Ejecutoria num. 1a./J. 13/98 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26829072

Ejecutoria num. 1a./J. 13/98 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 13/98
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Marzo de 1998
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. NO ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA POSESIÓN MATERIAL DEL BIEN.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 50/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, al resolver el amparo directo civil 571/95, en el que fue quejosa la sucesi�n a bienes de M.�a E.M., en la parte que interesa, resolvi� lo siguiente:

"S�PTIMO.-Por la �ntima relaci�n que guardan entre s�, se estudian en conjunto los conceptos de violaci�n y se declaran fundados.

"La g�nesis de la acci�n plenaria de posesi�n revela que este derecho subjetivo encuentra su origen en la tradici�n romanista. Fue instituida por el pretor P., quien, para proteger al poseedor (civil) de buena fe, concedi� acci�n en reivindicatoria (sic) a todo aquel que hubiese recibido una cosa con justo t�tulo, cuando perdiera la posesi�n antes de haber adquirido la propiedad por prescripci�n. A trav�s de esta acci�n, el pretor fing�a creer que el poseedor hab�a cumplido el plazo de la usucapi�n y demandaba la cosa en calidad de due�o. La sentencia que se pronunciaba en estos juicios se limitaba a resolver acerca del mejor derecho de posesi�n, sin prejuzgar sobre los derechos de propiedad ni hacer declaraci�n de dominio. El r�gido sistema de prueba de la propiedad conocido como ?prueba por el t�tulo? o ?prueba diab�lica?, que prevaleci� a la luz del axioma que dice ?nadie puede transmitir a otro m�s derechos de los que �l mismo tiene?, obligaba a quienes demandaban la reivindicatoria a demostrar la propiedad de todos sus causantes. Las dificultades que entra�aba la demostraci�n de este aspecto provoc� que la mayor�a de los propietarios optaran por el ejercicio de la acci�n publiciana, en donde obten�an la restituci�n de la finca, aun cuando no se hiciera declaraci�n de dominio. Durante la Edad Media, frecuentemente se confundi� esta acci�n con la reivindicatoria; ello trajo como consecuencia que desapareciera de numerosas legislaciones europeas, entre las que se encuentran el C�digo Civil espa�ol, el franc�s y el italiano. La fuerte influencia de estas legislaciones sobre el derecho patrio propici� que la acci�n publiciana no fuera contemplada en los C�digos Civiles del Distrito y Territorios Federales de 1870, 1884 y aun en el de Procedimientos Civiles de 1883. Posteriormente, el C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 1931 incorpor� de manera expresa la acci�n plenaria de posesi�n en los t�rminos de su art�culo 9o., el cual fue recogido m�s adelante por la mayor�a de las legislaciones adjetivas locales, entre las que se encuentra la del Estado de M�xico (art�culo 482) y la del Estado de H. (art�culo 9o.). Dichos preceptos, por su orden, dicen:

"?Art�culo 9o. Al adquirente con justo t�tulo y de buena fe le compete la acci�n para que, aun cuando no haya prescrito, le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los t�rminos del art�culo 4o., el poseedor de mala fe; o el que teniendo t�tulo de igual calidad ha pose�do por menos tiempo que el actor. No procede esta acci�n en los casos en que ambas posesiones fuesen dudosas, o el demandado tuviere su t�tulo registrado y el actor no, as� como contra el leg�timo due�o.? (C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de mil novecientos treinta y uno).

"?Art�culo 482. Al adquirente con justo t�tulo y de buena fe le compete la acci�n para que, aun cuando no haya prescrito, le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los t�rminos del art�culo 477 el poseedor de mala fe; o el que teniendo t�tulo de igual calidad ha pose�do por menos tiempo que el actor. No procede esta acci�n en los casos en que ambas posesiones fuesen dudosas o el demandado tuviere su t�tulo registrado y el actor no, as� como contra el leg�timo due�o.? (C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, en vigor).

"?Art�culo 9o. Al adquirente con justo t�tulo y de buena fe le compete la acci�n para que, aun cuando no haya prescrito, se le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los t�rminos del art�culo 4o., el poseedor de mala fe, o el que teniendo t�tulo de igual calidad ha pose�do por menor tiempo que el actor. No procede esta acci�n en los casos en que ambas posesiones fuesen dudosas o el demandado tuviere su t�tulo registrado y el actor no, as� como contra el leg�timo due�o.? (C�digo procesal civil para el Estado de H., en vigor).

"Ahora bien, la noci�n de ?justo t�tulo? contenida en los preceptos transcritos, que fue empleada en el citado C�digo Civil de 1870, as� como en el referido c�digo de 1884, para establecer el primer requisito de prescripci�n positiva, desapareci� como tal en el C�digo Civil de 1928 y fue sustituida por la noci�n de ?poseedor en concepto de propietario?. Sin embargo, como una reminiscencia de la acepci�n y fiel a la tradici�n romanista, el art�culo 9o. del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 1931, acogi� el concepto de ?justo t�tulo?. De ah� que la connotaci�n de dicho t�rmino debe entenderse a la luz de la definici�n que de �l se proporciona en los C�digos Civiles de 1870 y 1884. En efecto, el art�culo 1188 del C�digo Civil de 1870 establec�a: ?Se llama justo t�tulo el que es bastante para transferir el dominio.?. Por su parte, el art�culo 1080 del C�digo Civil de 1884, aclar� el concepto, al establecer: ?Se llama justo t�tulo el que es o fundadamente se cree bastante para transferir el dominio.?.

"De lo anterior se concluye que el justo t�tulo comprende dos supuestos, a saber: a) Aquel que transmite el dominio y que por tanto, constituye un t�tulo de propiedad; y b) Aquel que en principio ser�a apto para transmitir el dominio, pero que debido a un vicio ignorado por el adquirente, s�lo le transmite la posesi�n. Cabe apuntar que la pr�ctica hizo caer en desuso la primera de las hip�tesis mencionadas, pues quien prescrib�a, evidentemente lo hac�a porque carec�a de un t�tulo que le transmitiera el dominio.

"Adicionalmente, es pertinente advertir que la noci�n de ?justo t�tulo? no pugna con la definici�n que se contiene en el art�culo 806 del C�digo Civil del Distrito y Territorios Federales de 1928, el cual estableci�: ?E.�ndense por t�tulo la causa generadora de la posesi�n.?, pues es claro que la acepci�n de ?justo t�tulo?, en sus dos aspectos, da origen a la posesi�n y, por ello, encuadra dentro de lo previsto por el art�culo 806 del citado ordenamiento. No obstante, cabe se�alar que el concepto de ?causa generadora de la posesi�n? es m�s amplio que el de ?justo t�tulo?, pues si bien la posesi�n puede originarse en �ste, tambi�n lo es que no es la �nica forma en que se puede generar la posesi�n, ya que �sta, aun cuando no sea originaria, puede producirse por un t�tulo que no sea ni se crea bastante para transmitir el dominio, como en el caso del usufructo, del comodato o del arrendamiento. Es decir, el ?justo t�tulo? no es m�s que uno de los g�neros que conforman la clase ?causa generadora de la posesi�n?. Adem�s, fundamentalmente, no debe perderse de vista que uno de los principios que rigen la acci�n plenaria de posesi�n es el referente a que no se trata de una acci�n declarativa sino de condena, pues en la acci�n publiciana no pueden discutirse los derechos de propiedad que pudieran tener las partes, sino el mejor derecho de posesi�n que les pueda asistir. De ah� que la tesis relativa a que el due�o de la cosa no puede deducir la acci�n publiciana, encierra una antinomia, pues no puede rechazarse la acci�n plenaria de posesi�n ejercitada por el propietario, sin antes establecer que verdaderamente se trata del propietario, y ello, evidentemente, pugna con el principio apuntado.

"Sobre el particular, es pertinente citar la tesis sustentada por la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Sexta �poca, Cuarta Parte, Tomo XXXIV, p�gina 2788, que a la letra dice: ?ACCI�N PUBLICIANA. CONCEPTO.-La acci�n publiciana es una acci�n real, que compete al poseedor civil de una cosa, contra el que la posee sin t�tulo o con otro, pero de menor derecho, para que sea restituida con sus frutos, accesiones y abonos de menoscabos, estando sujeta dicha acci�n, entre otras reglas a las siguientes: que quien la ejercite, sea poseedor en derecho de la cosa que reclama; que aquel contra quien se dirija, carezca de derecho para retenerla, o sea inferior al de su denunciante, y que se acompa�e el justo t�tulo en que la acci�n se funda. Como se ve, la acci�n publiciana es semejante a la acci�n reivindicatoria, pero las separan diferencias muy importantes, entre ellas, la de que la sentencia que se dicte con motivo del ejercicio de la primera, no produce excepci�n de cosa juzgada en el pleito sobre la propiedad. El juzgador debe examinar, cu�l de los t�tulos presentados por las partes, es mejor para acreditar la posesi�n civil, y no la posesi�n de hecho que es materia de los interdictos.?.

"Ahora bien, del �ltimo p�rrafo de la tesis que ha quedado transcrita, se pone de manifiesto que en la acci�n plenaria de posesi�n el juzgador debe examinar cu�l de los t�tulos presentados por las partes es mejor para acreditar la posesi�n civil y no la posesi�n de hecho, que es materia de los interdictos. Y esto es as� porque el C�digo Civil del Distrito, expedido en 1884, define la posesi�n diciendo que es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho, por nosotros mismos o por otro en nuestro nombre; y es un error sostener que la posesi�n corresponde s�lo a quien tiene el dominio, pues con ello se desconoce el concepto jur�dico que tiene de la posesi�n el citado C�digo Civil, y que se aparta mucho del concepto romano, conforme al cual, deber�n siempre existir dos elementos, el corpus y el animus, constituidos, el primero, por el hecho material de tener una cosa en nuestro poder, y el segundo, por la intenci�n, por la voluntad, justificada o no, de ejercitar sobre una cosa un derecho que, en la teor�a cl�sica, generalmente se confund�a con el derecho de propiedad; en el citado c�digo, la posesi�n es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho; por tanto, es una relaci�n de hecho la de tener una cosa en nuestro poder o gozar de un derecho que tambi�n exista en nuestro poder y que es independiente, o puede serlo, del derecho de propiedad, ya que no es �ste el �nico que permite ejercer actos materiales sobre la cosa. Ninguna alusi�n se hace en el c�digo al elemento animus al hablar de la posesi�n, y para encontrar ese elemento, se necesita de un gran esfuerzo, inventando la definici�n distinta que lo incluya, como lo hacen algunos autores, quienes dicen: ?la posesi�n es una relaci�n de hecho entre una cosa y una persona, en virtud de la cual, �sta puede realizar sobre la cosa actos materiales de uso o transformaci�n, con la voluntad de someterla al ejercicio del derecho real a que estos actos normalmente corresponden.? y deducen de ah� que lo que se posee, no es tanto la cosa, sino el derecho real sobre la misma, y que poseer es ejercitar en realidad un derecho, ya nos pertenezca o no, conviniendo, por tanto, en que es la materialidad la que constituye la posesi�n, y que el animus no es sino un elemento secundario, el meramente psicol�gico de la voluntad de someter la cosa al ejercicio de un derecho real. Si una persona tiene la tenencia material de un terreno, sin tener la voluntad de hacerse due�o de �l, o de ejercitar cualquier otro derecho real, seguramente no puede llamarse poseedor, pero si su voluntad es apropiarse del terreno, entonces s� posee, jur�dicamente hablando. Estas ideas ha venido a ponerlas de relieve el C�digo del Distrito expedido en 1928 que, en su art�culo 790, dice: ?Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho.? lo cual descarta ya, de una manera absoluta, el animus, dej�ndolo reducido al elemento psicol�gico de la voluntad de someter la cosa al ejercicio del derecho real a que los actos que se ejecutan, normalmente correspondan.

"En consecuencia, debe se�alarse que la posesi�n es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho, por nosotros mismos o por otro en nuestro nombre y, por esta raz�n, no puede exigirse a quien ejercita la acci�n plenaria de posesi�n que demuestre que ha pose�do materialmente el inmueble, sino que pruebe, mediante un justo t�tulo, la posesi�n civil o jur�dica que dimana, precisamente, de ese justo t�tulo y que la ejercita en contra de quien tambi�n posee el bien, s�lo que mediante la detentaci�n material de la cosa; tan es as� que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia n�mero 27 que con el rubro: ?ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N.?, consultable en la p�gina 43 de la Segunda Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, compilaci�n 1917-1988, ha establecido que los elementos que se deben probar al ejercitarse dicha acci�n son: a) que tiene justo t�tulo para poseer; b) que es de buena fe; c) que el demandado posee el bien a que se refiere el t�tulo; y d) que es mejor el derecho del actor para poseer que el que alega el demandado, agregando que, para ese efecto, el juzgador debe examinar cu�l de los t�tulos exhibidos por las partes es mejor para acreditar el derecho a la posesi�n. Elementos estos mismos que refiere el art�culo 482 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico y que, como f�cilmente se puede advertir, ni el precepto ni la jurisprudencia de m�rito precisan como elemento esencial para la procedencia de la acci�n plenaria de posesi�n, la posesi�n material del bien materia de la acci�n, puesto que es la posesi�n jur�dica a la que se refiere tanto el precepto como la propia jurisprudencia antes rese�ada. Y ello es as�, porque si se exigiera como requisito la posesi�n material del inmueble no ser�a procedente intentar la acci�n plenaria sino, en su caso, el interdicto de recuperar dicha posesi�n, acci�n esta que est� contemplada en los art�culos 489 y 490 del propio c�digo procedimental ya invocado.

"Adem�s, es preciso se�alar que el vocablo restituir, cuya definici�n da la S. responsable en el acto reclamado debe entenderse no en el sentido gramatical estrictamente, puesto que la restituci�n es la reintegraci�n o el beneficio legal por el que la persona que ha padecido lesi�n en alg�n acto o contrato, logra que se repongan las cosas al estado que ten�an antes del da�o (ley 1, t�tulo 19, partida 6, y ley 1, t�tulo 25, partida 5. Diccionario Razonado de L.�n y Jurisprudencia de J.�n E., Editorial Par�s, L.�a de Rosa, B. y C�a.-De 1852. P�gina 4441).

"Por consiguiente, la restituci�n que se debe hacer a quien ejerce la acci�n plenaria de posesi�n comprende el reintegrarle la posesi�n civil y jur�dica que emana del contrato o del acto jur�dico del que se hace derivar el justo t�tulo y, por ello, es err�neo, como lo se�ala la S. responsable, que para que proceda el ejercicio de la citada acci�n plenaria de posesi�n deba justificarse que se tuvo esa posesi�n material para que as� se le reintegre la misma, ya que ha quedado definido por las consideraciones precedentes que no es la tenencia material la que se pretende proteger mediante el ejercicio de la acci�n publiciana, sino la posesi�n jur�dica.

"Por tanto, y al no considerarlo as� la S. responsable, es indiscutible que se violan las garant�as individuales de la parte quejosa, lo que es suficiente para conceder la protecci�n federal que se solicita.

Para apoyar las consideraciones precedentes, se citan los siguientes criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, y que se pueden consultar en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, que m�s adelante se precisan; ?POSESI�N. NATURALEZA DE LA.-Es cierto que se puede poseer una cosa, cualquiera que sea el propietario; pero no lo es que la misma cosa pueda ser pose�da por dos personas al mismo tiempo, con t�tulos diferentes.?. Tomo LXXVIII, p�gina 4723. ?POSESI�N, NATURALEZA DE LA (sic).-Tanto la doctrina como la legislaci�n, sostienen que el hecho de que una persona que tiene la posesi�n de un bien ra�z, la d� en arrendamiento, no significa que pierda la posesi�n, sino que conserva plenamente la posesi�n jur�dica, y s�lo transmite al arrendatario la tenencia material, quien, en esa virtud, posee a nombre de otro.?. Tomo XLV, p�gina 1483. ?POSESI�N, NATURALEZA DE LA (sic).-La posesi�n civil no se identifica con el derecho de poseer; se define por oposici�n a la posesi�n natural o simple tenencia de la cosa, y se hace consistir en la misma posesi�n natural, unida a la intenci�n de poseer a t�tulo de due�o, en virtud de un t�tulo traslativo de la propiedad.?. Tomo XLVII, p�gina 4378.

El criterio anterior fue sustentado por mayor�a de votos de los Magistrados M.E.S.V. y Ra�l D�az I.A., en contra del voto particular del Magistrado Ra�l Sol�s Sol�s, quien sostuvo el siguiente punto de vista:

"Son infundados el primero y cuarto conceptos de violaci�n, ya que no es verdad, como dice la quejosa, que de la tesis jurisprudencial que con el n�mero 27 puede consultarse en el �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, no se desprenda que para que prospere la acci�n plenaria de posesi�n o publiciana se requiere que quien la ejercite haya antes tenido la posesi�n de inmueble, pues si se examina tal tesis jurisprudencial se advierte que se se�ala textualmente: ?... tiene la finalidad de obtener la restituci�n de la cosa con sus frutos y accesiones.?. Ahora bien, al decir que tiene la finalidad de obtener la restituci�n de la cosa, implica que quien la ejercita antes tuvo la posesi�n misma, que perdi� a manos del demandado y, por lo mismo, pide su restituci�n. Esto basta para desestimar los conceptos de violaci�n antes mencionados, pero, a mayor abundamiento, debe se�alarse que la S. interpreta correctamente el art�culo 482 del C�digo de Procedimientos Civiles de la entidad, del que ciertamente se desprende, como lo se�ala la S., que quien ejercita la acci�n plenaria de posesi�n o publiciana antes debi� haber pose�do el bien; toda vez que el precepto se�ala ?le restituya la cosa con sus frutos y accesiones ...?; igualmente, el precepto indica ?... ha pose�do por menos tiempo que el actor ...? igualmente dice: ?ambas posesiones ...? de todo lo cual se desprende que conforme al precepto en an�lisis, ciertamente se requiere que el actor de esta acci�n haya pose�do antes el bien objeto de la acci�n y si esto es as�, no existe violaci�n del precepto citado ni de la tesis jurisprudencial de que se trata, con lo que consecuentemente tampoco la hay de las garant�as individuales de la quejosa.

"Por otra parte, la quejosa manifiesta que la sentencia reclamada viola los art�culos 14 constitucional y 414 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, as� como los precedentes que invoca, toda vez que la S., por una parte, determina que con el documento base de la acci�n acredita en forma presuntiva la posesi�n del inmueble y, por otra, indebidamente invoca una ejecutoria inaplicable, sin tomar en consideraci�n que como el contrato de dieciocho de agosto de mil novecientos sesenta y ocho no fue objetado por la demandada, �ste tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 394 y 395 del C�digo de Procedimientos Civiles de la entidad, para demostrar presuntivamente que la sucesi�n quejosa hab�a tenido la posesi�n del inmueble motivo del conflicto, pues no hay disposici�n legal alguna que establezca que la posesi�n no puede probarse por presunciones, de donde es inaplicable la ejecutoria en la que la responsable apoya su criterio, porque �sta trata sobre la posesi�n material, y en el agravio sexto se argument� que la sucesi�n actora acredit� tener la posesi�n del inmueble con el contrato exhibido.

"Lo anterior es inexacto, pues como la propia quejosa lo reconoce, con elcontrato base de la acci�n �nicamente demuestra de manera presuntiva la posesi�n civil del bien en conflicto, cuando conforme a lo que se tiene expresado con anterioridad, lo que debi� demostrar, fehacientemente, era la posesi�n material del inmueble y p�rdida posterior a manos de la demandada, atento lo dispuesto en el art�culo 482 anteriormente invocado, por lo que como correctamente lo determina la S. no est� demostrada la procedencia de la acci�n ejercitada.

"A mayor abundamiento, para acreditar de manera fehaciente la tenencia material de un inmueble, la prueba id�nea es la testimonial, misma que no fue ofrecida por la quejosa, y con ello se corrobora la improcedencia de la acci�n plenaria de posesi�n o publiciana ejercitada; es aplicable la tesis jurisprudencial que con el n�mero 1359 es consultable en la Segunda Parte del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?POSESI�N. LA PRUEBA ID�NEA PARA ACREDITARLA ES LA TESTIMONIAL.-La Segunda S. sustenta el criterio de que la prueba testimonial es la id�nea para acreditar el hecho de la posesi�n; de manera que no desahogada esa prueba, los quejosos no acreditan en el juicio que estuvieran en posesi�n del predio a que se refiere la demanda de garant�as, en forma p�blica, pac�fica, continua, en nombre propio y a t�tulo de due�os, por un lapso no menor de cinco a�os anterior a la fecha de publicaci�n de la solicitud de dotaci�n; por lo que no satisfacen uno de los requisitos esenciales que condicionan la procedencia del juicio de amparo, consistente en la posesi�n, con las caracter�sticas indicadas, del predio aludido.?.

"La quejosa, en el tercer concepto de violaci�n, dice que la sentencia viola los art�culos 14 constitucional, 269, 270 y 283 del C�digo de Procedimientos Civiles, en virtud de que contrar�a a lo sustentado por la S., cuando la demandada, al contestar el hecho sexto de la demanda, dijo que era falso que la actora hubiera edificado las construcciones existentes en el inmueble, admiti� la existencia de las construcciones, lo que constituye una confesi�n y una excepci�n, en cuyas condiciones a la demandada correspond�a demostrar tal excepci�n, mas no a la actora probar que la autora de la sucesi�n hab�a realizado tal edificaci�n y, en esa virtud, al no probarse la excepci�n, la responsable debi� tener por cierto que las construcciones se llevaron a cabo por M.�a E.M. y, por tanto, que tuvo la posesi�n material del bien, mas al no considerarlo as�, la S. viol� los preceptos invocados; pero en caso de no considerar procedente lo anterior, de cualquier manera es ilegal la consideraci�n de la S., pues dada la contestaci�n al hecho sexto, al negar la demandada que las construcciones las realiz� la autora de la sucesi�n, tal negativa envuelve la afirmaci�n de que la demandada edific� las construcciones, y a ella correspond�a probar su negativa, pero como no fue as�, deb�a tenerse por cierto lo afirmado en el mencionado apartado.

"Lo anterior es infundado pues, por principio, conforme a lo dispuesto en el art�culo 269 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, as� como de acuerdo con la tesis jurisprudencial que con el n�mero 19 es consultable en la Segunda Parte del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?ACCI�N. FALTA DE PRUEBA DE LA.-Dado que la ley ordena que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acci�n, es indudable que, cuando no los prueba, su acci�n no puede prosperar, independientemente de que la parte demandada haya o no opuesto excepciones y defensas.?; a la actora corresponde demostrar los hechos constitutivos de su acci�n, aun cuando la demandada no opusiera excepciones y defensas, por tanto, si conforme a las razones expuestas con anterioridad para la procedencia de la acci�n plenaria de posesi�n o publiciana, es necesario demostrar que se ten�a la posesi�n del bien y �sta se perdi� a manos de la demandada, a la actora correspond�a demostrar que con motivo de su inicial posesi�n realiz� diversas edificaciones, sin haberlo logrado, por no haber ofrecido prueba alguna sobre el particular, con lo que no acredita un requisito b�sico de su acci�n; y la circunstancia de que la demandada tampoco haya acreditado los extremos de lo afirmado al contestar el hecho sexto de la demanda, solamente significa que se trata de un hecho no acreditado por ambas partes, mas no la demostraci�n de que la actora fue quien con motivo de la posesi�n del inmueble hizo las edificaciones, pues lo mismo se podr�a decir de la demandada.

"Es pertinente hacer notar que con sus argumentaciones la quejosa pretende arrojar a su contraparte la carga de probar un hecho negativo, como es que la autora de la sucesi�n no realiz� las edificaciones, lo que es jur�dicamente imposible.

Razones las anteriores por las que procede negar el amparo.

TERCERO

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 152/89, del quejoso L.S.O.A., en lo conducente, estableci� lo siguiente:

"QUINTO.-Son infundados los anteriores conceptos de violaci�n.

"De acuerdo con la doctrina, la acci�n plenaria de posesi�n o publiciana se concede al poseedor de buena fe, para que le sea devuelta una cosa de la que ha perdido la posesi�n por azar, contra cualquiera que sea poseedor, excepci�n hecha del propietario.

"La Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia que invoca el amparista, misma que se encuentra publicada en la p�gina dieciocho, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, ha sostenido lo siguiente: ?ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N.-La acci�n plenaria de posesi�n, o publiciana, compete al adquirente de buena fe que no est� en posesi�n de la cosa que tiene derecho a poseer con justo t�tulo aunque no lo acredite como propietario; se da contra quien posee con menor derecho y tiene la finalidad de obtener la restituci�n de la cosa con sus frutos y accesiones. Consecuentemente el actor deber� probar los siguientes elementos: 1. Que tiene justo t�tulo para poseer; 2. Que es de buena fe. 3. Que el demandado posee el bien a que se refiere el t�tulo. 4. Que es mejor el derecho del actor para poseer que el que alega el demandado. Para este efecto, el juzgador debe examinar cu�l de los t�tulos exhibidos por las partes es mejor para acreditar el derecho a la posesi�n civil.?.

"Siendo as�, se estima correcta la determinaci�n del tribunal responsable, al establecer que para que a una persona le competa la acci�n publiciana, se requiere que haya tenido la posesi�n material del inmueble, cuya devoluci�n pretende, y haya perdido la misma a manos del demandado.

"Por otra parte, si bien es verdad que en la jurisprudencia transcrita no se expresa textualmente que para la procedencia de la acci�n plenaria de posesi�n se requiere que el actor haya pose�do el bien en conflicto, sin embargo, esto se infiere del texto de la misma, puesto que claramente establece que tiene la finalidad de obtener la restituci�n de la cosa con sus frutos y accesiones.

"Por las anteriores razones, es infundado lo que afirma el amparista de que la S. est� introduciendo un nuevo elemento para la procedencia de la acci�n publiciana al considerar que se necesita que la parte actora demuestre haber tenido la posesi�n del bien y se le haya despojado del mismo; toda vez que, como ya se dej� establecido, tal elemento de procedibilidad s� se encuentra previsto en la jurisprudencia invocada.

"Respecto a lo que argumenta el solicitante de garant�as de que su t�tulo es mejor para poseer que el de su contraria, cabe decir que este Tribunal Colegiado comparte el criterio de la S. responsable al establecer que la expresi�n justo t�tulo puede tener dos acepciones, ya sea como el documento que acredite la propiedad, y otra como la causa o el motivo leg�timo de buena fe que da derecho a una persona a poseer o tener alguna cosa en su poder. De tal manera que, en este tipo de juicios, por justo t�tulo no debe entenderse el documento con que se justifique el dominio, sino la causa leg�tima o de buena fe de la tenencia o posesi�n de la cosa, ya que de interpretarse de la primera manera, la acci�n publiciana ser�a in�til, puesto que teniendo el t�tulo que demuestre la propiedad, la acci�n procedente ser�a la reivindicatoria; por el contrario, cuando la parte actora carece del documento de propiedad, puede intentarse la acci�n plenaria de posesi�n, pues �sta, como ya se dijo, tiende a proteger la posesi�n leg�tima de un bien, siempre que se encuentre su origen en un acto l�cito y de buena fe.

"Cabe destacar que el promovente del amparo no hace ninguna alegaci�n tendiente a desvirtuar las consideraciones vertidas en la sentencia reclamada, respecto a que en su demanda expres� haber realizado diversas compraventas del inmueble cuya posesi�n reclama, sin precisar cu�les son sus actuales medidas y, por ello, resultar�a incongruente condenar a su contraria a restituirle la posesi�n de un terreno que no se encuentra perfectamente identificado.

En esas circunstancias, al no haberse demostrado que la sentencia reclamada sea violatoria de garant�as, lo procedente es negar al quejoso la protecci�n constitucional solicitada.

Este mismo �rgano jurisdiccional, al dictar resoluci�n en el amparo directo 273/89, del quejoso G.G.�a J., sostuvo, en lo que interesa, lo que enseguida se reproduce:

"QUINTO.-Son parcialmente fundados los conceptos de violaci�n y adem�s este tribunal, en uso de la facultad conferida por el art�culo 76 bis, fracci�n VI, de la Ley de A., suple la deficiencia de la queja.

"Como qued� relatado en el considerando anterior, los motivos esenciales que invoc� M.�a P.M.G.�a V., para promover el juicio plenario de posesi�n en contra del hoy quejoso, se reducen a dos cuestiones, es decir, que de acuerdo con la escritura de adjudicaci�n de bienes de sus extintos padres, es propietaria de la casa en conflicto, y que el cinco de mayo de mil novecientos ochenta y tres, G.G.�a J.�nez entr� a poseer el inmueble sin motivo alguno y sin su consentimiento.

"El demandado acept� que se encontraba en posesi�n de la casa, pero que no entr� a poseer en la fecha precisada por la actora sino desde que naci�, ya que tambi�n es hijo de P.G.�a G�mez; y entre otras opuso como excepci�n la de improcedencia de la acci�n.

"En la sentencia de primera instancia se dijo, fundamentalmente, que la acci�n plenaria de posesi�n qued� probada de acuerdo con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis jurisprudencial n�mero 5, visible en las p�ginas 16 y 17 de la Cuarta Parte, Tercera S., del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1975 cuyo rubro dice: ?ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N.?; ya que de las pruebas aportadas, la actora acredit� el primer elemento con el testimonio notarial de la escritura de adjudicaci�n de bienes, que la buena fe qued� acreditada con el justo t�tulo exhibido; el tercer elemento se desprende de la confesi�n del demandado y que si bien pudiera estimarse que al demandado le asiste alg�n derecho sobre el inmueble, tendr�a que hacerlo valer en la v�a y forma correspondiente. En relaci�n con la improcedencia de la acci�n, se consider� que tal excepci�n no qued� probada porque de ser cierto que debi� ser llamado al juicio sucesorio pod�a intentar la acci�n de petici�n de herencia.

"En los agravios se hizo valer, concretamente, que se infringi� el criterio del m�s Alto Tribunal de la naci�n, porque no hab�a quedado demostrado el cuarto elemento de la acci�n, es decir, que es mejor el derecho de la actora para poseer, que el que alega el demandado; que M.�a P.M.G.�a V. confes� que G.G.�a J. ha habitado la casa en controversia durante toda su vida, o sea, por m�s de treinta y tres a�os; por tanto -aleg� el apelante- no prob� el hecho tercero de la demanda; que la escritura de adjudicaci�n fue inscrita en el Registro P�blico de la Propiedad hasta el a�o de mil novecientos ochenta y siete; que no fue examinada minuciosamente la prueba testimonial que ofreci� ni la declaraci�n de parte; y que era improcedente la condena al pago de gastos y costas del juicio.

"Finalmente, la S. responsable declar� ?inoperantes? los agravios anteriores, considerando que: ?Para acreditar el justo t�tulo, elemento necesario para ser declarado de mejor calidad, entendi�ndose por �ste el suficiente para transferir la posesi�n, implicando, no una intenci�n arbitraria para conducirse como propietaria sino derivado de la voluntad legal, como lo dispone el diverso 1369, fracciones I y II, del c�digo sustantivo vigente, m�xime que la posesi�n de hecho por tiempo determinado o indefinidamente sin justo t�tulo, no implica ser de mejor calidad frente a otro que se funda en un t�tulo de posesi�n, en raz�n de que, por una parte, en el sumario consta el escrito de la demandada y, como t�tulo fundatorio de su acci�n, copias certificadas de la escritura sobre aplicaci�n y adjudicaci�n de bienes ...?; que el recurrente ?no exhibi�? ni demostr� tener una posesi�n cierta, con base en un t�tulo eficaz como causa generadora, sino �nicamente la intenci�n de conducirse como due�o, misma que no revela el acto que fundadamente se cree bastante para transferir ?la posesi�n?; que no era obst�culo el desahogo de la declaraci�n de parte en la cual M.�a P.M.G.�a V. reconoci� la posesi�n del demandado por m�s de treinta a�os; ni la testimonial, ya que los testigos omitieron manifestar las circunstancias por las que conocieron los hechos afirmados, adem�s de que son imprecisos y no se ocuparon de los hechos sustanciales a demostrar, consistentes en el car�cter con que posee el actor, y que aun concedi�ndole valor probatorio pleno, revelan situaciones no aptas e id�neas para determinar su calidad. Se concluy� diciendo que la condena al pago de gastos y costas es una consecuencia de la resoluci�n que no le beneficia.

"De lo anterior, se desprende que no obstante que tanto el Juez natural como la S. responsable se ocuparon del an�lisis de los elementos constitutivos de la acci�n plenaria de posesi�n, sin embargo, el Juez omiti� el estudio del cuarto elemento, es decir, lo relativo a que es mejor el derecho de la actora para poseer que el que aleg� el demandado; por lo que en segunda instancia G.G.�a J.�nez hizo valer esa cuesti�n y adem�s sostuvo que tampoco hab�an quedado probados los otros tres elementos de la acci�n, alegando que es improcedente.

"Ante tal situaci�n, se estima que es incorrecta la consideraci�n de la S. responsable y que se cometi� una violaci�n manifiesta de la ley que dej� sin defensa al quejoso, en raz�n de que, a pesar de que siempre aleg� la improcedencia de la acci�n plenaria de posesi�n, no fueron examinados en su integridad los elementos que la constituyen, y los argumentos que se expresaron respecto de aquellos que s� fueron estudiados, son inexactos.

"Para as� estimarlo, conviene mencionar que el art�culo 1356 del C�digo Civil del Estado de P. establece que el poseedor a nombre propio tiene derecho, mediante el juicio de interdicto que reglamenta el C�digo de Procedimientos Civiles, a ser mantenido en su posesi�n siempre que fuere perturbado en ella, y a que se le restituya si lo requiere durante el plazo de un a�o, contado desde el d�a en que se le desposey�. El art�culo 1360 del mismo ordenamiento legal precisa que quien no haya promovido el interdicto de recuperar la posesi�n, o quien habi�ndolo promovido no haya obtenido sentencia favorable, puede ejercitar la acci�n plenaria, contra aquel cuya posesi�n no sea mejor. Y el art�culo 1363 establece que para calificar el derecho a la posesi�n, en el caso del art�culo 1360, se aplicar�n las siguientes disposiciones: ?I. Es mejor derecho a la posesi�n el que se funda en t�tulo anterior a ella; II. Si las dos partes tienen t�tulos del mismo origen, o de or�genes distintos y de igual calidad, se atender� a la prelaci�n en el Registro P�blico de la Propiedad; III. A falta de t�tulos, o de t�tulos registrados, ser� mejor la posesi�n m�s antigua.?.

"Por otra parte, el art�culo 843 del C�digo de Procedimientos Civiles de esta entidad se�ala que en el juicio plenario de posesi�n se ejercitan las acciones sobre posesi�n definitiva y en �l se decide qui�n tiene, entre actor y demandado, mejor derecho de poseer y de ser mantenido o restituido en la posesi�n. El art�culo 844 de este ordenamiento establece que en el juicio plenario de posesi�n �nicamente se discutir�n cuestiones relativas a la posesi�n y la sentencia no se ocupar� de la propiedad. El art�culo 845 precisa a qui�n compete el ejercicio de esta acci�n, se�alando: ?I.A. que funde su derecho exclusivamente en la posesi�n; II. A quien adquiri� la posesi�n con justo t�tulo, de quien no era due�o del bien, si la pierde antes de haber adquirido la propiedad por usucapi�n; III.A. que alegue mejor derecho para poseer; IV. Al usufructuario; V. A los causahabientes o herederos de las personas enumeradas en las fracciones anteriores.?.

"En el caso, la S. responsable no hizo referencia a ninguno de los dispositivos acabados de se�alar, siendo aplicables, sino que �nicamente se apoy� en el criterio jurisprudencial invocado que indica cu�les son los elementos constitutivos de la acci�n plenaria de posesi�n; por ello, se ignora en cu�l de las fracciones del art�culo 845 del c�digo procesal de la materia ubic� a la actora. No obstante, tomando en cuenta el planteamiento de la demanda, tendr�a que ser en la fracci�n III, puesto que con base en su escritura de adjudicaci�n aleg� mejor derecho para poseer; pero siendo as�, la acci�n resulta improcedente, en virtud de que la formalizaci�n de la escritura de adjudicaci�n de bienes, por s� misma, no le transmiti� la posesi�n material del inmueble, sino que dicho t�tulo de propiedad le da derecho a poseer, pero de ninguna manera implica que la actora hubiese pose�do con anterioridad a su otorgamiento ni tampoco despu�s, tan es as� que acept� en el desahogo de la prueba de declaraci�n de parte, que G.G.�a J.�nez ?durante toda su vida? ha tenido su domicilio en la casa cuatrocientos uno de la calle Cinco de Mayo de Acatzingo, P. (respuesta a la pregunta cinco del interrogatorio, foja treinta y ocho).

"En ese orden de ideas, debe concluirse que, si bien la actora exhibi� un t�tulo de propiedad que le da derecho a poseer el inmueble, sin embargo, dicho t�tulo no le transmiti� la posesi�n material y no acredit� haber pose�do con anterioridad a la fecha en que, seg�n dijo el demandado, se introdujo a la casa; por lo que, tomando en consideraci�n que en el juicio plenario de posesi�n s�lo se ventilan precisamente cuestiones posesorias, debe estimarse que la acci�n no qued� probada. Al caso, es aplicable la tesis que este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sustent� al resolver el amparo directo 152/89, que dice: ?ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N. PARA SU EJERCICIO SE REQUIERE HABER TENIDO LA POSESI�N.-Si bien es verdad que en la jurisprudencia sustentada por la Tercera S. de la honorable Suprema Corte en el Ap�ndice 1917-1985, bajo el rubro: �ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N.�, no se expresa textualmente que, para la procedencia de esta acci�n se requiere que el actor haya pose�do el bien en conflicto; sin embargo, esto se infiere del texto de la misma, puesto que claramente establece que �tiene la finalidad de obtener la restituci�n de la cosa con sus frutos y accesiones�, por lo que para que una persona sea titular de la acci�n publiciana, se requiere que haya tenido la posesi�n material del inmueble cuya devoluci�n pretende y haya perdido la misma a manos del demandado.?.

"Ante tal situaci�n, resulta intrascendente el car�cter con el que posea el demandado, pues tanto la leycomo la jurisprudencia establecen que dado que el actor debe probar los hechos constitutivos de la acci�n, es indudable que, cuando no los prueba, su acci�n no puede prosperar, independientemente de que la parte demandada haya o no opuesto excepciones y defensas, adem�s de que tambi�n se ha considerado que la improcedencia de la acci�n por falta de uno de esos requisitos esenciales puede ser estimada por el juzgador aun de oficio, por ser de orden p�blico el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de dicha acci�n.

"En tales condiciones, debe concederse el amparo solicitado, a fin de que la S. responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dicte otra en la que, tomando en cuenta las consideraciones expresadas en esta ejecutoria, declare que la acci�n intentada no qued� probada; concesi�n que debe hacerse extensiva a los actos de ejecuci�n reclamados del Juez de lo Civil de Tepeaca, P.."

CUARTO

Debe analizarse, en primer lugar, si existe contradicci�n de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados a que se refiere la denuncia respectiva.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito sostiene fundamentalmente el criterio de que para el ejercicio de la acci�n plenaria de posesi�n no se requiere haber disfrutado de la posesi�n material del bien objeto de la litis, sino s�lo tener justo t�tulo para poseer; que sea de buena fe; que el demandado posea el bien a que se refiere el t�tulo; y que sea mejor derecho el del actor para poseer que el que alega el demandado.

Para llegar a dicha conclusi�n, este tribunal habla de la g�nesis de la acci�n plenaria de posesi�n; de la noci�n de "justo t�tulo"; de la "causa generadora de la posesi�n"; del concepto de acci�n publiciana sustentado por la Tercera S. de este Alto Tribunal; de la posesi�n civil; de la posesi�n de hecho; y del porqu�, en la jurisprudencia de la citada S., no se precisa como elemento esencial, para la procedencia de la acci�n plenaria de posesi�n, la posesi�n material del bien objeto de la acci�n.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito adujo que para el ejercicio de la acci�n plenaria de posesi�n se requiere haber tenido la posesi�n material del bien en litigio, ya que si bien es cierto que en la jurisprudencia sustentada por la Tercera S. de este Alto Tribunal, de rubro "ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N.", no se expresa textualmente esta circunstancia, esto se infiere del texto de la misma, puesto que claramente establece que "tiene la finalidad de obtener la restituci�n de la cosa con sus frutos y accesiones".

De la comparaci�n de los anteriores criterios se advierte claramente que sobre un mismo tema jur�dico, como lo es la procedencia de la acci�n plenaria de posesi�n, en los considerandos de sus fallos los tribunales en comento llegan a conclusiones divergentes, incluso interpretando la misma jurisprudencia de la Tercera S. de este Alto Tribunal relativa a los elementos de la acci�n plenaria de posesi�n, por los que incuestionablemente se dan los requisitos para la contradicci�n de tesis.

Al respecto, esta S. comparte el criterio jurisprudencial de la Cuarta S., que a la letra dice:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Octava �poca. Cuarta S.. Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n. N�mero 58, octubre de 1992. Tesis 4a./J. 22/92. P�gina 22).

No es obst�culo para la existencia de la contradicci�n, el que los criterios opuestos no hayan sido sustentados de manera reiterada por los �rganos jurisdiccionales colegiados hasta llegar a constituir jurisprudencia, ya que tal requisito no es necesario para resolver la contradicci�n de criterios.

Es aplicable la tesis del Tribunal Pleno, que textualmente se�ala:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA SU INTEGRACI�N NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.-Para la procedencia de una denuncia de contradicci�n de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el art�culo 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal ni el art�culo 197-A de la Ley de A., lo establecen as�." (Octava �poca. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n. N�mero 83, noviembre de 1994. Tesis P. L/94. P�gina 35).

QUINTO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio que sustenta esta Primera S., en el que se comparte la conclusi�n a que llega el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito.

La primera parte del estudio que aparece en la ejecutoria del amparo directo civil 571/95 del tribunal de que se habla, fue copiada del criterio sustentado por la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al resolver la contradicci�n de tesis 23/93, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Segundo Circuito.

En esta �ltima ejecutoria se dijo, en la parte de estudio, lo siguiente:

"CUARTO.-Por raz�n de m�todo debe dilucidarse en primer t�rmino si en el caso existe materia para resolver la presente denuncia de contradicci�n de tesis entre los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados.

"Con ese prop�sito, debe decirse que de la transcripci�n de las tesis que anteceden, as� como del an�lisis de las ejecutorias en que se sustentan, se hace patente la contradicci�n de tesis denunciada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se produce porque mientras este tribunal federal sostiene que el propietario de un bien no puede ejercitar la acci�n publiciana o plenaria de posesi�n, el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito sostiene lo contrario, esto es, que el propietario de un bien puede deducir la acci�n plenaria de posesi�n cuando no quiera que se discutan en la contienda legal sus derechos de propiedad, con base en las razones que han quedado transcritas con antelaci�n y que m�s adelante se ponderar�n.

"En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el art�culo 197-A, en relaci�n con el 192, ambos de la Ley de A., esta Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n procede a determinar cu�l de ellas debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia.

"En la especie se estima que debe prevalecer la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 753/88, promovido por D.G.G.�a, en atenci�n a las razones que a continuaci�n se expresan:

"La g�nesis de la acci�n plenaria de posesi�n revela que este derecho subjetivo encuentra su origen en la tradici�n romanista. Fue instituida por el pretor ?P.?, quien para proteger al poseedor (civil) de buena fe, concedi� acci�n en (sic) reivindicatoria a todo aquel que hubiese recibido una cosa con justo t�tulo, cuando perdiera la posesi�n antes de haber adquirido la propiedad por prescripci�n. A trav�s de esta acci�n, el pretor fing�a creer que el poseedor hab�a cumplido el plazo de la usucapi�n y demandaba la cosa en calidad de due�o. La sentencia que se pronunciaba en estos juicios se limitaba a resolver acerca del mejor derecho de posesi�n, sin prejuzgar sobre los derechos de propiedad ni hacer declaraci�n de dominio. El r�gido sistema de prueba de la propiedad conocido como ?prueba por el t�tulo? o ?prueba diab�lica?, que prevaleci� a la luz del axioma que dice ?nadie puede transmitir a otro m�s derechos de los que �l mismo tiene?, obligaba a quienes demandaban la reivindicatoria a demostrar la propiedad de todos sus causantes. Las dificultades que entra�aba la demostraci�n de este aspecto, provoc� que la mayor�a de los propietarios optaran por el ejercicio de la acci�n publiciana, en donde obten�an la restituci�n de la finca, aun cuando no se hiciera declaraci�n de dominio. Durante la Edad Media, frecuentemente se confundi� esta acci�n con la reivindicatoria; ello trajo como consecuencia que desapareciera de numerosas legislaciones europeas, entre las que se encuentran el C�digo Civil espa�ol, el franc�s y el italiano. La fuerte influencia de estas legislaciones sobre el derecho patrio propici� que la acci�n publiciana no fuera contemplada en los C�digos Civiles del Distrito y Territorios Federales de 1870, 1884 y aun en el de Procedimientos Civiles de 1883. Posteriormente, el C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 1931 incorpor� de manera expresa la acci�n plenaria de posesi�n en los t�rminos de su art�culo 9o., el cual fue recogido m�s adelante por la mayor�a de las legislaciones adjetivas locales, entre las que se encuentra la del Estado de M�xico (art�culo 482) y la del Estado de H. (art�culo 9o.). Dichos preceptos, por su orden, dicen:

"?Art�culo 9o. Al adquirente con justo t�tulo y de buena fe le compete la acci�n para que, aun cuando no haya prescrito, le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los t�rminos del art�culo 4o., el poseedor de mala fe, o el que teniendo t�tulo de igual calidad ha pose�do por menos tiempo que el actor. No procede esta acci�n en los casos en que ambas posesiones fuesen dudosas o el demandado tuviere su t�tulo registrado y el actor no, as� como contra el leg�timo due�o.? (C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de mil novecientos treinta y uno).

"?Art�culo 482. Al adquirente con justo t�tulo y de buena fe le compete la acci�n para que, aun cuando no haya prescrito, le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los t�rminos del art�culo 477 el poseedor de mala fe; o el que teniendo t�tulo de igual calidad ha pose�do por menos tiempo que el actor. No procede esta acci�n en los casos en que ambas posesiones fueren dudosas o el demandado tuviere su t�tulo registrado y el actor no, as� como contra el leg�timo due�o.? (C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, en vigor).

"?Art�culo 9o. Al adquirente con justo t�tulo y de buena fe le compete la acci�n para que, aun cuando no haya prescrito, se le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los t�rminos del art�culo 4o., el poseedor de mala fe, o el que teniendo t�tulo de igual calidad ha pose�do por menos tiempo que el actor. No procede esta acci�n en los casos en que ambas posesiones fuesen dudosas o el demandado tuviere su t�tulo registrado y el actor no, as� como contra el leg�timo due�o.? (C�digo procesal civil para el Estado de H., en vigor).

"Ahora bien, la noci�n de ?justo t�tulo? contenida en los preceptos transcritos, que fue empleada en el citado C�digo Civil de 1870, as� como en el referido c�digo de 1884, para establecer el primer requisito de la prescripci�n positiva, desapareci� como tal en el C�digo Civil de 1928 y fue sustituida por la noci�n de ?poseedor en concepto de propietario.?. Sin embargo, como una reminiscencia de la acepci�n y fiel a la tradici�n romanista, el art�culo 9o. del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 1931, acogi� el concepto de ?justo t�tulo?. De ah� que la connotaci�n de dicho t�rmino debe entenderse a la luz de la definici�n que de �l se proporciona en los C�digos Civiles de 1870 y 1884. En efecto, el art�culo 1188 del C�digo Civil de 1870 establec�a: ?Se llama justo t�tulo el que es bastante para transferir el dominio.?. Por su parte, el art�culo 1080 del C�digo Civil de 1884 aclar� el concepto al establecer: ?Se llama justo t�tulo el que es o fundadamente se cree bastante para transferir el dominio.?.

"De lo anterior se concluye que el justo t�tulo comprende dos supuestos, a saber: a) Aquel que transmite el dominio y que, por tanto, constituye un t�tulo de propiedad; y b) Aquel que en principio ser�a apto para transmitir el dominio, pero que debido a un vicio ignorado por el adquirente, s�lo le transmite la posesi�n. Cabe apuntar que la pr�ctica hizo caer en desuso la primera de las hip�tesis mencionadas, pues quien prescrib�a, evidentemente lo hac�a porque carec�a de un t�tulo que le transmitiera el dominio.

"Adicionalmente, es pertinente advertir que la noci�n de ?justo t�tulo? no pugna con la definici�n que se contiene en el art�culo 806 del C�digo Civil del Distrito y Territorios Federales de 1928, el cual estableci�: ?E.�ndese por t�tulo la causa generadora de la posesi�n.?, pues es claro que la acepci�n de ?justo t�tulo?, en sus dos aspectos, da origen a la posesi�n, y por ello encuadra dentro de lo previsto por el art�culo 806 del citado ordenamiento. No obstante, cabe se�alar que el concepto de ?causa generadora de la posesi�n? es m�s amplio que el de ?justo t�tulo?, pues si bien la posesi�n puede originarse en �ste, tambi�n lo es que no es la �nica forma en que se puede generar la posesi�n, ya que �sta, aun cuando no sea originaria, puede producirse por un t�tulo que no sea ni se crea bastante para transmitir el dominio, como en el caso del usufructo, del comodato o del arrendamiento. Es decir, el ?justo t�tulo? no es m�s que uno de los g�neros que conforman la clase ?causa generadora de la posesi�n?.

"En este orden de ideas, se arriba a la conclusi�n de que el justo t�tulo, si bien como lo se�ala el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en principio puede constituir la causa generadora de la posesi�n, tambi�n es cierto que su concepto no se restringe a los t�tulos viciados, sino que adem�s comprende a los que transmiten el dominio, tal como lo consignaron expresamente los mencionados c�digos de 1870 y 1884.

"Pero adem�s, fundamentalmente, no debe perderse de vista que uno de los principios que rigen la acci�n plenaria de posesi�n es el referente a que no se trata de una acci�n declarativa sino de condena, pues como en forma coincidente lo se�alan los �rganos colegiados que sustentan la contradicci�n, en la acci�n publiciana no pueden discutirse los derechos de propiedad que pudieran tener las partes, sino el mejor derecho de posesi�n que les pueda asistir. De ah� que la tesis relativa a que el due�o de la cosa no puede deducir la acci�n publiciana encierra una antinomia, pues no puede rechazarse la acci�n plenaria de posesi�n ejercitada por el propietario, sin antes establecer que verdaderamente se trata del propietario, y ello, evidentemente, pugna con el principio apuntado.

"Sobre el particular, es pertinente citar la tesis sustentada por esta Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Sexta �poca, Cuarta Parte, Tomo XXXIV, p�gina 2788, que a la letra dice: ?ACCI�N PUBLICIANA. CONCEPTO.-La acci�n publiciana es una acci�n real, que compete al poseedor civil de una cosa, contra el que la posee sin t�tulo o con otro, pero de menor derecho, para que sea restituida con sus frutos, accesiones y abonos de menoscabos, estando sujeta dicha acci�n, entre otras reglas a las siguientes: que quien la ejercite, sea poseedor en derecho de la cosa que reclama; que aquel contra quien se dirija, carezca de derecho para retenerla, o sea inferior al de su denunciante, y que se acompa�e el justo t�tulo en que la acci�n se funda. Como se ve, la acci�n publiciana es semejante a la acci�n reivindicatoria, pero las separan diferencias muy importantes, entre ellas, la de que la sentencia que se dicte con motivo del ejercicio de la primera, no produce excepci�n de cosa juzgada en el pleito sobre la propiedad. El juzgador debe examinar, cu�l de los t�tulos presentados por las partes, es mejor para acreditar la posesi�n civil, y no la posesi�n de hecho, que es materia de los interdictos.?.

"La circunstancia de que en tal situaci�n el actor contar�a con dos diversas acciones para lograr la restituci�n de la cosa, no justifica la desestimaci�n de la procedencia de la acci�n publiciana cuando la deduzca el propietario, pues ning�n imperativo impide al legislador instituir sendos medios de recuperaci�n de la cosa y, por el contrario, sobre el particular cobra aplicaci�n el aforismo que dice ?el que puede lo m�s puede lo menos?.

"Tampoco existen elementos para suponer que al emplear la frase ?aun cuando no haya prescrito?, el legislador limit� la procedencia de la acci�n plenaria de posesi�n a los casos en que la usucapi�n estaba por consumarse, pues la conjunci�n concesiva ?aun cuando?, puede ser utilizada como sin�nimo de ?tambi�n?, ?inclusive? o ?hasta?, en tanto que como conjunci�n adversativa, se utiliza en el sentido de ?aunque? o ?a pesar de lo cual?, pero en ning�n caso se emplea como adverbio de restricci�n, esto es, como sin�nimo de s�lo, solamente o �nicamente.

"As� pues, cabe concluir que no hay raz�n de �ndole legal ni gramatical para estimar improcedente la acci�n publiciana cuando es deducida por el due�o de la cosa, pues excluida toda posibilidad de discutir la propiedad en el juicio plenario de posesi�n, no existe forma de que el juzgador pueda establecer si el actor tiene o no el car�cter de propietario.

"En las condiciones apuntadas, a juicio de esta Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia obligatoria en los t�rminos precisados en el �ltimo p�rrafo del art�culo 192 de la Ley de A., la tesis que a continuaci�n se precisa, debiendo ordenarse su publicaci�n, as� como la parte considerativa de este fallo, en el Semanario Judicial de la Federaci�n, para los efectos del art�culo 195 de la propia Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"La tesis indicada es la siguiente:

ACCI�N PUBLICIANA O PLENARIA DE POSESI�N. PUEDE SER INTENTADA TANTO POR EL PROPIETARIO COMO POR EL POSEEDOR DE LA COSA.-Las acciones publiciana o plenaria de posesi�n y reivindicatoria, son acciones reales; la primera protege la posesi�n y la segunda protege la propiedad; en ambas la sentencia tiene efectos de condena, pues el demandado debe restituir la cosa con sus frutos y accesiones; ambas competen a quien no est� en posesi�n de la cosa a la cual tiene derecho a poseer, por justo t�tulo, aun cuando no lo acredite como propietario en la publiciana; y en la reivindicatoria por tener la propiedad de la cosa; as�, en aquella el actor debe acreditar ser adquirente con justo t�tulo y buena fe y en �sta tener el dominio. En tales condiciones, el propietario puede intentar la acci�n publiciana cuando no quiera que se cuestione la propiedad y est� en condiciones de probar que es adquirente con justo t�tulo, lo cual se requiere para la procedencia de dicha acci�n y lograr� la restituci�n de la cosa con sus frutos y accesiones, aun cuando no se declare que tiene el dominio de la misma, pues esto es efecto exclusivo de la reivindicatoria, lo que la diferencia de la publiciana o plenaria de posesi�n.

As� las cosas, la Tercera S. de este Alto Tribunal ya expres� cu�l es el origen de la acci�n plenaria de posesi�n y lo que debe entenderse por justo t�tulo.

Por lo que respecta a los elementos para la procedencia de esta acci�n, la misma Tercera S. sustent� la tesis de jurisprudencia n�mero 9, publicada en las p�ginas 7 y 8, Tomo IV del Ap�ndice alSemanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que dice a la letra:

"ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N.-La acci�n plenaria de posesi�n o publiciana, compete al adquirente de buena fe que no est� en posesi�n de la cosa que tiene derecho a poseer con justo t�tulo aunque no lo acredite como propietario; se da contra quien posee con menor derecho y tiene la finalidad de obtener la restituci�n de la cosa con sus frutos y accesiones. Consecuentemente el actor deber� probar los siguientes elementos: 1. Que tiene justo t�tulo para poseer; 2. Que es de buena fe. 3. Que el demandado posee el bien a que se refiere el t�tulo. 4. Que es mejor el derecho del actor para poseer que el que alega el demandado. Para este efecto, el juzgador debe examinar cu�l de los t�tulos exhibidos por las partes es mejor para acreditar el derecho a la posesi�n civil.

"Sexta �poca:

"A. directo 1155/57.-Ferrocarril Occidental de M�xico, S.A.-9 de octubre de 1957.-Cinco votos.

"A. directo 67/59.-J.A.U. y coag.-7 de marzo de 1960.-Cinco votos.

"A. directo 2775/58.-N.G. Anaya.-9 de febrero de 1961.-Unanimidad de cuatro votos.

"A. directo 7205/58.-L.G.G.�a.-28 de junio de 1963.-Unanimidad de cuatro votos.

"A. directo 5025/61.-C.S. S�nchez.-25 de julio de 1963.-Unanimidad de cuatro votos."

De dicha tesis se advierte que la acci�n publiciana compete al adquirente de buena fe que no est� en posesi�n de la cosa, pero que tiene derecho a poseer; se da contra quien posee con menor derecho y tiene como finalidad obtener la restituci�n de la cosa.

Luego, el anterior criterio �nicamente habla de la posesi�n material o de hecho que tiene el demandado y que pretende el actor, pero no de la posesi�n jur�dica o civil que obra en poder de este �ltimo.

Conforme a lo expuesto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, en la acci�n plenaria de posesi�n debe examinarse cu�l de los t�tulos presentados por las partes es mejor para acreditar la posesi�n civil y no la posesi�n de hecho, ya que �sta es materia de los interdictos, y define la posesi�n, apoyado en lo dispuesto por el C�digo Civil del Distrito Federal de 1884, diciendo que es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho, por nosotros mismos o por otro en nuestro nombre, por lo que no puede exigirse a quien ejerce la acci�n plenaria de posesi�n que demuestre que ha pose�do materialmente el inmueble objeto del litigio, sino que pruebe mediante justo t�tulo la posesi�n civil o jur�dica que dimana precisamente de ese justo t�tulo en contra de quien detenta materialmente la cosa, ya que si se exigiera como requisito la posesi�n material del inmueble no ser�a procedente intentar la acci�n plenaria sino, en su caso, el interdicto de recuperar dicha posesi�n.

Efectivamente, si bien es cierto que la posesi�n ha sido definida por diversos autores jur�dicos como un poder f�sico y material o un estado de hecho que se ejerce sobre una cosa, tambi�n lo es que la posesi�n no puede concebirse �nicamente en este aspecto, ya que tambi�n consiste en el goce de un derecho, como lo defin�a el art�culo 822 del C�digo Civil de 1884, al decir que �sta es "... la tenencia de una cosa o el goce de un derecho por nosotros mismos, o por otro en nuestro nombre.", definici�n que fue modificada por el C�digo Civil de 1928, que en su art�culo 790 ya no habla de la posesi�n sino del poseedor, al decir "Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho ... Posee un derecho el que goza de �l.". Luego, en el derecho sustantivo mexicano no s�lo se reconoce a la posesi�n material o de hecho que se ejerce sobre una cosa sino tambi�n al derecho que se tiene para gozar de ella, la cual se identifica como posesi�n civil o jur�dica, que es precisamente la que protege actualmente la acci�n plenaria de posesi�n, cuyo fin consiste en lograr la entrega material de la cosa (que desde el punto de vista doctrinario se identifica como restituci�n, debido a que en sus or�genes tuvo ese prop�sito), precisamente por contar con justo t�tulo, adquirido de buena fe, y tener mejor derecho para poseer de manera f�sica, que el demandado.

El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito se�ala que si bien en la jurisprudencia �ltima transcrita de la Tercera S., no se expresa textualmente que para la procedencia de la acci�n se requiere que el actor haya pose�do el bien en conflicto, esto se infiere del texto de la misma, al decir que "tiene la finalidad de obtener la restituci�n de la cosa". Empero, este Tribunal Colegiado no expresa por qu� al vocablo "restituci�n" le da la connotaci�n de "recuperaci�n material de la cosa".

En tanto que el �rgano jurisdiccional colegiado citado en primer t�rmino, apoyado en lo expuesto en el Diccionario Razonado de L.�n y Jurisprudencia de J.�n E., afirma que la palabra de que se habla no debe entenderse en el sentido gramatical estrictamente, puesto que la "restituci�n" es la reintegraci�n o el beneficio legal por el que la persona que ha padecido lesi�n en alg�n acto o contrato logra que se repongan las cosas al estado que ten�an antes del da�o. Por consiguiente, la restituci�n que se debe hacer a quien ejerce la acci�n plenaria de posesi�n comprende el reintegrarle la posesi�n civil y jur�dica que emana del contrato o del acto jur�dico del que se hace derivar el justo t�tulo.

Por su parte, esta Primera S. sostiene que en la utilizaci�n del vocablo de que se habla, por parte de la Tercera S., debe tomarse en cuenta que la acci�n plenaria de posesi�n, en sus or�genes, como se introdujo en el derecho romano por el pretor P., se conced�a al poseedor de buena fe, para que le fuera devuelta la cosa que pose�a y de la que hab�a perdido la posesi�n por azar, contra cualquiera que fuera poseedor, hecha excepci�n del propietario, porque de esta manera se proteg�a al que hab�a adquirido una cosa que le hab�a sido entregada con justo t�tulo y que, antes de haber adquirido el dominio, perd�a la posesi�n por alg�n accidente, debido a que no ten�a ninguna acci�n civil real para conseguir que le fuera devuelta la posesi�n, porque las acciones reales se hab�an establecido por el derecho civil en favor del propietario que demandaba lo que le pertenec�a; de tal manera que en ese entonces la acci�n publiciana correspond�a al que perd�a una cosa que pose�a con buena fe, sin haberla usucapido todav�a, contra cualquiera que la detuviese, a no ser que fuese su verdadero due�o. Su objeto era el mismo que el de la acci�n reivindicatoria: mediante ella se trataba de obtener la restituci�n de la cosa con sus frutos y accesiones.

Actualmente no puede exigirse que se declare procedente la acci�n publiciana cuando no se tiene el dominio o propiedad de la cosa, como lo ha sustentado la Tercera S. en la ejecutoria de contradicci�n de tesis anteriormente transcrita, ni tampoco que se acredite haber tenido la posesi�n material de la cosa, ya que en algunas ocasiones y seg�n las circunstancias especiales del caso, se dejar�a en estado de indefensi�n a quienes cuentan con justo t�tulo adquirido de buena fe y con mejor derecho para poseer materialmente el bien, que el que asista al demandado, debido a que la acci�n reivindicatoria no ser�a procedente, por no tener el dominio de la cosa, ni tampoco los juicios sumarios de posesi�n o interdictos posesorios, ya que �stos �nicamente pueden ejercerse cuando existe un despojo, para hacerse reponer, ante todo, en la posesi�n de que se ha sido privado (interdicto de recobrar), o ante la perturbaci�n de la posesi�n, como acto preparatorio tendiente directamente a la usurpaci�n violenta o a impedir el ejercicio del derecho posesorio (interdicto de retener), dentro del t�rmino de un a�o, a diferencia de la plenaria de posesi�n, que se puede ejercer mientras perduren las condiciones jur�dicas, presupuestos de la acci�n misma.

En tales circunstancias, es evidente que la acci�n publiciana busca, desde luego, la posesi�n material o de hecho del bien del que se tiene la posesi�n jur�dica protegida por el justo t�tulo adquirido de buena fe; es decir, pretende la plenitud de la posesi�n, no s�lo en el aspecto jur�dico sino tambi�n en el material, de tal manera que su finalidad es la incorporaci�n a los derechos del actor, el de la posesi�n material, con todos los beneficios que ello trae. Es �sta la connotaci�n y el sentido jur�dico que se le debe dar al vocablo "restituci�n", que aparece en la jurisprudencia en comento, como sin�nimo de "entrega material de lo que se posee injustamente", y no el que le corresponde conforme a los or�genes de la acci�n publiciana ni el que le corresponda gramaticalmente, como sin�nimo de devoluci�n.

As� las cosas, ninguna raz�n jur�dica se advierte para exigir como elemento de la acci�n plenaria de posesi�n el demostrar que se ha pose�do de hecho con anterioridad el bien objeto del litigio, porque basta que se acredite que se tiene justo t�tulo para poseer; que es de buena fe la adquisici�n del t�tulo; que el demandado posee materialmente el bien a que se refiere el documento, y que es mejor el derecho del actor para poseer, que el que alegue el demandado, para que la acci�n se declare procedente y fundada.

En consecuencia, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera S., en los siguientes t�rminos:

ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N. NO ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA POSESI�N MATERIAL DEL BIEN.-Para que se declare fundada la acci�n publiciana deben acreditarse los siguientes elementos: a) tener justo t�tulo para poseer; b) que ese t�tulo se haya adquirido de buena fe; c) que el demandado posee el bien a que se refiere el t�tulo; y d) que es mejor el derecho del actor para poseer materialmente, que el que alegue el demandado. Por lo que el juzgador debe examinar �nicamente la existencia de tales requisitos, sin que deba exigir la comprobaci�n de que el actor tuvo la posesi�n material del bien, ya que, de acuerdo con las circunstancias especiales del caso, lo dejar�a en estado de indefensi�n, a pesar de contar con los elementos anteriores, al ser improcedentes la reivindicaci�n, por no tener el dominio de la cosa, y los interdictos posesorios que proceden, dentro de un a�o, cuando se ha sido despojado de la posesi�n material del bien, o existe perturbaci�n en la posesi�n; de tal manera que la acci�n publiciana protege la posesi�n jur�dica y no la material.

Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

Existe contradicci�n entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver los asuntos anteriormente identificados.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera S., que aparece en la parte final del �ltimo considerando de esta ejecutoria.

TERCERO

Rem�tase el texto de la tesis jurisprudencial a que se refiere el resolutivo anterior al Semanario Judicial de la Federaci�n, para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como a los �rganos jurisdiccionales que menciona la fracci�n III del art�culo 195 de la Ley de A..

N.�quese y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juventino V.C. y C., J.� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente H.R.P. (ponente).

Nota: La tesis "ACCI�N PUBLICIANA. CONCEPTO.", citada en dos ocasiones, en el cuerpo de esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Sexta �poca, Cuarta Parte, V.X., p�gina 9, con el rubro "ACCI�N PUBLICIANA.".