Ejecutoria num. 3a./J. 37/93 de Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala

EmisorTercera Sala
Número de Resolución3a./J. 37/93
LocalizacionOctava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación.
MateriaSuprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación 1 de Diciembre de 1993

CONTRADICCION DE TESIS 7/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL TERCERO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver con fecha dieciséis de marzo de mil novecientos noventa, el amparo directo número 2331/89, promovido por los ahora denunciantes, en contra del acto de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia dictada con fecha veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y nueve en el toca 2892/88, formado con motivo del recurso de apelación que hicieron valer los propios denunciantes en contra de la sentencia pronunciada en el juicio ordinario civil que promovieron en contra de I.G.M. de la Fuente y C.D.G., en lo conducente sostuvo lo siguiente:

QUINTO.-En cuanto al fondo y por lo que concierne a los demás quejosos, resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación expuestos tanto en la demanda principal como en su ampliación. En efecto, de las actuaciones judiciales que se tienen a la vista y concretamente de la sentencia reclamada, se advierte que la Sala responsable para desestimar la acción ejercitada en el juicio origen de este amparo, se apoyó en síntesis en lo siguiente: a) Que los enjuiciantes aceptaron la oferta de venta extemporáneamente pues lo hicieron cuando ya se había operado la transmisión de la propiedad y en consecuencia, se extinguió su derecho de preferencia, pues dicha transmisión se perfeccionó en el momento en que C.D.G. manifestó su aceptación, por ser la compraventa un contrato consensual de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1807, 2248 y 2249, todos del Código Civil vigente en el Distrito Federal, y b) Que en el caso justiciable los arrendatarios recurrentes no exhibieron en forma simultánea a su aceptación el importe del precio de la compraventa, lo que, según sostuvo, constituye un requisito indispensable para gozar del ejercicio del derecho del tanto, y que los arrendatarios no cumplieron. Ahora bien, respecto a la primera consideración debe decirse que mediante diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la ahora tercero perjudicado, señora I.G.M. de la Fuente, las cuales se radicaron en el Juzgado Vigésimo Noveno del Arrendamiento Inmobiliario de esta capital bajo el expediente número 317 A/87, dicha promovente solicitó se hiciera saber a los inquilinos de departamentos destinados para habitación del edificio ubicado en A. número 87 y número 2 de la Plaza de J.A., en la colonia centro de esta ciudad, identificando como tales al señor C.D.G., hoy tercero perjudicado, así como a los ahora quejosos señores E.L. viuda de D., H.N.S., M.G.R.M., I.A., E.S., J.S.F., E.H.C., E.V.B., R.L.M., J.H.C., R.M.R.S., G.J.C., B.S.C., A.T.H. y A., A.T. de D., F.J.P.K. y M.E.S.G., lo siguiente: a) Que era su voluntad vender el precitado edificio en el precio de $94'440,000.00 (noventa y cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), pagadero de riguroso contado al momento de la celebración del contrato de compraventa definitivo, ante el notario público Número Cincuenta y Nueve del Distrito Federal, licenciado J.H.F.B., y, b) Que el inquilino notificado disponía del término de quince días para notificarle a la misma promovente, en forma indubitable, si era su voluntad ejercitar el derecho del tanto en los términos y condiciones de la oferta, bajo el apercibimiento de que de no dar ese aviso en el plazo expresado concluiría su derecho. Asimismo, consta en las copias certificadas que de las mencionadas diligencias de jurisdicción voluntaria se tienen a la vista, que por una parte la notificación de referencia se practicó a sus destinatarios el día diez de junio de mil novecientos ochenta y siete; y, por la otra, que mediante sendos escritos presentados ante el Juez ante quien se radicaron las citadas diligencias, el señor C.D.G. y los aludidos quejosos, en ejercicio del derecho del tanto, aceptaron la oferta, el primero el día once de junio y los segundos el día doce del mismo mes, ambos del precitado año de mil novecientos ochenta y siete, hecha excepción de E.V.B., quien lo hizo en escrito posterior y de J.H.C. que no la aceptó, y respecto de los cuales se ha sobreseído en este juicio constitucional. Es de aclararse respecto al escrito de aceptación suscrito por los quejosos mencionados en párrafos anteriores, lo siguiente: Que no pasa inadvertido para este tribunal que el mencionado ocurso también lo suscribieron los peticionarios de garantías S.M. de R., M.C.B., G.D.G., R.D.L. y E.G.P., a quienes no obstante que no se les notificó lo peticionado en las multicitadas diligencias de jurisdicción voluntaria, es por demás claro que se hicieron sabedores de las mismas, además de que la Sala responsable, según se desprende de la sentencia reclamada, los tuvo como promoventes de la demanda iniciatoria del juicio natural. Asimismo, es de mencionarse que el aludido escrito de aceptación de la oferta, lo suscribieron igualmente J.D.T. y M. de la Luz B. viuda de L., quienes por las razones legales que se contienen en el auto de fecha quince de febrero del año en curso dictado por el presidente de este colegiado, mismo que se dejó transcrito en el resultando sexto de la presente ejecutoria, se subrogaron, respectivamente, en los derechos de A.T.D. y R.L.M., y con tal carácter tienen la calidad de quejoso en este juicio constitucional. En cualquier forma, es evidente que todos ellos, tanto los de casa habitación como los de locales comerciales ejercitaron el derecho del tanto dentro de los quince días que otorga el artículo 2448-J, fracción II, para los primeros y el de diez días que les concede el artículo 2447 en relación con el 2304, para los segundos, todos del Código Civil vigente en el Distrito Federal. En este orden de ideas, resulta inexacto lo que la Sala responsable considera que, por el hecho de que el inquilino C.D.G., ejercitara su derecho del tanto un día antes de que lo hicieran los enjuiciantes, es razón suficiente para que se excluya a éstos de su derecho, porque una correcta interpretación de los artículos 2447 y 2448-J, fracción II, del código sustantivo en la materia, lleva a la conclusión de que los plazos de diez y quince días que concede a los arrendatarios de locales comerciales y a los inquilinos de casa habitación, respectivamente, es un plazo que no puede ser reducido por el hecho de que cualquiera de los titulares del multicitado derecho del tanto haga uso de él con anticipación, toda vez que los artículos que se comentan establecen claramente término perentorio común dentro del cual puede hacerse valer el derecho del tanto desde el primero hasta el último día. Esto es así, porque el legislador consideró que dentro de dichos plazos los inquilinos pueden tomar una determinación sobre la oferta de venta, sin que se encuentren presionados por el hecho de que cualesquiera de ellos ejercite primeramente dicho derecho, y reducir ese término por esta circunstancia o cualquier otra análoga, viola en perjuicio de los titulares del aludido derecho, las normas secundarias que los ampara. Por otro lado, debe decirse que si bien es verdad que el artículo 2249 del código sustantivo en la materia dispone que por regla general la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho, también es verdad que en el caso justiciable la arrendadora comunicó a los inquilinos de casa habitación que era su voluntad vender el inmueble, fijándoles el plazo de quince días para que le notificaran, indubitablemente, si era su voluntad ejercitar el derecho del tanto en los términos y condiciones de la oferta, bajo el apercibimiento de que de no dar ese aviso en el plazo expresado concluiría su derecho. Es indudable, por ello, que la oferta se sujetó a la fijación de un plazo concedido a todos sus destinatarios, sin excepción, para que manifestaran su aceptación. En consecuencia, si uno de esos destinatarios aceptó el primer día posterior a la notificación de la oferta y los restantes el segundo día, no es dable concluir que el contrato se haya formado respecto del primer aceptante, pues los demás, atendiendo a la fijación del plazo al que se sujetó la oferta, también la aceptaron cuando estaba vigente dicho plazo, y cuando también por ellos, en términos del artículo 1604 del Código Civil, la ofertante estaba aún ligada por su policitación. La Sala responsable al sostener que el contrato se perfeccionó respecto del primer aceptante, varió motu proprio lo relativo al plazo al que la oferente sujetó su policitación, y por lo mismo es inconcuso que para que el contrato se formara con relación al primer aceptante, era menester que hubiere concluido el plazo sin que los demás destinatarios de la oferta manifestaran su aceptación. Por lo que se refiere al inciso b) a que antes se hizo alusión, tampoco es cierto lo que afirma el tribunal de alzada en la sentencia reclamada en el sentido de que los inquilinos enjuiciantes estuvieron obligados a exhibir junto con su aceptación el importe del precio del inmueble, como lo afirman los quejosos en los conceptos en estudio, pues de las actuaciones judiciales que se tienen a la vista y en particular de la notificación de venta que les hizo la propietaria del inmueble y que obra a fojas de la ocho a la diez del expediente natural, se advierte con claridad meridiana que la vendedora les manifestó en el inciso c), del escrito aludido, que el precio sería pagadero de riguroso contado al momento de la celebración del contrato de compra venta definitivo, ante notario público Número 59 del Distrito Federal quedando obligados los compradores a pagar en ese momento todos los gastos de escrituración. Sentado lo anterior y habiéndose demostrado que el acto ordenador reclamado violó en perjuicio de los quejoso las garantías consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, procederá conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable dejando subsistente la consideración que formuló en el sentido de que eran fundados los agravios que expresaron los apelantes ahora quejosos en contra de la sentencia dictada por el Juez de primer grado, deje insubsistentes las restantes consideraciones y haciendo abstracción de las mismas dicte nueva resolución en la que analice, en todo caso, todas y cada una de las pretensiones deducidas por los ahora quejosos en su libelo inicial, así como también las excepciones que opusieron los enjuiciados y con base en las pruebas rendidas con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su sentencia dictada con fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y dos, en el amparo directo número 5030/92, promovido también por los ahora denunciantes en contra del acto de la referida Segunda Sala, consistente en la sentencia dictada con fecha diez de julio de mil novecientos noventa y dos, en el toca 2892/88, en la parte que interesa expresó lo siguiente:

CUARTO.-Los conceptos de violación que hacen valer los quejosos E.L. viuda de D., H.N.S., G.R.M., I.A.H., E.S.M., E.H.C., R.M.R.S., G.J.C., B.S.C., A.T.A., F.J.P.K., M.E.S.G. y J.S.F., sustancialmente se refiere a lo siguiente: 1. Que es procedente la acción que dedujeron en el principal dado que aceptaron en tiempo y con sus condiciones la propuesta unilateral que les hizo I.G.M. de la Fuente, para la compra del edificio del que son inquilinos y en virtud de que su pretensión es de que al no ser válida la compraventa entre aquélla y C.D., la policitación aceptada por los reclamantes es legal y por ello producirá la nulidad de aquella venta consumada; y que al no estimarlo así la Sala viola las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales. 2. Que la responsable estima que es improcedente la acción intentada porque la debida es la de retracto en razón de que el inmueble se vendió, pero que esto no fue materia de la controversia y en el fallo reclamado debe observarse el principio de congruencia que consigna el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles. 3. Que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías ya mencionadas al invocar una jurisprudencia que no es aplicable, ya que los peticionarios aceptaron la oferta dentro del plazo concedido y por tanto es procedente la acción que dedujeron. Por otra parte, los conceptos de violación que aducen los quejosos M. de la Luz B. o B. viuda de L. y J.D.T., resumiéndolos, versan sobre estos puntos: 1o. Que es ilegal lo considerado por la Sala acerca de la falta de legitimación de R.L.M. y A.T. de D. apoyado en que no firmaron la demanda y en su lugar lo hicieron por la primera, M. de la L.B. viuda de L. y J.D.T. por la segunda, ya que los primeros eran inquilinos y a su muerte de los citados quejosos se subrogaron en sus derechos. 2o. Aquí se producen los argumentos empleados por los quejosos citados al principio en cuanto a la procedencia de la acción derivada del ejercicio del derecho del tanto. 3o. Se insiste en lo ya anotado sobre la incongruencia de la sentencia reclamada porque no fue materia de la litis la cuestión de que es procedente la acción de retracto. 4o. También se repite que la sentencia de la Sala es violatoria de garantías al invocar una jurisprudencia inaplicable. Los quejosos G.D.G., R.D.L. y E.G.P., expresan, en síntesis, estos motivos de queja. 1o. Que es ilegal que carezcan de legitimación, como se establece por la Sala en vista de que no se les notificó en la jurisdicción voluntaria el propósito de vender, ya que tienen el carácter de inquilinos de los locales comerciales A, G y B, respectivamente, del inmueble materia de la controversia, y por ello, al enterarse de que la propietaria quería enajenar el inmueble, se apersonaron en las diligencias de jurisdicción voluntaria haciendo valer el derecho del tanto a su favor que consagra el artículo 2447 del Código Civil, y que por ende, se encuentran legitimados. 2o. Los peticionarios reproducen los motivos de queja ya anotados referentes a la procedencia de la acción inicial. 3o. Que la acción de retracto no fue materia de la controversia y por tanto al tenerse como procedente por la Sala se violó el principio de congruencia; y 4o. Que la Sala viola las garantías de los artículos 14 y 16 constitucionales y el artículo 193 de la Ley de Amparo al invocar una tesis de jurisprudencia no aplicable. QUINTO.-A fin de resolver sobre lo fundado o no de los conceptos de violación que expresan los quejosos, conviene dejar precisado lo siguiente: Se advierte de la sentencia reclamada que la Sala responsable, una vez que dejó establecido quiénes de las personas que aparecen promoviendo la demanda del juicio de origen se encuentran legitimadas en cuanto a la acción deducida, se ocupó del estudio de la acción ejercitada por aquellos que sí están legitimados en la causa, concluyendo que sí tiene derecho al tanto H.N.S., G.R.M., I.A.H., E.S.M., E.H.C., E.L. viuda de D., R.M.R.S., G.J.C., B.S.C., A.T.A., F.J.P.K., M.E.S.G. y J.S.F.: 'en razón de que aceptaron oportunamente y en las condiciones propuestas, la promesa unilateral o policitación que a la mayoría de ellos les hiciera I.G.M. de la Fuente, propietaria del inmueble materia del juicio, según comunicado que formuló por escrito fechado ...'. Más adelante, la Sala abundó acerca de que la aceptación del derecho de tanto cumple las exigencias de la oferta, por las razones que expone y constan en la transcripción de su sentencia que aparece en el considerando tercero de la presente ejecutoria. Sin embargo, y en vista de que el edificio afecto a la policitación fue vendido por la propietaria a C.D.G., aún antes de que transcurriera el término de quince días concedidos a los inquilinos de ese inmueble para que hicieran uso del apuntado derecho de preferencia por el tanto, dio lugar a que la Sala tuviera como improcedente la acción intentada y en su defecto que resultaba procedente la acción de retracto, invocando al efecto la tesis de jurisprudencia intitulada: 'ACCION DE RETRACTO Y DE DERECHO DEL TANTO.', concluyendo su fallo en los términos de los decisorios ya transcritos en el cuerpo de la presente ejecutoria, que son en el sentido de que los actores legitimados que se señalan no acreditaron la acción ejercitada y los demandados acreditaron parcialmente sus excepciones y defensas, absolviendo a éstos de lo que se le reclamó y tocante a los actores legitimados señalados se reservó el derecho que pudieran tener a su favor para que lo hagan valer en la forma que corresponda. En estos términos, la Sala, a pesar de haber considerado que la acción procedente fue la de retracto, aún en principio, pues a eso equivale haber reservado el derecho que pudieran asistir a los actores a virtud de la venta del inmueble que se hizo al referido C.D.G., concedió efectos jurídicos al repetido derecho de preferencia por el tanto a favor de los enjuiciantes a que se refirió. SEXTO.-Puntualizado el sentido de la sentencia de la Sala, se advierte que los conceptos de violación que aducen los quejosos citados en primer término en el considerando cuarto del fallo que se pronuncia, son infundados. En efecto, los motivos de inconformidad que se hacen valer parten del supuesto de que dichos interesados aceptaron en sus términos y condiciones la oferta que les hizo I.G.M. de la Fuente de vender el edificio del que ellos son inquilinos de los departamentos que respectivamente ocupan. Sobre ese particular, de la copia certificada de foja 9 del juicio de origen, que tiene pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece el escrito de I.G.M. de la Fuente que en lo conducente dice. 'c) Que con fundamento en el artículo 2448, fracción I y J del Código Civil, es mi voluntad vender todo el edificio ubicado en el número 87 de la calle de A. número 2 de Plaza de S.J.A., colonia centro, código postal 06010 de esta ciudad, en el precio de: $94'440,000.00 (noventa y cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), importe del avalúo reciente practicado en el mismo, pagadero de riguroso contado al momento de la celebración del contrato de compraventa definitivo, ante notario público Número Cincuenta y Nueve del Distrito Federal, licenciado J.H.F.B., quien tiene su domicilio en la casa número 116 de la calle de Tlaxcala, colonia Roma, C.P. 06760 de esta ciudad, libre de todo gravamen para el adquirente, quien tendrá la obligación de pagartodos los gastos de escrituración así como los impuestos a su cargo que devengue la operación. d) Que el inquilino notificado dispone del término de quince días para notificar en forma indubitable a la suscrita si es voluntad ejercitar el derecho del tanto en los términos y condiciones de la oferta bajo el apercibimiento de que de no dar aviso en el plazo expresado concluirá su derecho'. De la misma copia certificada de actuaciones (foja 78 del principal) consta el escrito de quienes fueron notificados de la anterior promoción, ante el Juez que conoció de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la citada I.G.M. de la Fuente, en donde expusieron lo siguiente: 'Venimos a manifestar que es nuestro deseo hacer uso del tanto, que la ley nos concede en los términos de los artículos 2448-I y 2448-J del Código Civil para el Distrito Federal, por lo que los que suscribimos, queremos adquirir proindiviso y con representaciones iguales el referido inmueble en los mismos términos y condiciones en que se nos notificó'. Resulta de las transcripciones anteriores con toda claridad, que los actores quejosos cuyos conceptos de violación se estudian, al responder de ese modo a la policitación de I.G.M. de la Fuente, no se ciñeron a lo dispuesto por el artículo 2448-J, fracción II, del Código Civil, pues si bien su citada promoción lo fue dentro del término de quince días señalados por la autora de la oferta y que consigna el precepto legal invocado, no cumplieron conforme a sus propios dichos, con una aceptación lisa y llana de los términos y condiciones de la oferta, pues aunque hicieron esta manifestación no es acorde con su expresión de 'adquirir proindiviso y con representaciones iguales el referido inmueble', que debe entenderse, racionalmente, significa no el propósito de comprar lo ofrecido, o sea el edificio (un todo) precisado en la promoción de la presunta vendedora, sino parte o partes del mismo, ya que así también debe entenderse los vocablos 'representaciones iguales', que serían los departamentos del propio inmueble que ocupan en arrendamiento; o en otras palabras, que sólo manifestaron el propósito de aceptar la oferta de venta de la arrendadora en los términos asentados, que, al mismo tiempo, contradice su dicho de adquirir en copropiedad, o sea convertirse en copropietarios del inmueble (edificio), ya que en esta hipótesis solo tendrían derecho a una parte alícuota respecto del mismo, que es la característica de ese régimen de propiedad antes de efectuarse la división del inmueble. C. de lo acabado de exponer es que, independientemente de la acción deducida en el principal sea del derecho del tanto o la acción de retracto, lo esencial es que, atendiendo que la acción procede en juicio aún cuando no se expresa su nombre o se haga equivocadamente, con tal de que se determine con claridad lo reclamado y su fundamento, por el motivo señalado es improcedente, y de esta suerte, los motivos de inconformidad de los quejosos aludidos, que apoyan en un derecho o situación inexistente, emanada de lo dispuesto por el artículo 2448-J, fracción II, del código de la materia, son infundados porque carecen del apoyo legal. SEPTIMO.-En lo que respecta a los conceptos de violación que encierran los capítulos referentes a los quejosos M. de la Luz B. o B. viuda de L. y J.D.T., y G.D.G., R.D.L. y E.G.P., que fundamentalmente parte de que se encuentran legitimados en cuanto a la acción origen del contradictorio y en sus derechos de preferencia por el tanto, o sea que se colocan en la misma situación de los anteriores quejosos, obvia y necesariamente les afecta lo concluido sobre la improcedencia de esa acción, y, por ende sus motivos de inconformidad son infundados. OCTAVO.-Las consideraciones precedentes conducen necesariamente a establecer que la sentencia reclamada de la Sala responsable, al declarar no probada la acción materia del contradictorio origen y absolver a los demandados de las prestaciones relativas, no viola en perjuicio de los quejosos ninguno de los preceptos legales que invocan en su beneficio y por ende tampoco las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, que da lugar a que se niegue el amparo que solicitan, incluso contra los actos de ejecución que también reclaman porque no impugnados en particular necesariamente siguen la suerte de la referida sentencia.

Finalmente, el propio Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la sentencia dictada con fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y dos, en el amparo directo 5037/92, promovido por I.G.M. de la Fuente y C.D.G., en contra del acto de la misma Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, anteriormente mencionada, que se hizo consistir en la sentencia dictada el diez de julio de mil novecientos noventa y dos, en el toca 2892/88, en lo conducente se apoyó en las siguientes consideraciones:

"CUARTO.-Los quejosos, después de hacer una relación de los antecedentes del juicio origen que culminó con la sentencia que reclaman, concretándolos, hacen valer los siguientes motivos de inconformidad: 1o. Que la sentencia de mérito es contradictoria en sí misma, pues por principio se establece que la acción que se hizo valer fue la derivada del derecho del tanto, y más adelante que resultaba procedente la acción de retracto, deviniendo así que no es clara ni congruente con la demanda y contestación y que la responsable no cumplió con la ejecutoria dictada, ya que no hizo el estudio correspondiente en forma seria, lógica y jurídica, con razonamientos y basada en las constancias del juicio; y después de manifestar que lo antes dicho pone de relieve que la Sala ha procedido con parcialidad en favor de los actores, agregan que la acción deducida aunque no se indicó su nombre, fue la de derecho del tanto. 2o. Se remite este concepto a la materia del antes puntualizado. 3o. En este concepto se comentan en general las consideraciones que hizo la Sala sobre quiénes de los actores se encuentran legitimados. Que la aceptación de la oferta de C.D.G. (a quien vendió la propietaria) y los restantes arrendatarios, fueron oportunos; que la Sala reconoce la forma en que se hizo la policitación a los arrendatarios del inmueble materia del juicio, pero al analizar la aceptación de la oferta pasa por alto que se varió, pues el pretender adquirir el inmueble proindiviso y con representaciones iguales, no es lo mismo que adquirir todo el edificio, como se dijo en la oferta, y por ello la Sala desecha la excepción que opusieron los demandados (y ahora quejosos), quienes abundan en argumentos en el mismo sentido y en contra de lo resuelto por la Sala en sentido adverso, al señalar que la aceptación de la oferta se ajusta a las condiciones señaladas por la propietaria. Más adelante (foja 44 del escrito de conceptos de agravios) los reclamantes se remiten a que visto que no se había aceptado la oferta en los términos propuestos, se formalizó el contrato de compraventa con el arrendatario que realizó la aceptación lisa y llanamente y que fue C.D.G.. Que la Sala, a foja 11 vuelta de su sentencia, afirma que debe modificarse la sentencia definitiva apelada, dejando a salvo los derechos de los demandantes ya especificados, que pudieran tener en su favor para que los hagan valer en la forma que corresponde, lo cual no funda ni motiva la responsable y por tanto deja la puerta abierta a los demandantes, para que ahora sí intenten nuevamente una acción, que se ignora cual sea. Se abunda sobre la improcedencia de esa reserva de derechos que estiman los autores de la queja viola el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles, ya que lo resuelto en esos términos no se apoya en preceptos legales o principios jurídicos, amén de la violación de los diversos numerales que invocan al efecto y, por tanto, de las garantías consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales; y 4o. Se alude a la improcedencia del ejercicio del derecho del tanto por los actores por haber variado los términos de la oferta. QUINTO.-En referencia a los anteriores conceptos de violación, cabe dejar precisado que la sentencia reclamada, según quedó asentado en el resultado décimo primero del fallo que se pronuncia, concluyó en el sentido de que los actores legitimados que ahí se señalan no acreditaron la acción ejercitada y los demandados acreditaron parcialmente su excepciones y defensas, absolviendo a estos últimos de lo que se les reclamó, y tocante a los actores legitimados señalados se reservó el derecho que pudieran tener a su favor para que lo hagan valer en la forma que corresponda. Atendiendo a lo así resuelto, en el primero, segundo y cuarto capítulos de los conceptos de violación, los actores de la queja señalan que el fallo reclamado es contradictorio por la razón que apuntan, exponen argumentos sobre las consideraciones que hizo la Sala acerca de quienes de los actores se encuentran legitimados y se combate que la Sala tuvo como oportuna y procedente la aceptación de la oferta que hicieron los actores, pero son consideraciones que no afectan a los reclamantes, porque lo fundamental es que la Sala, al modificar la sentencia apelada de primer grado, resolvió en los términos señalados en el párrafo que antecede, y siendo así, los conceptos de violación a estudio resultan improcedentes. Respecto al tercer concepto de violación, en su última parte, es fundado. En efecto, si la sentencia reclamada, se repite, resolvió que los actores no probaron su acción, así lisa y llanamente, y a virtud de ello absolvió a los demandados y ahora quejosos de lo que se les reclamó en el escrito inicial del contradictorio, sin dar la Sala razón que fundara y motivara el haber reservado el derecho que pudieran tener los enjuiciantes para hacerlo valer en la forma que corresponda, dicha reserva en esa situación, reviste ilegalidad absoluta, máxime que ignorándose su fundamento por tal razón, menos podían impugnarla los demandados absueltos. De consiguiente, como la repetida reserva de derecho, se colige, puede tener vinculación con lo controvertido en el juicio de origen ya definido en términos absolutos, y por ende podría afectar los derechos de los demandados, es inconcuso que les irroga posibles perjuicios, y al no ser fundada en la ley resulta violatorio de las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, lo cual da lugar a conceder el amparo que se solicita contra ese solo aspecto de la sentencia reclamada."

TERCERO

Es improcedente la denuncia de contradicción de tesis de que se trata, porque si bien quienes la formularon están legitimados para ello, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, puesto que son quejosos en los juicios de amparo 2331/89 y 5030/92 y terceros perjudicados en el diverso 5037/92, en los cuales se sustentaron las tesis que según ellos son contradictorias; realmente, no existen las contradicciones de tesis denunciadas.

En efecto, del respectivo escrito cuya parte conducente se transcribió en el resultando primero de este fallo, se desprende, que los denunciantes, después de señalar los antecedentes y datos del juicio ordinario civil 213/87, del índice del Juzgado Trigésimo Cuarto de esa materia, del Distrito Federal, que promovieron en contra de I.G.M. de la Fuente y C.D.G., del que derivan dichos juicios de amparo, y de expresar diversos argumentos tendientes a establecer que la tesis correcta es la sustentada en el amparo directo 2331/89 que ellos promovieron, en cuya ejecutoria se les concedió la protección constitucional para efectos, a continuación expresan las razones por las que, a su juicio, existen las contradicciones de tesis de referencia.

Así, por una parte señalan que existe contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 2331/89, promovido por ellos, y la sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 5030/92, promovido por los propios denunciantes, esencialmente:

1o. Porque mientras que el Primer Tribunal Colegiado consideró que todos los denunciantes, esto es, tanto los que eran arrendatarios de casa habitación, como los de locales comerciales, tenían derecho a que se les vendiera la totalidad del inmueble de que se trata, en copropiedad o proindiviso, puesto que todos ejercitaron el derecho del tanto que les otorgan el artículo 2448-J, fracción II y el 2447 en relación con el 2309 del Código Civil para el Distrito Federal, respectivamente, el Tercer Tribunal Colegiado, en el amparo 5030/92, estimó que dicho inmueble no podía venderse a todos los inquilinos, sino solamente a uno, en tanto que no procedía adquirirlo en copropiedad.

2o. Porque el Primer Tribunal Colegiado consideró, que los denunciantes M. de la L.B. viuda de L. y J.D.T. sí estaban legitimados para ejercitar la acción materia del juicio natural, toda vez que, respectivamente, se subrogaron en los derechos de A.T.D. y R.L.M., y en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en el considerando séptimo de su sentencia pronunciada en el amparo 5030/92, estimó lo contrario.

Por otra parte, se dice en el respectivo escrito de denuncia, que también existe contradicción entre las tesis sustentadas por dicho Tercer Tribunal Colegiado en el juicio de amparo 5030/92, promovido por los denunciantes y el 5037/92, promovido por I.G.M. de la Fuente y C.D.G., porque mientras que al resolver el primero de esos dos juicios, consideró implícitamente que no procedía la acción de retracto, al fallar el segundo estimó que tal acción sí procedía.

Finalmente, consideran los denunciantes que existe contradicción entre las tesis sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado al resolver dicho juicio 5037/92, y la sostenida por el Primer Tribunal Colegiado, porque:

1o. Consideran que en tanto que aquel tribunal determinó, como se dijo, que sí procedía la acción de retracto, el otro concluyó que no era procedente esa acción.

2o. Porque, no obstante que el Primer Tribunal Colegiado determinó, por lo que se refiere a los denunciantes G.D.G., R.D.L. y E.G.P., que sí ejercitaron el derecho del tanto dentro del término legal, lo que aunado a que en la propia sentencia se ordenó a la responsable, que dejara insubsistentes las consideraciones vertidas en la sentencia reclamada, respecto a que son fundados los agravios que hicieron valer, tiene como consecuencia que "debe subsistir el reconocimiento de las personas citadas y su legitimación para hacer valer sus derechos; el Tercer Tribunal Colegiado al resolver el referido juicio 5037/92, consideró que como no se les notificó la oferta de venta, no tienen derecho del tanto".

Ahora bien, en torno a la cuestión de cuando debe considerarse que existe contradicción de tesis, esta Tercera Sala ha sustentado los siguientes criterios:

Tesis CLXXIII/89, aprobada en sesión privada de 13 de noviembre de 1989, del tenor literal siguiente:

CONTRADICCION DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA QUE SE FORMULA RESPECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR TRIBUNALES COLEGIADOS EN LAS QUE EL PROBLEMA JURIDICO ESPECIFICAMENTE ABORDADO ES DIFERENTE, AUNQUE GENERICAMENTE SEAN DE SIMILAR NATURALEZA.-Si lo que regulan los artículos 107, fracción XIII constitucionales y 197-A de la Ley de Amparo, es la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, entendiendo por 'tesis' a la posición que asume el juzgador en la solución del negocio jurídico que se le ha planteado y que se manifiesta en una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias; consecuentemente, el que para un Tribunal Colegiado, la equivocación del notario en el número de hojas que certificó como integrantes de un testimonio de escritura pública, no represente un vicio que afecte el valor probatorio esencial de dicho documento y para otro órgano colegiado, la omisión total del fedatario de señalar de cuántas hojas consta el documento certificado por él, así como la de firmar y colocar su sello en cada una de ellas, sí afecte el valor demostrativo de ese documento, no constituye materialmente hablando contradicción de tesis alguna, porque aunque genéricamente se hayan referido a un problema de similar naturaleza, la realidad es que en forma específica se trata de cuestiones diversas en cada caso.

Tesis CLII/90, aprobada en sesión del 12 de noviembre de 1990, cuyo texto es el siguiente:

CONTRADICCION DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA QUE SE FORMULA RESPECTO DE RESOLUCIONES EN LAS QUE EL PROBLEMA JURIDICO ABORDADO ES DIFERENTE Y DE LO SOSTENIDO EN ELLAS NO DERIVA CONTRADICCION ALGUNA.-Los artículos 107, fracción XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, entendiendo por tesis el criterio jurídico de carácter general que sustenta el órgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve. Consecuentemente, debe considerarse improcedente la denuncia que se formula respecto de resoluciones que, aunque genéricamente, se hayan referido a un problema de similar naturaleza, en forma específica aborden cuestiones diversas y de lo sostenido en ellas no se derive contradicción alguna, pues no existe materia para resolver en la contradicción denunciada.

Precedentes:

Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J.T.L.C.. Secretario: A.G.T..

Contradicción de tesis 6/93. Entre las sustentadas por el Tercer y Sexto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 28 de junio de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: M.M.G.. Secretario: I.N.R..

Tesis CLIII/90, aprobada en sesión de 21 de noviembre de 1990, que dice:

"CONTRADICCION DE TESIS, PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA.-La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción."

Precedentes:

Contradicción de tesis 38/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. 4 de marzo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: M.A.G.. Secretaria: Ma. Estela F.M..

Contradicción de tesis 43/90. Entre las sustentadas por el Primer Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 27 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J.A.L.D.. Secretario: A.L.M..

Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J.L.C.. Secretario: A.G.T..

De lo anterior se desprende, que para que exista contradicción de tesis, es necesario en principio, que una tesis afirme lo que otra niegue, o viceversa, y que además de ello, al sustentar cada una se haya examinado el mismo tema y en el mismo plano, esto es, que se haya analizado la cuestión partiendo de iguales supuestos y puntos de vista, requisitos sin los cuales la contradicción no existe.

En estas condiciones, la primera supuesta contradicción señalada por los denunciantes, entre la sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo 2331/89 y la sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado al fallar el amparo 5030/92, ambos promovidos por los ahora denunciantes, realmente no existe, toda vez que, no es verdad que este último tribunal haya considerado que el inmueble de que se trata debía venderse solamente a uno y no a todos los inquilinos, pues en esencia estableció solamente, que la acción de nulidad derivada del derecho del tanto que ejercitaron los denunciantes, era improcedente porque si bien estos le hicieron saber a la arrendadora su voluntad de ejercitar el derecho del tanto dentro del término que para el efecto establece la ley, su ofrecimiento no fue en los términos y condiciones de la oferta.

En otras palabras, el Tercer Tribunal Colegiado en ningún momento determinó a cuantos o a quien de los arrendadores que aceptaron la oferta de la arrendadora debía venderse el inmueble, menos aún que la venta debiera realizarse solamente a uno de ellos, sino que, simplemente estableció, que la acción de nulidad que ejercitaron era improcedente, porque con independencia de si se trataba de la acción derivada del derecho del tanto o de la de retracto, no procedía porque el ofrecimiento de compra que hicieron los denunciantes, no fue en los términos y condiciones de la oferta de la arrendadora y dueña del inmueble.

Consecuentemente, si ya quedó establecido, que para que exista contradicción de tesis es necesario en principio, que una afirme lo que otra niegue o viceversa, debe concluirse que aún cuando el Primer Tribunal Colegiado hubiera considerado que todos los arrendadores, ahora denunciantes, tenían derecho a que se les vendiera la totalidad del inmueble en copropiedad o proindiviso, la contradicción de tesis de que se viene hablando, no existiría, puesto que el otro Tribunal Colegiado no estimó lo contrario.

La segunda contradicción entre los dos tribunales de referencia, tampoco existe, pues basta la simple lectura de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en el amparo directo 5030/92, especialmente de su considerando séptimo, donde a juicio de los denunciantes se produce la contradicción, para concluir, que en ningún momento se hace consideración alguna en el sentido de que M. de la L.B. viuda de L. y J.D.T. no estuvieran legitimadas para ejercer la acción materia del juicio natural, sino que, de dicho considerando, en relación con los considerandos del cuarto al sexto, claramente se advierte, que la razón por la que se consideró que sus conceptos de violación son infundados, es la misma que se señaló al examinar la primera contradicción, esto es, porque independientemente de que la acción que ejercitaron los denunciantes, sea la de nulidad derivada del derecho del tanto o de la de retracto, es improcedente porque el ofrecimiento de compra que hicieron no fue en los términos y condiciones de la oferta de la arrendadora. Esto y no otra cosa es lo que sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en relación a los conceptos de violación que esgrimieron M. de la L.B., o B. o B., viuda de L. y J.D.T., cuando después de examinar en su considerando sexto los conceptos de violación expresados por los diversos quejosos cuyos nombres precisó en el considerando cuarto, llegó a la conclusión de que son infundados por la razón antes especificada, para después, en el considerando séptimo remitirse a ese razonamiento en los siguientes términos: "En lo que respecta a los conceptos de violación que encierran los capítulos referentes a los quejosos M. de la Luz B. o B. viuda de L.D.T. ... que fundamentalmente parten de que se encuentran legitimados en cuanto a la acción origen del contradictorio y en sus derechos de preferencia por el tanto, o sea que se colocan en la misma situación de los anteriores quejosos, obvia y necesariamente les afecta lo concluido sobre la improcedencia de esa acción y, por ende sus motivos de inconformidad son infundados."

En otras palabras, dicho Tribunal Colegiado jamás se ocupó de establecer si las dos personas referidas se subrogaron o no en los derechos de A.T.D. y R.L.M., y si en consecuencia aquellas estaban o no legitimadas para ejercitar la acción materia del juicio natural, como erróneamente consideran los ahora denunciantes, sino que la razón por la que estimó que son infundados sus conceptos de violación, consiste, como se dijo, en que el ofrecimiento de compra del inmueble, no fue en los términos y condiciones de la oferta propuesta por la arrendadora, cuestión ésta que es ajena completamente a la legitimación que aluden los denunciantes.

En tal virtud, si el Tercer Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo directo 5030/92, en ningún momento consideró que las dos personas mencionadas carecieran de legitimación para ejercitar la acción materia del juicio natural, aunque el Primer Tribunal Colegiado hubiera estimado que sí lo estaban, la contradicción de referencia no pudo producirse y por tanto no existe.

La tercera supuesta contradicción, que en concepto de los denunciantes existe entre lo sostenido por el propio Tercer Tribunal Colegiado al fallar los juicios de amparo directo números 5030/92 y 5037/92, promovidos, el primero por dichos denunciantes y el segundo por I.G.M. de la Fuente y C.D.G., realmente no existe, en principio, porque al fallarse el primero de esos dos juicios, se repite, solo se consideró, que independientemente de que la acción que hubieran ejercitado los ahora denunciantes, fuera la de nulidad derivada del derecho del tanto o la de retracto, era improcedente porque el ofrecimiento de compra del inmueble que hicieron no fue en los términos y condiciones propuestos por la arrendadora, lo que implica, que en ningún momento se pronunció respecto a que no procediera la acción de retracto, esto es, consideró el Tribunal Colegiado, que independientemente de que se tratara de una u otra acción, no procedía porque el ofrecimiento de compra del inmueble, no fue en los términos y condiciones de la oferta.

Por otra parte, aun suponiendo que en dicho juicio se hubiera sostenido, que era improcedente la acción de retracto, no existiría la contradicción, porque no es verdad que al fallar el diverso amparo 5037/92, se hubiera estimado lo contrario, puesto que en ningún momento se hizo pronunciamiento alguno sobre la procedencia de la acción de retracto, ni de ninguna otra, sino que la protección constitucional se otorgó a los quejosos I.G.M. de la Fuente y C.D.G. (contraparte en el juicio natural, de los ahora denunciantes), fundamentalmente, porque se estimó que la sentencia ahí reclamada, adolecía de un vicio formal, consistente en la falta de fundamentación y motivación respecto a la reserva de derechos en favor de unos de los ahora denunciantes, a quienes sí se les consideró debidamente legitimados para ejercitar la acción materia del juicio natural. A efecto de ilustrar lo anterior, a continuación se transcribe la parte conducente de la sentencia pronunciada en el referido amparo 5037/92:

CUARTO.-Los quejosos, después de hacer una relación de los antecedentes del juicio de origen que culminó con la sentencia que reclaman, concretándolos, hacen valer los siguientes motivos de inconformidad: ... 3o. En este concepto se comentan en general las consideraciones que hizo la Sala sobre quiénes de los actores se encuentran legitimados ... Que la Sala a foja 11 vuelta de su sentencia, afirma que debe modificarse la sentencia definitiva apelada dejando a salvo los derechos de los demandantes ya especificados, que pudieran tener a su favor para que los hagan valer en la forma que corresponda, lo cual no funda ni motiva la responsable y por tanto deja la puerta abierta a los demandantes para que ahora sí intenten nuevamente una acción, que se ignora cuál sea. Se abunda sobre la improcedencia de esa reserva de derechos que estiman los autores de la queja viola el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles, ya que lo resuelto en esos términos no se apoya en preceptos legales o principios jurídicos, amén de la violación de los diversos numerales que invocan al efecto y, por tanto, de las garantías consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales; y ... Respecto al tercer concepto de violación, en su última parte, es fundado. En efecto, si la sentencia reclamada, se repite, resolvió que los actores no probaron su acción, así lisa y llanamente, y a virtud de ello absolvió a los demandados y ahora quejosos de lo que se les reclamó en el escrito inicial del contradictorio, sin dar la Sala razón que fundara y motivara el haber reservado el derecho que pudieran tener los enjuiciantes para hacer valer en la forma que corresponda, dicha reserva en esa situación, reviste ilegalidad absoluta, máxime que ignorándose su fundamento por tal razón menos podían impugnarla los demandados absueltos. De consiguiente, como la repetida reserva de derechos, se colige, puede tener vinculación con lo controvertido en el juicio de origen ya definido en términos absolutos, y por ende podría afectar los derechos de los demandados, es inconcuso que les irroga posibles perjuicios, y al no ser fundada en la ley resulta violatoria de las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, lo cual da lugar a conceder el amparo que se solicita contra ese solo aspecto de la sentencia reclamada.

Con independencia de que materialmente no existe la contradicción de tesis, porque, según se estableció, no es el caso de que una afirme lo que otra niegue o viceversa, suponiendo que sí se reuniera este requisito, sería improcedente la contradicción que se analiza, de conformidad con el criterio sostenido por esta Tercera Sala en su tesis número CLII/89, aprobada en sesión privada del día nueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, que textualmente dice:

CONTRADICCION DE TESIS. NO PROCEDE CUANDO LAS SUSTENTO EL MISMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.- Cuando se denuncia la contradicción de tesis pero las mismas fueron sustentadas por un mismo Tribunal Colegiado, aun cuando haya cambiado de nomenclatura por la creación de otro tribunal en el mismo circuito y/o haya variado su integración, debe considerarse improcedente la denuncia pues se está en el caso de un cambio de criterio, lo que es conforme a derecho, toda vez que aun la Suprema Corte puede proceder de este modo, llegando incluso a poder interrumpir una jurisprudencia.

Por la misma razón que en segundo lugar se expuso, al estudiar la supuesta contradicción entre la sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado al fallar los juicios de amparo 5030/92 y 5037/92, no existe la cuarta contradicción denunciada, que a juicio de los denunciantes se produjo al fallar el último de estos dos amparos y la postura que asumió el Primer Tribunal Colegiado al resolver el juicio de garantías 2331/89, toda vez que, en aquella ocasión se estableció, que aquel tribunal en el amparo 5037/92, en ningún momento consideró que sí procediera la acción de retracto, sino que concedió el amparo por estimar que la sentencia reclamada adolecía del vicio formal de fundamentación y motivación, pues en esas condiciones, aunque el Primer Tribunal Colegiado se hubiera pronunciado en el sentido de que no procedía la acción de retracto, no existiría la contradicción, igualmente, porque no se estaría afirmando en una tesis lo que en otra se niega o viceversa.

Finalmente, la quinta y última contradicción denunciada, supuestamente existente entre dicho Primer Tribunal Colegiado al resolver el amparo 2331/89 y la sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado al fallar el amparo 5037/92, es de igual manera inexistente, toda vez que, aunque fuera verdad que aquel órgano jurisdiccional, efectivamente hubiera considerado que los quejosos, ahora denunciantes, G.D.G., R.D.L. y E.G.P., sí ejercitaron el derecho del tanto dentro del término legal, tomando en consideración, que no es cierto que el Tercer Tribunal Colegiado al resolver el amparo 5037/92, haya estimado que dichas personas no tenían derecho del tanto, en virtud de que no se les notificó la oferta de venta, puesto que, según quedó establecido con anterioridad, en esencia solo declaró fundado el tercer concepto de violación, atendiendo a que la sentencia reclamada adolecía del vicio formal de fundamentación y motivación; debe concluirse, que la contradicción de que se trata, como se dijo, no existe, pues en las condiciones señaladas, no se afirma en una tesis lo que en otra se niega, ni viceversa.

Habiéndose demostrado que en el caso no se reúne el requisito fundamental para la existencia de las supuestas contradicciones de tesis materia de la denuncia que se resuelve, consistente en que una afirme lo que otra niegue o viceversa, carece de sentido determinar si quedaron satisfechos los demás requisitos que al principio se señalaron, ya que aunque así fuera, no podría existir la contradicción.

Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 192 y 197-A de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO

No existen las contradicciones de tesis de que se trata.

SEGUNDO

En consecuencia, resulta improcedente la denuncia con que se formó el expediente en que se actúa.

N. y cúmplase. Para los efectos legales correspondientes, remítase testimonio del presente fallo a los Tribunales Colegiados que sustentaron las tesis supuestamente contradictorias, y en su oportunidad, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido.

ASI, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente J.T.L.C., M.A.G., S.H.C.G. y M.M.G.. Fue ponente el primero de los señores Ministros antes mencionados.

Firman el presidente y a la vez ponente con el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.