Ejecutoria num. 3a./J. 17/92 de Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26833114

Ejecutoria num. 3a./J. 17/92 de Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala

Emisor:Tercera Sala
Número de Resolución:3a./J. 17/92
Localizacion:Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 1992
RESUMEN

CONTRADICCION DE TESIS 6/92. ENTRE LA SUSTENTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, CON LA SOSTENIDA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO, CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DE DICHO CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO (ENTONCES UNICO) DEL SEXTO CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. CASOS EN LOS QUE UNICAMENTE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. * * *EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVES DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE EL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA. * * *PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CARACTER, EN MATERIA CIVIL. - - -

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCION DE TESIS 6/92. ENTRE LA SUSTENTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, CON LA SOSTENIDA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO, CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DE DICHO CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO (ENTONCES UNICO) DEL SEXTO CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Corresponde a esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conocer de la denuncia de contradicción de tesis que en amparos en materia civil sustenten dos o más Tribunales de Circuito, como sucede en el caso.

SEGUNDO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en el toca número 134/92, relativo al recurso de revisión interpuesto por J.M.G.C., en su carácter de autorizado de P.R., en contra de la sentencia de veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y uno, dictada por la Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo número 297/91, sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:

"CUARTO.- La representante social federal en el pedimento número 220/91 y el recurrente en el libelo del veintinueve de octubre próximo pasado solicitaron el sobreseimiento en el juicio de amparo, argumentando que al haber tenido la quejosa conocimiento del juicio natural el dieciocho de septiembre del año próximo pasado, esto es, antes de que se dictara sentencia en el juicio natural, ya que ésta se pronunció el veinticuatro del mes y año acabado de citar, debió de agotar los recursos ordinarios, como son la nulidad de actuaciones y la apelación y al no hacerlo, es obvio que no cumplió con el principio de definitividad, y que por ello debe sobreseerse en el juicio. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que la quejosa no estuvo obligada a observar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, en razón de que al promover el amparo respectivo se ostentó como tercera extraña al juicio natural por falta de emplazamiento al mismo, porque no tuvo intervención en éste; en estas circunstancias, se hace hincapié que la situación de la quejosa se equipara a la de un tercero extraño a juicio y por ello se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 114, fracción V, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, resultando procedente el amparo indirecto, con apoyo en el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal, en relación con la fracción VII del mismo precepto constitucional. En consecuencia, se colige que en la especie no se surte la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo, a virtud de que la peticionaria del juicio de garantías no estuvo obligada a agotar los recursos ordinarios correspondientes previamente al ejercicio de la acción constitucional, por lo anterior es evidente lo infundado de los motivos de inconformidad en comento, así como los externados en el punto dieciséis del libelo de expresión de agravios. Este criterio tiene apoyo en las jurisprudencias números 294 y 781, visibles en las páginas 1289 y 2097 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988 que a la letra dicen: 'EMPLAZAMIENTO, FALTA DE.- Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en juicio por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes.'. Y 'PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO. NO NECESITA AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS PARA OCURRIR AL AMPARO.- Los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimientos a que son ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo.'".

TERCERO

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en los tocas 245/92, 195/92, 148/90 y 573/90, relativos a los recursos de revisión promovidos, respectivamente, por el tercero perjudicado P.R. (los dos primeros), la quejosa Rosario Alcalá de V. y por la quejosa M.T.M.M. de Cote, en lo conducente, sustentó lo siguiente:

"SEGUNDO.- Dado el sentido en que se resolverá el presente asunto, resulta innecesaria la transcripción de las consideraciones de la sentencia recurrida y de los agravios vertidos en su contra. 'Como lo refiere el ocursante en el agravio de mérito, este Tribunal Colegiado advierte la existencia de la causa de improcedencia del juicio de garantías a que se contrae la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. En efecto, dicha fracción, en lo conducente, establece que el juicio de garantías es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños.'. Ahora bien, según se advierte de la demanda de amparo, los actos reclamados de las autoridades responsables (foja 9 del expediente de amparo) se hicieron consistir en la nulidad de las actuaciones habidas en el juicio ejecutivo mercantil enderezado por el señor P.R. en contra de la quejosa que represento seguido ante el H. Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil y con el número de expediente 921/91 y específicamente a partir de la ilegal citación del día 16 de agosto próximo pasado; la diligencia judicial efectuada el 19 de agosto anterior (1991) en donde se precisa el requerimiento de pago, embargo de bienes y emplazamiento a juicio, así como todas y cada una de las actuaciones judiciales habidas en dicho procedimiento, para el efecto de que sea repuesto éste a partir del auto admisorio de la demanda, levantándose en consecuencia el embargo". Asimismo, en el apartado VI del capítulo de hechos del escrito de demanda de amparo (foja 9), la sociedad quejosa manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el día trece de septiembre de mil novecientos noventa y uno. Por otra parte, del examen de las constancias remitidas por el Juez responsable en vía de informe con justificación, a fojas 102 y 103 se advierte que dicho juzgador pronunció sentencia definitiva en el señalado juicio ejecutivo mercantil el día veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y uno. De lo anterior, se sigue la improcedencia del juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, por no reunir los actos reclamados, los requisitos previstos por la fracción IV del artículo 114 de dicho ordenamiento, por no causarle a la quejosa un perjuicio de imposible reparación, puesto que al tener conocimiento del juicio ejecutivo mercantil instaurado en su contra, siendo parte en él la sociedad quejosa, estuvo en posibilidad de impugnar la violación alegada a través del incidente de nulidad, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva ocurrido el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y uno, o bien, alegarla como agravio a través del recurso de apelación contra ésta, de lo que se infiere que no se le dejó en estado de indefensión; sin que obste a lo anterior que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya sostenido, en jurisprudencia definida, que cuando se reclame la falta de emplazamiento, el quejoso no está obligado a agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio constitucional, pues tal criterio sólo es aplicable cuando se está impugnando esa diligencia después de dictarse sentencia definitiva que haya causado ejecutoria en el juicio generador del amparo, por estarse reclamando la falta de audiencia en el procedimiento civil y el quejoso ocurre como tercero extraño al juicio y no como parte en el mismo, como ocurrió en la especie, por lo que si la sociedad amparista reclamó en el juicio de garantías la ilegalidad del emplazamiento mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y uno, evidentemente estuvo obligada en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley de Amparo, a cumplir con el principio de definitividad para preparar la demanda de amparo que en su caso se formulara contra la sentencia que decidiera el fondo de la cuestión planteada en el juicio natural, como lo dispone la fracción V del artículo 159, en relación con la fracción I del artículo 161 de dicho ordenamiento, posibilidad evidente porque, como ya quedó de manifiesto, la peticionaria de garantías es parte en el juicio natural del que emanan los actos reclamados, motivo por el cual el juicio de amparo que ahora se revisa resulta improcedente, debiendo, por ende, decretar su sobreseimiento con apoyo en la fracción III, del artículo 74 de la Ley de Amparo, previa revocación de la sentencia recurrida que concedió a la sociedad quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. En lo conducente, se estima aplicable la tesis relacionada en tercer lugar con la jurisprudencia número 191, publicada en la página 576, Cuarta Parte, Tercera Sala, del A. al Semanario Judicial de la Federación, del año de 1985, así como la tesis publicada en la página 44, Tercera Sala, del Informe de Labores correspondiente al año de 1981, que dicen: "NULIDAD DE ACTUACIONES, PUEDE ALEGARSE EN LA APELACION."... (transcribió). "EMPLAZAMIENTO, CASO EN EL QUE DEBEN TENERSE POR CONSENTIDAS LAS IRREGULARIDADES DEL."... (transcribió). "Es pertinente advertir que el criterio que se sustenta en el presente asunto es reiteración del que este propio Tribunal Colegiado sustentó al resolver la improcedencia en revisión R.C. 148/90, quejosa Rosario Alcalá de V. y el juicio de amparo en revisión R.C. 573/90, quejosa M.T.M.M., fallados esos negocios por unanimidad de votos, respectivamente, el primero de marzo y el catorce de junio de mil novecientos noventa, siendo ponente el suscrito Magistrado J.R.A.. Además, algunos Tribunales Colegiados sustentan criterio similar al de este órgano jurisdiccional del amparo, como ocurre con el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en la tesis que aparece publicada en el Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente, correspondiente al año de 1989, página 914, Tribunales Colegiados, que dice: 'IMPROCEDENCIA. NECESIDAD DE PROMOVER INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.'... (transcribió). Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito tiene establecida la jurisprudencia que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 45, página 53, que dice: 'EMPLAZAMIENTO. SU ILEGALIDAD DEBE COMBATIRSE A TRAVES DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES SI EL JUICIO NO HA CONCLUIDO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).'... (transcribió). Finalmente, el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (cuando sólo había uno) y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sustentan las tesis que aparecen publicadas, respectivamente en los Informes rendidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente, en los años de 1981 y 1988, páginas 297 y 328, también respectivamente, cuyo contenido comparte este órgano jurisdiccional de amparo, que dicen: 'EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. HIPOTESIS EN QUE ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.'... (transcribió). 'EMPLAZAMIENTO ILEGAL O FALTA DE EMPLAZAMIENTO. NO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO INDIRECTO, SI EL QUEJOSO ESTA AUN EN CONDICIONES DE SER OIDO EN DEFENSA COMO DEMANDADO.'"... (transcribió).

CUARTO

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en el toca 784/88, relativo al recurso de revisión interpuesto por el quejoso A.G.C., en contra de la sentencia de quince de abril de mil novecientos ochenta y ocho, dictada por la Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 537/87, sostuvo en lo conducente, lo siguiente:

"SEGUNDO.- Es innecesario hacer alusión, tanto a la parte conducente de la sentencia que se revisa, como a los agravios expresados por el recurrente, en virtud de que no serán objeto de análisis, al advertirse la existencia de una causa de improcedencia del juicio de amparo, que debe examinarse de oficio, con fundamento en el artículo 73, último párrafo de la Ley de Amparo. En el presente recurso no fue impugnada la parte del fallo relacionada con el sobreseimiento, sino que sólo se combate la parte correspondiente a la negación del amparo; pero como antes se expresó, el juicio de amparo es improcedente respecto a los actos que fueron objeto de dicha negativa, por los siguientes motivos. Conforme al artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, el amparo procederá: en primer lugar, contra las sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto a las cuales no proceda recurso legal alguno por el que pueden ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. De acuerdo a la propia disposición, los actos de juicio admiten ser impugnados también a través del juicio de amparo, siempre y cuando sean de imposible reparación. No debe pasar inadvertido que el artículo en comento insiste en el agotamiento de los recursos ordinarios procedentes antes de la promoción del juicio de garantías. Esta circunstancia pone de manifiesto el carácter de medio extraordinario de defensa que tiene el juicio de garantías, pues el propósito de la ley es que de ser factible, las infracciones queden reparadas dentro del juicio natural, y sólo cuando esto no es posible, cabrá su alegación en juicio de garantías. Las fracciones V y VII del artículo 107 constitucional citado prevén, respectivamente, que el conocimiento de los juicios de amparo contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, en tanto que el amparo contra actos en juicio o que afecten a personas extrañas a él se pide ante un Juez de Distrito. El juicio de amparo seguido ante los Tribunales Colegiados se ha denominado directo o uniinstancial y al seguido ante los Jueces de Distrito: indirecto o biinstancial. Por otra parte, se ha estimado que no es de aceptarse que una misma violación sea susceptible de reclamarse indistintamente en forma directa o indirecta, sino que la procedencia del amparo directo excluye la del indirecto. Sirve de apoyo a este criterio la tesis de ejecutoria relacionada en séptimo lugar a la jurisprudencia número 47, localizable en la página 79 de la Octava Parte del último A. al Semanario Judicial de la Federación, la cual dice: 'AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO.- No puede estimarse que una misma violación sea susceptible de reclamarse indistintamente en la forma directa o en la indirecta, pues la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la procedencia del amparo directo excluye la del indirecto.'. Como consecuencia, de este principio, resulta claro que no queda a elección de los quejosos decidir si una infracción ha de ser combatida en el juicio de garantías directo o indirecto, pues independientemente de que, como se ha visto, la impugnación de violaciones admite exclusivamente una sola vía de amparo, bien sea la directa o la indirecta, no existe precepto alguno que prevea alguna facultad para que los quejosos estuvieran en condiciones de realizar tal elección. Sobre la base de estas premisas procede afirmar que, si se reclama la falta de emplazamiento o el emplazamiento ilegal; pero el quejoso, que pide amparo en la vía indirecta, es parte demandada y está aún en condiciones de acudir al juicio natural para ser oído en defensa e incluso para interponer recursos ordinarios, como, por ejemplo, la apelación en contra de la sentencia de primer grado, cabe estimar que la citada infracción debe ser impugnada exclusivamente a través del juicio de garantías directo que, en su caso, se llegue a promover, por estar considerada expresamente en los artículos 158 y 159, fracción I de la Ley de Amparo, como conculcación a las leyes del procedimiento, que afecta las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Por otra parte, como el amparo directo excluye al indirecto, el juicio de garantías biinstancial promovido para combatir la indicada violación debe estimarse improcedente, al actualizarse el supuesto previsto en los preceptos citados, en relación con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En contra de la conclusión anterior no cabe alegar, que como el quejoso aduce la falta de emplazamiento al juicio natural, aun siendo demandado, su situación debe equipararse a la de un tercero extraño y que, por consiguiente, el juicio de garantías indirecto es procedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 114, fracción V de la Ley de Amparo. Este argumento es inatendible, porque el concepto de extraño a juicio no se integra exclusivamente con la circunstancia de que el quejoso no haya sido emplazado, sino que se toma en cuenta además la falta de apersonamiento a un procedimiento que afecte sus intereses, de tal manera que su situación implique la absoluta imposibilidad de ser oído en defensa, pero si ese quejoso está en condiciones de acudir al juicio natural, por ejemplo, porque tal proceso se encuentre todavía en sus inicios, es claro que tal imposibilidad de ser oído en defensa no se surte; por tanto, ninguna razón habrá para que el peticionario de garantías que se encuentre en esa situación deba ser considerado como extraño a juicio. Si se aceptara que el demandado que está todavía en condiciones de ser oído en el juicio natural, aun alegando la falta de emplazamiento o un emplazamiento ilegal, tuviera la condición de un tercero extraño, se propiciaría que se quitara al juicio de amparo su característica de medio extraordinario de defensa, pues se estaría cerrando la posibilidad de que la infracción alegada quedara reparada en el propio juicio natural. Además, se estaría estimando implícitamente, que la misma violación admite ser impugnada tanto en amparo indirecto como en directo, a elección del actor, sin que exista disposición legal que sirva de apoyo a tal consideración. Aplicadas las anteriores consideraciones al presente caso, se encuentra que el quejoso reclama fundamentalmente el emplazamiento al juicio ordinario mercantil 409/87, seguido en su contra por M.M.C.M. y otros ante el Juzgado Décimo Civil de esta ciudad. Conforme a las constancias de autos, se encuentra que el juicio natural está aún en una fase inicial, pues hasta la fecha en que el Juez responsable rindió su informe justificado (siete de enero de mil novecientos ochenta y ocho) todavía no se pronunciaba resolución respecto a la contestación del libelo producida por uno de los codemandados y nada se había resuelto sobre un supuesto acuse de rebeldía en contra del ahora peticionario de garantías. En estas circunstancias y habida cuenta queel quejoso es parte demandada en el juicio de donde provienen los actos reclamados, la violación impugnada, consistente en una supuesta falta de emplazamiento, sólo admite ser reclamada a través del juicio de amparo directo que se llegue a promover en su oportunidad, en virtud de que se trata de una infracción a las leyes del procedimiento, que afecta las defensas del quejoso y trasciende al resultado del fallo, según se encuentra previsto expresamente en los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, como los actos reclamados sobre los que versa la parte del fallo materia de este recurso admiten solamente la impugnación a través del juicio de amparo directo, ello excluye la procedencia del amparo indirecto; de ahí que las disposiciones citadas, relacionadas con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo sirvan de fundamento para estimar que el presente juicio de amparo es improcedente. Así las cosas, y al actualizarse la causa de improcedencia antes citada, da lugar a sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, sobreseimiento que debe extenderse a los actos de ejecución, efectos y consecuencias, en virtud de que tales actos no fueron impugnados por vicios propios, y por consiguiente, cabe seguir el criterio sostenido en la jurisprudencia número 280, localizable en la página 480 de la Octava Parte del último A. al Semanario Judicial de la Federación bajo el rubro: 'SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.'".

QUINTO

El Primer Tribunal Colegiado (entonces único) del Sexto Circuito, al resolver en los tocas 687/64 y 304/81, relativos a los recursos de revisión interpuestos por A.A.B. en representación de la tercera perjudicada Hacienda de Chiconcuac, sociedad de responsabilidad limitada, y por el quejoso J.P.B., respectivamente, sostuvo lo siguiente:

"TERCERO.- Son infundados los agravios expresados. Alega en síntesis el recurrente que el razonamiento hecho valer por el señor Juez de Distrito, respecto a que en la especie no se agotó el principio de definitividad, así como la tesis jurisprudencial en que apoya dicho razonamiento, probablemente corresponde a cualquier proveído dictado dentro de la secuencia del procedimiento y no al emplazamiento, puesto que la falta de éste debe entenderse como una violación directa a la Constitución en cuyo caso no está obligada a cumplir con el principio de referencia. Sobre lo anterior cabe decir que no le asiste la razón al inconforme a virtud de que aun cuando es verdad que está impugnando la falta de emplazamiento dentro del procedimiento del cual genera el acto reclamado, y que puede traducirse en violación de la garantía de audiencia en los términos a que se contraen las tesis de jurisprudencia que invoca para sustentar sus argumentos; también no es menos verdad que, como correctamente lo estableció el Juez Federal, en el caso concreto, el quejoso estuvo en legales condiciones para haber alegado precisamente tales circunstancias en la alzada, mediante el recurso de apelación previsto en el artículo 310 de la ley adjetiva civil del Estado de Puebla, en razón de que, según aparece de las constancias anexas al informe justificado rendido por el Juez responsable, al igual que de las copias certificadas exhibidas por el propio quejoso (fojas 14 a 33 y 38 a 73), el promovente del amparo fue notificado por lista con fecha veintiuno de enero del presente año, de la sentencia definitiva dictada en el expediente 1786/79, relativa al juicio ordinario civil promovido en su contra por G.R. de D.C., fecha en la que también indica el propio amparista haber tenido conocimiento de la sentencia que reclama como se desprende de su demanda de garantías. En cuanto ve a la aplicación de las tesis que invoca el recurrente, debe decirse que este Tribunal Colegiado en la ejecutoria dictada el tres de marzo de mil novecientos sesenta y cinco, al resolver el toca de revisión número 687/64, relativo al juicio de amparo número 778/63, promovido por R.O.N. ante el Juez de Distrito en el Estado de Morelos, sostuvo el siguiente criterio: "...La aseveración que se hace en el sentido de que el quejoso estuvo en condiciones de impugnar a través del recurso de apelación la falta de emplazamiento que aduce en sus conceptos de violación, se ajusta al criterio que la H. Suprema Corte ha sustentado en casos como el presente y que pueden consultarse en el Tomo CIII, página 2134, del Semanario Judicial de la Federación, en que aparece publicada la ejecutoria pronunciada en el amparo directo promovido por Llamas de P.H. (por cierto aplicando la legislación del Estado de Morelos) y en el Informe correspondiente al año de mil novecientos cincuenta y tres, página 34, rendido por el C. Presidente de la Sala Auxiliar del propio Alto Tribunal, en que se contiene el fallo emitido en el juicio promovido por la sucesión de J.J., ejecutorias que, respectivamente, expresan: 'Si en la apelación interpuesta por el quejoso contra la sentencia de primera instancia, que se le notificó personalmente, hizo valer como primer agravio el consistente en que no fue emplazado en forma legal para contestar la demanda, y la sentencia de alzada desechó el agravio expresando que tal reclamación sólo pudo hacerse en incidente de nulidad, debe estimarse que tal criterio es erróneo, en virtud de que, si al notificarse la demanda ya se había dictado sentencia en el juicio y había cesado la jurisdicción del Juez, el quejoso estaba imposibilitado legalmente para promover incidente de nulidad y para reclamar ante dicho funcionario, la reparación constitucional, y no le quedaba otra cosa que interponer el recurso procedente en contra de la sentencia y solicitar ante el tribunal su revocación, haciendo valer como agravio el de no haber sido emplazado legalmente.' y 'EMPLAZAMIENTO, VICIOS DEL.- El Juez debe probar, aun de oficio, la integración de la resolución jurídica procesal como base para la firmeza del procedimiento y, por su parte, habiéndose alegado ante la Sala de apelación, como agravio expreso, la falta de emplazamiento, dicha autoridad debió declararlo procedente para los efectos de que se reponga íntegramente el procedimiento.'. Verdad es que la Suprema Corte de Justicia, en tesis jurisprudencial que con el número 428 puede consultarse en el mencionado A., ha establecido que 'Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en juicio, por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios, que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento, el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes.'. Sin embargo, del propio texto de la mencionada tesis jurisprudencial se desprende que la misma fue establecida en atención a los casos en que, aun existiendo los recursos en cuestión, el quejoso 'no estaba en posibilidad' de intentarlos, bien sea porque el término para interponerlos haya transcurrido, o bien porque se haya declarado la ejecutoriedad del acto que le agravia. Es decir, la sola circunstancia de que el afectado con dicho acto no haya sido emplazado no basta para que quede liberado del deber de agotar el recurso correspondiente, sino que es necesario, además, que la falta del emplazamiento le haya impedido precisamente agotarlo, ya que la invocada jurisprudencia dice categóricamente que: el que el quejoso no haya sido emplazado 'hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios'. Y es obvio que la ausencia del emplazamiento en cuestión no hace imposible al quejoso la interposición del recurso de apelación a que antes se alude, si tiene conocimiento, de la sentencia dictada en su perjuicio antes de que la misma cause ejecutoria. Una demostración de que la Suprema Corte ha atendido, para establecer la tesis mencionada, a la circunstancia de que la falta de emplazamiento ha dado lugar a que la sentencia reclamada sea ya irrecurrible y que por ello no deba sobreseerse el juicio de garantías so pretexto de que no se agotó el recurso, es el hecho de que las ejecutorias que dieron origen a dicha tesis jurisprudencial recayeron a negocios en que la sentencia reclamada había causado ejecutoria y no era, por lo mismo, impugnable a través de ningún recurso ordinario. Efectivamente, en las pronunciadas en los juicios de garantías promovidos por B.B.S. y por Adela Fuentes de F., que pueden consultarse, respectivamente, en los Tomos L, página 822, y LI, página 1327 del Semanario Judicial de la Federación, categóricamente se hace referencia a que el acto reclamado está constituido por sentencias ejecutoriadas, respecto de las cuales, obviamente, no cabe suponer que hubiesen podido ser recurridas. En esos casos, como es lógico deducir, a los quejosos no les quedaba más camino a seguir que el juicio de garantías, y haberlas sobreseído éste por la razón de que no se había interpuesto tal recurso había significado dejarlos sin defensa alguna. En cuanto a las ejecutorias emitidas en los juicios promovidos por G. de L. Emilia y por Polo Ezequiel (páginas 1571 y 2973, respectivamente, del Tomo XXXIV del indicado Semanario) cabe deducir que, al igual que las dos anteriormente consultadas, fueron pronunciadas en relación con sentencias definitivas para los efectos del juicio de garantías, ya que basta leer la consideración relativa para advertir que se refieren a un caso en que el quejoso promovió el juicio de amparo por ilegalidad del emplazamiento contra todo juicio ejecutivo, 'desde el emplazamiento hasta el remate'; y es evidente que sólo podía existir remate si previamente la sentencia que lo decretó había causado ejecutoria. Por último, la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo promovido por D.P.S., publicada en la página 159 del Tomo LX del propio Semanario, se refiere a un amparo en revisión en materia administrativa, lo que bastaría para estimar que contempla una situación diferente a la que concierne al caso que ahora se revisa, pues las reglas procesales que rigen el procedimiento judicial son muy distintas a las que imperan en aquella materia; sin embargo, aun en la hipótesis que resuelve dicha ejecutoria se expone que es procedente el juicio de garantías contra la resolución y el procedimiento reclamados porque, por virtud de la falta de notificación legal, el quejoso no estaba en la posibilidad de haber ejercitado el derecho de oposición que le concedía la ley económico coactiva. Es, pues, de concluir que de conformidad con la indicada jurisprudencia, aunque exista el recurso, es la circunstancia de que el agraviado no lo haya podido interponer dentro del término legal por no haber tenido conocimiento del juicio respectivo, lo que hace que, según prevención de la Suprema Corte, deba considerarse procedente el juicio de garantías a pesar de que previamente no se haya agotado dicho recurso. Esta conclusión se robustece si se consultan las ejecutorias relacionadas con la jurisprudencia invocada, que se publica a continuación de ésta, y que igualmente se refieren a sentencias que causaron ejecutoria y que, por consiguiente, no pueden ser atacadas más que mediante el juicio de garantías en atención a que, según expresan, 'se trata de un acto de imposible reparación' (amparo promovido por E.H.) imposibilidad que, como se ha visto, no existe en la especie.". Abundando en las razones expresadas, cabe decir que si bien la falta de emplazamiento o su ilegalidad, implican violación de la garantía de audiencia, esta infracción se actualiza en la sentencia que, por adquirir la fuerza de cosa juzgada, impide al afectado solicitar y obtener de la misma autoridad común la restitución en el goce de la garantía violada; eso significa, según que el afectado que esté en legales y materiales condiciones de acudir ante la potestad común a impugnar la falta o ilegalidad del emplazamiento, lo haga, expresando incluso como agravios tales cuestiones, para así dejar preparada la acción de amparo que en su caso llegare a intentar contra el fallo de apelación al tenor de los artículos 158, 159 fracción I y 161 de la ley de la materia. Siendo así, cabe concluir, que el J. a quo estuvo en lo correcto al haberlo así establecido, en cuya virtud debe confirmarse el fallo que se revisa.".

SEXTO

El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver en los tocas 344/88, 379/89, 421/90, 43/91 y 143/91, relativos a los recursos de revisión interpuestos respectivamente, por la quejosa M. delP.H.P. viuda de Garrido, el quejoso F.P.C. y otra, la quejosa A.T.G. y otro, el quejoso M.Z. de la Rosa y el quejoso J.L.G.G., en lo conducente, sustentó lo siguiente:

"TERCERO.- Resulten infundados los agravios hechos valer por el recurrente. Sostiene el quejoso en forma primordial que resulta ilegal lo sostenido por el Juez de Distrito en virtud de que según lo manifestó se acababa de enterar de la existencia de un juicio seguido a sus espaldas en el que ya se encontraba decretada la orden de arresto, que por esta razón jamás se le dejó consultar el expediente 2/90 del Juzgado Civil de Huejotzingo, Puebla, ni tampoco el exhorto 2/90 del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de esta ciudad, por encontrarse en el secreto del juzgado, en esas condiciones no pudo interponer el incidente de nulidad de actuaciones, por lo que se le dejó en estado de indefensión, siendo inaplicable la causal de improcedencia en que se apoya el Juez Federal, que por otra parte existe jurisprudencia en el sentido de que si el quejoso manifiesta no habérsele emplazado jamás a juicio se le considera como tercero extraño al procedimiento por tanto no tenía obligación de agotar los recursos ordinarios y sí en cambio acudir al juicio de garantías. Las anteriores argumentaciones son infundadas, en virtud de que según lo sostiene el Juez Federal, el juicio ejecutivo mercantil de donde derivan los actos reclamados, no ha concluido, por tanto, el quejoso hoy recurrente debió impugnar el emplazamiento que considera ilegal mediante el incidente de nulidad de actuaciones establecido por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, y al no hacerlo así es indudable que no observó el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo, resultando por ende improcedente el juicio de garantías, como lo consideró el Juez de Distrito a quo. En efecto, de las actuaciones remitidas por el Juez Décimo Segundo de lo Civil de esta ciudad al rendir su informe justificado, las que hacen prueba plena de conformidad con lo establecido por el artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, se advierte que el quejoso J.L.G.G. fue demandado en la vía ejecutiva mercantil ante el Juez de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, por J.G.V., radicándose con el número 2/90 mediante acuerdo de cinco de enero de mil novecientos noventa, ordenándose en el mismo se corriera traslado mediante exhorto al Juez competente de esta ciudad de Puebla, por corresponder el domicilio del demandado a esta jurisdicción correspondiendo su conocimiento al Juez Décimo Segundo de lo Civil de esta ciudad. Con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa, se emplazó previo citatorio a J.L.G.G. por conducto de E.C.M., persona que se encontró en el domicilio señalado en autos, en el momento de la diligencia (foja 19). Con fecha dieciséis de abril de mil novecientos noventa, se efectuó el cateo en el domicilio de la parte demandada, para el efecto de constituir el depósito de los bienes embargados, diligencia que fue entendida con el hoy quejoso J.L.G.G. (foja 21), a quien por auto de diecisiete de septiembre del mismo año se le previno con la imposición de un arresto de diez días en caso de no hacer entrega de los bienes embargados al depositario designado en autos; prevención que se le hizo efectiva en auto de tres de diciembre siguiente, sin que a la fecha exista constancia de que se haya dictado sentencia en el juicio ejecutivo mercantil de donde derivan los actos reclamados. Ahora bien, de lo anterior se deduce que el quejoso fue parte en el juicio natural y que tuvo conocimiento del mismo, por lo que estuvo en aptitud legal de impugnar el emplazamiento que considera ilegal por el medio de defensa que la ley le concede, el cual como ya se dijo es el incidente de nulidad de actuaciones previsto por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y no a través del juicio constitucional que es un medio extraordinario de defensa que debe intentarse cuando no existe ningún medio ordinario para modificar, revocar o anular los actos que se reclaman, de tal suerte, que si el quejoso no observó el incidente de que se trata y acudió directamente al juicio de garantías, éste es improcedente y debe sobreseerse en los términos de los artículos 73, fracción XIII y 74, fracción III de la Ley de Amparo, como lo hizo el J.F. en la sentencia que se revisa. Este criterio encuentra apoyo en el sustentado por este Tercer Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo en revisión números 344/88 y 43/91.".

SEPTIMO

El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver en los amparos en revisión números 328/85 y 336/88, relativos a los respectivos recursos interpuestos por la quejosa Atlas Copco Mexicana, sociedad anónima de capital variable y el quejoso A.R.R. y otra, estableció lo siguiente:

"TERCERO.- En la especie resulta innecesario entrar al análisis de la sentencia recurrida y de los agravios formulados por los recurrentes, en atención a que este tribunal estima que el presente juicio es improcedente, previo estudio que se hizo de oficio, de su procedencia, conforme a la tesis jurisprudencial número 158 localizable en la página 262 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 1985, que a la letra dice: 'IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.'. En efecto, según aparece la demanda de amparo relativa, los quejosos ahora recurrentes reclaman textualmente 'De la autoridad ordenadora: a) el auto de radicación, en cumplimiento al cual la autoridad señalada como ejecutora actuario del propio Juzgado, dizque nos emplazó a juicio; b) todos los proveídos y acuerdos que se dicten en el juicio; tendientes a ejecutar el lanzamiento del local que ocupamos, que dicte la responsable ordenadora en los autos del juicio extraordinario civil por desocupación expediente número 128/88/2o. En donde fueron ejecutados los actos reclamados; juicio promovido por S.R.V. como apoderada legal de A.R.V., en cuyo procedimiento no hemos sido oídos y vencidos. De la autoridad ejecutora actuario del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia de Ciudad Valles, San Luis Potosí, a) la diligencia de emplazamiento de fecha 17 de mayo de 1988, llevada a cabo en los autos del expediente número 128/88/2o., relativo al juicio extraordinario civil por desocupación promovido por S.R.V. como apoderada legal de A.R.V. sin las formalidades que exige la ley; b) todas las demás diligencias tendientes a quedesocupemos el local que arrendamos con cuyos actos se violan nuestras garantías individuales. En los informes rendidos por las autoridades responsables, los cuales obran a fojas 30 y 66 del expediente del amparo, admiten que los actos reclamados son ciertos y acompañan copia certificada de las constancias que obran en el juicio extraordinario civil que con este juicio de amparo se relaciona, entre las que aparecen las siguientes: a). Copia del acuerdo de 16 de agosto de 1988 en que se tienen por recibidos los oficios números 10752, 10750, 10753 y 10751, procedentes del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, por lo que se solicita a las autoridades responsables que rindan sus informes justificados en el juicio de amparo 1333/88 en el que se dictó la sentencia materia de este recurso. b). Acuerdo de 17 de agosto de 1988 en el que se determina que por no suspenderse el procedimiento con motivo del juicio de amparo promovido por los demandados, se continúe con la tramitación del juicio y se señala nueva fecha para el desahogo de la prueba confesional a cargo de A.R.R. y de M. delS.S.A..'. Y como la demanda de amparo fue presentada el 28 de julio de 1988, es claro que cuando se promovió el juicio de amparo aún no se había dictado sentencia definitiva en el juicio extraordinario civil del que emanan los actos reclamados, de donde se impone concluir que los quejosos (ahora recurrentes), al tener conocimiento de los actos que reclaman, tuvieron la posibilidad de agotar el correspondiente recurso ordinario que establece la ley contra el emplazamiento que se les hizo al juicio civil y que estiman defectuoso, como lo es el de nulidad de actuaciones previsto por los artículos 73 y 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, previamente al juicio de amparo, máxime que del solo planteamiento de la demanda se advierte que cuando se promovió el juicio de amparo, aún no se dictaba sentencia en el juicio civil, puesto que no se reclama sentencia alguna, sino determinados acuerdos dictados en el procedimiento civil. En este orden de ideas, es evidente que se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, la cual dispone: 'XIII.- Contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer, oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños.'. Por consiguiente, procede revocar la sentencia recurrida y decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo a que se contrae este toca, con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo.".

OCTAVO

Por razón de métodos debe estudiarse, en primer término, si en el caso existe materia para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis entre la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con la sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de dicho Circuito, el Primer Tribunal Colegiado (entonces único) del Sexto Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.

Con ese propósito, debe decirse que del resultado de las consideraciones transcritas en el considerando segundo de esta resolución se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en el toca número 134/92, relativo al recurso de revisión interpuesto por J.M.G.C., en su carácter de autorizado de P.R., en contra de la sentencia de veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y uno, dictada por la Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo número 297/91, sustentó el criterio de que si la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento, no está obligada a observar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, aunque tenga conocimiento del juicio natural antes de que se dicte sentencia definitiva, cuando al promover el amparo se ostenta como tercera extraña al juicio por no haber sido emplazada, pues en esa virtud si se le equipara a un tercero extraño a juicio, es evidente que se actualiza la hipótesis que contempla el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo y por ende, no se surte la causal de improcedencia que establece el artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley.

Por otra parte, como puede apreciarse en el tercer considerando de esta resolución, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los tocas 245/92, 195/92, 148/90 y 573/90, relativos a los recursos de revisión promovidos, respectivamente, por el tercer perjudicado P.R. (los dos primeros), la quejosa Rosario Alcalá de V. y la quejosa M.T.M.M. de Cote, sostuvo que el juicio de garantías es improcedente en los términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de amparo, cuando se reclama la falta de emplazamiento legal y la quejosa tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia definitiva, ya que siendo parte en él no se le deja en estado de indefensión, pues tiene la oportunidad de impugnar la ilegalidad de tal emplazamiento a través del incidente de nulidad, antes de que se pronuncie la resolución definitiva, o bien de alegar esa infracción como agravio a través del recurso de apelación que se haga valer en contra de ésta, toda vez que si bien la parte quejosa no está obligada a agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio constitucional, esto ocurre sólo cuando se impugna la ilegalidad o falta de emplazamiento después de haberse dictado sentencia definitiva en el juicio natural y la misma ha causado ejecutoria.

De los considerandos quinto, sexto y séptimo, de esta ejecutoria, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado (antes único) del Sexto Circuito, al resolver en los tocas 687/64 y 304/91, relativos a los recursos de revisión interpuestos por A.A.B. en representación de la tercera perjudicada Hacienda de Chiconcuac, sociedad de responsabilidad limitada, y por el quejoso J.P.B.; el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver en los tocas 344/88, 379/89, 421/90, 43/91 y 143/91, relativos a los recursos de revisión que respectivamente promovieron los quejosos M. delP.H.P. viuda de Garrido, F.P.C. y otra, A.T.G. y otro, M.Z. de la Rosa y J.L.G.G.; y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver en los amparos en revisión números 328/85 y 336/88, relativos a los recursos interpuestos por los quejosos Atlas Copco Mexicana, sociedad anónima de capital variable y A.R.R. y otra; sustentaron el mismo criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a que se ha hecho alusión en el párrafo que antecede.

Finalmente, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en el toca 748/88, relativo al recurso de revisión interpuesto por el quejoso A.G.C., sostuvo el criterio de que cuando en autos aparece que el juicio natural está aún en una fase inicial, pues todavía no se pronuncia resolución respecto a la contestación del libelo producida por uno de los codemandados, y nada se ha resuelto sobre un supuesto acuse de rebeldía en contra del peticionario de garantías, debe estimarse que el acto consistente en la falta de emplazamiento sólo admite ser reclamado a través del juicio de amparo directo que se llegue a promover en su oportunidad, en virtud de que tal acto se trata de una infracción a las leyes del procedimiento, que afecta las defensas del quejoso y trasciende al resultado del fallo, de conformidad con lo establecido por los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo.

En tales condiciones, cabe concluir que sí existe contradicción entre la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y la sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado (antes único) del Sexto Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, respecto de un mismo problema jurídico; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197-A, en relación con el diverso precepto 192, ambos de la Ley de Amparo, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe determinar cuál de ellas ha de prevalecer con el carácter de jurisprudencia.

Esta Tercera Sala del más Alto Tribunal de la República, estima que debe prevalecer el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados mencionados del segundo al sexto lugar, por las razones que en seguida se expresan:

Es cierto que en la tesis jurisprudencial publicada actualmente con el número 781, en las páginas 1289 y 1290, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988, esta Tercera Sala sostuvo lo siguiente:

"EMPLAZAMIENTO, FALTA DE.- Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en juicio por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes.".

Sin embargo, tal como puede apreciarse, dicha tesis jurisprudencial fue establecida para el efecto de que los quejosos no quedaran en estado de indefensión en un juicio en el que habiendo sido condenados al pago de las prestaciones reclamadas, no hubiesen sido llamados o emplazados legalmente a juicio, mas no como erróneamente lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en cuanto que la sola circunstancia de que el afectado no haya sido emplazado a juicio o lo haya sido ilegalmente, es suficiente para que quede liberado del deber de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley procesal respectiva, y que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, basta con que el quejoso se ostente como tercero extraño al juicio.

En efecto, la jurisprudencia número 781 antes transcrita, categóricamente dispone que: "... el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra..."; sin embargo, tal manifestación debe entenderse en el sentido de que cuando se reclama la falta de emplazamiento legal, el juicio de garantías es procedente en los casos en que, aun existiendo los recursos ordinarios previstos por la ley adjetiva civil correspondiente, el quejoso no haya estado en posibilidad de intentarlos por haberse declarado ejecutoriado el fallo que le agravia; y por el contrario, si se tiene conocimiento del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, antes de que se dicte sentencia en el juicio o ésta cause ejecutoria, resulta claro que en esas condiciones el quejoso no está imposibilitado para interponer los recursos procedentes previstos por el Código de Procedimientos Civiles respectivos, antes de promover el juicio de amparo.

Los anteriores razonamientos se justifican plenamente por el hecho de que la tesis número 781 de que se trata, fue establecida con base a las ejecutorias pronunciadas en los amparos en revisión números 1023/24, promovido por E.G. de L., resuelto el catorce de marzo de mil novecientos treinta y dos; 4479/36, promovido por B.B.S., resuelto el treinta y uno de octubre de mil novecientos treinta y seis; 3728/35, promovido por Adela Fuentes de F., resuelto el dieciséis de febrero de mil novecientos treinta y siete; 483/39, promovido por D.P.S., resuelto el cinco de abril de mil novecientos treinta y nueve; y el amparo en revisión promovido por E.P. contra actos del Juez de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México; en las que se sostuvo la misma tesis, en el sentido de que no debe de sobreseerse en el juicio de garantías cuando el quejoso reclama la falta de emplazamiento legal, en un juicio en que se dictó sentencia ejecutoriada, ya que en esas circunstancias se evidencia que éste no estuvo en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra. Máxime que en los amparos en revisión antes citados los actos reclamados se hicieron consistir en algunos casos, expresamente en sentencias ejecutoriadas, las cuales es obvio que no pudieron ser recurridas, como se demuestra a continuación:

En el amparo civil en revisión número 1023/24, promovido por E.G. de L., se reclamó:

"La sentencia dictada en el juicio ejecutivo seguido en contra de la quejosa, por la señora Encarnación Altamirano Viuda de M., juicio en el cual no fue emplazada, y en el cual se mandó a hacer trance y remate de las casas embargadas; el auto por el cual se dio por reconocida la firma de la misma quejosa; el embargo llevado a cabo, y por último el auto por el cual se dio entrada al juicio cuya sentencia se reclama.".

En el amparo en revisión 4479/36, promovido por B.B.S., se reclamó:

"La sentencia dictada por la autoridad responsable, en los autos del juicio sumario de divorcio, promovido por F.G.P., en contra de la quejosa y por la que se declaró disuelto el vínculo matrimonial.".

En el amparo en revisión 3728/35, promovido por Adela Fuentes de F., se reclamó:

"La sentencia dictada por la autoridad responsable, en el juicio de divorcio necesario, promovido por el señor R.F., en contra de la quejosa, y la declaración hecha por la propia autoridad responsable, de estar ejecutoriada dicha sentencia.".

Finalmente, en el amparo en revisión 483/39, promovido por D.P.S., se reclamó:

"El auto de la autoridad responsable, que mandó rematar un predio que ocupaba el quejoso.".

En tales condiciones, cabe concluir que de conformidad con el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 781 de referencia, el juicio de amparo indirecto es procedente aunque no se agoten los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos por la ley, si se reclama la falta de emplazamiento legal en un juicio cuya sentencia ha causado ejecutoria, pues en esas circunstancias, se estima que el quejoso estuvo impedido para hacer valer dichos medios de impugnación por no haber tenido conocimiento del juicio respectivo antes de que se declarara ejecutoriada la sentencia correspondiente. Esto es así, ya que no debe perderse de vista que los recursos ordinarios o medios de defensa previstos por el Código de Procedimientos Civiles respectivo, como serían en la especie, el incidente de nulidad de actuaciones, debe promoverse dentro del juicio, mas no una vez que la sentencia correspondiente ha causado ejecutoria, en virtud de que los incidentes son cuestiones que se promueven dentro del juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal; y por otra parte, el recurso de apelación mediante el cual puede alegarse en vía de agravios la falta de emplazamiento legal, únicamente puede intentarse contra la sentencia de primer grado, esto es, dentro del propio juicio.

Así pues, debe estimarse correcta la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado (antes único) y el Tercer Tribunal Colegiado, ambos del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en el sentido de que el juicio de garantías es improcedente, no por la causal que invocan, o sea la prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, sino por emerger la diversa causal establecida en la fracción XVIII del mismo precepto 73, en relación con los artículos 158, 159, fracción I, y 161 del citado cuerpo de leyes (por las razones que más adelante se expresan), cuando el acto reclamado se hace consistir en la falta de emplazamiento legal o ilegalidad del mismo y la quejosa tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia definitiva, ya que en esas circunstancias, se estima que es parte en el propio juicio y no se le deja en estado de indefensión, pues tiene la oportunidad de impugnar la ilegalidad de tal emplazamiento a través del incidente de nulidad de actuaciones, antes de que se pronuncie la resolución definitiva, o bien de alegar esa infracción como agravio a través del recurso de apelación que se haga valer en contra de ésta, toda vez que si bien es cierto que la parte quejosa no está obligada a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legal previstos por el Código de Procedimientos Civiles respectivo, esto ocurre sólo cuando se impugna la ilegalidad o falta de emplazamiento después de haberse dictado sentencia definitiva en el juicio natural y la misma ha causado estado.

Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el fin de apoyar su tesis a que se ha hecho referencia, además de invocar como fundamento legal la tesis jurisprudencial número 781 antes examinada, también se basó en la tesis de jurisprudencia que actualmente se encuentra publicada con el número 1294, en la página 2097, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988, sustentada por esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente:

"PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO. NO NECESITA AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS PARA OCURRIR AL AMPARO.- Los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimientos a que son ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo.".

Conviene señalar, que las ejecutorias que constituyeron dicha jurisprudencia 1294 son las siguientes:

  1. en revisión número 6576/40, promovido por E.N.S., resuelto el trece de febrero de mil novecientos cuarenta y uno, en el que se reclamó el siguiente acto:

"ACTO RECLAMADO: El auto en virtud del cual se pretende quitar al quejoso, la posesión de bienes que le pertenecen, sin ser parte en el juicio relativo.".

Amparo en revisión 10314/42, promovido por G.C.N., resuelto el trece de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, en el que se reclamó el siguiente acto:

"ACTOS RECLAMADOS: La resolución por la cual, sin pedir previamente certificado de libertad de gravámenes, se mandó sacar a remate cierto número de acciones, que el señor M.F. tiene en la Compañía Manufacturera de Hilados y Tejidos 'San Rafael', S.A., y el remate y la adjudicación que se pretenden llevar a cabo.".

Amparo en revisión 4274/31, promovido por I.F. viuda de V., resuelto el siete de mayo de mil novecientos treinta y cinco, en el que se reclamó el siguiente acto:

"ACTO RECLAMADO: La notificación mandada hacer por la autoridad responsable, a los inquilinos de unas casas, de las cuales es arrendataria (sic) la quejosa, en virtud de un contrato celebrado con la propietaria, ordenando, la autoridad responsable, en esa notificación que el pago de las rentas se haga en lo sucesivo al señor J.L.A., actor en un juicio hipotecario seguido encontra de dicha propietaria.".

Amparo en revisión 7315/39, promovido por M.T., resuelto el cinco de diciembre de mil novecientos treinta y nueve, en el que se reclamó el siguiente acto:

"ACTO RECLAMADO: La sentencia interlocutoria dictada en el juicio promovido en contra del quejoso, por J.C. sobre incorporación del hijo de ambos, a la familia de la quejosa, en relación con las diligencias de jurisdicción voluntaria que el mismo siguió, a su vez, en contra del mencionado señor C., sobre ministración de alimentos provisionales para el menor antes citado.".

Amparo en revisión 2521/37, promovido por J.B., resuelto el veintidós de marzo de mil novecientos cuarenta, en el que se reclamó el siguiente acto:

"ACTO RECLAMADO: El embargo de unos predios, con motivo del juicio ejecutivo civil seguido por la señora C.G.V. de R.G., contra la sucesión de F.A.S..".

De las anteriores transcripciones se advierte que la jurisprudencia número 1294 de que se trata, fue establecida con relación a cuatro asuntos en los que los promoventes de los indicados juicios de garantías, sin haber tenido el carácter de partes en el juicio natural, y desde luego sin haber sido llamados a juicio a defender sus derechos, se les pretendía afectar mediante actos contra los cuales ya no procedía ningún medio de impugnación ordinario.

En tal virtud, resulta inexacta la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en cuanto que el promovente del amparo no está obligado a observar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, aunque tenga conocimiento del juicio natural antes de que se dicte sentencia definitiva, cuando al promover el amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por no haber sido emplazado, porque en esas condiciones se actualiza la hipótesis que contempla el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo.

Ciertamente, se estima incorrecto el criterio que sostiene el referido Segundo Tribunal Colegiado, en virtud de que si se toma en consideración que tercero extraño es aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio natural de donde emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, o porque aun cuando se le señala como tal, no es llamado a juicio a defender sus derechos, y el acto que le afecta se trata de cosa juzgada, resulta claro que no puede estimarse como tercero extraño el promovente del amparo que se ostenta con ese carácter, cuando en el propio juicio es formalmente parte demandada y tiene conocimiento de la falta de emplazamiento legal antes de que se dicte la sentencia correspondiente, o de que ésta cause ejecutoria, pues, como ya se dijo, en tales condiciones, dicho quejoso tiene expeditos sus derechos para hacer valer los recursos ordinarios o medios de defensa legales establecidos por el Código de Procedimientos Civiles correspondiente, antes de promover el juicio de garantías.

Por tanto, atendiendo a que en la especie, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente cuando se reclama la falta de emplazamiento legal en un juicio cuya sentencia causó estado; y que en cambio, dicho medio extraordinario de defensa constitucional es improcedente en el caso en que la parte quejosa tenga conocimiento de tal infracción antes de que se dicte sentencia definitiva, o de que ésta cause ejecutoria; resulta claro que, en esta última hipótesis, como acertadamente lo señala el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en su tesis a que se ha hecho referencia, el medio idóneo para impugnar la falta de emplazamiento legal es el juicio de amparo directo, que se interponga en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio correspondiente, en los términos de lo previsto por los artículos 158, 159, fracción I; y, 161 de la Ley de Amparo, por tratarse dicha infracción de una violación procesal, mas no de un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que aun cuando tal infracción resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, ya que a través del citado acto no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio, hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia, en el que en los agravios respectivos se puede alegar la falta de emplazamiento legal a juicio.

Consecuentemente, atendiendo a que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo procede en dos casos de excepción, a saber: a). Cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación, que resultan ser aquellos que no podrán revisarse en una actuación posterior; y b). Cuando se afecte a personas extrañas al juicio; es evidente que la falta de emplazamiento legal, en el caso en que la parte quejosa tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia definitiva, o de que ésta cause ejecutoria, debe ser reclamada mediante el juicio de amparo directo, que se interponga en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio correspondiente, previa la impugnación de tal acto a través de los recursos ordinarios previstos por el Código de Procedimientos Civiles respectivo; y que por otra parte, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 158, 159, fracción I y 161 del mismo ordenamiento legal, cuando por esta vía constitucional se pretende atacar la falta de emplazamiento legal en las condiciones antes señaladas, esto es, en el caso de que el promovente del amparo tenga conocimiento de dicha infracción antes de que se dicte sentencia definitiva, o de que ésta cause ejecutoria.

En las condiciones apuntadas, a juicio de esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben prevalecer con el carácter de jurisprudencias obligatorias en los términos precisados en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, las tesis que a continuación se precisan, debiendo ordenarse su publicación en el Semanario Judicial de la Federación para los efectos del artículo 192 de la misma Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las tesis indicadas son las siguientes:

EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL. CASOS EN LOS QUE UNICAMENTE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.- Es cierto que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número 781, en las páginas 1289 y 1290, de la Segunda Parte, de la Compilación de 1917 a 1988, bajo el rubro "Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en juicio por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes"; sin embargo, tal criterio no debe entenderse en el sentido de que la parte quejosa no está obligada a observar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, aunque tenga conocimiento del juicio natural antes de que se dicte sentencia definitiva, toda vez que lo establecido en dicha tesis jurisprudencial al señalarse "... el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra ..." debe entenderse en el sentido de que cuando se reclama la falta de emplazamiento legal, el juicio de amparo indirecto es procedente aunque existan recursos ordinarios previstos por el Código de Procedimientos Civiles correspondiente, si el quejoso no estuvo en posibilidad de intentarlos por haberse declarado ejecutoriado el fallo que le agravia. Por tanto, sólo puede entablarse el amparo indirecto, en los términos de lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, cuando la parte quejosa tiene conocimiento de la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, después de que la sentencia dictada en el juicio natural, causó estado, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que el quejoso está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo civil respectivo.

"EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL. DEBE RECLAMARSE A TRAVES DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE EL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo procede en dos casos de excepción, a saber a). Cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación; y b). Cuando se afecte a persona extraña al juicio. Ahora bien, si se reclama la falta de emplazamiento o legalidad del mismo por la parte que se considera perjudicada, antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra, o antes de que ésta cause ejecutoria, es evidente que tal violación no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que aun cuando ésta resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, ya que a través del citado acto no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia. Por otra parte, si el promovente del amparo es el demandado en el juicio natural, resulta claro que no puede ostentarse como tercero extraño al juicio, ya que tienen ese carácter quienes no son partes en el propio juicio. En tal virtud, el medio idóneo para impugnar la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, cuando el promovente tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria, es el amparo directo en los términos de lo establecido por los artículos 158, 159, fracción I y 161 de la Ley de Amparo, mas no el juicio de garantías en la vía indirecta, pues en tales circunstancias, respecto de esta última vía constitucional, se surtiría la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la misma Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos 158, 159, fracción I, y 161 antes invocados.".

"PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CARACTER.- Tomando en cuenta que tercero extraño es aquel que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo.".

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 191-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO

Sí existe contradicción entre la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver en el toca 134/92, con la sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver en los amparos en revisión 245/92, 195/92, 148/90 y 573/90, por el Primer Tribunal Colegiado (antes único) del Sexto Circuito al resolver en los amparos en revisión 687/64 y 304/81, por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver en los amparos en revisión 344/88, 379/89, 421/90, 43/91 y 143/91, por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver en los amparos en revisión 328/85 y 336/88, y por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en el amparo en revisión 748/88.

SEGUNDO

Se declara que deben prevalecer las tesis sustentadas por el Tercero y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, por el Primero (antes único) y Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en los términos precisados en el considerando octavo de esta resolución.

TERCERO

Remítanse de inmediato las tesis jurisprudencial que se sustentan en la presente resolución, al Semanario Judicial de la Federación y a la Gaceta del mismo para su publicación, así como al Pleno y demás Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito, y a los Jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el artículo 195 de la Ley de Amparo.

N.; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente J.T.L.C., M.A.G., S.H.C.G., I.M.C. y M.G. y M.M.G.. Fue ponente el tercero de los señores Ministros antes mencionados.

Firman el presidente de la Sala y Ministro ponente con el secretario de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.