Ejecutoria num. 3a./J. 31/94 de Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala

EmisorTercera Sala
Número de Resolución3a./J. 31/94
MateriaSuprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación 1 de Noviembre de 1994

CONTRADICCION DE TESIS 6/94. SUSTENTADAS POR EL QUINTO Y SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

Resulta necesario transcribir la parte relativa de las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo en donde se sostienen los criterios que se estiman contradictorios, a efecto de proceder a su análisis en la presente resolución y poder determinar sobre la posible contradicción de tesis.

TERCERO

La sentencia pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres, en el amparo en revisión número 860/93, promovido por M. de la Luz E.R. y R.J.E.R., en lo conducente dice:

"QUINTO. ... En el octavo agravio alega el recurrente que es infundado el considerando del a quo, porque no existe agravio previo del apelante para modificar el punto sexto resolutivo de la sentencia reclamada en el juicio de amparo, y que aun mediando la consideración de que se hizo para no incurrir en puntos contradictorios, debió tenerse en cuenta que las donaciones hechas en favor supuestamente de E.E.C., en forma exclusiva, la cláusula segunda del contrato de capitulaciones matrimoniales, no excluye ninguna clase de bienes ya fuera a título gratuito o bien oneroso. El anterior agravio es infundado, como bien lo consideró la J. de Distrito, independientemente de que no existiera agravio, toda vez que con base en el principio de congruencia de las sentencias, la Sala responsable debió efectuar la modificación del sexto punto resolutivo de la sentencia reclamada, a fin de que no fuera contradictoria en lo considerado con los puntos resolutivos, en lo referente a que no ingresaban al inventario y avalúo de la sucesión los bienes adquiridos por donación por el cónyuge supérstite. SEXTO. Desestimados los agravios indicados, ahora debe decirse que resultan fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida, los conceptos de agravio contenidos en los apartados primero, tercero, cuarto, quinto y sexto del escrito en el que se hace valer el medio de defensa antes apuntado. En efecto, le asiste la razón a la parte recurrente al manifestar que resultan contrarios a derecho y a las constancias que obran en autos, las consideraciones vertidas por la J. de Distrito en el considerando cuarto de la sentencia recurrida consistentes, en lo esencial, en lo siguiente: 'Es infundado lo aducido por los quejosos, a juicio de la suscrita, toda vez que la Sala sí le dio valor probatorio pleno a la documental pública consistente en el contrato de capitulaciones matrimoniales, pero llegó a la conclusión que los bienes adquiridos por donación, no forman parte de la sociedad conyugal, con base en diversas consideraciones legales que serán motivo de análisis a lo largo de este fallo. Resulta inexacta la interpretación que propone la parte peticionaria de garantías al afirmar que con base en el precitado contrato de capitulaciones matrimoniales, debe entenderse que éste comprendía también las donaciones, porque si nada se dijo al respecto, no debe aplicarse distinción, ni exclusión alguna, ya que la voluntad de los cónyuges fue la de no excluir bien alguno, y ya que ésta fue la intención evidente de las partes, así debe entenderse ....'. De las constancias de autos se 'aprecia que E.E.T., padre del cónyuge supérstite; hoy tercero perjudicado fue propietario de la Hacienda S.M. de la Corona, que tenía una superficie de 17,590- 00-00 hectáreas, con fecha diez de abril de mil novecientos cuarenta y seis, mediante escritura pública número 11650, hizo una donación condicionada, en copropiedad y proindiviso a sus hijos E., E., A., G. y L., todos de apellidos E.C., la condición de dicha donación fue que los donatarios formaran una sociedad mercantil de responsabilidad limitada denominada NEGOCIACION GANADERA HIJOS DE E.E., S. DE R.L.', la cual se registró en la sección de comercio del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, con posterioridad se llamó 'NEGOCIACION GANADERA LA COMA, SUCESORES DE E.E., S. DE R.L.' mediante voluntad expresa de los socios se procedió a su disolución y liquidación, según escritura pública de trece de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, por lo que con base en la liquidación le correspondió a E.E.C. el 31% (treinta y uno por ciento) del capital social, el cual se representó por la fracción de terreno denominado 'LA COMA', cuya inscripción se realizó ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de Tamaulipas el ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y dos. Como queda plenamente establecido, el bien controvertido fue adquirido por E.E.C., mediante una donación condicionada y al llegar a esta consideración, si se aceptara como correcta la interpretación de las capitulaciones matrimoniales que propone la parte solicitante de garantías, se estaría en presencia de un aparente conflicto de normas en cuanto a la aplicación de los preceptos que rigen el contrato de donación y las disposiciones que norman la sociedad conyugal; puesto que perderían aplicabilidad los dispositivos que regulan las donaciones entre consortes y la revocación de las mismas; por tanto para resolver esta aparente contradicción es necesario resaltar que si el artículo 192 del Código Civil indica que todo pacto que implique cesión de bienes propios de cada cónyuge será considerado como donación y quedará por tanto sujeto a la posibilidad de revocación libre y a la confirmación hasta la muerte del cónyuge y, si además el artículo 204 indica que en caso de liquidación después de haberse hecho el inventario se devolverá a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio, entonces se comprenderá que el alcance del artículo 189 en sus IX fracciones, no es otro que el de distinguir a través de los convenios elaborados por los cónyuges, diversas masas patrimoniales: la masa patrimonial de la mujer, la del marido y la de la sociedad conyugal, consecuentemente, esto lleva a concluir que si no se especificó en forma precisa que se incluirían en los bienes que integran la sociedad conyugal, aquellos productos de una herencia o de donaciones, de acuerdo a la doctrina sólo ingresarán al patrimonio común los bienes adquiridos a título oneroso, quedando siempre en el patrimonio propio de los cónyuges, los adquiridos a título gratuito, puesto que todos los bienes o derechos que no se incluyan en las capitulaciones matrimoniales, pertenecen en propiedad a cada uno de los consortes. Consecuentemente, esta juzgadora arriba a la conclusión que la correcta interpretación de la cláusula segunda de las capitulaciones matrimoniales pretranscritas, es que en el caso la sociedad conyugal quedó integrada por todos los bienes que se adquieran en forma onerosa, ya que como acertadamente lo señaló la responsable, no se hizo inclusión expresa de los adquiridos por herencia, donación o don de la fortuna, lo que lleva incuestionablemente a determinar que el bien inmueble motivo de la controversia nunca llegó a formar parte de la masa patrimonial de la sociedad.". Ciertamente, las consideraciones en que se sustenta la sentencia materia de la revisión, resultan inexactas atendiendo a los siguientes motivos o fundamentos legales: 1) De las constancias que obran en autos, se advierte que el hoy tercero perjudicado, E.E.C., contrajo matrimonio con A.R.V., bajo el régimen de sociedad conyugal, con fecha veintiséis de febrero de mil novecientos cuarenta y dos. 2) Asimismo, se observa que las capitulaciones matrimoniales se celebraron bajo las siguientes bases: "I. El matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal; II. La sociedad conyugal comprenderá todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos que los consortes adquieran durante su vida matrimonial incluyendo el producto del trabajo; III. En los bienes y productos de la cláusula anterior, cada consorte tendrá la participación del cincuenta por ciento; IV. Administrará la sociedad el marido, teniendo todas las facultades inherentes a su cargo, según el Código Civil vigente; V. Las bases para liquidar la sociedad serán las establecidas por el mismo código en sus artículos relativos.". 3) Que la señora A.R.V., falleció sin haber otorgado disposición testamentaria y que previo juicio sucesorio, se dictó resolución interlocutoria reconociendo los derechos del señor E.E.C., en cuanto cónyuge supérstite, con derecho al cincuenta por ciento de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal. 4) Que antes de fallecer la autora de la herencia, el señor E.E.T., donó a sus hijos, entre los que se encuentra el cónyuge supérstite, la finca rústica conocida como "S.M. de la Corona". 5) Que la donación fue condicionada a que los donatarios formaran una sociedad mercantil de responsabilidad limitada, misma que se denominó "Negociación Ganadera Hijos de E.E., Sociedad de Responsabilidad Limitada", al tenor de las cláusulas primera, segunda y cuarta, cuyo contenido en lo conducente es: "CLAUSULA PRIMERA. El señor licenciado E.T. dona condicionalmente a sus hijos, señores E.E.C. ... y éstos adquieren en copropiedad y proindiviso la finca rústica denominada S.M. de la Corona, Municipio de A., Distrito Sur del Estado de Tamaulipas ... SEGUNDA. El donante, dona y los donatarios adquieren el bien y los derechos donados en la siguiente proporción: El veintiocho tres cuartos por ciento para el señor licenciado E.E.C. ... CUARTA. El donante condiciona la donación de que los donatarios aporten los derechos de copropiedad que adquieren por ese concepto a la sociedad de responsabilidad limitada que aquí se constituye ... CONTRATO DE SOCIEDAD. CLAUSULAS CUARTA. El capital de la sociedad es la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS, íntegramente suscrito y pagado por cinco socios, del modo siguiente: 1. El señor licenciado E.E.C., setenta y cinco mil pesos. Esta parte social de setenta y cinco mil pesos la paga el señor licenciado E., aportando a la sociedad el veintiocho tres cuartos por ciento de copropiedad de la Hacienda de S.M. de la Corona, que adquirió por donación, en un valor de cuarenta mil pesos y treinta y cinco mil pesos en efectivo que entrega a la sociedad y ésta recibe a su satisfacción en el acto de la firma de esta escritura." 6) El tres de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, se liquidó la sociedad anteriormente mencionada y la repartición del haber social entre sus integrantes, correspondiendo a E.E.C., por su aportación en la misma, la porción denominada "La Coma", o "Hacienda de la Coma", que fue parte integrante del inmueble anteriormente conocido por "S.M. de la Corona", con una superficie aproximada de 3,550 hectáreas, así como la cantidad del treinta y uno por ciento del hato ganadero existente. 7) Que en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de la de cujus, A.R. de E., se omitió incluir en el activo de la sucesión, la propiedad rústica adquirida mediante donación por el cónyuge supérstite; circunstancia que ha constituido la materia de estudio central en el juicio de garantías que se revisa. De los elementos antes detallados, se observa que el matrimonio celebrado entre A.R.V. y el señor E.E.C., se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal y que en las capitulaciones matrimoniales que se convinieron, se pactó que aquélla comprendería todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos que los consortes adquirieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto del trabajo; medios suficientes para estimar que en oposición a lo considerado por la J. de Distrito, el bien adquirido en donación por el cónyuge supérstite, sí debe considerarse como parte integrante de la sociedad conyugal. Efectivamente, la celebración del matrimonio no solamente produce efectos en cuanto a las personas de los cónyuges y a los hijos de éstos, sino también sobre el patrimonio de los cónyuges, mismos que dependerán del régimen que rija el matrimonio. En nuestra legislación, existen tradicionalmente dos sistemas que regulan el régimen económico matrimonial: La sociedad conyugal y la separación de bienes, cada uno de los cuales determina la extensión y límites de las relaciones patrimoniales entre los cónyuges; en ambos casos pueden celebrarse capitulaciones matrimoniales con el propósito de determinar la forma en que deberá llevarse a cabo la administración de los bienes, sin perder de vista el régimen de excepción o mixto, que se da cuando se pacta separación para ciertos bienes y sociedad conyugal en cuanto a otras. El artículo 189 del Código Civil para el Distrito Federal, enumera el contenido de las capitulaciones matrimoniales, en el orden y formas siguientes: "Artículo 189. Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal, deben contener: I. La lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte lleve a la sociedad, con expresión de su valor y de los gravámenes que reporten; II. La lista especificada de los bienes muebles que cada consorte introduzca a la sociedad; III. Nota pormenorizada de las deudas que tenga cada esposo al celebrar el matrimonio, con expresión de si la sociedad ha de responder de ellas o únicamente de las que se contraigan durante el matrimonio, ya sea por ambos consortes o por cualquiera de ellos; IV. La declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de cada consorte o sólo parte de ellos, precisando en este último caso cuáles son los bienes que hayan de entrar a la sociedad; V. La declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender los bienes todos de los consortes o solamente sus productos. En uno y en otro caso se determinará con toda claridad la parte que en los bienes o en sus productos corresponda a cada cónyuge; VI. La declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecutó, o si debe dar participación de ese producto al otro consorte y en qué proporción; VII. La declaración terminante acerca de quién debe ser el administrador de la sociedad, expresándose con claridad las facultades que se le conceden; VIII. La declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante el matrimonio pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción; IX. Las bases para liquidar la sociedad.". Ahora bien, las capitulaciones matrimoniales conforme al artículo 179 del Código Civil para el Distrito Federal, son convenios que se celebran entre los cónyuges en relación con bienes presentes y futuros. Las capitulaciones pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o durante él y conforme a los artículos 185 y 186 del propio ordenamiento legal pueden alterarse en cualquier momento. Con el fin de determinar la trascendencia y el alcance de las capitulaciones matrimoniales que en el caso que nos ocupa se celebraron, es menester proceder al análisis de la naturaleza de los indicados regímenes patrimoniales del matrimonio. Así tenemos que, la separación de bienes constituye un régimen por virtud del cual los cónyuges conservan la propiedad y la administración de los bienes que les pertenecen. Ahora bien, respecto de los objetos que integran la sociedad conyugal, cabe apuntar que en primer término, debe estarse a lo especificado en las capitulaciones matrimoniales por ser éstas las que delimitan la extensión y alcance del régimen pactado entre las partes y sólo en caso de que los contrayentes hubieren mencionado en el acta de matrimonio que se casan bajo el régimen de sociedad conyugal, pero sin celebrar capitulaciones que especifiquen su extensión, debe distinguirse entre tres masas patrimoniales, a saber: La de los bienes de la esposa, la de los bienes del esposo y la de la sociedad conyugal (a que hizo alusión la J. federal en la sentencia que se revisa). Por tanto, resulta claro que si en el caso concreto las capitulaciones fueron celebradas en el sentido de que la sociedad conyugal comprendería todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos que los esposos adquirieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto del trabajo, es a esta voluntad de las partes a la que debe sujetarse para resolver el conflicto de intereses en la especie, por tratarse de una comunidad universal de bienes presentes y futuros, en donde la forma de adquirir resulta irrelevante, ya que afirmar lo contrario y pretender que los contrayentes hubieren tenido que especificar en forma expresa que los bienes que se adquirieran por donación o herencia en lo individual por cada uno de los cónyuges, formarían parte de la sociedad conyugal sí implicaría contrariar la autonomía de la voluntad en el régimen económico patrimonial, toda vez que los contrayentes en forma libre optaron por la mancomunidad de bienes en su modalidad universal, sin que de modo alguno se desprenda de las constancias que obran en autos, algún intento en alterar o modificar las capitulaciones invocadas con el fin de excluir los bienes adquiridos por donación, ya que si esa hubiese sido la intención o voluntad de dichos cónyuges, tal cuestión pudieron haberla estipulado, al tenor de lo que estatuye la fracción VIII del artículo 189 del indicado Código Civil, el cual dispone: "Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal, deben contener: ...VIII. La declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante el matrimonio pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción"; sin embargo, como ya se ha hecho notar, en las susodichas capitulaciones no se hizo valer excepción alguna sobre los bienes que en el futuro adquirieran, motivo por el cual resulta inexacta la afirmación vertida por la J. de Distrito en el sentido de que sólo los bienes adquiridos a título oneroso formaban parte de la sociedad conyugal, en atención a que tal consideración únicamente podría generalizarse en aquellos casos en que aun existiendo la sociedad conyugal, no se hubieren celebrado capitulaciones o bien no existiera determinación en cuanto a los bienes que deberá abarcar la comunidad, pues sólo en este evento habría necesidad de recurrir a lo expresamente establecido para el contrato de sociedad. La anterior consideración encuentra fundamento en lo que estatuye el artículo 183 del Código Civil para el Distrito Federal que a la letra dice: "Artículo 183. La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado por las disposiciones relativas al contrato de la sociedad." Lo que se ha dejado establecido, en oposición a lo que consideró la J. Federal, no se desnaturaliza con lo que estatuye el artículo 185 del Código Civil indicado, en el sentido de que: "Las capitulaciones matrimoniales en que se constituya la sociedad conyugal, constarán en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida.", ya que si bien es cierto que las que suscribieron E.E.C. y A.R.V., no fueron protocolizadas, también lo es que tal circunstancia no impide que sean legítimas, toda vez que, aun cuando es cierto que el artículo 185 del Código Civil del Distrito Federal, exige que las capitulaciones consten en documento público en aquellos casos en que los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de algún bien que necesite de ese requisito para que la transmisión sea legal, esto sólo se refiere a bienes que seaportan a la sociedad y que se hayan adquirido previamente o bien que quieren coparticiparse o transferirse; y si en la hipótesis de que se trata no se actualizó ningún supuesto de los señalados, pues en las capitulaciones exclusivamente se manifestó que todos los bienes formarían parte de la sociedad, y que esto fue para el futuro, desconociéndose si éstos ameritarían escritura pública, para ser legal la traslación; no estaban obligados a escriturar en forma pública dichas capitulaciones; cuenta habida de que el hecho de hacerlas constar en escritura pública e inscribirlas en el Registro Público de la Propiedad, sólo es con la finalidad de que en esa forma sea oponible a terceros, y no siendo esto la materia del debate, resulta irrelevante que dichas capitulaciones no constaran en escritura pública, amén de que en la especie la controversia es entre herederos y éstos, como tal, no tienen el carácter de terceros sino de causahabientes, por ello, la circunstancia de que esas capitulaciones no constaran en escritura pública, deviene inconducente.

R., el artículo 185 del Código Civil citado preceptúa que las capitulaciones se hagan constar en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida, sin embargo, indudablemente, dicho precepto se refiere al caso en el que los consortes aportan a la sociedad bienes de aquella naturaleza, adquiridos con anterioridad, que, o bien quieren coparticiparse o bien transferirse; sin que sea el caso que se juzga, puesto que en él, al celebrarse las capitulaciones, ambos manifestaron no tener bienes presentes, consecuentemente, en ese acto ni se hacían copartícipes ni se transferían bien alguno que ameritara la necesidad de que las capitulaciones se formalizaran en escritura pública y puesto que su pacto se contraía a hacerse copartícipe de los bienes que adquieran en el futuro, ignorando si éstos fuesen de los que requerían escritura pública para que fuese válida su traslación, no estaban obligados a llevar a cabo tal formalidad. Al respecto es de citarse, por ser exactamente aplicable la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca. Volúmenes 127-132, julio-diciembre de 1979, Cuarta Parte, Tercera Sala, página 175, que establece: "SOCIEDAD CONYUGAL, FORMALIDADES DE LAS CAPITULACIONES. Si bien es cierto que el artículo 185 del Código Civil del Distrito Federal exige que las capitulaciones se hagan constar en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida, también lo es que, indudablemente, dicho precepto se refiere al caso en el que los consortes aportan a la sociedad bienes de aquella naturaleza, adquiridos con anterioridad, que o bien quieren coparticiparse o bien transferirse. Por tanto, si al celebrarse las capitulaciones, ambos cónyuges manifestaron no tener bienes presentes, consecuentemente, en ese acto ni se hacían copartícipes ni se transferían bien alguno que ameritara la necesidad de que las capitulaciones se formalizaran en escritura pública y puesto que su pacto se contraía a hacerse copartícipes de los bienes que adquieran en el futuro, ignorando si éstos fuesen de los que ameritasen escritura pública para que fuese válida su traslación, no estaban obligados a llevar a cabo tal formalidad.". Tampoco se desvirtúa lo considerado, con lo que dispone el artículo 215 del preindicado código, cuyo precepto se refiere a que: "Los bienes que los cónyuges adquieran en común por donación, herencia, legado, por cualquiera otro título gratuito o por don de la fortuna, entre tanto se hace la división, serán administrados por ambos o por uno de ellos con acuerdo del otro; pero en ese caso el que administre será considerado como mandatario", toda vez que una recta interpretación de esta norma legal sólo puede entenderse para aquellos casos en que el matrimonio es de régimen diverso al de sociedad conyugal o siendo de esta naturaleza, no se hayan formulado capitulaciones matrimoniales o bien, habiéndose concertado en las mismas no existiese declaración acerca de la forma y proporción que les corresponde, hipótesis en la que no encuadra el caso específico, puesto que en ellas se pactó que la sociedad conyugal de referencia comprendía todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos que los consortes adquieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto del trabajo, con la participación del cincuenta por ciento a cada uno; de ahí, que ante esa situación clara no existe motivo para acudir al artículo 215 mencionado y de esa manera sostener que no forman parte de la masa de esa institución los bienes que los cónyuges adquieran en común por donación, herencia, legado, por cualquier otro título gratuito o por don de la fortuna, pues esa remisión únicamente se justificaría, en primer término, por la ausencia absoluta o parcial de capitulaciones matrimoniales, y en segundo, si lo preceptuado en dicha norma fuera análogo y armónico con la naturaleza y fines de la sociedad conyugal, lo que no acontece en la especie. Por otra parte, es inexacto que no exista identidad entre la aportación efectuada por E.E.C. a la sociedad mercantil y el actual rancho denominado "La Coma", cuya inclusión pretenden los quejosos al inventario y avalúo de la sucesión a bienes de A.R. de E., puesto que este extremo queda configurado con la aportación que hizo uno de los cónyuges para la constitución de la sociedad mercantil Negociación Ganadera Hijos de E.E., Sociedad de Responsabilidad Limitada, posteriormente, por cambio de nombre, denominada "Negociación Ganadera 'La Coma', S. de E.E., Sociedad de Responsabilidad Limitada", la cual se liquidó y entregó a cada participante lo que correspondía conforme a los antecedentes derivados tanto de la donación que hizo E.E.T., a sus hijos, entre estos, E.E.C., respecto del inmueble denominado "Hacienda de S.M. de la Corona", ubicado en el Municipio de Villa de A., Tamaulipas, así como de la constitución de la negociación citada en primer término de cuyo capital social participó E.E.C., aportando la cantidad de treinta y cinco mil pesos que, obviamente, debe considerarse que fueron tomados del patrimonio de la sociedad conyugal a comento, toda vez que en las capitulaciones matrimoniales de referencia consta que dicho cónyuge supérstite no tenía bienes en la fecha que contrajo nupcias; de modo que no exista duda en cuanto a la identidad del bien en cuestión y de que el mismo ingresó a formar parte del acervo de esa sociedad conyugal, habida cuenta que los derechos a los gananciales no se extinguen por el fallecimiento, sin que se transmitan a los sucesores, como en el caso aconteció. En apoyo de las consideraciones que han quedado expuestas, se cita el criterio que sustentó la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por mayoría de votos el veintinueve de octubre de mil novecientos setenta y nueve, el amparo directo número 1355/79, promovido por el quejoso D.K.P. el cual en lo conducente establece que: "La tesis de esta Tercera Sala que invoca el quejoso, dictada en el amparo directo No. 5065/52, el treinta de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco, aprobada por unanimidad de cuatro votos, bajo la ponencia del señor M.H.M. que es del siguiente tenor: 'BIENES DE LOS CONYUGES, PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR HERENCIA DE UNO DE LOS CONYUGES. El artículo 215 del Código Civil del Distrito Federal dice: Los bienes de los cónyuges que adquieran en común por donación, herencia, legado, por cualquier otro título gratuito, o por don de la fortuna, entre tanto se hace la división serán administrados por ambos o por uno de ellos con acuerdo del otro, pero en este caso, el que administre será considerado como mandatario.'. Este precepto que expresa claramente que sólo son de ambos cónyuges los bienes adquiridos en común y NO LOS ADQUIRIDOS SINGULARMENTE POR UNO SOLO DE ELLOS. Por tanto a contrario sensu, el bien adquirido por uno solo de los cónyuges a TITULO DE HERENCIA ES DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD, A PESAR DE QUE EXISTA SOCIEDAD CONYUGAL ENTRE AMBOS, no tiene aplicación al caso porque si bien en aquel amparo se resolvió una controversia similar a la que aquí se presenta, en ella no existían capitulaciones matrimoniales tal como se desprende de la lectura del resultando segundo de dicha ejecutoria que obra en los archivos de este Alto Tribunal y, en el caso, sí hay capitulaciones matrimoniales, como ya se ha visto ... si bien es cierto que el artículo citado exige que las capitulaciones se hagan constar en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida, también lo es que, indudablemente, dicho precepto se refiere al caso en el que los consortes aportan a la sociedad bienes de aquella naturaleza, adquiridos con anterioridad, que, o bien quieren coparticiparse o bien transferirse. El caso no es el que se juzga puesto que en él, al celebrarse las capitulaciones, ambos manifestaron no tener bienes presentes, consecuentemente, en ese acto ni se hacían copartícipes ni se transferían bien alguno que ameritara la necesidad de que las capitulaciones se formalizaran en escritura pública y puesto que su pacto se contraía a hacerse copartícipes de los bienes que adquieran en el futuro, ignorando si éstos fuesen de los que ameritasen escritura pública para que fuese válida su traslación, no estaban obligados a llevar a cabo tal formalidad ... el quejoso expone un argumento relacionado con la palabra 'adquirir' que se utilizó en la cláusula segunda de las capitulaciones matrimoniales, y, al respecto, aduce que en el Diccionario de Legislación y Jurisprudencia de S. se define a dicha palabra, en general, como todo lo que se logra por compra, donación, presencia, (sic) u otro título cualquiera, pero, hablando con rigor, sólo abarca lo que se alcanza o consigue con dinero, ajuste, habilidad, industria mas no la que viene por herencia o sucesión, así que se distinguen los bienes heredados de los adquiridos. De lo anterior, concluye el quejoso, si la capitulación comentada habla de todos los bienes que se adquirieron, no se puede referir a los que heredaron. Ahora bien es incorrecta la conclusión del quejoso porque aun cuando ciertamente S. sostiene tal significado de la palabra 'adquirir', dicho significado no está apegado a nuestros actuales textos legales y no es posible pensar que ese fue el significado que los consortes quisieron otorgar a la palabra. Por otra parte, las capitulaciones son un contrato cuya interpretación debe regirse por las normas que al efecto establece el Código Civil y éste, en su artículo 1855, establece que: Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato. En consecuencia como la naturaleza de la sociedad conyugal conlleva la intención de las partes en crear una comunidad de bienes y su objeto es precisamente el de constituirse (sus partes) en copartícipes de los bienes que lleven a ella o adquieran durante la misma, la acepción de la palabra adquirir más conforme a esa naturaleza y a ese objeto es la que se da en términos generales y no la rigurosa de que habla el quejoso, pues obviamente, si los cónyuges hubiesen querido excluir algún bien de la sociedad conyugal, que se adquiera de determinada forma, lo hubiesen pactado expresamente así.". En tales condiciones, es de concluirse que únicamente en el supuesto de que las capitulaciones matrimoniales resulten imprecisas o bien cuando éstas no se hubieren celebrado, deberá acudirse a interpretaciones, sin que pueda aceptarse, por otro lado, que las partes contrayentes, se encontraban obligadas a especificar que también los bienes adquiridos por medio de donación quedaban incluidos en la comunidad de bienes, ya que, se insiste, en la especie no se celebró una sociedad conyugal parcial sino una universal, comprendiendo la totalidad de los bienes, los frutos de éstos y los productos del trabajo de cada cónyuge. Asimismo, es inexacto que de la interpretación a contrario sensu de lo dispuesto por los artículos 212, 213 y 215 del Código Civil para el Distrito Federal, pueda concluirse que sólo los bienes obtenidos a título oneroso forman parte de la sociedad conyugal, en virtud de que como ha quedado asentado con antelación en esta ejecutoria, entre el régimen de separación de bienes y el de sociedad conyugal, existe una voluntad distinta de quienes celebran las capitulaciones, pues mientras en el primero de los enunciados, los contrayentes hacen patente su voluntad de distinguir entre sus patrimonios; en el segundo, la intención de las partes es que ambos patrimonios se fundan en una comunidad en los términos establecidos en las capitulaciones que al efecto se celebren. Por tanto, resulta claro que la aplicación de dichos preceptos al régimen de sociedad conyugal únicamente podría ser posible en el evento de que la comunidad conyugal no fuera universal, es decir, respecto de todos los bienes presentes o futuros, o bien cuando se estuviera en presencia del régimen de separación de bienes o cuando no se hubieren celebrado capitulaciones matrimoniales. No es óbice para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 215 del Código Civil para el Distrito Federal, tenga como antecedente directo el artículo 279 de la Ley de Relaciones Familiares y el artículo 2000 del Código Civil de 1884, toda vez, que en el ordenamiento inicialmente nombrado, se abrogó la sociedad conyugal, y se impuso como obligatorio el régimen de separación de bienes y si bien ambos ordenamientos sirvieron de base para la estructura actual de los regímenes patrimoniales, también lo es que la intención del legislador al restablecer la sociedad conyugal como régimen patrimonial coexistiendo con el de separación de bienes o un sistema mixto permitido legalmente por el artículo 178 del Código Civil, evidencia que con ello desapareció el sistema supletorio de sociedad legal, toda vez que es la voluntad de los contrayentes expresada al elegir su régimen matrimonial la que determina en qué medida podrán fusionarse los bienes de la comunidad o bien si corresponde a cada uno de ellos, el seguir administrando y poseyendo a título personal los bienes presentes y futuros. Igualmente, en oposición a lo que consideró la J. Federal, en el sentido de que en la donación condicionada efectuada por E.E.T., si se aceptara como correcta la interpretación de las capitulaciones matrimoniales de referencia, se estaría en presencia de un aparente conflicto de normas en cuanto a la aplicación de los preceptos que rigen el contrato de donación y las disposiciones que regulan la sociedad conyugal, concluyendo que si no se especificó en forma precisa que se incluirían en los bienes de la misma aquellos productos de una herencia o de donaciones, que de acuerdo a la doctrina sólo ingresarán a ese fondo común los bienes a título oneroso, quedando siempre en el patrimonio propio de los consortes los adquiridos a título gratuito, debe decirse en primer término que la susodicha donación únicamente se condicionó a que los donatarios aportaran los derechos de copropiedad que adquieran por ese concepto a la constitución de la sociedad denominada "Negociación Ganadera Hijos de E.E., Sociedad de Responsabilidad Limitada", mas no que ese derecho de copropiedad no formara parte de los bienes de la citada sociedad conyugal que con anterioridad y con capitulaciones matrimoniales había concertado el donatario E.E.C., al contraer matrimonio, con A.R.V., aceptando en la cláusula segunda del susodicho pacto que la indicada sociedad conyugal comprendería todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos que los consortes adquirieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto de trabajo y que de ellos cada uno tendría la participación del cincuenta por ciento. En segundo término, estrictamente hablando, la donación de referencia no fue a título gratuito, pues se condicionó a que el cónyuge E.E.C. aportara al capital de la sociedad mercantil a constituir que imponía el donante, la cantidad de setenta y cinco mil pesos, entrega que efectuó y cuyo importe tiene que admitirse que tomó del fondo de la multicitada sociedad conyugal, si se toma en cuenta que la celebración de las capitulaciones matrimoniales, al momento de presentar ese convenio, ambos consortes expresaron que no tenían bienes presentes, de modo que conforme a lo que se ha razonado y contrariamente a lo que argumenta la J. Federal en la sentencia que se revisa, en el caso a comento no se está en presencia de un aparente conflicto de normas, pues, se insiste, que es evidente que ese derecho inicial de copropiedad adquirido por donación por el consorte E.E.C., formó parte de la sociedad conyugal precisada; por ello, obvio es que no existe ningún conflicto de normas, ni aparente o real. Por todo lo que se ha establecido en esta ejecutoria, lo que procede es declarar fundados los agravios estudiados en último término, revocar el fallo recurrido y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por M. de la Luz y R.J., ambos de apellidos E.R., para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia de fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y dos, dictada en el toca de apelación número 1809/91, y en su lugar pronuncie otra, en la que siguiendo los lineamientos marcados en esta ejecutoria considere que el bien inmueble denominado "La Coma", ubicado en el Municipio de Villa de A., Estado de Tamaulipas, sí formó parte de la sociedad conyugal del matrimonio celebrado por E.E.C. y A.R.V., en el porcentaje del cincuenta por ciento establecido para cada uno de éstos, estipulado en las capitulaciones matrimoniales que concertaron.

CUARTO

Por su parte el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante ejecutoria de fecha diez de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, resolvió el amparo directo número 2770/88, promovido por M.L.C. de O., que en la parte conducente dice:

"En el primero y segundo conceptos de violación sustancialmente se dice que en el acto reclamado se aplicó inexactamente lo dispuesto por los artículos 1851 y 1852 del Código Civil para el Distrito Federal, toda vez que la Sala responsable argumentó que los bienes adquiridos por herencia o donación propios del cónyuge que los reciba, quedan incluidos dentro de la sociedad conyugal, al no haber mencionado los contrayentes en la base o cláusula segunda de las capitulaciones matrimoniales que dichos bienes fueron excluidos, no obstante que la quejosa sostiene que de conformidad con lo previsto por el artículo 215 del Código Civil del Distrito Federal, a contrario sensu, para que puedan considerarse incluidos en la sociedad conyugal los bienes adquiridos por donación o herencia, debe expresamente especificarse por los contratantes; que esta interpretación es violatoria de lo dispuesto por el artículo 1851 del Código Civil para el Distrito Federal, en virtud de que el tribunal de apelación no se ajustó al sentido literal de la cláusula II de las referidas capitulaciones, sino que le da una interpretación contraria, ya que para quedar incluidos los bienes obtenidos por donación o herencia a favor de uno de los cónyuges, era necesario que los contratantes lo hubieran precisado así, lo que en el caso no hicieron; que la Sala responsable al interpretar del modocitado la cláusula o base en comento incluye bienes distintos de aquéllos respecto de los cuales pactaron los contratantes, pues si su deseo hubiera sido incluir en la sociedad conyugal los bienes adquiridos por el concepto en cita, así lo habrían expresado, pero que al no hacerlo así no es procedente la interpretación de la Sala responsable; que al estimar el tribunal ad quem que conforme a las capitulaciones matrimoniales todos los bienes que adquieran los cónyuges, cualquiera que sea su origen, forman parte de la sociedad conyugal, modifica arbitrariamente el texto y contenido de la cláusula II de dichas capitulaciones; que por ello se viola lo dispuesto por el artículo 215 del Código Civil del Distrito Federal, a contrario sensu, y los artículos 189, fracciones IV y V, 2332, 1295, 1655 y 1258 del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para esta capital, en virtud de que al expresar sus agravios en apelación no afirmó la apelante que el primer precepto se encontraba en el capítulo de sociedad conyugal, sino que era aplicable a contrario sensu a este tipo de régimen, aun cuando se encuentre en el capítulo de separación de bienes; que este argumento lo pasa por alto la Sala responsable y le causa una violación; que el tribunal ad quem dejó de tomar en cuenta el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo 5065/52, exhibido en el toca de apelación en copia certificada, donde se resolvió que no existiendo precepto legal que defina si los bienes adquiridos por uno de los cónyuges por donación o herencia o por don de la fortuna, formaban parte de la sociedad conyugal o no, era necesario la interpretación del artículo 215 del Código Civil del Distrito Federal, a contrario sensu, que rige la adquisición de bienes en común en el régimen de separación de bienes; que este argumento no lo estudió la Sala responsable y se sale por el razonamiento de que dicho dispositivo legal no está en el capítulo de sociedad conyugal; que el tribunal de alzada adujo que en el caso de la ejecutoria exhibida e invocada no aparece que hubieran capitulaciones matrimoniales y en el juicio natural sí las hay, debiendo estarse a lo en ellas pactado; que el acto reclamado carece de fundamentación porque de su propio argumento aparece que los bienes adquiridos por donación y herencia eran bienes de la quejosa, pero convino en las capitulaciones que entraran a la sociedad; que de ser así era necesario expresarlo, pero no se hizo; que es irrelevante lo aducido por el tribunal responsable en cuanto que en el caso que contempla la ejecutoria aludida no hubieron capitulaciones matrimoniales, porque es clara en definir la aplicación que debe dársele al artículo 215 del Código Civil invocado; que el fallo impugnado también viola lo previsto por el artículo 189, fracciones IV y V, del Código Civil para el Distrito Federal, porque de acuerdo con este precepto deben precisarse los bienes que han de formar parte de la sociedad, y no los que se excluyan como lo conceptúa la Sala responsable; que además no es aplicable la fracción V del dispositivo que se cita porque no se discutió que sólo se incluyan los productos de los bienes propios de los consortes en la sociedad conyugal; que la quejosa no objetó el texto de las capitulaciones matrimoniales ni su valor, sino el alcance jurídico de las mismas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1851, 1852 y 215, a contrario sensu, del Código Civil para el Distrito Federal; que la Sala responsable no analizó ni resolvió el agravio relativo a que se contrarió la voluntad del padre de la peticionaria del amparo en cuanto que expresamente hizo las donaciones y herencia para ella de modo exclusivo, no para su esposo, sin embargo, existe la contradicción porque se resuelve en la sentencia impugnada que el cincuenta por ciento de lo recibido le corresponde a su cónyuge, a pesar de que dichos contratos son actos personalísimos en términos de lo dispuesto por los artículos 2332 y 1295 del Código Civil invocado; que al resolver sobre esa cuestión planteada en segunda instancia, se transgrede el contenido del artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad; que a mayor abundamiento el artículo 1655 del Código Civil para el Distrito Federal, dispone que la mujer casada bajo cualquier régimen no requiere del consentimiento del marido para aceptar o repudiar la herencia, y ello es debido a que dicho precepto reconoce que esos bienes no forman parte de la sociedad conyugal, ya que conforme a lo previsto por el artículo 1288 del mismo cuerpo de leyes los bienes que por herencia recibe la mujer casada en sociedad conyugal se integran a ésta al fallecer el autor de la herencia, pero no podría repudiarla porque el cincuenta por ciento formaría parte del cónyuge, lo que no sucede porque el citado artículo 1655 reconoce que siendo propios de la mujer, puede aceptar o repudiar dichos bienes; que siendo ilegal la parte de la sentencia en análisis carece de fundamentación y motivación; que no por el hecho de haber pactado en las capitulaciones matrimoniales que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio formen parte de la sociedad conyugal, también los obtenidos por donación o herencia deben formar parte de dicha sociedad porque para ello es necesaria una donación entre los consortes, lo que en el caso no existe, y la Sala responsable con su apreciación hizo una donación al cónyuge de la quejosa, lo que le priva de sus derechos ilegalmente. Son fundados estos conceptos de violación. Efectivamente, en términos de lo previsto por los artículos 183, 184 y 1796 del Código Civil para el Distrito Federal, la sociedad conyugal se rige por las capitulaciones matrimoniales que la constituyen, y respecto de lo no estipulado expresamente, se estará a las disposiciones relativas al contrato de sociedad. La sociedad conyugal puede comprender no sólo los bienes de los que sean dueños los consortes al formarla, sino también los futuros que adquieran durante el matrimonio; y el contrato desde que se perfecciona obliga a los contratantes no sólo a lo expresamente pactado sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, sean conforme a la buena fe, al uso o la ley. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1832 del Código Civil para el Distrito Federal 'en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse ...'. Por su parte, los artículos 1851 y 1852 del mismo ordenamiento disponen que 'Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas' y 'cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre los que los interesados se propusieran contratar'. En la especie, de las constancias de autos se advierte que las partes en el juicio natural celebraron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal; en las capitulaciones matrimoniales de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis (foja 26) literalmente pactaron: 'II. La sociedad conyugal comprenderá todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos que los consortes adquieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto del trabajo. III. En los bienes y productos de la cláusula anterior, cada consorte tendrá la participación del cincuenta por ciento.'. De lo transcrito y de la interpretación armónica a lo previsto por los artículos 183, 184, 1796, 1832, 1851 y 1852 del Código Civil para el Distrito Federal, se colige que los cónyuges expresamente pactaron la constitución de la sociedad conyugal en la que se comprenderían todos los bienes muebles e inmuebles, así como sus productos, que fueran adquiridos durante su vida matrimonial, y que sobre esos bienes ambos consortes tendrían una participación del cincuenta por ciento. Al respecto debe precisarse que la sociedad conyugal es un acto jurídico mediante el cual los consortes deciden a través de una 'comunidad de esfuerzos', crear un patrimonio común como producto de los bienes que hayan aportado al constituirla, de su trabajo o de ambos. En consecuencia, los bienes que no se obtengan 'en común', o de la explotación de los bienes aportados a la sociedad, no pueden legalmente formar parte de ésta. Por ello, el artículo 215 del Código Civil para el Distrito Federal preceptúa que los bienes adquiridos por los cónyuges 'en común' por donación, herencia, legado, por cualquier otro título gratuito o por don de la fortuna, entre tanto se hace la división, serán administrados por ambos o por uno de ellos con acuerdo del otro pero que en este caso el que administre será considerado como mandatario. Por ende, una interpretación a contrario sensu de dicho precepto permite afirmar que los bienes adquiridos 'individualmente' por cada consorte en tales hipótesis, son de su exclusiva propiedad y no pasan a formar parte de la sociedad conyugal concertada. Por esa razón el cónyuge que sea designado administrador respecto de tales bienes sólo tiene el carácter de mandatario, con la obligación de rendir cuentas cuando le sea solicitado y cuando realizado el inventario que trae aparejada la liquidación de la sociedad, deba devolverse a cada cónyuge lo que llevó individualmente al matrimonio, en términos de lo dispuesto por los artículos 204 y 215, interpretado a contrario sensu, del Código Civil para el Distrito Federal. Es aplicable al caso concreto la tesis sostenida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Boletín 1955, página 569, Quinta época, Tomo CXXV, página 2802, al resolver en ejecutoria del treinta de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco, el juicio de amparo directo número 5065/1952 promovido por P.V.M., que a la letra dice: 'BIENES DE LOS CONYUGES. PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR HERENCIA POR UNO DE LOS CONYUGES. El artículo 215 del Código Civil del Distrito Federal dice: '. Este precepto expresa claramente que sólo son de ambos cónyuges los bienes adquiridos en común y no los adquiridos singularmente por uno solo de ellos. Por tanto, a contrario sensu, el bien adquirido por uno solo de los cónyuges a título de herencia es de su exclusiva propiedad, a pesar de que exista sociedad conyugal entre ambos. El criterio anterior permite a este Tribunal Colegiado afirmar válidamente con fundamento en el artículo 215 del Código Civil para el Distrito Federal, interpretado a contrario sensu, que los bienes adquiridos por uno solo de los cónyuges a título de herencia o donación, como aconteció en la especie, son de su exclusiva propiedad, pues los bienes que forman parte de la sociedad conyugal se refieren sólo a los que los cónyuges adquieran 'en común' por donación, herencia o legado, o por cualquier otro título gratuito. No es óbice para la aplicación del precepto legal citado, que el mismo se encuentre dentro del capítulo de 'separación de bienes' en el Código Civil referido, en atención a que tal circunstancia sólo es una cuestión de técnica legislativa. En consecuencia, para que los bienes adquiridos por herencia, donación o don de la fortuna en forma singular por los socios formaran parte de la sociedad y los consocios tuvieran copropiedad se requería expresarlo específicamente en las capitulaciones matrimoniales, lo que en el caso no aconteció; por tanto, no tiene aplicación lo dispuesto por el artículo 189, fracciones IV y V, del Código Civil para esta capital, pues lo pactado en las capitulaciones matrimoniales por los cónyuges debe entenderse conforme a lo expuesto en líneas que anteceden. Al no haberlo estimado así la Sala responsable, conculcó en perjuicio de la quejosa el contenido de los preceptos legales citados, y consecuentemente las garantías individuales de legalidad y exacta aplicación consignadas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En ese orden de ideas, carece de relevancia entrar al estudio de lo aducido por la quejosa en relación con la aplicación que en el caso tengan los artículos 1255, 1655 y 2332 del Código Civil para el Distrito Federal. En el tercer concepto de violación se refiere que el tribunal de alzada no aplicó e interpretó inexactamente el contenido del artículo 204 del Código Civil para el Distrito Federal, así como que indebidamente aplicó el artículo 194 del mismo ordenamiento sustantivo y violó lo dispuesto por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en virtud de que no resolvió lo aducido por la quejosa en cuanto que el artículo 204 del Código Procesal citado debió aplicarse en primera instancia, ya que al contestar la reconvención expresó que para liquidar la sociedad conyugal era aplicable ese precepto legal, sin que se hubiera opuesto el demandado: que la Sala responsable conceptuó infundado el agravio porque ese dispositivo se refiere a una etapa que no se ha presentado, tampoco se ha terminado el inventario de los bienes que integran la sociedad, ni se ha iniciado, por tanto el a quo no tenía por qué aplicarlo; que este argumento del tribunal ad quem es falso porque es en la sentencia donde deben establecerse las bases para la liquidación de la sociedad conyugal, para el momento de la liquidación misma; que también le agravia lo afirmado por el tribunal de alzada en cuanto que el artículo 204 del Código Civil para el Distrito Federal se refiere a los bienes que los consortes llevaron al celebrarse el matrimonio, no obstante que dicho precepto se refiere a los bienes aportados durante la existencia del matrimonio, ya que si el legislador hubiera querido decir lo interpretado por la Sala responsable así lo habría dicho, no como está redactado; que es indudable que el artículo citado se refiere a los bienes propios de uno de los cónyuges que sólo para el efecto de los productos se incluyen como si fueran de la sociedad conyugal, pero conservando cada cónyuge su propiedad para la liquidación; que en la segunda instancia no analizó este argumento el tribunal de alzada, y en él adujo la quejosa que es aplicable el principio jurídico de que donde la ley no distingue no es válido distinguir; que lo aducido por la Sala responsable en cuanto a la forma como el J. a quo aplicó el artículo 194 del Código Civil del Distrito Federal, no fue materia del agravio, sino que dicho precepto no es aplicable para la liquidación y disolución de la sociedad conyugal, porque se refiere al dominio de los bienes comunes, mientras subsiste la citada sociedad. Es fundado este motivo de inconformidad, pues aun en la hipótesis de que los bienes adquiridos unilateralmente por uno de los cónyuges por donación, herencia, etcétera, hubieren ingresado al patrimonio de la sociedad conyugal, contrariamente a lo estimado por la responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del Código Civil para el Distrito Federal, una vez terminado el inventario y pagados los créditos que existan contra el fondo social, deberán devolverse a cada uno de los cónyuges los bienes que llevó a la sociedad conyugal, independientemente de que se hubieren aportado al constituirse la misma o durante su vigencia, como los que adquirió la quejosa por donación o herencia. En conclusión, este tribunal sostiene el criterio de que en términos del artículo 194, en relación con el 204 del Código Civil para esta capital, la connotación de que 'el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad'; sólo se refiere a los bienes adquiridos en común por los dos consortes por algún título verdaderamente traslativo de propiedad, como venta, herencia, permuta, donación, etcétera; pero la sociedad conyugal por sí misma no trasmite bienes, ni derechos reales, puesto que la aportación que se hace a la sociedad conyugal no es en propiedad, toda vez que los bienes deben devolverse al final a cada cónyuge que los aportó. En esa virtud, las aportaciones de bienes que hacen los consortes a la sociedad conyugal son sólo aportaciones en cuanto al uso o aprovechamiento de tales bienes de acuerdo con el artículo 2702, en relación con el 183 del Código Civil; por otra parte, puede suceder que no por virtud de la sociedad conyugal, sino por cualquier otro título traslativo de propiedad proveniente de un tercero (herencia, donación, etcétera) a favor de ambos cónyuges, se haya establecido una copropiedad sobre un determinado bien; igualmente puede ocurrir que un cónyuge en forma expresa done al otro la copropiedad sobre algún determinado bien, en cuyo caso aunque esta donación entre consortes transmite la copropiedad sobre algún determinado bien, en cuyo caso aunque esta donación entre consortes transmite la copropiedad, tal transmisión se realiza en forma precaria, porque queda expuesta a una posible revocación por resolución judicial, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 232 y 233 del código citado, reformados. Todos estos bienes, respecto de los cuales los dos cónyuges o por algún otro título dimanado de terceros, pero no por virtud de la sociedad conyugal, son los bienes a los que el legislador alude a 'bienes comunes' de los cónyuges en los preceptos 172, 194 y 215 de dicho ordenamiento legal. No está por demás hacer notar, que el hecho de que en el acto reclamado se conceptúe que en el caso es aplicable lo dispuesto por el artículo 194 del Código Civil invocado, ningún perjuicio le causa a la quejosa, porque la referencia al mismo fue sólo para el efecto de precisar que en la especie se designó como administrador de la sociedad conyugal al marido ..."

SEXTO

Por cuestión de orden conviene determinar previamente, si en el caso a estudio existe contradicción entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto en Materia Civil del Primer Circuito al resolver, el primero el juicio de amparo directo 2770/88 y, el segundo el amparo en revisión número 860/93, ya que sólo en tal supuesto es dable determinar cuál criterio es el que debe prevalecer.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para que exista materia para dilucidar qué criterio debe subsistir, es necesaria, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que originaron, precisamente, las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.

En otros términos, se da la contradicción, cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia identificada con el número 4a. J. 22/92, publicada en las páginas 22 y 23 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 58, correspondiente a octubre de 1992, que a la letra dice: "CONTRADICCION DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios deamparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes, b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.".

En la especie, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene que si se celebró el matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal y en las capitulaciones matrimoniales se pactó que aquélla comprendería todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos, que los consortes adquirieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto del trabajo, ha de considerarse que los bienes adquiridos en donación sí forman parte integrante de la sociedad conyugal.

Dicho tribunal se apoya en lo siguiente:

  1. Pretender que los contrayentes hubiesen tenido que especificar expresamente que los bienes que se adquirieran por donación o herencia en lo individual, formarían parte de la sociedad conyugal, implicaría contrariar la autonomía de la voluntad, toda vez que los cónyuges en forma libre optaron por la mancomunidad de bienes en su modalidad universal; por ello ha de estarse a su voluntad, conforme a la cual la forma de adquirir es irrelevante;

  2. Si la intención de los cónyuges hubiese sido excluir los bienes adquiridos por donación así lo habrían estipulado, al tenor del artículo 189 fracción VIII del Código Civil que dispone que las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal deben contener la declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges pertenecen exclusivamente al adquirente o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción;

  3. Es inexacto que sólo los bienes adquiridos a título oneroso formen parte de la sociedad conyugal, porque ello sólo podría generalizarse en los casos en que aun existiendo la sociedad conyugal no se hubiesen celebrado capitulaciones matrimoniales o no existiera determinación en cuanto a los bienes que deberá abarcar la comunidad;

  4. No se opone a lo anterior el que el artículo 185 del Código Civil establezca que en caso de que los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de algún bien que necesite constar en documento público, las capitulaciones matrimoniales deban celebrarse también bajo esa formalidad, dado que ello sólo rige respecto a bienes que se aporten a la sociedad adquiridos previamente; además de que en el caso como la controversia no se suscitó con alguien que tuviera el carácter de tercero, es irrelevante que no consten en escritura pública las capitulaciones matrimoniales;

  5. No desvirtúa lo considerado lo que dispone el artículo 215 del Código Civil que establece que los bienes que los cónyuges adquieran en común por donación, herencia, legado, por cualquier otro título gratuito o por don de la fortuna serán administrados por ambos o por uno de ellos, con acuerdo del otro, porque esa norma sólo rige para los casos en que el matrimonio se celebró en un régimen diverso al de sociedad conyugal, o siendo de esta naturaleza, no se hayan formulado capitulaciones matrimoniales o habiéndolas concertado, no existiese declaración acerca de la forma y proporción que les corresponde; además de que entre el régimen de separación de bienes y el de sociedad conyugal, existe una voluntad distinta de quienes celebran las capitulaciones, pues mientras en el primero los contrayentes hacen patente su voluntad de distinguir entre sus patrimonios, en el segundo la intención de las partes es que éstos se fundan en una comunidad en los términos establecidos en las capitulaciones que celebren;

  6. Sólo en el supuesto de que las capitulaciones matrimoniales resulten imprecisas o no se hubiesen celebrado, deberá acudirse a interpretaciones.

    En cambio, el Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Civil sostiene que si los contrayentes pactaron que en la sociedad conyugal se comprenderían todos los bienes muebles e inmuebles, así como sus productos que fueran adquiridos durante el matrimonio, no pueden considerarse incluidos en ella los bienes que ingresaron al patrimonio individual de cada consorte.

    El criterio que sostiene dicho tribunal se apoya sustancialmente en lo siguiente:

  7. Que la sociedad conyugal es un acto jurídico mediante el cual los consortes deciden a través de una "comunidad de esfuerzos" crear un patrimonio común como producto de los bienes que hayan aportado al constituirla, de su trabajo o de ambos, por lo que los bienes que no se obtengan "en común" o de la explotación de los bienes aportados a la sociedad, no pueden legalmente formar parte de ésta.

  8. Que el artículo 215 del Código Civil para el Distrito Federal, establece que los bienes adquiridos por los cónyuges en común por donación, herencia, legado, por cualquier otro título gratuito o por don de la fortuna, en tanto se hace la división, serán administrados por ambos o por uno de los cónyuges y que una interpretación en sentido contrario de dicho precepto permite afirmar que los bienes adquiridos individualmente, por cada consorte, en esas hipótesis, son de la exclusiva propiedad de quien los adquiera, porque los bienes que forman parte de la sociedad conyugal se refieren sólo a los que se adquieran en común. Apoya esta consideración en la tesis sustentada por esta Tercera Sala, publicada en el boletín de 1955, página 569, Quinta Epoca, Tomo CXXV, bajo el rubro "BIENES DE LOS CONYUGES. PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR HERENCIA POR UNO DE LOS CONYUGES.", que alude sustancialmente a que el artículo 215 del Código Civil expresa claramente que sólo son de ambos cónyuges los bienes adquiridos en común y no los adquiridos singularmente por uno de ellos, por tanto, el bien adquirido por uno de los cónyuges a título de herencia es de su exclusiva propiedad, a pesar de que exista sociedad conyugal entre ambos.

  9. Que no es obstáculo para aplicar aquel precepto a la sociedad conyugal, el que se encuentre dentro del capítulo de separación de bienes, en atención a que tal circunstancia es sólo una cuestión de técnica legislativa; y

  10. Que para que los bienes adquiridos por herencia, donación o don de la fortuna en forma singular por los socios formaran parte de la sociedad y los consocios tuvieran la copropiedad de los mismos, se requería expresarlo específicamente en las capitulaciones matrimoniales.

    Conforme a lo expuesto, existe oposición entre los criterios sustentados por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y el Sexto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el juicio de amparo directo D.C. 2770/88 y el amparo en revisión R.C. 860/93, respectivamente, puesto que ambos analizan un punto común, consistente en si deben o no considerarse incluidos en la sociedad conyugal los bienes adquiridos por herencia, por uno de los cónyuges cuando en las capitulaciones matrimoniales se pacta que aquella comprenderá todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos, que los consortes adquieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto del trabajo; de ahí que, un tribunal afirme lo que otro niega, por lo que cabe concluir que sí existe contradicción de tesis.

    Al caso resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 48/93, de esta Tercera Sala, que es del texto siguiente: "CONTRADICCION DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA. La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicio de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecen de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción.".

SEPTIMO

Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer el criterio que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aunque bajo la tesis que al final de este considerando se contiene, por las razones que a continuación se expresan.

Los artículos 97, 98 fracción V, 183 y 189 fracciones V, VI y VIII, 207, 208, 211 a 213 y 215, todos del Código Civil, establecen lo siguiente:

"Artículo 97. Las personas que pretendan contraer matrimonio presentarán un escrito al J. del Registro Civil del domicilio de cualquiera de ellas, ... "

"Artículo 98. Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará: ... V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes ... No puede dejarse de presentar este convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211, y el oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado ..."

"Artículo 183. La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad."

"Artículo 189. Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal, deben contener: ... V. La declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender los bienes todos de los consortes o solamente sus productos. En uno y en otro caso se determinará con toda claridad la parte que en los bienes o en sus productos corresponda a cada cónyuge; ... VI. La declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecutó, o si debe dar participación de ese producto al otro consorte y en qué proporción; ... VIII. La declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante el matrimonio pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción ..."

"Artículo 207. Puede haber separación de bienes en virtud de capitulaciones anteriores al matrimonio, o durante éste por convenio de los consortes, o bien por sentencia judicial. La separación puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los consortes al celebrar el matrimonio, sino también los que adquieran después."

"Artículo 208. La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, serán objeto de la sociedad conyugal que deben constituir los esposos."

"Artículo 211. Las capitulaciones que establezcan separación de bienes siempre contendrán un inventario de los bienes de que sea dueño cada esposo al celebrarse el matrimonio, y nota especificada de las deudas que al casarse tenga cada consorte."

"Artículo 212. En el régimen de separación de bienes los cónyuges conservarán la propiedad y administración de los bienes que, respectivamente, les pertenecen, y por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no serán comunes, sino del dominio exclusivo del dueño de ellos."

"Artículo 213. Serán también propios de cada uno de los consortes los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieren por servicios personales, por el desempeño de un empleo o el ejercicio de una profesión, comercio o industria."

"Artículo 215. Los bienes que los cónyuges adquieran en común por donación, herencia, legado, por cualquiera otro título gratuito o por don de la fortuna, entretanto se hace la división, serán administrados por ambos o por uno de ellos con acuerdo del otro; pero en ese caso, el que administre será considerado como mandatario."

De lo dispuesto en los preceptos antes transcritos, se desprende que los cónyuges al celebrar el matrimonio pueden optar entre el régimen de separación de bienes o el de sociedad conyugal o incluso por un régimen mixto, pues la separación de bienes puede ser absoluta o parcial y la sociedad conyugal puede comprender todos los bienes de cada consorte, sólo parte de ellos, los bienes anteriores al matrimonio, los futuros e incluso el producto del trabajo; pero sea cual fuere la voluntad de los consortes, deben manifestarla de manera expresa y clara, su silencio ya no da lugar a algún régimen en particular, como sucedía tratándose de legislaciones anteriores, pues a diferencia de los sistemas que se adoptaron con anterioridad al código que actualmente rige, nada puede presumirse al respecto.

Corrobora lo anterior, la exposición de motivos al Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, actualmente Código Civil para el Distrito Federal, así como lo manifestado por la Comisión redactora del proyecto de dicho código al informar sobre la revisión que hizo al mismo en vista a las objeciones que le fueron presentadas por la Barra de Abogados, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Contraloría, sobre el libro primero del proyecto del nuevo Código Civil, que en lo conducente dicen: "... Se obligó a que, al contraerse matrimonio, forzosamente pactaran los cónyuges acerca de si establecían comunidad o separación de bienes, procurándose por este medio garantizar debidamente los intereses de la esposa en el momento más propicio, cuando el hombre desea hacerla la compañera de su vida. De esta manera, se combaten prejuicios muy arraigados que impiden, por falsa vergüenza o mal entendida dignidad, tratar de asuntos pecuniarios cuando se funda una familia, que imperiosamente exige muchos y continuados gastos ...".

... 7o. Se obligó que al contraerse matrimonio los cónyuges pactaran expresamente acerca de si establecían comunidad o separación de bienes. El Código de 1884 establecía que cuando los esposos no celebraran ningún convenio sobre sus bienes, por disposición de la ley quedaba establecida la sociedad legal. En la Ley de Relaciones Familiares se adoptó el sistema de separación de bienes, cuando los esposos nada pactaban sobre ellos. En el proyecto del nuevo código se ordena que los que pretendan contraer matrimonio pacten expresamente la comunidad o la separación de bienes. Nada debe presumirse en esta materia; los cónyuges arreglarán lo relativo a sus bienes por convenios expresos.

Asimismo, de los artículos transcritos con anterioridad, deriva también que las capitulaciones matrimoniales tienen la naturaleza de un contrato, pues constituyen convenios celebrados entre los cónyuges para regular su situación patrimonial, por tanto, para fijar su sentido y alcance ha de estarse a las reglas generales de interpretación que rigen para los contratos.

Se ocupan de esta última cuestión, entre otros, los artículos 1851 a 1855 del Código Civil para el Distrito Federal (que tienen su origen en los artículos 1281 a 1286 del Código Civil Español) que textualmente establecen:

"Artículo 1851. Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas."

"Artículo 1852. Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre los que los interesados se propusieron contratar."

"Artículo 1853. Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto."

"Artículo 1854. Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas."

"Artículo 1855. Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato."

Las reglas que se contienen en los preceptos transcritos, pone en evidencia que el legislador optó por establecer una interpretación restrictiva, es decir, limitarla para el caso en que sea absolutamente necesaria, cuando los términos del contrato no sean claros o las palabras parecieren contrarias a la voluntad de las partes, de tal manera que cuando las cláusulas de un contrato son claras carece de sentido la interpretación.

Conviene citar lo que al respecto dice Manresa, en sus comentarios a los artículos 1281 a 1289 del Código Civil Español, T.V., página 702, citado por M.B.S. en su obra Teoría General de las Obligaciones, México 1985, Editorial Porrúa, S.A., página 270, a fin de fijar el alcance de tales preceptos: "... El propósito de la ley y la tendencia de los tribunales es limitar la interpretación a los casos en que se hace verdaderamente necesaria, y por ello, cuando los términos del contrato son claros, la interpretación no tiene razón de ser. De aquí resulta que el elemento externo, la expresión de la voluntad, tiene de hecho una importancia mayor y más decisiva de lo que parece a primera vista. En principio la ley coloca la intención de los contrayentes, que es el alma del contrato, sobre las palabras, que son el cuerpo en que aquélla se encierra, y tan es así, que cuando se atiende al sentido literal, es porque, siendo los términos claros, se supone que en ellos está la voluntad de los contratantes; en suma, valen las palabras, no por sí, por lo que dicen. Pero la prevención contra el litigio, el temor de que lo hasta entonces claro quede oscurecido, y el de que lo cierto, las palabras inequívocas, se cambien por lo dudoso, hace que el sentido literal de los términos tenga una influencia extraordinaria, impidiendo, cuando aquéllos son claros, que se planteen problemas difíciles, en averiguación del propósito de los contratantes ... Para que pueda hacer valer su supremacía la intención, necesita que pueda surgir el problema de interpretación, bien porque las palabras parecieren contrarias a aquélla, bien por actos opuestos a las mismas en que el propósito de los contratantes se manifestase. Además, para triunfar en contra de los términos del contrato, necesita ser evidente, o lo que es lo mismo, que a más de exigir su prueba, ésta, si bien podría intentarse por todos los medios admitidos, deberá proporcionar al juzgador una convicción inequívoca ...".

En el caso, lo que originó los criterios contradictorios entre el Quinto y Sexto Tribunales Colegiados, en Materia Civil del Primer Circuito, fue la interpretación a la voluntad de los cónyuges que celebraron capitulaciones matrimoniales en los siguientes términos: "... II. La sociedad conyugal comprenderá todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos que los consortes adquieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto del trabajo. III. En los bienes y productos de la cláusula anterior, cada consorte tendrá la participación del cincuenta por ciento.".

Se advierte que el contenido de esas cláusulas es claro, por lo que atento a lo dispuesto por el artículo 1851 del Código Civil ha de estarse a su sentido literal y estimarse que todos los bienes adquiridos por los contrayentes, forman parte de la sociedad conyugal, sin que sea dable distinguir su procedencia uorigen, es decir, si fueron adquiridos por el esfuerzo común o individualmente por uno de los cónyuges, o si fue en forma onerosa o gratuita, a fin de incluirlos o no en la sociedad conyugal, pues las partes no hicieron esa distinción, ni existen bases para determinar que su intención fue contraria a las palabras que utilizaron.

Cabe invocar la tesis del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, T.X., página 649, que dice: "CONTRATOS.-Los tribunales no deben interpretarlos apartándose de los términos claros que fueron empleados en su redacción, pero cuando no existe esa claridad, entonces se impone la interpretación.".

Tampoco puede considerarse que al incluir dentro de los bienes que formarían parte de la sociedad conyugal los adquiridos por herencia en lo individual por alguno de los cónyuges, se estén comprendiendo casos o cosas distintas a aquellas respecto de las cuales los contrayentes se propusieron contratar, pues se insiste, los cónyuges fueron claros al establecer que formarían parte de la sociedad conyugal todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos que adquirieran durante el matrimonio, incluyendo el producto del trabajo.

Además, la estipulación de los cónyuges llena los extremos a que se refiere la fracción VIII del artículo 189 del Código Civil que dispone que las capitulaciones matrimoniales contendrán la declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante el matrimonio, pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción; pues en el caso que se analiza los cónyuges pactaron que la sociedad conyugal comprendería todos los bienes, muebles e inmuebles que los consortes adquirieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto del trabajo y que cada consorte tendría en esos bienes y productos la participación del cincuenta por ciento.

A mayor abundamiento, si se aceptara que de esa estipulación quedan excluidos los bienes adquiridos a título gratuito o por herencia, perdería sentido lo pactado entre las partes, pues hecha excepción de los bienes adquiridos por la venta de los que poseyeran con anterioridad, por permuta o algún contrato análogo, qué otros bienes podrían adquirir que no fueran con el producto del trabajo, que los que les fueran transmitidos a título gratuito o por herencia.

Es inexacto además, que la cláusula segunda de las capitulaciones matrimoniales de que se trata, deba interpretarse en el sentido de que sólo alude a los bienes adquiridos en común, pues es claro que éstos, sin necesidad de convenio alguno, siempre pertenecerían a ambos cónyuges, incluso aun cuando estuvieran casados bajo el régimen de separación de bienes, independientemente de que en este caso, los bienes se podrían dividir.

Luego, lo adecuado para que la cláusula citada produzca efectos es considerar que se refiere a los bienes que adquieran los cónyuges en lo individual durante el matrimonio, puesto que la adquisición en común los haría copartícipes, aun sin la existencia de acuerdo alguno por lo que hace a los derechos de dominio que pudieran corresponderles y si bien pudiera requerirse acuerdo sobre su administración, ello no se cuestiona en el caso.

Por otra parte, tampoco es de considerarse que la cláusula en comento se refiere sólo a los bienes adquiridos por el esfuerzo común de ambos cónyuges.

Se afirma lo anterior, porque la cláusula no distingue, y al expresar que "Todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos que los consortes adquieran durante su vida matrimonial, incluso con el producto del trabajo", denota que todos los bienes que adquieran los cónyuges durante su vida matrimonial, sin restricciones, integrarán la sociedad conyugal, sin distinguir si esos bienes han sido adquiridos con capital de la sociedad o por otros medios. Independientemente de que para que los bienes adquiridos con capital de la sociedad conyugal pudieran considerarse como pertenecientes a dicha sociedad, no era necesario que se celebrara convenio al respecto, pues todos los bienes adquiridos con el fondo social pertenecen a la sociedad conyugal, puesto que son utilidades de aquél y la renuncia a estos frutos o utilidades por parte de uno de los cónyuges, es nula conforme al artículo 190 del Código Civil, que dice: "Es nula la capitulación en cuya virtud uno de los consortes haya de percibir todas las utilidades; así como la que establezca que alguno de ellos sea responsable por las pérdidas y deudas comunes en una parte que exceda a la que proporcionalmente corresponda a su capital o utilidades.".

Resulta aplicable al caso la tesis sostenida por esta Tercera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo CIX, página 2627, que dice: "CONTRATOS, EFECTOS DE LOS.-Es principio de interpretación de los contratos, que los mismos deben entenderse de modo que produzcan efectos y no de manera que no produzcan ningunos o peor aun que sólo los produzcan en provecho de una sola de las partes y en perjuicio de la otra.".

Asimismo, no hay porqué considerar que sólo los bienes adquiridos en común pueden formar la sociedad conyugal, pues incluso los adquiridos con anterioridad al matrimonio pueden integrarla si así lo pactan las partes.

No se desconoce, que el Código Civil para el Distrito Federal, admite la integración de los contratos como forma de interpretación, al establecer en su artículo 1796 que desde que aquéllos se perfeccionan "... obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley"; sin embargo, cabe aclarar que al realizarse tal interpretación, no puede atribuirse a los contratantes una intención más amplia que la que tendrían, sino la que se debe considerar incluida en los contratos por disposición de la ley, pues la integración sólo constituye una actividad complementaria de las omisiones o lagunas en que las partes hayan incurrido en la expresión del contrato y, en el caso, no hay lugar siquiera a estimar que haya habido alguna omisión en cuanto a precisar los bienes que formarían parte de la sociedad conyugal.

En efecto, la circunstancia de que las partes no hubiesen especificado que dentro de los bienes que ingresarían a la sociedad conyugal se encontraban los que individualmente adquirieran los cónyuges por herencia, no puede considerarse como una omisión o silencio de su parte, a la que pueda atribuírsele algún efecto, pues claramente estipularon que formarían parte de la sociedad todos los bienes que adquirieran durante su vida matrimonial; independientemente de que según lo expuesto, a diferencia de la Ley de Relaciones Familiares en la que se adoptó el sistema de separación de bienes cuando los cónyuges nada pactaban sobre ellos, el actual código no atribuye al silencio de las partes, efectos jurídicos.

Así es, en el sistema en vigor, tratándose de régimen patrimonial del matrimonio, para que el convenio que celebren los contratantes pueda surtir efectos es necesario que se exprese la voluntad en términos claros, de tal manera que el silencio no es apto para tal fin.

Por otra parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para resolver en el sentido en que lo hizo, se apoyó, en la tesis de esta Tercera Sala, publicada en la página 569 del Boletín de 1955, bajo el rubro, "BIENES DE LOS CONYUGES, PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR HERENCIA POR UNO DE LOS CONYUGES.", transcrita en la página veinticuatro de este fallo; que también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo CXXV, página 2802 bajo el rubro y texto que en seguida se transcriben, (que cabe destacar, difiere en su parte final de aquél): "SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES DE LA. El artículo 215 del Código Civil dice así: 'Los bienes que los cónyuges adquieran en común por donación, herencia, legado, por cualquier otro título gratuito o don de la fortuna, entretanto se hace la división, serán administrados por ambos o por uno de ellos de acuerdo del otro (sic); pero en este caso, el que administre será considerado como mandatario.'. Este precepto expresa claramente que solamente son de ambos cónyuges los bienes adquiridos en común y no por uno solo de ellos. Por tanto, a contrario sensu, el bien adquirido por uno solo de los cónyuges a título de herencia es de su exclusiva propiedad. Esta interpretación está de acuerdo con lo que anteriormente disponía el artículo 2000 del Código Civil de 1884, que declaraba propios de cada cónyuge los bienes que durante la sociedad adquiera cada uno por don de la fortuna, por donación, por herencia o por legado constituido a favor de uno solo de ellos.".

La anterior tesis fue emitida al fallarse el 30 de septiembre de 1955, por unanimidad de cuatro votos, el amparo directo civil 5065/52, promovido por P.V.R..

Conviene transcribir en lo conducente la citada ejecutoria, concretamente la síntesis que en la misma se hace de la sentencia reclamada, de los conceptos de violación expresados en su contra y de las consideraciones con las que se dio respuesta a tales conceptos:

"La Sala estimó fundamentalmente lo siguiente: ... 3. Los bienes que la señora K. adquirió por herencia de su padre entraron a formar parte de la sociedad conyugal, ya que el artículo 203 del Código Civil de Veracruz (o 215 del Código Civil del Distrito Federal) dispone que los bienes que los cónyuges adquieren en común por donación, herencia o legado entran en la sociedad conyugal, lo cual, a contrario sensu significa que los bienes que singularmente adquiera uno de los consortes son de su exclusiva propiedad."

El quejoso expuso entre otros conceptos de violación "...Que con respecto a los bienes adquiridos por la señora K. a la muerte de su padre la Sala responsable hace una interpretación indebida del artículo 166, en relación con el 215 del Código Civil del Distrito, o sea, el 203 del Código de Veracruz. De este último artículo hace una interpretación a contrario sensu, que desvirtúa su sentido y la naturaleza de la sociedad conyugal. Este concepto es infundado. El artículo 215 del Código Civil del Distrito dice así: 'Los bienes que los cónyuges adquieran en común por donación, herencia, legado, por cualquier otro título gratuito o por don de la fortuna, entre tanto se hace la división con acuerdo del otro (sic); pero en este caso, el que administre será considerado como mandatario.'. Este precepto expresa claramente que solamente son de ambos cónyuges los bienes adquiridos en común y no los adquiridos singularmente por uno sólo de ellos. Por tanto, a contrario sensu, el bien adquirido por uno solo de los cónyuges a título de herencia es de su exclusiva propiedad. Esta interpretación está de acuerdo con lo que anteriormente disponía el artículo 2000 del Código Civil de 1884, que declaraba propios de cada cónyuge los bienes que durante la sociedad adquiriera cada uno por don de la fortuna, por donación, por herencia o por legado constituido a favor de uno solo de ellos. Esta cita de un precepto derogado la hizo la Sala responsable, para aclarar un punto que podía ser según la misma de dudosa interpretación.".

Independientemente de que la tesis citada, no resulta aplicable al caso, porque de la ejecutoria de mérito se desprende que en ese asunto, las partes no habían celebrado capitulaciones matrimoniales, a diferencia de aquellos de los que deriva la presente contradicción, esta Tercera Sala no comparte el criterio de que el artículo 215 del Código Civil para el Distrito Federal regule los bienes adquiridos individualmente por quienes están casados bajo el régimen de sociedad conyugal.

Se afirma lo anterior no sólo porque ese precepto, se encuentra dentro del capítulo VI, "De la Separación de Bienes", título quinto del Código Civil, de lo que en principio se desprende que sólo rige al citado régimen de separación, cuya naturaleza es distinta a la de la sociedad conyugal, sino también porque únicamente tiene como finalidad regular a quién corresponde la administración de los bienes adquiridos en común por los cónyuges a título gratuito o por don de la fortuna, en tanto permanecen en la indivisión.

En efecto el artículo de mérito dispone:

Los bienes que los cónyuges adquieran en común por donación, herencia, legado, por cualquiera otro título gratuito o por don de la fortuna, entretanto se hace la división, serán administrados por ambos o por uno de ellos con acuerdo del otro pero en este caso, el que administre será considerado como mandatario.

Como consecuencia de todo lo expuesto, el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, de conformidad con los artículos 192, 193, 195 y 197-A de la Ley de Amparo, es el que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que deberá quedar en los siguientes términos:

SOCIEDAD CONYUGAL, DEBEN CONSIDERARSE INCLUIDOS EN ELLA LOS BIENES ADQUIRIDOS POR HERENCIA POR UNO DE LOS CONYUGES, SI EN LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES SE PACTO QUE AQUELLA COMPRENDERIA TODOS LOS QUE ADQUIRIERAN ESTOS DURANTE SU VIDA MATRIMONIAL.-Si el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal y en las capitulaciones matrimoniales se pactó que ésta comprendería todos los bienes muebles e inmuebles y sus productos que los consortes adquirieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto del trabajo, se debe considerar que en ella se encuentran comprendidos todos, incluso los que ingresen al patrimonio de los consortes a título gratuito, por donación o herencia. Lo contrario implicaría ir en contra de la voluntad de las partes, que optaron de manera libre por la mancomunidad de bienes en su modalidad universal, sin distinguir entre los adquiridos a título oneroso y los adquiridos a título gratuito.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por el Quinto y Sexto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver, el primero, el amparo directo 2770/88 y, el segundo el amparo en revisión 860/93.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los términos precisados en este fallo.

TERCERO

Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta en este fallo al Semanario Judicial de la Federación y a la Gaceta del mismo, para su publicación, así como al Pleno y a las restantes Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y a los Jueces de Distrito, en cumplimiento a lo que ordena el artículo 195 de la Ley de Amparo.

N.; remítase testimonio de esta resolución a los Tribunales Quinto y Sexto en Materia Civil del Primer Circuito; devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

ASI, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente C.S.M., S.H.C.G., M.M.G. y D.V.R.. Estuvo ausente el M.M.A.G., por estar disfrutando de vacaciones, toda vez que integró la Comisión de Receso durante la segunda quincena de julio de mil novecientos noventa y cuatro. Fue ponente el primero de los Ministros antes mencionados.

Firman el presidente de la Sala y a la vez ponente, con el secretario de Acuerdos de la misma que autoriza y da fe.