Ejecutoria num. 3a./J. 7/92 de Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26833104

Ejecutoria num. 3a./J. 7/92 de Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala

Emisor:Tercera Sala
Número de Resolución:3a./J. 7/92
Localizacion:Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Junio de 1992
RESUMEN

CONTRADICCION DE TESIS 18/91. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO.MANDATO JUDICIAL. A DIFERENCIA DEL MANDATO GENERAL, NECESARIAMENTE DEBE RECAER EN UN LICENCIADO EN DERECHO CON TITULO REGISTRADO (LEGISLACION VIGENTE DEL ESTADO DE PUEBLA HASTA EL 26 DE JULIO DE 1991).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCION DE TESIS 18/91. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentadas en juicios de amparo directo y en revisión en materia civil por distintos Tribunales Colegiados de Circuito.

SEGUNDO

El texto de la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito es el siguiente:

"MANDATO GENERAL CON FACULTADES ESPECIALES. EL APODERADO NO NECESITA SER LICENCIADO EN DERECHO (LEGISLACION DE PUEBLA).-Como la representación es el medio de que dispone la ley o una persona para obtener, utilizando la voluntad de otra, los mismos efectos que si hubiese actuado aquélla, se consignó en las normas jurídicas la figura del poder general y, un criterio en contrario, haría nugatorias todas las normas relativas a los poderes generales y a las facultades amplísimas de forma tal que, inclusive las personas morales de derecho público y privado o social, para asuntos judiciales civiles, en el Estado de Puebla, tendrían que nombrar forzosamente abogados o profesionales del derecho como sus apoderados, lo que es incorrecto, pues el mandato judicial es una especie del género, exclusivo para promover juicios e intervenir en ellos y debe recaer en abogados, pero tal calidad no se requiere en los poderes generales. Se afirma lo anterior porque siendo el mandato que establece el artículo 2440, fracción I, del Código Civil el Estado de Puebla, ya sea general o especial, distinto del mandato judicial, que es aquel que se otorga para la representación del mandante dentro de un juicio determinado o no, no pueden ser aplicables al primero las disposiciones legales que rigen al segundo, y por ende el mandato para pleitos y cobranzas previsto en el repetido artículo 2440, fracción I, del código citado, no debe otorgarse necesariamente a abogados con título registrado ante el Tribunal Superior de Justicia, pues el artículo 2474 del repetido código que establece tal requisito sólo rige en relación al mandato judicial. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Amparo directo 163/91. G.F.C. de M.Z. y J.G.M.F., a través de su apoderado. 9 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: J.G.R.. Secretario: W.G.L.. Sostiene la misma tesis de rubro: A. en revisión 265/91. Marco A.R.M.-9 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: A.N.V.. Secretario: G.B.P.".

TERCERO

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sustenta la tesis que en seguida se transcribe:

MANDATO JUDICIAL, DEBE RECAER FORZOSAMENTE EN UN LICENCIADO EN DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ESTE CONTENIDO EN UN PODER GENERAL O ESPECIAL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).-Según el artículo 2429 del Código Civil para el Estado de Puebla, el mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y nombre del mandante o sólo por cuenta de éste los actos jurídicos que le encargue. Por otra parte, el artículo 2439 del ordenamiento citado, menciona que los poderes pueden ser generales y especiales; finalmente, el artículo 2440 precisa que pueden ser mandatos generales aquellos que se otorguen para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de dominio. De esta suerte, todos los demás mandatos se considerarán especiales. De los anteriores preceptos, se desprende que el mandato judicial puede ser general para pleitos y cobranzas, o especial para un negocio determinado. Ahora bien, el artículo 2474, fracción IV, del cuerpo de leyes invocado, al referirse al mandato judicial, establece en forma clara que no podrán ser procuradores en juicio quienes carezcan de título o teniéndolo no esté registrado en el Tribunal Superior de Justicia, en estas condiciones, si la ley al tratar sobre el mandato judicial no hace ninguna distinción en el sentido de que éste provenga de un poder general para pleitos y cobranzas o de uno especial, debe concluirse que el último precepto invocado es aplicable en ambos casos. Es decir, si un mandatario pretende intervenir en un juicio en, representación de su mandante, forzosamente deberá acreditar tener título de abogado registrado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, independientemente de que sus facultades provengan de un poder general o de un poder especial. Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Amparo directo 372/89. D.P.C.. 10 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: J.M.M.Z.. Secretario: J. de J.E.C.. Amparo directo 392/90. A.K.K.. 6 de diciembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: O. delS.H.R.. Secretaria: M. de la Paz Flores Berruecos. Amparo directo 468/90. S.H.R.. 14 de diciembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: O. delS.H.R.. Secretaria: M. de la Paz Flores Berruecos. Amparo directo 554/90. F.C.A.. 14 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: P.M.D.L. M. de los A.L.R.. Secretario: J.M.T.P.. Amparo en revisión 399/90. J.D.B.G. y otra. 25 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: A.M.Y.U. de R.. Secretaria: Luz del C.H.C..

CUARTO

El análisis de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos en los juicios de amparo a que se ha hecho mérito pone de manifiesto la contradicción de tesis denunciada, puesto que el Segundo Tribunal Colegiado sostiene fundamentalmente que el mandato para pleitos y cobranzas no debe otorgarse necesariamente a abogados con título registrado ante el Tribunal Superior de Justicia ya que conforme al artículo 2474 del Código Civil para el Estado de Puebla ese requisito sólo rige en relación al mandato judicial, en tanto que el Tercer Tribunal Colegiado considera que, al tratar sobre el mandato judicial, la ley no hace ninguna distinción en el sentido de que éste provenga de un poder general para pleitos y cobranzas o de uno especial, de donde concluye que la disposición relativa es aplicable en ambos casos, es decir, si un mandatario pretende intervenir en un juicio en representación de su mandante, forzosamente deberá acreditar tener título de abogado registrado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, independientemente de que sus facultades provengan de un poder general o de un poder especial.

Consecuentemente, una vez determinada la existencia de la contradicción de tesis denunciada, procede que esta Tercera Sala se avoque al estudio de la misma a fin de determinar cuál de los dos criterios contradictorios que sustentan los mencionados Tribunales Colegiados, y que motivan la denuncia formulada, es el que debe prevalecer.

QUINTO

En primer término, debe advertirse que la fracción IV del artículo 2474 del Código Civil para el Estado de Puebla, en que se apoyan las tesis contradictorias sustentadas, ya no se encuentra en vigor.

En efecto, dicho precepto señalaba:

No pueden ser procuradores en juicio: ... IV. Quienes carezcan de título o teniéndolo no esté registrado en el Tribunal Superior de Justicia; ...

Como ya se anotó, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sostiene en su tesis que el mandato para pleitos y cobranzas no debe otorgarse necesariamente a abogados con título registrado ya que, conforme al artículo 2474 del Código Civil para el Estado de Puebla, tal requisito sólo rige en relación al mandato judicial; por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del mismo Circuito sustenta el criterio de que el precepto de referencia no hace distinción alguna en el sentido de que el mandato judicial provenga de un poder general para pleitos y cobranzas o de uno especial, por lo que el numeral en cita resulta aplicable en ambos casos.

Sin embargo, por decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y uno, se derogó la fracción IV antes transcrita y se adicionó la fracción VI al artículo 2474, que dice:

VI. Cuando los mandatarios para pleitos y cobranzas no sean abogados titulados, deberán promover ante las autoridades judiciales, patrocinados por un abogado con título registrado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Del texto legal actualmente en vigor se desprende, en primer lugar, que tanto el mandato general para pleitos y cobranzas como el mandato judicial pueden otorgarse a cualquier persona, tenga o no título de abogado, y en segundo lugar, que cuando un mandatario para pleitos y cobranzas tenga que promover en juicio y no sea abogado titulado, podrá hacerlo siempre y cuando lo patrocine un profesionista en la materia con título registrado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Pese a lo anterior, resulta procedente resolver la denuncia de contradicción planteada ya que, si bien la finalidad de la resolución que se dicte es fijar el criterio que debe prevalecer, sin que se afecten las situaciones concretas de los asuntos en los que se sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, y de ello podría inferirse que la definición del criterio jurisprudencial resultaría intrascendente ante los nuevos preceptos, es factible que en los Tribunales Colegiados de Circuito pudieran encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por el anterior precepto, actualmente derogado, debieran resolverse conforme a la tesis que esta Sala llegue a establecer con motivo de la contradicción de que se trata. Además, tratándose de un criterio general en materia civil, el mismo también sería aplicable a códigos civiles de las entidades federativas que coincidieran con el precepto del código sustantivo del Estado de Puebla que se ha derogado.

Resulta aplicable por analogía la tesis que con el número 67 aparece publicada en las páginas 119 y 120 del Informe de Labores correspondiente al año de 1988, Segunda Parte, y que se transcribe a continuación:

CONTRADICCION DE TESIS. DEBE DETERMINARSE EL CRITERIO QUE DEBE PREVALECER, AUNQUE ESTA SE REFIERA A PRECEPTOS PROCESALES CIVILES DEROGADOS.-Es procedente resolver la denuncia de contradicción de tesis propuesta respecto de tesis en pugna que se refieran a preceptos procesales civiles de una entidad federativa que ya se encuentren derogados, pues aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte es fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones concretas de los asuntos en los que se sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, la definición del criterio jurisprudencial es importante, por una parte, porque es factible que al tratarse de preceptos procesales civiles locales, pudieran encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por los anteriores preceptos, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción y, por otra parte, porque tratándose de un criterio general sobre legislación procesal civil, el mismo también sería aplicable a códigos procesales de las entidades federativas que coincidieran con los preceptos que fueron derogados.

SEXTO

Para determinar cuál de las tesis contradictorias materia de la denuncia presentada es la que debe prevalecer, se hace necesario analizar la figura jurídica del mandato, fundamentalmente a la luz de las disposiciones del Código Civil para el Estado de Puebla que lo regulan.

El artículo 2429 establece lo siguiente:

El mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y nombre del mandante, o sólo por cuenta de éste, los actos jurídicos que le encargue.

De la transcripción anterior se desprenden las siguientes características:

  1. El mandato es un contrato y no un simple acto; por consiguiente, aunque ordinariamente sólo interviene el mandante al conferirlo, se requiere la aceptación del mandatario para que sea perfecto.

    A este respecto, cabe citar los artículos 2431 y 2434 que, respectivamente, disponen:

    "Artículo 2431. El contrato de mandato se perfecciona por la aceptación del mandatario."

    "Artículo 2434. El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado, cuando es conferido a personas que ofrecen al público ese ejercicio, por el solo hecho de que no lo rehusen dentro de los tres días siguientes."

  2. El mandato puede no ser representativo, razón por la cual se establece que el mandatario actuará por cuenta y nombre del mandante, "o sólo por cuenta de éste".

  3. El mandato tiene por objeto forzosamente actos jurídicos, de lo que se deduce que no pueden ser objeto del mismo actos materiales.

  4. Los efectos de los actos jurídicos que realiza el mandatario se entienden en provecho o en perjuicio del mandante.

    Por su naturaleza, el mandato es un contrato principal, bilateral, oneroso, formal e intuitu personae.

    1. Principal, porque el mandato existe por sí solo y tiene como objeto propio la realización de los actos jurídicos que le encomienda el mandante al mandatario. Sin embargo, por excepción puede ser accesorio, como acontece en el mandato irrevocable que se otorga como condición en un contrato bilateral o como medio para cumplir una obligación contraída con anterioridad.

    2. Es bilateral porque ambas partes se obligan: el mandante a cubrir los gastos realizados por el mandatario y éste a ejecutar los actos encomendados y rendir cuentas a aquél.

    3. Generalmente, se trata de un contrato oneroso y sólo por excepción gratuito, cuando así se convenga expresamente, de acuerdo con lo prevenido por el artículo 2435.

    4. Por su forma, el mandato puede ser escrito o verbal, tal y como lo señala el artículo 2436. La forma verbal se encuentra regulada por el numeral 2437, para la realización de actos sin contenido económico y para los que la ley no exija la forma escrita, pudiendo además ser con o sin testigos. El mandato escrito puede otorgarse en escritura pública o en carta poder firmada por el mandante y dos testigos, con o sin ratificación de firmas ante notario, y así se establece en el artículo 2438.

    5. Es un contrato intuitu personae, porque se celebra en calidad de la persona del mandatario y por eso se termina, entre otras causas establecidas en el artículo 2490, por su renuncia, muerte o incapacidad, ya que la realización de los actos jurídicos tiene que llevarse a cabo personalmente por el mandatario aunque el numeral 2458 establece la siguiente excepción: "El mandatario puede encomendar a otra persona el desempeño total o parcial del mandato, si tiene facultad expresa para ello".

    Según una parte de la doctrina española, al igual que el contrato de promesa y el de sociedad, el mandato es un contrato preparatorio, por cuanto que crea relaciones jurídicas en orden a la realización de otros actos jurídicos posteriores a los cuales sirve de antecedente.

    En otro orden de ideas, el artículo 2439 dispone que el mandato puede ser general y especial. De acuerdo con este precepto, relacionado con el 2440, son mandatos generales los conferidos para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de dominio; cualquier otro mandato será especial.

    De acuerdo con la doctrina, el mandato general se refiere a una categoría determinada de actos, estableciendo el último numeral en cita tres clases de mandatos generales: a) Para pleitos y cobranzas; b) Para actos de administración, y c) Para actos de dominio.

    Lo que caracteriza al mandato general para pleitos y cobranzas es que se refiere a determinada especie de actos, lo mismo que los otros dos, pero éste comprende tanto el judicial como el extrajudicial.

    El mandato general para actos de administración se refiere a actos de esa naturaleza, y el mandato general para actos de dominio se refiere a los actos de disposición.

    Para entender claramente la diferencia entre estos dos últimos, debe tenerse presente la existencia del patrimonio común y el de afectación y, a través de esa idea, se puede comprender que cuando se otorga un mandato general para actos de administración, muchas veces quedan comprendidos en él actos de disposición. Por ejemplo, un comerciante dueño de un establecimiento mercantil otorga poder a uno de sus empleados; éste puede vender las mercancías porque en eso consiste el acto de administración: se trata de un patrimonio en explotación y en ese patrimonio el acto de administración no sólo se refiere a aquellos actos conservatorios del patrimonio sino que, precisamente por tratarse de un patrimonio de afectación, la administración comprende, incluso, esos actos de disposición para poder vender las mercancías, ya que esa es la forma de administrar tal patrimonio.

    El mandato especial, por el contrario, es aquel que se otorga para la realización de un determinado acto jurídico, sin que comprenda otra categoría de actos, limitado a cierto negocio.

    El mandato general difiere del especial en que, tratándose del primero, el mandatario puede realizar cualquier tipo de actos, con tal de que sean de la especie del mandato general que se le otorgó. Aquí, el mandatario tiene facultades para exigir judicial o extrajudicialmente el cobro de cualquier deuda u obligación para el mandante, porque se refiere a una categoría determinada de actos.

    En cambio, el mandato especial sólo puede referirse al acto en particular para el que se otorga; por consiguiente, este mandato se encuentra limitado precisamente al objeto para el cual se confirió.

    De aquí que entre estas dos clases de mandato, la regla de interpretación sea diferente.

    La regla de interpretación en el mandato general es en forma extensiva; hay facultades implícitas. Basta decir que se otorga un mandato general de cualquiera de las tres categorías que menciona el artículo 2439 en relación con el 2440 para que el mandatario, dentro de esa categoría de actos, goce de toda clase de facultades. No es necesario enumerar todos los objetos que puede realizar el mandatario; basta con indicar la categoría general a la que corresponda el mandato para que el mandatario goce de toda clase de facultades dentro de esa categoría.

    En cambio, en el mandato especial la regla de interpretación es restrictiva; sólo podrá el mandatario realizar aquellos actos para los que expresamente haya sido facultado por el mandante.

    En el mandato general, si se quiere limitar el objeto del mandato, habrá que consignar esa limitación; de no ser así, se entiende que el mandatario goza, dentro de esa categoría de actos que involucra el mandato general, de las facultades más amplias.

    Puesto que el multicitado artículo 2439 en relación con el 2440, establece como mandato general únicamente los tres que ya se han apuntado, disponiendo que cualquiera otro será especial, es de concluir que el mandato judicial pertenece a esta última categoría, cuyo análisis se hará en su oportunidad.

    En cuanto a los elementos de existencia y validez del mandato, son los mismos de todos los contratos.

    Así, los primeros son el consentimiento de las partes y el objeto.

    Los segundos son: capacidad de las partes para contratar; ausencia de vicios del consentimiento; la forma y la licitud en el objeto, motivo o fin del acto jurídico. En cuanto a este último elemento, el artículo 2430 dispone que pueden ser objeto del mandato todos los actos lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado.

    De acuerdo con elartículo 2445, la omisión de uno o más requisitos de forma anula el mandato, y al caso se trata, como en todos los contratos, de una nulidad relativa en cambio, la sanción por falta de licitud es la nulidad absoluta.

    Analizando detalladamente la forma escrita de mandato, cabe precisar que de acuerdo con lo establecido por el artículo 2444, este contrato debe otorgarse en escritura pública cuando el interés del negocio exceda del importe de cincuenta días de salario mínimo; cuando sea general; cuando se debe ejecutar algún acto que conforme a la ley debe constar en instrumento público, o bien, cuando así lo solicite el otorgante.

    Cuando el interés del negocio para el que se confiere exceda del importe de diez días de salario mínimo pero no de cincuenta, el mandato puede otorgarse en carta poder firmada ante dos testigos y ratificada la firma del otorgante ante notario, sin que sea necesaria la ratificación de firmas cuando el interés del negocio no exceda del tope mínimo establecido (artículos 2442 y 2443).

    En cuanto a las obligaciones del mandatario con respecto al mandante, pueden reducirse a dos: ejecutar el mandato y rendir cuentas.

    La ejecución debe hacerse en forma personal por el mandatario ya que, como se apuntó anteriormente, se trata de un contrato intuitu personae; por lo tanto, el mandatario no puede delegar en un tercero la ejecución del mandato a menos que tenga facultad expresa para ello. Cabe precisar que, respecto de esta última hipótesis, si el mandante designó al sustituto, el mandatario debe nombrar a esa persona y tal sustitución libera para el futuro al mandatario, pero de no ser así puede nombrar a quien quiera. En cualquier caso, el sustituto tiene para con el mandante los mismos derechos y obligaciones que el mandatario originalmente designado (artículos 2459, 2460 y 2461).

    Además, el mandatario debe ejecutar el mandato mediante la realización de los actos jurídicos encomendados, pero sujetándose a las instrucciones recibidas del mandante y sin que pueda proceder contra disposiciones expresas del mismo (artículo 2449), ya que si se excede de sus facultades es responsable de los daños y perjuicios que cause tanto al mandante como a la persona con quien contrate, si ésta ignoraba que aquél traspasaba los límites del mandato (artículo 2451). Sobre este particular, los actos que el mandatario practique en nombre del mandante, traspasando los límites expresos del mandato, por disposición del artículo 2472 serán nulos con relación al mandante a menos que los ratifique expresa o tácitamente.

    En la ejecución del mandato, si el mandatario no recibió instrucciones concretas y expresas, deberá consultar al mandante siempre que la naturaleza del negocio lo permita; de no ser así o si el mandatario estuviere autorizado para obrar a su arbitrio, hará lo que la prudencia le dicte cuidando el negocio como propio. Si un accidente imprevisto hiciere, a su juicio, perjudicial la ejecución de las instrucciones recibidas, podrá suspender el cumplimiento del mandato, comunicándolo así al mandante por el medio más rápido posible (artículo 2450).

    De lo anterior se infiere que en la ejecución del mandato se le permite al mandatario actuar bajo su propia iniciativa, ya que si ello no fuera así desaparecería el mandato propiamente dicho, tal y como acontece con una persona que es sólo un mero instrumento pasivo a disposición de otra, como podría ocurrir con un mensajero.

    En cuanto a la segunda obligación apuntada, el artículo 2453 dispone lo siguiente:

    "El mandatario debe: I. Informar oportunamente al mandante de los hechos o circunstancias que puedan determinarlo a revocar o modificar el mandato; II. Informar sin demora al mandante de la ejecución del mandato; III. Dar al mandante cuenta exacta de su administración, conforme al convenio, si lo hubiere; no habiéndolo, cuando el mandante lo pida y, en todo caso, al fin del mandato; IV. Entregar al mandante lo que haya recibido en virtud del poder, aun cuando lo recibido por el mandatario no fuere debido al mandante; V.P. intereses: a) De las sumas pertenecientes al mandante y que el mandatario haya distraído de su objeto, e invertido en provecho propio, desde la fecha de la distracción; y b) De las cantidades que resulten a su cargo cuando esté en mora".

    Como se puede apreciar, esta segunda obligación de carácter complejo comprende el deber del mandatario de dar oportuna noticia al mandante acerca de la ejecución del mandato, por ejemplo, para que en el caso de un mandato para el cobro de un crédito el mandante no pretende exigir de nuevo el pago de ese crédito ya pagado a su mandatario, o bien para que en el mandato conferido para la enajenación de un bien, el mandante no pretenda disponer de nuevo de ese mismo bien del que ya hubiere dispuesto con anterioridad su mandatario.

    Entraña, asimismo, el deber de ministrar al mandante, con toda oportunidad, cuenta exacta de la administración realizada por el mandatario.

    Finalmente, implica la obligación de devolver al mandante lo que hubiera recibido en virtud del poder, e incluirse, pagar los intereses de las sumas pertenecientes al mandante, si al mandatario dispuso de ellas.

    El incumplimiento a la obligación consignada en la fracción I del artículo 2453 antes transcrito, es causa de responsabilidad para el mandatario, según lo dispone el numeral 2454.

    Por otra parte, conforme al artículo 2452, en las operaciones hechas por el mandatario con violación o exceso del encargo recibido, además de la indemnización a favor del mandante de daños y perjuicios, quedará a opción de éste ratificarlas o dejarlas a cargo del mandatario si este último no es insolvente.

    Ahora bien, la persona que hubiere contratado con el mandatario que se excedió de sus facultades, no tiene acción contra éste, si él le hubiere dado a conocer sus facultades y el mandatario mismo no se hubiere obligado personalmente por el mandante (artículo 2473).

    Resta señalar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2471, el mandatario carece de acción para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a favor del mandante, a menos que esa facultad se hubiera incluido en el mandato o que éste sea general.

    Por lo que hace a las obligaciones del mandante en favor del mandatario, en la legislación civil que se analiza encontramos las siguientes:

    1a. Anticipar al mandatario, si éste lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato (artículo 2462).

    2a. P. al mandatario los gastos que legal y necesariamente haya efectuado para la ejecución del mandato (artículo 2463). En este caso, el reembolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada por el mandatario, a partir del día en que tal anticipo se hubiese efectuado (artículo 2464).

    3a. Indemnizar al mandatario de los daños y perjuicios que el cumplimiento del mandato le hubiere causado, siempre y cuando no medie culpa o imprudencia del mandatario (artículo 2465).

    4a. Independientemente de lo anterior, pagar al mandatario la retribución u honorarios convenidos (artículo 2466). Debe suponerse que esta obligación no opera en tratándose de mandato gratuito.

    Si al caso no se convino el monto de la retribución al mandatario, se estará al arancel, si lo hay; en caso contrario la retribución será fijada por el Juez oyendo la opinión de peritos (artículo 2467).

    Debe precisarse que, conforme al artículo 2468, las obligaciones de referencia subsistirán aun cuando el mandato no haya sido provechoso para el mandante, a menos que tal circunstancia obedezca a causas imputables al mandatario.

    Por último, en relación a terceros el mandante está obligado a cumplir las obligaciones que el mandatario haya contraído, hasta los límites del mandato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2470.

    En otro orden de ideas, el contrato de mandato puede terminar por las causas generales comunes a todos los contratos, o bien, por determinadas causas especiales, propias del mandato.

    Sin embargo, en ambos casos la terminación del contrato nunca opera en forma retroactiva, dado que ordinariamente subsisten hasta su debido cumplimiento o extinción posterior, tanto algunas de las obligaciones entre las partes (la rendición de cuentas a cargo del mandatario, el pago de la retribución y, en su caso, el reembolso de gastos y la indemnización por los eventuales daños y perjuicios a cargo del mandante), como también las obligaciones asumidas para con terceros.

    El artículo 2490 establece:

    "El mandato termina: I.P. revocación; II. Por renuncia del mandatario; III. Por muerte del mandante o del mandatario; IV. Por incapacidad del mandante o del mandatario; V. Por el vencimiento del plazo o conclusión del asunto para el que se concedió; VI. En los casos de ausencia, conforme a las reglas de esta materia".

    Mandante y mandatario pueden, libre y en todo tiempo, revocar o renunciar respectivamente el mandato, salvo que éste sea irrevocable (artículo 2491); sin embargo, el numeral 2493 establece los casos en los que el mandato no puede ser revocado ni renunciado, disponiendo al efecto lo siguiente:

    "I. Cuando su otorgamiento se hubiere estipulado: a) Como una condición para celebrar un contrato bilateral: y b) Como medio para cumplir una obligación contraída por el mandante, en favor del mandatario o de otras personas. II. Cuando se otorgue para un acto o asunto determinado y se estipule que se otorga con el carácter de irrevocable, aun cuando no constituya una condición de un contrato bilateral, o no sea medio para cumplir una obligación anterior".

    Cuando el mandato es irrevocable, el contrato tiene el carácter de accesorio del bilateral del cual es condición; no puede ser renunciado por el mandatario; sólo puede ser especial; termina al celebrarse el contrato o concluirse el asunto para el que se otorgó; si se otorga como una condición en un bilateral, impide que este último surta efectos hasta que se confiera dicho mandato; si se otorgó como medio para pagar una obligación contraída por el mandante en favor del mandatario, este último está facultado para pagarse al ejercer el mandato; si el mandante fallece sin haberse realizado el objeto del mandato, el mandatario debe concluir el asunto y rendir cuentas a los herederos, salvo pacto en contrario, y si es el mandatario quien fallece, el albacea de su sucesión ejecutará el mandato. Estas disposiciones se encuentran previstas en el artículo 2494.

    Los actos que ejecute el mandatario habiendo terminado el mandato, obligan a las partes en favor de quienes hayan tratado con el mandatario de buena fe; sin embargo, éste será responsable de los daños y perjuicios que cause al mandante o a los causahabientes de éste (artículos 2504 y 2505).

    Toca ahora entrar al estudio del mandato judicial, el cual, como se ha visto, es una categoría del mandato especial que por su importancia el código sustantivo en comento dedica una sección aparte.

    De las disposiciones legales que lo rigen se desprende que el mandato judicial es el que se ejercita en procedimientos que se siguen ante las autoridades judiciales, estableciéndose algunas reglas específicas en relación al mandato ordinario o común.

    La legislación civil que se analiza establece, en primer término, incapacidades especiales para ser mandatario o procurador, que es el nombre del mandatario para asuntos judiciales. El artículo 2474 dispone:

    "No pueden ser procuradores en juicio: I. Los incapacitados; II. Los Jueces, magistrados y demás funcionarios y empleados de la administración de justicia en ejercicio, dentro de los límites del Estado; III. Los empleados de la Hacienda Pública en cualquiera causa en que puedan intervenir de oficio, dentro de los límites del Estado; IV. Quienes carezcan de título o teniéndolo no esté registrado en el Tribunal Superior de Justicia; y V. Los notarios".

    Por disposición del artículo 2475, el mandato judicial debe otorgarse por escrito, en cualquiera de las formas establecidas para el mandato ordinario, que ya fueron apuntadas.

    En cuanto a las facultades que requieren mención especial, debe hacerse notar que el numeral 2480 establece lo siguiente:

    "El procurador sólo necesita poder o cláusula especial, en los casos siguientes: I. Para desistirse; II. Para transigir; III. Para comprometer en árbitros; IV. Para absolver y articular posiciones; V.P. hacer cesión de bienes; VI. Para recusar; VII. Para recibir pagos; y VIII. Para los demás actos que expresamente determine la ley".

    Las facultades contenidas en el precepto que se acaba de transcribir se comprenden en los poderes generales para pleitos y cobranzas, pero si alguna de ellas no se quisieran conferir, deberán consignarse las limitaciones en la escritura relativa, y así lo dispone el artículo 2481.

    Existen también obligaciones especiales para el procurador; a ellas se refieren los artículos 2482 y 2484:

    "Artículo 2482. El procurador, aceptado el mandato, está obligado: I. A seguir el juicio por todas sus instancias mientras no haya cesado su representación por alguna de las causas expresadas en los artículos 2487 y 2490; II. A pagar los gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que tiene de que el mandante se los reembolse; y III. A practicar, bajo la responsabilidad que este Código impone al mandatario, cuando sea necesario para la defensa de su poderdante, ajustándose a las instrucciones que éste le hubiere dado, y si no las tuviere, a lo que exija la naturaleza e índole del litigio."

    Artículo 2484. El procurador que acepte el mandato de una de las partes no puede admitir el del contrario, en el mismo juicio, aunque renuncie el primer mandato.

    Por su parte, el artículo 2487 señala las causas de terminación de la representación del procurador, en los siguientes términos:

    La representación del procurador cesa, además de los casos expresados en el artículo 2490: I. Por separarse el mandante de la acción u oposición que haya formulado; II. Por haber terminado la personalidad del poderdante; III. Por haber transmitido el mandante a otra persona, sus derechos sobre el bien litigioso, luego que la transmisión o cesión sea debidamente notificada y se haga constar en autos; IV. Por hacer el dueño del negocio alguna gestión en el juicio, manifestando que revoca el mandato; y V. Por nombrar el mandante otro procurador para el mismo negocio.

SEPTIMO

Precisado lo anterior, esta Tercera Sala considera que atendiendo al precepto legal del Código Civil para el Estado de Puebla, vigente hasta el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y uno, y que era el que se encontraba en vigor al momento de dictarse las resoluciones en que se sustentan las tesis en pugna que se analizan, debe prevalecer el criterio que más adelante se precisará y que consiste, en síntesis, que el mandato general con facultades especiales, como lo es el que se otorga para pleitos y cobranzas, no debe conferirse necesariamente a abogados con título registrado ante el Tribunal Superior de Justicia, ya que tal requisito sólo rige en relación al mandato judicial.

En efecto, como ha quedado asentado en el considerando anterior, de acuerdo con lo establecido por los artículos 2439 y 2440 del citado código sustantivo, el mandato puede ser general o especial. Son generales los que se otorgan para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de dominio; cualquiera otro mandato será especial.

Por ende, el mandato judicial, que regula el propio código en sección aparte, es una especie del género, esto es, se trata de un mandato especial que se confiere precisamente para promover juicios e intervenir en ellos, por lo que debe recaer en abogados titulados; tan es así, que el artículo 2474, fracción IV, dispone que no pueden ser procuradores en juicio quienes carezcan de título o teniéndolo no esté registrado en el Tribunal Superior de Justicia.

Sobre este último punto, es de señalar que el artículo 1o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 4o. de la Constitución General de la República, en el Estado de Puebla, de catorce de septiembre de mil novecientos treinta y dos, reformada mediante decreto publicado en el periódico oficial de doce de abril de mil novecientos sesenta y ocho, establece que en dicha entidad se necesita título para poder ejercer, en cualquiera de sus diversas ramas, la profesión de abogado, entre otras que el mismo numeral determina.

Por otra parte, el artículo 14, fracción I, del mismo ordenamiento legal, preceptúa:

Los presidentes Municipales castigarán administrativamente con multa de VEINTICINCO PESOS a QUINIENTOS PESOS, que podrá duplicarse en caso de reincidencia: I. El ejercicio sin título o sin permiso de las profesiones o sus ramas a que se refiere el artículo 1o., ...

En tal virtud, debe colegirse que respecto del mandato judicial, en materia de capacidad debe completarse con lo previsto por el antes invocado artículo 1o. de la Ley Reglamentaria de las Profesiones en el Estado de Puebla, de tal manera que para ser procurador no basta una capacidad general, sino que se requiere una capacidad especialísima, ya que la profesión de abogado es de aquellas que requieren de título para su ejercicio, el cual debe además estar registrado en el Tribunal Superior de Justicia, según lo dispuesto por la fracción IV del artículo 2474 del Código Civil de la entidad.

Resulta aplicable, por analogía, la tesis que aparece publicada en la página 949, tomo CXVII, Sala Civil quinta época, que a continuación se transcribe:

"MANDATO JUDICIAL, SOLO PUEDE OTORGARSE A ABOGADOS CON TITULO REGISTRADO.-Por encima de los errores a que pueda dar lugar una interpretación demasiado literal del párrafo segundo del artículo 26 de la Ley de Profesiones, nadie que proceda de buena fe se le oculta que la intención del legislador, en lo relativo al mandato para asuntos judiciales, fue que dicho mandato se otorgara exclusivamente a licenciados en derecho con título debidamente registrado en la Dirección General de Profesiones. Por lo tanto, el escrito de expresión de agravios presentado por un mandatario sin título profesional de abogado, debe desecharse y declararse desierto el recurso de apelación."

Por el contrario, un mandato general, que como se ha visto sólo puede ser para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de dominio, puesto que cualquier otro será especial y no general, no debe otorgarse necesariamente a abogados titulados, toda vez que ese requisito, como se sostiene en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado, sólo rige en relación al mandato judicial.

No pasa inadvertido a esta Tercera Sala que, a primera vista, podría afirmarse que la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado coincide con lo antes apuntado y, por consecuencia, con la que a su vez sostiene el Segundo Tribunal Colegiado, resultando inexistente contradicción alguna.

Ello no es así, pues si bien es cierto que el Tercer Tribunal Colegiado sostiene que el mandato judicial debe recaer forzosamente en un licenciado en derecho, erróneamente asevera dentro del texto mismo de la tesis que sustenta que "el mandato judicial puede ser general para pleitos y cobranzas o especial para un negocio determinado", ya que, como ha quedado precisado el mandato judicial es un mandato especial regulado por disposiciones específicas, diferente de los mandatos generales que sólo son tres: para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para ejercer actos de dominio.

Dicha confusión origina que la tesis en comentario no se encuentre sustentada en términos de las disposiciones que regulan la figura jurídica del mandato y, en especial, del mandato judicial, aun cuando en la parte final sea acorde con la tesis del Segundo Tribunal Colegiado, concluyendo que si un mandatario pretende intervenir en juicio en representación de su mandante, forzosamente deberá acreditar tener título de abogado registradoante el Tribunal Superior de Justicia del Estado", puesto que al darse tal hipótesis se infiere que se trata de un mandato judicial y, en esa medida efectivamente se requiere que el mandatario sea abogado con título debidamente registrado.

En términos del artículo 195 de la Ley de Amparo la tesis jurisprudencial que se sustenta en el presente fallo deberá identificarse con el número que por el orden progresivo le corresponda dentro de la tesis de jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y deberá quedar redactada en los siguientes términos:

MANDATO JUDICIAL. A DIFERENCIA DEL MANDATO GENERAL NECESARIAMENTE DEBE RECAER EN UN LICENCIADO EN DERECHO CON TITULO REGISTRADO (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA HASTA EL 26 DE JULIO DE 1991).-De acuerdo con lo establecido en los artículos 2439 y 2440 del Código Civil para el Estado de Puebla, el mandato puede ser general o especial: son generales los que se otorgan para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de dominio, y cualquier otro mandato será especial. Consecuentemente, el mandato judicial, que regula el propio código en sección aparte, es una especie del género, esto es, se trata de un mandato especial que se confiere precisamente para promover juicios e intervenir en ellos, por lo que debe recaer necesariamente en abogados titulados; tan es así, que el artículo 2474, fracción IV, vigente hasta el 26 de julio de 1991, dispone que no podían ser procuradores en juicio quienes carecieran de título o teniéndolo no estuviera registrado en el Tribunal Superior de Justicia. Por el contrario, un mandato general no debe otorgarse, forzosamente, a abogados titulados, toda vez que ese requisito sólo rige en relación al mandato judicial.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 197-A de la Ley de Amparo, y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se

resuelve:

PRIMERO

Sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, al fallar los tocas 163/91 y 265/91, del primer tribunal citado; 372/89, 392/90, 468/90, 554/90 y 399/90 el segundo mencionado.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por esta Sala, en los términos precisados en esta resolución.

TERCERO

Remítase de inmediato la tesis que se sustenta en la presente resolución a la Coordinación General de Compilación de Tesis para su publicación en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación así como al Pleno y demás Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el artículo 195 de la Ley de Amparo. R., asimismo a la propia Coordinación la parte considerativa de la resolución para su publicación íntegra en el Semanario.

N. y cúmplase. Con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a sus Tribunales Colegiados de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente J.T.L.C., M.A.G., I.M.C. y M.G. y S.H.C.G.. Fue ponente el segundo de los señores Ministros antes mencionados.

Firman el presidente de la Sala y Ministro ponente con el secretario de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.