Ejecutoria num. 1a./J. 40/97 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26829329

Ejecutoria num. 1a./J. 40/97 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 40/97
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 1997
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, HOY PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DE DICHO CIRCUITO.SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 16/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL S�PTIMO CIRCUITO, HOY PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DE DICHO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

El Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver los amparos directos n�meros 381/94, 388/94, 514/94, 438/94 y 587/94, en lo conducente, sostuvo lo siguiente:

  1. directo 381/94.- "QUINTO.- Suplidos en su deficiencia, como lo ordena la fracci�n II del art�culo 76 bis de la Ley de A., los conceptos de violaci�n transcritos con antelaci�n resultan sustancialmente fundados y, en consecuencia, suficientes para conceder al quejoso la protecci�n de la Justicia Federal que solicita, conforme a las razones que en seguida se indican.- En efecto, del an�lisis de los considerandos III, IV y V de la sentencia reclamada, se obtiene, de manera objetiva, que el tribunal responsable, luego de transcribir en el tercero la sentencia apelada y establecer en el cuarto que el delegado regional de la Procuradur�a General de Justicia del Estado de Sonora hab�a expresado los agravios agregados a fojas de la siete a la diez del toca y que la defensora de oficio hab�a manifestado no existir agravios que hacer valer en favor de su defenso, procedi� en el quinto a analizar los agravios hechos valer por la representante social, estim�ndolos fundados, b�sicamente por considerar que el delito cometido no fue el de robo simple, previsto y sancionado por los art�culos 294 y 297 del C�digo Penal local, como lo estim� el J. del proceso, sino robo domiciliario, previsto y sancionado por el diverso art�culo 301, fracci�n I, de dicha codificaci�n, como lo hizo valer la representante social apelante, hecho lo cual, el tribunal responsable procedi� a individualizar las sanciones correspondientes imponiendo al ahora quejoso un a�o de prisi�n y multa de treinta d�as de salario m�nimo general vigente en Hermosillo, Sonora, el d�a en que acaecieron los hechos (fojas 13 vuelta a la 17, del toca de apelaci�n).- Lo hasta aqu� expuesto, pone de manifiesto que, en el caso, el tribunal responsable omiti� examinar tanto los aspectos relativos al cuerpo del delito de robo domiciliario que estim� configurado con base en el agravio introducido por la representante social, as� como tambi�n respecto a la responsabilidad penal del ahora quejoso en su ejecuci�n, concret�ndose a estudiar �nicamente aquel agravio y procediendo a individualizar las penas que a su juicio proced�a imponer al sentenciado, sin tomar en cuenta que el estudio y comprobaci�n del cuerpo del delito y la plena responsabilidad del acusado en su comisi�n son de estudio preferente, dado que si el sector corporal no aparece demostrado, obviamente carecer�a de objeto entrar al examen de la responsabilidad penal del acusado y mucho menos sobre la individualizaci�n de la pena, vulner�ndose de este modo las disposiciones que establecen los art�culos 308 y 309 del c�digo local de procedimientos penales.- Lo anterior es as�, ya que el tribunal de apelaci�n incumple con su obligaci�n de examinar si en la resoluci�n recurrida se aplic� inexactamente la ley, si se violaron o no los principios reguladores de la valoraci�n de la prueba y del arbitrio judicial o si se alteraron los hechos, pues es su deber analizar la sentencia impugnada al tenor de los agravios hechos valer, sin perjuicio de que el tribunal de apelaci�n supla la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el procesado o, si�ndolo el defensor, se advierte que por torpeza no los hizo valer debidamente; esto, tomando en cuenta que la exacta aplicaci�n y cumplimiento del imperativo anterior s�lo se evidencia en segunda instancia cuando aun ante la ausencia de agravios sobre las cuestiones relativas a la comprobaci�n del cuerpo del delito y la responsabilidad penal, el tribunal analiza dichas cuestiones preferentemente, debiendo establecer expresamente cu�les son las pruebas que consider� aptas y suficientes para acreditar tal sector y establecer el valor que a cada uno de los medios probatorios otorg�, para estar as�, en condiciones de decidir si se ha aplicado o no correctamente la ley o si se han vulnerado los preceptos reguladores de la prueba, sin que deba limitar su estudio �nicamente a los motivos de inconformidad expresados.- Es de invocarse, en este punto, por ser exactamente aplicable al caso, el criterio jurisprudencial publicado a foja ochenta y tres, Volumen cuarenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, cuyo rubro y texto literalmente dicen: 'QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. EL TRIBUNAL DE APELACI�N DEBE ESTUDIAR SI EST�N ACREDITADOS EL CUERPO DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD.- Cuando el acusado o su defensor interpongan el recurso de apelaci�n contra la sentencia de primera instancia, expresando agravios que no comprenden las cuestiones relativas a la comprobaci�n del cuerpo del delito y de la responsabilidad penal, el tribunal de alzada en suplencia de queja, debe analizar dichas cuestiones de modo preferente, para estar en condiciones de decidir si se ha aplicado o no correctamente la ley o si se han vulnerado los principios reguladores de la prueba; sin que deba limitar su estudio �nicamente a los motivos de inconformidad planteados, pues tal conducta resulta violatoria de garant�as individuales.'.- En esta tesitura, lo procedente en el caso es conceder al quejoso la protecci�n constitucional solicitada, para el efecto de que se deje insubsistente la sentencia impugnada y, en su lugar, el tribunal responsable emita otra, en la que siguiendo los lineamientos apuntados en esta ejecutoria, dicte una nueva, en la que analice las cuestiones relativas al cuerpo del delito y de la responsabilidad penal del acusado, expresando las pruebas que se toman en cuenta, para que as� est� en condiciones de decidir si se ha aplicado o no correctamente la ley o si se han vulnerado los preceptos reguladores de valoraci�n de la prueba.- Similar criterio al aqu� expuesto, fue sostenido por este Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo penal 182/94.- Efra�n C.V..- 14 de abril de l994.- Unanimidad de votos.- Ponente: D.G.E.�.- Secretario: J.R.R..- A. directo penal 172/94.- P.C.�n L�pez.- 14 de abril de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: G.�n T.C..- Secretaria: C.A.B.C..- A. directo penal 21/94.- M.S.R.�guez.- 3 de febrero de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: M.R.�guez C..- Secretaria: E.M.�a N.G.�a."

  2. directo 388/94.- "QUINTO.- Con independencia del contenido de los conceptos de violaci�n hechos valer, este Tribunal Colegiado de Circuito, en suplencia de la queja, en t�rminos de la fracci�n II del art�culo 76 bis de la Ley de A., advierte que la sentencia que se reclama transgredi� en perjuicio de los quejosos, lo establecido en los art�culos 308, 309, 328 y dem�s relativos a la alzada (sic) del C�digo de Procedimientos Penales del Estado y que amerita la concesi�n del amparo solicitado.- En efecto, de la lectura de la resoluci�n que se reclama, se advierte que la sentenciadora omiti� hacer el an�lisis de los aspectos que corresponden al cuerpo del delito y de la responsabilidad penal del reo en su comisi�n a que estaba obligado en t�rminos del art�culo 308 del c�digo procesal penal, pues al efecto, al emitir su resoluci�n se limit� �nicamente a responder los agravios formulados por la defensora y por el representante social, sin recordar que si el reo se inconform� con el fallo de primer grado, la Sala responsable no debe estar �nicamente a lo alegado en v�a de agravio, puesto que al existir suplencia de la queja, aun en ausencia de agravio, el tribunal de alzada debe considerar todos aquellos aspectos que resulten fundamentales en la causa, ello a efecto de verificar si en perjuicio de los reos fue o no infringida la ley, ya por aplicaci�n inexacta, por alteraci�n de los hechos o, en su defecto, si se encuentra debidamente fundado y motivado el fallo, o si fueron debidamente observados los principios reguladores de la valoraci�n de la prueba, demostrando con ello al apelante o al J. emisor de la sentencia si la inconformidad de los apelantes fue o no fundada, todo ello, se repite, aun en ausencia de agravio, m�s a�n cuando existe imperativo legal que as� lo determina, a fin de dejar debidamente satisfecha la inconformidad de los reos, pues no es suficiente decir que se hizo el estudio de la totalidad de las constancias sumariales y que no se encontr� motivo alguno que ameritara la suplencia oficiosa de la queja, sin llegar a demostrar a los reos las razones que condujeron a la juzgadora a arribar a tal conclusi�n.- En el sentido anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito ya tiene establecido criterio al resolver los amparos directos 291/93, 247/93, 406/93, 331/93 y 567/93, en sesiones celebradas el d�a siete de julio, los dos primeros, veintid�s y veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres los siguientes y seis de enero de mil novecientos noventa y cuatro.- As� tambi�n, es citable, por compartirse el criterio, la sentencia emitida por nuestro similar, el Tribunal Colegiado del S�ptimo Circuito, consultable en la p�gina 83, del Volumen 48, S�ptima �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: 'QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. EL TRIBUNAL DE APELACI�N DEBE ESTUDIAR SI EST�N ACREDITADOS EL CUERPO DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD.- Cuando el acusado o su defensor interpongan el recurso de apelaci�n contra la sentencia de primera instancia, expresando agravios que no comprendan las cuestiones relativas a la comprobaci�n del cuerpo del delito y de la responsabilidad penal, el tribunal de alzada en suplencia de queja, debe analizar dichas cuestiones de modo preferente, para estar en condiciones de decidir si se ha aplicado o no correctamente la ley o si se han vulnerado los principios reguladores de la prueba; sin que deba limitar su estudio �nicamente a los motivos de inconformidad planteados, pues tal conducta resulta violatoria de garant�as individuales.'.- En las anotadas condiciones, lo procedente es otorgar a M. y M.�n V.A.�a el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el fallo reclamado y, en su lugar, emita otro en el que siga los lineamientos de la presente ejecutoria."

  3. directo 514/94.- "QUINTO.- Suplido en su deficiencia, como lo ordena la fracci�n II del art�culo 76 bis de la Ley de A., el concepto de violaci�n transcrito con antelaci�n resulta fundado y, en consecuencia, suficiente para conceder al quejoso el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que solicita, conforme a las razones que en seguida se indican.- En efecto, del an�lisis del considerando segundo de la sentencia reclamada, se desprende que el tribunal responsable omiti� examinar los aspectos relativos al cuerpo del delito de robo con violencia en grado de tentativa, previsto y sancionado por los art�culos 294 y 300 en relaci�n con el 10 y 63, todos del C�digo Penal del Estado de Sonora, as� como a la responsabilidad que en su comisi�n se le reprocha al ahora quejoso, concret�ndose a estudiar �nicamente los agravios aducidos por el representante social, enderezados a combatir los aspectos relativos a la individualizaci�n de la pena impuesta y la procedencia de la condena condicional y declar� inoperante el agravio expresado por el defensor de oficio que represent� al aqu� peticionario de garant�as, sin tomar en cuenta que el estudio y comprobaci�n del cuerpo del delito a examen y la responsabilidad plena del acusado en su comisi�n, son de estudio preferente, dado que si el sector corporal no apareciere demostrado, obviamente carecer�a de objeto entrar al examen de la responsabilidad penal del acusado y mucho menos sobre la individualizaci�n de la pena y los beneficios que pudiesen proceder en favor del reo, vulner�ndose de ese modo las disposiciones que establecen los art�culos 308 y 309 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado.- Lo anterior es as�, ya que el tribunal de apelaci�n incumple con su obligaci�n de examinar si en la resoluci�n recurrida se aplic� inexactamente la ley, si se violaron o no los principios reguladores de la valoraci�n de la prueba y del arbitrio judicial o si se alteraron los hechos, pues es su deber analizar la sentencia impugnada al tenor de los agravios hechos valer, 'sin perjuicio de que el tribunal de apelaci�n supla la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el procesado, o si�ndolo el defensor, se advierte que por torpeza no los hizo valer debidamente', esto tomando en cuenta que la exacta aplicaci�n y cumplimiento del imperativo anterior s�lo se evidencia en segunda instancia, cuando aun ante la ausencia de agravios sobre las cuestiones relativas a la comprobaci�n del cuerpo del delito y la responsabilidad penal, el tribunal analiza dichas cuestiones preferentemente, debiendo establecer expresamente cu�les son las pruebas que consider� aptas y suficientes para acreditar tal sector y establecer el valor que a cada uno de los medios probatorios otorg�, para estar as� en condiciones de decidir si se ha aplicado o no correctamente la ley o si se han vulnerado los preceptos reguladores de la prueba, sin que deba limitar su estudio �nicamente a los motivos de inconformidad expresados y mucho menos, como sucede en la especie, en concretarse a manifestar que la sentencia apelada se ajusta a la ley, pero sin verter razonamiento alguno del porqu� se arrib� a tal conclusi�n, pues es evidente que para que no se vulneren garant�as en perjuicio del acusado, no basta que el an�lisis de que se trata quede en el �mbito subjetivo del juzgador sino que debe plasmarlo, objetivamente, en la resoluci�n.- Es de invocarse, en este punto, por ser exactamente aplicable al caso, el criterio jurisprudencial publicado a foja ochenta y tres, Volumen cuarenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, cuyo rubro y texto literalmente dicen: 'QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. EL TRIBUNAL DE APELACI�N DEBE ESTUDIAR SI EST�N ACREDITADOS EL CUERPO DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD.- Cuando el acusado o su defensor interpongan el recurso de apelaci�n contra la sentencia de primera instancia, expresando agravios que no comprenden las cuestiones relativas a la comprobaci�n del cuerpo del delito y de la responsabilidad penal, el tribunal de alzada en suplencia de la queja, debe analizar dichas cuestiones de modo preferente, para estar en condiciones de decidir si se ha aplicado o no correctamente la ley o si se han vulnerado los principios reguladores de la aprueba; sin que deba limitar su estudio �nicamente a los motivos de inconformidad planteados, pues tal conducta resulta violatoria de garant�as individuales.'.- No es �bice para determinar que en la especie no se realiz� un correcto examen de los agravios, el razonamiento que apunt� la Sala emitente del fallo, en el sentido de que s� se hab�a abocado al examen �ntegro de las constancias del proceso penal y que concluy� que la sentencia definitiva del a quo estaba ajustada a derecho, por lo que no encontr� agravio que suplir puesto que, como ya se se�al� con antelaci�n, del an�lisis de la sentencia impugnada claramente se aprecia que el tribunal responsable no realiz� estudio alguno del cuerpo del delito y mucho menos de la plena responsabilidad del acusado, por lo que tal proceder resulta violatorio de los art�culos 308 y 309 del C�digo Penal del Estado ya citados, en atenci�n a que los preceptos jur�dicos que deben observarse en las resoluciones de segunda instancia de los que sin lugar a dudas se desprende el esp�ritu del legislador de salvaguardar los derechos del sentenciado, consagrados en los art�culos 14 y 16 constitucionales, se han dejado de observar.- De este modo, podemos concluir que no es permitido a los tribunales, como sucede en el caso, limitar sus argumentos, apoyo de sus sentencias, a una simple referencia general sobre la correcta observancia de las reglas que determinan el estudio de las sentencias apeladas, se�alando en forma abstracta el porqu� del sentido de su fallo.- En esta tesitura, lo procedente en el caso es conceder al quejoso la protecci�n constitucional solicitada, para el efecto de que se deje insubsistente la sentencia impugnada, �nicamente por lo que hace a Jes�s M.B. y, en su lugar, el tribunal responsable emita otra, en la que siguiendo los lineamientos apuntados en esta ejecutoria, analice las cuestiones relativas al cuerpo del delito, responsabilidad penal del acusado, individualizaci�n de las penas y beneficios, expresando las pruebas que se toman en cuenta, para que as� est� en condiciones de decidir si se ha aplicado o no correctamente la ley, o si se han vulnerado los preceptos reguladores de valoraci�n de la prueba.- Similar criterio al aqu� expuesto, fue sostenido por este Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo penal 381/94.- C.P.I..- 11 de agosto de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: D.G.E.�.- Secretario: J.R.R..- A. directo penal 182/94.- Efra�n C.V..- 14 de abril de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: D.G.E.�.- Secretario: J.R.R..- A. directo penal 172/94.- P.C.�n L�pez.- 14 de abril de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: G.�n T.C..- Secretaria: C.A.B.C..- A. directo penal 21/94.- M.S.R.�guez.- 3 de febrero de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: M.R.�guez C..- Secretaria: E.M.�a N.G.�a."

  4. directo 438/94.- "Los conceptos de violaci�n esgrimidos suplidos en su deficiencia, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., son fundados.- En efecto, del an�lisis �ntegro de la sentencia reclamada, se desprende que la Sala responsable omiti� abordar los aspectos al (sic) cuerpo del delito de lesiones graves, previsto en el art�culo 230, en relaci�n con el 240, ambos del C�digo Penal, as� como la responsabilidad penal, concret�ndose a estudiar �nicamente los agravios vertidos relativos al dictamen m�dico legal emitido en la especie y a la individualizaci�n de la pena, sin tomar en cuenta que el estudio y comprobaci�n del cuerpo del delito a estudio y la plena responsabilidad del acusado en la comisi�n del il�cito, son de estudio preferente, dado que si el sector corporal no apareciera demostrado, obviamente carecer�a de objeto entrar al examen de la responsabilidad penal del acusado y mucho menos sobre la individualizaci�n de la pena, vulner�ndose de este modo las disposiciones que establecen los art�culos 308 y 309 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado.- Esto, ya que el tribunal de apelaci�n incumple con su obligaci�n de examinar si en la resoluci�n recurrida se aplic� inexactamente la ley, si se violaron o no los principios reguladores de la valoraci�n de la prueba y del arbitrio judicial o si se alteraron los hechos, pues es su deber analizar la sentencia impugnada aun cuando no se hayan hecho valer agravios en suplencia de los mismos, 'cuando el recurrente sea el procesado, o si�ndolo el defensor, se advierte que por torpeza no los hizo valer debidamente'; esto, tomando en cuenta que la exacta aplicaci�n y cumplimiento del imperativo anterior s�lo se evidencia en segunda instancia.- Por tanto, aun ante la ausencia de agravios sobre las cuestiones relativas a la comprobaci�n del cuerpo del delito y la responsabilidad penal, el tribunal debe analizar dichas cuestiones preferentemente, debiendo establecer expresamente cu�les son las pruebas que consider� aptas y suficientes para acreditar talsector y establecer el valor que a cada uno de los medios probatorios otorg�, para estar as� en condiciones de decidir si se ha aplicado o no correctamente la ley o si se han vulnerado los preceptos reguladores de la prueba, sin que deba limitar su estudio �nicamente a los motivos de inconformidad que expres� el apelante.- Es aplicable al caso el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la p�gina 83, del Volumen 48, del Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, que a la letra dice: 'QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. EL TRIBUNAL DE APELACI�N DEBE ESTUDIAR SI EST�N ACREDITADOS EL CUERPO DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD.- Cuando el acusado o su defensor interpongan el recurso de apelaci�n contra la sentencia de primera instancia, expresando agravios que no comprenden las cuestiones relativas a la comprobaci�n del cuerpo del delito y de la responsabilidad penal, el tribunal de alzada en suplencia de la queja, debe analizar dichas cuestiones de modo preferente, para estar en condiciones de decidir si se ha aplicado o no correctamente la ley o si se han vulnerado los principios reguladores de la prueba; sin que deba limitar su estudio �nicamente a los motivos de inconformidad planteados, pues tal conducta resulta violatoria de garant�as individuales.'.- De este modo, podemos concluir que no es permitido a los tribunales, como sucede en el caso, limitar sus argumentos apoyo de sus sentencias, a una simple referencia general sobre la correcta observancia de las reglas que determinan el estudio de las sentencias apeladas, se�alando en forma abstracta el porqu� del sentido de su fallo.- En tal tesitura, lo procedente en el caso es conceder al quejoso la protecci�n constitucional solicitada, para el efecto de que se deje insubsistente la sentencia impugnada y, en su lugar, la Sala responsable emita otra, en la que siguiendo los lineamientos apuntados en esta ejecutoria, dicte una nueva, en la que analice las cuestiones relativas al cuerpo del delito y de la responsabilidad penal del acusado, expresando las pruebas que se tomaron en cuenta, para que as� est� en condiciones de decidir si se ha aplicado o no correctamente la ley o si se han vulnerado los preceptos reguladores de valoraci�n de la prueba.- No es contrario a lo anterior, que la responsable, para fundar su sentencia, se hubiese apoyado en la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 13, S�ptima �poca, Volumen 82, Segunda Parte del Semanario Judicial de la Federaci�n, bajo el rubro: 'AGRAVIOS, SUPLENCIA DE LOS. IMPROCEDENCIA.', al no encontrarse en la hip�tesis jur�dica prevista por el art�culo 192 de la Ley de A., es decir, de la obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, pues al constituir una tesis aislada a la que incorrectamente alude la responsable como jurisprudencia, es evidente que este �rgano colegiado no est� obligado a acatarla, m�xime cuando existe jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de este circuito en la tesis n�mero 99, aprobada en sesi�n de Pleno de diecis�is de junio de mil novecientos noventa y cuatro, bajo el rubro: 'APELACI�N. EL TRIBUNAL DE, DEBE ESTUDIAR SI EST�N ACREDITADOS LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y LA RESPONSABILIDAD DEL SENTENCIADO.', y adem�s, este tribunal sustent� el mismo criterio en los amparos directos penales 172/94, 245/94 y 477/94, en sesiones de catorce de abril, nueve de mayo y ocho de septiembre del a�o en curso, respectivamente, por mayor�a de votos."

  5. directo 587/94.- "QUINTO.- Suplidos en su deficiencia, como lo ordena la fracci�n II del art�culo 76 bis de la Ley de A., los conceptos de violaci�n transcritos con antelaci�n resultan fundados y, en consecuencia, suficientes para conceder al quejoso el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que solicita, conforme a las razones que en seguida se indican.- En efecto, se aduce en esencia que el tribunal responsable no examin� en conciencia ni valor� el c�mulo de probanzas allegadas al proceso al no analizar razonadamente todas y cada una de las pruebas lo cual, sostiene el quejoso, resulta violatorio de garant�as en su perjuicio pues, afirma, es obligaci�n de la responsable examinar e indicar el valor que les otorga y que teniendo el recurso de apelaci�n como objeto examinar si en la resoluci�n se aplic� inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la valoraci�n de la prueba y del arbitrio judicial, o bien, si se alteraron los hechos, la autoridad responsable debi� examinar todos y cada uno de los medios probatorios y apuntar razonadamente si fueron o no debidamente valorados por el J. o asumiendo jurisdicci�n en su an�lisis, ten�a la obligaci�n de estudiar los hechos y circunstancias particulares, internas y externas en las que se realiz� el delito y elaborar una exposici�n de los mismos precedida de una debida fundamentaci�n legal, que con base en el examen en conciencia que se haga, es que se modifica, confirmao revoca la sentencia apelada.- Ahora bien, del an�lisis del escrito de expresi�n de agravios se obtiene que el quejoso se concret� en la alzada a controvertir la sentencia apelada, �nicamente por estimar que el cuerpo del delito se debi� haber tenido por demostrado, conforme a la regla especial contenida en el art�culo 170 del c�digo local de procedimientos penales. Por su parte, la Primera Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia responsable, estim� que dicho agravio era infundado y en seguida la propia responsable, con fundamento en el art�culo 309 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado, sostuvo haberse abocado al examen �ntegro de las constancias del sumario '... con la finalidad de determinar si en el caso se aplic� inexactamente la ley, si se vulneraron los principios reguladores de la valoraci�n de las pruebas o si se alteraron los hechos en perjuicio del sentenciado apelante. Hecho el an�lisis relativo se estima que la sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho, en tanto que tal y como correctamente lo determin� el J. natural, con los elementos probatorios allegados a la causa, al ser valorados al tenor de los art�culos 164, 270, 271, 274 y 276 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, acreditan plenamente el sector material del delito de robo con violencia, cometido en agravio de E.C.T., previsto y sancionado en los art�culos 294 y 300 del C�digo Penal sonorense; as� como la responsabilidad penal de Jes�s A.M.C. en su comisi�n, la cual le deviene a t�tulo doloso, ya que su conducta encuadra dentro de los art�culos 6o. fracci�n I y II (sic) fracci�n I, ambos del C�digo Penal sonorense.- Asimismo, al advertirse que tales sectores se encuentran debidamente fundados y motivados por el resolutor y al no existir agravios que suplir en beneficio del reo en esos aspectos, esta Sala Regional, para evitar repetir de nueva cuenta el an�lisis de todas las pruebas, ya que no es esa propiamente la finalidad del recurso de apelaci�n, nos remitimos a los razonamientos vertidos por el juzgador, acogi�ndonos a las consideraciones expuestas por �ste para confirmar los considerandos III y IV del fallo alzado ...'.- De lo anterior y del examen integral de la resoluci�n combatida, este Tribunal Colegiado advierte que la Sala responsable, adem�s de los anteriores razonamientos y con la finalidad de justificarlos invoca la tesis jurisprudencial del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, as� como dos tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.- Como se ve, tal proceder resulta violatorio del art�culo 308 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado, porque si bien este precepto encuadra, en t�rminos generales, los principios jur�dicos que deben observarse en las resoluciones de segunda instancia, del que sin lugar a dudas se desprende el esp�ritu del legislador de plasmar indicios orientadores a salvaguardar los derechos fundamentales del sentenciado, previstos en los art�culos 14 y 16 constitucionales, ello nos lleva a concluir que no es permitido a los tribunales, como sucede en el caso, que limiten los argumentos, apoyo de sus sentencias, a una simple referencia general sobre la correcta observancia de las reglas que regulan la apreciaci�n valorativa en las sentencias apeladas, con uso de un lenguaje gen�rico o abstracto de la ley, como incorrectamente lo hizo en la sentencia materia de este juicio de garant�as.- Bajo esa t�cnica, con los razonamientos en que pretendi� apoyar su conclusi�n de ausencia de violaciones que ameritara la suplencia de la deficiencia de los agravios, en relaci�n con los apartados relativos al cuerpo del delito y la responsabilidad penal, incurre en la falta de una correcta motivaci�n, pues si bien afirma que del an�lisis realizado de las constancias del sumario, advierte que el a quo obr� correctamente y que por ello acoge como propias las consideraciones expuestas por el a quo para el acreditamiento de los sectores objetivo y subjetivo, esto es, la existencia del delito y la responsabilidad penal del sentenciado en su ejecuci�n, pues considera que estos aspectos se encuentran debidamente fundados y motivados en los considerandos tercero y cuarto del fallo materia de apelaci�n; sin embargo, de tales argumentaciones no puede emerger la conclusi�n de la responsable, en el sentido de no haber admitido aplicaci�n indebida de la ley, violaci�n a los principios reguladores de la valoraci�n de las pruebas o si se alteraron los hechos en perjuicio del sentenciado.- Pues para ello debi� especificar a qu� principios reguladores de la valoraci�n de la prueba se refiere y por qu� el J. de origen obr� correctamente en el examen de los medios convictivos aportados en la causa penal relativa; as� que al no obrar de tal manera, es obvio que tales aseveraciones adolecen de una debida motivaci�n y fundamentaci�n, debido a la generalidad y subjetividad en las mismas, por lo que no puede ten�rsele, se reitera, como una correcta motivaci�n de su resoluci�n; por ende, �sta resulta violatoria de la garant�a de legalidad, si se tiene en cuenta que fueron varias pruebas las que se desahogaron durante el procedimiento penal antecedente del acto reclamado y si no hace referencia particular a cada una de las pruebas existentes en el sumario, c�mo es que podr�a concluir que las mismas se apreciaron conforme a los principios reguladores de valoraci�n que las rige.- Por todo lo anterior, es incuestionable que tambi�n infringi� en perjuicio del promovente del amparo, el art�culo 309 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado, el cual en la parte que interesa, dispone: '... el tribunal de apelaci�n supla la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el procesado, o si�ndolo el defensor, se advierta que por torpeza no los hizo valer debidamente.', puesto que la exacta aplicaci�n y cumplimiento del imperativo anterior s�lo se evidencia en segunda instancia, si ante la ausencia de agravios sobre las cuestiones relativas a la comprobaci�n del cuerpo del delito y de la responsabilidad penal, el tribunal analiza dichas cuestiones preferentemente para as� estar en condiciones de decidir si se ha aplicado o no correctamente la ley, o si se han vulnerado los principios reguladores de la prueba, sin que deba limitar su estudio �nicamente a los motivos de inconformidad, como aconteci�, y es evidente que para ello no basta que el an�lisis de que se trata, quede en el �mbito de lo subjetivo, por no plasmarse objetivamente en la resoluci�n los razonamientos que permitan determinar la existencia de alguna infracci�n que actualizara la necesidad de la reparaci�n oficiosa, en beneficio de los apelantes.- Por �ltimo, tambi�n debe tenerse en cuenta que la resoluci�n de segunda instancia, jur�dicamente sustituye a la de primera, raz�n por la cual resulta contrario a su naturaleza jur�dica resolver en los t�rminos en que lo hizo la Sala responsable, porque al no analizar las probanzas con las cuales se determinaron los elementos del delito que se reprocha al sentenciado, as� como su responsabilidad penal en la ejecuci�n de los mismos, los tribunales de amparo se ver�an obligados a centrar su estudio en la sentencia de primera instancia, lo que no es l�gico ni jur�dico, en cuanto a que si el acto reclamado lo constituye la emitida en v�a de apelaci�n, �sta es en la que debe recaer la determinaci�n de este Tribunal Colegiado respecto de su constitucionalidad o inconstitucionalidad.- No es �bice a lo anterior, que la Sala responsable, para fundar su sentencia, haya invocado los siguientes criterios:-Tesis jurisprudencial n�mero VI.1o. J/82 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en las p�ginas 34 y 35 de la Gaceta n�mero 62 del Semanario Judicial de la Federaci�n, del mes de febrero de 1993, que dice: 'CUERPO DEL DELITO, RESPONSABILIDAD, O INDIVIDUALIZACI�N DE LA SANCI�N, SI EL TRIBUNAL DE ALZADA HACE SUYAS LAS CONSIDERACIONES DEL JUEZ, NO INCURRE EN VIOLACI�N DE GARANT�AS.- Cuando no hay expresi�n de agravios y el tribunal de segundo grado no advierte alguno que suplir y se remite a los razonamientos del inferior, o recoge propiamente las consideraciones expuestas por el J. de primera instancia, al tener por comprobado el cuerpo del delito, la responsabilidad penal del acusado en su comisi�n, o bien lo relativo a la individualizaci�n de la pena, no incurre en violaci�n de garant�as si tales consideraciones se encuentran fundadas y motivadas, y correctamente razonado el arbitrio judicial en la imposici�n de la sanci�n.'.- Tesis aislada sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 12 del Informe de terminaci�n de labores del a�o de mil novecientos ochenta y siete, y tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia visible en la p�gina 13, S�ptima �poca, Volumen ochenta y dos, Segunda Parte del Semanario Judicial de la Federaci�n, que en su orden dicen: 'PRUEBAS, APRECIACI�N DE LAS. SENTENCIAS PENALES DE APELACI�N.- Las pruebas recibidas en el proceso y su valoraci�n por el J. de primera instancia, que sirvi� de fundamento a la conclusi�n de que estaban comprobados el cuerpo del delito y la responsabilidad de los acusados, deben tenerse como admitidas en la sentencia de apelaci�n si �sta se basa impl�citamente en ellas y se limita a hacer referencia a ciertas cuestiones planteadas en los agravios, sin ocuparse de todos los puntos de hecho y de derecho de la sentencia apelada, ni hacer una revisi�n oficiosa de todos ellos. A este respecto es de verse que el art�culo 363 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado de Morelos establece que la primera instancia solamente se abrir� a instancia de parte leg�tima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le causa la resoluci�n recurrida, sin decir que haya obligaci�n procesal de revisar de oficio todas las cuestiones tratadas en la sentencia apelada. Pues aunque le da facultades a la Sala para suplir la deficiencia de los agravios del procesado, ello no implica la obligaci�n de hacer una revisi�n oficiosa total de toda la sentencia. Y si nada se suple en los agravios, ello claramente significa que la Sala no advirti� que hubiera alguna deficiencia que suplir.'; 'AGRAVIOS. SUPLENCIA DE LOS. IMPROCEDENCIA.- Si bien es cierto que el art�culo 364 del C�digo Federal de Procedimientos Penales faculta al tribunal de apelaci�n para suplir la deficiencia en la expresi�n de los agravios, cuando el recurrente es el procesado o su defensor, sin embargo tal facultad s�lo puede ser ejercitada cuando se advierte la deficiencia de que adolece dicha expresi�n de agravios; pero si la responsable en la resoluci�n impugnada manifiesta que no hab�a deficiencia que suplir, es incuestionable que no advirti� alguna, por lo que no puede reproch�rsele el hecho de no haberla suplido; m�xime y adem�s si no se trata de deficiencia absoluta, al haber expresado el defensor de oficio los agravios que consider� causaba a su defenso la sentencia apelada.'.- En primer t�rmino, por lo que hace a la tesis jurisprudencial del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, por todas las razones plasmadas con anterioridad, no se comparte su criterio, el que adem�s, legalmente no obliga a este tribunal, en tanto que, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 196, segundo p�rrafo, de la Ley de A., queda al arbitrio de los Tribunales Colegiados adoptar la jurisprudencia sustentada por otro Tribunal Colegiado, lo que en el caso no acontece, y en cuanto a las dos tesis aisladas citadas con anterioridad, sustentadas por la Sala Auxiliar y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, como no se trata de la hip�tesis jur�dica del art�culo 192 de la ley en cita, es decir, de la obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, es obvio que tampoco este Tribunal Colegiado est� obligado a acatar aquellos criterios que no constituyen jurisprudencia.- No pasa inadvertido para este Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que en sesiones de tres de febrero, veintiuno de abril y catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro, respectivamente, al resolver los juicios de amparo directo 21/94, 160/94 y 182/94, se emitieron ejecutorias en las que se sostuvo el mismo criterio plasmado en la presente, y que en los tres juicios de garant�as aparece como autoridad responsable la propia Primera Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien dio cumplimiento exacto a los t�rminos de las referidas ejecutorias de amparo.- En tales condiciones, lo procedente en el caso es conceder al quejoso la protecci�n constitucional solicitada, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, siguiendo los lineamientos apuntados en esta ejecutoria, dicte una nueva, en la que analice los aspectos relativos al cuerpo del delito y la responsabilidad penal del acusado, se�alando las pruebas que se tengan en cuenta para que as� est� en condiciones de decidir si se ha aplicado o no correctamente la ley o si se han vulnerado los principios reguladores de la valoraci�n de las pruebas, o alterado los hechos.- En el mismo sentido al aqu� expuesto, se pronunci� este Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo penal 477/94.- A.E.C.O..- 8 de septiembre de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: F.C.L.�n.- Secretario: J.A.A.L.�rraga."

TERCERO

Por otra parte, en los amparos directos que informan la tesis jurisprudencial del entonces Tribunal Colegiado del S�ptimo Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de ese circuito, invocada por el indicado Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en las ejecutorias antes transcritas, publicada en la p�gina 83 del Volumen 48 del Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, bajo la voz: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. EL TRIBUNAL DE APELACI�N DEBE ESTUDIAR SI EST�N ACREDITADOS EL CUERPO DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD.", o sea, los n�meros 733/92 (sic), 740/72, 884/72, 905/72 (el 959/72 no fue remitido por imposibilidad f�sica para ello), se sustenta, en lo conducente, lo siguiente:

A.D.733/72.- "CUARTO.- Independientemente de que le asista o no raz�n al quejoso, lo alegado en sus conceptos de violaci�n, debe se�alarse que, en el caso que nos ocupa, es procedente suplir la deficiencia de la queja, toda vez que se advierte que en la sentencia reclamada la Sala responsable s�lo se ocup� de estudiar el �nico agravio formulado por el defensor de oficio de segunda instancia, respecto a la individualizaci�n de las sanciones impuestas al inculpado, soslayando el an�lisis de las constancias que integran el proceso relativo en relaci�n con la comprobaci�n del cuerpo del delito y la justificaci�n de la responsabilidad penal, pues ante laausencia de agravios, debi� la responsable proceder de acuerdo con lo que dispone el art�culo 300 del c�digo adjetivo penal y no reducirse su estudio s�lo al agravio expresado, sino a exponer los razonamientos por los cuales se estiman acreditados los puntos mencionados; al no haberlo hecho as�, es claro entonces que conculc� garant�as individuales. Encuentra apoyo este criterio, entre otras, en las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultables en las p�ginas 14 y 159 de los Vol�menes XXXVI y XIII, respectivamente, de la Segunda Parte, Sexta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dieron origen a las tesis publicadas en las p�ginas 51 y 552 del tomo correspondiente a la Sala Penal de dicho m�ximo tribunal, de la �ltima compilaci�n de jurisprudencia, que a la letra dice: 'AGRAVIOS EN LA APELACI�N, FALTA DE.- La omisi�n en expresar agravios en la apelaci�n, por parte del acusado o su defensor, es la m�xima deficiencia y por consecuencia, el tribunal de segunda instancia debe examinar las constancias de autos y decidir si se ha aplicado o no correctamente la ley o si se han vulnerado los principios reguladores de la prueba. La anterior ex�gesis de la ley adjetiva penal del distrito y espec�ficamente del dispositivo 415, as� como de los preceptos constitucionales y en especial de la Ley de A. respectivos (art�culo 107, fracci�n II y 76), es la teleol�gica o cimentada en las finalidades del legislador y no la restricta interpretaci�n literal o gramatical que realiza la responsable, ya que en atenci�n a la evidente desigualdad de los obreros frente a los patrones y de los acusados frente al Ministerio P�blico (t�cnicos en derecho) en que los primeros no est�n en condiciones de luchar con eficacia contra la potencialidad econ�mica de los patrones, los que normalmente se asisten de expertos en derecho laboral, no as� aqu�llos, lo mismo que les suele ocurrir a los inculpados que regularmente designan a individuos indoctos o que s�lo buscan su inter�s personal, acentu�ndose la desventaja al encontrarse por una u otra circunstancias recluidos en prisi�n preventiva y por ende no se encuentran en aptitud de allegarse pruebas, presentarlas, ni menos alegar con oportunidad en su defensa, de ah� que el legislador, para aminorar un tanto estas desigualdades, obliga a los Jueces a tener por formuladas conclusiones de inculpabilidad en caso de omisi�n; a aplicar de oficio las eximentes de responsabilidad y a suplir las deficiencias de los agravios en la segunda instancia y en el amparo, y la Primera Sala de la H. Suprema Corte considera como la m�xima deficiencia la total ausencia de expresi�n de agravios o de conceptos de violaci�n. Si las notificaciones de la responsable se hicieron por c�dulas fijadas en estrados, al asentarse que el acusado es desconocido en el domicilio que indic� en autos, a pesar de que nunca obtuvo su libertad desde que fue detenido, es inconcuso que por ignorar el inculpado el arribo de la causa al tribunal de apelaci�n y la fecha de la vista, no estuvo en posibilidad de formular agravios y por consecuencia, al haberse declarado desierto el recurso, fue manifiesta la violaci�n de garant�as por inexacta aplicaci�n de la ley penal, y procede conceder al quejoso la protecci�n federal que solicita, para el solo efecto de que la Sala del Tribunal Superior de Justicia, supliendo la omisi�n de agravios, estudie �ntegramente el proceso y resuelva lo conducente.'.- 'SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO.- Aun cuando no se hayan expresado agravios en la instancia, la autoridad responsable debi� haber analizado la sentencia recurrida, para determinar si se encontraba fundada en derecho o bien si adolec�a de alguna irregularidad que le causara perjuicio. Y si no lo hizo as�, supliendo la deficiencia de la queja, de conformidad con el art�culo 76 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Federal, debe concederse el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, al reo, para los efectos de que la autoridad responsable dicte nueva sentencia en la que, previo estudio de las constancias procesales que informan la causa, determine si la sentencia apelada hizo una exacta aplicaci�n de la ley, si la valoraci�n de las pruebas se ajust� a los principios reguladores de la misma y si los hechos no fueron alterados.'. Sentado lo anterior, es de concluirse que, siendo violatoria de garant�as en el aspecto que se indica, la sentencia reclamada, procede conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que solicita el quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable pronuncie una nueva resoluci�n en la que analice los problemas de la comprobaci�n del cuerpo del delito y responsabilidad del acusado, determine si en la sentencia apelada se hizo una exacta aplicaci�n de la ley, si la valoraci�n de las pruebas se ajust� a los principios reguladores de la misma y si los hechos no fueron alterados."

A.D. 740/72.- "Independientemente de que le asista o no la raz�n a la quejosa, en cuanto a que la responsable haya violado lo dispuesto por los art�culos 14, 16 y 19 constitucionales, 221, fracci�n III, del C�digo Penal veracruzano y 269 del C�digo de Procedimientos Penales de esta entidad federativa para la valoraci�n del material probatorio y para la adecuaci�n de la sanci�n privativa de libertad que se impuso, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 221, fracci�n III, del C�digo Penal para el Estado de Veracruz, procede suplir la deficiencia de la queja en t�rminos del art�culo 76 de la Ley de A.. En efecto, se advierte que la responsable, en su resoluci�n impugnada, s�lo examin� la legalidad o ilegalidad de la sanci�n corporal impuesta por el juzgador de primer grado; sin embargo, no estudi� el cuerpo del delito de lesiones previsto por el art�culo 220 del C�digo Penal de este Estado, ni la responsabilidad penal de la quejosa en el mismo. En tal situaci�n, debi� dicha responsable suplir la deficiencia de la queja y examinar la justificaci�n o injustificaci�n del cuerpo del il�cito mencionado y de la responsabilidad penal de la acusada, m�xime si la propia ley adjetiva penal en su art�culo 300 le faculta para suplir la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el procesado. Encuentra apoyo este criterio, entre otras, en las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n consultables en las p�ginas 14 y 159 de los Vol�menes XXXVI y XIII, respectivamente, de la Segunda Parte, Sexta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dieron origen a las tesis publicadas en las p�ginas 51 y 552 del tomo correspondiente a la Sala Penal de nuestro m�ximo tribunal federal, de la �ltima compilaci�n de jurisprudencia que a la letra dice: 'AGRAVIOS EN LA APELACI�N, FALTA DE.- La omisi�n en expresar agravios en la apelaci�n por parte del acusado o su defensor, es la m�xima deficiencia y por consecuencia, el tribunal de segunda instancia debe examinar las constancias de autos y decidir si se ha aplicado o no correctamente la ley, o si se han vulnerado los principios reguladores de la prueba. La anterior ex�gesis de la ley adjetiva penal del distrito y espec�ficamente del dispositivo 415, as� como los preceptos constitucionales y en especial de la Ley de A. respectivos (art�culos 107, fracci�n II y 76) es la teleol�gica o cimentada en las finalidades del legislador y no la restricta interpretaci�n literal o gramatical que realiza la responsable, ya que en atenci�n a la evidente desigualdad de los obreros frente a los patrones y de los acusados frente al Ministerio P�blico (t�cnicos en derecho) en que los primeros no est�n en condiciones de luchar con eficacia contra la potencialidad econ�mica de los patrones, los que normalmente se asisten de expertos en derecho laboral, no as� aqu�llos, lo mismo que le suele ocurrir a los inculpados que regularmente designan a individuos indoctos o que s�lo buscan su inter�s personal, acentu�ndose la desventaja al encontrarse por una u otras circunstancias recluidos en prisi�n preventiva y por ende no se encuentran en aptitud de allegarse pruebas, presentarlas, ni menos alegar con oportunidad en su defensa, de ah� que el legislador, para aminorar un tanto estas desigualdades obliga a los Jueces a tener por formuladas conclusiones de inculpabilidad en caso de omisi�n; a aplicar de oficio las eximentes de responsabilidad y a suplir las deficiencias de los agravios en la segunda instancia y en el amparo, y la Primera Sala de la Suprema Corte considera como m�xima deficiencia la total ausencia de expresi�n de agravios o de conceptos de violaci�n. Si las notificaciones de la responsable se hicieron por c�dulas fijadas en estrados, al asentarse que el acusado es desconocido en el domicilio que indic� en autos, a pesar de que nunca obtuvo su libertad desde que fue detenido, es inconcuso que por ignorar el inculpado el arribo de la causa al tribunal de apelaci�n y la fecha de la vista, no estuvo en posibilidad de formular agravios y por consecuencia, al haberse declarado desierto el recurso, fue manifiesta la violaci�n de garant�as por inexacta aplicaci�n de la ley penal y procede conceder al quejoso la protecci�n federal que solicita, para el solo efecto de que la Sala del Tribunal Superior de Justicia, supliendo la omisi�n de agravios, estudie �ntegramente el proceso y resuelva lo conducente.'.- 'SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO.- Aun cuando no se hayan expresado agravios en la instancia, la autoridad responsable debi� haber analizado la sentencia recurrida, para determinar si se encontraba fundada en derecho o bien si adolec�a de alguna irregularidad que le causara perjuicio. Y si no lo hizo as�, supliendo la deficiencia de la queja, de conformidad con el art�culo 76 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Federal, debe concederse el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, al reo, para los efectos de que la autoridad responsable dicte nueva sentencia en la que, previo estudio de las constancias procesalesque informan la causa, determine si la sentencia apelada hizo una exacta aplicaci�n de la ley, si la valoraci�n de las pruebas se ajust� a los principios reguladores de la misma, y si los hechos no fueron alterados.'. En tales condiciones, siendo violatoria de garant�as, en el aspecto indicado, la sentencia reclamada, procede conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que solicita la quejosa para el efecto de que la autoridad responsable pronuncie una nueva resoluci�n en la que analice los problemas de la comprobaci�n del cuerpo del delito y la responsabilidad de la acusada y, hecho que sea, resuelva lo que en derecho corresponda."

A.D. 884/72.- "CUARTO.- Independientemente de que pueda asistirle o no raz�n al promovente del amparo, debe se�alarse que, en el caso que nos ocupa, es procedente suplir la deficiencia de la queja, toda vez que en la sentencia reclamada la Sala responsable solamente se ocup� de estudiar el agravio formulado por el defensor del acusado respecto a la violaci�n del art�culo 269 del C�digo de Procedimientos Penales y analizar lo referente a la reparaci�n del da�o, pero dejando de hacer el an�lisis correspondiente de las constancias procesales con respecto a la comprobaci�n del cuerpo de los delitos de lesiones y da�os a que se refiere la causa penal n�mero 141/970, pues ante la ausencia de agravios, debi� el tribunal de alzada proceder de acuerdo con lo que dispone el art�culo 300 del c�digo adjetivo penal y no reducirse en su estudio al agravio expresado, sino a exponer los razonamientos por los cuales se estimaba que quedaba comprobado el cuerpo de dichas infracciones penales; al no haberlo hecho as�, es claro entonces que conculc� garant�as individuales. Lo anterior encuentra apoyo en las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultables en las p�ginas 14 y 159 de los vol�menes XXXVI y XIII, respectivamente, de la Segunda Parte, Sexta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dieron origen a las tesis publicadas en las p�ginas 51 y 552 del tomo correspondiente a la Sala Penal de dicho m�ximo tribunal, de la �ltima compilaci�n de jurisprudencia, que a la letra dicen: 'AGRAVIOS EN LA APELACI�N, FALTA DE.- La omisi�n en expresar agravios en la apelaci�n, por parte del acusado o su defensor, es la m�xima deficiencia y por consecuencia, el tribunal de segunda instancia debe examinar las constancias de autos y decidir si se ha aplicado o no correctamente la ley o si se han vulnerado los principios reguladores de la prueba. La anterior ex�gesis de la ley adjetiva penal del distrito y espec�ficamente del dispositivo 415, as� como de los preceptos constitucionales y en especial de la Ley de A. respectivos (art�culos 107, fracci�n II y 76), es la teleol�gica o cimentada en las finalidades del legislador y no la restricta interpretaci�n literal o gramatical que realiza la responsable, ya que en atenci�n a la evidente desigualdad de los obreros frente a los patrones y de los acusados frente al Ministerio P�blico (t�cnicos en derecho) en que los primeros no est�n en condiciones de luchar con eficacia contra la potencialidad econ�mica de los patrones, los que normalmente se asisten de expertos en derecho laboral, no as� aqu�llos, lo mismo que les suele ocurrir a los inculpados que regularmente designan a individuos indoctos o que s�lo buscan su inter�s personal, acentu�ndose la desventaja al encontrarse por una u otra circunstancias recluidos en prisi�n preventiva y por ende no se encuentran en aptitud de allegarse pruebas, presentarlas, ni menos alegar con oportunidad en su defensa, de ah� que el legislador, para aminorar un tanto estas desigualdades, obliga a los Jueces a tener por formuladas conclusiones de inculpabilidad en caso de omisi�n, a aplicar de oficio las eximentes de responsabilidad y a suplir las deficiencias de los agravios en la segunda instancia y en el amparo, y la Primera Sala de la Suprema Corte considera como la m�xima deficiencia la total ausencia de expresi�n de agravios o de conceptos de violaci�n. Si las notificaciones de la responsable se hicieron por c�dulas fijadas en estrados, al asentarse que el acusado es desconocido en el domicilio que indic� en autos, a pesar de que nunca obtuvo su libertad desde que fue detenido, es inconcuso que por ignorar el inculpado el arribo de la causa al tribunal de apelaci�n y la fecha de la vista, no estuvo en posibilidad de formular agravios y por consecuencia, al haberse declarado desierto el recurso, fue manifiesta la violaci�n de garant�as por inexacta aplicaci�n de la ley penal, y procede conceder al quejoso la protecci�n federal que solicita, para el solo efecto de que la Sala del Tribunal Superior de Justicia, supliendo la omisi�n de agravios, estudie �ntegramente el proceso y resuelva lo conducente.'. 'SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO.- Aun cuando no se hayan expresado agravios en la instancia, la autoridad responsable debi� haber analizado la sentencia recurrida, para determinar si se encontraba fundada en derecho o bien si adolec�a de alguna irregularidad que le causara perjuicio. Y si no lo hizo as�, supliendo la deficiencia de la queja, de conformidad con el art�culo 76 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Federal, debe concederse el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, al reo, para los efectos de que la autoridad responsable dicte nueva sentencia en la que, previo estudio de las constancias procesales que informan la causa, determine si la sentencia apelada hizo una exacta aplicaci�n de la ley, si la valoraci�n de las pruebas se ajust� a los principios reguladores de la misma y si los hechos no fueron alterados.'. Consecuentemente, es de concluirse que siendo violatoria de garant�as la sentencia reclamada en el aspecto que se indica, procede conceder al agraviado el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la responsable pronuncie una nueva resoluci�n en la que analice los problemas de la comprobaci�n del cuerpo del delito, determinando si en la sentencia apelada se hizo una exacta aplicaci�n de la ley, si la valoraci�n de las pruebas se ajust� a los principios reguladores de la misma y si los hechos no fueron alterados y, hecho que sea, resuelva lo que en derecho corresponda."

A.D. 905/72.- "Independientemente de que le asista o no la raz�n a la quejosa en cuanto a que la responsable haya violado lo dispuesto por los art�culos 14 y 16 constitucionales, procede suplir la deficiencia de la queja en t�rminos del art�culo 76 de la Ley de A.. En efecto, se advierte que la responsable, en su resoluci�n impugnada, s�lo examin� la responsabilidad penal de la acusada, pero no estudi� el cuerpo del delito de lesiones, previsto por el art�culo 220 del C�digo Penal de este Estado, ni la legalidad o ilegalidad de la sanci�n corporal impuesta por el juzgador de primer grado a la hoy quejosa. En tal situaci�n, debi� dicha responsable suplir la deficiencia de la queja y examinar la justificaci�n o injustificaci�n del cuerpo del il�cito mencionado y la legalidad o ilegalidad de la sanci�n corporal impuesta a la acusada, m�xime si la propia ley adjetiva penal en su art�culo 300 le faculta para suplir la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el procesado. Encuentra apoyo este criterio, entre otras, en las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultables en las p�ginas catorce y ciento cincuenta y nueve de los vol�menes XXXVI y XIII, respectivamente de la Segunda Parte, Sexta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dieron origen a las tesis publicadas en las p�ginas cincuenta y uno y quinientos cincuenta y dos del Tomo correspondiente a la Sala Penal de nuestro m�ximo tribunal de la �ltima compilaci�n de jurisprudencia, que a la letra dice: 'AGRAVIOS EN LA APELACI�N, FALTA DE.- La omisi�n en expresar agravios en la apelaci�n, por parte del acusado o su defensor, es la m�xima deficiencia y por consecuencia, el tribunal de segunda instancia debe examinar las constancias de autos y decidir si se ha aplicado o no correctamente la ley o si se han vulnerado los principios reguladores de la prueba. La anterior ex�gesis de la ley adjetiva penal del distrito y espec�ficamente del dispositivo 415, as� como de los preceptos constitucionales y en especial de la Ley de A. respectivos (art�culos 107, fracci�n II y 76) es la teleol�gica o cimentada en las finalidades del legislador y no la restricta interpretaci�n literal o gramatical que realiza la responsable, ya que en atenci�n a la evidente desigualdad de los obreros frente a los patrones y de los acusados frente al Ministerio P�blico (t�cnicos en derecho) en que los primeros no est�n en condiciones de luchar con eficacia contra la potencialidad econ�mica de los patrones, los que normalmente se asisten de expertos en derecho laboral, no as� aqu�llos, lo mismo que le suele ocurrir a los inculpados que regularmente designan a individuos indoctos o que s�lo buscan su inter�s personal, acentu�ndose la desventaja al encontrarse por una u otras circunstancias recluidos en prisi�n preventiva y por ende no se encuentran en aptitud de allegarse pruebas, presentarlas, ni menos alegar con oportunidad en su defensa, de ah� que el legislador, para aminorar un tanto estas desigualdades obliga a los Jueces a tener por formuladas conclusiones de inculpabilidad en caso de omisi�n, a aplicar de oficio las eximentes de responsabilidad y a suplir las deficiencias de los agravios en la segunda instancia y en el amparo, y la Primera Sala de la Suprema Corte considera como m�xima deficiencia la total ausencia de expresi�n de agravios o de conceptos de violaci�n. Si las notificaciones de la responsable se hicieron por c�dulas fijadas en estrados, al asentarse que el acusado es desconocido en el domicilio que indic� en autos, a pesar de que nunca obtuvo sulibertad desde que fue detenido, es inconcuso que por ignorar el inculpado el arribo de la causa al tribunal de apelaci�n y la fecha de la vista, no estuvo en posibilidad de formular agravios y por consecuencia, al haberse declarado desierto el recurso, fue manifiesta la violaci�n de garant�as por inexacta aplicaci�n de la ley penal y procede conceder al quejoso la protecci�n federal que solicita, para el solo efecto de que la Sala del Tribunal Superior de Justicia, supliendo la omisi�n de agravios, estudie �ntegramente el proceso y resuelva lo conducente.'.- 'SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO.- Aun cuando no se hayan expresado agravios en la instancia, la autoridad responsable debi� haber analizado la sentencia recurrida, para determinar si se encontraba fundada en derecho o bien si adolec�a de alguna irregularidad que le causara perjuicio. Y si no lo hizo as�, supliendo la deficiencia de la queja, de conformidad con el art�culo 76 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Federal, debe concederse el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, al reo, para los efectos de que la autoridad responsable dicte nueva sentencia en la que, previo estudio de las constancias procesales que informan la causa, determine si la sentencia apelada hizo una exacta aplicaci�n de la ley, si la valoraci�n de las pruebas se ajust� a los principios reguladores de la misma y si los hechos no fueron alterados.'. En tales condiciones, siendo violatoria de garant�as, en el aspecto indicado, la sentencia reclamada, procede concederle a la quejosa el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la autoridad responsable pronuncie una nueva resoluci�n en la que analice los problemas de la comprobaci�n del cuerpo del delito y la legalidad o ilegalidad de la sanci�n corporal impuesta por el juzgador de primer grado y, hecho que sea, resuelva lo que conforme a derecho corresponda."

CUARTO

A su vez, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver los amparos directos 542/90, 196/91, 418/91, 464/91 y 427/92 consider�, en lo conducente, lo siguiente:

A.D. 542/90.- "QUINTO.- Tampoco es exacto que como el defensor de oficio que se le nombr� en segunda instancia manifest� no tener agravios que expresar, t�citamente est� aceptando el fallo recurrido, pues frente a ello, la Sala est� obligada a dar cumplimiento a lo dispuesto por el art�culo 300 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que dice: 'La Sala suplir� la deficiencia o falta de los agravios del acusado o del defensor cuando �stos sean los apelantes.'. El amparista aduce que al dictar la sentencia la Sala se limit� a indicar que a su juicio no exist�a agravio que suplir, porque el cuerpo de los delitos y su responsabilidad en la comisi�n de los mismos se encuentran plenamente justificados al tenor de las pruebas y razonamientos expuestos por el J. de primer grado, los cuales hizo suyos; sin embargo, jam�s explic� los motivos de ello, lo que traduce a su fallo en una sentencia carente de fundamentaci�n y motivaci�n, violando las garant�as individuales consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales.- Sobre el particular, debe se�alarse, como se ha dejado asentado en el considerando cuarto de esta ejecutoria, que la Sala responsable hizo suyas las consideraciones expuestas por el J. de primera instancia, para tener por comprobado el cuerpo de los delitos de lesiones, amenazas y da�o en propiedad ajena, as� como la responsabilidad del quejoso en su comisi�n, circunstancia por la que habr� de analizarse si �sta se encuentra fundada y motivada.- El J. de la causa consider� que el cuerpo del delito de lesiones, que prev�n, y sancionan los art�culos 305 y 306, fracci�n I, del C�digo de Defensa Social para el Estado de Puebla, se encuentra plenamente comprobado en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 85 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social para la misma entidad federativa, con la fe de lesiones practicada por el representante social y el dictamen emitido por el m�dico legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a los cuales concedi� pleno valor probatorio en t�rminos de los art�culos 199 y 200, respectivamente, del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social. C.�n que es correcta, pues, efectivamente, los dos primeros preceptos definen y sancionan, respectivamente, el delito de lesiones, la tercera de las disposiciones determina que trat�ndose de lesiones externas, el cuerpo del delito se comprobar� con la inspecci�n de las lesiones por el funcionario que practique las diligencias de averiguaci�n previa o por el J. que conozca de la causa y con la descripci�n y clasificaci�n que de las mismas hagan los peritos m�dicos; y en cuanto al valor otorgado a dichas pruebas, es acorde con lo dispuesto por los art�culos 199 y 200 del c�digo adjetivo penal, que establecen: 'La inspecci�n judicial, as� como el resultado de los cateos o visitas domiciliarias, de la confrontaci�n y de los careos, har�n prueba plena, si se practican con los requisitos legales.'. 'La fuerza probatoria de todo juicio pericial, incluso el cotejo de letras y los dict�menes de los peritos, ser�n calificados por el J. o Sala, seg�n las circunstancias.'. En relaci�n con el cuerpo del delito de amenazas, el J. se�al� que se encuentra previsto y sancionado por el art�culo 290, fracci�n I, del C�digo de Defensa Social para el Estado de Puebla, y que se encuentra plenamente probado, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 84 del c�digo adjetivo penal, con la denuncia de los agraviados E.S.T.�o y M.R.�n R.�guez y con la confesi�n del acusado A.S.T.�o, a la cual otorg� pleno valor probatorio en t�rminos de lo se�alado por el art�culo 195 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social; proceder que tambi�n se encuentra ajustado a derecho, pues los art�culos 290, fracci�n I, 84 y 195 mencionados, se�alan: 'Se impondr� de seis meses a dos a�os de prisi�n y multa de uno a diez d�as de salario: I. Al que por cualquier medio amenace a otro con causarle un mal en su persona, honor, bienes o derechos o en la persona, honor, bienes o derechos de su c�nyuge o persona con quien viva en la situaci�n prevista en el art�culo 297 del C�digo Civil, o de un ascendiente, descendiente o hermano suyo, o persona con quien se encuentre ligado por afecto, gratitud o amistad.'. y 'El cuerpo del delito se tendr� por comprobado, cuando se justifique la existencia de los elementos materiales y objetivos que constituyen el hecho delictuoso, seg�n la determinaci�n que del mismo exprese la disposici�n relativa del C�digo de Defensa Social, salvo las reglas especiales establecidas en ese c�digo para la comprobaci�n de determinados cuerpos del delito.' 'La confesi�n judicial har� prueba plena cuando concurran las circunstancias siguientes: I. Que est� plenamente comprobada por otros medios la existencia del delito, salvo lo dispuesto en los art�culos 102, fracci�n I y 104. II. Que se haga por persona mayor de diecis�is a�os, en su contra, con pleno conocimiento y sin coacci�n ni violencia de ninguna especie; III. Que sea de hecho propio; IV. Que se haga ante el Ministerio P�blico durante la averiguaci�n previa o ante el J. o la Sala de la causa; y V. Que no existan en autos otras pruebas o presunciones que, a juicio del J. o Sala, la hagan inveros�mil.'.- A lo anterior, cabe agregar que si bien al rendir su declaraci�n ministerial y en preparatoria el amparista no hizo mayor precisi�n respecto de las amenazas que refieren los ofendidos les hizo; sin embargo, debe tenerse presente que ante el representante social reconoci� en todas y cada una de sus partes la denuncia que presentaron en su contra, aceptando que contiene la verdad de los hechos, por lo que al reconocer los mismos, es claro que tambi�n lo hizo en cuanto a los que constituyen tales amenazas. El J. de la causa estim� que el cuerpo del delito de da�o en propiedad ajena, previsto y sancionado por los art�culos 373 y 374, fracci�n III, en relaci�n con el 414 del C�digo de Defensa Social para el Estado de Puebla, se encuentra plenamente acreditado con la denuncia presentada por E.S.T.�o, con la fe de da�os y aval�o practicados por el representante social, asociado del perito valuador de la Procuradur�a General de Justicia, diligencia a la que otorg� valor probatorio pleno, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 199 y 200 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Lo que es correcto, pues el il�cito de m�rito se encuentra definido y sancionado por los art�culos 373, 374, fracci�n III y 414, que respectivamente establecen: 'Comete el delito de robo, quien se apodere de un bien ajeno mueble, sin derecho o sin consentimiento de la persona que puede disponer de �l con arreglo a la ley.'. 'El robo se sancionar�: ... III. Cuando el valor de lo robado pase de cincuenta d�as de salario se impondr�n de dos a ocho a�os de prisi�n y multa de ocho a ochenta d�as de salario.'. 'Fuera de los casos anteriores y cuando por cualquier medio se cause da�o, destrucci�n o deterioro de cosa ajena, o de cosa propia, en perjuicio de otro, se aplicar�n las sanciones del robo simple, que podr�n aumentarse hasta en dos a�os m�s de prisi�n.'.- Lo mismo resulta en cuanto al valor probatorio que concedi� a la diligencia de fe de da�os y aval�o de m�rito en t�rminos de los art�culos 199 y 200 del c�digo adjetivo penal, ya que el primero de los preceptos determina que la inspecci�n judicial har� prueba plena si se practica con los requisitos legales, y la segunda de las disposiciones se�ala que la fuerza probatoria en todo juicio pericial, incluso los dict�menes de los peritos, ser�n calificados por el J. o Sala, seg�n las circunstancias.- Consecuentemente, al haber quedado justificados los elementos materiales y objetivos constitutivos de los il�citos en cuesti�n, en ese aspecto no se violan garant�as en perjuicio del amparista.- En cuanto a la responsabilidad penal de A.S.T.�o en la comisi�n de los il�citos en estudio, el J. de la causa consider� que se encuentra justificada con los mismos elementos que sirvieron de base para acreditar el cuerpo de los delitos, entre los que se encuentran la confesi�n del quejoso, la denuncia presentada por E.S.T.�o y M.R.�n R.�guez, y los careos practicados entre el primero y los ofendidos, concedi�ndole pleno valor a la primera prueba en t�rminos del art�culo 195 del c�digo adjetivo penal, lo cual es acertado ya que, efectivamente, de autos aparece que la confesi�n fue rendida por una persona mayor de diecis�is a�os, en su contra, sobre hechos propios, sin coacci�n ni violencia de ninguna especie, rendida ante el representante social y ratificada ante el J. de la causa, sin que exista prueba en contrario que la haga inveros�mil. De las denuncias presentadas por los ofendidos, se advierte que ambos coinciden en se�alar al quejoso como el autor directo de los hechos que le imputan.- En relaci�n con el valor que se dio a los careos que el amparista sostuvo con los ofendidos, apoy�ndose en el art�culo 199 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social, tambi�n se encuentra ajustado a derecho, pues de tal diligencia se advierte que el J. los llev� a cabo observando los lineamientos establecidos por el art�culo 189 del ordenamiento legal citado y adem�s de dichos careos, como bien se consider�, se desprende que el acusado t�citamente acept� haber cometido los il�citos, argumentando en su favor, �nicamente, que lo que se expuso en las denuncias fue exagerado. De igual manera acontece en cuanto establece el J. que el perd�n que otorgaron los ofendidos al acusado no es obst�culo para tener por demostrada la responsabilidad de este �ltimo en la comisi�n de los hechos que se le atribuyen, en virtud de que, efectivamente, los delitos por los que se le sentenci� se persiguen de oficio, al no existir alguna disposici�n en la legislaci�n penal para el Estado de Puebla, que establezca que los delitos de lesiones, amenazas y da�o en propiedad ajena, s�lo pueden perseguirse a petici�n de parte.- De lo anterior, claramente se advierte que las consideraciones que verti� el J. de la causa, para tener por comprobado el cuerpo de los delitos de lesiones, amenazas y da�o en propiedad ajena, as� como la responsabilidad penal del quejoso en su comisi�n, est�n fundadas y motivadas y, ante tal circunstancia, el proceder de la Sala responsable, al hacer suyas tales consideraciones con motivo del an�lisis de la sentencia de primer grado, no es violatorio de garant�as en perjuicio del amparista. Como corolario de lo anterior, cabe decir que, cuando no hay expresi�n de agravios y el tribunal de segundo grado no advierte alguno que suplir y se remite a los razonamientos del inferior o recoge propiamente las consideraciones expuestas por el J. de primera instancia, al tener por comprobado el cuerpo del delito, la responsabilidad penal del acusado en su comisi�n, o bien lo relativo a la individualizaci�n de la pena, no incurre en violaci�n de garant�as si tales consideraciones se encuentran fundadas y motivadas, y correctamente razonado el arbitrio judicial en la imposici�n de la sanci�n. Por otro lado, en cuanto a la pena impuesta, la Sala responsable estim� que el J. del proceso llev� a cabo una correcta individualizaci�n de la misma, apreciaci�n que se encuentra apegada a derecho, pues los razonamientos de este �ltimo, transcritos en el considerando cuarto de esta ejecutoria, permiten concluir que realiz� un pormenorizado examen de las peculiaridades del acusado y de las circunstancias exteriores de ejecuci�n de los hechos delictuosos sancionados por los art�culos 306, fracci�n I, 290, fracci�n I y 374, fracci�n III, este �ltimo en relaci�n con el 414, todos del C�digo de Defensa Social para el Estado de Puebla, se�alando la forma en que influyeron en su �nimo para considerarlo de una peligrosidad m�nima; y tomando en consideraci�n que en la especie los hechos imputados al mismo tiempo dieron como consecuencia los delitos de lesiones, amenazas y da�o en propiedad ajena, consider� que existe acumulaci�n ideal de delitos, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 79 del mismo C�digo de Defensa Social citado, que dice: 'Siempre que con un solo hecho ejecutado en un solo acto, o con una sola omisi�n, se violen varias disposiciones de defensa social que se�alen sanciones diversas, se aplicar� �nicamente la del delito que merezca sanci�n mayor.' Por ello, al sancionarlo s�lo tom� en consideraci�n el delito de da�o en propiedad ajena, cuya sanci�n establece el art�culo 374, fracci�n III, del c�digo en cita, que es el que establece una pena mayor a las de los diversos il�citos.- Siendo as�, al condenarlo a dos a�os de prisi�n y al pago de una multa de cincuenta y dos mil novecientos veinte pesos, equivalente a ocho d�as de salario m�nimo vigente en el momento decometer los il�citos de referencia resulta que la pena es acorde con su grado de peligrosidad, teniendo en cuenta que el art�culo 374, fracci�n III, prev� como sanci�n de dos a ocho a�os de prisi�n y multa de ocho a ochenta d�as de salario, resultando ser la m�nima la que se le impuso y, por esa circunstancia, no es violatoria de garant�as, atento la jurisprudencia n�mero 181, consultable en la Segunda Parte, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n l917-1985, que dice: 'PENA M�NIMA QUE NO VIOLA GARANT�AS.- El incumplimiento de las reglas para la individualizaci�n de la pena no causa agravio que amerite la protecci�n constitucional, si el sentenciador impone el m�nimo de la sanci�n que la ley se�ala para el delito cometido.'. Para finalizar, debe se�alarse que si bien el art�culo 40 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social, en sus fracciones II y III, establece que las sentencias contendr�n un extracto breve de los hechos fundamentales consignados en el proceso y las consideraciones y fundamentos legales de la sentencia, tal disposici�n no se viol� por la Sala responsable en la sentencia reclamada, porque al hacer suya la de primera instancia y �sta contener tales exigencias, es evidente su cumplimiento, m�xime que no puede aducirse su desconocimiento, pues tal sentencia del J. fue recurrida en apelaci�n precisamente por el propio sentenciado, ahora quejoso.- En las condiciones apuntadas, al ser infundados los conceptos de violaci�n, pues el fallo reclamado no viola las garant�as que consagran los art�culos 14 y 16 constitucionales y no advirti�ndose ning�n motivo para suplir la deficiencia de la queja, en t�rminos del art�culo 76, bis fracci�n II, de la Ley de A., procede negar el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecuci�n reclamados del J. Cuarto de Defensa Social de esta ciudad, procurador general de Justicia y coordinador de la Polic�a Judicial, ambos del Estado de Puebla, de conformidad con la jurisprudencia n�mero 69, consultable en la Octava Parte, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n l917-1985, que reza: 'AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO VIOLATORIOS DE GARANT�AS.- Los actos de las autoridades ejecutoras, relativos a mandamientos que se ajusten a la ley, no pueden considerarse violatorios de garant�as.'."

A.D. 196/91.- "S�PTIMO.- Respecto al pedimento formulado por la agente del Ministerio P�blico, quien expres� que la Sala responsable no supli� la falta absoluta de agravios y por lo mismo debe concederse el amparo para el efecto de que dicte nueva sentencia en la que analice lo relativo al cuerpo del delito y a la responsabilidad de la inculpada para determinar si el fallo de la inferior est� ajustado a derecho, debe se�alarse que aun cuando es verdad que la Segunda Sala se limit� a hacer suyos los razonamientos de la J. de la causa, ello en modo alguno resulta ilegal, cuenta habida de que tal actitud no supone declarar desierto el recurso y debe diferenciarse el recurso de apelaci�n de la revisi�n oficiosa ya que el primero implica el examen de los agravios o la suplencia en la deficiencia de los mismos y la segunda se traduce en un nuevo estudio sobre la legalidad del fallo, lo que no est� contemplado en la legislaci�n penal del Estado; por tanto, si como en el caso no hubo agravio que suplir pues el fallo de primer grado es conforme a derecho, lo dicho en la sentencia debe estimarse correcto.- Es aplicable la tesis de este tribunal que dice: 'CUERPO DEL DELITO, RESPONSABILIDAD, O INDIVIDUALIZACI�N DE LA SANCI�N, SI EL TRIBUNAL DE ALZADA HACE SUYAS LAS CONSIDERACIONES DEL JUEZ, NO INCURRE EN VIOLACI�N DE GARANT�AS.- Cuando no hay expresi�n de agravios y el tribunal de segundo grado no advierte alguno que suplir y se remite a los razonamientos del inferior, o recoge propiamente las consideraciones expuestas por el J. de primera instancia, al tener por comprobado el cuerpo del delito, la responsabilidad penal del acusado en su comisi�n, o bien lo relativo a la individualizaci�n de la pena, no incurre en violaci�n de garant�as si tales consideraciones se encuentran fundadas y motivadas, y correctamente razonado el arbitrio judicial en la imposici�n de la sanci�n.'.- A. directo 542/90.- A.S.T.�o.- 17 de enero de l991.- Unanimidad de votos.- Ponente: E.R.S.P..- Secretario: M.A.T..- OCTAVO.- Las consideraciones precedentes, de las que ha quedado de relieve la ineficacia de los conceptos de violaci�n, aunadas a que no hay queja deficiente que suplir, vuelven procedente negar el amparo y protecci�n solicitados."

A.D. 418/91.- "SEXTO.- Este tribunal considera procedente desestimar los planteamientos hechos valer en v�a de conceptos de violaci�n, toda vez que el quejoso se apoya en apreciaciones inexactas.- En efecto, contrariamente a loaducido por el peticionario de garant�as, la Sala del conocimiento en forma correcta determin� que no hay queja deficiente que suplir y por lo mismo consider� que el cuerpo de los delitos de lesiones, da�o en propiedad ajena y ataques a las v�as de comunicaci�n, as� como la responsabilidad penal de J.L.M.R., qued� plena y legalmente demostrada con los mismos elementos de prueba a que se refiri� el J. de primer grado, mismos razonamientos que hizo suyos la responsable estando de acuerdo con la sanci�n impuesta al quejoso, respecto de lo cual tiene aplicaci�n la tesis de este tribunal a cuyo razonamiento se hace remisi�n expresa en obvio de repeticiones que conducen a la misma conclusi�n que dice: 'CUERPO DEL DELITO, RESPONSABILIDAD, O INDIVIDUALIZACI�N DE LA SANCI�N, SI EL TRIBUNAL DE ALZADA HACE SUYAS LAS CONSIDERACIONES DEL JUEZ, NO INCURRE EN VIOLACI�N DE GARANT�AS.- Cuando no hay expresi�n de agravios y el tribunal de segundo grado no advierte alguno que suplir y se remite a los razonamientos del inferior, o recoge propiamente las consideraciones expuestas por el J. de primera instancia, al tener por comprobado el cuerpo del delito, la responsabilidad penal del acusado en su comisi�n, o bien lo relativo a la individualizaci�n de la pena, no incurre en violaci�n de garant�as si tales consideraciones se encuentran fundadas y motivadas y correctamente razonado el arbitrio judicial en la imposici�n de la sanci�n.'. A.s directos 542/90 de 17 de enero de l991 y 196/91 de 6 de junio de l991.- No tiene raz�n el quejoso en cuanto aduce que se dej� de analizar su declaraci�n ante el agente del Ministerio P�blico, as� como la ratificaci�n que hizo en preparatoria, pues el J. de primer grado se refiri� a esa declaraci�n desestim�ndola, ya que en su declaraci�n el quejoso manifest� que �l no era el conductor del autom�vil en que viajaba, frente a lo cual se encuentra el se�alamiento directo de los ofendidos M.M. �ngel F.R., quien acredit� ser el propietario del veh�culo marca Datsun modelo 1974, color negro con amarillo, placas de circulaci�n 98-SSV del servicio p�blico de alquiler, quien manifest� que el siete de junio aproximadamente a las 21:50 horas su veh�culo se encontraba estacionado en la calle tres norte frente al n�mero cinco mil doscientos diez letra 'A' siendo revisado por su chofer F.F.R., quien estaba en la parte delantera de su unidad, cuando vieron las luces de un veh�culo que ven�a circulando de frente con exceso de velocidad, zigzagueando, el cual se proyect� contra la parte delantera del autom�vil de su propiedad y como en dicho lugar se encontraba su chofer �ste qued� prensado entre los autom�viles, sufriendo lesiones en sus piernas por lo que detuvieron al conductor del veh�culo generador de la colisi�n J.L.M.R., persona que iba en completo estado de ebriedad, habi�ndole sostenido su dicho el ofendido al hoy quejoso en la diligencia de careos que se puede consultar en el inciso o) del resultando segundo de esta ejecutoria; as� como el dicho del ofendido F.F.R. quien se�al� que el d�a siete de junio aproximadamente a las veinti�n horas con cincuenta minutos, se encontraba en la casa de su patr�n M.M. �ngel F.R., que dicha casa se encuentra en la Tres Norte y que estaba frente a dicho domicilio arreglando el autom�vil de su patr�n del cual es chofer y encontr�ndose en la parte del frente de dicha unidad, vio las luces de un autom�vil que se fue a impactar al frente del autom�vil que estaba parado, y en la diligencia de careos agreg� que vio cuando sacaban al quejoso del lado del volante (inciso o) del resultando segundo de este fallo).- Lo anterior forzosa y necesariamente conduce a declarar infundado lo argumentado por el quejoso en el sentido de que no hubo se�alamiento directo en su contra.- Contrariamente a lo manifestado por el que pide amparo, s� fue considerada la prueba testimonial que ofreci�, habiendo sido desestimada por el J. de primer grado en forma correcta; en efecto, F.V.J.�nez se refiri� a hechos acontecidos el seis de julio del a�o pasado y el evento aconteci� el siete de ese mes y a�o; (inciso r) del resultando segundo de este fallo).- El segundo de los testigos, Ra�l G.�a J.�nez introdujo cuestiones que en ning�n momento se�al� el quejoso en su declaraci�n ministerial que ratific� en preparatoria, como el hecho de que E.C. le pidi� al quejoso que �l manejara y el tercero de los testigos afirm� que quien conduc�a el veh�culo era precisamente J.L.M.R.. En tal virtud, fue correcta la apreciaci�n del J. de primer grado, toda vez que las declaraciones de los dos primeros re�nen los requisitos del art�culo 201 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social, pues los testigos no son uniformes, no convienen en la sustancia ni en los accidentes del hecho que refieren; y estos razonamientos que hizo el J. los hizo suyos la Sala.- S�PTIMO.- Las consideraciones procedentes, de las que ha quedado de manifiesto la ineficacia de los conceptos de violaci�n, aunado a que no hay queja deficiente que suplir en este juicio de garant�as, vuelven procedente negar el amparo y protecci�n solicitados."

A.D. 464/91.- "S�PTIMO.- Los conceptos de violaci�n que a continuaci�n se examinar�n, son fundados, pero adem�s se suple su deficiencia, de conformidad con lo establecido por el art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A.. En efecto, como acertadamente aducen los quejosos, en el caso a estudio no se encuentra debidamente comprobado el cuerpo del delito de robo calificado. En la sentencia reclamada, la Sala responsable mencion� claramente que hac�a suyos los razonamientos expuestos en el fallo de primera instancia en cuanto a comprobaci�n del cuerpo del delito y responsabilidad penal de los sentenciados.- Tal forma de actuar se adecua al contenido de la tesis sustentada por este tribunal, al resolver el seis de junio del a�o en curso, el juicio de amparo directo n�mero 196/91, promovido por M.R.N., que dice: 'CUERPO DEL DELITO, RESPONSABILIDAD, O INDIVIDUALIZACI�N DE LA SANCI�N, SI EL TRIBUNAL DE ALZADA HACE SUYAS LAS CONSIDERACIONES DEL JUEZ, NO INCURRE EN VIOLACI�N DE GARANT�AS.- Cuando no hay expresi�n de agravios y el tribunal de segundo grado no advierte alguno que suplir y se remite a los razonamientos del inferior, o recoge propiamente las consideraciones expuestas por el J. de primera instancia, al tener por comprobado el cuerpo del delito, la responsabilidad penal del acusado en su comisi�n, o bien lo relativo a la individualizaci�n de la pena, no incurre en violaci�n de garant�as si tales consideraciones se encuentran fundadas y motivadas, y correctamente razonado el arbitrio judicial en la imposici�n de la sanci�n.'. En consecuencia, procede abordar el estudio de ese aspecto a la luz de los razonamientos vertidos en la sentencia de primer grado, cuya parte conducente qued� transcrita en el considerando quinto de esta ejecutoria, sin perder de vista la desestimaci�n que de los agravios hizo la Sala responsable. En tal resoluci�n, el J. natural tuvo por comprobado el cuerpo del delito de acuerdo con la regla general establecida en el art�culo 84 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, a cuyo efecto tom� en consideraci�n los siguientes elementos de prueba: 1. Denuncia formulada por B.R.S.�s Galicia; 2. Testimonio ministerial rendido por F.S.�s Galicia, L. y O.H.S.�s, relacionados con el desarrollo de los acontecimientos; 3. Testimonio ministerial rendido por A.V.P. y Te�dulo Valencia Sol�s, para el efecto de justificar la preexistencia de los bienes que se dice fueron robados; 4. La inspecci�n ocular practicada por el representante social; 5. Seis fotograf�as relacionadas con el lugar donde se afirm� acaecieron los acontecimientos. Sobre el particular, debe desestimarse, desde este momento, la testimonial de preexistencia indicada, habida cuenta de que s�lo podr�a servir de base si la regla empleada para tener por acreditado el supuesto de que se viene hablando, hubiera sido la que prev� el art�culo 102, fracci�n I, del ordenamiento en cita, que dice: 'Siempre que no fuere posible comprobar el cuerpo del delito de robo en alguna de las formas determinadas en el art�culo anterior, se investigar�: I. La preexistencia, propiedad y falta posterior de la cosa robada.'. Respecto al testimonio ministerial rendido por F.S.�s Galicia, L. y O.H.S.�s, debe decirse lo siguiente: Durante el periodo de instrucci�n, los procesados, a fin de justificar los hechos que precisaron en sus declaraciones preparatorias, ofrecieron como prueba de su parte, la testimonial a cargo de Sof�a C.C., M.�a L.V.M., M.R.�guez G.�n, P.C.R.�guez, M.�a L.C.V., M.M.H.�ndez y E.V.C..- En la sentencia de segundo grado, la Sala desestim� esta probanza, por los siguientes motivos: a) Porque se hab�an presentado a declarar mucho tiempo despu�s de ocurridos los hechos; b) Por la imprecisi�n y contradicciones en que hab�an incurrido los informantes. Procede abordar el estudio de ambas cuestiones. Por lo que se refiere a la primera, debe precisarse que la denuncia se present� el d�a primero de febrero de mil novecientos ochenta y nueve (foja 7 frente y vuelta); el auto de formal prisi�n se dict� el primero de julio del mismo a�o (fojas 30 frente a 32 vuelta); el ofrecimiento de la prueba en comento se realiz� el seis de septiembre (foja 42), desahog�ndose el d�a trece de noviembre del citado a�o (fojas 45 a 50).- Luego, es evidente que desde la fecha en que se dict� el auto determinativo, al momento en que ocurri� el ofrecimiento de la prueba, s�lo transcurrieron un poco m�s de dos meses, lapso que desde luego no puede considerarse como excesivo si se tiene presente que el proceso pod�a durar cuatro meses, como dispone el art�culo 221 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social y, por ende, fue incorrecto que se hubiera desestimado por este motivo. No pasa inadvertida a este tribunal, la circunstancia de que efectivamente transcurrieron m�s de nueve meses entre la fecha en que se present� la denuncia y el desahogo de la prueba; empero, como no es imputable a los ahora quejosos que hayan transcurrido cerca de cinco meses para que se lograra su aprehensi�n y poco m�s de dos meses para que se desahogara la prueba, no puede revertirse a ellos el perjuicio que resulta por este retraso, tanto m�s que este �ltimo t�rmino es imputable al propio �rgano juzgador. Tocante a la segunda cuesti�n, se observa que el tribunal de apelaci�n, a su vez, desestim� la testimonial de descargo por dos razones: 1. Porque en relaci�n al d�a veintid�s de enero de mil novecientos ochenta y nueve, todos los informantes estuvieron de acuerdo en que los ahora quejosos hab�an estado presentes en una fiesta que se desarroll� de las dos de la tarde a las diez de la noche, motivo por el cual no los relevaba de responsabilidad, en virtud de que los testigos de cargo hab�an precisado que parte de los hechos acaecieron precisamente a las diez de la noche de ese mismo d�a; 2. Porque en relaci�n al d�a treinta de enero del mismo a�o, los testigos mencionados (con excepci�n de uno), coincidieron en se�alar que hab�an visto a los inculpados salir del pueblo de su vecindad, aproximadamente a las doce del d�a rumbo a Puerto del Aire, Orizaba, Veracruz, y regresar hasta el d�a siguiente, mientras que M.�a L.V.M. refiri� que se hab�a celebrado una fiesta en su casa el d�a treinta de enero de mil novecientos ochenta y nueve, e invit� a diversas personas, entre ellos a los ahora quejosos, quienes llegaron aproximadamente a las dos de la tarde, y que como ingirieron bebidas embriagantes durante la misma, tuvieron que quedarse en su casa hasta el d�a siguiente, habiendo salido como a las once de la ma�ana. Respecto a la segunda de esas consideraciones, se observa que la Sala responsable perdi� de vista que al proporcionar sus datos generales, M.�a L.V.M. mencion� entre otras cosas, que es vecina del lugar denominado Puerto del Aire, Veracruz, y que de acuerdo con su testimonio, fue la organizadora de la fiesta realizada el d�a treinta de enero de mil novecientos ochenta y nueve, lo que se corrobora con el dicho de P.C.R.�guez (foja 48 frente), y M.�a L.C.V. (foja 48 vuelta), quienes se produjeron en ese mismo sentido. Luego, al haber desaparecido la causa de ineficacia que estableci� la Sala responsable, en relaci�n con lo sucedido el d�a treinta de enero de mil novecientos ochenta y nueve, la prueba en comento debe tener pleno valor probatorio, pues quedaron totalmente satisfechos los requisitos exigidos por el art�culo 201 del C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, que dice: 'La valorizaci�n de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del J. o tribunal, los que no pueden con la sola prueba testimonial, considerar probados los hechos cuando no haya por lo menos dos testigos que re�nan las condiciones siguientes: I. Que por su edad, capacidad e instrucci�n, tengan el criterio necesario para juzgar del acto; II. Que por su probidad, la independencia de su posici�n y antecedentes personales, tengan completa imparcialidad; III. Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos y que el testigo lo conozca por s� mismo y no por inducciones o referencias de otra persona; IV. Que la declaraci�n sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; V. Que el testigo no haya sido obligado a declarar por fuerza o miedo, ni impulsado por enga�o, error o soborno. El apremio judicial, no se reputar� fuerza; VI. Que los testigos sean uniformes, esto es, que convengan no s�lo en la sustancia, sino en los accidentes del hecho que refieran; o que, aun cuando no convengan en �stos, la discrepancia no modifique la esencia del hecho, a juicio del J. o de la Sala; y VII. Que los testigos hayan o�do pronunciar las palabras o visto el hecho sobre que deponen.'. As�, es evidente que el relato proporcionado por los testigos de cargo, de que vieron a los ahora quejosos, como a las diez de la noche del d�a treinta de enero de mil novecientos ochenta y nueve, robar diversos objetos de la casa del ofendido, resulta falso, pues los inculpados estaban en una fiesta que se desarrollaba en Puerto del Aire, Veracruz; como consecuencia, debe sospecharse tambi�n de la veracidad de sus afirmaciones de que tambi�n vieron robar a los amparistas en la casa del propio ofendido, durante la noche del d�a veintid�s de enero del mismo a�o.- Adem�s, examinando las declaraciones de los testigos de cargo F.S.�s Galicia, L. y O.H.S.�s, llevan a considerar que usaron los mismos t�rminos en sus declaraciones, las que por otra parte resultan imprecisas, porque el primero de ellos menciona que los acusados rompieron el candado de la casa de su hermano, siendo que �ste no se�al� en qu� forma dej� asegurado su domicilio; y el testigo tampoco indica cu�l fue el motivo por el cual los d�as en que dijo se cometi� el robo pudo observarlo, esto es, no indica si pasaba por ese lugar, a d�nde se dirig�a, con qui�n iba acompa�ado, si vio alguna persona en el lugar de los hechos, tambi�n como testigo, ni alguna otra explicaci�n que justificara el porqu� del conocimiento de lo declarado; y en cuanto a los dos testigos restantes, si bien mencionaron que iban pasando por el lugar de los hechos, ninguno de ellos refiere al otro, esto es, para dar a conocer si pasaban juntos por el mismo lugar, o bien, si en ese lugar coincidieron, tampoco se mencionan mutuamente, ni menos hacen referencia de la presencia de F.S.�s, a pesar de que aqu�llos son hermanos y �ste su t�o, por lo que, desde luego, es incuestionable que se conoc�an. Por �ltimo, tambi�n resultan sospechosas las declaraciones de los citados testigos de cargo, porque sabedores de que el lugar donde se comet�a el supuesto robo era propiedad de su hermano y de su t�o, respectivamente, y no obstante que mencionan haber coincidido los tres para observar su realizaci�n, es de llamar la atenci�n que ni individualmente ni los tres juntos hayan ocurrido para preguntar a los sujetos activos cu�l era la raz�n o el motivo por el que se estaban sacando los diversos muebles que refieren, del domicilio citado.- En consecuencia, si bien en materia penal no existen tachas por raz�n de familiaridades o parentesco, tambi�n es verdad que la versi�n que proporcionan los testigos de cargo, siendo parientes del ofendido, no deben estar viciadas en ning�n aspecto y si, como acontece en la especie, esos testigos de cargo refieren los acontecimientos casi en la misma forma, en t�rminos semejantes, su dicho engendra sospecha de aleccionamiento y crea duda en cuanto a su veracidad, tanto m�s que parte de lo que declararon qued� desvirtuado por las pruebas ofrecidas por los amparistas, motivo por el que a esos testigos de cargo debe neg�rseles valor probatorio. Es de citarse al efecto la jurisprudencia sustentada por este tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, n�mero 22 a 24, correspondiente al mes de marzo (sic) de mil novecientos ochenta y nueve, p�ginas 254 y 255, que dice: 'TESTIGOS SOSPECHOSOS. LO SON CUANDO EMPLEAN ID�NTICOS T�RMINOS.- Si en sus declaraciones los testigos usan casi los mismos t�rminos, engendran sospecha fundada de que han sido testigos preparados; y si bien es verdad que los testimonios deben ser uniformes, esto se refiere a la sustancia y a los accidentes de los hechos sobre que declaran, mas no a los t�rminos empleados en las declaraciones.'. Por lo que se refiere a las dos restantes pruebas, consistentes en la inspecci�n ocular practicada por el Ministerio P�blico y las seis fotograf�as, debe se�alarse que tampoco pueden ser suficientes para tener por comprobado el cuerpo del delito, toda vez que por la naturaleza del il�cito, requieren estar adminiculadas con alg�n otro elemento de convicci�n para adquirir plena eficacia probatoria.- Los anteriores razonamientos permiten respaldar el aserto inicial de que en la especie no qued� debidamente comprobado el cuerpo del delito, por lo que sin necesidad de entrar al estudio de la responsabilidad penal de los sentenciados y de la pena que se les impuso, procede conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que solicitan. Por consiguiente, resulta innecesario abordar el estudio de los restantes conceptos de violaci�n que se proponen, al haber quedado nulificado el acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia n�mero 106, consultable en la Octava Parte, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, correspondiente a los a�os 1917-1985, que dice: 'CONCEPTOS DE VIOLACI�N. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.- Si el amparo que se concede por uno de los cap�tulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es in�til decidir sobre �stos.'."

A.D. 427/92.- "SEXTO.- Son infundados los conceptos de violaci�n planteados. En efecto, contrariamente a lo aducido por el peticionario de garant�as, no es ilegal que la Sala del conocimiento determinara que no hab�a queja deficiente que suplir y se remitiera a las consideraciones contenidas en la sentencia de primer grado, tocante al cuerpo de los delitos de abuso de autoridad y lesiones, il�citos previstos y sancionados por los art�culos 419, fracciones II y IV y 420 por lo que hace al primero y 305 por cuanto al segundo, cometidos en agravio de J.C.R. y R.L.C., respectivamente, as� como la plena responsabilidad de A.N.E. en dichosil�citos y respecto de �lvaro G.�a y C.O.G.�lez por el primer delito, porque cuando no existenagravios planteados en la apelaci�n, como sucedi� en la especie, el tribunal de alzada puede remitirse expresamente a lo estimado por el J., por ser precisamente esa sentencia la materia del recurso de apelaci�n, esto, cuando no se advierta motivo para suplir esa falta de agravios, como se determin� espec�ficamente en el acto reclamado. Tiene aplicaci�n la tesis de este tribunal aprobada en sesi�n de veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y uno, sustentada al resolver el amparo directo n�mero 464/91, promovido por A.C.R.�guez y otros, que dice: 'CUERPO DEL DELITO, RESPONSABILIDAD, O INDIVIDUALIZACI�N DE LA SANCI�N, SI EL TRIBUNAL DE ALZADA HACE SUYAS LAS CONSIDERACIONES DEL JUEZ, NO INCURRE EN VIOLACI�N DE GARANT�AS.- Cuando no hay expresi�n de agravios y el tribunal de segundo grado no advierte alguno que suplir y se remite a los razonamientos del inferior, o recoge propiamente las consideraciones expuestas por el J. de primera instancia, al tener por comprobado el cuerpo del delito, la responsabilidad penal del acusado en su comisi�n, o bien lo relativo a la individualizaci�n de la pena, no incurre en violaci�n de garant�as si tales consideraciones se encuentran fundadas y motivadas, y correctamente razonado el arbitrio judicial en la imposici�n de la sanci�n.'. Asimismo, es infundada la afirmaci�n del defensor de los quejosos en el sentido de que el Ministerio P�blico no aport� los elementos de prueba suficientes para que se integraran los delitos materia del proceso, pues por lo que toca al de lesiones, �ste se tipific� con la fe ministerial que se practic� al ofendido R.L.C., con el dictamen de la m�dico legista adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado, E.F.O. y con la clasificaci�n de lesiones en definitiva que emitieron los m�dicos legistas C.L.H.�ndez y Jes�s J.G.�mez, con lo cual se dio satisfacci�n a lo ordenado por el art�culo 85 del c�digo procesal aplicable, que dice: 'Trat�ndose de lesiones externas, el cuerpo del delito se comprobar�, con la inspecci�n de las lesiones por el funcionario que practique las diligencias de averiguaci�n previa o por el J. que conozca de la causa, y con la descripci�n y clasificaci�n que de las mismas hagan los peritos m�dicos.'. Respecto del delito de abuso de autoridad, �ste se prob� con las denuncias de R.L.C. y J.C.R., mismas que se corroboraron con los testimonios de Concepci�n L�pez Cid, F.S.T., y con el oficio n�mero 9612/-5912/89 del licenciado Rub�n T.F., s�ndico municipal de esta ciudad, pues de estas pruebas se justifica que los inculpados, el d�a de los hechos, integraban la unidad 06 del Departamento de Inspecci�n y Vigilancia de ese Ayuntamiento y en ejercicio de sus funciones, hicieron violencia en contra de dos personas ya que sin causa legal los golpearon e insultaron ejecutando actos arbitrarios y atentatorios a los derechos garantizados en el art�culo 16 constitucional. Por otra parte, se alega que la sentencia recurrida se refiere en forma irrelevante y superflua a la debida individualizaci�n de la sentencia, diciendo que por tratarse de penas m�nimas es correcta su aplicaci�n, siendo sustancialmente importantes las caracter�sticas individuales de los infractores para poder determinar fehacientemente el grado de peligrosidad que representan para la sociedad y as� poder reflexionar que son delincuentes primarios, lo que se constata con las fichas signal�ticas; que no se desprenden agravantes en cuanto a su conducta, y que por ello la sanci�n impuesta por el juzgador de origen puede variar si se observan tales condiciones, pero como no se hizo as� se violan las leyes del procedimiento y los art�culos 14 y 16 constitucionales. Lo anterior resulta infundado, en virtud de que como lo sostiene la Sala responsable, si bien el J. de primera instancia omiti� determinar el grado de peligrosidad que apreciaba en los acusados, lo cual es un error t�cnico, esto no les depar� perjuicio, si se toma en cuenta que la pena que les fue impuesta es acorde al hecho y a las caracter�sticas de los infractores, pues su temibilidad se ubica entre la m�nima y la media, m�s pr�xima a la primera; de ah� que si por el delito de abuso de autoridad se previene una pena de prisi�n de seis meses a seis a�os y multa de veinte a doscientos d�as de salario, al sancionarse a C.O.G.�lez y �lvaro G.�a a ocho meses de prisi�n y multa de treinta d�as de salario m�nimo, tales penas guardan proporci�n anal�tica con su grado de peligrosidad. Las consideraciones precedentes, de las que ha quedado de manifiesto la ineficacia de los conceptos de violaci�n, aunado a que no hay queja deficiente que suplir en este juicio de garant�as, respecto de los quejosos C.O.G.�lez y �lvaro G.�a, vuelve procedente negar el amparo y protecci�n solicitados por conducto de su defensor respecto de los actos reclamados a la ordenadora, as� como los de ejecuci�n atribuidos al J. Segundo de lo Penal en acatamiento al criterio jurisprudencial que aparece publicado con el n�mero 298, a foja 518, Segunda Parte, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, que dice: 'AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACI�N DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.- Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecuci�n del acto que se estima violatorio de garant�as, debe tambi�n negarse respecto de las autoridades que s�lo ejecutaron tal acto por raz�n de su jerarqu�a.'.- S�PTIMO.- Este tribunal en uso de la facultad que le concede el art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., procede a suplir la deficiencia de la queja en favor de A.N.E., en los siguientes t�rminos. De la sentencia de primera instancia se desprende que el juzgador no tom� en cuenta para la comprobaci�n del cuerpo del delito de lesiones ni al imponer la pena, la certificaci�n que dio el personal del juzgado en los t�rminos siguientes: 'Certificaci�n: El suscrito licenciado R.G.�a B., secretario del Juzgado Segundo de Defensa Social de los de esta capital, certifica: Que teniendo a la vista al agraviado R.L.C. se da fe que presenta una herida totalmente sana y la cual dej� una cicatriz notable y perpetua en la ceja derecha y que se observa a 3 (tres) metros de distancia, la cual tiene una longitud de 3 tres cent�metros de largo por un cent�metro de ancho. Conste.- H.P. de Z., a 13 de junio de l991.- El secretario lic. R.G.�a B..'. La jurisprudencia n�mero 354, visible a p�gina 598, Segunda Parte, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, dispone: 'CICATRICES NOTABLES, PRUEBA DE LAS.- Para determinar la visibilidad o notabilidad de una cicatriz en la cara, es el juzgador el que debe expresar esa circunstancia, mediante la fe judicial.'.- Luego entonces al imponerse la pena correspondiente al delito de lesiones al quejoso A.N.E., cometido en agravio de R.L.C., se aplic� incorrectamente la agravante comprendida en la fracci�n I del art�culo 308 del C�digo Penal del Estado, porque para ello es necesario tomar en cuenta la prueba consistente en la fe judicial de la visibilidad de la cicatriz, como lo dispone la jurisprudencia citada, y si no se hizo as�, la condena se sustent� defectuosamente, dado que no hay correspondencia entre la prueba del hecho relativo y la sanci�n impuesta. Por ello, aun cuando exista en autos esa fe judicial, ni el tribunal de apelaci�n ni el de amparo podr�an tomarla en cuenta, porque ello implicar�a mejorar una sentencia en perjuicio del quejoso sin base legal alguna. Consecuentemente, al no advertir tal irregularidad, la Sala responsable infringi� en agravio del apelante, ahora quejoso, lo dispuesto por el art�culo 300 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado, que la obliga a suplir la queja deficiente en su favor, raz�n por la cual lo que procede es concederle el amparo para que dicha autoridad deje insubsistente su resoluci�n s�lo por cuanto hace a A.N.E. y dicte otra en la que, para imponer la penalidad que le corresponda, tomando en cuenta la establecida para el delito que merezca mayor sanci�n, como se dijo en la sentencia de primer grado, determine que por lo que ve al delito de lesiones debe cobrar aplicaci�n lo dispuesto por el art�culo 306, fracci�n I, del C�digo Penal del Estado, sin tomar en cuenta la pena prevista en el diverso art�culo 308, fracci�n I, de ese ordenamiento, en la inteligencia de que deber� ser conforme con la peligrosidad estimada, debiendo reiterar todos y cada uno de los dem�s aspectos de su sentencia. Concesi�n que se hace extensiva a los actos de ejecuci�n atribuidos al J. Segundo de lo Penal en acatamiento al criterio jurisprudencial que aparece publicado con el n�mero 295 a foja 516, Segunda Parte, del Ap�ndice en consulta que dice: 'AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.- Si la sentencia de amparo considera violatoria de garant�as la resoluci�n que ejecutan, igual declaraci�n debe hacerse respecto de los actos de ejecuci�n, si no se reclaman, especialmente, vicios de �sta.'."

Las anteriores ejecutorias motivaron la tesis jurisprudencial n�mero 503, publicada en las p�ginas 301 y 302 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, Tomo II, Materia Penal que dice:

CUERPO DEL DELITO, RESPONSABILIDAD, O INDIVIDUALIZACI�N DE LA SANCI�N, SI EL TRIBUNAL DE ALZADA HACE SUYAS LAS CONSIDERACIONES DEL JUEZ, NO INCURRE EN VIOLACI�N DE GARANT�AS.- Cuando no hay expresi�n de agravios y el tribunal de segundo grado no advierte alguno que suplir y se remite a los razonamientos del inferior, o recoge propiamente las consideraciones expuestas por el J. de primera instancia, al tener por comprobado el cuerpo del delito, la responsabilidad penal del acusado en su comisi�n, o bien lo relativo a la individualizaci�n de la pena, no incurre en violaci�n de garant�as si tales consideraciones se encuentran fundadas y motivadas, y correctamente razonado el arbitrio judicial en la imposici�n de la sanci�n.

QUINTO

A fin de establecer la existencia de la contradicci�n de tesis denunciada, se hace necesario referirse a las consideraciones vertidas en las resoluciones antes se�aladas, atento el criterio sustentado por la anterior Cuarta Sala de este alto tribunal en la tesis jurisprudencial que se transcribe, la cual hace suya este �rgano colegiado:

"178.- CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.- De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Visible en la p�gina 120 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V., Materia Com�n).

En este orden de ideas, es de decirse que s� existe contradicci�n de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, el ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver, respectivamente, los juicios de amparo directo que se dejaron transcritos con anterioridad, en cuanto los dos primeros sostienen, el �ltimo excepto en el amparo directo 740/72, que el tribunal de alzada en los recursos de apelaci�n interpuestos en contra de la sentencia de primer grado por el reo o su defensor, ante la ausencia total o parcial de agravios, est� en obligaci�n, en suplencia de la queja deficiente, no s�lo de analizar en forma exhaustiva y minuciosa, de manera preferente, si en relaci�n con la comprobaci�n del cuerpo del delito y la plena responsabilidad del inculpado se aplic� inexactamente la ley, se violaron los preceptos rectores de la valoraci�n de las pruebas o se alteraron los hechos, sino a plasmar en forma objetiva en la sentencia correspondiente ese an�lisis pormenorizado y debidamente fundado, resultando as� insuficiente, agrega el primero de los �rganos colegiados citados, el que para cumplir con esa obligaci�n, el tribunal de apelaci�n haga suyas las consideraciones del resolutor primario al no advertir deficiencia que suplir o por el contrario, en la hip�tesis de que se trata, o sea, ante la ausencia o deficiencia de agravios en los recursos interpuestos en los casos y consideraciones antes indicadas, como lo afirma el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuando el tribunal de segundo grado no advierte deficiencia que suplir y remite a los razonamientos del inferior, recogiendo as� las consideraciones expuestas por el J. de primera instancia que lo llevaron a tener por comprobado el cuerpo del delito y la plena responsabilidad del inculpado en su comisi�n, su proceder no es violatorio de garant�as en cuanto cumple con la obligaci�n de suplir la queja deficiente, �nicamente cuando advierte esta �ltima.

Como se ve, la materia de la contradicci�n no se da en relaci�n con la obligaci�n del tribunal revisor de suplir la queja deficiente, cuando el apelante sea el reo o su defensor, suplencia que necesariamente supone la realizaci�n de un examen minucioso y pormenorizado de la sentencia de primer grado, sino en la conclusi�n distinta a que llegan los Tribunales Colegiados de referencia al no advertir irregularidad o deficiencia que suplir, pues en tanto los dos primeros sostienen que ese examen, referido preferentemente a la comprobaci�n del cuerpo del delito y la plena responsabilidad del inculpado, debe plasmarse objetivamente en la sentencia de segundo grado, debidamente fundada y motivada, para poner de manifiesto que no existi� irregularidad alguna, el �ltimo, por el contrario, estima que es innecesario, bastando el que haga suyas las consideraciones y fundamentos que llevaron al juzgador primario a resolver como lo hizo en relaci�n con la comprobaci�n del cuerpo del delito y la plena responsabilidad del procesado, a las que remite, para que se tenga por cumplida esa obligaci�n.

Lo anterior encuentra apoyo en lo sustentado por este alto tribunal en la tesis jurisprudencial n�mero 186 publicada en la p�gina 127 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V., Materia Com�n, que dice:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA.- La existencia de una contradicci�n de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto com�n respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposici�n que se requiere conforme a las reglas de la l�gica para que se genere la referida contradicci�n."

SEXTO

Expuesto lo anterior, esta Primera Sala estima que debe prevalecer el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, atento las siguientes consideraciones:

Los C�digos de Procedimientos Penales de las entidades federativas cuya jurisdicci�n territorial corresponde a los Tribunales Colegiados referidos, en relaci�n con el tema de esta contradicci�n, establecen:

C�digo de Procedimientos Penales del Estado de Sonora.- "Art�culo 309. La segunda instancia se abrir� a petici�n de parte leg�tima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resoluci�n recurrida. Los agravios deber�n expresarse al interponerse el recurso o en la 'vista' del asunto, sin perjuicio de que el tribunal de apelaci�n supla la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el procesado, o si�ndolo el defensor, se advierta que por torpeza no los hizo valer debidamente.".

C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz.- "Art�culo 300. La segunda instancia se abrir� a petici�n de parte leg�tima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resoluci�n recurrida, sin perjuicio de que el tribunal de apelaci�n supla la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el acusado, o si�ndolo su defensor, se advierte que por torpeza no los hizo valer debidamente. En este �ltimo caso, el tribunal de alzada lo comunicar� al procurador general de Justicia del Estado a los efectos de su representaci�n.".

C�digo de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla.- "Art�culo 300. La Sala suplir� la deficiencia o falta de los agravios del acusado o del defensor cuando �stos sean los apelantes.".

En primer t�rmino, debe destacarse que no existe en los C�digos de Procedimientos Penales aplicables en la jurisdicci�n territorial de los Tribunales Colegiados de m�rito, ni en los de las distintas entidades federativas de la Rep�blica que contienen la misma disposici�n en relaci�n con la suplencia de la queja deficiente, precepto alguno que obligue al tribunal revisor a proceder de alguna de las formas a que se ha hecho referencia con anterioridad, de modo tal que para dilucidar la contradicci�n planteada, debe ocurrirse a su interpretaci�n.

Conviene recordar al efecto, que la petici�n de parte para que se inicie la segunda instancia, as� como la suplencia de la queja deficiente cuando el apelante sea el reo o su defensor, surgi� como una medida necesaria tendiente a proteger al inculpado de una sentencia ilegal y, por ende, injusta, tomando en cuenta la evidente desigualdad en que se encuentra aqu�l frente al representante social, lo que, en principio, pretendi� lograrse mediante la revisi�n oficiosa, conforme a la cual, sin instancia de parte, obligaba a la autoridad revisora a efectuar un examen exhaustivo y pormenorizado de toda la sentencia de primer grado, examen que necesariamente debi� plasmarse objetivamente en la resoluci�n reca�da a ese an�lisis, revisi�n oficiosa declarada inconstitucional por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis jurisprudencial publicada en la p�gina 164 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, Tomo II, Primera Sala, que dice:

REVISI�N DE OFICIO EN MATERIA PENAL.- La revisi�n de oficio en materia penal, est� en pugna con lo mandado por el art�culo 21 de la Constituci�n, puesto que, para proseguir un proceso, son indispensables las gestiones del Ministerio P�blico.

Por otra parte, no puede perderse de vista que la revisi�n oficiosa, al ser procedente sin instancia de parte y obligar al tribunal de alzada a efectuar un an�lisis pormenorizado de la sentencia del inferior, de encontrar dicho tribunal alguna irregularidad, ten�a que subsanar �sta, aun cuando al hacerlo, en la resoluci�n correspondiente agravara la situaci�n del inculpado, pese a la conformidad t�cita de las partes con la de primer grado, derivada de su no intervenci�n, en especial del Ministerio P�blico, �nico a quien compete la persecuci�n de los delitos.

Es as� como, pretendiendo corregir esa injusticia, el art�culo 365 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, ya derogado, defectuosamente dispon�a que: 'Se revisar�n de oficio lassentencias que impongan pena mayor de veinte a�os de prisi�n, tramit�ndose el recurso en la misma forma que el de apelaci�n, pero debiendo el tribunal corregir las ilegalidades que encuentre y que perjudiquen al reo aun cuando ning�n agravio se exprese.', precepto cuyo alcance fue esclarecido por la anterior Primera Sala de este alto tribunal al resolver, por unanimidad de cuatro votos, el amparo directo n�mero 538/74 promovido por M.M.S., y que dio origen a la tesis que, sin integrar jurisprudencia, se encuentra publicada en las p�ginas 601 y 602 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1975, Segunda Parte, que dice:

"REVISI�N DE OFICIO DE LA SENTENCIA EN MATERIA PENAL (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE JALISCO).? El art�culo 365 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco dispone: 'Se revisar�n de oficio las sentencias que impongan pena mayor de veinte a�os de prisi�n, tramit�ndose el recurso en la misma forma que el de apelaci�n, pero debiendo el tribunal corregir las ilegalidades que encuentre y que perjudiquen al reo aun cuando ning�n agravio se exprese.'; de conformidad con el texto de dicho precepto, el tribunal de alzada act�a dentro de sus facultades cuando elimina las calificativas de homicidio que a su juicio y por razones t�cnicas, perjudican al acusado, por no haber sido planteadas legalmente; pero cuando el propio tribunal realiza un nuevo estudio acerca de la personalidad del inculpado y alude a circunstancias omitidas por el juzgador de primera instancia, sin la apelaci�n del Ministerio P�blico y obviamente sin agravio de esta instituci�n, refiri�ndose en su fallo a los antecedentes confesados por el acusado acerca de otras actividades delictuosas y de su m�xima peligrosidad, imponiendo la pena m�xima tan s�lo por el homicidio, est� rebasando la facultad que le otorga el art�culo 365 ya transcrito, porque tal dispositivo s�lo lo faculta para corregir las irregularidades que encuentre y que perjudiquen al reo, mas no para agravar su situaci�n, as� fuere s�lo por lo que hace a su 'peligrosidad social', para imponer el m�ximo de la pena, si en primera instancia, por los mismos delitos y con la circunstancia de que el homicidio se haya considerado como calificado, se haya impuesto al acusado una pena que no es la m�xima.". S�ptima �poca, Segunda Parte: Vol. 70, p�g. 29. A.D. 538/74. M.M.S.. Unanimidad de 4 votos.

En la actualidad, en las legislaciones de los Estados de Sonora, Veracruz y Puebla, relativas a los Circuitos Quinto, S�ptimo y Sexto, respectivamente, a que pertenecen los Tribunales Colegiados involucrados en la presente contradicci�n de tesis, el recurso de apelaci�n s�lo es procedente a instancia de parte, obliga al tribunal revisor, por regla general, a examinar �nicamente los agravios aducidos y, s�lo como excepci�n, a suplir su deficiencia total o parcial, cuando el recurrente sea el reo o su defensor, limitando su intervenci�n a constatar si en el caso sometido a su consideraci�n se aplic� inexactamente la ley, se violaron los principios reguladores de la valoraci�n de las pruebas o se alteraron los hechos, ello en relaci�n con la comprobaci�n del cuerpo del delito, la plena responsabilidad del inculpado y la individualizaci�n de la pena.

Ahora bien, la suplencia de la queja deficiente, atento las consideraciones anteriores, no se da por la ausencia total o parcial de agravios enderezados en contra de la sentencia recurrida, toda vez que la misma supone, necesariamente, la existencia de alguna irregularidad en aqu�lla, que, adem�s, no agrave la situaci�n del inculpado variando la litis sin la intervenci�n del representante social, pues de no ser as�, es decir, de encontrar el tribunal de alzada que la sentencia del resolutor primario se encuentra ajustada a derecho, de donde se concluye que no existe irregularidad que amerite ser suplida, aqu�lla debe confirmarse por sus propios y legales fundamentos, al no estarse en el supuesto de la revisi�n oficiosa.

Similar criterio es sustentado por la anterior Primera Sala de este alto tribunal en las tesis que, sin integrar jurisprudencia, a continuaci�n se transcriben:

"AGRAVIOS, SUPLENCIA DE LOS. IMPROCEDENCIA.? Si bien es cierto que el art�culo 364 del C�digo Federal de Procedimientos Penales faculta al tribunal de apelaci�n para suplir la deficiencia en la expresi�n de los agravios, cuando el recurrente es el procesado o su defensor, sin embargo tal facultad s�lo puede ser ejercitada cuando se advierte la deficiencia de que adolece dicha expresi�n de agravios; pero si la responsable en la resoluci�n impugnada manifiesta que no hab�a deficiencia que suplir, es incuestionable que no advirti� alguna, por lo que no puede reproch�rsele el hecho de no haberla suplido; m�xime si adem�s no se trata de deficiencia absoluta, al haber expresado el defensor de oficio los agravios que consider� causaba a su defenso la sentencia apelada." (Visible en la p�gina 13 del Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Volumen 82, Segunda Parte).

"SUPLENCIA DE AGRAVIO. IMPROCEDENCIA.? Es de explorado derecho quede acuerdo con la teor�a general del proceso, el recurso de apelaci�n, como medio impugnativo del fallo pronunciado por el inferior, si se hace valer por cualquiera de los sujetos procesales, esto es, por el acusado y su defensor, por una parte, y por la otra, por el Ministerio P�blico, calificado de legal da posibilidad al tribunal de segundo grado para proceder al estudio de los agravios propuestos por uno y otro de los recurrentes, hasta el punto de que si por ignorancia del acusado o por torpeza del defensor, no se hubieren hecho valer los agravios pertinentes que causara al agraviado dicho fallo, puede hacer suplencia de agravios, pero no cuando el fallo combatido est� arreglado a derecho." (Publicada en las p�ginas 49 y 50 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1975, Segunda Parte, Primera Sala).

"SUPLENCIA DE LOS AGRAVIOS EN APELACI�N.? Aun cuando el defensor del quejoso no haya expuesto los agravios que a su representaci�n causa la sentencia de primer grado, la m�xima suplencia de ellos se desprende de la lectura y de la prudente interpretaci�n del art�culo 364 del C�digo Federal de Procedimientos Penales. El esp�ritu de dicha disposici�n legal, fue evitar que un acusado quede desamparado por no haberse alegado debidamente las violaciones que origin� la sentencia reclamada. Proscrita en nuestras leyes procesales la 'reformatio in peius', no se pretende que el tribunal de segunda instancia vuelva al sistema de la revisi�n de oficio que establec�an ordenamientos procesales ya abrogados, sino que act�e en armon�a con el criterio liberal que estatuye la Carta Fundamental de la Rep�blica, de que todo acusado disfrute de la m�s amplia libertad para su defensa a fin de evitar que sea condenado injustamente." (Visible en las p�ginas 45 y 46 del tomo antes indicado).

En este orden de ideas, establecido que la suplencia de la deficiencia de la queja en materia penal, s�lo opera cuando el recurrente sea el reo o su defensor y se advierta alguna irregularidad en la sentencia de origen, es de decirse que si bien es cierto que debe existir el examen previo de la sentencia apelada, necesario, como ya se dijo, para que aquel tribunal concluya que no advirti� irregularidad alguna que lo obligue a suplir la queja deficiente, lo que significa que la sentencia revisada se encuentra apegada a derecho y conduce a su confirmaci�n (de no haber apelado el Ministerio P�blico o por resultar infundados los agravios por �ste formulados) no lo es menos que, contrariamente a como lo sostienen los Tribunales Colegiados Primero del Quinto Circuito y Segundo en Materia Penal del S�ptimo Circuito, resulta innecesario plasmar objetivamente en la sentencia correspondiente ese an�lisis pormenorizado que llev� al tribunal de apelaci�n a confirmar la sentencia recurrida por sus propios fundamentos, invariablemente reiterativo de estos �ltimos, al no poder variarlos aun para llegar a la misma conclusi�n pues, de hacerlo, en alguna forma agravar�a la situaci�n del inculpado, alterando la litis y contrariando la finalidad perseguida por la queja deficiente, lo cual resulta ocioso, bastando para cumplir con esa obligaci�n, como se dej� apuntado, que al no advertir irregularidad alguna que suplir, remita y haga suyos los razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado que consider� ajustada a derecho, siendo inexacto por otra parte, que esa reiteraci�n, como lo sostiene el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, tenga como consecuencia que en el amparo promovido en contra de la sentencia as� reiterada, haga que se tenga como reclamada la de primera instancia.

Es decir, no es a trav�s de la suplencia de la deficiencia de los agravios, a que se refiere el Tribunal Colegiado denunciante, como se debe cuestionar el actuar del tribunal de alzada al resolver la apelaci�n de la sentencia si en ella no encontr� irregularidades, pues tal figura jur�dica s�lo se entiende referida al caso de que s� existan; lo cual no implica, evidentemente, que se le exima de la obligaci�n de fundar y motivar sus resoluciones, en virtud de que tal obligaci�n ya la exige el art�culo 16 constitucional.

Similar proceder se sigue en el juicio constitucional, en relaci�n con las causas de improcedencia previstas en el art�culo 73 de la Ley de A., apreciadas de oficio, pues al respecto el juzgador obviamente deber� hacer un examen pormenorizado de la demanda para constatar si se actualiza alguna de ellas, pero lo anterior no significa que tenga la obligaci�n de plasmar objetivamente en su sentencia ese examen pormenorizado, siendo suficiente el que ponga de manifiesto que no encontr� alguna, o en su defecto, hacerse cargo �nicamente de la o las que advirti�, como se desprende del criterio sustentado del anterior Pleno de este alto tribunal, en la tesis jurisprudencial n�mero 285, publicada en las p�ginas 191 y 192 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V., Materia Com�n, que dice:

IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO EST� OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ART�CULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.? Si el J. de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no est� obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el art�culo 73 de la Ley de A., ya que el �ltimo p�rrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales espec�ficamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento.

Por consiguiente, se estima, como ya se dijo, que debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia obligatoria, en t�rminos del �ltimo p�rrafo del art�culo 192 de la Ley de A., el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver los amparos directos n�meros 542/90, 196/91, 418/91, 464/91 y 427/92, de acuerdo con la tesis jurisprudencial que, adicionada por esta Primera Sala, a continuaci�n se formula:

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACI�N EN MATERIA PENAL.? De conformidad con lo dispuesto en los C�digos de Procedimientos Penales de las diversas entidades federativas que contengan similar disposici�n, ante la falta total o parcial de agravios en la apelaci�n, cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o si�ndolo tambi�n en ese supuesto el Ministerio P�blico, hubieren resultado infundados los agravios alegados por este �ltimo, el tribunal revisor cumple con la obligaci�n de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en su resoluci�n el an�lisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la misma conclusi�n.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

? Debe prevalecer el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver los amparos directos n�meros 542/90, 196/91, 418/91, 464/91 y 427/92, concretado en la tesis contenida en la parte final del considerando quinto de esta resoluci�n.

SEGUNDO

? R.�tase el texto de la tesis jurisprudencial correspondiente al Pleno, a la otra Sala y a los Tribunales Colegiados que no intervinieron en la contradicci�n, as� como al Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, para su publicaci�n, en acatamiento a lo previsto por el art�culo 195 de la Ley de A..

N.�quese; c�mplase, rem�tase copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados de los que se deriv� la contradicci�n y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los Ministros presidente J.V.C. y C., H.R.P., Jos� de Jes�s G.�o P. (ponente), J.N.S.M. y O.S.C. de G.�a V..