Ejecutoria num. 2a./J. 27/98 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26828988

Ejecutoria num. 2a./J. 27/98 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 27/98
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 1998
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.SEGURO SOCIAL. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LAS COTIZACIONES DE LOS TRABAJADORES QUE SIRVEN DE BASE SALARIAL PARA DETERMINAR LA CUANTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES QUE PREVÉ LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 32/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y EL S�PTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo n�mero DT-8063/96, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en relaci�n con la carga de la prueba para acreditar las semanas de cotizaci�n de los asegurados para fijar las pensiones que el citado instituto debe otorgar en los t�rminos de la ley del caso, establece en lo que interesa lo siguiente: "TERCERO.-La parte quejosa formul� como conceptos de violaci�n los siguientes: ?La Junta responsable contraviene lo dispuesto en los art�culos 840, 841, 842, 843, 844 y dem�s aplicables de la ley laboral por las siguientes consideraciones: 1. La Junta viola lo dispuesto en los art�culos 840, 841, 842, 843, 844 de la ley laboral, al emitir un laudo incongruente, sin analizar pormenorizadamente las pretensiones de las partes y las pruebas aportadas en el juicio laboral, pues de haber hecho un an�lisis en conciencia se hubiera percatado que no obstante que la actora manifest� un determinado salario, no aport� elementos para acreditar su dicho, debiendo en ese caso estarse la Junta al salario m�nimo general y omite hacerlo, ocasionando con ello perjuicio a mi representado, siendo aplicable al caso la siguiente tesis: �SALARIO DIARIO NO ACREDITADO.� (la transcribe).-2. Tambi�n viola la responsable lo dispuesto en los art�culos 840, 841, 842, 843, 844 de la ley laboral, al emitir una resoluci�n incongruente con las constancias de autos, toda vez que se�ala que la pensi�n de invalidez deber� cubrirse a partir del 7 de octubre de 1992, cuando la presentaci�n de la demanda fue hasta el 6 de octubre de 1994, ocasionando con ello perjuicio a mi representado, al abarcar un periodo mayor al que en derecho corresponde.-3. Transgrede la responsable lo dispuesto en los art�culos 840, 841, 842, 843, 844 de la Ley Federal del Trabajo al resolver �nicamente con la opini�n m�dica que la actora en el juicio laboral presenta un estado de invalidez y una incapacidad permanente, sin considerar la aplicaci�n al caso del art�culo 125 de la Ley del Seguro Social que a la letra dice: �Art�culo 125. Si una persona tiene derecho a cualquiera de las pensiones de este cap�tulo y tambi�n a pensi�n proveniente del seguro de riesgos de trabajo, percibir� ambas sin que la suma de sus cuant�as exceda del cien por ciento del salario promedio del grupo mayor de los que sirvieron de base para determinar la cuant�a de las pensiones concedidas. Los ajustes para no exceder el l�mite se�alado no afectar�n la pensi�n proveniente del seguro de riesgos de trabajo.�. Precepto que al no ser aplicado ocasiona perjuicio a mi representado, siendo totalmente infundado y contrario a derecho el proceder de la responsable.-4. Contraviene la Junta del conocimiento lo dispuesto en los art�culos 840, 841, 842, 843, 844 de la ley laboral al pretender condenar al instituto que represento a cubrir a la actora los incrementos salariales existentes en la categor�a de auxiliar administrativo ?A? en el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, hasta la fecha del laudo que se impugna, lo anterior en virtud de que como se desprende de autos, de las propias pruebas aportadas por la actora, que caus� baja por terminaci�n de la relaci�n laboral; luego entonces, ya no est� en activo, siendo aplicable al caso la siguiente tesis: �SEGURO SOCIAL. SALARIO BASE PARA EL PAGO DE LAS PENSIONES A CARGO DEL, EN MATERIA DE RIESGOS DE TRABAJO, SI EL TRABAJADOR SE SEPAR� ANTES DE LA DETERMINACI�N DEL GRADO DE INCAPACIDAD.�.-(la transcribe). (cita precedentes). Y al omitir su consideraci�n la Junta del conocimiento, al emitir su laudo ocasiona con ello perjuicio a mi mandante.-5. Transgrede la Junta los art�culos 840, 841, 842, 843 de la ley laboral al resolver sin analizar los hechos en conciencia, pues si bien existe una opini�n m�dica que establece enfermedades, la responsable omite realizar el an�lisis l�gico-jur�dico que le corresponde respecto a la aplicabilidad al caso en concreto del art�culo 128, a la luz de las dem�s pruebas aportadas, pues de haberlo hecho hubiera concluido que la actora dej� de laborar por una terminaci�n voluntaria de la relaci�n de trabajo y ello no implica que no est� en condiciones de realizar ning�n trabajo que le proporcione una remuneraci�n, an�lisis que al no llevarlo a cabo deja a mi representado en estado de indefensi�n, sin que baste la opini�n m�dica para resolver, pues sus actos deben estar debidamente motivados y fundados, lo que no se dio en la especie ocasionando con ello perjuicio al instituto que represento.-6. Viola tambi�n lo dispuesto en los art�culos 840, 841, 842, 843, 844 de la ley de la materia al no analizar en conciencia el caso que nos ocupa, siendo improcedente la apertura del incidente de liquidaci�n pues est� en condiciones de cuantificar las prestaciones que pudieran corresponder a la hoy tercero perjudicada, tomando como base el salario m�nimo general en virtud de que no acredit� el salario que hizo valer en su escrito inicial de demanda, remiti�ndome al concepto de violaci�n marcado bajo el numeral 1 en obvio de repeticiones innecesarias y que al abstenerse de actuar congruentemente y en conciencia ocasiona perjuicios al instituto hoy quejoso.?.

"CUARTO.-Son parcialmente fundados los conceptos de violaci�n formulados por el peticionario de amparo.

"En efecto, en los conceptos de violaci�n primero y sexto, la parte quejosa aduce que el laudo es incongruente porque la Junta no se percat� que la actora manifest� un determinado salario pero no aport� elementos para acreditar su dicho, y por tanto, debi� estarse al salario m�nimo general para calcular las prestaciones sin necesidad de incidente de liquidaci�n cuya apertura, por ese motivo, es improcedente.

"Lo anterior es infundado, porque la carga de la prueba para acreditar las �ltimas doscientas cincuenta semanas de cotizaci�n del actor a dicho instituto correspond�a a �ste.

"As� es, la Junta conden� al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de la pensi�n de invalidez reclamada y adujo que como en autos no aparece el promedio de las �ltimas doscientas cincuenta (250) semanas de cotizaci�n del actor a dicho instituto, para su debida cuantificaci�n deb�a abrirse incidente de liquidaci�n.

"Partiendo de lo anterior, cabe destacar que no es exacto que la Junta debi� estimar para la cuantificaci�n de la pensi�n de invalidez, el salario m�nimo, como consecuencia de que la actora no acredit� mediante pruebas suficientes el salario que adujo, pues si el instituto ahora quejoso controvirti� este �ltimo, a �l le correspond�a la carga de probar el salario conforme al cual deb�a cubrirse esa prestaci�n, esto es, el promedio correspondiente a las �ltimas doscientas cincuenta (250) semanas de cotizaci�n, ya que es el que se encuentra en la posibilidad de hacerlo debido a que tiene en su poder la documentaci�n id�nea para ello, por tanto, no es exacto que para el fin mencionado tuviera que estarse al salario m�nimo, sino, en todo caso, al se�alado por el actor ante la omisi�n del instituto de acreditar el promedio de las cotizaciones de referencia.

"En efecto, el art�culo 167 de la Ley del Seguro Social dispone:

"?Para efectos de determinar la cuant�a b�sica anual de la pensi�n y sus incrementos, se considera como salario diario, el promedio correspondiente a las �ltimas doscientas semanas (sic) de cotizaci�n.?

"Para concluir a qui�n corresponde la carga de probar las cotizaciones aludidas, debe atenderse a lo dispuesto en el art�culo 17 de este �ltimo ordenamiento laboral que establece:

"?A falta de disposici�n expresa en la Constituci�n, en esta ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el art�culo 6o., se tomar�n en consideraci�n sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales de justicia social que derivan del art�culo 123 de la Constituci�n, la jurisprudencia y la equidad.?

"En estas condiciones, en atenci�n a la primera de las reglas supletorias aludidas, esto es, a la aplicaci�n anal�gica de los preceptos de la Ley Federal del Trabajo, con apoyo adem�s, en los art�culos 2o., 3o. y 18 del mismo, se advierte que en el caso es aplicable lo dispuesto por su art�culo 784, que establece:

"?La Junta eximir� de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios est� en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerir� al patr�n para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligaci�n legal de conservar en la empresa ...?

"Para llegar a esta conclusi�n, se parte de la base de que, en la exposici�n de motivos sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de proceso laboral, que entraron en vigor el primero de mayo de mil novecientos ochenta, se dijo textualmente:

"?Durante muchos a�os se han involucrado en las diversas ramas del derecho procesal dos principios que, relacionados entre s�, no pueden ser considerados como id�nticos; la obligaci�n de quien afirma de probar los hechos a que se est� refiriendo, como constitutivos de su acci�n, y la limitaci�n de los casos en que el que niega est� obligado a probar. Este principio, cuando se aplica r�gidamente, limita de manera considerable la actividad del tribunal, que en las sentencias o laudos debe formarse una idea clara y completa de los hechos que sirven de sustento a la aplicaci�n de las normas en las sentencias o laudos.

"?En realidad, tanto el que afirma determinados hechos en calidad de demandante, como el que los afirma en situaci�n de demandado deben aportar al tribunal los elementos de que dispongan para probar su dicho y, adem�s, deben se�alar la forma de obtener las pruebas de las que no dispongan en ese momento, si son documentales, para que las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje se las alleguen, exigiendo su presentaci�n a quien las tenga. En el aspecto inquisitivo al que tienden los tribunales de trabajo, como �rganos del Estado destinados a impartir justicia con pleno conocimiento de los hechos, as� como a evitar formulismos que han desaparecido incluso en el derecho privado.

"?Estar obligado a probar un hecho y disponer de todos los medios para hacerlo, son dos situaciones que no siempre coinciden. Es frecuente que la contraparte o que terceros ajenos al juicio, dispongan de m�s elementos que el actor para comprobar lo que �ste afirma. Por esa raz�n, en esta iniciativa se propone que la Junta podr� eximir de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios se est� en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Si el patr�n es requerido deber� exhibir la documentaci�n que tenga la obligaci�n de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumir�n ciertos los hechos alegados por el trabajador. Corresponder� al patr�n probar su dicho cuando exista controversia sobre los hechos y actos en que el empleador est� obligado a disponer de sus antecedentes.

"?De este modo se establece una modalidad m�s del sistema participativo, en base a la franca colaboraci�n de todos aquellos que intervienen en el juicio, para lograr el esclarecimiento de la verdad y para aportar a las Juntas de Conciliaci�n y a las de Conciliaci�n y Arbitraje todos los elementos que faciliten el desempe�o de sus importantes funciones sociales.?

"Conforme a las razones inmersas en el esp�ritu del indicado art�culo, es claro que la finalidad que persigue es la de relevar al trabajador de probar los hechos que refiere como base de su acci�n, en los casos en que la contraparte o tercero ajeno al juicio, disponga de m�s elementos que el actor para acreditar lo que �ste afirma; tal es el caso de la necesidad de contar con los elementos necesarios para calcular el promedio de cotizaciones del trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues es claro que es este instituto quien tiene la documentaci�n id�nea para ello, porque est� a su cargo el registro e inscripci�n de los trabajadores, altas, bajas y modificaci�n de sus salarios y dem�s controles que se�ala la Ley del Seguro Social, datos con los que el trabajador no cuenta.

"No es �bice para sostener lo anterior, que el nombrado instituto no tenga en el juicio laboral el car�cter de patr�n, puesto que las mismas razones que se tienen para atribuir al patr�n la carga procesal de probar los hechos sobre los cuales tiene mayores elementos que el trabajador, son las mismas que cabe esgrimir para atribu�rsela al instituto, en el aspecto que aqu� se refiere; pues contar con los elementos de prueba suficientes ante un conflicto laboral, no es una prerrogativa para la contraparte del trabajador sino una obligaci�n en t�rminos del precepto en cita, dado que la tutela del derecho laboral al trabajador se extiende al derecho ?procesal?.-En el cuarto concepto de violaci�n, el agraviado se�ala que el laudo infringe los preceptos de la Ley Federal del Trabajo ya mencionados, porque condena al instituto a cubrir a la actora los incrementos salariales existentes en la categor�a de auxiliar administrativo ?A? en el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, hasta la fecha del laudo, no obstante que �sta caus� baja por terminaci�n de la relaci�n laboral, luego ya no estaba en activo.-Este concepto de violaci�n es inatendible, en virtud de que el quejoso plantea con ello, una cuesti�n que no fue aducida en el juicio natural.-Efectivamente, en el inciso f) de la demanda laboral, el actor reclam� el pago de incrementos a las pensiones reclamadas, en los t�rminos siguientes: F) El otorgamiento y pago al actor de todos los incrementos que por acuerdo del H. Consejo T�cnico del instituto demandado se otorguen a las cuant�as de las pensiones de incapacidad parcial permanente e invalidez a partir de la fecha en que surja la obligaci�n del demandado de otorgar dichas pensiones y hasta aquella otra en que directamente le sean asignados los incrementos mencionados, con fundamento en el art�culo 75 de la Ley del Seguro Social (foja dos a tres de autos).-En relaci�n a tal prestaci�n, el Instituto Mexicano del Seguro Social contest� la demanda, de la forma siguiente: F) Carece de acci�n y derecho la parte actora para reclamar lo que pretende en dicho inciso, en raz�n de que si a�n no surge el derecho para el actor, mucho menos existe la obligaci�n de mi representado para el cumplimiento de dicha prestaci�n. En el supuesto sin conceder de que se condene a mi representado, se generar� la obligaci�n de otorgarle los incrementos, �nicamente los indicados por la Ley del Seguro Social (foja treinta y tres de autos).-Como se advierte de los p�rrafos transcritos, el ahora quejoso no argument� ante la Junta, que la prestaci�n de referencia no proced�a porque el actor caus� baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por terminaci�n de la relaci�n laboral y por tanto ya no estaba en activo.-Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 290, visible en la p�gina 190, Tomo V, Materia del Trabajo, del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA.-Si las cuestiones que alega el quejoso no fueron materia de controversia ante la Junta, tampoco pueden serlo de la litis constitucional, en virtud de que la sentencia de amparo que se pronuncie s�lo debe tomar en cuenta las cuestiones planteadas ante la autoridad jurisdiccional.?.-En estas condiciones, si la autoridad responsable no tuvo la oportunidad de dirimir la cuesti�n aducida ahora en el juicio de amparo porque no fue planteada en tales t�rminos ante ella, no puede ser motivo de estudio el concepto de violaci�n en menci�n, porque el acto reclamado, de conformidad con el art�culo 78 de la Ley de Amparo, debe analizarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable.-En el quinto concepto de violaci�n, el peticionario de amparo aduce que, el laudo reclamado es violatorio de los art�culos de la Ley Federal del Trabajo que se vienen mencionando porque la Junta no analiza los hechos en conciencia, pues omiti� realizar el an�lisis l�gico-jur�dico que corresponde respecto a la aplicabilidad al caso concreto del art�culo 128 de la Ley del Seguro Social, a la luz de las pruebas aportadas, agregando el quejoso que, de haberlo hecho, hubiera concluido que la actora dej� de laborar por terminaci�n voluntaria de la relaci�n de trabajo y ello no implica que no est� en condiciones de realizar alg�n trabajo que le proporcione una remuneraci�n, por lo que tal omisi�n le causa un estado de indefensi�n ya que no basta la opini�n m�dica para resolver como lo hizo la Junta, sin motivar y fundar su resoluci�n.-El concepto de violaci�n aludido resulta fundado, en la parte en la que el peticionario de amparo se�ala que la responsable omiti� realizar el an�lisis jur�dico correspondiente respecto a lo dispuesto en el art�culo 128 de la Ley del Seguro Social, pues efectivamente la Junta responsable para estimar procedente la pensi�n de invalidez reclamada por el actor, se limit� a se�alar que correspond�a la carga de la prueba a la parte actora y despu�s de analizar el dictamen del perito m�dico del Instituto Mexicano del Seguro Social al que la actora se allan�, concluy� que era procedente condenar a la instituci�n aludida a pagar la pensi�n de invalidez de referencia, y nada dijo en relaci�n al contenido del art�culo 128 de la Ley del Seguro Social que es en donde se establece y regula el seguro de invalidez, omisi�n que la condujo a un an�lisis de las pruebas desligado del contenido de dicho numeral.-En estas condiciones, la Junta responsable, al omitir analizar la reclamaci�n de pensi�n de invalidez demandada por el actor a la luz de lo dispuesto por el art�culo 128 de la Ley del Seguro Social en donde se encuentra regulado el seguro de invalidez, infringe en perjuicio del instituto quejoso el contenido del art�culo 842 de la Ley Federal del Trabajo, violando con ello las garant�as de legalidad y exacta aplicaci�n de la ley a que se contraen los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.-En consecuencia procede concederle el amparo y protecci�n de la Justicia Federal al quejoso para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado, y en su lugar emita otro en el que siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, y sin perjuicio de reiterar los aspectos que no son motivo para conceder la protecci�n federal, resuelva con plenitud de jurisdicci�n el reclamo de pensi�n de invalidez, atendiendo a lo que al efecto dispone el art�culo 128 de la Ley del Seguro Social que establece la hip�tesis del seguro de invalidez.-En virtud de que la concesi�n del amparo tiene como consecuencia que se nulifique el laudo reclamado en los t�rminos antes mencionados, resulta innecesario analizar el segundo y tercero de los conceptos de violaci�n formulados por el quejoso en donde aduce, respectivamente, que el laudo reclamado es incongruente porque se�al� incorrectamente la fecha a partir de la cual debe cubrirse la pensi�n de invalidez y que la Junta omite atender al contenido del art�culo 125 de la Ley del Seguro Social.-Es aplicable en la especie la tesis de jurisprudencia 168, visible en la p�gina 113, T.V., Materia Com�n, del Ap�ndice ya se�alado, que dice: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el amparo que se concede por uno de los cap�tulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es in�til decidir sobre �stos.?."

CUARTO

Por su parte el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DT-4187/97, promovido tambi�n por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en relaci�ncon el mismo tema, estableci� lo siguiente: "TERCERO.-Son fundados los conceptos de violaci�n. J. R�os F. demand� al Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento y pago de una pensi�n de incapacidad parcial permanente valuada en un 55% de la total org�nico-funcional o la que resulte durante la tramitaci�n del juicio, misma que pidi� se calculara tomando en cuenta el salario integrado de $187.45 diarios, que fue el �ltimo que percibi� al quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro en la categor�a de unidor de cuerda, que desempe�� para la empresa General Tire de M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, m�s los incrementos que se generen en la categor�a y empresa mencionadas a la fecha en que se determine el grado de incapacidad, o sea cuando quede firme el laudo. En el cap�tulo de hechos narr� que el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos sufri� un accidente de trabajo, que fue calificado de naturaleza profesional por el instituto demandado, mismo que le produjo varias de las enfermedades de trabajo que originaron su estado de incapacidad parcial permanente y otras las adquiri� con motivo del ambiente de trabajo donde se desempe��.-El Instituto Mexicano del Seguro Social, neg� que el reclamante sea portador de los padecimientos a que alude, puesto que no se ha sometido a los ex�menes m�dicos por parte del instituto, ni �ste ha tenido conocimiento del accidente de trabajo, dado que no le ha presentado la forma MT-1, consistente en el aviso para calificar probable riesgo de trabajo. El instituto neg� que el reclamante se encuentre inscrito en el r�gimen obligatorio que presta; para el caso de que se le condenara al otorgamiento y pago de la pensi�n, adujo que el pago deber� hacerse en t�rminos del art�culo 65 de la Ley del Seguro Social, tom�ndose como base el salario promedio de las �ltimas 250 semanas de cotizaci�n.-El actor aclar� su demanda en el sentido de manifestar a la Junta que en virtud de que demanda un riesgo de trabajo no se hace necesario precisar las semanas de cotizaci�n que tuvo registradas ante el instituto demandado.-El demandado agreg� a su contestaci�n que no recibi� el aviso del accidente de trabajo a que se refiere el hecho tres de la demanda.-El actor en la fase de r�plica reiter� que la pensi�n deber� calcularse con el salario que acredite y no con el promedio de las �ltimas 250 semanas de cotizaci�n, el cual a su juicio es improcedente para el presente asunto.-La Junta conden� al Instituto Mexicano del Seguro Social al otorgamiento y pago de una pensi�n por incapacidad parcial permanente valuada en un 40% de la total org�nico-funcional, a partir de la fecha de emisi�n del laudo, con base en el salario indicado por el actor en su demanda de $187.47 diarios ya que si bien es cierto que el instituto demandado no tiene el car�cter de patr�n, tambi�n lo es que en su calidad de organismo asegurador recibi� las cotizaciones a favor del actor, estim�ndose que cuenta con los elementos para acreditar el promedio de las �ltimas 52 semanas de cotizaci�n, por lo que al no manifestar ni acreditar diverso promedio salarial se deber� calcular la pensi�n con el salario referido que adujo el actor, ello siguiendo los lineamientos del art�culo 65 fracci�n II de la Ley del Seguro Social; tambi�n conden� a que se consideren todos los incrementos que se generen en la categor�a y empresa que precis� el asegurado, como lo se�ala la jurisprudencia n�mero 19/91 que se identifica bajo el rubro de: ?SEGURO SOCIAL EL SALARIO BASE PARA EL PAGO DE PENSIONES A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE RIESGO DE TRABAJO, ESTABLECE CON LOS AUMENTOS HABIDOS HASTA EN TANTO SE DETERMINE EL GRADO DE INCAPACIDAD Y SE RIGE POR LA LEY DEL.?.-Para cuantificar dichos incrementos, la Junta orden� la sustanciaci�n del incidente de liquidaci�n.-Alega el Instituto Mexicano del Seguro Social que el laudo reclamado es contrario a derecho, en virtud de que toma como base para el c�lculo de la pensi�n de incapacidad parcial permanente, el salario que el asegurado se�al� percib�a de su patr�n a raz�n de $187.47 diarios, a�adiendo que supuestamente se efect�a dicha consideraci�n siguiendo los lineamientos del art�culo 65 fracci�n II de la Ley del Seguro Social, percepci�n que no corresponde al promedio salarial de las 52 semanas de cotizaci�n del referido tercero perjudicado, pues el propio accionante en el cap�tulo de prestaciones inciso b) de manera expresa reconoce que ese fue el salario �ltimo que percibi� el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro al prestarle servicios a la empresa General Tire de M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, lo que significa que ese era el salario devengado cuando existi� relaci�n laboral, situaci�n que es diversa a la relaci�n que une a los contendientes y que es de �rgano asegurador y asegurado, de donde se colige que la �nica ley aplicable es la del seguro social, espec�ficamente el art�culo 65 fracci�n II, pues en el caso la Junta al considerar el �ltimo salario percibido de aquel patr�n est� aplicando la Ley Federal del Trabajo, no siendo suficiente el argumento de la Junta de que atiende al salario que mencion� el reclamante ante la omisi�n del instituto de referir a cu�nto ascendi� el salario promedio de las 52 semanas de cotizaci�n, puesto que del art�culo 65 fracci�n II, no se desprende que est� obligado a demostrar dicho promedio ante la Junta.

"Es fundado en esencia el argumento anterior pues, como lo hace notar el inconforme es indebido que la Junta considere como base para el c�lculo de la pensi�n de incapacidad parcial permanente que debe percibir el tercero perjudicado, la cantidad de $187.47 diarios que el asegurado mencion� percibi� por �ltima ocasi�n de su patr�n el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, puesto que el art�culo 65 de la Ley del Seguro Social previene que dicho c�lculo deber� efectuarse con base en las 52 �ltimas semanas de cotizaci�n en su promedio salarial, por tanto, si la Junta no atendi� a lo previsto por el citado precepto legal caus� perjuicio al ahora quejoso.

"Tambi�n es indebido el que la Junta tomara dicha base salarial para calcular la multicitada pensi�n, ante la omisi�n del instituto quejoso de precisar y acreditar en el juicio laboral a cu�nto ascendi� el promedio salarial de las 52 �ltimas semanas de cotizaci�n del asegurado, en virtud de que dicho instituto, no tiene el car�cter de patr�n respecto del actor, para que se le imponga dicha carga procesal la cual tampoco deriva del art�culo 65 de la Ley del Seguro Social, no encontrando por otro lado apoyo legal la consideraci�n de la Junta respecto a que el instituto quejoso debi� probar ese extremo, por ser �l quien tiene los elementos para ello, al haber recibido las cotizaciones en favor del actor, pues como ya se anticip� el instituto demandado no tiene el car�cter de patr�n, por lo que no le son aplicables las reglas que sobre carga de la prueba establece el art�culo 784 de la Ley Federal del Trabajo, m�xime que las pensiones como la demandada se rigen por una ley especial como lo es la del Seguro Social.

Conforme a lo anterior, el se�alamiento y prueba del tantas veces mencionado promedio salarial, como base de la acci�n corresponde al asegurado, observ�ndose que en la especie la Junta previno al actor para que subsanara esa deficiencia de su demanda, a lo cual �ste se neg�, por creerlo ?innecesario?.-Toda vez que el criterio sostenido en esta ejecutoria es contradictorio con el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, que emiti� al resolver por unanimidad de votos el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y seis, el juicio de amparo directo n�mero DT-8063/96, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en cuya parte conducente se dice:-?Lo anterior es infundado, porque la carga de la prueba para acreditar las �ltimas doscientas cincuenta semanas de cotizaci�n del actor a dicho instituto correspond�a a �ste. As� es, la Junta conden� al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de la pensi�n de invalidez reclamada y adujo que como en autos no aparece el promedio de las �ltimas doscientas cincuenta (250) semanas de cotizaci�n del actor a dicho instituto, para su debida cuantificaci�n deb�a abrirse incidente de liquidaci�n. Partiendo de lo anterior, cabe destacar que no es exacto que la Junta debi� estimar para la cuantificaci�n de la pensi�n de invalidez, el salario m�nimo, como consecuencia de que la actora no acredit� mediante pruebas suficientes el salario que adujo, pues si el instituto ahora quejoso controvirti� este �ltimo, a �l le correspond�a la carga de probar el salario conforme al cual deb�a cubrirse esa prestaci�n, esto es, el promedio correspondiente a las �ltimas doscientas cincuenta (250) semanas de cotizaci�n, ya que es el que se encuentra en la posibilidad de hacerlo debido a que tiene en su poder la documentaci�n id�nea para ello, por tanto, no es exacto que para el fin mencionado tuviera que estarse al salario m�nimo sino, en todo caso, al se�alado por el actor ante la omisi�n del instituto de acreditar el promedio de las cotizaciones de referencia. En efecto, el art�culo 167 de la Ley del Seguro Social dispone: �Art�culo 167. Las pensiones anuales de invalidez y de vejez se compondr�n en una cuant�a b�sica y de incrementos anuales computados de acuerdo con el n�mero de cotizaciones semanales reconocidas al asegurado con posterioridad a las primeras quinientas semanas de cotizaci�n ... Para los efectos de determinar la cuant�a b�sica anual de la pensi�n y sus incrementos, se considera como salario diario el promedio correspondiente a las �ltimas doscientas cincuenta semanas de cotizaci�n. Si el asegurado no tuviere reconocidas las doscientas cincuenta semanas se�aladas se tomar�n las que tuviere acreditadas, siempre que sean suficientes para el otorgamiento de una pensi�n por invalidez o por muerte�. Para concluir a qui�n corresponde la carga de probar las cotizaciones aludidas, debe entenderse a lo dispuesto en el �Art�culo 17. A falta de disposici�n expresa en la Constituci�n, en esta ley o en sus reglamentos ... se tomar�n en consideraci�n sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del art�culo 123 de la Constituci�n, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.�. En estas condiciones, en atenci�n a la primera de las reglas supletorias aludidas, esto es, a la aplicaci�n anal�gica de los preceptos de la Ley Federal del Trabajo, con apoyo adem�s en los art�culos 2o., 3o. y 18 del mismo, se advierte que en el caso es aplicable lo dispuesto por su art�culo 784, que establece: �La Junta eximir� de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios est� en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerir� al patr�n para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligaci�n legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumir�n ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponder� al patr�n probar su dicho cuando exista controversia sobre: I.F. de ingreso del trabajador; II. A.�edad del trabajador; III. Faltas de asistencia del trabajador; IV. Causa de rescisi�n de la relaci�n de trabajo; V.T.�n de la relaci�n o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los t�rminos del art�culo 37 fracci�n I y 53 fracci�n III de esta ley; VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de su despido; VII. El contrato de trabajo; VIII. D.�n de la jornada de trabajo; IX. Pagos de d�as de descanso y obligatorios; X.D. y pago de las vacaciones; XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antig�edad; XII. Monto y pago del salario; XIII. Pago de la participaci�n de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y XIV. I.�n y aportaci�n al Fondo Nacional de la Vivienda.�.-Para llegar a esta conclusi�n, se parte de la base de que, en la exposici�n de motivos sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de proceso laboral, que entraron en vigor el primero de mayo de mil novecientos ochenta, se dijo textualmente; (lo transcribe).-Conforme a las razones inmersas en el esp�ritu del indicado art�culo, es claro que la finalidad que persigue es la de relevar al trabajador de probar los hechos que refiere como base de su acci�n, en los casos en que la contraparte o tercero ajeno al juicio, disponga de m�s elementos que el actor para acreditar lo que �ste afirma; tal es el caso de la necesidad de contar con los elementos necesarios para calcular el promedio de cotizaciones del trabajador al instituto quien tiene la documentaci�n id�nea para ello, porque est� a su cargo el registro e inscripci�n de los trabajadores, altas, bajas y modificaci�n de sus salarios y dem�s controles que se�ala la Ley del Seguro Social, datos con los que el trabajador no cuenta. No es �bice para sostener lo anterior, que el nombrado instituto no tenga en el juicio laboral el car�cter de patr�n, puesto que las mismas razones que se tienen para atribuir el patr�n la carga procesal de probar los hechos sobre los cuales tiene mayores elementos que el trabajador, son las mismas que cabe esgrimir para atribu�rsele al instituto, en el aspecto que aqu� se refiere; pues contar con los elementos de prueba suficientes ante un conflicto laboral, no es una prerrogativa para la contraparte del trabajador sino una obligaci�n en t�rminos del precepto en cita, dado que la tutela del derecho laboral al trabajador se extiende al derecho procesal.?. Pues a juicio de este tribunal existe la contradicci�n de criterios en virtud de que mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito afirma que al Instituto Mexicano del Seguro Social le corresponde la carga de la prueba para acreditar las semanas de cotizaci�n de un asegurado para fijar las pensiones que otorga dicho instituto, este tribunal considera que dicha carga procesal por ser base de la acci�n toca cumplirla al asegurado, por tanto, con fundamento en el art�culo de la Ley de Amparo, se ordena denunciar la contradicci�n existente entre ambos criterios, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n decida cu�l de ellos es el que debe prevalecer.-En el segundo concepto de violaci�n se aduce que es ilegal el proceder de la Junta de condenar al quejoso a que incorpore a la pensi�n que corresponde al actor los incrementos salariales habidos hasta la emisi�n del laudo en que se determin� la incapacidad parcial permanente, pues al respecto deja de tomar en cuenta que el actor confes� que labor� por �ltima ocasi�n el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, lo que significa que con posterioridad a esa fecha ya no cotiza para el r�gimen obligatorio y por ello no le corresponden los incrementos salariales que beneficiaron su salario con posterioridad a esa fecha, acorde a un criterio jurisprudencial que cita.-Es fundado el anterior motivo de inconformidad en virtud de que fue incorrecta la decisi�n de la autoridad responsable al condenar al instituto quejoso a calcular la pensi�n del asegurado con los incrementos que beneficiaron el puesto que desempe�� para la empresa General Tire de M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, hasta la emisi�n del laudo, pues el actor en su escrito de demanda manifest� haber prestado servicios por �ltima ocasi�n a esa empresa el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, lo que significa que con posterioridad a esa fecha ya no cotiz� al r�gimen obligatorio que presta el demandado quejoso, de ah� que sea improcedente el que se incorporen dichos incrementos, por ende es ilegal esta parte del laudo.-Tiene aplicaci�n la jurisprudencia n�mero 10/94 de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n publicada en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federaci�n n�mero 76, correspondiente al mes de abril de 1994, visible en la p�gina 20, que textualmente dice: ?SEGURO SOCIAL. EL SALARIO BASE PARA EL PAGO DE LA PENSI�N POR RIESGOS DE TRABAJO, CUANDO EL TRABAJADOR SE SEPARA DE LA EMPRESA ANTES DE LA DETERMINACI�N DEL GRADO DE INCAPACIDAD, DEBE INCLUIRSE LOS AUMENTOS SALARIALES PRODUCIDOS HASTA LA FECHA DE SU SEPARACI�N.-Las consideraciones que llevaron a esta Cuarta Sala a sentar la tesis jurisprudencial n�mero 19/91 instituida �Seguro Social. El salario base para el pago de pensiones a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de riesgos de trabajo, se establece con los aumentos habidos hasta en tanto se determine el grado de incapacidad y se rige por la ley del.�, no son aplicables al caso en que el trabajador se separa de la empresa con anterioridad a la determinaci�n del grado de incapacidad, pues en este supuesto, seg�n se desprende de los art�culos 12, fracci�n I; 19, fracci�n I; 26 y 37 de la Ley del Seguro Social, al producirse dicha separaci�n cesa la obligaci�n del patr�n de comunicar al instituto las variaciones del salario relativo al puesto que ocupaba el trabajador y de enterar las cotizaciones respectivas, por lo cual debe entenderse que el �ltimo salario de aqu�l, para efectos de lo dispuesto por el art�culo 65 de la ley de la materia, es el que le corresponda al momento de su separaci�n de la empresa.?.-En las relatadas condiciones, procede conceder al Instituto Mexicano del Seguro Social el amparo que solicita, para el efecto de que la Junta deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar emita otro en el que considerando que la carga de la prueba del n�mero de semanas de cotizaci�n para obtener su promedio corresponde al asegurado, establezca el monto de la pensi�n de incapacidad parcial permanente que �ste demand�, as� como para que se considere que son improcedentes para ser tomados en cuenta los incrementos salariales del puesto desempe�ado por el actor con posterioridad a la conclusi�n del v�nculo laboral, debiendo reiterar los dem�s puntos del laudo de los que no se ocup� esta ejecutoria.

QUINTO

Del an�lisis de las transcripciones que anteceden se advierte que efectivamente existe contradicci�n de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Tercero y S�ptimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuenta habida de que no obstante pronunciarse los dos sobre el mismo tema, consistente en la carga de la prueba para acreditar el promedio salarial de las �ltimas semanas de cotizaci�n de un asegurado a que se refieren los art�culos 65, fracci�n II y 167, de la Ley del Seguro Social vigente en 1994 (fecha en que se aplicaron a los asegurados tales disposiciones) para fijar las pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social en los t�rminos de la aludida Ley del Seguro Social, sin embargo, arriban a conclusiones diversas, dado que el primero de ellos estima que la carga de la prueba para acreditar tal hecho corresponde al referido Instituto Mexicano del Seguro Social; en tanto que el citado en segundo t�rmino, considera que dicha carga procesal por ser base de la acci�n y no tener el instituto el car�cter de patr�n, corresponde cumplirla al asegurado.

SEXTO

En consideraci�n de esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por este propio cuerpo colegiado, que coincide con el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por las razones que se indican a continuaci�n.

Del escrito de demanda que dio origen a la controversia laboral ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, que culmin� con la emisi�n del laudo reclamado en el juicio de amparo DT-8063/96, se advierte que el asegurado aleg�, esencialmente, un padecimiento de ordenprofesional, que le produjo una incapacidad parcial permanente, por lo que se reclam� como prestaci�n principal el otorgamiento y pago de la pensi�n por incapacidad parcial permanente; la Junta, por considerar que la parte actora acredit� la procedencia de su acci�n, conden� a la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, al pago de pensi�n por incapacidad parcial permanente y al pago de pensi�n por invalidez en t�rminos de los art�culos 128 y 167 de la Ley del Seguro Social, aduciendo que deber�a calcularse con base en el salario se�alado por el trabajador como consecuencia de que el instituto demandado no acredit� el promedio salarial de las �ltimas 250 semanas de cotizaci�n como se prev� en el referido art�culo 167 de la Ley del Seguro Social, determinaci�n que el Tercer Tribunal Colegiado consider� correcta al concluir que en tales supuestos la carga de la prueba corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social; y en el segundo caso, se ve del escrito de demanda que origin� la controversia laboral que culmin� con la emisi�n del laudo reclamado en el juicio de amparo DT-4187/97, que el asegurado aleg� tambi�n un padecimiento de orden profesional, que le produjo una incapacidad parcial permanente, por lo que reclam� como prestaci�n principal el otorgamiento, y pago de la pensi�n respectiva; la Junta, tambi�n al estimar que la parte actora acredit� la procedencia de su acci�n, conden� al Instituto Mexicano del Seguro Social, al otorgamiento y pago de pensi�n parcial permanente que deb�a calcularse con base en el salario citado por el actor, en raz�n de que el instituto no acredit� el promedio salarial de las �ltimas 52 semanas de cotizaci�n, como lo estipula el diverso art�culo 65, fracci�n II, de la indicada Ley del Seguro Social, determinaci�n que el S�ptimo Tribunal Colegiado estim� incorrecta, aduciendo que por ser base de la acci�n del trabajador asegurado demandante, corresponde a dicho asegurado la carga de la prueba.

Por tanto, aunque el laudo condenatorio primeramente citado se fund� en los art�culos 128 y 167 de la Ley del Seguro Social, que se relacionan con la pensi�n de invalidez derivada de una enfermedad o accidente no profesional; y el segundo se apoye en el art�culo 65, fracci�n II, de la propia ley, que se relaciona con la pensi�n por incapacidad permanente derivada de un riesgo de trabajo, es decir, de un accidente o enfermedad profesional (a que est� expuesto el trabajador en ejercicio o con motivo del trabajo), lo cierto es que lo determinado en ambos juicios laborales en el sentido de que se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social al otorgamiento y pago de las pensiones reclamadas, prestaciones que deben calcularse o determinarse conforme al promedio de las cotizaciones del trabajador al referido instituto, fue la materia de estudio de los juicios de amparo DT-8063/96 y DT-4187/97, en que se dieron los criterios contradictorios que se analizan, existiendo identidad en cuanto a la forma de determinar tales pensiones.

En esa virtud resulta conveniente aludir a las diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social que prev�n las pensiones de cuenta, a fin de determinar la forma, t�rminos y requisitos para su prestaci�n, esto es, conocer c�mo se genera el derecho en favor del trabajador asegurado ubicado en esos supuestos, de percibir tanto prestaciones en especie (asistencia m�dica, quir�rgica, farmac�utica y servicios de hospitalizaci�n, etc�tera), como prestaciones en dinero (subsidio mientras dure inhabilitado, pensi�n mensual de invalidez, etc�tera). Y en segundo t�rmino, establecer los medios de impugnaci�n con que cuentan los trabajadores asegurados o sus beneficiarios en t�rminos de la Ley del Seguro Social, para en caso de controversia, reclamar del Instituto Mexicano del Seguro Social, tales prestaciones.

Por lo que hace a la primera hip�tesis, se tiene que los art�culos 48, 49, 50, 54, 56, 57, 59, 62, 63, 65 fracciones I, II y III, 68 y 167 de la Ley del Seguro Social sobre el particular establecen:

"Art�culo 48. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que est�n expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo."

"Art�culo 49. Se considera accidente de trabajo, toda lesi�n org�nica o perturbaci�n funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste.

"Tambi�n se considerar� accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de �ste a aqu�l."

"Art�culo 50. Enfermedad de trabajo es todo estado patol�gico derivado de la acci�n continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso, ser�n enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo."

"Art�culo 54. ...

"I. El trabajador asegurado tendr� derecho a las prestaciones consignadas en el ramo de enfermedades y maternidad o bien a la pensi�n de invalidez se�alada en esta ley, si re�ne los requisitos consignados en las disposiciones relativas; y

"II. Si el riesgo trae como consecuencia la muerte del asegurado, los beneficiarios legales de �ste tendr�n derecho a las prestaciones en dinero que otorga el presente cap�tulo."

"Art�culo 56. En los t�rminos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, cuando el asegurado sufra un riesgo de trabajo por falta inexcusable del patr�n a juicio de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, las prestaciones en dinero que este cap�tulo establece a favor del trabajador asegurado, se aumentar�n en el porcentaje que la propia Junta determine en laudo que quede firme. El patr�n tendr� la obligaci�n de pagar al instituto el capital constitutivo, sobre el incremento correspondiente."

"Art�culo 57. El asegurado que sufra alg�n accidente o enfermedad de trabajo, para gozar de las prestaciones en dinero a que se refiere este cap�tulo, deber� someterse a los ex�menes m�dicos y a los tratamientos que determine el instituto, salvo cuando exista causa justificada."

"Art�culo 59. El patr�n que oculte la realizaci�n de un accidente sufrido por alguno de sus trabajadores durante su trabajo, se har� acreedor a las sanciones que determine el reglamento."

"Art�culo 62. Los riesgos de trabajo pueden producir:

"I. Incapacidad temporal;

"II. Incapacidad permanente parcial;

"III. Incapacidad permanente total; y

"IV. Muerte.

"Se entender� por incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial e incapacidad permanente total lo que al respecto disponen los art�culos relativos de la Ley Federal del Trabajo."

"Art�culo 63. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie:

"I. Asistencia m�dica, quir�rgica y farmac�utica;

"II. Servicio de hospitalizaci�n;

"III. Aparatos de pr�tesis y ortopedia; y

"IV. R.�n."

"Art�culo 65. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero:

"I. Si lo incapacita para trabajar recibir� mientras dure la inhabilitaci�n, el cien por ciento del salario en que estuviese cotizando en el momento de ocurrir el riesgo.

"El goce de este subsidio se otorgar� al asegurado entretanto no se declare que se encuentra capacitado para trabajar, o bien se declare la incapacidad permanente parcial o total, lo cual deber� realizarse dentro del t�rmino de cincuenta y dos semanas que dure la atenci�n m�dica como consecuencia del accidente, sin perjuicio de que una vez determinada la incapacidad que corresponda, contin�e su atenci�n o rehabilitaci�n conforme a lo dispuesto por el art�culo 68 de la presente ley. De no determinarse la incapacidad parcial o total continuar� recibiendo el subsidio.

"II. Al ser declarada la incapacidad permanente total del asegurado, �ste recibir� una pensi�n mensual equivalente al setenta por ciento del salario en que estuviere cotizando. En el caso de enfermedades de trabajo se tomar� el promedio de las cincuenta y dos �ltimas semanas de cotizaci�n, o las que tuviere si su aseguramiento fuese por un tiempo menor.

"III. Si la incapacidad declarada es permanente parcial, el asegurado recibir� una pensi�n calculada conforme a la tabla de valuaci�n de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo, tomando como base el monto de la pensi�n que corresponder�a a la incapacidad permanente total. El tanto por ciento de la incapacidad se fijar� entre el m�ximo y el m�nimo establecidos en dicha tabla teniendo en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad, si �sta es absoluta para el ejercicio de su profesi�n aun cuando quede habilitado para dedicarse a otra, o que simplemente hayan disminuido sus aptitudes para el desempe�o de la misma o para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesi�n u oficio.

"Si la valuaci�n definitiva de la incapacidad fuese de hasta el 25%, se pagar� al asegurado, en sustituci�n de la pensi�n, una indemnizaci�n global equivalente a cinco anualidades de la pensi�n que le hubiese correspondido. Dicha indemnizaci�n ser� optativa para el trabajador cuando la valuaci�n definitiva de la incapacidad exceda del 25% sin rebasar el 50%; y ..."

"Art�culo 68. Al declararse la incapacidad permanente, sea parcial o total, se conceder� al trabajador asegurado la pensi�n que le corresponda, con car�cter provisional, por un periodo de adaptaci�n de dos a�os.

"Durante ese periodo, en cualquier momento el instituto podr� ordenar y, por su parte, el trabajador asegurado tendr� derecho a solicitar, la revisi�n de la incapacidad con el fin de modificar la cuant�a de la pensi�n.

"Transcurrido el periodo de adaptaci�n, la pensi�n se considerar� como definitiva y la revisi�n s�lo podr� hacerse una vez al a�o, salvo que existieren pruebas de un cambio sustancial en las condiciones de la incapacidad."

"Art�culo 167. Las pensiones anuales de invalidez y de vejez se compondr�n en una cuant�a b�sica y de incrementos anuales computados de acuerdo con el n�mero de cotizaciones semanales reconocidas al asegurado con posterioridad a las primeras quinientas semanas de cotizaci�n ... Para los efectos de determinar la cuant�a b�sica anual de la pensi�n y sus incrementos, se considera como salario diario el promedio correspondiente a las �ltimas doscientas cincuenta semanas de cotizaci�n. Si el asegurado no tuviere reconocidas las doscientas cincuenta semanas se�aladas se tomar�n las que tuviere acreditadas, siempre que sean suficientes para el otorgamiento de una pensi�n por invalidez o por muerte ..."

Conforme a los preceptos transcritos, las eventualidades que originan las prestaciones consistentes en los seguros que la Ley del Seguro Social prev� en favor de los trabajadores asegurados, tal ley se remite para precisar los conceptos de su determinaci�n a la Ley Federal del Trabajo, as� se observa que al definir el t�rmino riesgos de trabajo, o el de incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, o bien el t�rmino de invalidez, complement� su concepci�n conforme a las disposiciones de la aludida Ley Federal del Trabajo.

Tan es as� que en relaci�n a los seguros mencionados, en cuanto a su prestaci�n en los t�rminos de los art�culos 50, 51 y 134 de la Ley del Seguro Social, indica que el derecho a la pensi�n por riesgos de trabajo debe de determinarse en los t�rminos del art�culo 65, de la Ley del Seguro Social, pero si se declara incapacidad permanente, la pensi�n debe calcularse conforme a la tabla de evaluaci�n de incapacidad a que se refiere la Ley Federal del Trabajo.

Por lo que toca a la segunda de las hip�tesis a que se ha hecho referencia, es decir, en cuanto a establecer los medios de impugnaci�n o de defensa con que cuentan los asegurados o sus beneficiarios, en t�rminos de la Ley del Seguro Social, para reclamar del Instituto Mexicano del Seguro Social, las prestaciones de que se viene hablando, en caso de controversia, debe decirse que sobre este particular se aprecia del cap�tulo segundo denominado "De los procedimientos", ubicado dentro del t�tulo sexto de la Ley del Seguro Social, vigente en mil novecientos noventa y cuatro (fecha en que en aplicaci�n de las disposiciones de la citada ley, se neg� a los trabajadores asegurados quejosos los seguros solicitados), que los art�culos 272, 273, 274 y 275, establecen: "Art�culo 272. En los acuerdos relativos a la concesi�n, al rechazo, o modificaci�n de una pensi�n, se expondr�n los motivos y preceptos legales en que se funden y, asimismo, se expresar� la cuant�a de tal prestaci�n, el m�todo de c�lculo empleado para determinarla y, en su caso, la fecha a partir de la cual tendr� vigencia.-En el oficio en que se comunique el acuerdo relativo, se har� saber al interesado el t�rmino en que puede impugnarlo ante el Consejo T�cnico, en caso de inconformidad.", "Art�culo 273. En los casos en los que una pensi�n u otra prestaci�n en dinero se haya concedido por error que afecte a su cuant�a o a sus condiciones, la modificaci�n que se haga entrar� en vigor: I. Si la modificaci�n es en favor del asegurado o beneficiario: a) Desde la fecha de la vigencia de la prestaci�n, si el error se debi� al instituto. b) Desde la fecha en que se dicte el acuerdo de modificaci�n, si el error se debi� a datos falsos suministrados por el interesado; II. Si la modificaci�n es en perjuicio del asegurado o beneficiario: a) Desde la fecha en que se dicte el acuerdo de modificaci�n, si el error se debi� al instituto. b) Desde la fecha de la vigencia de la prestaci�n, si se comprueba que el interesado proporcion� al instituto informaciones o datos falsos. En este caso se reintegrar�n al instituto las cantidades que hubiese pagado en exceso con motivo del error.", "Art�culo 274. Cuando los patrones y dem�s sujetos obligados, as� como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable alg�n acto definitivo del instituto, acudir�n en inconformidad, en la forma y t�rminos, que establezca el reglamento, ante el Consejo T�cnico, el que resolver� lo procedente.-El propio reglamento establecer� procedimientos administrativos de aclaraci�n y los t�rminos para hacerlos valer, sin perjuicio del de inconformidad a que se refiere el p�rrafo anterior.-Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y t�rminos que se�ale el reglamento correspondiente, se entender�n consentidos." y "Art�culo 275. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga, podr�n ventilarse ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, sin necesidad de agotar previamente el recurso de inconformidad que establece el art�culo anterior."

Sobre este mismo supuesto, la nueva Ley del Seguro Social, en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, establece en sus art�culos 294 y 295: "Art�culo 294. Cuando los patrones y dem�s sujetos obligados, as� como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable alg�n acto definitivo del instituto, acudir�n en inconformidad, en la forma y t�rminos que establezca el reglamento, ante los Consejos Consultivos Delegacionales, los que resolver�n lo procedente.-Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y t�rminos que se�ale el reglamento correspondiente, se entender�n consentidos.", "Art�culo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto, sobre las prestaciones que esta ley otorga, podr�n tramitarse ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, debi�ndose agotar previamente el recurso de inconformidad que establece el art�culo anterior.".

De los preceptos legales insertos, se aprecia que el legislador previ� tanto en la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, como en la publicada en el aludido diario el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco actualmente en vigor, dos tipos de medios de defensa a los que los asegurados o sus beneficiarios puedan recurrir para reclamar las prestaciones que dicha ley establece en su favor, uno de naturaleza administrativa consistente en la inconformidad que se interpone ante el Consejo T�cnico del propio instituto, por la que se pueden controvertir los actos y resoluciones definitivos del instituto, que se sustancia en los t�rminos del reglamento respectivo, as� como el recurso de aclaraci�n, que se puede interponer tambi�n ante el propio instituto sin perjuicio del de inconformidad. Y un segundo medio de defensa consistente en la posibilidad de dichos asegurados y sus beneficiarios de acudir en v�a jurisdiccional ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, para el caso de controversia con el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de las prestaciones que la ley otorga en su favor, s�lo que a diferencia del recurso administrativo mencionado, en este supuesto, no se prev� el procedimiento conforme al cual debe sustanciarse, pues �nicamente se anuncia la circunstancia de que las controversias sobre tales prestaciones podr�n ventilarse ante la referida Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje.

Esto �ltimo, permite v�lidamente considerar que al otorgarse a los asegurados o sus beneficiarios la posibilidad de que en caso de controversia, reclamar del instituto referido, ante la autoridad laboral federal, las prestaciones que la ley establece en su beneficio, tal contienda deber� ventilarse conforme a las reglas procesales que regulan la funci�n y actividad de la aludida Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, esto es, de conformidad con el procedimiento previsto por la Ley Federal del Trabajo.

Siguiendo este orden de ideas, no puede sino concluirse que si por una parte, la seguridad social encuentra su fundamento en el art�culo 123 apartado A, constitucional, cuya finalidad es garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia m�dica, la protecci�n de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, siendo precisamente el seguro social el instrumento b�sico de la seguridad social, establecido como servicio p�blico de car�cter nacional prestado, entre otros, por el organismo p�blico descentralizado denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, que cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican respecto de cada r�gimen, mediante prestaciones en especie y en dinero, seg�n se advierte de los art�culos 2o., 4o., 5o. y 7o. de la Ley del Seguro Social; anterior y 2o., 4o., 5o., 6o. y 7o. de la ley en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete; y por otra, que las disposiciones de la ley en cita, insertas con anterioridad, en relaci�n con la prestaci�n de los seguros de riesgos de trabajo y de invalidez, para determinar las causas que originan la prestaci�n de los seguros de cuenta, remite a la Ley Federal del Trabajo, estableciendo que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto, sobre tales prestaciones se ventilar�n ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, resulta inconcuso que al ser los seguros mencionados prestaciones comprendidas dentro del r�gimen obligatorio del seguro social, cuyos beneficiados son, entre otros, los trabajadores, o sea, las personas que se encuentran vinculadas a otras por una relaci�n de trabajo, la cual es regulada por la aludida Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del art�culo 123, apartado A de la Constituci�n Federal, ambos ordenamientos, la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo, se encuentran �ntimamente relacionados, por lo que sin duda, ante la falta de disposici�n expresa en la ley primeramente citada, deber� acudirse a la aplicaci�n supletoria de lospreceptos de la segunda de ellas.

As� es, pues el art�culo 6o. de la Ley del Seguro Social se�ala: Establecer cl�nicas, hospitales, guarder�as infantiles, farmacias, centros de convalecencia y vacacionales, velatorios, as� como centros de capacitaci�n, deportivos, de seguridad social para el bienestar familiar y dem�s establecimientos para el cumplimiento de los fines que le son propios, sin sujetarse a las condiciones salvo las sanitarias, que fijen las leyes y reglamentos respectivos para empresas privadas, con actividades similares; aplicada en los casos que dieron origen a la contradicci�n. "El seguro social comprende: I. El r�gimen obligatorio y II. El r�gimen voluntario."; por su parte el art�culo 11 del mismo ordenamiento legal indica: "El r�gimen obligatorio comprende los seguros de: I.R. de trabajo; II. Enfermedades y maternidad; III. Invalidez, vejez, cesant�a en edad avanzada y muerte; IV. Guarder�as para hijos de aseguradas; y V.R.."; y el art�culo 12, fracci�n I, de dicha ley, dispone: "Son sujetos de aseguramiento del r�gimen obligatorio: I. Las personas que se encuentran vinculadas a otras por una relaci�n de trabajo, cualquiera que sea el acto que le d� origen y cualquiera que sea la personalidad jur�dica o naturaleza econ�mica del patr�n ...". Aspectos que tambi�n prev� la Ley del Seguro Social en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, en sus art�culos 6o., 7o., 11 y 12.

Consecuentemente, es l�gico y razonable considerar que al se�alarse en la Ley del Seguro Social que para determinar la cuant�a b�sica de las pensiones que el Instituto Mexicano del Seguro Social debe otorgar al trabajador asegurado debe tomarse en cuenta el promedio de las �ltimas 52 y 250 semanas de cotizaci�n, y al no precisarse en la Ley del Seguro Social a qui�n corresponde probar el promedio de esas cotizaciones referidas respectivamente en los art�culos 65, fracci�n II y 167 de la indicada ley, pero s� prescribir que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto, sobre las prestaciones que dicha ley otorga, podr�n ventilarse ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, es evidente que para efectos de determinar el quantum de dichas pensiones, deber� acudirse a las reglas de supletoriedad en materia procesal previstas por la Ley Federal del Trabajo, que en su art�culo 17 dispone que: "A falta de disposici�n expresa en la Constituci�n, en esta ley o en sus reglamentos ... se tomar�n en consideraci�n sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del art�culo 123 de la Constituci�n, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad."; por lo que en observancia de este dispositivo, resulta aplicable lo dispuesto por el art�culo 784 de la referida Ley Federal del Trabajo, en la medida en que tal numeral prev� la figura jur�dica procesal de la carga de la prueba en los juicios del conocimiento de los tribunales de trabajo, precepto que al respecto establece:

"Art�culo 784. La Junta eximir� de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios est� en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto, requerir� al patr�n para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligaci�n legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumir�n ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponder� al patr�n probar su dicho cuando exista controversia sobre:

"I.F. de ingreso del trabajador;

"II. A.�edad del trabajador;

"III. Faltas de asistencia del trabajador;

"IV. Causa de rescisi�n de la relaci�n de trabajo;

"V.T.�n de la relaci�n o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los t�rminos del art�culo 37 fracci�n I y 53 fracci�n III de esta ley;

"VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de su despido;

"VII. El contrato de trabajo;

"VIII. D.�n de la jornada de trabajo;

"IX. Pagos de d�as de descanso y obligatorios;

".D. y pago de las vacaciones;

"XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antig�edad;

"XII. Monto y pago del salario;

"XIII. Pago de la participaci�n de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y

XIV. I.�n y aportaci�n al Fondo Nacional de la Vivienda.

No existiendo duda de la aplicaci�n supletoria de la Ley Federal del Trabajo, para los casos de controversia respecto de las prestaciones en materia de seguridad social a que se refiere la Ley del Seguro Social, s�lo resta aludir a las razones del contenido del numeral 784 de la indicada Ley Federal del Trabajo que ha quedado transcrito.

Al respecto cabe decir que al prescribir que el tribunal laboral exima de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios se encuentre en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, sin duda que el legislador tomando en consideraci�n la natural desigualdad del trabajador, ante su contraparte, cuando se ve involucrado en una controversia jurisdiccional para reclamar sus derechos, o bien, para que tales derechos le sean reconocidos, estim� justo relevarlo de la obligaci�n de probar los hechos por �l expresados como base de su acci�n en aquellos casos en que el tribunal considere que por otros medios que por raz�n l�gica obran en poder del patr�n o de un tercero, se puede llegar al conocimiento de los hechos expresados en su demanda, procediendo en esos casos el tribunal, a requerir la exhibici�n de tales elementos de prueba con el apercibimiento que de no presentarlos, se presumir�n ciertos los hechos alegados por el trabajador.

Se trata de una innovaci�n en la materia procesal laboral que confirma la naturaleza social del proceso laboral como un derecho que tiene por objeto garantizar una igualdad real en el proceso, mediante la tutela y protecci�n del trabajador, que permite partir del hecho de que la carga de la prueba corresponde a la parte que dispone de mejores elementos para la comprobaci�n de los hechos litigiosos, estim�ndose por disposici�n de la ley, en la materia de trabajo, que quien posee esos mejores elementos para llegar al esclarecimiento de los hechos, es aquel que de acuerdo con las leyes tiene la obligaci�n de conservar determinados documentos relacionados con la relaci�n de trabajo, como la antig�edad del trabajador, duraci�n de la jornada de trabajo, monto y pago del salario entre otros o bien elementos tales como los comprobantes del tiempo cotizado en materia de seguridad social en poder del Instituto Mexicano del Seguro Social, teniendo incluso obligaci�n de aportar probanzas no s�lo la contraparte del trabajador en un proceso, como en el caso de los juicios laborales lo fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino cualquier autoridad o persona ajena a dicho proceso que tenga en su poder documentos relacionados con los hechos litigiosos que puedan contribuir a esclarecerlos, seg�n se desprende del art�culo 783 de la Ley Federal del Trabajo, que reza:

Art�culo 783. Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, est� obligada a aportarlos, cuando sea requerida por la Junta de Conciliaci�n o de Conciliaci�n y Arbitraje.

Por tanto contrariamente a lo se�alado por el S�ptimo Tribunal Colegiado, de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tenga el car�cter de patr�n, si se trata del reclamo de una pensi�n como una cuesti�n de seguridad social dentro de un proceso laboral, que como se vi�, es de naturaleza eminentemente social en el que el esp�ritu del legislador laboral es el de relevar al trabajador de ciertas cargas procesales como lo es el probar los hechos expuestos en su demanda, con el fin de contribuir a una igualdad procesal de �ste con su contraparte, partiendo del principio de que estar obligado a probar un hecho y disponer de todos los medios para hacerlo son dos situaciones que no siempre coinciden, puesto que es frecuente que la contraparte del trabajador en un juicio laboral o que terceros ajenos al mismo dispongan por raz�n l�gica o por disposici�n de las leyes, de m�s y mejores elementos que el propio trabajador para acreditar lo afirmado en su reclamaci�n, estableci�ndose as� una clara modalidad del sistema participativo, con la colaboraci�n de todos los sujetos que intervienen en el juicio para lograr el real esclarecimiento de los hechos y para aportar a los tribunales laborales que conocen de tales controversias todos los elementos que permitan facilitar el desempe�o de sus importantes y trascendentales funciones, resulta congruente considerar que trat�ndose del juicio en que un trabajador en su car�cter de asegurado, demanda del Instituto Mexicano del Seguro Social las prestaciones que �ste debe otorgarle por concepto de pensiones en t�rminos de la Ley del Seguro Social, la carga de la prueba para determinar el promedio de las cotizaciones base de la cuantificaci�n de aqu�llas corresponda al referido instituto, en raz�n de que no s�lo por l�gica, sino por disposici�n de la ley en cita, que regula sus funciones, cuenta con m�s y mejores elementos de prueba que el trabajador asegurado reclamante para acreditar las aludidas cotizaciones, puesto que en t�rminos del ordenamiento citado y disposiciones reglamentarias le corresponde el registro e inscripci�n de los diversos trabajadores para efectos del seguro social obligatorio, as� como sus altas y bajas, registro de sus salarios y sus modificaciones, abriendo un expediente por cada trabajador asegurado.

As� se desprende de entre otros lo dispuesto por el art�culo 240 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete que dice:

"Art�culo 240. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes:

"I. Administrar los diversos ramos del seguro social y prestar los servicios de beneficio colectivo que se�ala esta ley;

"II. Satisfacer las prestaciones que se establecen en esta ley;

"...

"X. Registrar a los patrones y dem�s sujetos obligados, inscribir a los trabajadores asalariados e independientes y precisar su base de cotizaci�n, aun sin previa gesti�n de los interesados, sin que ello libere a los obligados de las responsabilidades y sanciones por infracciones en que hubiesen incurrido;

"XI. Dar de baja del r�gimen a los sujetos asegurados, verificada la desaparici�n del presupuesto de hecho que dio origen a su aseguramiento, aun cuando el patr�n o sujeto obligado hubiese omitido presentar el aviso de baja respectivo;

"XII. Recaudar las cuotas, capitales constitutivos, sus accesorios y percibir los dem�s recursos del instituto;

"XIII. Establecer los procedimientos para la inscripci�n; cobro de cuotas y otorgamiento de prestaciones;

"...

XXII. Las dem�s que le otorguen esta ley, sus reglamentos y cualquier otra disposici�n aplicable.

Esto tambi�n se prev� en el art�culo 251 de la Ley del Seguro Social, en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete.

Lo mismo puede observarse de lo prescrito por los art�culos 4o., 6o., 7o., 10, 12, 13, 14 y 15, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en lo relativo a la Afiliaci�n de Patrones y Trabajadores, que en lo conducente previenen:

"Art�culo 4o. Los patrones est�n obligados a inscribir a sus trabajadores en el instituto en los t�rminos de la ley y a comunicar las bajas, las modificaciones de salarios y en cuanto a los dem�s cambios de las condiciones de trabajo, aquellos que sean solicitados por el instituto, el cual tiene el derecho de comprobar la exactitud de estos datos."

"Art�culo 6o. El aviso de inscripci�n de un trabajador debe contener, independientemente de otros datos que pueda requerir el instituto y que sean conducentes para el seguro los siguientes:

"I.D. proporcionados por el trabajador:

"a) Los apellidos paterno y materno y nombre del trabajador. Las trabajadoras casadas indicar�n tambi�n el apellido del esposo,

"b) El sexo del trabajador,

"c) El d�a, el mes y el a�o y el lugar de nacimiento,

"d) El domicilio del trabajador,

"e) Datos acerca de la �ltima ocupaci�n, en particular acerca del patr�n anterior.

"f) Datos acerca de su inscripci�n anterior en el instituto, si la hubiere,

"g) Datos acerca de sus beneficiarios, nombre, sexo, parentesco y mes y a�o de nacimiento, y

"h) La firma del trabajador; en caso de no saber firmar, la huella digital del trabajador.

"Los datos consignados se utilizar�n, en el instituto, para todas las menciones relativas de la ley, salvo rectificaci�n por error u omisi�n debidamente comprobado. En defecto de las constancias legales, pueden aceptarse, a juicio del instituto, otros documentos o testimonios que sean fehacientes.

"...

"II.D. proporcionados por el patr�n:

"a) El nombre del patr�n, la actividad de la empresa y la ubicaci�n del centro de trabajo.

"b) El n�mero de registro contenido en la tarjeta de afiliaci�n del trabajador, si ya hubiese estado asegurado con anterioridad,

"c) La fecha de ingreso al trabajo con el patr�n,

"d) El salario diario que corresponda al trabajador, conforme a las reglas que establece el art�culo 17 de este reglamento, y

"e) La firma del patr�n o la de su representante, debidamente acreditado ante el instituto."

"Art�culo 7o. Los trabajadores que ingresaren por primera vez a un trabajo por el cual se hallen obligados al r�gimen del seguro, recibir�n del instituto, por conducto del patr�n, en los t�rminos del art�culo 15, una tarjeta de afiliaci�n, que deber� contener, especialmente, los siguientes datos:

"a) N�mero de registro;

"b) Apellidos paterno y materno y el nombre del asegurado. En el caso de las aseguradas casadas se indicar�, adem�s, el apellido del esposo;

"c) Sexo del asegurado,

"d) D�a, mes, a�o y lugar de nacimiento, y

"e) Fecha de expedici�n de la tarjeta."

"Art�culo 10. En el caso de p�rdida de la tarjeta, el instituto le entregar� un duplicado, por conducto del patr�n, previa una solicitud y el pago por el interesado de la cuota que fije el instituto."

"Art�culo 12. Al recibir el aviso de inscripci�n de un trabajador que por primera vez ingresare al instituto, �ste determinar�, de acuerdo con el domicilio del trabajador, la unidad m�dica en que han sido adscritos el asegurado y sus beneficiarios para el efecto de recibir las prestaciones m�dicas."

"Art�culo 13. El aviso de baja debe contener los datos necesarios para la identificaci�n del asegurado, la fecha de la baja y la causa que la motiva."

"Art�culo 14. El aviso de cambio de salario que determine cambio de grupo, debe contener los datos necesarios para la identificaci�n del asegurado, la fecha del cambio, el salario inmediato anterior y el nuevo salario.

"Las modificaciones al salario que implican cambio de grupo surtir�n sus efectos para el entero de las cuotas y el suministro de prestaciones en dinero, a partir del bimestre inmediato siguiente al de la fecha en que el cambio hubiere ocurrido."

"Art�culo 15. Los avisos de inscripci�n, de baja y cambio de salario, deben ser entregados en las formas prescritas y distribuidas gratuitamente por el instituto.

"Con base en los avisos, el instituto confirmar� a los patrones y a los trabajadores, por conducto de aqu�llos, haber tomado nota de dichos avisos."

As�, dado el contenido de los preceptos legales y reglamentarios insertos, resulta evidente que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que cuenta con la informaci�n y la documentaci�n id�nea para determinar el promedio de las cotizaciones del trabajador asegurado, base para calcular el monto de las pensiones que debe otorgarle, conforme a la Ley del Seguro Social, por lo que al ser parte en el juicio laboral en que el trabajador en t�rminos del art�culo 275 de la Ley del Seguro Social, le reclama las prestaciones que dicho ordenamiento establece en su beneficio como asegurado, debe probar tales cotizaciones y el �ltimo salario base, para determinar dichas prestaciones reclamadas.

Adem�s, si se toma en cuenta la forma tan t�cnica y compleja prevista por la ley mencionada para determinar las bases de cotizaci�n, que para su c�lculo requiere de conocimientos especializados, puesto que entre otros, se�ala en su art�culo 32, que para los efectos de dicha ley, el salario base de cotizaci�n se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, alimentaci�n, habitaci�n, primas, comisiones, prestaciones en especie y otras cantidades que se entreguen al trabajador por sus servicios, indicando en su art�culo 35 que para determinar la forma como el trabajador asegurado debe cotizar, se observar�n reglas tales como que para fijar el salario diario, se dividir� la remuneraci�n respectiva entre siete, quince o treinta d�as, seg�n sea que �ste se pague por semana, quincena o mes; y si por la naturaleza o peculiaridades de las labores el salario se estipula por d�a trabajado o por unidad de tiempo, el reglamento respectivo, establecer� las bases, forma de cotizaci�n y las modalidades conforme a las cuales se otorgar�n las prestaciones; refiri�ndose en el art�culo 36, con relaci�n al salario diario base de las cotizaciones, a elementos fijos y elementos variables y mixtos del salario del trabajador, ser�a contrario al esp�ritu del legislador social y laboral el dejar la carga de la prueba al trabajador respecto al promedio de sus cotizaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, base de las pensiones a que tiene derecho y que reclama en v�a jurisdiccional.

Queda as� evidenciado que contrariamente a lo afirmado por el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, corresponde precisamente al Instituto Mexicano del Seguro Social la carga de probar el promedio de las cotizaciones del trabajador asegurado demandante, base para la fijaci�n del quantum de las pensiones que dicho instituto debe otorgar en t�rminos de la Ley del Seguro Social, independientemente de que no tenga el car�cter de patr�n, porque adem�s de contar con los comprobantes del tiempo cotizado por el trabajador, es parte en el juicio laboral respectivo.

En esa virtud, es de considerarse que en el caso, debe prevalecer con efectos de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que coincide con el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se indica a continuaci�n: SEGURO SOCIAL. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LAS COTIZACIONES DE LOS TRABAJADORES QUE SIRVEN DE BASE SALARIAL PARA DETERMINAR LA CUANTIFICACI�N DE LAS PENSIONES QUE PREV� LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.-La Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, dispon�a en su art�culo 275 como lo hace la ley en vigor en su art�culo 295 que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que dicha ley otorga, podr�n ventilarse ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, lo que significa que al no se�alar el procedimiento correspondiente, tal medio de defensa debe sustanciarse conforme a las reglas procesales que regulan el funcionamiento y actividad de la aludida Junta Federal, es decir, de conformidad con el procedimiento previsto por la Ley Federal del Trabajo; por tanto, al establecer el ordenamiento legal primeramente citado que para el c�lculo de la cuant�a b�sica de las pensiones que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorga a los trabajadores asegurados debe tomarse en cuenta el promedio de las �ltimas semanas de cotizaci�n, para determinar en unjuicio laboral a qui�n corresponde probar tal extremo, debe acudirse a lo dispuesto por el art�culo 784 de la Ley Federal del Trabajo, que prev� la figura procesal de la carga de la prueba y de cuyo contenido se desprende que el esp�ritu del legislador es, adem�s de garantizar una igualdad real en el proceso mediante la tutela y protecci�n del trabajador relev�ndolo de la carga de la prueba, el de alentar el sistema participativo en el proceso laboral a fin de que la contraparte de �ste, y terceros ajenos al juicio que, por l�gica o por disposici�n de las leyes, disponen de m�s y mejores elementos de prueba que el propio trabajador, los aporten a efecto de lograr el real esclarecimiento de los hechos; siendo el instituto quien por disposici�n de los art�culos 240 de la Ley del Seguro Social anterior y 251 de la ley en vigor, 4o., 6o., 7o., 10, 13, 14 y 15 del Reglamento de Afiliaci�n de Patrones y Trabajadores, el que posee los comprobantes e informaci�n id�nea para acreditar el tiempo de cotizaci�n por corresponderle el registro e inscripci�n de los trabajadores para efectos del seguro social obligatorio, altas y bajas de �stos, as� como el registro de los salarios y sus modificaciones.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia la tesis de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n precisada en el �ltimo considerando de esta ejecutoria, que coincide en lo sustancial con el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

N.�quese; rem�tase la tesis jurisprudencial aprobada al Pleno y a las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, as� como a los Tribunales Colegiados que no intervinieron en la contradicci�n y al Semanario Judicial de la Federaci�n para su correspondiente publicaci�n. De igual forma, env�ese copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados de Circuito de los que deriv� la contradicci�n de tesis y, en su oportunidad, arch�vese el toca.

As�, lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los Ministros J. D�az R., M.A.G.�itr�n, G.I.O.M., G.D.G.�ngora P. y presidente S.S.A.A., fue ponente en el presente asunto el Ministro J. D�az R..

Nota: La tesis de rubro "SEGURO SOCIAL. EL SALARIO BASE PARA EL PAGO DE PENSIONES A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE RIESGOS DE TRABAJO, SE ESTABLECE CON LOS AUMENTOS HABIDOS HASTA EN TANTO SE DETERMINE EL GRADO DE INCAPACIDAD Y SE RIGE POR LA LEY DEL.", citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, T.V., octubre de 1991, tesis 4a./J. 19/91, p�gina 33.