Ejecutoria num. 1a./J. 24/98 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828981

Ejecutoria num. 1a./J. 24/98 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 24/98
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 1998
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EL TRIBUNAL DE ALZADA NO PUEDE ANALIZAR DE OFICIO LA PROCEDENCIA DEL RECURSO QUE SE INTERPONE EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, SI CON ANTERIORIDAD LO HABÍA ADMITIDO CONFIRMANDO EL GRADO Y EL AUTO RELATIVO NO FUE COMBATIDO POR NINGÚN MEDIO ORDINARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA Y SIMILARES).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 18/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL D�CIMO SEGUNDO CIRCUITO.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera S. de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS para resolver, los autos de la probable contradicci�n de criterios entre los sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos del D�cimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatl�n, Sinaloa, al resolver respectivamente los juicios de amparo directo n�meros 533/93 y 38/94; denunciada por J.R.�l G.L.M., en su car�cter de apoderado de J.� de Jes�s O.V., parte interveniente en el primero de los juicios mencionados; y

RESULTANDO:

PRIMERO

Mediante escrito de fecha primero de julio de mil novecientos noventa y cuatro, recibido en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n el d�a seis siguiente; J.R.�l G.L.M., apoderado de J.� de Jes�s O.V., parte interveniente en uno de los juicios involucrados, denunci� la probable contradicci�n de criterios sustentados entre el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos del D�cimo Segundo Circuito, en los t�rminos siguientes:

... I. Los actos reclamados que motivaron los juicios de amparo directo en materia civil 533/93 y 38/94, de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del XII Circuito, respectivamente, consistieron esencialmente en que la S. responsable hab�a dictado un auto declarando inapelable la sentencia de primera instancia, hab�an (sic) transcurrido casi tres meses de haber expresado los agravios y solicitado el informe en estrados del apelante.-II. El Primer Tribunal Colegiado resolvi� el amparo 533/93 el d�a 4 de mayo de 1994, negando el amparo y sosteniendo el criterio de que ?no hay derecho procesal adquirido, ya que ser�a il�gico modificar la verdad legal declarada mediante un recurso mal admitido, siendo por tanto v�lido que el examen de la procedencia del recurso, adem�s de que se haga de oficio, puede hacerse en cualquier etapa del procedimiento de segunda instancia, para evitar la continuaci�n de un procedimiento ilegal.?.-III. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado resolvi� el amparo 38/94 el d�a 2 de junio de 1994 concediendo el amparo y sosteniendo el criterio de que ?el inconforme hab�a adquirido un derecho procesal para que se entrara al estudio del fondo del negocio, de ah� que no le era dable a la responsable, aun esgrimiendo nuevos razonamientos, volver sobre la primera decisi�n, puesto que ello implica en el fondo una nueva revisi�n de propia autoridad al margen de la actividad propia de las partes, desarrollada mediante el uso de las defensas legales.?.-IV. Como lo podr� apreciar esta H. Suprema C.e, son contradictorias las tesis mencionadas, pues el Primer Tribunal sostiene que no hay derecho procesal adquirido y el Segundo Tribunal sostiene que s� lo hubo y ante ello, por contradecirse ambos tribunales es por lo que acudo para que diluciden cu�l es la que debe prevalecer y quede sentada como jurisprudencia, si as� fuere procedente.-V. Mi legitimaci�n para promover esta denuncia dimana de mi car�cter de apoderado del quejoso del amparo directo civil 533/93, promovido ante el Primer Tribunal hoy denunciado.-Por lo anterior, pido: Primero. Se me reconozca la legitimaci�n para promover esta denuncia y se admita, se pidan los autos originales de los juicios de amparo involucrados y, previa vista al procurador de la Rep�blica, dentro de 3 meses dicte resoluci�n.-Segundo. Se autorice mi domicilio en Culiac�n, Sinaloa, impreso en el membrete ...

SEGUNDO

El entonces Ministro presidente de la Tercera S. de esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, en auto de nueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro orden� formar y registrar con el n�mero 18/94 el expediente relativo, as� como requerir a los Tribunales Colegiados remitieran copia certificada de las sentencias en las que sustentaron sus criterios.

Por oficios 3056 y 4189, recibidos respectivamente el veinticinco y veintinueve de agosto del mismo a�o en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este M�ximo Cuerpo Colegiado del pa�s, los �rganos jurisdiccionales federales requeridos enviaron copia certificada de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo directo n�meros 38/94 y 533/93; en esa virtud, por prove�do dictado el primero de septiembre siguiente, la Presidencia de la S. en cita tuvo por integrado el expediente; mand� dar vista al procurador general de la Rep�blica -quien omiti� expresar su parecer-; y turn� los autos a la ponencia del Ministro Diego Valad�s.

Con motivo de la nueva integraci�n de este M�ximo Cuerpo Colegiado del pa�s, por auto de Presidencia de esta Primera S. de fecha quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco, el presente asunto se return� a la ponencia del se�or M.J.V.C. y C..

El presente asunto fue listado y aplazado en sesiones de esta S. de fechas once de febrero y cuatro de marzo del presente a�o.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

De conformidad con lo previsto por los art�culos 107 fracci�n XIII de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21 fracci�n VIII de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, esta Primera S. de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, es competente para conocer de la probable contradicci�n de tesis a que este toca se refiere; toda vez que en ella dos Tribunales Colegiados de Circuito sostienen criterios diferentes respecto de un planteamiento jur�dico relacionado con la materia civil.

SEGUNDO

Previo al an�lisis de la cuesti�n de fondo, resulta pertinente, en primer t�rmino, determinar si la presente denuncia de probable contradicci�n de criterios fue hecha valer por parte leg�tima; y en segundo, si en la especie se actualizan o no los presupuestos para la procedencia de una controversia de tal naturaleza para, en su caso, estar en aptitud de establecer qu� criterio debe prevalecer con el car�cter de tesis de jurisprudencia.

Para tales efectos, es menester tomar en consideraci�n lo dispuesto por los art�culos 107 fracci�n XIII de la Constituci�n General de la Rep�blica y 197-A de la Ley de Amparo, los que respectivamente expresan:

"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema C.e de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema C.e de Justicia, a fin de que el Pleno o la S. respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las S.s de la Suprema C.e de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas S., el procurador general de la Rep�blica o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema C.e de Justicia, que funcionando en Pleno decidir� cu�l tesis debe prevalecer.

"La resoluci�n que pronuncien las S.s o el Pleno de la Suprema C.e en los casos a que se refieren los dos p�rrafos anteriores, s�lo tendr� el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicci�n."

"Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema C.e de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema C.e de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as.

"La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

La Suprema C.e deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.

De la interpretaci�n arm�nica de las transcripciones precedentes, se puede concluir en primer orden, que la denuncia de probable contradicci�n de criterios a que este toca se refiere proviene de parte leg�tima, toda vez que la formula el apoderado de quien fue parte interveniente en uno de los juicios en los que se sustentaron los criterios aparentemente contrapuestos, haci�ndolo en los t�rminos que quedaron anotados en el primer resultando de esta resoluci�n.

Lo anterior se estima as�, atento a que de actuaciones se desprende que el hoy denunciante tuvo el car�cter de apoderado de la parte quejosa J.� de Jes�s O.V., en el juicio de amparo directo n�mero 533/93.

En segundo orden, se logra advertir que para la existencia de un conflicto de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Primera S. de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, el que tendr� por objeto decidir qu� tesis debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, deben concurrir los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes.

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En el caso espec�fico se cumple con los requisitos mencionados; lo que conduce a determinar que s� existe contradicci�n de criterios, entre los sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del D�cimo Segundo Circuito.

Para llegar a la anterior determinaci�n, conviene destacar el sentido de los razonamientos jur�dicos sustentados por ambos �rganos jurisdiccionales federales, dentro de las resoluciones que dieron origen a los criterios que, se estima, se contraponen.

En lo referente al Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito:

En fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro resolvi� el juicio de amparo directo n�mero 533/93, interpuesto por J.R.�l G.L.M., apoderado de J.� de Jes�s O.V., en contra de la resoluci�n de ocho de octubre de mil novecientos noventa y tres, dictada por la Tercera S. del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa en el toca de apelaci�n 124/93; lo anterior, con apoyo en las consideraciones que en lo conducente, indican:

SEGUNDO.-La sentencia impugnada se apoya en las siguientes consideraciones: ?II. Que aun cuando esta Tercera S., con fecha 22 veintid�s de julio de 1993 mil novecientos noventa y tres, dio tr�mite al recurso de apelaci�n interpuesto por el demandado, es pertinente dejar asentado que la apelabilidad de la resoluci�n y la procedencia del recurso, constituyen materia que fundamenta la competencia y jurisdicci�n del tribunal; de ah�, que aun cuando las partes no se hubieren inconformado, el tribunal ad quem no queda impedido para analizar oficiosa y ulteriormente la apelabilidad del recurso, a fin de que presentarse (sic) irregularidades en su promoci�n se proceda a subsanar el yerro que en principio se incurriera al admitirlo a tr�mite; razonamiento que encuentra apoyo en el sostenido por el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito mediante tesis 532, consultable en la p�gina 240 del Tomo I de Tribunales Colegiados, Ediciones Mayo, que a la letra dice: �APELACI�N, PROCEDENCIA DE LA. PUEDE EXAMINARSE DE OFICIO EN SEGUNDA INSTANCIA.-Aun cuando las partes se hubieren conformado con la resoluci�n por la que se admiti� el recurso de apelaci�n contra alguna providencia judicial, tal situaci�n no impide al tribunal de alzada para examinar de oficio la procedencia del recurso, pues �sta es la base del procedimiento de segunda instancia, que fundamenta la competencia y jurisdicci�n del tribunal de segundo grado, sin que la conducta de los litigantes pueda limitar las facultades del tribunal en este aspecto.�. A.R. 936/61.-G.C. Salinas.-Abril 27 de 1962.-Unanimidad.-III. Que el art�culo 1337 del C�digo de Comercio, se�ala: �Pueden apelar de una sentencia: I. El litigante condenado en el fallo si creyere haber recibido alg�n agravio; II. El vencedor que, aunque haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la restituci�n de frutos, la indemnizaci�n de perjuicios y el pago de las costas.�.-IV. Que de acuerdo a lo antes expuesto, es de observarse la irregularidad en que se incurriera al dar tr�mite a una apelaci�n de notoria improcedencia como viene a ser la del caso, ya que en el presente negocio, el demandado no fue condenado en el fallo que hoy recurre en apelaci�n, pues el juzgador del primer conocimiento resolvi�: �PRIMERO. Es improcedente la v�a y por ende el juicio ejecutivo mercantil, promovido por C.J.M.�n C.�s, como apoderada del Banco Nacional de M�xico, S. antes S.N.C., en contra de J.� de Jes�s O.V..-SEGUNDO. Se reservan los derechos que pudiese tener Banco Nacional de M�xico, S., antes S.N.C., en contra del (os) referido (s) demandado (s), para que los haga valer en la v�a y forma que corresponda, si as� le conviniere.-TERCERO. No se ordena levantar embargo alguno, por no aparecer en autos que se haya embargado alg�n bien al demandado.-CUARTO. Se condena a la demandante al pago de las costas en esta instancia ...�. De lo anterior se advierte que la resoluci�n apelada no le causa agravios al demandado por no haber sido condenado en dicho fallo, por lo que la S. declara que la resoluci�n no es apelable y dispone que lo comunique al juzgador del primer conocimiento.?.-TERCERO.-En el escrito de demanda, se expresan los siguientes conceptos de violaci�n: ?I. El auto dictado por la S. responsable y que hoy combato en este amparo, se funda en que una interpretaci�n correcta del art�culo 1337 del C�digo de Comercio, la sentencia recurrida no es apelable y que la tesis 532 que insert� en el auto motivo de esta demanda, le da la raz�n para no estudiar el fondo.-La tesis 532 descrita y transcrita en el considerando II del acto reclamado, no le es aplicable al caso concreto motivo de esta demanda, pues dicha tesis se refiere a las apelaciones contra �alguna providencia judicial� y los diccionarios jur�dicos (el de E.P. y el de J.P. de M.) definen a las providencias como resoluciones judiciales a las que no se exigen por la ley fundamentos y que deciden cuestiones de tr�mite y sencillas, no sometidas a tramitaci�n de mayor solemnidad (Diccionario para J. de Palomar de M.) y el diccionario de E.P. las define como �sin�nimo de resoluci�n judicial, sobre todo si es de mero tr�mite� y como lo podr� apreciar este Alto Tribunal, el recurso de apelaci�n no se interpuso en contra de una �providencia judicial�, sino contra una sentencia definitiva dictada por el J. Primero; y por lo tanto, la aludida tesis 532 en que se bas� la S. responsable, no es la aplicable al caso concreto que nos ocupa y al aplicarla la S. responsable, viol� mis garant�as contenidas en los art�culos 14 y 16 constitucionales.-Asimismo, la S. responsable viol� el procedimiento que es de orden p�blico, ya que como consta en el auto hoy acto reclamado, desde el 22 de julio calific� y admiti� el grado de apelaci�n, el 25 de julio yo expres� los agravios y el dos de septiembre yo solicit� informe en estrados y casi 3 meses despu�s, en clara violaci�n al principio de seguridad de la firmeza de los autos, la H. S. resolvi� declarando inapelable la sentencia recurrida, y tambi�n con ello, la S. responsable viol� el derecho procesal adquirido por m� para que entrara la responsable al estudio del fondo del negocio, ya que le hab�a precluido el derecho (en beneficio de mi derecho adquirido) a la responsable de declarar inapelable la sentencia, toda vez que hac�a casi 3 meses que yo hab�a expresado agravios y ya hab�a solicitado el informe en estrados.-C.�o abundando, expresando que la facultad del juzgador de regularizar el procedimiento, est� limitada a que el propio juzgador no afecte alg�n derecho procesal adquirido por alguna de las partes en lo actuado y con esta limitaci�n, dicha facultad de que se trata es una excepci�n al principio de que el juzgador no puede revocar sus propias determinaciones y en este caso que nos ocupa, est� muy claro que desde el 26 de julio de 1993 yo ya hab�a adquirido el derecho procesal de que la S. responsable estudiara mis agravios ya expresados e indebidamente la responsable dict� auto del ocho de octubre de 1993 declarando inapelable la sentencia, contraviniendo as� los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados localizables en el Tomo IV, p�ginas 302 y 303, julio-diciembre de 1989, Segunda Parte-1, Tribunales Colegiados, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, bajo el t�tulo: �JUEZ DE DISTRITO, NO PUEDE REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES, EXCEPTO PARA REGULARIZAR PROCEDIMIENTO.�, tesis que aunque se refiere al J. de Distrito, es perfectamente aplicable a este caso, ya que el mismo esp�ritu armonizador en la sustanciaci�n del procedimiento debe prevalecer tanto para los tribunales locales como para los federales, toda vez que el procedimiento es de orden p�blico. Me permito anexar copia fotost�tica fiel de esta ejecutoria o tesis que invoco.-De lo anterior, este H. tribunal debe concluir concedi�ndome el amparo solicitado y resolver orden�ndole a la S. responsable que dicte sentencia de segunda instancia, previo informe en estrados, resolvi�ndome el fondo del negocio conforme corresponda a derecho, respecto de mis agravios expresados.-II. Con las violaciones antes indicadas, la S. responsable est� violando en mi perjuicio las garant�as consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, por lo que al conculcarse tales violaciones a los preceptos antes invocados, debe conced�rseme el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que he se�alado en el cuerpo del presente escrito.?.-CUARTO.-Previo estudio de los conceptos de violaci�n, procede relatar los antecedentes concernientes al caso.-Banco Nacional de M�xico, Sociedad An�nima, a trav�s de su representante legal, C.J.M.�n C.�s, demand� de J.� de Jes�s O.V. el pago de veintiocho mil ciento ochenta y siete nuevos pesos ochenta centavos, por concepto de suerte principal e intereses pactados calculados al d�a ocho de marzo de mil novecientos noventa y tres, m�s el pago de los intereses pactados causados a partir de dicha fecha y de los gastos y costas del juicio hasta su total soluci�n. Fund� su demanda en los siguientes hechos: 1o. Que con fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y dos, el ahora demandado celebr� con su representada un contrato de apertura de cr�dito en cuenta corriente, al que le correspondi� la tarjeta de cr�dito 5288 4300 1925 4995, con l�mite de cr�dito hasta por la cantidad de veinte mil nuevos pesos. 2o. Que al ocho de marzo de mil novecientos noventa y tres, conviolaci�n de lo pactado en el mencionado contrato, J.� de Jes�s O.V. acumul� a su cargo un adeudo por la suma de veintiocho mil ciento ochenta y siete nuevos pesos ochenta centavos, as� como m�s de una mensualidad vencida sin efectuar pago alguno, sin que hasta la fecha y no obstante los m�ltiples requerimientos extrajudiciales, el obligado en cuesti�n haya hecho pago.-J.� de Jes�s O.V. produjo su contestaci�n en los siguientes t�rminos: I. Que es improcedente la demanda entablada en su contra, ya que la certificaci�n del contador general de B., M. �ngel M.C.�zares, �nicamente precis� el saldo a su cargo sin contener desglose de las operaciones que lo generaron; que ello no hizo fe ni constituy� t�tulo ejecutivo en t�rminos del art�culo 68 de la Ley de Instituciones de Cr�dito por no contener un estado de cuenta, el cual debe comprender una relaci�n de los cargos y abonos correspondientes que dieran como resultado el supuesto saldo de veintiocho mil ciento ochenta y siete nuevos pesos ochenta centavos, pues que en caso contrario queda en indefensi�n frente a la reclamaci�n del banco actor, al no estar en posibilidades de preparar adecuadamente su defensa, ante el desconocimiento de los elementos que originaron el aludido saldo reclamado. Que expresa y opone lo anterior, porque no sabe si son o no ciertas las cantidades que reclama la actora y se le deja indefenso al fundar su acci�n solamente en el contrato y la certificaci�n del contador. II. Que expresa, adem�s, que es improcedente la v�a ejecutiva mercantil, por no ser t�tulo ejecutivo los documentos fundatorios de la acci�n. III. Que en virtud de que lo controvertido son cuestiones de derecho, pide se cite para sentencia este negocio.-Concluidos todos los tr�mites, el J. natural, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y tres dict� sentencia, que concluy� con los siguientes resolutivos: ?PRIMERO.-Es improcedente la v�a y por ende, el juicio ejecutivo mercantil promovido por C.J.M.�n C.�s, como apoderada de Banco Nacional de M�xico, S., antes S.N.C., en contra de J.� de Jes�s O.V..-SEGUNDO.-Se reservan los derechos que pudiese tener Banco Nacional de M�xico, S., antes S.N.C., en contra del referido demandado, para que los haga valer en la v�a y forma que corresponda, si as� le conviniere.-TERCERO.-No se ordena levantar embargo alguno por no aparecer de autos que se haya embargado alg�n bien del demandado.-CUARTO.-Se condena a la demandante al pago de las costas de esta instancia.-QUINTO.-N.�quese.?.-Inconforme con tal sentencia, el demandado J.� de Jes�s O.V. interpuso apelaci�n y durante la tramitaci�n de este recurso, la responsable dict� la resoluci�n que ahora se combate.-QUINTO.-Son infundados los conceptos de violaci�n transcritos en el considerando tercero de esta ejecutoria.-En efecto, alega el promovente del juicio constitucional, que es ilegal la consideraci�n de la autoridad responsable consistente en que una interpretaci�n correcta del art�culo 1337 del C�digo de Comercio, permite establecer que la sentencia recurrida no es apelable y que la tesis 532 que insert� en la resoluci�n reclamada, lo facult� a no estudiar el fondo; que tal tesis no es aplicable al caso, toda vez que se refiere a las apelaciones contra ?alguna providencia judicial? y en la especie, el recurso de apelaci�n se interpuso en contra de una sentencia definitiva; que la S. responsable viol� el procedimiento que es de orden p�blico, pues que el veintid�s de julio de mil novecientos noventa y tres dict� auto de radicaci�n en el que admiti� el recurso de apelaci�n y confirm� la calificaci�n de grado y casi tres meses despu�s, en clara violaci�n al principio de seguridad de la firmeza de los autos, la responsable resolvi� declarar inapelable la sentencia recurrida y tambi�n viol� el derecho procesal adquirido para estudiar el fondo del negocio, ya que hab�a precluido el derecho de la responsable a declarar inapelable la sentencia; que la facultad del juzgador al regularizar el procedimiento, est� limitada a que el propio juzgador no afecte alg�n derecho procesal adquirido por alguna de las partes en lo actuado y que en el caso, desde el veintis�is de julio de mil novecientos noventa y tres adquiri� el derecho procesal de que la S. estudiara los agravios ya expresados; por lo que ilegalmente, el ocho de octubre siguiente, la autoridad responsable declar� inapelable la sentencia. Que consecuentemente, contravino el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con rubro: ?JUEZ DE DISTRITO, NO PUEDE REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES, EXCEPTO PARA REGULARIZAR PROCEDIMIENTO.?.-Es infundado el argumento en el que el impugnante sostiene que la tesis en que se apoy� la autoridad responsable para emitir la resoluci�n impugnada era inaplicable, pues que la resoluci�n combatida fue una sentencia definitiva y no una providencia judicial. Lo anterior es as�, pues si bien es cierto que la tesis del entonces Tribunal Colegiado del Tercer Circuito se refiere a alguna providencia judicial, tambi�n es cierto que es aplicable por analog�a al caso concreto; toda vez que ya sea que se trate de una providencia judicial, de una sentencia o de cualquier resoluci�n judicial que admita el recurso de apelaci�n, el tribunal de alzada debe examinar de oficio la procedencia del recurso, pues es la base del procedimiento de segunda instancia, adem�s es de orden p�blico; de lo que se infiere que la admisi�n de aqu�llos con la conformidad de las partes, no puede darle validez legal.-Igualmente resulta infundado el argumento consistente en que la responsable viol� el procedimiento que es de orden p�blico, pues que flagrantemente inobserv� el principio de seguridad de la firmeza de los autos y que viol� el derecho procesal adquirido para estudiar el fondo del negocio; toda vez que en cuanto al principio de seguridad de la firmeza de los autos, los tribunales de alzada no deben aceptar como cuesti�n precluida, la de que el negocio es susceptible de apelaci�n, pues no puede hablarse de verdad legal cuando se trata de una actuaci�n de simple tr�mite, como la que se dict� al admitir la apelaci�n. En cuanto a la transgresi�n al derecho procesal adquirido para estudiar el fondo del negocio, en la especie no se produce, pues como anteriormente se sostuvo, la procedencia o improcedencia de los recursos deriva de la ley y la de procedimientos es de orden p�blico. Adem�s, no hay un derecho procesal adquirido, ya que ser�a il�gico modificar la verdad legal declarada mediante un recurso mal admitido. Es por tanto, v�lido que el examen de la procedencia del recurso, adem�s de que se haga de oficio, pueda hacerse en cualquier etapa del procedimiento de segunda instancia, para evitar la continuaci�n de un procedimiento ilegal. En consecuencia, la tesis invocada por el promovente del juicio de amparo es inaplicable.-Ilustran este criterio, en lo conducente, las tesis sentadas por la Tercera S. de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, visibles en las p�ginas 973, Tomo LXV y 4255, Tomo XLVI, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, respectivamente, que dicen: ?RECURSOS IMPROCEDENTES.-La resoluci�n que niega la revocaci�n de otra en virtud de un recurso ilegalmente introducido y admitido por la autoridad judicial, aun con la anuencia de la parte colitigante, no puede causar agravio alguno a quien intent� el propio recurso improcedente, para modificar la verdad legal declarada, porque �sta es inalterable dentro del procedimiento ordinario y porque la improcedencia o procedencia de los recursos, deriva de la ley, y la de procedimientos en (sic) de orden p�blico, de lo que se infiere que la admisi�n de aqu�llos por la conformidad de las partes no pueden darles validez legal.?.-?APELACI�N IMPROCEDENTE EN MATERIA MERCANTIL.-Ser�a antijur�dico que el simple hecho de que un J. admitiera malamente una apelaci�n, obligara al tribunal a conocer de la alzada y resolverla sin la competencia que establece el art�culo 1340 del C�digo de Comercio, y menos cuando dentro del procedimiento ordinario, el tribunal de apelaci�n puede revocar el auto de admisi�n cuando se promueve el incidente respectivo de apelaci�n mal admitida, o aun de oficio, ya que es cosa aclarada que la procedencia de los recursos es de orden p�blico; y si bien es cierto que el C�digo de Comercio no establece expresamente la procedencia del aludido incidente de apelaci�n mal admitida, no por eso puede sostenerse que su introducci�n en el procedimiento de segunda instancia sea ilegal, y menos que los tribunales de alzada deban aceptar como cuesti�n precluida la de que el negocio es susceptible de admitir apelaci�n pues no puede hablarse de verdad legal cuando se trata de un simple tr�mite, como el que dicte el J. mandando admitir la apelaci�n, y para el efecto de remitir los autos al tribunal a quo, tr�mite que s�lo puede combatirse cuando llegan los autos al tribunal que debe conocer del recurso y que est� obligado, como primer requisito, para dictar resoluci�n, a fundar su competencia en ley expresa; de lo que se concluye que el afectado no tiene obligaci�n de interponer recurso ordinario en contra del auto dictado por el J. de primera instancia admitiendo la alzada, sino que le basta con impugnar la competencia del tribunal de apelaci�n.?.-En este orden de ideas, al ser infundados los conceptos de violaci�n estudiados y al no advertir que haya habido en contra del quejoso una violaci�n manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa y que diera lugar a suplir la deficiencia de la queja, en t�rminos del art�culo 76 bis fracci�n VI de la Ley de Amparo; lo procedente es negarle el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n que solicit�.-Por lo expuesto y fundado, con apoyo adem�s en los art�culos 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: �NICO.-La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a J.� de Jes�s O.V., contra actos de la Tercera S. del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con residencia en la ciudad de Culiac�n, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.-N.�quese ...

Ahora bien, respecto del Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito:

En fecha dos de junio de mil novecientos noventa y cuatro resolvi� el juicio de amparo directo n�mero 38/94, promovido por J.D.E.R., en contra de los actos que reclam� de la Tercera S. del Supremo Tribunal de Justicia y del J. Tercero del Ramo Civil, ambos del Estado de Sinaloa, los que hizo consistir en el prove�do de ocho de octubre de mil novecientos noventa y tres emitido en el toca de apelaci�n n�mero 114/93 y su ejecuci�n; ello, en base a los argumentos que en su parte interesante, expresan:

SEGUNDO.-La sentencia reclamada, en su parte impugnada, expresa textualmente: ?... I. Que por auto de fecha 5 cinco de julio del a�o en curso, esta Tercera S. tuvo por admitido el recurso del apelante, se�or J.D.E.R. y con fecha 7 siete de julio del presente a�o, dicho apelante expres� agravios y los d�as 22 veintid�s de julio y 2 dos de agosto de 1993 mil novecientos noventa y tres, solicit� que se fijara fecha para el informe en estrados.-II. Que aun cuando esta Tercera S., con fecha 5 cinco de julio del a�o en curso, dio tr�mite al recurso de apelaci�n interpuesto por el demandado, es pertinente dejar asentado que la apelabilidad de la resoluci�n y la procedencia del recurso, constituyen materia que fundamenta la competencia y jurisdicci�n del tribunal; de ah� que aun cuando las partes no se hubieren inconformado, el tribunal ad quem no queda impedido para analizar oficiosa y ulteriormente la apelabilidad del pronunciamiento recurrido o en caso, la procedencia (sic) del recurso, a fin de que presentarse irregularidades en su promoci�n, se proceda a subsanar el yerro que en principio se incurriera al admitirlo a tr�mite; razonamiento que encuentra apoyo en el sostenido por el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito mediante tesis 532, consultable en la p�gina 240 del Tomo I de Tribunales Colegiados de Ediciones Mayo, que a la letra dice: �APELACI�N, PROCEDENCIA DE LA. PUEDE EXAMINARSE DE OFICIO EN SEGUNDA INSTANCIA.-Aun cuando las partes se hubieren conformado con la resoluci�n por la que se admiti� el recurso de apelaci�n contra alguna providencia judicial, tal situaci�n no impide al tribunal de alzada para examinar de oficio la procedencia del recurso, pues �sta es la base del procedimiento de segunda instancia, que fundamenta la competencia y jurisdicci�n del tribunal de segundo grado, sin que la conducta de los litigantes pueda limitar las facultades del tribunal en este aspecto.�.-III. Que el art�culo 1337 del C�digo de Comercio, se�ala: �Pueden apelar de una sentencia: I. El litigante condenado en el fallo si creyere haber recibido alg�n agravio; II. El vencedor que, aunque haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la restituci�n de frutos, la indemnizaci�n de perjuicios y el pago de las cosas.�.-IV. Que de acuerdo a lo antes expuesto, es de observarse la irregularidad en que se incurriera al dar tr�mite a una apelaci�n de notoria improcedencia como viene a ser la del caso, ya que el presente negocio el demandado (sic) no fue condenado en el fallo que hoy recurre en apelaci�n, pues el juzgador del primer conocimiento resolvi�: �PRIMERO. Es improcedente la v�a ejecutiva mercantil y por ende, el juicio promovido por J.M.C.O., como apoderado legal de Banoro, Sociedad An�nima, en contra de J.D.E.R.. Se reservan los derechos que pudiera tener Banoro, Sociedad An�nima, contra el referido demandado, para que los haga valer en la v�a y forma que correspondan, si as� lo conviniere.-TERCERO. Se condena a la demandante al pago de las costas de esta instancia.�.-De lo anterior se advierte que la resoluci�n apelada no le causa agravios al demandado por no haber sido condenado en dicho fallo, por lo que la S. declara que la resoluci�n recurrida no es apelable y dispone que lo comunique al juzgador del primer conocimiento.?.-TERCERO.-La parte quejosa hace valer los siguientes conceptos de violaci�n: ?I. El auto dictado por la S. responsable y que hoy combato en este amparo, se funda en que una interpretaci�n (sic) correcta del art�culo 1337 del C�digo de Comercio, la sentencia recurrida no es apelable y que la tesis 532 que insert� en el auto motivo de esta demanda, le da la raz�n para no estudiar el fondo.-La tesis 532 descrita y transcrita en el considerando II del acto reclamado no le es aplicable al caso concreto motivo de esta demanda, pues dicha tesis se refiere a las apelaciones contra �alguna providencia judicial� y los diccionarios jur�dicos (el de E.P. y el de J.P. de M.) definen a las providencias como resoluciones judiciales a las que no se exigen por la ley fundamentos y que deciden cuestiones de tr�mite y sencillas no sometidas a tramitaci�n de mayor solemnidad (Diccionario para J. de Palomar de M.) y el diccionario de E.P. las define como �sin�nimo de resoluci�n judicial, sobre todo si es de mero tr�mite� y como lo podr� apreciar este Alto Tribunal, el recurso de apelaci�n no se interpuso en contra de una �providencia judicial�, sino contra una sentencia definitiva dictada por el J. Tercero y por lo tanto, la aludida tesis 532 en que se bas� la S. responsable, no es la aplicable al caso concreto que nos ocupa y al aplicarla la S. responsable, viol� mis garant�as contenidas en los art�culos 14 y 16 constitucionales.-Asimismo, la S. responsable viol� el procedimiento que es de orden p�blico, ya que como consta en el auto, hoy acto reclamado, desde el d�a 5 de julio calific� y admiti� el grado de apelaci�n, el 7 de julio yo expres� los agravios y el 22 de julio solicit� informe en estrados y casi 3 meses despu�s, en clara violaci�n al principio de seguridad de la firmeza de los autos, la H. S. resolvi� declarando inapelable la sentencia recurrida y tambi�n con ello, la S. responsable viol� el derecho procesal adquirido por m� para que entrara la responsable al estudio del fondo del negocio, ya que le hab�a precluido el derecho (en beneficio de mi derecho adquirido) a la responsable, de declarar inapelable la sentencia; toda vez que hac�a m�s de un mes que yo hab�a expresado agravios y ya hab�a solicitado el informe en estrados. C.�o abundando, expresando que la facultad del juzgador de regularizar el procedimiento, est� limitada a que el propio juzgador no afecte alg�n derecho procesal adquirido por alguna de las partes en lo actuado y con esta limitaci�n, dicha facultad de que se trata es una excepci�n al principio de que el juzgador no puede revocar sus propias determinaciones y en este caso que nos ocupa, est� muy claro que desde el 22 de julio de 1993, yo ya hab�a adquirido el derecho procesal de que la S. responsable estudiara mis agravios ya expresados e indebidamente la responsable dict� auto del ocho de octubre de 1993 declarando inapelable la sentencia, contraviniendo as� los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados localizables en el Tomo IV, p�ginas 302 y 303, julio-diciembre de 1989, Segunda Parte I (sic), Tribunales Colegiados, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, bajo el t�tulo: �JUEZ DE DISTRITO, NO PUEDE REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES, EXCEPTO PARA REGULARIZAR PROCEDIMIENTO.�; tesis que aunque se refiere al J. de Distrito, es perfectamente aplicable a este caso, ya que el mismo esp�ritu armonizador en la sustanciaci�n del procedimiento debe prevalecer tanto para los tribunales locales como para los federales, toda vez que el procedimiento es de orden p�blico. Me permito anexar copia fotost�tica fiel de esta ejecutoria o tesis que invoco.-De lo anterior, este H. tribunal debe concluir concedi�ndoseme el amparo solicitado y resolver orden�ndole a la S. responsable que dicte sentencia de segunda instancia, previo informe en estrados, resolvi�ndome el fondo del negocio conforme corresponda a derecho, respecto de mis agravios expresados.-II. Con las violaciones antes indicadas, la S. responsable est� violando en mi perjuicio las garant�as consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, por lo que al conculcar tales violaciones los preceptos antes invocados, debe conced�rseme el amparo y protecci�n de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que he se�alado en el cuerpo del presente escrito.?.-CUARTO.-Son fundados los conceptos de violaci�n antes transcritos.-Previamente, resulta necesario establecer lo siguiente: Por escrito del cuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres, presentado ante el J. Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil con residencia en la ciudad de Culiac�n, Sinaloa, la instituci�n de cr�dito denominada Banoro, S., por medio de su representante legal, demand� en la v�a ejecutiva mercantil por el pago de pesos a J.D.E. Rubio.-Por auto del veinticinco de febrero del mismo a�o se admiti� la demanda en la v�a y forma propuesta, form�ndose el expediente 420/93, orden�ndose emplazar al demandado para que en el t�rmino de ley contestara el libelo interpuesto en su contra.-Por auto del treinta y uno de marzo de ese a�o, se le tuvo al demandado contestando en forma y tiempo oponiendo las excepciones y defensas que de su promoci�n se desprenden; luego, desahogadas que fueron las pruebas y admitidas y formulados que fueron los alegatos correspondientes, el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y tres el J. de primera instancia dict� resoluci�n en la que declar� improcedente la v�a intentada por Banoro, S., en contra de J.D.E.R., refiriendo que la parte actora conservaba sus derechos para hacerlos valer en la v�a correspondiente.-Por auto del catorce de junio de mil novecientos noventa y tres, el J. de primera instancia admiti� en ambosefectos el recurso de apelaci�n interpuesto por el demandado J.D.E.R., en contra de la sentencia del diecisiete de mayo del mismo a�o. Al tramitarse la alzada, el cinco de julio de mil novecientos noventa y tres, la Tercera S. del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa con residencia en la ciudad de Culiac�n, tuvo por admitido en tiempo el recurso aludido en el grado calificado por el inferior, fundament�ndose en los art�culos 1339 del C�digo de Comercio, 692 y 700 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de aplicaci�n supletoria al C�digo de Comercio, ordenando poner los autos en la secretar�a, a disposici�n de las partes por el t�rmino de tres d�as, para la expresi�n de agravios.-Por escrito recibido el siete de julio de mil novecientos noventa y tres, el recurrente J.D.E.R. formul� los agravios que a su juicio le causaba la sentencia del inferior y el veintid�s del mismo mes y a�o citados, el apelante solicit� a la responsable fijara fecha para el informe en estrados, ello en atenci�n a que hab�a transcurrido el plazo para la expresi�n y contestaci�n de agravios.-Por �ltimo, a fojas 10 y 11 del toca de apelaci�n 114/93, obra la resoluci�n reclamada del ocho de octubre de mil novecientos noventa y tres, en la que la S. responsable considera que la resoluci�n reclamada no es apelable porque no le causa agravio al demandado al no haber sido condenado en dicho fallo y por ende, concluye que la resoluci�n recurrida no es apelable.-Ahora bien, resulta desacertada la determinaci�n a la que arrib� la responsable, por las consideraciones del orden siguiente: Por auto del catorce de junio de mil novecientos noventa y tres, el J. de primera instancia admiti� en ambos efectos el recurso de apelaci�n interpuesto por el demandado J.D.E.R., en contra de la sentencia definitiva del diecisiete de mayo del mismo a�o (foja 34 del expediente 420/93).-Al tramitarse la alzada, por auto del cinco de julio de mil novecientos noventa y tres, la Tercera S. del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con asiento en la ciudad de Culiac�n, tuvo por admitido el recurso de apelaci�n aludido, confirmando la calificaci�n del grado hecha por el inferior.-En tal orden de ideas, si la resoluci�n que admiti� el recurso de apelaci�n fue resuelta por la responsable confirmando la calificaci�n del grado hecha por el inferior, es inconcuso que la procedencia del recurso qued� establecida en forma definitiva y por tanto, el tribunal debi� entrar al fondo del negocio resolviendo sobre la confirmaci�n, modificaci�n o revocaci�n de la materia propia de la resoluci�n apelada; ello en atenci�n a que el recurrente hizo valer en el t�rmino que para tal efecto le fue concedido, los agravios que a su juicio le ocasionaba la sentencia reclamada; es decir, a partir de ese momento el inconforme hab�a adquirido un derecho procesal para que se entrara al estudio del fondo del negocio, de ah� que no le era dable a la responsable, aun esgrimiendo nuevos razonamientos, volver sobre la primera decisi�n, puesto que ello implica en el fondo una nueva revisi�n de propia autoridad, al margen de la actividad propia de las partes, desarrollada mediante el uso de las defensas legales. Al caso tiene aplicaci�n, en lo conducente, la tesis visible en la p�gina 1019, Tomo LXXXVI, Cuarta Parte, Tercera S., Quinta �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?APELACI�N, ADMISI�N DEL RECURSO DE.-Si la resoluci�n que admiti� el recurso de apelaci�n, fue atacada por medio del incidente de apelaci�n mal admitida y resuelta confirmando la calificaci�n del grado hecha por el inferior, la procedencia del recurso qued� establecida en forma definitiva y, por tanto, el tribunal debi� entrar al fondo del negocio, resolviendo sobre la confirmaci�n, modificaci�n o revocaci�n de la materia propia del auto apelado; pero sin que le fuera dable, aun esgrimiendo nuevos razonamientos, volver sobre la primera decisi�n, puesto que esto implica en el fondo una revisi�n de propia autoridad, al margen de la actividad propia de las partes, desarrollada mediante el uso de las defensas legales.?.-En tales circunstancias, lo que procede es conceder al quejoso el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la resoluci�n reclamada y en su lugar emita otra, debiendo abocarse al estudio de los agravios formulados por el inconforme y dictar la resoluci�n que en derecho proceda.-Por lo expuesto y con fundamento, adem�s, en los art�culos 107 fracci�n III inciso c) y VI, de la Constituci�n General de la Rep�blica; 43 y 44 fracci�n I inciso c) cap�tulo IV, de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se resuelve: �NICO.-La Justicia de la Uni�n ampara y protege a J.D.E.R., contra el acto que reclam� de la S. Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en la ciudad de Culiac�n, precisado en el resultando primero de este fallo. El amparo se concede para los efectos que se precisan en la parte final del considerando cuarto de esta ejecutoria.-N.�quese ...

Como puede advertirse de las transcripciones precedentes, la contradicci�n de criterios materia del presente asunto, se contrae sustancialmente en que mientras el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, sostiene en s�ntesis, que es correcto que en cualquier etapa del procedimiento de segunda instancia el tribunal de alzada examine de oficio la procedencia o no del recurso de apelaci�n, para evitar, en su caso, su ilegal continuaci�n, pues ser�a il�gico modificar la verdad declarada a trav�s de un medio de impugnaci�n mal admitido; por el contrario, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, asevera sustancialmente, que no le es dable al tribunal ad quem calificar nuevamente la procedencia de un recurso que ya admiti�, en virtud de que ello conlleva una revisi�n de propia autoridad; de tal manera que si tal procedencia ha quedado definitivamente establecida, debe entrarse al fondo del negocio estudiando los agravios esgrimidos y resolver sobre la confirmaci�n, modificaci�n o revocaci�n del fallo combatido.

En las relatadas circunstancias, a juicio de esta S. se han reunido las hip�tesis de existencia de un conflicto de esta naturaleza, habida cuenta de que al resolver los negocios jur�dicos se examinaron cuestiones y elementos esencialmente iguales, adem�s de que la diferencia se presenta en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jur�dicas; por lo que en consecuencia, deviene inobjetable declarar que s� existe contradicci�n entre los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados en cita, al resolver, respectivamente, los juicios de amparo directo n�meros 533/93 y 38/94.

Ahora bien, antes de realizar el an�lisis correspondiente, es menester clarificar la cuesti�n formal relativa a que no es obst�culo para tener por debidamente integrado el tema de contradicci�n, el hecho consistente en que los Tribunales Colegiados en conflicto hayan omitido elevar a car�cter de tesis -y as� las redactaran-, los criterios que sustentaron en sus respectivas ejecutorias.

Lo anterior es as�, atento a que es indudable que para efectos de la procedencia de una contradicci�n de tesis, debe estarse al c�mulo de consideraciones vertidas en ambas sentencias, dado que el parecer que sostienen los �rganos jurisdiccionales federales, se contiene propiamente en los argumentos jur�dicos en que apoyaron sus determinaciones.

Sobre el particular, cobra aplicaci�n, en lo conducente, el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, identificado con el n�mero P.L., visible a p�gina 81, del Tomo II, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta; criterio que esta Primera S. hace suyo y que a la letra reza:

CONTRADICCI�N DE TESIS. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS REDACTADA, DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA.-Si del an�lisis de una tesis y de la ejecutoria respectiva se advierte que aqu�lla resulta confusa o no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, para efectos de la contradicci�n debe atenderse a �sta y no a la tesis redactada, puesto que el criterio que sustenta el �rgano que resuelve se encuentra en las consideraciones de la propia resoluci�n. En esta hip�tesis, la inexactitud de la tesis en relaci�n con la ejecutoria a la que se refiere, lleva, adem�s y con independencia de la existencia o inexistencia de la contradicci�n que se hubiere denunciado, a la correcci�n de la tesis relativa, pues si a trav�s de la publicaci�n de las tesis se dan a conocer los diversos criterios que sustentan los �rganos resolutores, es l�gico que por razones de seguridad jur�dica deba corregirse y darse a conocer el verdadero criterio del juzgador que no fue reflejado con fidelidad.

TERCERO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, la tesis que sustenta esta Primera S. de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, cuyo rubro y texto se asentar�n en ulteriores l�neas.

Para llegar a la anterior determinaci�n, resulta pertinente no perder de vista, lo que sobre el particular se�alan, tanto el C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa como la L.O.�nica del Poder Judicial del propio Estado, respecto del tr�mite del recurso de apelaci�n:

C�digo de Procedimientos Civiles:

"Art�culo 700. Llegados los autos al Supremo Tribunal, o en su caso, las constancias relativas para sustanciar la apelaci�n, ser�n turnados desde luego a la S., y �sta, si el apelante se hubiera presentado a continuar el recurso, sin necesidad de vista o informes, sino cuando lo estimare necesario, dentro de tres d�as resolver� sobre la admisi�n del recurso.

Si declara inadmisible la apelaci�n en todo efecto, en el mismo auto ordenar� que se devuelva el expediente al inferior y declarar� ejecutoriada la resoluci�n apelada. Si declara inadmisible la apelaci�n, en ambos efectos, pero admisible en el devolutivo, mandar� tambi�n a devolver los autos al inferior para el procedimiento prevenido en el art�culo 691. Si admitida la apelaci�n por el J. en efecto devolutivo, se declara por la S. admisible en ambos efectos, se requerir� al inferior por el expediente original, si no se hubiere recibido.

L.O.�nica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa:

"Art�culo 28. Las S.s del Supremo Tribunal de Justicia funcionar�n en la siguiente forma:

"I. A cada una de las S.s Colegiadas corresponde:

"...

"b) Regular el turno de los asuntos entre los Magistrados que integren la S., debiendo fungir como ponente el Magistrado a quien se le hubiere asignado ..."

"Art�culo 33. Son obligaciones de los secretarios de las S.s:

"...

III. Redactar los acuerdos y actas de los asuntos que se tramiten, recogiendo la firma de los miembros de la S. y firmando a su vez dichas promociones ...

Como puede apreciarse de la transcripci�n de los art�culos anteriores, trat�ndose del tr�mite del recurso de apelaci�n respecto de sentencias definitivas, la legislaci�n adjetiva en el Estado de Sinaloa, ordena que la confirmaci�n por parte del tribunal de alzada respecto de la admisi�n del recurso como de la calificaci�n de grado, se realiza en colegiado y no mediante auto de su presidente.

Por otra parte que en los juicios de amparo directo de los que se origina la presente contradicci�n de criterios entre los sustentados por Tribunales Colegiados residentes en la ciudad de Mazatl�n, Sinaloa, se combatieron las resoluciones emitidas por �rganos judiciales de segunda instancia, en las cuales se pronunciaron sobre el an�lisis oficioso o no de la procedencia del recurso de apelaci�n (aun cuando su admisi�n y calificaci�n ya hab�an sido confirmadas por la propia S., que fue promovido, a su vez, en contra de las sentencias dictadas por los Jueces de primer grado en materia civil, con las que resolvieron en definitiva sendos juicios ejecutivos mercantiles, los cuales se ventilaron en el a�o de mil novecientos noventa y tres.

De ah�, que para la soluci�n del presente asunto, atendiendo por un lado, a la legislaci�n adjetiva del Estado de Sinaloa, respecto del tr�mite del recurso de apelaci�n, y la naturaleza mercantil de los juicios naturales y por el otro, a la importancia de fijar una tesis jurisprudencial que deber� regir en lo subsecuente, resulte pertinente dilucidar si con motivo de las reformas recientes al C�digo de Comercio -entre otros cuerpos normativos-, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n en fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis -en vigor a partir del veintitr�s de julio siguiente, conforme al art�culo primero transitorio del decreto respectivo-, prevalece la regla referente a que por lo que concierne al derecho sustantivo, debe atenderse a las disposiciones de la legislaci�n especial -C�digo de Comercio- y supletoriamente, a las del C�digo Civil aplicable en materia federal; mientras que en torno al derecho adjetivo, hay que estarse, tambi�n en forma supletoria, a los preceptos de la legislaci�n procesal local, con dependencia de la entidad donde se ventilen los juicios correspondientes.

Lo anterior es as�, toda vez que a diferencia de diversos ordenamientos de la legislaci�n mexicana, en el C�digo de Comercio se contienen unificadamente tanto las normas de car�cter sustantivo como las de car�cter procedimental, pero como algunas de sus instituciones y figuras jur�dicas procesales no se encuentran reglamentadas en forma sistem�tica o lo est�n deficientemente, obliga a aplicar el C�digo Civil Federal y los C�digos de Procedimientos Civiles locales.

En efecto, en lo tocante al derecho sustantivo, el art�culo 2o. del C�digo de Comercio vigente antes de las reformas de m�rito, preve�a lo siguiente:

"Art�culo 2o. A falta de disposiciones de este c�digo, ser�n aplicables a los actos de comercio las del derecho com�n."

Sobre el particular, debe decirse que no obstante la incertidumbre relativa a la interpretaci�n que deb�a darse a la locuci�n "derecho com�n" -pues no quedaba claro si para efectos de suplir la falta de disposiciones de ese cuerpo normativo deb�a atenderse a la legislaci�n sustantiva civil federal o civil local-, resultaba inobjetable que la supletoriedad de tal ordenamiento, al ser �ste federal, deb�a recaer en consecuencia, en favor del C�digo Civil para el Distrito Federal, que rige en toda la Rep�blica en asuntos del orden federal.

Ello se robustece con el hecho consistente en que a ra�z de la reforma anteriormente comentada, la duda en cita qued� superada conforme al anterior sentido, atento a que el numeral 2o. del C�digo de Comercio en vigor, literalmente expresa:

"Art�culo 2o. A falta de disposiciones de este ordenamiento y las dem�s leyes mercantiles, ser�n aplicables a los actos de comercio las del derecho com�n contenidas en el C�digo Civil aplicable en materia federal."

Ahora bien, en lo concerniente al derecho adjetivo, debe decirse que en el libro quinto denominado "De los juicios mercantiles" del propio C�digo de Comercio se encuentran las normas que regulan el procedimiento, de manera que los numerales 1051, 1054 y 1063 vigentes antes de las reformas referidas, se�alan respectivamente:

"Art�culo 1051. El procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente convengan las partes con las limitaciones que se se�alan en este libro, pudiendo ser un procedimiento convencional ante tribunales o un procedimiento arbitral.

"La ilegalidad del pacto o su inobservancia cuando est� ajustado a la ley, pueden ser reclamadas en forma incidental y sin suspensi�n del procedimiento, en cualquier tiempo anterior a que se dicte el laudo o sentencia.

"El procedimiento convencional ante tribunales se regir� por lo dispuesto en los art�culos 1052 y 1053, y el procedimiento arbitral por las disposiciones del t�tulo cuarto de este libro."

"Art�culo 1054. En caso de no existir compromiso arbitral ni convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los t�rminos de los anteriores art�culos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regir�n por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicar� la ley de procedimientos local respectiva."

Art�culo 1063. Los juicios mercantiles se sustanciar�n por escrito.

Con motivo del decreto de reformas publicado el veinticuatro de mayo del a�o retropr�ximo, los art�culos 1054 y 1063 quedaron como sigue:

"Art�culo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los t�rminos de los anteriores art�culos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regir�n por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicar� la ley de procedimientos local respectiva."

Art�culo 1063. Los juicios mercantiles se sustanciar�n de acuerdo a los procedimientos, aplicables conforme a este c�digo, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por la ley procesal local respectiva.

De las transcripciones que anteceden, se logra advertir que para dirimir las controversias que se susciten por actos mercantiles, las partes pueden convenir en sujetarse al procedimiento que libremente prefieran, pudiendo ser arbitral o ventilarse ante los tribunales previo acuerdo o inclusive sin celebrarse �ste.

En el caso de que las partes convengan en sujetarse al procedimiento arbitral, �ste se rige por las disposiciones contenidas en el t�tulo cuarto del C�digo de Comercio (arbitraje comercial); mientras que el procedimiento que deba seguirse ante los tribunales, previo pacto, se rige por lo preceptuado en los art�culos 1052 y 1053.

En cambio, en trat�ndose del procedimiento que deba seguirse ante los tribunales sin existir convenio entre las partes, resultan aplicables las disposiciones del C�digo de Comercio y en defecto de ellas las de las legislaciones adjetivas locales, excepto cuando las leyes mercantiles correspondientes establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa.

Con apoyo en todo lo expuesto, se puede concluir indudablemente, que en torno a los procedimientos que se ventilan ante los tribunales sin previo acuerdo entre los contendientes -como es el caso de los juicios ejecutivos mercantiles relacionados con el tema de contradicci�n-, las reformas al C�digo de Comercio publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n en fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa seis, no significaron alteraci�n alguna en lo referente a que tomando en consideraci�n que tanto las normas de derecho sustantivo como de derecho adjetivo en materia mercantil se encuentran plasmadas unificadamente en el ordenamiento legal en cita, en relaci�n con las primeras y para el caso de no existir o existir deficientemente alguna instituci�n jur�dica, deber� atenderse supletoriamente al C�digo Civil aplicable en toda la Rep�blica en el orden federal; y por cuanto toca a las normas procedimentales, al estar en presencia de una figura procesal no regulada o regulada defectuosamente, habr� de estarse a lo dispuesto por la legislaci�n adjetiva de la entidad correspondiente, que en el caso espec�fico resulta ser el C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.

No obstante lo anotado, se impone dejar sentado que tal supletoriedad de normas no opera de modo absoluto habida cuenta que no todas las disposiciones del C�digo Civil Federal son aplicables a los negocios mercantiles, de manera que para efectuar su aplicaci�n resulta pertinente analizar si los preceptos contenidos en uno y otro cuerpos normativos prev�n hip�tesis generales y similares; en su caso, debe desentra�arse la intenci�n del legisladoral no introducir instituciones jur�dicas y figuras procesales o dejar sin complemento otras y finalmente, proceder a hacerlo s�lo cuando las normas no pugnen entre s�.

Resultan aplicables al caso, los criterios del Tribunal Pleno y de la Tercera S. de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, visibles respectivamente a p�ginas 49 del T.V., Quinta �poca y 109, del Tomo 175-180 Cuarta Parte, S�ptima �poca, ambos del Semanario Judicial de la Federaci�n, criterios que esta S. hace suyos y que literalmente expresan:

"VACUIDAD DE LA LEY MERCANTIL.-Si bien es cierto que el art�culo 2o. del C�digo de Comercio dispone que a falta de disposici�n de ese cuerpo de leyes, ser�n aplicables a los actos de comercio las del derecho com�n, tambi�n lo es que esto no quiere decir que toda disposici�n del derecho com�n se aplique a los negocios mercantiles, tan s�lo porque en el c�digo que de ellos se ocupa, no haya un precepto expreso contrario a esa disposici�n. Para que a los negocios mercantiles se aplique el derecho com�n, es preciso que en el C�digo de Comercio falte una disposici�n para el caso, es decir, que tratando una materia mercantil, la deje sin complemento. En t�rminos generales, es aplicable la ley civil a los actos de comercio, cuando la materia, por naturaleza, no encaja dentro de los t�rminos de la ley mercantil."

LEYES SUPLETORIAS EN MATERIA MERCANTIL.-De acuerdo con el art�culo 1051 del C�digo de Comercio, los C�digos de Procedimientos Civiles de los Estados y del Distrito Federal, �nicamente son supletorios del c�digo mercantil, en materia procesal, cuando en el c�digo mencionado existan disposiciones sobre una instituci�n determinada, pero no en aquellos casos en que fue intenci�n del legislador suprimir esa instituci�n o cuestiones de procedimiento, lo que presupone la necesidad que en el C�digo de Comercio y en los C�digos de Procedimientos Civiles locales, existan normas generales y tambi�n prevean supuestos similares, con la condici�n de que no pugnen entre s�.

C.uando con el presente an�lisis preliminar que, se estima, el caso amerita y como ya fue mencionado, en los juicios de amparo directo que originan la contradicci�n de criterios que nos ocupa, se combatieron las resoluciones emitidas por la Tercera S. del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, que a su vez conoci� de los recursos de apelaci�n interpuestos en contra de las sentencias definitivas dictadas en sendos juicios ejecutivos mercantiles ventilados en el a�o de mil novecientos noventa y tres, es pertinente retrotraer la atenci�n al tr�mite que en esa �poca establec�a la legislaci�n de la materia, a saber, el C�digo de Comercio; y sobre el particular, se lee:

"Art�culo 1336. Se llama apelaci�n, el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque la sentencia del inferior."

"Art�culo 1337. Pueden apelar de una sentencia:

"I. El litigante condenado en el fallo si creyere haber recibido alg�n agravio; y

"II. El vencedor que, aunque haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la restituci�n de frutos, la indemnizaci�n de perjuicios o el pago de las cosas."

"Art�culo 1338. La apelaci�n puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o s�lo en el primero."

"Art�culo 1339. En los juicios mercantiles, tanto ordinarios como ejecutivos, proceder� la apelaci�n en ambos efectos:

"I. Respecto de sentencias definitivas; y

"II. Respecto de sentencias interlocutorias que resuelvan sobre personalidad, competencia o incompetencia de jurisdicci�n, denegaci�n de prueba o recusaci�n interpuesta.

"En cualquiera otra resoluci�n que sea apelable, la alzada s�lo se admitir� en el efecto devolutivo."

"Art�culo 1340. La apelaci�n s�lo procede en juicios mercantiles cuando su inter�s exceda de ciento ochenta y dos veces el salario m�nimo general vigente, en la fecha de interposici�n en el lugar en que se ventile el procedimiento."

"Art�culo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables si lo fueren las definitivas, conforme al art�culo anterior. Con la misma condici�n son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone."

"Art�culo 1342. Las apelaciones se admitir�n o denegar�n de plano y se sustanciar�n con un solo escrito de cada parte y el informe en estrados, si las partes quisieren hacerlo."

"Art�culo 1343. La sentencia de segunda instancia causar� ejecutoria, confirme o revoque la de primera, y cualquiera que sea el inter�s que en el litigio se verse."

Como es de verse, en los preceptos transcritos -anteriores a las reformas publicadas en veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis-, si bien es cierto que entre otras cosas, se mencionaba a las personas legitimadas para hacer valer el recurso de apelaci�n, los casos de procedencia, los grados en que pod�a ser admitida, as� como los efectos de su interposici�n; tambi�n lo es que por lo que se refiere a la tramitaci�n, se limitaban a establecer que: "se admitir�n o denegar�n de plano y se sustanciar�n con un solo escrito de cada parte y el informe en estrados, si las partes quisieren hacerlo.".

Este antecedente surge a colaci�n, en la medida que en esa �poca, algunos �rganos jurisdiccionales estatales de segunda instancia -probablemente aplicando en forma supletoria sus respectivas legislaciones procesales-, contemplaban el incidente de apelaci�n mal admitida en contra del auto por el cual las propias S. admit�an y confirmaban la calificaci�n de grado hecha por el inferior; incidente que una vez resuelto, no permit�a recurso ordinario alguno.

Para ilustrar lo anterior, resulta oportuno reproducir la tesis sustentada por la entonces Tercera S. de este M�ximo Cuerpo Colegiado del pa�s, visible a p�gina 1019 del Tomo LXXXVI del Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca (criterio invocado por uno de los Tribunales Colegiados discrepantes) y que a la letra expresa:

"APELACI�N, ADMISI�N DEL RECURSO DE.-Si la resoluci�n que admiti� el recurso de apelaci�n, fue atacada por medio del incidente de apelaci�n mal admitida y resuelta confirmando la calificaci�n del grado hecha por el inferior, la procedencia del recurso qued� establecida en forma definitiva y por tanto, el tribunal debi� entrar al fondo del negocio, resolviendo sobre la confirmaci�n, modificaci�n o revocaci�n de la materia propia del auto apelado; pero sin que le fuera dable, aun esgrimiendo nuevos razonamientos, volver sobre la primera decisi�n, puesto que esto implica en el fondo una revisi�n de propia autoridad, al margen de la actividad propia de las partes, desarrollada mediante el uso de las defensas legales."

En base al criterio transcrito, queda claro que antes de la entrada en vigor de las recientes modificaciones al C�digo de Comercio, diversos tribunales de alzada permit�an la interposici�n del aludido incidente, cuyo conocimiento a ellos mismos compet�a; actuaci�n que muy probablemente, resultaba de la aplicaci�n supletoria de su respectiva codificaci�n procedimental local, pues se reitera, el ordenamiento especial federal mandaba, �nicamente, que el recurso de apelaci�n se tramitara con un escrito de cada parte y el informe en estrados.

En cambio, el t�pico a dilucidar en el presente asunto presenta caracter�sticas especiales, atento a que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados discordantes, permiten concluir que efectuaron pronunciamiento en torno a si es o no v�lido que los �rganos de segunda instancia analicen oficiosamente la procedencia del recurso de apelaci�n interpuesto en contra de la resoluci�n definitiva de primera instancia, a pesar de que con anterioridad ya lo hab�an admitido confirmando el grado por el que el inferior lo calific�; rasgos que se constri�en sustancialmente, en que en los casos espec�ficos (como se desprende de autos), no aparece que se interpusiera ning�n medio de impugnaci�n en contra de aquellos prove�dos; lo que en apariencia se debi�, a que la legislaci�n adjetiva del Estado de Sonora no lo preve�a siquiera incidentalmente de manera que permitiera su aplicaci�n supletoria.

En ese contexto, es menester afirmar categ�ricamente, por un lado, que para efectos de resolver la contradicci�n de tesis en estudio, no deviene trascendente analizar la correcta o incorrecta aplicaci�n supletoria del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa -efectuada o no por la Tercera S. del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad- y por el otro, que con motivo de tal supletoriedad realizada por los �rganos judiciales de segunda instancia de cada Estado-, tampoco sea pertinente distinguir casu�sticamente, cu�ndo procede o no el incidente de apelaci�n mal admitida.

Lo anterior es as�, habida cuenta que adem�s de que tales cuestiones no son materia de contradicci�n y que cada entidad federativa en su funci�n soberana establece sus propias legislaciones; la tesis jurisprudencial que sustente esta Primera S. del M�ximo Cuerpo Colegiado del pa�s -como resultado del examen respectivo- y que habr� de aplicarse en lo sucesivo por una universalidad de tribunales, no debe perder sus caracter�sticas de abstracci�n y generalidad para su correcta observancia.

Empero, lo que s� se considera imperioso por virtud del argumento precedente, es dilucidar si a ra�z de las reformas al C�digo de Comercio, hubo o no modificaci�n en lo tocante a la actual sustanciaci�n del recurso de apelaci�n por el que se combaten las resoluciones definitivas de primera instancia.

Pues bien, entrando al an�lisis de la cuesti�n fundamental, resulta pertinente dirigir la atenci�n a que las constancias de autos arrojan los datos siguientes:

  1. Los Jueces de primera instancia que respectivamente conocieron de los juicios ejecutivos mercantiles n�meros 420/93 y 1008/93, promovidos en ese orden por Banoro, Sociedad An�nima, en contra de J.D.E.R. y Banco Nacional de M�xico, Sociedad An�nima, en contra de J.� de Jes�s O.V.; en fechas diecisiete de mayo y veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y tres, resolvieron sustancialmente que era improcedente la v�a intentada y como consecuencia de ello, omitieron condenar a los demandados.

  2. En contra de esas resoluciones las partes demandadas interpusieron recursos de apelaci�n, que fueron admitidos por los Jueces naturales quienes calificaron el grado remitiendo los autos a la Tercera S. del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Sinaloa, la que en prove�dos de cinco y veintid�s de julio del mismo a�o, previa confirmaci�n del grado los admiti� a tr�mite, asign�ndole al primero el toca 114/93 y al segundo, el de n�mero 124/93; con motivo de ello, los d�as siete y veinticinco de julio los recurrentes expresaron los agravios pertinentes y con posterioridad solicitaron informes en estrados.

  3. Finalmente, en ocho de octubre de mil novecientos noventa y tres dicha S., de oficio, resolvi� no admitir ambos recursos al considerar que las sentencias no eran apelables ya que no se le hab�an causado agravios a los demandados por ser condenados en juicio. Al efecto, fund� su determinaci�n en lo previsto por el art�culo 1337 del c�digo mercantil, que s�lo faculta para interponer el recurso de apelaci�n al "litigante condenado en el fallo si creyere haber recibido alg�n agravio" y al "vencedor, que aunque haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la restituci�n de frutos, la indemnizaci�n de perjuicios o el pago de las cosas.".

Tales resoluciones motivaron los juicios de amparo directo 38/94 y 533/93, cuyos fallos dictados por los Tribunales Primer y Segundo Colegiados del D�cimo Segundo Circuito, son los que originan la contradicci�n de tesis en estudio.

Atento a la rese�a de hechos que antecede, es v�lido concluir que en contra de los prove�dos mediante los cuales el tribunal de alzada hab�a confirmado el grado y admitido los recursos de apelaci�n interpuestos, de autos no se aprecia que se hubiese hecho valer, por la parte a la que pudiere perjudicar, ning�n medio ordinario de impugnaci�n; en esa virtud y al no ser competencia de esta Primera S. el realizar pronunciamiento alguno sobre el particular, �nicamente para los efectos de resolver este conflicto de criterios, dichos autos deben tenerse como firmes. Ello, con independencia de que en su contra, la legislaci�n procesal del Estado de Sinaloa, aplicada supletoriamente, lo previera o no dentro de un t�rmino espec�fico.

Lo anterior es as�, por las razones siguientes:

Ante todo, debe decirse que en materia procesal, los principios denominados doctrinariamente de firmeza de los autos y preclusivo, corren paralelos a los diversos de celeridad y seguridad jur�dica, pues los primeros se materializan en forma eficiente con el hecho de que el perjudicado por alguna determinaci�n judicial omita exteriorizar en el momento oportuno su inconformidad.

Adem�s, con motivo de que la rector�a, vigilancia y eficaz sustanciaci�n de los procesos se ha encargado a �rganos espec�ficos, resulta claro el que las determinaciones que los tribunales dictan en aras de la debida administraci�n de justicia, aun las de mero tr�mite, impl�citamente cuentan con una facultad imperativa que se puede traducir en detrimento o en beneficio de alguna de las partes.

Ello se patentiza si se toma en consideraci�n que por regla general, las sentencias y dem�s resoluciones judiciales, en los casos particulares, confieren derechos o imponen obligaciones a los contendientes, con independencia de que su emisi�n sea correcta o no.

De ah� que sea v�lido colegir, que de no actualizarse ambas condiciones -inconformidad y oportunidad-, se har�a nugatoria la actividad de los �rganos jurisdiccionales, pues equivaldr�a a ubicar en la incertidumbre el c�mulo de actuaciones que aqu�llos hubiesen desarrollado, toda vez que las diferentes etapas que integran los procesos voluntariosamente podr�an ser retrotra�das en el tiempo.

A mayor abundamiento, cabe destacar que es precisamente la firmeza de los prove�dos judiciales lo que otorga seguridad no s�lo a la buena marcha del proceso, sino tambi�n al conjunto de pretensiones que en �l versen, dado que introducen en las partes un aspecto subjetivo de imperatividad relativa a que "algo" va a acontecer forzosamente; tan es as�, que sea una verdad universalmente reconocida la que se encuentra plasmada en la ciencia jur�dica, consistente en que a los tribunales judiciales les est� vedada la facultad de revocar sus propias determinaciones.

En las relatadas condiciones, a juicio de esta Primera S. de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, es inobjetable concluir que con motivo de la firmeza de los mencionados prove�dos, los apelantes adquirieron un derecho procesal para que el tribunal de alzada revisara los negocios y en consecuencia, efectuara pronunciamiento en torno a la confirmaci�n, modificaci�n o revocaci�n, en su caso, de las resoluciones combatidas.

En efecto, como en los casos espec�ficos, se reitera, no se hizo valer ning�n medio ordinario de impugnaci�n en contra de los autos mediante los que el tribunal de alzada confirm� el grado de apelaci�n admitiendo este recurso, quedando por ello firmes, consecutivamente otorg� a los apelantes un dominio centrado en la certeza de que se analizar�a el fondo del asunto; circunstancia que difiere esencialmente de la mera expectativa -de ser o no admitido-, que ten�an en el momento de su interposici�n.

Todo lo cual, es independiente de que como resultado del examen respectivo, basado en la plenitud de valoraci�n de los �rganos judiciales de segunda instancia, les hubiesen sido favorables o no a los apelantes las resoluciones definitivas, dado que aqu�llos s�lo se encontraban constre�idos a acatar sus propios mandatos y no necesariamente a tergiversar el sentido de una verdad declarada.

No obstaculiza llegar a la anterior determinaci�n, el que en apariencia se d� entrada a medios de impugnaci�n notoriamente improcedentes, ni que los multicitados prove�dos puedan considerarse de mero tr�mite -de tal manera que se corra el riesgo de prolongar innecesariamente los procedimientos respectivos o inclusive, de distraer la atenci�n y labor anal�tica de los tribunales-, habida cuenta que con motivo de la rector�a que estos �rganos ejercen sobre el proceso, obliga, por un lado, a que ninguna de sus determinaciones contrar�en las exigencias de la ley y por el otro, que cumplan sus propios mandatos omitiendo expresar distintas posiciones en relaci�n a una misma situaci�n planteada, pues como ya se vio, lo que se persigue es darles seguridad y firmeza.

Una vez resuelto el t�pico de contradicci�n, es menester clarificar si con motivo de las reformas al C�digo de Comercio tantas veces comentadas, sufri� o no modificaci�n el tr�mite de los recursos de apelaci�n que se interponen en contra de las sentencias que resuelven en definitiva los juicios ejecutivos mercantiles.

Lo anterior es as�, tomando en cuenta la trascendencia que significa fijar una tesis jurisprudencial que habr� de regir subsecuentemente en lo general, ya que de conformidad con el art�culo primero transitorio del decreto correspondiente, existe la posibilidad de que algunos de dichos juicios se sigan regulando conforme al texto anterior a la entrada en vigor de las reformas en cita, al se�alar:

Primero. Las reformas previstas en los art�culos 1o. y 3o., del presente decreto, entrar�n en vigor sesenta d�as despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n y no ser�n aplicables a persona alguna que tenga contratados cr�ditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. Tampoco ser�n aplicables trat�ndose de la novaci�n o reestructuraci�n de cr�ditos contra�dos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto.

En ese entendido, las modificaciones de m�rito, en lo que al recurso de apelaci�n se refiere, literalmente prev�n:

"Art�culo 1336. Se llama apelaci�n, el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelaci�n."

"Art�culo 1337. Pueden apelar de una sentencia:

"I. El litigante condenado en el fallo si creyere haber recibido alg�n agravio;

"II. El vencedor, que, aunque haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la restituci�n de frutos, la indemnizaci�n de da�os y perjuicios, o el pago de las costas, y

"III. La parte que venci� puede adherirse a la apelaci�n interpuesta al notific�rsele la admisi�n de �sta, o dentro de los tres d�as siguientes a esa notificaci�n. En este caso, la adhesi�n al recurso sigue la suerte de �ste."

"Art�culo 1339. En los juicios mercantiles, tanto ordinarios como ejecutivos, proceder� la apelaci�n en ambos efectos:

"I. Respecto de sentencias definitivas;

"II. Respecto de sentencias interlocutorias o autos definitivos que pongan t�rmino al juicio, cualquiera que sea la naturaleza de �ste.

"En cualquier otra resoluci�n que sea apelable, la alzada s�lo se admitir� en el efecto devolutivo."

"Art�culo 1343. La sentencia de segunda instancia causar� ejecutoria cuando la misma no pueda ser recurrida por ning�n otro medio ordinario o extraordinario de impugnaci�n, cualquiera que sea el inter�s que en el litigio se verse."

Adem�s, se agreg� un cap�tulo XXVI denominado "Del tr�mite de la apelaci�n"; al respecto, los numerales 1344 y 1345 se�alan:

"Art�culo 1344. La apelaci�n debe interponerse por escrito, dentro de nueve d�as improrrogables, si la sentencia fuere definitiva o dentro de seis si fuere auto o interlocutoria, y en el mismo escrito se expresar�n por el recurrente los motivos de inconformidad o agravios que formule.

"El J., en el auto que pronuncie al escrito de interposici�n del recurso, expresar� si lo admite en un solo efecto o en ambos efectos, dando vista a la contraria para que en el t�rmino de tres d�asconteste lo que a su derecho convenga y ordenar� se asiente constancia en autos de la interposici�n del recurso y de la remisi�n del cuaderno de apelaci�n correspondiente a la superioridad dentro de un plazo de tres d�as, si fueren autos originales y de cinco si se tratare de testimonio.

"Ser� causa de responsabilidad la falta de env�o oportuno al superior de los autos o testimonio respectivo para la sustanciaci�n del recurso."

"Art�culo 1345. Cuando la apelaci�n proceda en un solo efecto no se suspender� la ejecuci�n de la resoluci�n impugnada, pero en este caso el recurrente al interponerla deber� se�alar las constancias para integrar el testimonio de apelaci�n, que podr�n ser adicionadas por la contraria y las que el J. estime necesarias, remiti�ndose desde luego el testimonio que se forme al tribunal de alzada. De no se�alarse las constancias por el recurrente, se tendr� por no interpuesta la apelaci�n. Si el que no se�ale constancias es la parte apelada, se le tendr� por conforme con las que hubiere se�alado el apelante.

"Respecto del se�alamiento de constancias, las partes y el J. deben cumplir con lo que se ordena en el p�rrafo final de este art�culo.

"Si se tratare de sentencia definitiva en que la apelaci�n se admita en efecto devolutivo se remitir�n las originales al superior, pero se dejar� en el juzgado para ejecutarla copia certificada de ella y de las dem�s constancias.

"Si la apelaci�n se admite en ambos efectos suspende desde luego la ejecuci�n de la resoluci�n, hasta que cause ejecutoria.

"Al recibirse las constancias por el superior, no se notificar� personalmente a las partes para que comparezcan ante dicho tribunal, a menos que se haya dejado de actuar por m�s de seis meses.

"Llegados los autos o el testimonio, en su caso, al superior, �ste dentro de los tres d�as siguientes dictar� providencia en la que decidir� sobre la admisi�n del recurso, la calificaci�n del grado y la oportuna expresi�n de agravios y su contestaci�n hechas por y ante el J. a quo, citando en su caso a las partes para o�r sentencia, misma que se pronunciar� dentro del plazo de quince d�as contados a partir de la citaci�n para sentencia. S�lo cuando hubiere necesidad de que el superior examine documentos voluminosos, podr� disfrutar de ocho d�as m�s para pronunciar resoluci�n.

"Declarada inadmisible la apelaci�n, se devolver�n los autos al inferior, revocada la calificaci�n, se proceder� en consecuencia.

El tribunal de apelaci�n formar� un solo expediente, inici�ndose con la primera apelaci�n que se integre con las constancias que se remitan por el inferior, y se contin�e agreg�ndose las subsecuentes que se remitan para el tr�mite de apelaciones posteriores.

Como se advierte de las transcripciones precedentes, si bien entre otros supuestos, se explicitan los casos de procedencia y la sustanciaci�n del recurso de apelaci�n, tambi�n lo es que por lo que se refiere al que se interpone en contra de las sentencias definitivas, el cual es admitido en ambos efectos suspendiendo su ejecuci�n, �nicamente se previene que el tribunal de alzada, despu�s de recibir del J. a quo los autos originales, dentro de los tres d�as siguientes deber� dictar providencia decidiendo en torno a la admisi�n del recurso, la calificaci�n del grado y la oportuna expresi�n de agravios y su contestaci�n y consecuentemente, citar a las partes para o�r sentencia, la que deber� dictar dentro del plazo de quince d�as contados a partir de dicha citaci�n.

No obstante ello, debe decirse que a diferencia del texto anterior a las reformas al c�digo mercantil, publicadas en veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, la providencia emitida por los tribunales de segundo grado con la que admiten el recurso de apelaci�n -para los asuntos que no se incluyen en la hip�tesis del art�culo primero transitorio del decreto-, puede ser combatida a trav�s del recurso de reposici�n; lo que se deduce de la lectura del numeral 1334, cuyo tenor es el siguiente:

"Art�culo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el J. que los dict� o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio.

"De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia ser�an apelables, puede pedirse la reposici�n."

Como es de verse, particularmente en el segundo p�rrafo del numeral transcrito se hace referencia en forma gen�rica a que de los "autos" que dictan los tribunales superiores puede pedirse la reposici�n; en consecuencia, deviene v�lido colegir que entre �stos se encuentran incluidas las providencias con las que dichos �rganos colegiados admiten el recurso de apelaci�n.

En base a todo lo anteriormente asentado y de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo, la tesis jurisprudencial que sustenta esta Primera S. de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, debe quedar anotada con los siguientes rubro y texto:

APELACI�N EN MATERIA MERCANTIL. EL TRIBUNAL DE ALZADA NO PUEDE ANALIZAR DE OFICIO LA PROCEDENCIA DEL RECURSO QUE SE INTERPONE EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, SI CON ANTERIORIDAD LO HAB�A ADMITIDO CONFIRMANDO EL GRADO Y EL AUTO RELATIVO NO FUE COMBATIDO POR NING�N MEDIO ORDINARIO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE SINALOA Y SIMILARES).-Si de las constancias de autos se advierte que el prove�do mediante el cual el tribunal de alzada, en forma colegiada, confirm� el grado y admiti� el recurso de apelaci�n interpuesto, en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, no fue impugnado por la parte a la que pudiere perjudicar, mediante el recurso de reposici�n previsto -hasta antes de las �ltimas reformas al C�digo de Comercio-, debe concluirse que tal prove�do qued� firme. En efecto, tomando en consideraci�n que en materia procesal, los principios denominados doctrinariamente de firmeza de los autos y preclusivo, corren paralelos a los diversos de celeridad y seguridad jur�dica, as� como que con motivo de que la rector�a, vigilancia y eficaz sustanciaci�n de los procesos se ha encargado a los tribunales, los que dictan determinaciones imperativas en aras de la debida administraci�n de justicia; ante el hecho de que no se actualicen ambas condiciones -inconformidad y oportunidad-, los propios tribunales est�n obligados a cumplir sus mandatos y en consecuencia, entrar al estudio de fondo del negocio ya sea confirmando, modificando o revocando la sentencia recurrida, ya que de no hacerse as�, se har�a nugatoria la actividad de los �rganos jurisdiccionales, pues equivaldr�a a ubicar en la incertidumbre el c�mulo de actuaciones que aqu�llos hubiesen desarrollado, toda vez que las diferentes etapas que integran los procesos, voluntariosamente podr�an ser retrotra�das en el tiempo.

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO

Existe contradicci�n entre los criterios sustentados por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del D�cimo Segundo Circuito, al resolver, respectivamente, los juicios de amparo directo n�meros 533/93 y 38/94.

SEGUNDO

En el tema de contradicci�n, debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, la tesis de esta Primera S. de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, cuyo rubro y texto quedaron anotados en el �ltimo considerando de esta ejecutoria.

TERCERO

Rem�tase de inmediato la tesis que se sustenta en la presente resoluci�n, a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis, para su publicaci�n �ntegra en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como a las S.s de este Alto Tribunal, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese y c�mplase; con testimonio de esta resoluci�n, comun�quese a los Tribunales Colegiados sustentantes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n por unanimidad de cinco votos de los Ministros: J.� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V., presidente H.R.P. y ponente J.V.C. y C..

Nota: Las tesis de rubros: "VACUIDAD DE LA LEY MERCANTIL." y "LEYES SUPLETORIAS EN MATERIA MERCANTIL.", que se citan en esta ejecutoria, fueron publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, T.V., p�gina 53 y S�ptima �poca, Vol�menes 175-180, Cuarta Parte, p�gina 109, respectivamente.