole el derecho de retenerlo temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, y otro t�tulo an�logo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a t�tulo de propietario tiene una posesi�n originaria, el otro, una posesi�n derivada.?. Por otra parte, el art�culo 816 del mismo c�digo dispone que: ?Cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa en virtud de la situaci�n de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de esa cosa, y que la retiene en provecho de �ste, en cumplimiento de las �rdenes e instrucciones que de �l ha recibido, no se le considera poseedor.?. Y, se infiere que precisamente la apropiaci�n indebida de cosas ajenas muebles por parte del empleado, dependiente o dom�stico, tiene caracter�sticas especiales porque la apropiaci�n se lleva al cabo, aprovechando que el activo tiene acceso a la cosa o a su tenencia material, a virtud de la situaci�n de dependencia en que se encuentra o del cumplimiento de las obligaciones que le impone su condici�n, pero precisamente por ese motivo no tiene la posesi�n derivada y por ello la disposici�n indebida no es constitutiva del delito de abuso de confianza.-En consecuencia, el hecho de que el promovente del amparo haya reconocido en presencia de testigos ante la ofendida que tom� para s� el faltante cuyo monto se menciona en las documentales aportadas durante la fase de investigaci�n del delito, al cual tuvo acceso en raz�n de su empleo, ya que era su obligaci�n entregarlo despu�s de cobrado a la negociaci�n ofendida, con lo cual caus� un detrimento en el patrimonio de �sta, aunque tal conducta pudiera considerarse constitutiva de delito, no lo es por el que se le sentenci� y por no haberlo estimado as�, la S. responsable, es claro que viol� garant�as individuales en perjuicio del quejoso, al estimar que se acreditaron los elementos del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por el art�culo 390 del C�digo Penal del Estado de A., vigente en la �poca en que sucedieron los hechos. Es de invocar con respecto a lo anterior, la tesis aprobada por este Tribunal Colegiado el d�a catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis, sustentada al resolver con fecha siete de febrero del a�o en cita, por unanimidad de votos, el amparo directo penal n�mero 70/96, promovido por A.M.R., del rubro y texto siguientes: ?ABUSO DE CONFIANZA. NO SE CONFIGURA TRAT�NDOSE DE COBRADORES, YA QUE POR RAZ�N DEL DESEMPE�O DE SUS FUNCIONES S�LO TIENEN LA DETENCI�N PRECARIA SOBRE LAS CANTIDADES COBRADAS A NOMBRE DE LA NEGOCIACI�N PARA LA CUAL PRESTAN SUS SERVICIOS.-Las personas que con motivo del desempe�o de sus funciones laborales realizan cobros a los deudores de la negociaci�n para la cual prestan sus servicios, son unos simples detentadores precarios de los valores recibidos, puesto que �stos no salen de la esfera jur�dica del due�o, si se les ha impuesto la obligaci�n de entregarlos en un tiempo determinado; por lo cual no puede considerarse que se les haya transmitido la posesi�n derivada de los cobradores, por no hab�rseles otorgado sobre los mismos un poder jur�dico distinto del de la simple tenencia material o detentaci�n. De tal manera que si el agente cobrador dispone del dinero que recibi� en raz�n de la naturaleza de su empleo, del que s�lo ten�a encomendada la custodia y vigilancia y sobre el cual no ten�a un poder jur�dico diverso al de la simple detentaci�n material, por no hab�rsele transmitido la posesi�n derivada ni conferido un poder de disposici�n para ejercerlo a su libre albedr�o, ya que �nicamente ten�a una posesi�n precaria, el detrimento patrimonial que sufre la parte patronal, no actualiza el delito de abuso de confianza, sino en todo caso un diverso il�cito.?.-En las anteriores condiciones, al resultar fundados los conceptos de violaci�n, se impone conceder al quejoso Julio C�sar Ram�rez M.�as, el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, para que la S. responsable deje insubsistente la sentencia combatida y dicte otra en la que absuelva a dicho quejoso de la acusaci�n formulada en su contra, por el delito de abuso de confianza.

El mismo Tribunal Colegiado en el amparo directo penal 270/96, promovido por J.M.H., sostuvo lo siguiente:

"PRIMERO.-Este Tribunal Colegiado es competente para conocer y resolver del presente juicio de garant�as, conforme con lo dispuesto en el art�culo 158 de la Ley de Amparo, as� como el art�culo 37, fracci�n I, inciso a), de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, puesto que se reclama una sentencia dictada en materia penal que puso fin a un juicio y que no admite recurso alguno.-SEGUNDO.-La existencia del acto reclamado de la Segunda S. del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de A., qued� debidamente acreditada con el informe con justificaci�n que rindi� dicha autoridad y con los autos originales del expediente n�mero 598/94 y toca 1388/95, que remiti� en su apoyo.-TERCERO.-La sentencia reclamada se sustenta en las siguientes consideraciones: ?II. Los agravios que expresa el defensor particular de la sentenciada J.M.H., son infundados e improcedentes por lo siguiente.-Contrario a lo que manifiesta el apelante, esta S. estima que con los elementos de prueba que obran en el principal, se acredit� la existencia del cuerpo del delito de abuso de confianza, a que se refiere el art�culo 152, fracci�n I del C�digo Penal vigente en el Estado, y la responsabilidad penal de la sentenciada en su comisi�n, en t�rminos del art�culo 183 del C�digo de Procedimientos Penales; que el monto de la cantidad de que dispuso J.M.H., fue de diecinueve mil seiscientos once nuevos pesos con treinta y dos centavos.-Con la querella presentada por el representante legal de �Refaccionaria E. Hermanos�, S.A. de C.V., se�alando que J.M.H., desde el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y dos, trabaja para esta empresa, siendo su funci�n primordial, recibir los cortes de la cobranza que realizaban los agentes de ventas for�neos o sea, recibir pagos de facturas de clientes de su representada para posteriormente reportarlos a la persona encargada de depositar los pagos en el banco, que a principios del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, se le encontraron en su escritorio unos cheques al portador, que no hab�an sido reportados; por lo que el Departamento deCr�dito y Cobranzas junto con el Departamento de Contabilidad, hizo un arqueo contable el cual arroj� que algunos pagos que fueron entregados por los cobradores a la inculpada no ingresaron a la empresa, y al interrogarla al respecto, contest� que en efecto, hab�a dispuesto de algunas cantidades de dinero.-Acreditan la querella la exhibici�n de facturas; declaraci�n de F. de J.�s E.R. y M.�a C.U.�a R., personas que laboran en la empresa, quienes iniciaron la investigaci�n sobre el dinero faltante; con el arqueo contable realizado por la gerente de cr�dito y cobranzas, en el que se determina en una relaci�n adjunta, que las cantidades faltantes, desprenden un total de diecinueve mil seiscientos once nuevos pesos con treinta y dos centavos; con el acta suscrita por la acusada, reconociendo como ciertos los hechos que se le imputan y haber dispuesto del dinero propiedad de la Refaccionaria E. y que conforme a las investigaciones que se han llevado a cabo es superior a los diez mil nuevos pesos; con la declaraci�n preparatoria de J.M.H., aceptando que la manera como se apoder� del dinero, fue no reportando los pagos en el corte diario, que esto lo ven�a haciendo desde hace un a�o y medio.-Pruebas entre las dem�s existentes, a las que se les otorga valor jur�dico pleno en t�rminos de los art�culos 297 al 307 del C�digo de Procedimientos Penales, ya que mediante un enlace l�gico y natural, se obtiene que la acusada dispuso en perjuicio de la ofendida de la cantidad antes mencionada.-Y si bien es verdad, el arqueo contable fue realizado por la parte ofendida, esto ning�n agravio causa a la acusada, toda vez que ni ella ni sus defensores objetaron la prueba, ni tampoco hicieron uso de su derecho de nombrar perito para que dictaminara sobre los puntos que ameritan su intervenci�n, de conformidad con el art�culo 240 del C�digo de Procedimientos Penales.-Por otro lado, las facturas con las cuales se demuestra el faltante, fueron ratificadas as� como las exhibidas en la querella ante el juzgador por el representante legal de la empresa y si bien s�lo se cit� a ratificar a los clientes con domicilio en la localidad, no as� a los clientes for�neos, tambi�n resulta irrelevante, puesto que qued� establecido en autos, que no se les cit� por tener domicilio fuera de la jurisdicci�n del juzgado, haci�ndolo saber al oferente de dicha prueba de ratificaci�n, que manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibido que de no hacerlo se tendr�a por desierta la prueba; no habiendo hecho ninguna manifestaci�n al respecto la defensa.-Por lo tanto si quien la acusada asegura que cuando mucho dispuso de diez mil nuevos pesos, su dicho no es cre�ble, toda vez que no ofreci� prueba alguna para acreditar su aseveraci�n y desvirtuar las constancias que obran en su contra.-En consecuencia, la individualizaci�n de la pena hecha por el inferior resulta correcta, pues para ello se tomaron en cuenta las caracter�sticas personales de la acusada y las de ejecuci�n del il�cito, atendiendo al contenido del art�culo 57 del C�digo Penal vigente en el Estado; asimismo, que la cantidad objeto del abuso de confianza fue superior a quinientas veces el salario m�nimo vigente en la regi�n cuando ocurrieron los hechos, por tanto, la pena corporal impuesta, as� como la pecuniaria consistente en el pago de multa y de la reparaci�n del da�o, es correcta por ser acorde con los m�rgenes se�alados en la ley, en la fracci�n III del art�culo 154 y fracci�n II del art�culo 27, ambos del C�digo Penal en vigor en el Estado.-En m�rito de lo anterior, debe de confirmarse y se confirma la sentencia recurrida, que por ser apegada a derecho no agravia a J.M.H..?.-(La anterior transcripci�n es literal).-CUARTO.-Se hicieron valer los siguientes conceptos de violaci�n: ?Primer concepto. El art�culo 14 constitucional determina en su segundo p�rrafo: �Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.�.-En el precitado dispositivo constitucional se han establecido, como garant�as del procesado los derechos de audiencia y defensa, adem�s de la garant�a de legalidad estricta, buscando que el derecho penal sea un instrumento de justicia, no de venganza.-El derecho a ser o�do y aportar pruebas en la propia defensa, no significa simplemente eso, sino que tambi�n conlleva la obligaci�n del juzgador para apreciarlas, no simplemente o�rlas, dej�ndolas caer en saco roto e igualmente implica la obligaci�n de sopesar todas las probanzas desahogadas tanto en lo que perjudican al reo as� como en lo que lo beneficien.-El anterior razonamiento se ve robustecido por las violaciones que en mi perjuicio realizaron las autoridades responsables, en virtud de que �stas dan por acreditado la existencia del cuerpo del delito de abuso de confianza a que se refiere el art�culo 152, fracci�n I del C�digo Penal vigente en el Estado de A., as� como la supuesta responsabilidad penal de la suscrita, en primer t�rmino con la querella presentada en mi contra por el representante legal de �Refaccionaria E. Hermanos, S.A. de C.V.�, y de nombre H�ctor M.R., mismo que pretende acreditar su personalidad como representante legal de la persona moral supuestamente ofendida, mediante un poder notarial para pleitos y cobranzas, de fecha 3 de agosto de 1992, pasado ante la fe del L.. J.S.L.�n, notario p�blico n�mero 2 de los del Estado de A., mismo que exhibi� durante el proceso penal y de �l se desprende, tal y como se puede observar por parte de ese H. tribunal, que �nicamente cumple con los requisitos que establece el C�digo Civil en materia de apoderados o mandatarios, pero en ning�n momento cumple con el requisito de seguridad jur�dica que establece el C�digo Penal vigente para el Estado de A..-En efecto, la �nica documental que se exhibe para legitimar la querella, es el poder notarial que corre agregado a los autos y del cual se desprende �nicamente el testimonio que contiene el poder general para pleitos y cobranzas que otorga una persona moral al compareciente H�ctor M.R., describi�ndose en el cap�tulo de personalidad, seg�n lo refiere el notario, que para acreditar la existencia de la sociedad ten�a a la vista las constancias que justificaban aqu�lla, mediante la escritura constitutiva de la sociedad, sin tenerse en su protocolo, para poder tener validez en los t�rminos del art�culo 69 de la Ley del Notariado en el Estado, que determina que los fedatarios solamente podr�n dar constancias de lo que exista en sus protocolos, cuesti�n esta que es del todo indiferente para los efectos procesales penales. Esto es as� porque trat�ndose de estas cuestiones, nuestra Carta Magna al estatuir la garant�a de seguridad jur�dica, lo hizo con la finalidad de que las formalidades procesales penales fuesen m�s rigurosas en cuanto a su legalidad, todo ello motivado por el bien jur�dico que se tutela, m�xime cuando seg�n se desprende del art�culo 23 del nuevo C�digo Penal del Estado, que este delito es de los que se persiguen a petici�n de parte ofendida, lo que se traduce en que esta persona debe de acreditar no solamente que es la titular del objeto material, sino que adem�s, ya sufri� el perjuicio, figura condicionante en el tipo por el cual se me acusa y m�s a�n, que al otorgar un poder se acredite, aparte de lo ya referido, la categ�rica voluntad de que se persiga y se castigue al presunto autor de una conducta antijur�dica.-Ahora bien, el C�digo Civil del Estado, establece para la validez de sus actos jur�dicos que los poderes cumplan con las formalidades que en el mismo se contienen, para acreditar la personalidad de apoderado, mas no del poderdante, la raz�n consiste en la tutelaci�n del inter�s que est� en juego y que no trasciende el �mbito social, en cambio, la ley penal que es aut�noma y soberana, establece requisitos de mayor rigor atentos al bien jur�dico que est� en juego la libertad humana. Por consiguiente, dichas formalidades las especifican de manera categ�rica el art�culo 132 y 133 del c�digo adjetivo penal del Estado. Dichas formalidades consisten, en la especie, en que ese apoderado debe de acreditar no solamente su personalidad para efectos procesales, sino para efectos de la legitimaci�n en la causa, de ah� que no basta que el querellante exhiba instrumento notarial, sino que adem�s deber� de comprobar que a su vez la persona que le otorga esas facultades las tiene conferidas l�citamente, es decir, que efectivamente ese consejo de administraci�n posee las facultades que delega, m�s a�n, que las facultades son legales, lo que indefectiblemente se acreditar� con la escritura constitutiva la cual s�lo se cita por el notario, evento este que no puede subsanarse con tal menci�n, ya que se insiste, por tratarse de la materia penal, la exigencia del legislador es que se acredite desde la legal constituci�n, su existencia conforme a la ley, hasta la certeza de las facultades que obtuvo ese poderdante en la asamblea respectiva. Al no hacerse o acreditarse en tales t�rminos, es concluyente que no se ha acreditado ese requisito de procedibilidad y en consecuencia, por el estado procesal en que nos encontramos, se transforma en la falta de concurrencia de una �Condici�n objetiva de punibilidad�. Por ende, la pena que se imponga ante esa inobservancia, transgrede la garant�a constitucional establecida en el p�rrafo segundo del art�culo 14 de la Carta Magna.-Segundo concepto. Prosigue la violaci�n a la garant�a constitucional establecida en el p�rrafo segundo del art�culo 14, por cuanto hace a la integraci�n de los elementos del tipo. Y bien, el art�culo 15 del estatuto punitivo del Estado, establece las condiciones m�nimas que habr�n de acreditarse para integrar los extremos de la figura t�pica, as� establece en la fracci�n III y V, el sujeto pasivo y el objeto material respectivamente, entendiendo al primero como el titular del bien jur�dico protegido por la norma y el segundo como la cosa sobre la cual recae la lesi�n. Estos elementos, estimo, no se acreditaron en el sumario, por la parte a la que le correspond�a la carga de la acusaci�n y en efecto, de todas las constancias que se exhibieron se desprenden operaciones contables bajo documentales membretadas a nombre de una persona moral, mas eso no justifica ni acredita que dicha persona sea la que haya resentido el perjuicio y peor a�n, no aport� prueba alguna para acreditar que es ella la titular de ese bien jur�dico, es decir, el dinero que se dice dispuesto por mi parte. Condici�n exigida expresamente por el tipo penal descrito en los art�culos 152 fracci�n I, en relaci�n con el 23 fracci�n XI del C�digo Penal del Estado.-No es obst�culo a lo anterior, el hecho que la suscrita quejosa haya confesado que s� dispuso de una cantidad, dado que lo que aqu� se objeta es la legitimidad del sujeto pasivo como titular del bien jur�dico y por as� prevenirlo la legislaci�n sustantiva penal de nuestro Estado en su art�culo 15, sancionando, ante la falta de cualquiera de sus elementos, con la causal de atipicidad.-Tercer concepto. Contin�a la violaci�n a las formalidades esenciales del procedimiento con la determinaci�n de la responsable, de tener por acreditados los elementos del tipo penal de abuso de confianza, concentrados sobre todo, en mi confesi�n sobre la participaci�n en los hechos siendo ce�idos al principio de exactitud en la aplicaci�n de la ley penal, no se re�nen los extremos de la figura delictiva prevista en la fracci�n I del art�culo 152 de nuestro c�digo represivo que prescribe: �Disponer para s� o para otro con perjuicio de alguien, de una cantidad de dinero ...�, surgiendo la figura de la atipicidad si se tiene en cuenta que hasta la fecha no se acredit� la propiedad del dinero sustra�do ni menos aun, el perjuicio causado, reitero, porque del sumario s�lo se desprenden notas y operaciones contables, que en modo alguno acreditan la preexistencia y falta posterior del dinero, la �nica gu�a es la confesi�n que, desligada de otros elementos, hace inexistente la conducta dolosa que se me imputa.-Cuarto concepto. El p�rrafo cuarto del art�culo 14 constitucional, establece que no podr� imponerse en materia penal, pena alguna que no sea exactamente aplicable al delito de que se trate, en la especie, la responsable de manera inconcebible y en aplicaci�n a contrario sensu del in dubio pro reo, al tener la duda en el monto de lo sustra�do lo aplica pero en beneficio de quien se ostenta como ofendida y por ende en perjuicio de la suscrita que mi �nico pecado fue haberme conducido de buena fe, manifestando lo que realmente hab�a hecho y por lo que jur�dicamente debo responder, mas el sentido inquisitivo de la autoridad responsable la lleva a con criterios legaloides y mercantilistas, llegar al extremo de suplir la deficiencia de la queja para el ofendido, conden�ndome a una cantidad argumentada mas no comprobada. Y efectivamente, la cantidad no fue comprobada, porque la �nica cantidad m�s o menos firme es la de diez mil pesos que confes�, pero en todo el sumario la acusadora no aport� porque esa es su carga constitucional, prueba alguna para acreditar el monto (lo que es congruente porque no pod�a determinarse el monto si no se ten�a prueba alguna de la propiedad por parte de la ofendida, es m�s, ni siquiera ten�a la referencia del monto del perjuicio porque �ste a la fecha no tiene comprobaci�n ni titular). Prueba que para ser id�nea ser�a la pericial contable, la que no aparece en autos, solamente aparece un arqueo, mismo que no puede constituir prueba plena alguna por violar el principio del contradictorio, que consiste en que para que una probanza surta efectos legales, debe ser reconocida por la contraparte, lo que no opera en materia penal por corresponderle la carga de la prueba al �rgano acusador, am�n de haberse realizado por la persona moral supuestamente ofendida sin conocimiento de mi parte. Al faltar esta prueba id�nea, es �bice para tener por acreditado el monto por el que se me impone la pena, violando as�, el contenido del art�culo 152 fracci�n III, en su segunda parte y consecuentemente el art�culo 14 constitucional p�rrafo segundo, dado que el monto del da�o ser� la medida de la culpabilidad y �sta, la medida de la pena, la que no podr� fundarse en presunciones como las presentes.?.-(La anterior transcripci�n es literal).-QUINTO.-Resultan parcialmente fundados los conceptos de violaci�n formulados por J.M.H., supliendo la queja deficiente de conformidad con la fracci�n II, del art�culo 76 bis de la Ley de Amparo; ello es as�, atento a las consideraciones siguientes: La S. responsable remiti� como complementos de su informe justificado, el expediente 598/94 y toca de apelaci�n 1388/95, a los que se otorga valor probatorio pleno en t�rminos de los art�culos 129 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria de la Ley de Amparo, de los que se advierte que en la sentencia reclamada, se tuvieron en consideraci�n los medios de convicci�n narrados por el a quo, los que se encuentran a fojas ciento ochenta y tres vuelta y siguientes, que son: ?La querella presentada por H�ctor M.R. quien acredit� su personalidad con las copias certificadas de un poder notarial que le fue otorgado por el presidente de la empresa �Refaccionaria E., S.A. de C.V.�, en la cual se establece una cl�usula especial para querellarse; y sobre los hechos se�ala que la inculpada J.M.H. desde el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y dos, trabajaba para la empresa ofendida y sus funciones consist�an en recibir el dinero de las cobranzas de los cobradores for�neos y a principios del mes de septiembre del a�o pasado se encontraron en su escritorio varios cheques al portador que no hab�an sido reportados por lo que se le hizo un arqueo contable por lo que resultaron que uno de los pagos entregados a los cobradores entregados por la inculpada no ingresaron a la empresa y al interrogarla contest� que efectivamente que s� hab�a dispuesto de algunas cantidades de dinero y al interrogarla contest� que efectivamente hab�a dispuesto de cantidades de dinero de las que dice del dinero que le entregaban los cobradores for�neos, la anterior querella se apoya con al dice la exhibi� de cincuenta y nueve facturas que obran en autos, asimismo con el original de un arqueo contable del cual se establece el faltante del dinero que menciona el querellante, con el dicho de los testigos M.�a C.M., F. de J.�s E., personas que laboran para la persona moral ofendida y quienes hicieron el arqueo contable detectando el faltante, asimismo se exhibe el original de una acta donde aparece la firma de la inculpada reconociendo haber tomado cantidades de dinero de las cobranzas que recib�a y asimismo en autos obra la propia declaraci�n de la inculpada J.M.H. que en su declaraci�n preparatoria acept� haber dispuesto de sumas de dinero que le entregaban los cobradores for�neos de esta manera son pruebas suficientes para acreditar los elementos del tipo del delito de abuso de confianza pues la inculpada seg�n ella misma lo se�ala dispuso para s� de sumas de dinero de los que solamente ten�a la tenencia pues su obligaci�n era cobrarlos y entregarlos a los directivos de la persona moral ofendida.-La propia inculpada confiesa su il�cito al se�alar que efectivamente trabajaba para la persona moral ofendida y efectivamente su funci�n era de cobrar la cobranza for�nea y despu�s entregar el dinero a los directivos de la persona moral ofendida y parte de este dinero que recibi� se qued� con �l y si bien no acepta la cantidad que le reclama, su confesi�n re�ne los requisitos del art�culo 299 del C�digo Penal en vigor pues el il�cito se encuentra confesado de una manera libre y espont�nea apoyado con las declaraciones del querellante H�ctor M.R. de los testigos C.R., F.E., personas que realizaron el arqueo contable y que ratificaron ante este juzgado, por lo tanto al tener todos los elementos de prueba se le debe de tener como penalmente responsable.?. (La anterior transcripci�n es literal).-Al principio de este considerando, se mencion� que son parcialmente fundados los conceptos de violaci�n formulados por J.M.H., supliendo la queja deficiente en lo necesario, de conformidad con la fracci�n II, del art�culo 76 bis de la Ley de Amparo, y tal afirmaci�n tiene su fundamento en las consideraciones siguientes: En efecto, contrariamente de lo que sostiene la peticionaria de garant�as, la S. responsable estuvo en lo correcto al tener por acreditada la personalidad de H�ctor M.R., para presentar la querella como apoderada legal de la empresa demandada Refaccionaria E. Hermanos, Sociedad An�nima de Capital Variable. Los art�culos 128 primer p�rrafo y 134 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de A., mencionan: ?Art�culo 128. Es necesaria la querella del ofendido en los casos que as� lo determine el C�digo Penal.?.-?Art�culo 134. Cualquier persona estar� facultada para presentar denuncias, salvo el caso de personas morales y personas f�sicas que est�n incapacitadas, que podr�n actuar por conducto de apoderado general para pleitos y cobranzas. Las querellas formuladas en representaci�n de personas morales, se admitir�n cuando el apoderado tenga un poder general para pleitos y cobranzas, con cl�usula especial para formular querellas, sin que sean necesarios acuerdo o ratificaci�n del consejo de administraci�n o de la asamblea de socios o accionistas, poder especial para el caso determinado, ni instrucciones concretas del mandante.?.-Asimismo, los art�culos 27 y 69 de la Ley del Notariado para elEstado de A., mencionan: ?Art�culo 27. El notario, en relaci�n con los libros del protocolo, llevar� una carpeta por cada volumen, en donde ir� depositando los documentos que se refieren a las escritas y a las actas. El contenido de estas carpetas se llama ap�ndice, el cual se considerar� como parte integrante del protocolo.?.-?Art�culo 69. El notario s�lo puede expedir certificaciones de los actos o hechos que consten en su protocolo. En la certificaci�n har� constar imprescindiblemente el n�mero y la fecha de la escritura o del acta respectiva, para que valga la certificaci�n.?.-Por otra parte, en las p�ginas siete y siguientes del expediente de primera instancia, se encuentran copias certificadas del primer testimonio de la escritura sesenta mil quinientos uno, de fecha tres de agosto de mil novecientos noventa y dos, levantada ante la fe del notario p�blico n�mero dos del Estado de A., que contiene el poder presentado por J.J.�s E.M.�oz, en su car�cter de presidente del consejo de administraci�n de la persona moral denominada Refaccionaria E. Hermanos, Sociedad An�nima de Capital Variable, en favor de H�ctor M.R., en t�rminos de su cl�usula �nica que establece: ?El se�or J.J.�s E.M.�oz, como presidente del consejo de administraci�n de la sociedad mercantil �Refaccionaria E. Hermanos�, S.A. de C.V., confiere en favor del se�or licenciado H�ctor M.R., poder general, para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cl�usula especial conforme a la ley, en los t�rminos del art�culo dos mil cuatrocientos veintis�is del C�digo Civil vigente en este Estado y de sus dem�s correlativos en otras entidades, quedando facultado el apoderado para presentar denuncias y querellas para desistirse del juicio de amparo.?.-(La anterior transcripci�n es literal).-Adem�s, contrariamente de lo sostenido por la peticionaria de garant�as, tal poder s� contiene los antecedentes en donde se acredita la existencia de la sociedad mercantil mencionada, as� como la facultad del poderdante para conferir la representaci�n legal en favor de la ofendida, toda vez que en el cap�tulo de personalidad se asent�: ?La acredit� el se�or J.J.�s E.M.�oz, con una copia de la escritura constitutiva de la sociedad �Refaccionaria E. Hermanos�, S.A. de C.V., otorgada en esta ciudad, el d�a cinco de agosto de mil novecientos ochenta y uno, por ante la fe del notario n�mero tres, se�or licenciado G.V.R.�rez, bajo acta n�mero cuatrocientos cincuenta y dos, la cual qued� inscrita en el Registro P�blico de la Propiedad en el Estado, bajo el n�mero treinta y siete, del volumen LXIII (sesenta y tres romano), libro n�mero tres, denominado registro de comercio, y que en la parte conducente es como sigue: �... Cl�usulas ... Primera. Los otorgantes de esta escritura constituyen una sociedad an�nima de capital variable ?Refaccionaria E. Hermanos?, Sociedad An�nima de Capital Variable, o de las iniciales S.A. de C.V.-Segunda. La duraci�n de la sociedad ser� de noventa y nueve a�os, contados a partir de la fecha en que sea firmada la presente escritura.-Tercera. El domicilio de la sociedad ser� esta ciudad de A., Ags.-Cuarta. La sociedad tiene por objeto: La compraventa de refacciones, accesorios y equipo agr�colas, industriales y automotrices, lubricantes, llantas, grasas y c�maras y todo acto de comercio permitido por la ley relacionado con su objeto ... Sexta. El capital social m�nimo ser� de dos millones de pesos y debe estar �ntegramente suscrito, el capital social variable ser� ilimitado ... D�cima S�ptima. El presidente del consejo de administraci�n o el administrador, seg�n sea el caso, llevar�n la firma social mancomunada o separadamente con el secretario y podr�n ejecutar todos los actos necesarios para realizar el objeto de la sociedad.-a) Para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cl�usula especial conforme a la ley.-b) Para administraci�n de bienes.-c) Para ejercer actos de dominio.-d) Para otorgar y suscribir t�tulos de cr�dito, en los t�rminos del art�culo noveno de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito ... Vig�sima Tercera. El presidente del consejo de administraci�n o el administrador, seg�n sea el caso, podr�n conferir poderes en nombre de la sociedad, para pleitos y cobranzas ... Transitorias ... Quinta. Por voluntad de los socios, que para el efecto se consideran constituidos en asamblea, se determina que la sociedad sea administrada por un consejo de administraci�n, y para tal efecto nombran: presidente: J.J.�s E.M.�oz ...�.?.-(Esta transcripci�n es literal).-De la lectura de las transcripciones anteriores, se desprende la existencia de la persona moral denominada Refaccionaria E. Hermanos, Sociedad An�nima de Capital Variable, la cual est� representada por J.J.�s E.M.�oz, quien funge como presidente del consejo de administraci�n y est� facultado, entre otras cosas, para conferir poderes para pleitos y cobranzas, y con tal car�cter, otorg� la representaci�n a H�ctor M.R., el cual se querell� en favor de la primera de las aludidas en t�rminos de los art�culos 128 y 134, del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de A..-As� las cosas, no le asiste la raz�n a la peticionaria de garant�as, al mencionar que las copias certificadas del primer testimonio del poder presentado por H�ctor M.R., en su car�cter de representante legal de la persona moral ofendida, no tienen validez, porque el notario no pod�a certificar los antecedentes que acreditaban la existencia legal de la empresa, as� como la facultad de J.J.�s E.M.�oz, en virtud de que esos documentos no constaban en su protocolo, sino en el del fedatario p�blico tres del Estado de A. y que por lo tanto, no se satisfizo el requisito previsto en el art�culo 69 de la Ley del Notariado de esa entidad federativa.-Lo anterior es de esta forma, en virtud de que, si bien es cierto que los datos que se asentaron en el cap�tulo de antecedentes no constaban en el protocolo del notario ante quien se extendi� el poder, lo cierto es que, la documentaci�n en la que aparecen esos indicios, se transcribi� en su parte conducente y se agreg� al ap�ndice, por lo tanto, forma parte del protocolo del profesionista mencionado en primer t�rmino, seg�n lo se�ala el art�culo 27 de la Ley del Notariado para el Estado de A..-En ese orden de ideas, H�ctor M.R. s� estaba facultado legalmente para presentar la querella en nombre y representaci�n de la empresa ofendida, cuenta habida que el poder notarial que exhibi� con cl�usula especial para tal efecto, s� satisface los requisitos previstos por los art�culos 128 y 134 del C�digo de Procedimientos Penales, as� como numerales 27 y 69 de la Ley del Notariado, ambos ordenamientos legales del Estado de A..-Ahora bien, le asiste la raz�n a la quejosa, al afirmar que, no se demostraron los elementos t�picos del delito de abuso de confianza, previsto por la fracci�n I, del art�culo 152 del C�digo Penal para el Estado de A..-En efecto, de conformidad con el precepto legal citado anteriormente, los elementos t�picos del delito de abuso de confianza en estudio son: a) Que una persona disponga para s� o para otro, de una cantidad de dinero, un documento que importe obligaci�n, liberaci�n o transmisi�n de derechos, o de cualquier otra cosa mueble ajena; b) Que de cualquiera de esos objetos, se le haya transmitido la tenencia y no el dominio; y, c) Que ello se realice en perjuicio de alguien.-En el caso, de los elementos de convicci�n rese�ados al principio de este considerando, se advierte que la inculpada J.M.H. se ven�a desempe�ando como auxiliar del departamento de cr�dito y cobranza de la persona moral denominada Refaccionaria E. Hermanos, Sociedad An�nima de Capital Variable, con la funci�n primordial de recibir los cortes del cobro que realizaban los agentes de ventas for�neos y recibir los cheques de los pagos respectivos, para posteriormente report�rselos al encargado de depositarlos en la cuenta bancaria de la negociaci�n.-Asimismo, se demostr� que a principios del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, se detectaron en el escritorio de la quejosa algunos cheques al portador, los que hab�an sido librados por un cliente for�neo, persona que al ser entrevistada en la v�a telef�nica, mencion� que efectivamente hab�a pagado algunas facturas con esos t�tulos de cr�dito.-T.�n se acredit� que, con posterioridad de esos hechos, se hizo una investigaci�n interna, la que dio como resultado el faltante de diversas cantidades de dinero, que fueron aprovechadas por la peticionaria de garant�as.-En el caso, la conducta que se atribuye a la quejosa, no colma los elementos del tipo penal de abuso de confianza por el que fue sentenciada, pues para la configuraci�n de dicho delito es necesario que se transmita al sujeto activo la tenencia de la cosa y que sobre �sta tenga un poder de retenci�n temporal o de disposici�n para un fin determinado.-A su vez, por transmisi�n de la tenencia de la cosa debe entenderse el otorgamiento de la posesi�n derivada, que consiste en dar a quien la recibe un poder distinto del de la mera detentaci�n, de modo que a ra�z de la adquisici�n, el detentante est� legalmente facultado para ejercer sobre el bien un poder de hecho, por haber salido la misma de la esfera jur�dica del due�o, cuya condici�n no se actualiz� en la especie porque la posesi�n del dinero del que dispuso la quejosa, no era derivada sino precaria, pues la negociaci�n mercantil ofendida no le confiri� un poder jur�dico distinto de la mera detentaci�n material, pues no ejerc�a ning�n poder de disposici�n sobre el numerario o valores que recibi� a virtud de la naturaleza de los servicios que prestaba como empleada con el puesto de auxiliar del departamento de cr�dito y cobranza, para la pasivo del delito, y s�lo ten�a encomendada la custodia y vigilancia de los t�tulos de cr�dito a quien se le entregaban en tanto se depositaban en la negociaci�n bancaria, pero siempre vinculada esa tenencia al desempe�o de las funciones que realizaba en cumplimiento de sus obligaciones laborales.-Luego, si la sentenciada a nombre de Refaccionaria E. Hermanos, Sociedad An�nima de Capital Variable, recibi� diversos cheques que deb�a depositar en la instituci�n de cr�dito, pero en vez de hacerlo, dispuso para s� de algunos de esos documentos, la posesi�n de los valores que detent� participa de una naturaleza jur�dica distinta de aqu�lla que se efect�a a virtud de un contrato que transfiere la posesi�n derivada, que da al activo un poder temporal de retenci�n y de disposici�n para un fin determinado, puesto que en el caso, la hoy quejosa estaba obligada a entregar a la empresa ofendida el dinero que cobraba, lo cual implica que �sta no transfer�a el importe de los t�tulos valor recibidos para que dispusiera de ellos con un fin determinado.-Por lo tanto, si los valores recibidos por la peticionaria de garant�as no sal�an de la esfera jur�dica de la ofendida, ya que ten�a la obligaci�n de depositarlos en el banco despu�s de recibidos, es claro que no ten�a sobre el numerario una posesi�n derivada como consecuencia de un acto jur�dico cuyo objeto sea distinto al de la cosa misma, sino como intermediario en el cobro del dinero era un simple poseedor precario, circunstancia esta que impide la configuraci�n del delito de abuso de confianza, por no encontrarse satisfecho uno de sus elementos integrantes de tal il�cito.-Lo anterior es as�, en raz�n a que los cheques no se le entregaron ni los obtuvo la quejosa por la confianza de un contrato que no transfiere el dominio, pues nunca se le transmiti� un poder de disposici�n sobre tales documentos, sino que los recibi� debido a las labores que desempe�aba para la negociaci�n ofendida.-Es de invocar al respecto, la tesis relacionada en �ltimo lugar con la jurisprudencia n�mero 3, publicada en las p�ginas cuatro y siguiente de la Segunda Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, que dice: ?ABUSO DE CONFIANZA, PRESUPUESTO T�CNICO DEL.-El presupuesto t�cnico del abuso de confianza es lo que se conoce como posesi�n derivada, debi�ndose entender como tal la facultad que tiene el poseedor y que da sobre la cosa pose�da un poder distinto al de la mera detentaci�n material. La diferencia entre el poseedor precario y el poseedor derivado radica en que este �ltimo recibe la cosa a virtud de un acto jur�dico que tiene por objeto directo e inmediato la cosa misma; en cambio el precarista la tiene ante su alcance puramente material a virtud de una situaci�n de car�cter jur�dico que no recae directa e inmediatamente sobre el objeto. El dom�stico tiene dentro de su esfera material los �tiles de su trabajo, pero sin que sobre los mismos haya reca�do un acto jur�dico que los tenga como objeto directo inmediato. En igual condici�n se encuentra el dependiente en relaci�n con las mercanc�as que vende a los compradores. Es decir, cuando la cosa mueble est� dentro de la esfera material de una persona como consecuencia de un acto jur�dico cuyo objeto sea distinto al de la cosa en s�, no tendr� una posesi�n derivada sino una posesi�n precaria. El dependiente es un precarista en relaci�n con las mercanc�as porque aun cuando las tenga dentro de su alcance material, ello sucede a virtud del contrato laboral correspondiente; otro tanto sucede con el dom�stico e incluso con el porteador. El hecho de que tanto al dom�stico como al dependiente se les tenga confianza y que a virtud de un acto de car�cter delictivo revele que tal confianza se deposit� partiendo de una base falsa, no significa que la disminuci�n patrimonial que sufre el pasivo entra�a abuso de confianza, sino un delito distinto del orden patrimonial, pero no el de abuso de que se viene hablando. Los empleados de las negociaciones mercantiles encargados �nicamente de recibir el dinero con el que se paga la mercanc�a recibida por los compradores no son poseedores derivados en el sentido t�cnico; si reciben el dinero lo hacen a virtud de la naturaleza de su empleo pero no porque se les d� un poder sobre la cosa.?.-De acuerdo con los elementos de convicci�n mencionados anteriormente, resulta que no est� demostrado que los cheques de los que se apropi� la ahora quejosa, antes de ese evento, hubieran salido de la esfera jur�dica de la empresa mercantil ofendida, habida cuenta que jam�s se le otorg� sobre ellos un poder jur�dico distinto del de la mera detentaci�n material necesaria para el desempe�o de sus labores, que eran propiamente las de depositarlos en el banco en su funci�n de empleada del departamento de cobranza, pero sin que se le hayan dado facultades de administraci�n, ni conferido el poder de disposici�n sobre esos documentos.-Por lo anterior, si a la acusada no se le transmiti� ni ten�a la posesi�n derivada de los cheques, el hecho de haberse apropiado de algunas de las sumas que amparaban, de las cuales �nicamente ten�a la detentaci�n material en su car�cter de empleada, no puede ser constitutivo del delito de abuso de confianza, ya que para ello se necesita tener la posesi�n derivada de una cosa mueble, conforme a la tesis anteriormente transcrita, y por ese motivo, la apropiaci�n de valores como en el caso por parte del empleado, dependiente o dom�stico, pertenecientes a la persona para la cual presten sus servicios, a las que tengan acceso y requieren ser detentadas materialmente para el desempe�o de las obligaciones laborales, no constituye el il�cito mencionado con anterioridad, pues se insiste en que para la comisi�n del mismo, se requiere tener la posesi�n derivada de la cosa de la cual indebidamente se disponga, y en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 814 del C�digo Civil para el Estado de A. ?Cuando en virtud de un acto jur�dico el propietario entrega a otro una cosa, concedi�ndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro t�tulo an�logo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a t�tulo de propietario tiene una posesi�n originaria, el otro, una posesi�n derivada.?.-Por otra parte, el art�culo 816 del mismo ordenamiento legal dispone que: ?Cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa en virtud de la situaci�n de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de esa cosa, y que la retiene en provecho de �ste, en cumplimiento de las �rdenes e instrucciones que de �l ha recibido, no se le considera poseedor.?.-As� las cosas, se infiere que la apropiaci�n indebida de cosas ajenas muebles por parte del empleado, dependiente o dom�stico, tiene caracter�sticas especiales porque la apropiaci�n se lleva a cabo, aprovechando que el activo tiene acceso a la cosa o a su tenencia material, en virtud de la situaci�n de dependencia en que se encuentra o del cumplimiento de las obligaciones que le impone su condici�n, pero precisamente por ese motivo no tiene la posesi�n derivada, y por ello la disposici�n indebida no es constitutiva del delito de abuso de confianza.-En consecuencia, el hecho de que la promovente del amparo haya reconocido ante la ofendida que tom� para s� el monto de algunos de los cheques, a los cuales tuvo acceso en raz�n de su empleo, ya que era su obligaci�n depositarlos en la cuenta bancaria de la ofendida, con lo cual caus� un detrimento en el patrimonio de �sta, aunque tal conducta pudiera considerarse constitutiva de delito, no lo es por el que se le sentenci�, y por no haberlo estimado as� la S. responsable, es claro que viol� garant�as individuales en perjuicio del quejoso, al estimar que se acreditaron los elementos del delito de abuso de confianza.-Es de invocar con respecto a lo anterior, la tesis aprobada por este Tribunal Colegiado el d�a catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis, sustentada al resolver con fecha siete de febrero del a�o en cita, por unanimidad de votos, el amparo directo penal n�mero 70/96, que dice: ?ABUSO DE CONFIANZA, NO SE CONFIGURA TRAT�NDOSE DE COBRADORES, YA QUE POR RAZ�N DEL DESEMPE�O DE SUS FUNCIONES S�LO TIENEN LA DETENCI�N PRECARIA SOBRE LAS CANTIDADES COBRADAS A NOMBRE DE LA NEGOCIACI�N PARA LA CUAL PRESTAN SUS SERVICIOS.-Las personas que con motivo del desempe�o de sus funciones laborales realizan cobros a los deudores de la negociaci�n para la cual prestan sus servicios, son unos simples detentadores precarios de los valores recibidos, puesto que �stos no salen de la esfera jur�dica del due�o, si se les ha impuesto la obligaci�n de entregarlos en un tiempo determinado; por lo cual no puede considerarse que se les haya transmitido la posesi�n derivada de los valores, por no hab�rseles otorgado sobre los mismos un poder jur�dico distinto del de la simple tenencia material o detentaci�n. De tal manera que si el agente cobrador dispone del dinero que recibi� en raz�n de la naturaleza de su empleo, del que s�lo ten�a encomendada la custodia y vigilancia y sobre el cual no ten�a un poder jur�dico diverso al de la simple detentaci�n material, por no hab�rsele transmitido la posesi�n derivada ni conferido un poder de disposici�n para ejercerlo a su libre albedr�o, ya que �nicamente ten�a una posesi�n precaria, el detrimento patrimonial que sufre la parte patronal, no actualiza el delito de abuso de confianza, sino en todo caso un diverso il�cito.?.-El criterio anterior, tambi�n ha sido sustentado por este Tribunal Colegiado en los casos que se mencionar�n a continuaci�n: Amparo directo penal 422/95, resuelto en sesi�n de cinco de julio de mil novecientos noventa y cinco.-Amparo directo penal 70/96, visto en la sesi�n de catorce febrero de mil novecientos noventa y seis.-Amparos directos penales 116/96y 121/96, fallados el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y seis.-En conclusi�n, toda vez que los conceptos de violaci�n resultaron parcialmente fundados, lo procedente es conceder la protecci�n constitucional solicitada por J.M.H., para el efecto de que la S. responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, resuelva que no se acreditaron los elementos t�picos del delito de abuso de confianza, por el que fue procesada dicha persona."

QUINTO

Por raz�n de m�todo, debe advertirse en principio, si en el caso existe contradicci�n de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito.

En efecto, del an�lisis del criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 281/95, promovido por J.O.R.�os Z., se desprende que dicho �rgano colegiado estim� que las personas que prestan sus servicios como cobradores al disponer de las cantidades que reciben en pago de los deudores del patr�n a quien prestan sus servicios cometen el delito de abuso de confianza, porque disponen para s� de una cosa mueble ajena del cual se les ha transmitido la tenencia y no el dominio.

En cambio, el Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito al resolver los amparos directos n�meros 422/95, 70/96, 116/96, 121/96 y 270/96, sostiene que dichas personas (cobradores) tienen la posesi�n precaria del dinero que les ha sido entregado por los clientes del patr�n, por tanto, si disponen del mismo no cometen el delito de abuso de confianza, puesto para ello es preciso que el activo tenga la posesi�n derivada de la cosa y no s�lo la detentaci�n material.

En tales condiciones, cabe concluir que s� existe contradicci�n de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito, respecto a un mismo problema jur�dico, pues mientras que el primer �rgano colegiado sostiene que los cobradores al disponer de las cantidades que tienen a su alcance material cometen el il�cito de abuso de confianza; el segundo, argumenta lo contrario, esto es, que no se configura dicho delito porque la posesi�n que tienen las personas que prestan sus servicios como cobradores, es solamente precaria y para que se configure dicho delito la posesi�n debe ser derivada, ya que de no ser as� no se colma el requisito transmisi�n de la tenencia que prev� la hip�tesis normativa.

Ahora bien, resulta pertinente indicar que no impide la resoluci�n de esta contradicci�n de criterios, el que en el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, se contenga en una ejecutoria dictada en el amparo en revisi�n, y el sostenido por el Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito se contenga en amparos directos se hubiese reflejado en la tesis jurisprudencial que aparece publicada en la p�gina 453, del T.I.I, mayo de mil novecientos noventa seis, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, bajo el rubro: "ABUSO DE CONFIANZA. NO SE CONFIGURA TRAT�NDOSE DE COBRADORES YA QUE POR RAZ�N DEL DESEMPE�O DE SUS FUNCIONES S�LO TIENEN LA DETENTACI�N PRECARIA SOBRE LAS CANTIDADES COBRADAS A NOMBRE DE LA NEGOCIACI�N PARA LA CUAL PRESTAN SUS SERVICIOS." puesto que el vocablo "tesis" que se emplea en los art�culos 197 y 197-A de la Ley de Amparo, debe entenderse en sentido amplio, como la expresi�n de un criterio respecto de un tema determinado, por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos de su competencia, sin que sea necesario que el criterio sustentado en una sentencia deba exponerse de manera formal, mediante una redacci�n especial, con un rubro, un texto y datos de identificaci�n del asunto en el que se sustent�, esto es, mediante la publicaci�n de una tesis, ni tampoco que deba constituir jurisprudencia obligatoria, conforme a los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Constituci�n ni la ley reglamentaria correspondiente, exigen esos requisitos, por lo que basta con que se acredite que las resoluciones materia de la contradicci�n contienen criterios opuestos sobre una misma cuesti�n jur�dica.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tribunal Pleno, visible en la p�gina 69 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.I., correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, que expresa:

CONTRADICCI�N DE TESIS, PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS.-Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado, por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, y datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo, ni menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/93, publicada en la p�gina 41, del Tomo XII, diciembre, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n que a la letra dice:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA SU RESOLUCI�N NO ES NECESARIO QUE �STAS TENGAN EL CAR�CTER DE JURISPRUDENCIA.-El procedimiento para dirimir contradicciones de tesis no tiene como presupuesto necesario el que los criterios que se estiman opuestos tengan el car�cter de jurisprudencia, pues los art�culos 107, fracci�n XIII de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo no lo establecen as�."

Igualmente es aplicable la tesis P.L., visible a foja 35 de la Gaceta n�mero 83, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo rubro es: "CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA SU INTEGRACI�N NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.".

SEXTO

Esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio que se define en esta resoluci�n, por esta misma S., atentas las siguientes consideraciones:

Para tal efecto, se impone transcribir los art�culos conducentes de los C�digos Penales para los Estados de S.L.P.� y A. que tipifican este delito para las respectivas entidades federativas y que son los preceptos en que se apoyaron los �rganos colegiados de criterios divergentes.

El art�culo 385 del C�digo Penal para el Estado de S.L.P.� que fue invocado en el amparo en revisi�n 281/95, promovido por J.O.R.�os Z., establece:

Art�culo 385. Comete este delito quien con perjuicio de alguien dispone para s� o para otro de cualquier cosa mueble, ajena, de la que se le ha transferido la tenencia y no el dominio.

El art�culo 390 del C�digo Penal del Estado de A. invocado en los amparos directos 422/95, 70/96, 116/96, 121/96, es de este tenor:

Art�culo 390. Al que con perjuicio de alguien, disponga para s� o para otro, de una cantidad de dinero, de un documento que importe obligaci�n, liberaci�n o transmisi�n de derechos, o de cualquier otra cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le sancionar� con prisi�n hasta de un a�o, y de diez a cien d�as multa, cuando el monto del abuso no exceda de doscientas veces el salario m�nimo general vigente en la regi�n. Si excede de esa cantidad pero no de dos mil, la prisi�n ser� de uno a seis a�os y de cien hasta ciento cincuenta d�as de multa. Si el monto es mayor de dos mil veces el salario, la prisi�n ser� de seis a doce a�os y de ciento cincuenta a doscientos d�as de multa.

Por su parte, el numeral 152, fracci�n I, del C�digo Penal vigente del Estado de A. que fue en el que se apoy� el Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito en el amparo directo 270/96, dispone:

Art�culo 152. El abuso de confianza consiste en: I.D. para s� o para otro, con perjuicio de alguien, de una cantidad de dinero, de un documento que importe obligaci�n, liberaci�n o transmisi�n de derechos, o de cualquier otra cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio.

Como se desprende del contenido de los preceptos transcritos, aunque existen ciertas diferencias, en cuanto a su redacci�n, pues el segundo y tercero son m�s casu�sticos y alternativos que el primero, ello no impide la resoluci�n de la presente contradicci�n de tesis, pues en dichos preceptos subsiste el tipo b�sico del il�cito de abuso de confianza, m�xime si se toma en cuenta que sobre la tem�tica en contradicci�n existe coincidencia en los preceptos, pues el punto toral de la divergencia de criterios versa sobre la transmisi�n o transferencia de la tenencia de la cosa, que como elemento constitutivo del tipo de abuso de confianza se contiene en esos preceptos, punto del cual los tribunales contendientes sostienen puntos de vista distintos.

Esto es as�, pues en el primer precepto los elementos constitutivos del il�cito de abuso de confianza son:

  1. Que el activo disponga para s� o para otro de una cosa ajena mueble;

  2. Que al agente se le haya transferido la tenencia y no el dominio; y

  3. Que la disposici�n se haga con perjuicio de alguien.

    Por su parte, en el segundo y tercer preceptos los elementos son:

  4. Que el activo disponga para s� o para otro de una cantidad de dinero, o documento que importe, obligaci�n, liberaci�n o transmisi�n de derecho o de cualquier otra cosa ajena mueble;

  5. Que al agente se le haya transmitido la tenencia y no el dominio; y

  6. Que la disposici�n se haga con perjuicio de alguien.

    De lo que se obtiene que en dichos preceptos se contiene como elemento del il�cito en estudio la transmisi�n o transferencia de la cosa en su tenencia y no el dominio, punto sobre el que versar� el presente estudio, toda vez que es dicho t�pico (en cuanto a su interpretaci�n) en que difieren los Tribunales Colegiados ya citados.

    As� las cosas, resulta pertinente desentra�ar qu� debe entenderse por la expresi�n transmisi�n o transferencia de la tenencia que como elemento constitutivo del abuso de confianza se advierte en dichos preceptos.

    El vocablo transmisi�n, significa transferir, ceder, enajenar, lo que quiere decir que la transmisi�n de la tenencia a que se refiere el il�cito de abuso de confianza como presupuesto implica transferir material y f�sicamente una cosa bajo cualquier t�tulo permitido por la ley, por virtud del cual quien la transmite se desliga jur�dicamente de su posesi�n y del poder de hecho que tiene sobre la misma, para otorg�rsele al que la recibe, quien a consecuencia adquiere su tenencia aut�noma e independientemente del transmisor (posesi�n derivada). Lo que quiere decir que no cualquier tipo de posesi�n da lugar al delito de abuso de confianza sino aquella en la que transfiere la cosa misma y no su dominio.

    Esto es para que se d� la disposici�n de la cosa ajena, es indispensable que el sujeto activo tenga la posesi�n de la cosa de manera legal, mediante un acto jur�dico de quien se la transmiti�, acto en el que debe ser objeto la cosa misma, lo que quiere decir que faltar� el elemento t�pico de la transmisi�n de la tenencia, cuando no exista la transferencia de la cosa, es decir cuando no ha salido de la esfera de custodia del due�o, como puede suceder cuando se tiene la cosa, en virtud de un acto jur�dico cuyo objeto no ha sido la cosa misma, verbigracia una relaci�n de trabajo, pues con motivo de este acto, s�lo se tiene la cosa al alcance material en virtud de una situaci�n de car�cter jur�dico que no recae directa e inmediata sobre el objeto.

    Sobre este particular resulta pertinente invocar el criterio sustentado por la anterior Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicado en la p�ginas cuatro y cinco, Segunda Parte, S. y Tesis Comunes, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, que dice:

    ABUSO DE CONFIANZA. PRESUPUESTO T�CNICO DEL.-El presupuesto t�cnico del abuso de confianza es lo que se conoce como posesi�n derivada, debi�ndose entender como tal la facultad que tiene el poseedor y que da sobre la cosa pose�da un poder distinto al de la mera detentaci�n material. La diferencia entre el poseedor precario y el poseedor derivado radica en que este �ltimo recibe la cosa a virtud de un acto jur�dico que tiene por objeto directo e inmediato la cosa misma; en cambio el precarista la tiene ante su alcance puramente material a virtud de una situaci�n de car�cter jur�dico que no recae directa e inmediatamente sobre el objeto. El dom�stico tiene dentro de su esfera material los �tiles de su trabajo, pero sin que sobre los mismos haya reca�do un acto jur�dico que los tenga como objeto directo inmediato. En igual condici�n se encuentra el dependiente en relaci�n con las mercanc�as que vende a los compradores. Es decir, cuando la cosa mueble est� dentro de la esfera material de una persona como consecuencia de un acto jur�dico cuyo objeto sea distinto al de la cosa en s�, no tendr� una posesi�n derivada sino una posesi�n precaria. El dependiente es un precarista en relaci�n con las mercanc�as porque aun cuando las tenga dentro de su alcance material, ello sucede a virtud del contrato laboral correspondiente; otro tanto sucede con el dom�stico e incluso con el porteador. El hecho de que tanto al dom�stico como al dependiente se les tenga confianza y que a virtud de un acto de car�cter delictivo revele que tal confianza se deposit� partiendo de una base falsa, no significa que la disminuci�n patrimonial que sufre el pasivo entra�a abuso de confianza, sino un delito distinto del orden patrimonial, pero no el de abuso de que se viene hablando. Los empleados de las negociaciones mercantiles encargados �nicamente de recibir el dinero con el que se paga la mercanc�a recibida por los compradores no son poseedores derivados en el sentido t�cnico; si reciben el dinero lo hacen a virtud de la naturaleza de su empleo pero no porque se les d� un poder sobre la cosa.

    Cabe precisar que, la tesis que se invoc�, se origin� con motivo de la resoluci�n del amparo directo n�mero 3884/80, resuelto por la anterior Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el dos de octubre de mil novecientos ochenta, por unanimidad de cinco votos, en el que el quejoso lo fue J.�nimo N.A. y que en la parte considerativa dice:

    V. Es una cuesti�n previa al problema de la prueba de la responsabilidad del quejoso, el relativo a si hubo o no la comprobaci�n de la distracci�n de dinero dentro del supuesto del abuso de confianza. Ya se ha visto com�n la responsable afirma que J.�nimo N. ten�a en su poder ?esa cosa ajena mueble, como simple tenencia material y no jur�dica.?. No dice por qu� califica la tenencia en cuesti�n como tan s�lo material y no jur�dica, y vale decir que la sola tenencia material de un objeto no entra�a el supuesto del abuso de confianza: el dependiente tiene dentro de su esfera material la mercanc�a, y si la lleva consigo comport�ndose como si fuera due�o no comete abuso de confianza sino robo; otro tanto puede decirse del dom�stico y se puede continuar la ejemplificaci�n, pero no resulta ello necesario.-El presupuesto t�cnico del abuso de confianza es lo que se conoce como posesi�n derivada, debi�ndose entender como tal la facultad que tiene el poseedor y que da sobre la cosa pose�da un poder distinto al de la mera detentaci�n material. La diferencia entre el poseedor precario y el poseedor derivado radica en que este �ltimo recibe la cosa a virtud de un acto jur�dico que tiene por objeto directo e inmediato la cosa misma; en cambio el precarista la tiene ante su alcance puramente material a virtud de una situaci�n de car�cter jur�dico que no recae directa e inmediatamente sobre el objeto. El dom�stico tiene dentro de su esfera material los �tiles de su trabajo, pero sin que sobre los mismos haya reca�do un acto jur�dico que los tenga como objeto directo inmediato. En igual condici�n se encuentra el dependiente en relaci�n con las mercanc�as que vende a los compradores. Es decir, cuando la cosa mueble est� dentro de la esfera material de una persona como consecuencia de un acto jur�dico cuyo objeto sea distinto al de la cosa en s�, no tendr� una posesi�n derivada sino una posesi�n precaria. El dependiente es un precarista en relaci�n con las mercanc�as porque aun cuando las tenga dentro de su alcance material, ello sucede a virtud del contrato laboral correspondiente; otro tanto sucede con el dom�stico e incluso con el porteador. El hecho de que tanto al dom�stico como al dependiente se le tenga confianza y que a virtud de un acto de car�cter delictivo revele que tal confianza se deposit� partiendo de una base falsa, no significa que la disminuci�n patrimonial que sufre el pasivo entra�a abuso de confianza sino un delito distinto del orden patrimonial pero no el de abuso de que se viene hablando. Los empleados de las negociaciones mercantiles encargados �nicamente de recibir el dinero con el que se paga la mercanc�a recibida por los compradores no son poseedores derivados en el sentido t�cnico, si reciben el dinero lo hacen a virtud de la naturaleza de su empleo pero no porque se les d� un poder sobre la cosa.-En las condiciones ya se�aladas resulta que el quejoso J.�nimo N. ten�a el puesto de ?cajero recolector?, pero desde el punto de vista t�cnico su funci�n era de mero porteador; llegaba a su esfera material el dinero y los documentos por la naturaleza del empleo que ten�a en la misma forma que llegan a cualquier porteador, pero no ten�a poder sobre las cosas que recib�a; su posesi�n era precaria, puramente material entendiendo por tal el que ten�a las cosas dentro de su esfera, pero nada m�s. Es por lo anterior y por motivos de orden puramente t�cnico, que sin necesidad de entrar al problema de valoraci�n de la prueba en lo relativo a que si se demostr� o no la distracci�n, deber� concederse la protecci�n constitucional, pues haya o no habido la distracci�n, si la hubo entendida como apropiaci�n de la cosa, tal conducta no pod�a entra�ar el caracter�stico cambio en la finalidad jur�dica a que se reluce la distracci�n, precisamente porque en el abuso de confianza se da un poder sobre la cosa afect�ndola a una finalidad espec�fica y al apropi�rsela el poseedor derivado cambia dicha finalidad y comete abuso de confianza, pero el precarista no puede cometer tal figura por las razones ya ampliamente se�aladas.

    Semejante aseveraci�n hace, F.P.�n V., en su Diccionario de Derecho Penal, Editorial Porr�a, primera edici�n, p�ginas veintinueve, treinta, treinta y uno y treinta y dos, en torno al delito de abuso de confianza en el que dice:

    Abuso de confianza. En t�rminos generales por abuso de confianza, desde un punto de vista penal, debe entenderse la disposici�n il�cita de cosa ajena mueble, con �nimo de dominio por quien la ha recibido de otro en posesi�n a virtud de un acto jur�dico.-Ahora bien, �qu�debemos entender por tenencia de la cosa ajena mueble? Tenencia y posesi�n son, hemos dicho en el pasado, en cierto sentido t�rminos sin�nimos, aunque nos parece que el segundo tiene un alcance jur�dico mayor, a cuyo efecto recordemos el contenido de los art�culos 790, 791, 793 y 798 del C�digo Civil del Distrito Federal, ya que el primero declara que ?Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho salvo lo dispuesto en el art�culo 793. Posee un derecho el que goza de �l.?; el segundo precepto citado expresa: ?Cuando por virtud de un acto jur�dico el propietario entrega a otro una cosa, concedi�ndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro t�tulo an�logo, los dos son poseedores de la cosa. El que posee a t�tulo de due�o tiene una posesi�n originaria; el otro, una posesi�n derivada.?. El art. 793 niega el car�cter de poseedor a la persona que tiene en su poder una cosa a virtud de una situaci�n de dependencia con el propietario de ella y la retenci�n la verifica en provecho de �ste y en cumplimiento de �rdenes o instrucciones que de �l ha recibido, en tanto el art. 798 declara: ?La posesi�n da al que la tiene, la presunci�n de propietario para todos los efectos legales. El que posee en virtud de un derecho personal, o de un derecho real distinto de la propiedad, no se presume propietario; pero si es poseedor de buena fe tiene a su favor la presunci�n de haber obtenido la posesi�n del due�o de la cosa o derecho pose�do.?. Advertimos del contenido de las disposiciones anteriores que existen dos clases de posesi�n: la originaria y la derivada, y es a la �ltima a la que se refiere la ley penal con la expresi�n ?tenencia?, dado que el poseedor precario recibe del due�o el derecho de retener la cosa temporalmente pero no puede ejercer con relaci�n a ella ning�n acto de dominio. La ley penal en el art�culo 382 contiene, pues, un presupuesto material del hecho, que se identifica en la tenencia previa de la cosa de la cual se dispone il�citamente, y con ella se est� aludiendo, sin duda, a la posesi�n derivada, raz�n que justifica la afirmaci�n del car�cter sin�nimo entre ambos t�rminos: tenencia y posesi�n.-La precisi�n del significado de tenencia tiene fundamental importancia para resolver gran cantidad de casos pr�cticos, pues no obstante que se puede tener cierto acceso o poder sobre la cosa, ello no significa necesariamente tener la posesi�n de ella, debi�ndose distinguir con claridad el acto de entrega de la cosa del de la entrega de su custodia. Como bien dice S., se trata de cuestiones distintas, ya que existe custodia sobre la cosa cuando, a virtud de circunstancias diversas, como lo son la naturaleza de la relaci�n entre sujeto activo y pasivo, forma de trabajo, etc., una persona no s�lo maneja la cosa, sino que lo hace con un grado de autonom�a expresamente concedido (Derecho Penal Argentino, IV, pp. 414-415, T.�fica Editora Argentina, primera reimpresi�n, Buenos Aires, 1951). No debe consecuentemente confundirse la detentaci�n de la cosa con la posesi�n que el agente tenga sobre ella, como presupuesto necesario para que se d� la disposici�n il�cita constitutiva del abuso de confianza. Ello significa que la entrega material de la cosa no supone necesariamente trasladar la posesi�n de la misma. El anterior punto de vista -dijimos hace muchos ayeres- es correcto, puesto de relieve por la doctrina ?al se�alarse que la detentaci�n sobre la cosa integrar�a una verdadera posesi�n cuando resulte apta para establecer una vinculaci�n jur�dica entre el poseedor y la cosa, rompiendo la relaci�n de custodia y de vigilancia del due�o sobre ella. Por tanto, no habr� posesi�n y consiguientemente no podr� hablarse de transmisi�n de la tenencia de la cosa, mientras �sta se mantenga dentro de la esfera de poder del due�o, ya por estar bajo su custodia directa o ejercida a trav�s de un tercero, bajo su vigilancia, o bien en su esfera de actividad, sin que el acceso a la misma por parte del agente signifique renuncia del propietario al poder de hecho y de derecho que como due�o tiene sobre la misma. De lo anterior se desprende la importancia que tiene precisar el alcance de tales conceptos. Podemos decir que la custodia equivale a la posesi�n misma, por ser la expresi�n m�s leg�tima del poder de hecho y de derecho que el titular tiene sobre la cosa, pero como dicha custodia se puede manifestar en formas diversas resulta conveniente, en cada caso, examinar cuidadosamente la relaci�n surgida entre la cosa y el agente; en otras palabras, el titular puede en ocasiones, sin renunciar a la custodia de la cosa, entregar �sta a otra persona, por lo que el acto de entrega requiere como primer requisito, para integrar el presupuesto del abuso de confianza, la renuncia a la custodia y vigilancia de la cosa.?.-Sujeto activo del delito, se aprecia, ser� quien realiza el acto de disposici�n de la cosa, esto es, el poseedor derivado, el que ha recibido la tenencia de ella con el compromiso incumplido de devolverla, en tanto el pasivo es la persona que sufre el perjuicio patrimonial consecuencia de la conducta abusiva, la que no necesariamente se identifica con el due�o de la cosa, ya que puede ser el arrendatario, usufructuario, usuario, etc.-El acto de entrega de la cosa resulta esencial para precisar la naturaleza t�pica del acto de disposici�n, por lo que el juzgador debe estudiar primeramente y precisar cu�l fue el t�tulo traslativo que dio base a la entrega y consiguientemente al de la recepci�n de la cosa ajena. Entre nuestros penalistas, S.G. destaca la importancia que en tal punto tienen los contratos no transmisivos de la propiedad pero que otorgan, a quien no es su propietario, el se�or�o sobre la cosa, as� como los dem�s actos jur�dicos que llevan a este fin, con la obligaci�n de restituci�n o de uso determinado, en cuanto el conocimiento del t�tulo jur�dico de la posesi�n derivada es relevante para apreciar, si en efecto, el sujeto activo ten�a la cosa a resultas de un acto jur�dico o contrato transmisivo de la posesi�n derivada; o bien, si su posesi�n es de tal naturaleza, que su actividad no pueda ser constitutiva del delito de abuso de confianza.

    Por todo lo anterior debe concluirse que, la posesi�n que requiere el delito de abuso de confianza es aquella que se conoce como derivada.

    As� las cosas, los cobradores entendidos en nuestro medio como aquellas personas que tienen como funci�n principal la de realizar los cobros a los deudores del establecimiento, negocio o empresa para el que prestan sus servicios, el dinero que cobran, lo tienen a su alcance generalmente en virtud de la relaci�n de trabajo que tienen con el due�o de dichos establecimientos, por ello el numerario llega a su esfera material por la naturaleza de su empleo y si bien pueden tener acceso a la cosa con cierta autonom�a de su due�o o de quien puede disponer de ella, esto lo es sin haber sido transmitido la tenencia de la cosa, ni su custodia porque como ya se dijo en la transmisi�n, el objeto es la cosa misma y los cobradores, �nicamente tienen a su alcance el numerario por la relaci�n laboral que tienen con el due�o de la empresa o negociaci�n, esto es una posesi�n precaria, entendiendo como tal la que se tiene en el �mbito material, pero sin tener poder sobre la cosa que se recibi�, de ah� que si disponen del mismo, se configura diverso delito mas no as� el de abuso de confianza, pues para ello es indispensable que mediante un acto jur�dico se le transmita de modo directo la tenencia de la cosa, lo que no sucede en la especie, si se toma en cuenta adem�s que el cobrador recibe la cosa de un tercero, con la obligaci�n de entregarlo al que pueda disponer de �l.

    En otras palabras, para que se pueda configurar el delito de abuso de confianza en trat�ndose de cobradores se requiere que la posesi�n de la cosa sea derivada, esto porque la transmisi�n debe realizarse bajo cualquier t�tulo permitido por la ley, es decir el titular de la cosa debe entreg�rsela al pasivo transmitiendo o transfiriendo la tenencia mas no el dominio, situaci�n hipot�tica que no se configura con las personas denominadas cobradores ya que la detentaci�n del numerario que tienen es s�lo precaria, pues no salen de la esfera legal del titular del negocio o empresa, pues no se les ha otorgado un poder jur�dico a trav�s de un acto que tenga por objeto la cosa misma, por lo que no puede estimarse que la disposici�n del dinero que tienen en su poder pueda configurar el il�cito de abuso de confianza, porque en este delito se da un poder sobre la cosa afect�ndola a una finalidad espec�fica y al apropi�rsela el poseedor derivado cambia dicha finalidad.

    En consecuencia debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera S., en los siguientes t�rminos:

    ABUSO DE CONFIANZA. NO SE INTEGRA EL DELITO DE. EN TRAT�NDOSE DE COBRADORES. PORQUE NO TIENEN LA POSESI�N DERIVADA DE LA COSA, SINO S�LO PRECARIA.-El presupuesto b�sico del delito abuso de confianza, consiste en la disposici�n que hace el sujeto activo para s� o para otro, de una cosa mueble ajena, misma de la que se le ha transmitido la tenencia y no el dominio en perjuicio del pasivo. Ahora bien, el alcance del vocablo transmisi�n, implica una transferencia de derechos, lo que quiere decir que la transmisi�n de la tenencia a que se refiere el il�cito de abuso de confianza como presupuesto lo es, que la cosa se traslade material y f�sicamente bajo cualquier t�tulo permitido por la ley, por virtud del cual quien la transmite se desliga jur�dicamente de su posesi�n y del poder de hecho que ten�a sobre la misma, para otorg�rsele al que la recibe, quien a consecuencia adquiere su tenencia aut�noma e independientemente del transmisor (posesi�n derivada). Lo que quiere decir que no cualquier tipo de posesi�n da lugar al delito de abuso de confianza sino la derivada, esto es aquella en el que se transfiere la cosa misma. En el caso espec�fico, los cobradores entendidos en nuestro medio como aquellas personas que tienen como funci�n principal la de realizar los cobros a los deudores del establecimiento, negocio o empresa para el que prestan sus servicios, el dinero que ellos poseen, lo tienen a su alcance en virtud de su relaci�n de trabajo, esto es, el numerario llega a su esfera material por la naturaleza de su empleo y aun cuando puedan tener acceso a la cosa con cierta autonom�a de su due�o o de quien puede disponer de ella, ello es, sin haber sido transmitida la tenencia de la cosa, ni su custodia ya que �nicamente tienen a su alcance el numerario por el v�nculo laboral que tienen con el due�o de la empresa o negociaci�n, de ah� que si disponen del mismo, se configura diverso delito mas no as� el de abuso de confianza.

    Por lo antes expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y Tribunal Colegiado del Vig�simo Tercer Circuito al resolver los asuntos anteriormente identificados.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera S., que aparece en la parte final del �ltimo considerando de esta ejecutoria.

TERCERO

Rem�tase el texto de la tesis jurisprudencial a que se refiere el resolutivo anterior al Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta para su publicaci�n, as� como a los �rganos jurisdiccionales que menciona la fracci�n III del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; y en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C., J.� de J.�s G.�o P., J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente H.R.P. (ponente).