Ejecutoria num. 2a./J. 56/2001 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26867131

Ejecutoria num. 2a./J. 56/2001 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 56/2001
Localizacion:GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2001
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2001-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL PRIMER CIRCUITO.COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO. SUS LAUDOS ARBITRALES SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO. LOS LAUDOS QUE EMITE EN SU CALIDAD DE ÁRBITRO CONSTITUYEN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 14/2001-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: G.I.O.M..

SECRETARIO: ALBERTO D�AZ D�AZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO

A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicci�n de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los �rganos colegiados que emitieron las respectivas ejecutorias, siendo las que a continuaci�n se transcriben.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria que dict� al resolver el amparo directo 1303/2001, promovido por C.A.A.B., Sociedad An�nima de Capital Variable, en lo conducente, expres�:

"QUINTO. El primero y segundo de los conceptos de violaci�n se estudian en conjunto por la �ntima relaci�n que guardan entre s�, y son infundados.

"Opuestamente a lo que sostiene la quejosa, no resulta contraria a derecho la determinaci�n de la S. responsable de considerar fundada la excepci�n de incompetencia del J. Cuadrag�simo Tercero de lo Civil en el Distrito Federal, que Cinemex Universidad, S. de C.V., plante� al dar contestaci�n a la demanda instaurada en su contra.

"El art�culo 1792 del C�digo Civil para el Distrito Federal dispone que convenio es el acuerdo de dos o m�s personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones.

"Por su parte, el art�culo 1793 se�ala que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos.

"El diverso 1797 establece que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

"Mientras que el art�culo 1832 prev� que en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y t�rminos que parezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley.

"Finalmente, el art�culo 1839 previene que, en un contrato, los contratantes pueden poner todas las cl�usulas que estimen convenientes.

"Del contenido de las disposiciones mencionadas, se colige que las relaciones contractuales se rigen, ante todo, por las normas que derivan de las cl�usulas convenidas expresamente por las partes, pues en materia de contratos impera la libertad contractual, que se refiere a la facultad de las partes para convenir en cuanto a la forma y el contenido del contrato; de ah� que para dilucidar las obligaciones asumidas por los contratantes, es menester acudir precisamente a las estipulaciones plasmadas por ellos en el acuerdo de voluntades de que se trate, siguiendo los lineamientos para la interpretaci�n de los contratos que establecen los art�culos 1851 al 1859 del C�digo Civil para el Distrito Federal.

"Estos preceptos en lo esencial establecen que si los t�rminos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intenci�n de los contratantes, se estar� al sentido literal de sus cl�usulas; que si las palabras parecieren contrarias a la intenci�n evidente de los contratantes, prevalecer� �sta sobre aqu�llas; que cualquiera que sea la generalidad de los t�rminos de un contrato no deber�n entenderse comprendidos en �l cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar; que si alguna cl�usula de los contratos admitiere diversos sentidos, deber� entenderse en el m�s adecuado para que produzca efecto; que las estipulaciones contractuales deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas; que las palabras que puedan tener distintas acepciones ser�n entendidas en aquella que sea m�s conforme a la naturaleza y objeto del contrato; que el uso o la costumbre del pa�s se tendr�n en cuenta para interpretar las ambig�edades del consenso; que cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas conforme a las reglas procedentes, si aqu�llas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y �ste fuere gratuito, se resolver�n en favor de la menor transmisi�n de derechos e intereses, pero si fuere oneroso se resolver� la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses; y que si tales dudas recayeren sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cu�l fue la intenci�n o la voluntad de los contratantes, entonces el contrato ser� nulo.

"En la especie, conforme a las constancias certificadas del juicio ordinario civil n�mero 69/2000 y los autos originales del toca n�mero 1939/2000, del �ndice de la S. responsable, y que por tratarse de actuaciones judiciales tienen pleno valor probatorio de acuerdo con lo dispuesto por los art�culos 129 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, en t�rminos de su art�culo 2o., qued� demostrado lo siguiente:

"C.A.A.B., S. de C.V., a trav�s de su apoderado M.A.H., demand� en la v�a ordinaria civil de Cinemex Universidad, S. de C.V., y Adecaab, S. de C.V., el estar y pasar por la declaraci�n judicial de nulidad que se decrete respecto de las cl�usulas cuarta, quinta, sexta, s�ptima y d�cima primera del convenio modificatorio celebrado entre las partes el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, as� como sus concomitantes del contrato de arrendamiento de nueve de abril de mil novecientos noventa y siete, marcadas como primera (en cuanto al torcido concepto de pena convencional), tercera, quinta, en lo conducente; vig�sima sexta, puntos 3 y 4; vig�sima s�ptima, puntos 3, 4, y 5; y trig�sima tercera, punto 1; el ajuste de dos p�lizas de fianza otorgadas ante Afianzadora Insurgentes, con n�meros de p�liza 2575-2652-000438 y 2575-2622-0004442; la primera por un monto de $18'548,560.00 (dieciocho millones quinientos cuarenta y ocho mil quinientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional) y la segunda por $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional); el pago de da�o moral por la lesi�n sufrida en su prestigio comercial ante el medio afianzador mexicano, as� como ante diversos clientes, equivalente a $22'000,000.00 (veintid�s millones de pesos 00/100 moneda nacional); el pago de da�os y perjuicios; as� como la declaraci�n judicial de compensaci�n de cantidades, entre lo que se le adeude como consecuencia de la reparaci�n del da�o moral y da�os y perjuicios, contra el monto entregado a Cinemex Universidad, S. de C.V., al negocio de inversi�n denominado Plaza Zapata, a t�tulo de 'aportaciones de mejoras'; y el pago de gastos y costas del juicio.

"En ese mismo escrito, la parte actora pidi� que se llamara a juicio a Afianzadora Insurgentes, S., a fin de que la sentencia que se llegara a pronunciar tambi�n afectara su esfera jur�dica.

"La actora exhibi� como documentos base de la acci�n, entre otros, los siguientes:

"a) El contrato de arrendamiento de fecha nueve de abril de mil novecientos noventa y siete, celebrado entre Adecaab, S. de C.V., como arrendadora, y Cinemex Universidad, S. de C.V., en cuanto arrendataria, en relaci�n con el local ubicado en la plaza conocida como Plaza Zapata, situado entre las avenidas Universidad, San Lorenzo, M�xico C.�n y Eje 7 Sur Zapata de esta ciudad, con una superficie de 4,983.82 cuatro mil novecientos ochenta y tres punto ochenta y dos metros cuadrados, con la comparecencia y conformidad de aqu�lla, quien garantiz� de manera solidaria el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contra�das por la arrendataria; y,

"b) El convenio de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve celebrado entre las mismas partes.

"Ahora bien, en la cl�usula d�cima novena del contrato de arrendamiento, se pact� lo siguiente:

"'D�cima Novena. Arbitraje:

"'19.1 Las partes del presente contrato convienen en que cualquier controversia, disputa o reclamaci�n que surja entre ellas en relaci�n con la interpretaci�n, cumplimiento y ejecuci�n de este contrato, ser� resuelta y decidida en forma definitiva por medio del arbitraje. Salvo estipulaciones expresas en contrario en esta cl�usula, el procedimiento de arbitraje de la C�mara de Comercio Internacional de Par�s, Francia (la �CCI�) ser� aplicable y tendr� lugar en M�xico, Distrito Federal (incluyendo la emisi�n del laudo). Habr� tres �rbitros, uno ser� designado por la o las partes demandantes, otro por la o las partes demandadas y el tercero de com�n acuerdo por los �rbitros designados conforme a lo anterior o, en caso de que �stos no lo designaren de com�n acuerdo dentro de los 5 (cinco) d�as naturales a partir de la designaci�n del �rbitro que corresponde a la parte demandada, la secci�n mexicana de la �CCI� que ser� competente para los aspectos administrativos del arbitraje, designar� al tercer �rbitro.

"'19.2 En caso de que cualquiera de las partes del arbitraje no nombrare su �rbitro dentro de la demanda o la contestaci�n, seg�n sea el caso, en los t�rminos del art�culo dos de las Reglas de Conciliaci�n de la �CCI�, dicho �rbitro ser� designado por la secci�n mexicana de la �CCI� a solicitud de la otra parte.

"'19.3 El idioma del arbitraje ser� el espa�ol.

"'19.4 Los laudos y dem�s resoluciones deber�n basarse en las estipulaciones del presente contrato, y en las leyes mexicanas (mas no en las leyes sobre conflicto de leyes).

"'19.5 La duraci�n del arbitraje no deber� exceder de 20 (veinte) d�as naturales a partir de la fecha en que el tercer �rbitro acepte su nombramiento. El laudo arbitral ser� obligatorio para las partes, mismas que renuncian en este acto a cualquier recurso judicial en contra de dicho laudo. En caso de que la parte perdedora no cumpla o se niegue a cumplir con el laudo arbitral dentro de los 3 (tres) d�as h�biles siguientes a la emisi�n del laudo, la parte ganadora y su apoderado podr�n inmediatamente proceder a la ejecuci�n judicial del laudo.

"'19.6 Al inicio del arbitraje, la parte demandante depositar� un monto suficiente para cubrir todos los gastos y honorarios del arbitraje, conforme a la determinaci�n de los �rbitros o, seg�n sea el caso, de la secci�n mexicana de la CCI. Todos los gastos y honorarios de los �rbitros en relaci�n con el arbitraje estar�n a cargo de la parte que pierda el arbitraje, de conformidad con la determinaci�n de los �rbitros.

"'19.7 La parte que pierda el arbitraje reembolsar� por tanto, a la otra parte, los montos depositados al principio del arbitraje por dicha parte.'

"Por su parte, en la cl�usula d�cima cuarta del convenio modificatorio las partes estipularon:

"'D�cima Cuarta. Arbitraje.

"'14.1 Cualquier disputa, controversia o reclamaci�n derivada o relativa al presente convenio o su interpretaci�n, ejecutabilidad y cumplimiento, relaci�n o validez ser� �nica o definitivamente decidida mediante el procedimiento de arbitraje previsto en el contrato.'

"Conforme al sentido literal de esas cl�usulas del convenio de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, fue intenci�n de las partes que en caso de disputa, controversia o reclamaci�n derivada por o relativa al convenio o a su interpretaci�n, ejecutabilidad y cumplimiento, relaci�n, e incluso aquellas en las cuales se cuestionara su validez, se someter�an al juicio arbitral, el cual se sustanciar� y decidir� de acuerdo con el procedimiento de arbitraje previsto en el contrato de arrendamiento de fecha nueve de abril de mil novecientos noventa y siete.

"En ese contexto, es infundada la alegaci�n de la quejosa, en el sentido de que el juicio natural por el cual reclama la nulidad de diversas cl�usulas del convenio no encuadra dentro de lo pactado en la cl�usula arbitral contenida en el mismo, toda vez que en esta �ltima se pact� expresamente que cualquier conflicto por el cual se cuestionara la validez del convenio, ser�a �nica y definitivamente decidido mediante el procedimiento arbitral establecido en el contrato de arrendamiento.

"Luego, como lo sustent� la S. responsable, la competencia para conocer del juicio de origen no radica en un �rgano jurisdiccional estatal como lo es el Juzgado Cuadrag�simo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, sino en �rbitros que ser�n designados en los t�rminos precisados en la cl�usula d�cima novena del contrato de arrendamiento, por as� haberlo convenido expresamente las partes.

"En efecto, el arbitraje es un convenio que la ley reconoce y que, por cuanto implica una renuncia al conocimiento de la controversia por la autoridad judicial, reviste el car�cter de ser un sustituto de la jurisdicci�n, como tambi�n lo denomina la doctrina.

"Este acuerdo de voluntades es el llamado compromiso, y en virtud de �l, las partes conf�an la decisi�n de sus conflictos a uno o m�s particulares, que expresamente ellos designaron.

"El art�culo 609 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que las partes tienen el derecho de sujetar sus diferencias al juicio arbitral.

"Ese precepto y el 612 del mismo ordenamiento reconocen el derecho de sujetar controversias al juicio arbitral de todo aquel que est� en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

"Adem�s, la Ley Org�nica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en su art�culo 2o., fracci�n XI, reconoce al arbitraje con el car�cter de sustituto de la jurisdicci�n al determinar que los �rbitros tienen la facultad de aplicar las leyes en asuntos civiles, precisamente al dirimir las contiendas sometidas en compromiso arbitral.

"Pueden ser objeto del arbitraje toda materia del derecho privado sobre la que sus titulares tengan la facultad de disposici�n sin limitaciones. Toda cuesti�n que no necesite ser ventilada en procesos donde se excluye el principio dispositivo es, por tanto, apta para someterse a �rbitros.

"As�, de conformidad con el art�culo 615 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal:

"'No se pueden comprometer en �rbitros los siguientes negocios:

"'I. El derecho de recibir alimentos;

"'II. Los divorcios excepto en cuanto a la separaci�n de bienes y a las dem�s diferencias puramente pecuniarias;

"'III. Las acciones de nulidad de matrimonio;

"'IV. Los concernientes al estado civil de las personas con la excepci�n contenida en el art�culo 339 del C�digo Civil;

"'V. Los dem�s en que lo proh�ba expresamente la ley.'

"El caso particular no encuadra dentro de ninguna de las hip�tesis previstas en dicha norma, en la que se establecen los casos que no se pueden comprometer en �rbitros, y que son: el derecho a recibir alimentos; los divorcios, excepto en cuanto a la separaci�n de bienes y a las diferencias puramente pecuniarias, las acciones de nulidad de matrimonio; las concernientes al estado civil de las personas, con la excepci�n contenida en el art�culo 339 del C�digo Civil; y los dem�s casos en que lo proh�ba expresamente la ley. Ello es as�, puesto que en el juicio de origen se reclama la nulidad de diversas cl�usulas del contrato de arrendamiento de nueve de abril de mil novecientos noventa y siete y del convenio de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

"Adem�s, las disposiciones relativas al contrato de arrendamiento contenidas en el t�tulo sexto del C�digo Civil para el Distrito Federal, tampoco proh�ben comprometer en �rbitros los conflictos que se deriven de los contratos de arrendamiento.

"En otro aspecto, el art�culo 616 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece: 'El compromiso designar� el negocio o negocios que se sujeten a juicio arbitral y el nombre de los �rbitros. Si falta el primer elemento, el compromiso es nulo de pleno derecho sin necesidad de previa declaraci�n judicial. ...'.

"Conforme al sentido literal del precepto transcrito, se otorga competencia al �rbitro para dirimir una controversia que expresamente en el compromiso designen las partes, por lo que es indudable que el sometimiento de las partes al arbitraje supone la expresa voluntad de ellas, para que sea un tercero quien dirima la controversia suscitada; y el laudo estriba tanto en que es la culminaci�n de un procedimiento que respete las formalidades esenciales del juicio, consistentes en que se notifique a la parte demandada la instauraci�n del juicio promovido en su contra, se le corra traslado con la demanda, y goce de un plazo para contestar, para oponer las excepciones, defensas y, en su caso, plantear reconvenci�n; tener un periodo probatorio; as� como el derecho a que se dicte la resoluci�n que decida la controversia; como en que exista el pacto libre y expreso de las partes en someterse al arbitraje; esto es, que se trata de un juicio al cual se sometieron las partes en conflicto en forma libre y voluntaria, mientras que el laudo podr� causar estado si las partes pactaron expresamente la renuncia a su impugnaci�n a trav�s del recurso ordinario que pueda modificarlo o revocarlo.

"De ah� que es ajustado a derecho el pacto arbitral convenido por las partes, cuando contiene las formalidades esenciales del procedimiento y no se pacta en relaci�n con una materia que es de orden p�blico, siempre que las partes hayan dispuesto de bienes propios o tengan facultades expresas para ello.

"Por otro lado, si bien es cierto que un �rbitro no puede hacer una 'declaraci�n de nulidad', puesto que de dicha expresi�n se advierte que es una declaraci�n formalmente judicial, sin embargo, la resoluci�n que pronuncie el �rbitro, que la ley denomina como laudo, es materialmente jurisdiccional e igualmente eficaz y obligatoria para las partes.

"Ese laudo por s� mismo tiene eficacia de cosa juzgada, s�lo que como el �rbitro carece de imperium para hacer cumplir sus determinaciones, debe requerirse el auxilio de la autoridad judicial.

"En efecto, para ejecutar un laudo, es preciso la mediaci�n de un acto realizado por un �rgano jurisdiccional que sin quitarle la naturaleza privada asume su contenido; de suerte que, entonces, el laudo es ejecutable por virtud del acto jurisdiccional, que s�lo es el complemento necesario para ejecutar lo resuelto por el �rbitro, ya que el laudo es una resoluci�n dictada por el �rbitro que dirime la controversia suscitada entre las partes con calidad de cosa juzgada y constituye t�tulo que motiva ejecuci�n ante el J. competente que debe prestar los medios procesales necesarios para que se concrete lo resuelto en el laudo. Por tanto, el laudo es una resoluci�n que tiene los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, s�lo que la eficacia y realizaci�n concreta de lo condenado quedan siempre al J. competente designado por las partes o el del lugar del juicio. El �rbitro carece de la facultad de hacer cumplir ante s� el laudo que emiti�, porque no tiene la potestad o imperium, que es uno de los atributos de la jurisdicci�n y que es inherente a los �rganos jurisdiccionales del Estado.

"Ello implica que el �rbitro carece de la fuerza del Estado para hacer efectiva la condena, pero el laudo en s� mismo no est� despojado de los atributos de la cosa juzgada, puesto que la facultad de decidir la controversia es una delegaci�n hecha por el Estado a trav�s de la norma jur�dica, y s�lo se reserva la facultad de ejecutar.

"El J. ante quien se pide la ejecuci�n de un laudo dictado por un �rbitro en M�xico, para decretar el requerimiento de pago, �nicamente debe y puede constatar la existencia del laudo como una resoluci�n que ha establecido una conducta concreta, inimpugnable e inmutable y que, por ende, debe provenir de un procedimiento en el que se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento y que no sea contrario a una materia de orden p�blico.

"En la especie, como en el convenio de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve las partesmanifestaron claramente que para el caso de controversia sobre la validez del mismo, se someter�an al juicio arbitral, y dicho acto jur�dico entra�a, por su naturaleza, la m�xima expresi�n de la voluntad, en t�rminos de los art�culos 1796 a 1798 del C�digo Civil para el Distrito Federal, fue correcto que la S. responsable declarara incompetente al J. Cuadrag�simo Tercero de lo Civil del Distrito Federal para conocer del asunto.

En otro aspecto, la cl�usula d�cima cuarta del convenio de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve relativa al pacto de arbitraje, se refiere al convenio y no hace precisi�n expresa sobre el contrato de arrendamiento referido cuando establece que cualquier disputa, controversia o reclamaci�n derivada por o relativa al convenio, a su interpretaci�n, ejecutabilidad y cumplimiento, relaci�n o validez, ser� �nica y definitivamente decidida mediante el procedimiento de arbitraje previsto en el contrato de arrendamiento de nueve de abril de mil novecientos noventa y siete; pero para darle sentido pr�ctico y �til a esa cl�usula debe interpretarse en el sentido de que el pacto arbitral rige para las controversias sobre la validez de la cl�usulas del contrato de arrendamiento de nueve de abril de mil novecientos noventa y siete.

"Ello, porque el pacto arbitral en s� mismo carece de sentido si no se precisa respecto de qu� controversias va a conocer; de modo que la precisi�n de que ser�n �rbitros quienes conozcan de la validez de diversas cl�usulas del convenio, en realidad se refieren a que sean �rbitros los que conozcan de la impugnaci�n de validez de las diversas cl�usulas del contrato de arrendamiento en que se pact� el arbitraje, puesto que resulta il�gico que �rbitros conozcan de la validez del convenio arbitral y que no puedan conocer de la validez del contrato de arrendamiento que une a las partes y cuyas controversias pactaron que se resolvieran por �rbitros.

"Lo anterior porque, en primer lugar, el contrato de arrendamiento y el convenio forman un solo documento, ya que se encuentran indisolublemente vinculados; tan es as� que la cl�usula d�cima cuarta del convenio en donde se contiene el compromiso de arbitraje hace remisi�n expresa al procedimiento arbitral contenido en el contrato.

"Adem�s, no se puede declarar incompetente al J. Cuadrag�simo Tercero de lo Civil del Distrito Federal para conocer de unas prestaciones y competente respecto de otras, pues de ser as� se dividir�a la continencia de la causa, con posibilidad latente de que se emitan dos resoluciones contradictorias.

"A mayor abundamiento, debe se�alarse que la quejosa no combate la diversa consideraci�n que la S. formul� en el sentido de que ya en la resoluci�n pronunciada por ella misma el veintinueve de marzo del a�o dos mil, dentro del toca n�mero 633/2000, deducida del expediente n�mero 50/2000 que se ofreci� como prueba por la excepcionista, se hab�a se�alado que las cl�usulas del convenio impugnadas de nulas s�lo eran aplicables a las partes que intervinieron en dicho acto y, por tanto, el J. de origen no resultaba competente para conocer del negocio.

"Finalmente, la sentencia reclamada tampoco es violatoria del art�culo 20 del C�digo Civil para el Distrito Federal, ya que el mismo, en su primera parte, indica que en caso de conflicto de derechos, el J. deber� resolver a favor de quien trata de evitarse perjuicios y no a favor de quien pretenda obtener un lucro; agregando en su parte final que si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie se decidir� observando la mayor igualdad posible entre los interesados, lo que implica para el J. el acatamiento cabal del principio de equidad entre las partes; sin embargo, en el presente caso no se est� en presencia de un conflicto de derechos que deba resolverse de acuerdo con la ley o su interpretaci�n jur�dica, o bien, a falta de �sta conforme a los principios generales del derecho, dado que est� claramente expresada la voluntad de las partes de someter sus diferencias al arbitraje; de modo que se atiende a la libertad de contrataci�n de las partes, quienes estuvieron de acuerdo en someterse al juicio arbitral.

"Luego, la S. responsable actu� correctamente al ordenar al J. que declarara concluido el asunto, toda vez que su actuaci�n termin� al momento de dictar la resoluci�n de la controversia que ante ella se present�.

"En otro aspecto, por cuesti�n de m�todo l�gico-jur�dico, se estudia en este apartado el tercer concepto de violaci�n que resulta fundado pues, como lo afirma la quejosa, la S. responsable viol� en su perjuicio el art�culo 154, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por no haber declarado que quedaban subsistentes la demanda y la contestaci�n.

"Ese precepto legal establece lo siguiente:

"'Art�culo 154. Es nulo todo lo actuado por el J. que fuere declarado incompetente, salvo: I. La demanda, la contestaci�n a la demanda, la reconvenci�n y su contestaci�n, si las hubo, las que se tendr�n como presentadas ante el J. que reconocida una incompetencia, sea declarado competente.'.

"Conforme al sentido literal de ese precepto, cuando se declare la legal incompetencia de un J. deben quedar subsistentes, entre otras actuaciones, la demanda, la contestaci�n a la demanda, la reconvenci�n y su contestaci�n, por lo que al decretar la S. que 'el J. incompetente deber� poner a disposici�n de los promoventes los documentos por ellos presentados', impl�citamente declar� insubsistente la demanda y la contestaci�n de la misma y viol� en perjuicio de la quejosa el mencionado precepto legal. Adem�s, como un fin primordial del arbitraje es que haya celeridad en la resoluci�n del asunto; al dejar insubsistente la citada demanda y contestaci�n, es claro que se contrar�a esa finalidad y la impartici�n de justicia expedita a que obliga el art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Luego, debe concederse el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n para el efecto de que la S. responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra teniendo en cuenta los lineamientos de esta ejecutoria.

Esta ejecutoria dio origen a la siguiente tesis:

�RBITRO. SUS RESOLUCIONES SON ACTOS DE AUTORIDAD, Y SU EJECUCI�N LE CORRESPONDE AL JUEZ DESIGNADO POR LAS PARTES. Para la ejecuci�n de un laudo arbitral es preciso la mediaci�n de un acto realizado por un �rgano jurisdiccional que, sin quitarle la naturaleza privada, asume su contenido, de modo que el laudo es ejecutable por virtud del acto jurisdiccional, que s�lo es el complemento necesario para ejecutar lo resuelto por el �rbitro, ya que el laudo es una resoluci�n dictada por el �rbitro que dirime la controversia suscitada entre las partes, con calidad de cosa juzgada y constituye t�tulo que motiva ejecuci�n, ante el J. competente que debe prestar los medios procesales necesarios para que se concrete lo resuelto en el laudo. Por tanto, el laudo es una resoluci�n que tiene los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, s�lo que la eficacia y realizaci�n concreta de lo condenado quedan siempre al J. competente designado por las partes o el del lugar del juicio. El �rbitro carece de la facultad de hacer cumplir, ante s�, el laudo que emiti�, porque no tiene la potestad o imperium, que es uno de los atributos de la jurisdicci�n y que es inherente a los �rganos jurisdiccionales del Estado. Ello implica que el �rbitro carece de la fuerza del Estado para hacer efectiva la condena, pero el laudo en s� mismo no est� despojado de los atributos de la cosa juzgada, puesto que la facultad de decidir la controversia es una delegaci�n hecha por el Estado a trav�s de la norma jur�dica, y s�lo se reserva la facultad de ejecutar. El J. ante quien se pide la ejecuci�n de un laudo dictado por un �rbitro, para decretar el requerimiento de pago, �nicamente debe y puede constatar la existencia del laudo, como una resoluci�n que ha establecido una conducta concreta, inimpugnable e inmutable y que, por ende, debe provenir de un procedimiento en el que se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento, y que no sea contrario a una materia de orden p�blico.

(Novena �poca. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XIV, julio de 2001. Tesis: I.3o.C.231 C. P�gina: 1107).

CUARTO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria que dict� al resolver el amparo en revisi�n 4522/99, promovido por B.B.F. de Tanur, sostuvo lo que a continuaci�n se transcribe.

"SEXTO. Sostiene la revisionista que la sentencia que impugna es ilegal porque, contrariamente a lo resuelto por el J. de Distrito, la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico no tiene el car�cter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, toda vez que los laudos que emite carecen de unilateralidad, imperatividad y coercitividad y, por ende, deben reputarse m�s bien como actos de particulares.

"Aduce que sus laudos requieren de la voluntad de las partes plasmada en un compromiso arbitral para poder ser pronunciados, de la homologaci�n judicial para ser ejecutables, adem�s de que, por s� mismos no son exigibles por medio de la fuerza p�blica, por lo que en los t�rminos del decreto que crea la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y de la Ley Org�nica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, no son actos de autoridad.

"Insiste la recurrente en que no ejerce potestad administrativa ni es un tribunal administrativo porque se limita a llevar a cabo con autonom�a t�cnica, actos de gesti�n como el 'ombudsman para la protecci�n de la salud en cuanto se refiere a la prestaci�n de servicios m�dicos', y porque sus acuerdos y laudos son emitidos en forma amigable y de buena fe con la finalidad de facilitar a los usuarios y prestadores de servicios m�dicos la soluci�n de controversias, sin sustituir a los �rganos jurisdiccionales.

"Concluye que el arbitraje voluntario es equiparable a un contrato dado que tiene su origen en la voluntad de las partes y que al fungir como �rbitro la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico se ha despojado de su potestad autoritaria. Cita diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y de Tribunales Colegiados de Circuito.

"Es infundado el agravio que se examina porque el laudo que se reclama s� constituye un acto de autoridad para los efectos del presente juicio, en virtud de que fue emitido por un �rgano del Estado y por s� mismo, como bien lo determin� el a quo, crea una situaci�n jur�dica que afecta la esfera legal de la quejosa, sin importar que la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico no pueda ejecutarlo mediante la fuerza p�blica, puesto que este requisito no es indispensable de acuerdo con la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que ha convertido en obsoletas a las que cita la recurrente y que puede ser consultada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo V, p�gina 118, correspondiente a febrero de 1997, que dice:

"'AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS P�BLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JUR�DICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el n�mero 300 aparece publicado en la p�gina 519 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: �AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El t�rmino ?autoridades? para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza p�blica en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, est�n en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos p�blicos, por el hecho de ser p�blica la fuerza de que disponen.�, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, m�ximo int�rprete de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajust�ndolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervenci�n de los entes p�blicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rector�a del Estado en materia econ�mica, que a su vez modific� la estructura estadual, y gest� la llamada administraci�n paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participaci�n estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicaci�n generalizada de �ste en la actualidad conduce a la indefensi�n de los gobernados, pues estos organismos en su actuaci�n, con independencia de la disposici�n directa que llegaren a tener o no de la fuerza p�blica, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a trav�s de los cuales crean, modifican o extinguen por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los �rganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les est�n atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jur�dica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza p�blica o bien a trav�s de otras autoridades.'

"El acto reclamado s� crea derechos y obligaciones por s� mismo, es decir, sin necesidad de acudir a los �rganos jurisdiccionales ni de la voluntad del afectado, puesto que las partes estipularon que ser�a obligatorio y tendr�a fuerza de cosa juzgada (cl�usula s�ptima del compromiso arbitral, foja 123 del cuaderno de pruebas); y si bien s�lo puede ser ejecutado por un J., ello no le quita su car�cter autoritario, pues el cumplimiento de un acto bien puede ser exigido por otra autoridad cuando la que lo pronunci� no pueda hacerlo. Es importante hacer hincapi� que en los t�rminos del art�culo 632 del C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, el laudo se debe turnar a un J. s�lo para efectos de ejecuci�n, no para que decida la controversia; y que la homologaci�n que exige el art�culo 3o. de la Ley Org�nica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal s�lo se refiere a requisitos inherentes a la formalidad de los laudos, de tal manera que el J. no tiene que analizar ni mucho menos autorizar el fallo en cuanto a sus consideraciones de fondo, que son las que crean derechos y obligaciones.

"En este orden de ideas, de acuerdo con el art�culo 1o. del decreto presidencial que la crea, la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico es un �rgano desconcentrado de la Secretar�a de Salud, por lo que en los t�rminos del art�culo 17 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal, pertenece a la administraci�n p�blica federal, as� que es inexacto que sus actos provengan de un particular. Y si bien para emitir un laudo es necesario que las partes afectadas la designen �rbitro, el acto que pone fin al arbitraje es pronunciado unilateralmente en virtud de que la comisi�n no se pone de acuerdo con las partes para dictarlos, es decir, el laudo no es un acto bilateral aunque el compromiso arbitral s� lo sea. Designada �rbitro, la comisi�n act�a aplicando los art�culos 4o., fracci�n V y 11, fracci�n XI, del decreto que la crea (adem�s de las disposiciones que hayan apuntado las partes en el compromiso arbitral); esto es, ejerce facultades decisorias que le atribuye una norma jur�dica. Por ende, siendo un �rgano estatal que en aplicaci�n del derecho objetivo afecta la esfera jur�dica de los gobernados, es evidente que es autoridad para efectos del juicio de amparo.

"El laudo reclamado adem�s es imperativo porque, como ya se dijo, crea derechos y obligaciones y puede ser ejecutado coactivamente por un J., pues no se trata de una simple exhortaci�n u opini�n de la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico.

"En suma, no le asiste la raz�n a la recurrente al decir que el presente juicio es improcedente seg�n lo dispuesto por los art�culos 73, fracci�n XVIII, 1o. y 11 de la Ley de Amparo.

"S�PTIMO. En diverso agravio afirma la revisionista que de acuerdo con el art�culo 635 del C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, el amparo es improcedente porque la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico no fue designada �rbitro por un J. sino por las partes involucradas.

"No se actualiza la causal de improcedencia que se invoca porque el juicio de amparo se rige por los art�culos 103 y 107 constitucionales y su ley reglamentaria, sin que resulte aplicable al efecto el c�digo local citado.

"Tambi�n afirma la autoridad que el juicio es improcedente en los t�rminos del art�culo 73, fracci�n XI, de la Ley de Amparo, porque la quejosa consinti� expresamente el laudo que reclama al haber solicitado a la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico que lo emitiera.

"Tampoco opera la causal de improcedencia mencionada, pues el hecho de haberse sometido al arbitraje en modo alguno significa consentir el laudo, simplemente porque el consentimiento de un acto no puede darse desde antes de ser emitido. El consentimiento implica una manifestaci�n de voluntad en el sentido de aceptar el acto que obviamente �nicamente se puede presentar despu�s de que es pronunciado ...

En consecuencia, procede confirmar la sentencia recurrida en la parte sujeta a revisi�n y, por ende, conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que se solicita para los efectos indicados en el fallo que se revisa.

QUINTO

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisi�n 4223/98 promovido por J.M.D.C.�etas, resolvi�:

"QUINTO. Resulta fundado y suficiente para revocar la sentencia en la parte que se combate el argumento que aduce la autoridad comisionado nacional de Arbitraje M�dico y que se contiene en el agravio tercero de su recurso, relativo a que la J. de Distrito indebidamente determin� en su fallo que, en el caso, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n XVIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, en relaci�n con el numeral 11 de dicho ordenamiento, al estimar que la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico s� es autoridad para los efectos del juicio constitucional.

"Dejando de observar la naturaleza del arbitraje de esa comisi�n, del compromiso arbitral que lleva a cabo �sta en t�rminos de lo dispuesto en los art�culos del decreto que la crea, y en s�, la naturaleza misma de la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico.

"Lo anterior, en raz�n de las consideraciones siguientes.

"En efecto, de autos se observa que la J. del conocimiento, en la parte conducente del considerando tercero de su resoluci�n, desestim� la causa de improcedencia de referencia de la siguiente manera:

"'Por �ltimo,es igualmente inoperante la causal invocada en la fracci�n XVIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, porque la autoridad considera que para efectos del amparo no es autoridad, ya que no carece de facultades para ejecutar el laudo, ya que tiene jurisdicci�n propia o delegada, porque �nicamente est� actuando como �rbitro privado. Ahora bien, el art�culo 11 de la Ley de Amparo establece que la autoridad responsable es la que dicta, promulga, publica, ordena o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; tambi�n es cierto que la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico es un �rgano desconcentrado de la Secretar�a de Salud con plena autonom�a para emitir, entre otros actos, laudos; quien vigilar� el cumplimiento de las resoluciones as� como de los convenios que se deriven de los procedimientos de conciliaci�n y arbitraje respectivos; asimismo, tiene facultad para hacer del conocimiento de las autoridades competentes y de los colegios, academias, asociaciones y consejos m�dicos, as� como de los comit�s de �tica u otros similares, la negativa expresa o t�cita de los prestadores de servicios de proporcionar la informaci�n que le hubiere solicitado la comisi�n nacional. Asimismo, informar del cumplimiento por parte de los citados prestadores de servicios de sus resoluciones, de cualquier irregularidad que se detecte y de hechos que, en su caso, pudieran llegar a constituir la comisi�n de alg�n il�cito. Bajo estas condiciones, es claro que la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico s� es autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que tiene facultad para emitir resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jur�dica del agraviado, ya que dirime la litis y finca responsabilidad; resoluci�n que se hace exigible mediante el uso de la fuerza p�blica de otras autoridades, las cuales tendr�n el car�cter de ejecutoras y ella de ordenadora al haber emitido el acto. Sirve de apoyo a la consideraci�n anterior la tesis P. XXVII/97, publicada a fojas ciento dieciocho y ciento diecinueve del Tomo V del mes de febrero de mil novecientos noventa y siete, Pleno y S., de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo contenido dice: �AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS P�BLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JUR�DICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.�.'

"Ahora bien, respecto al tema, el art�culo 11 de la Ley de Amparo se�ala lo siguiente:

"'Art�culo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.'

"El concepto de autoridad que se define en el art�culo 11 ya citado, se ha ido ampliando con el tiempo por nuestros �rganos jurisdiccionales, siendo que la actual integraci�n de nuestro M�ximo Tribunal, la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, estima que se trata de una autoridad para efectos del amparo aquella que emite actos unilaterales a trav�s de los cuales crea, modifica o extingue por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los �rganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; es decir, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le est�n atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad.

"Esta consideraci�n se encuentra plasmada en la tesis del Tribunal Pleno P. XXVII/97, publicada en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, p�gina 118, que inclusive cita la J. de Distrito en su fallo, y que es del tenor literal siguiente:

"'AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS P�BLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JUR�DICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el n�mero 300 aparece publicado en la p�gina 519 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: �AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El t�rmino ?autoridades? para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza p�blica en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, est�n en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos p�blicos, por el hecho de ser p�blica la fuerza de que disponen.�, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, m�ximo int�rprete de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajust�ndolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervenci�n de los entes p�blicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rector�a del Estado en materia econ�mica, que a su vez modific� la estructura estadual, y gest� la llamada administraci�n paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participaci�n estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicaci�n generalizada de �ste en la actualidad conduce a la indefensi�n de los gobernados, pues estos organismos en su actuaci�n, con independencia de la disposici�n directa que llegaren a tener o no de la fuerza p�blica, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a trav�s de los cuales crean, modifican o extinguen por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los �rganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les est�n atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jur�dica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza p�blica o bien a trav�s de otras autoridades.

"'Nota: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial n�mero 300, de rubro: �AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.�, publicada en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte, p�gina 519.'

"Contrariamente a lo que determina la J. del conocimiento en su sentencia, este �rgano revisor considera que, en el caso, el juicio de garant�as s� resulta improcedente, ello de conformidad con lo que se�ala el art�culo 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con el numeral 11 de la Ley de Amparo, ya que la autoridad emisora del acto reclamado no es autoridad para los efectos del juicio constitucional, por las razones que a continuaci�n se pasan a exponer:

"Esto es, de autos se observa que el laudo reclamado en el amparo indirecto, lo es el que emiti� con fecha cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete el comisionado nacional de Arbitraje M�dico en la queja n�mero 12/97, presentada ante la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico por los CC. S.M.R.�guez y J.M.N.�ez, en contra del doctor J.M.D.C.�etas por inconformidad con la atenci�n m�dica que proporcion� �ste al segundo de los nombrados.

"Ahora bien, la naturaleza jur�dica y funciones de la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico y de su comisionado se encuentran plasmadas en el decreto que crea la comisi�n, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a tres de junio de mil novecientos noventa y seis, cuyos numerales del 1o. al 5o. y 11 establecen:

"'Art�culo 1o. Se crea la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico como un �rgano desconcentrado de la Secretar�a de Salud, con plena autonom�a t�cnica para emitir sus opiniones, acuerdos y laudos.'

"'Art�culo 2o. La C.�n Nacional de Arbitraje M�dico tendr� por objeto contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios m�dicos y los prestadores de dichos servicios.'

"'Art�culo 3o. En t�rminos del t�tulo tercero de la Ley General de Salud, se consideran prestadores de servicios m�dicos, las instituciones de salud de car�cter p�blico, privado o social, as� como los profesionales, t�cnicos y auxiliares que ejerzan libremente cualquier actividad relacionada con la pr�ctica m�dica. Los usuarios de un servicio m�dico son las personas que solicitan, requieren y obtienen dicho servicio de los prestadores de servicios m�dicos para proteger, promover y restaurar su salud f�sica o mental.'

"'Art�culo 4o. La comisi�n nacional tendr� las siguientes atribuciones:

"'I. Brindar asesor�a e informaci�n a los usuarios y prestadores de servicios m�dicos sobre sus derechos y obligaciones;

"'II. Recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios de servicios m�dicos, por la posible irregularidad en la prestaci�n o negativa de prestaci�n de servicios a que se refiere el art�culo 3o. de este decreto.

"'III. Recibir toda la informaci�n y pruebas que aporten los prestadores de servicios m�dicos y los usuarios, en relaci�n con las quejas planteadas y, en su caso, requerir aquellas otras que sean necesarias para dilucidar tales quejas, as� como practicar las diligencias que correspondan;

"'IV. Intervenir en amigable composici�n para conciliar conflictos derivados de la prestaci�n de servicios m�dicos por alguna de las causas que se mencionan:

"'a) Probables actos u omisiones derivadas de la prestaci�n del servicio;

"'b) Probables casos de negligencia con consecuencias sobre la salud del usuario, y

"'c) Aquellas que sean acordadas por el consejo;

"'V. Fungir como �rbitro y pronunciar los laudos que correspondan cuando las partes se sometan expresamente al arbitraje;

"'VI. Emitir opiniones sobre las quejas de que conozca, as� como intervenir de oficio en cualquier otra cuesti�n que se considere de inter�s general en la esfera de su competencia;

"'VII. Hacer del conocimiento del �rgano de control competente, la negativa expresa o t�cita de un servidor p�blico de proporcionar la informaci�n que le hubiere solicitado la comisi�n nacional, en ejercicio de sus atribuciones;

"'VIII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y de los colegios, academias, asociaciones y consejos de m�dicos, as� como de los comit�s de �tica u otros similares, la negativa expresa o t�cita de los prestadores de servicios, de proporcionar la informaci�n que le hubiere solicitado la comisi�n nacional. Asimismo, informar del incumplimiento por parte de los citados prestadores de servicios de sus resoluciones, de cualquier irregularidad que se detecte y de hechos que, en su caso, pudieran llegar a constituir la comisi�n de alg�n il�cito;

"'IX. Elaborar los dict�menes o peritajes m�dicos que le sean solicitados por las autoridades encargadas de la procuraci�n e impartici�n de justicia;

"'X. Convenir con instituciones, organismos y organizaciones p�blicas y privadas, acciones de coordinaci�n y concertaci�n que le permitan cumplir con sus funciones;

"'XI. Asesorar a los gobernados de las entidades federativas para la constituci�n de instituciones an�logas a la comisi�n nacional;

"'XII. Orientar a los usuarios sobre las instancias competentes para resolver los conflictos derivados de servicios m�dicos prestados por quienes carecen de t�tulo o c�dula profesional, y

"'XIII. Las dem�s que determinen otras disposiciones aplicables.'

"'Art�culo 5o. Para el cumplimiento de sus funciones la comisi�n nacional contar� con:

"'I. Un consejo;

"'II. Un comisionado;

"'III. Dos subcomisionados, y

"'IV. Las unidades administrativas que determine su reglamento interno.'

"'Art�culo 11. Son facultades y obligaciones del comisionado:

"'I. Ejercer la representaci�n de la comisi�n nacional;

"'II. Someter a consideraci�n del consejo las designaciones de los subcomisionados, as� como nombrar y remover al dem�s personal de la comisi�n nacional;

"'III. Conducir el funcionamiento del �rgano, vigilando el cumplimiento de sus objetivos y programas;

"'IV. Establecer de conformidad con el reglamento interno las unidades de servicio t�cnicas, de apoyo y asesor�a necesarias para el desarrollo de las funciones de la comisi�n nacional;

"'V. Celebrar toda clase de actos jur�dicos que permitan el cumplimiento del objeto de la comisi�n nacional;

"'VI. Ejecutar los acuerdos emitidos por el consejo;

"'VII. Informar anualmente al titular del Ejecutivo Federal sobre las actividades de la comisi�n nacional, procurando que este informe sea difundido ampliamente entre la sociedad;

"'VIII. Someter a la aprobaci�n del consejo el reglamento interno, el reglamento de procedimientos y dem�s disposiciones internas que regulen a la comisi�n nacional;

"'IX. Solicitar todo tipo de informaci�n a los usuarios y prestadores de servicios m�dicos y realizar las investigaciones pertinentes, a efecto de cumplir cabalmente con las atribuciones del �rgano;

"'X. Llevar a cabo los procedimientos de conciliaci�n y arbitraje a que se refieren las fracciones IV y V del art�culo 4o. de este decreto y de conformidad con el reglamento que al efecto expida el consejo;

"'XI. Emitir los acuerdos, laudos y opiniones en asuntos de la competencia de la comisi�n;

"'XII. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones, as� como de los convenios que se deriven de los procedimientos de conciliaci�n y arbitraje respectivos;

"'XIII. Establecer los mecanismos de difusi�n que permitan a los usuarios y prestadores de servicios m�dicos y a la sociedad en su conjunto, conocer sus derechos y obligaciones en materia de salud as� como las funciones de la comisi�n nacional, y

"'XIV. Las dem�s que establezcan otras disposiciones aplicables.'

"Del contenido de los preceptos legales transcritos se observa lo siguiente.

Que la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico es un �rgano desconcentrado de la Secretar�a de Salud, dotado de autonom�a t�cnica respecto de la atenci�n m�dica, esto es, de una facultad que caracteriza a algunos �rganos desconcentrados, merced a la cual se establece su independencia frente al resto de los �rganos de la administraci�n p�blica a efecto de cumplir cabalmente su gesti�n.

"Que en el decreto que la crea se le faculta para emitir opiniones, acuerdos y laudos en la materia que tengan por objeto contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios m�dicos y los prestadores de dichos servicios, siempre que acudan las partes ante ella a dilucidar de forma amigable y de buena fe los posibles conflictos derivados de la prestaci�n de dichos servicios.

"Lo anterior se corrobora, adem�s, con la lectura que se efect�a a la exposici�n de motivos del citado decreto, que es del tenor literal siguiente:

"'Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 plantea el mejorar la calidad de los servicios m�dicos a trav�s de la reestructuraci�n de las instituciones, as� como atender las leg�timas demandas de los usuarios para que los servicios operen con mayor calidad y eficiencia;

"'Que los mexicanos reciben servicios m�dicos en los que participan instituciones p�blicas y privadas, as� como profesionales de la salud que ejercen libremente su actividad, con el objeto com�n de proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes del pa�s;

"'Que en las actuales circunstancias resulta necesario que la poblaci�n cuente con mecanismos que, sin perjuicio de la actuaci�n de las instancias jurisdiccionales en la soluci�n de conflictos, contribuyan a tutelar el derecho a la protecci�n de la salud, as� como a mejorar la calidad en la prestaci�n de los servicios m�dicos;

"'Que para lograr tal objetivo, es pertinente contar con un �rgano al cual puedan acudir los usuarios y prestadores de servicios m�dicos para dilucidar, en forma amigable y de buena fe, posibles conflictos derivados de la prestaci�n de dichos servicios, con lo cual se contribuir� a evitar grandes cargas de trabajo para los �rganos jurisdiccionales, sin sustituirlos;

"'Que de igual manera, es indispensable que esa instancia especializada, garantice a los usuarios y prestadores de servicios m�dicos, la imparcialidad en el an�lisis, dictamen y resoluci�n en las controversias que conozca, y

"'Que la creaci�n de un �rgano administrativo con autonom�a t�cnica para recibir quejas, investigar las presuntas irregularidades en la prestaci�n o negativa de prestaci�n de servicios m�dicos y emitir sus opiniones, acuerdos y laudos, responde a los leg�timos reclamos de los actores de la relaci�n que genera la prestaci�n de servicios m�dicos. ...'

"As� pues, tenemos que el arbitraje que realiza la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico, a trav�s de los �rganos que la conforman, es un arbitraje de car�cter voluntario.

"La raz�n de ser del arbitraje voluntario o convencional es la autonom�a de la voluntad de las partes de sus conflictos. Es decir, que aun cuando existe la posibilidad de acudir a los �rganos jurisdiccionales para dirimir sus controversias, dichas partes prefieren solucionarlas mediante la intervenci�n de �rbitros.

"Es voluntario o convencional, porque las partes, en pleno uso de su albedr�o, convienen libremente someter sus diferencias a la decisi�n de un tercero y renuncian al r�gimen judicial.

"El arbitraje voluntario es equiparable a un contrato, en virtud de que tiene su origen en la voluntad de las partes que acuerdan resolver sus diferencias mediante la decisi�n de uno o varios �rbitros.

"De tal manera que esa decisi�n arbitral es emitida por particulares, o bien, por autoridades que al aceptar fungir con el car�cter de �rbitros se despojan de su potestad autoritaria. Esto es as�, en virtud de que el laudo arbitral no es susceptible de ser ejecutado por s� mismo, sino que necesita de la intervenci�n de la autoridad jurisdiccional para su homologaci�n y ejecuci�n.

"Si el laudo arbitral es equiparable a un contrato, resulta incuestionable que �ste es un contrato de particulares porque emana directamente del consentimiento de �stos y no quiere decir que el arbitraje sea un contrato en su integridad pero, en ambos casos, la fuerza jur�dica y la producci�n de consecuencias jur�dicas tienen su origen en el consentimiento.

"Los contratos establecen normas jur�dicas obligatorias respecto de una situaci�n jur�dica concreta. Como toda norma jur�dica, el contrato es coercitivo y obligatorio, pero la coercitividad en los actos producidos por particulares se encuentra en potencia, no en actos. As�, decimos que el contrato de arrendamiento, de compraventa, el testamento, etc., son obligatorios y producen obligaciones y derechos; pero, para que se produzca la coercitividad en actos se requiere la intervenci�n del �rgano jurisdiccional estatal.

"Por tanto, as� como no es procedente el amparo contra los contratos, tampoco puede entenderse procedente respecto de las decisiones de un �rbitro que simplemente produce actos cuya fuerza deriva de la voluntad de las partes.

"Cuando alguna de las partes contratantesacude a los tribunales ordinarios, ya sea para obligar a su contraparte a que cumpla con las obligaciones contratadas, o porque estima que dicho contrato contiene alg�n vicio que lo afecta de nulidad (absoluta o relativa) y la autoridad jurisdiccional ordinaria se pronuncia respecto de alguna de estas acciones, es cuando se produce el acto de autoridad y solamente en contra de este acto de autoridad resulta procedente el juicio de amparo.

"Lo mismo sucede con los laudos arbitrales, una vez que son emitidos tienen la misma fuerza obligatoria de un contrato. A �l se encuentran vinculadas las partes relacionadas y desde luego que pueden cumplirlo voluntariamente. Esto resultar�a lo m�s adecuado y sencillo. Pero lo que m�s com�nmente pasa es que alguna de ellas (la parte perdedora) no est� de acuerdo con la decisi�n y, en consecuencia, se niegue a acatarla. En estas circunstancias, la parte ganadora no puede por s� misma, ni por intervenci�n del �rbitro, ejecutar el laudo, necesita pues, del auxilio de la autoridad jurisdiccional para ello. O bien, la parte perdedora est� en aptitud de apelar el laudo (si es que no hubo pacto en contrario), promover la acci�n de nulidad, de existir alg�n vicio que as� lo justifique, o impugnar la homologaci�n y ejecuci�n del laudo, pero por vicios propios.

"La simple emisi�n del laudo constituye un acto de particulares, pero aun cuando puede llegar a tener cierta similitud con la sentencia jurisdiccional, en la medida en que al igual que aqu�lla dirime un conflicto preexistente, difiere completamente, ya que el �rbitro no cuenta con jurisdicci�n propia ni delegada del Estado, ni satisface intereses p�blicos, sino exclusivamente privados. Consecuentemente, el laudo no es impugnable en juicio de amparo, conforme a lo establecido en la Ley de Amparo en su art�culo 1o., fracci�n I, que determina que el juicio constitucional es procedente respecto de actos de autoridad que violen garant�as individuales y con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, como de los Tribunales Colegiados de Circuito, que en este sentido manifiestan:

"'ARBITRAJE. El arbitraje es una convenci�n que la ley reconoce y que, por cuanto implica una renuncia al conocimiento de la controversia por la autoridad judicial, tiene una importancia procesal negativa. Ese contrato es el llamado de compromiso, y en virtud de �l, las partes conf�an la decisi�n de sus conflictos a uno o m�s particulares; de ese modo, se sustituye el proceso con algo que es af�n a �l, en su figura l�gica, supuesto que en uno y otro casos, se define una contienda mediante un juicio ajeno; sin embargo, el �rbitro no es funcionario del Estado, ni tiene jurisdicci�n propia o delegada; las facultades de que usa, se derivan de la voluntad de las partes, expresada de acuerdo con la ley, y aunque la sentencia o laudo arbitral, no puede revocarse por la voluntad de uno de los interesados, no es por s� misma ejecutiva. El laudo s�lo puede convertirse en ejecutivo, por la mediaci�n de un acto realizado por un �rgano jurisdiccional, que, sin quitarle su naturaleza privada, asume su contenido; de suerte que, entonces, el laudo se equipara al acto jurisdiccional. El laudo s�lo puede reputarse como una obra de l�gica jur�dica, que es acogida por el Estado, si se realiz� en las materias y formas permitidas por la ley. El laudo es como los considerandos de la sentencia, en la que el elemento l�gico, no tiene m�s valor que el de preparaci�n del acto de voluntad, con el cual el J. formula la voluntad de la ley, que es en lo que consiste el acto jurisdiccional de la sentencia. Esa preparaci�n l�gica no es por s� misma acto jurisdiccional, sino en cuanto se realiza por un �rgano del Estado. El �rbitro carece de imperio, puesto que no puede examinar coactivamente testigos ni practicar inspecciones oculares, etc., y sus laudos son actos privados, puesto que provienen de particulares, y son ejecutivos s�lo cuando los �rganos del Estado han a�adido, a la materia l�gica del laudo, la materia jurisdiccional de una sentencia. La funci�n jurisdiccional compete al Estado y no puede ser conferida sino a los �rganos del mismo; pero obrar en calidad de �rgano del Estado, significa perseguir, con la propia voluntad, intereses p�blicos, lo que evidentemente no hacen las partes cuando comprometen en �rbitros sus cuestiones, puesto que entonces persiguen fines exclusivamente privados; de modo que las relaciones entre las mismas partes y el �rbitro son privadas y el laudo es juicio privado y no sentencia, y estando desprovisto, por lo mismo, del elemento jurisdiccional de un fallo judicial, no es ejecutable sino hasta que le preste su autoridad alg�n �rgano del Estado que lo mande cumplir. El laudo y el exequatur, deben ser considerados como complementarios, son dos aspectos de un solo acto jur�dico; uno, es el elemento l�gico que prepara la declaraci�n de la voluntad de la ley que ha de aplicarse en el caso concreto, y el otro, consiste precisamente, en esa voluntad, formulada por el funcionario provisto de jurisdicci�n. Estas teor�as han sido aceptadas por nuestra legislaci�n, pues la ley de enjuiciamiento civil del Distrito dispone, en sus art�culos 1314 y 1324, que los Jueces tienen la obligaci�n de impartir a los �rbitros, cuando as� lo soliciten, el auxilio de su jurisdicci�n, y de ejecutar, en su caso, la decisi�n que aqu�llos pronuncien, y el art�culo 1302, coloca al �rbitro en la imprescindible necesidad de ocurrir al J. ordinario, para toda clase de apremios; pero m�s claramente se advierte el car�cter de simples particulares que tienen los �rbitros, del contexto del art�culo 5o. de la Ley Org�nica de los Tribunales del Fuero Com�n del Distrito, de treinta y uno de diciembre de mil novecientos veintiocho, que declara que los �rbitros no ejercen autoridad p�blica; por tanto, desde el punto de vista de nuestra legislaci�n, los laudos arbitrales son actos privados que por s� mismos no constituyen una sentencia, y el mandamiento de ejecuci�n que libra el J. competente, cuando es requerido para el cumplimiento de un laudo, integra, juntamente con �ste, la sentencia. Por otra parte, el citado art�culo 5o. de la ley org�nica, al declarar que los tribunales deben prestar el apoyo de su autoridad a los laudos arbitrales, cuando �stos estuvieren dentro de la ley, impl�citamente reconoce a los tribunales la facultad de hacer un an�lisis del laudo, a efecto de determinar si est� conforme, o no, con el ordenamiento jur�dico, pero no es racional suponer que tales facultades sean absolutas, esto es, que los Jueces est�n autorizados para revisar los laudos de una manera completa. Esta resoluci�n no ser�a posible, porque no se advierte por los t�rminos en que est� concebido el repetido art�culo 5o., que el legislador haya tenido la intenci�n de que los Jueces pudieran nulificar el juicio arbitral y a esto equivaldr�a la facultad otorgada a los tribunales para determinar, revisando las cuestiones de fondo, si el �rbitro aplic� correctamente el derecho, en el caso sometido a su decisi�n. Adem�s, para que los Jueces pudieran proceder con completo conocimiento del negocio, y dictar una resoluci�n justa, ser�a necesario que el pronunciamiento estuviera precedido de un debate habido entre las partes, ante el mismo J., lo cual no est� autorizado por nuestra ley de enjuiciamiento. El sistema generalmente adoptado, se basa en la distinci�n siguiente: si la violaci�n contenida en el laudo, ataca el orden p�blico, el J. debe rehusar el exequatur, y por el contrario, debe decretar la ejecuci�n, si la violaci�n perjudica solamente intereses privados, mas como surge la dificultad sobre lo que debe considerarse intereses de orden p�blico, debe atenderse a lo mandado por el art�culo 1329 del C�digo de Procedimientos Civiles, del que se deduce que la intenci�n del legislador fue que cuando la sentencia arbitral no se arregle a los t�rminos del compromiso, o cuando se niegue a las partes la audiencia, la prueba o las defensas que pretendieron hacer valer, la impugnaci�n del laudo se haga, no cuando se trata de ejecutarlo, sino mediante la interposici�n de un recurso; y aun cuando en el citado precepto se habla del ya suprimido recurso de casaci�n, de todas maneras queda en pie la voluntad de la ley, sobre que estas infracciones no preocupen al J. ejecutor, para el efecto de otorgar el exequatur; tanto m�s, cuanto que los interesados disponen de la v�a de amparo para reclamar dichas violaciones; de modo que puede afirmarse que la revisi�n que del laudo hagan los tribunales, debe tener por objeto exclusivo, determinar si pugna con alg�n precepto, cuya observancia est� por encima de la voluntad de los compromitentes y que las violaciones que daban lugar a la casaci�n, no deben ser materia de la revisi�n de que se trate. El laudo, una vez que se decrete su cumplimiento se eleva a la categor�a de acto jurisdiccional, y el agraviado puede entonces ocurrir a los tribunales de la Federaci�n, en demanda de amparo, a fin de que se subsanen los vicios de que adolezca, desde el punto de vista constitucional, en la inteligencia de que el t�rmino para promover el juicio de garant�as, empieza a correr desde la fecha en que se notifica legalmente la resoluci�n que acuerde, en definitiva, la ejecuci�n.'

"(Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tercera S., Tomo XXXVIII, p�g. 801).

"'PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR ACTUANDO COMO �RBITRO, LAUDOS DEL. NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Las funciones de �rbitro, en t�rminos generales, no revisten la naturaleza de actos de autoridad, pues al carecer de jurisdicci�n propia o delegada por el Estado, no disponen de la fuerza p�blica para hacer cumplir sus determinaciones, ya que el laudo que emitan s�lo puede convertirse en ejecutivo al ser homologado por un �rgano jurisdiccional. As�, de conformidad con el art�culo 59 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, cuando la Procuradur�a Federal del Consumidor act�a dentro del procedimiento arbitral y emite el laudo correspondiente, sus relaciones con los particulares no se traducen en una situaci�n de subordinaci�n de gobernante a gobernado, sino en una relaci�n que se equipara a la de contratantes y mandatario; luego, la resoluci�n que dicte no puede equipararse a la de un acto de autoridad susceptible de ser impugnado, ni puede estimarse que la parte condenada por el laudo quede en estado de indefensi�n, pues el laudo una vez que el J. respectivo ordena su cumplimiento se eleva a la categor�a de acto jurisdiccional, y es entonces cuando est� en oportunidad de ser reclamado mediante el juicio de garant�as.'

"(Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Pleno, tomo 205-216, Primera Parte, p�g. 99).

"'PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR, LAUDOS ARBITRALES DEL. NO SON ACTOS DE AUTORIDAD. El procurador federal del Consumidor, al intervenir y dictar el laudo correspondiente en los conflictos que surgen entre los consumidores y los comerciantes, industriales, prestadores de servicios o empresas de participaci�n estatal, organismos descentralizados y dem�s �rganos del Estado, en t�rminos del art�culo 59 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, lo hace como cualquier �rbitro privado, puesto que es designado voluntariamente por las partes y ellas determinan los l�mites de su oficio en el compromiso que celebran, sin que el procurador tenga facultades para ejecutar su decisi�n; de donde se concluye que en tales conflictos no act�a como autoridad y que la naturaleza del laudo que emite no es jurisdiccional. En tales condiciones, el amparo que se promueva en contra del procurador federal del Consumidor, reclamando el laudo que emiti� en un juicio arbitral seguido ante �l mismo, es improcedente de conformidad con la fracci�n XVIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, en relaci�n con el art�culo 1o. de la propia ley reglamentaria y 103, fracci�n I, constitucional.'

"(Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Segunda S., tomo 181-186, Tercera Parte, p�g. 63).

"En la especie, para que la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico act�e como �rbitro es necesario que exista previamente un pacto arbitral de las partes interesadas, como se advierte del compromiso arbitral que obra agregado en los autos del juicio de amparo que se revisa, a fojas 134 a 138, que a la letra dice:

"'C.�n Nacional de Arbitraje M�dico, S.�n Nacional �A� D.�n General S. Dos de Arbitraje.

"'Compromiso arbitral. Expediente: 123/97.

"'En la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, siendo las nueve horas del d�a diecinueve del mes de marzo de mil novecientos noventa y siete, comparece ante la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico (C.), representada por el Dr. L.C.R.P.�rez, Dr. A.V.G.�lez, Dra. L.C.E. y L.. C.R.M., el quejoso J.M.N., quien se identifica con credencial para votar No. 07652972, expedida por el Instituto Federal Electoral; asistido por el licenciado C�sar M.R.�guez, quien se identifica con c�dula profesional No. 1873069, expedida por la D.�n General de Profesiones con efectos de patente para ejercer la profesi�n de licenciado en derecho; el prestador del servicio Dr. J.M. de A.D.C.�etas, quien se identifica con c�dula profesional n�mero 692802, expedida por la D.�n General de Profesiones con efectos de patente para ejercer la profesi�n de m�dico cirujano y partero; asistido por el L.. J.M.�n T.R. quien se identifica con c�dula profesional No. 1418304, expedida por la D.�n General de Profesiones con efectos de patente para ejercer la profesi�n de licenciado en derecho, documentos que se tienen a la vista y se devuelven a los interesados por as� solicitarlo, acuden a esta D.�n General de Arbitraje con el prop�sito de firmar el acta de compromiso arbitral anunciado en la D.�n General de Conciliaci�n de esta comisi�n.

"'Abierta la audiencia a la que fueron convocados y en uso de la palabra las partes expresan que es su libre y espont�nea voluntad someterse al arbitraje de la C., en conciencia a verdad sabida y buena fe guardada, porque le reconocen plena competencia para dirimir esta controversia.

"'Los que intervienen en este compromiso se reconocen plenamente la personalidad y se�alan como domicilios procesales los siguientes:

"'Del quejoso: J.M.�nez N��ez: Dr. R.N. No. 145 letra A, departamento 202, colonia de los Doctores, D.�n Cuauht�moc, C.P. 6720.

"'Del prestador de servicios: Dr. J.M. de A.D.C.�etas, Tenayuca No. 148-5, colonia L.�n Valle, D.�n B.J.�rez, C.P. 03650.

"'Objeto de la controversia: Las partes se someten a la resoluci�n que emita esta C.�n de Arbitraje M�dico, respecto de:

"'Determinar si existi� diferimiento injustificado para la atenci�n de un especialista en vascular perif�rico y si �ste ocasion� la p�rdida del miembro afectado que dio por resultado peligro para la vida debido a la sepsis y dismetabolio resultante de la complicaci�n.

"'Se determine la existencia o no de negligencia m�dica y, en su caso, se me reintegren: los gastos m�dicos efectuados por el prestador del servicio con motivo de la atenci�n que asciende a $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) aproximadamente; los gastos hospitalarios que se generaron en el Hospital Santa Elena que ascienden a $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) aproximadamente; m�s el importe de la pr�tesis que asciende a $19,500.00 (diecinueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.); adem�s de una indemnizaci�n que deber� ser determinada por la ley.

"'La C.�n Nacional de Arbitraje M�dico, con fundamento en los art�culos 1o., 2o., 3o., 4o., fracciones II, III y V, 11, fracciones IX, X y XI, y 13 del decreto de su creaci�n, as� como el art�culo 34, fracciones I, II, III, IV y V, del reglamento interior de la misma, es competente para conocer de este arbitraje.

"'Las partes acuerdan expresamente sujetarse a las reglas del procedimiento al tenor de las siguientes:

"'Cl�usulas.

"'Primera. El arbitraje que derive de este compromiso se regir� por las disposiciones del decreto de creaci�n de la C. y al cap�tulo de arbitraje del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, con excepci�n del art�culo 617.

"'Segunda. El escrito de queja del quejoso y los informes del prestador del servicio ser�n tomados como demanda y contestaci�n, respectivamente, sin perjuicio de ser aclarados conforme a la cl�usula correspondiente.

"'Tercera. A partir de la firma de este compromiso arbitral, el quejoso tendr� un plazo de cinco d�as h�biles para aclarar su escrito de demanda del cual se dar� traslado al prestador del servicio para que d� contestaci�n en un plazo de cinco d�as h�biles.

"'Las pruebas documentales deber�n acompa�arse o anunciarse por las partes en sus escritos.

"'Las pruebas que se admiten en este procedimiento ser�n las documentales, las periciales que la C. decida allegarse, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana.

"'Cuarta. Una vez presentada la aclaraci�n de la queja o transcurrido el plazo sin que se haya realizado, se abrir� el periodo de pruebas por diez d�as h�biles.

"'Todas las actuaciones que se hayan llevado a cabo en la etapa conciliatoria ante la C., se tomar�n en cuenta como pruebas en el arbitraje.

"'El desahogo de las pruebas que as� lo requieran se realizar� en una audiencia, la cual se celebrar� dentro de los quince d�as h�biles siguientes al periodo de ofrecimiento de pruebas.

"'Quinta. Se fijar� un t�rmino improrrogable de cinco d�as h�biles para que las partes aleguen lo que a su derecho convenga, t�rmino que empezar� a correr a partir de la conclusi�n del desahogo de pruebas.

"'Sexta. Las partes facultan a la C. para que a solicitud de cualquiera de ellas, o de oficio, obtenga a trav�s de la D.�n General de Arbittraje, todos los elementos de juicio que considere necesarios y podr� decretar o ampliar cualquier periodo o diligencia probatoria que vaya dirigida al mero conocimiento de los hechos controvertidos.

"'Las partes est�n de acuerdo en que la C. podr� regularizar el procedimiento cuando as� proceda.

"'S�ptima. La C. proceder� a dictar el laudo que sea pertinente, tomando en cuenta las constancias de autos.

"'Las partes autorizan expresamente a la C. para dictar el laudo en conciencia, a virtud sabida y buena fe guardada.

"'La C. tendr� un plazo de cuarenta d�as h�biles contados a partir de que se cierre la instrucci�n para dictar el laudo.

"'Octava. El laudo que se dicte ser� obligatorio y tendr� fuerza de cosa juzgada y �nicamente se ocupar� de las cuestiones contenidas en el compromiso arbitral, en la demanda y en la contestaci�n.

"'Novena. Las notificaciones personales se har�n en el domicilio que las partes hayan se�alado en autos, hasta en tanto no se designe nuevo domicilio para ello y las que se realicen en estas condiciones surtir�n sus efectos plenamente.

"'Las notificaciones en arbitraje se deber�n hacer: I. Personalmente o por c�dula; II. Por correo; o, III. Por tel�grafo.

"'Se har�n personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a la firma del compromiso arbitral; II. El t�rmino para formular alegatos; III. El laudo; y, IV. Cuando se estime pertinente a juicio de la C..

"'D�cima. Las partes est�n de acuerdo en que en cualquier momento del procedimiento, podr�n darlo por terminado mediante convenio que se efect�e ante la C., el cual, de ser aprobado, tendr� fuerza de cosa juzgada.

"'D�cima primera. Aceptan las partes que el laudo pronunciado por la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico no admitir� recurso alguno, por tanto las partes renuncian al recurso de apelaci�n en contra del laudo definitivo y a cualquier otro recurso dentro del procedimiento,solamente proceder� la aclaraci�n del laudo y deber� promoverse dentro de los dos d�as h�biles siguientes a su notificaci�n.

"'D�cima segunda. Las partes declaran estar debidamente enteradas de todas y cada una de las cl�usulas contenidas en este compromiso y de acuerdo con las reglas normativas contenidas en el mismo.

"'Acuerdo.

"'Primero. T�ngase por reconocida y acreditada la personalidad del quejoso C.J.M.�nez N��ez, de su abogado C�sar M.R.�guez, del prestador del servicio Dr. J.M. de A.D.C.�etas y de su abogado J.M.�n T.R..

"'Segundo. T�ngase por celebrado el presente compromiso arbitral de conformidad con las bases establecidas anteriormente para todos los efectos legales a que haya lugar, firmando al margen del presente los que en �l intervinieron.

"'N.�quese. As� lo proveen y firman, Dr. L.C.R.P.�rez, Dr. A.V.G.�lez, Dra. L.C.E. y L.. C.R.M., quedando debidamente notificados y conformes los comparecientes quienes firman al margen para constancia.

"'El quejoso J.M.N., el prestador del servicio J.M. de A.D.C.�etas, por la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico, Dr. L.C.R.P.�rez. Dr. A.V.G.�lez, Dra. L.B.E. y L.. C.R.M..'

"En esta tesitura, es de concluirse que el presente juicio de garant�as que se revisa resulta improcedente, por actualizarse la causa de improcedencia en an�lisis, prevista en la fracci�n XVIII del art�culo 73, en relaci�n con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, porque la autoridad emisora del acto, comisionado nacional de Arbitraje M�dico, no tiene el car�cter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, pues los laudos que emite la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico necesitan de la voluntad de las partes para someterse a la decisi�n de dicha comisi�n, pues sus laudos carecen de ejecuci�n, por lo cual es necesario acudir a procedimientos de reconocimiento de homologaci�n y ejecuci�n ante la autoridad jurisdiccional competente; por tanto, se trata de actos de particulares, pues no concurren en ellos los elementos intr�nsecos que debe tener todo acto de autoridad, como son: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad.

"En consecuencia, procede revocar la sentencia recurrida en la parte objeto de revisi�n y, por ende, sobreseer en el juicio de garant�as, con fundamento, adem�s, en lo dispuesto en la fracci�n III del art�culo 74 de la Ley de Amparo."

SEXTO

De las consideraciones de cada uno de los �rganos colegiados de m�rito se obtiene, en s�ntesis, lo siguiente:

o El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se pronunci� en el caso sometido a su consideraci�n, relativo a la emisi�n de un laudo por un �rbitro privado, en el sentido de que aqu�l s� es un acto de autoridad, ya que tiene la calidad de cosa juzgada y constituye t�tulo que motiva ejecuci�n ante el J. competente que debe facilitar los medios procesales necesarios para que se concrete lo resuelto en dicho laudo, siendo que �ste cuenta con los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, mientras que la eficacia y realizaci�n concreta de lo condenado quedan siempre al J. competente designado por las partes o el del lugar del juicio; es decir, que el �rbitro carece de la facultad de hacer cumplir, ante s�, el laudo que emiti� porque no tiene la potestad o imperium, que es uno de los atributos de la jurisdicci�n y que es inherente a los �rganos jurisdiccionales del Estado.

o El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estim� que los laudos que emite el comisionado nacional de Arbitraje M�dico s� son actos de autoridad para efectos del juicio de garant�as, en virtud de que son emitidos por un �rgano del Estado y crean una situaci�n jur�dica que afecta la esfera legal de los participantes, sin importar que la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico no pueda ejecutar el laudo mediante la fuerza p�blica, puesto que ese requisito no es indispensable para que constituya un acto de autoridad. Adem�s, dicha comisi�n es un �rgano desconcentrado de la Secretar�a de Salud, por lo que en los t�rminos del art�culo 17 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal pertenece a �sta. Aunado a lo anterior, si bien para emitir un laudo es necesario que las partes afectadas la designen �rbitro, el acto que pone fin al arbitraje es pronunciado unilateralmente en virtud de que la comisi�n no se pone de acuerdo con las partes para dictarlos, es decir, el laudo no es un acto bilateral aunque el compromiso arbitral s� lo sea; adem�s, aqu�l es imperativo porque crea derechos y obligaciones y puede ser ejecutado coactivamente por un J., pues no se trata de una simple exhortaci�n u opini�n. Concluyendo: que la comisi�n de m�rito ejerce facultades decisorias que le atribuye una norma jur�dica, por lo que siendo un �rgano estatal que en aplicaci�n del derecho objetivo afecta la esfera jur�dica de los gobernados, es evidente que es autoridad para efectos del juicio de amparo.

o El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que los laudos del comisionado nacional de Arbitraje M�dico no son actos de autoridad y, por ende, en su contra el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que proviene de un arbitraje voluntario equiparable a un contrato, en virtud de que tiene su origen en la voluntad de las partes; se trata de un decisi�n arbitral emitida por particulares, o bien, por autoridades que al aceptar fungir con el car�cter de �rbitros se despojan de su potestad autoritaria, en virtud de que el laudo arbitral no es susceptible de ser ejecutado por s� mismo, sino que necesita de la intervenci�n de la autoridad jurisdiccional para su ejecuci�n. "La simple emisi�n del laudo constituye un acto de particulares ... ya que el �rbitro no cuenta con jurisdicci�n propia ni delegada del Estado, ni satisface intereses p�blicos, sino exclusivamente privados.". El titular de la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico no tiene el car�cter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, pues los laudos que emite necesitan de la voluntad de las partes para someterse a la decisi�n de dicha comisi�n, ya que los laudos carecen de ejecuci�n, por lo que para lograr �sta es necesario acudir a procedimientos ante la autoridad jurisdiccional competente; por tanto, se trata de actos de particulares, pues no concurren en ellos los elementos intr�nsecos que debe tener todo acto de autoridad, como son la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad.

De los criterios anteriores, se advierte la existencia de la contradicci�n de tesis denunciada �nicamente entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, como enseguida se analizar�.

En cambio, por no partir del mismo supuesto esencial, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito no participa en la presente contradicci�n de tesis, tal como se precisar� en el siguiente considerando de este fallo.

Con el fin de corroborar el primero de los asertos, es pertinente precisar los supuestos esenciales que conforman el marco f�ctico dentro del cual se emitieron las referidas determinaciones opositorias.

Al respecto, destaca que los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitieron sus criterios al resolver amparos en revisi�n interpuestos en contra de sentencias de Jueces de Distrito, donde se determin�, en una de ellas, que los laudos del comisionado nacional de Arbitraje M�dico s� son actos de autoridad y, en la otra, se estableci� precisamente que no ten�an ese car�cter.

Como se advierte, en la presente contradicci�n de tesis los mencionados �rganos colegiados analizan los siguientes supuestos:

  1. La naturaleza del arbitraje.

  2. El arbitraje realizado por �rganos del Estado.

  3. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n en el que se crea a la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico, particularmente los art�culos 4o. y 11.

  4. Los laudos emitidos por el comisionado nacional de Arbitraje M�dico, y

  5. La procedencia del juicio de amparo contra dichos laudos.

Aun cuando los referidos Tribunales Colegiados de Circuito parten del mismo contexto f�ctico y jur�dico, al pronunciarse sobre si el juicio de garant�as es procedente contra los laudos emitidos por el comisionado nacional de Arbitraje M�dico, arribaron al siguiente punto de contradicci�n:

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estim� que los laudos que emite el comisionado nacional de Arbitraje M�dico s� son actos de autoridad y, por ende, el juicio de amparo que se promueva en su contra s� es procedente, ya que dichas resoluciones son pronunciadas por un �rgano del Estado y tienen como consecuencia la afectaci�n de la esfera legal de los participantes, ya que pueden crear, modificar o extinguir una situaci�n jur�dica de �stos, para lo cual no es obst�culo que el �rgano emitente del laudo no pueda ejecutarlo mediante la fuerza p�blica, puesto que ese requisito no es indispensable para que precisamente constituya un acto de autoridad, m�xime que la comisi�n de m�rito es un �rgano desconcentrado de la Secretar�a de Salud, por lo que en los t�rminos del art�culo 17 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal, pertenece a �sta.

De igual forma, el citado �rgano colegiado precis� que si bien para emitir un laudo es necesario en su origen que las partes afectadas designen como �rbitro a la comisi�n, el acto que pone fin al arbitraje es pronunciado unilateralmente en virtud de que aqu�lla no se pone de acuerdo con las partes para dictarlos es decir, no se trata de un acto bilateral aunque el compromiso arbitral s� lo sea. Finalmente, sostiene dicho Tribunal Colegiado que la comisi�n de m�rito ejerce facultades decisorias que se derivan de una norma jur�dica, por lo que siendo un �rgano estatal que en aplicaci�n del derecho objetivo impacta la esfera jur�dica de los gobernados, es evidente que es autoridad para efectos del juicio de amparo.

En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que los laudos del comisionado nacional de Arbitraje M�dico no pueden considerase actos de autoridad, resultando improcedente el juicio de amparo que se promueva en su contra, en virtud de que proviene de un arbitraje voluntario equiparable a un contrato, cuyo origen radica en la voluntad de las partes, por lo que se trata de un decisi�n arbitral emitida por particulares, o bien, por autoridades que al aceptar fungir con el car�cter de �rbitros se despojan de su investidura autoritaria, lo que se refleja en que el laudo arbitral no es susceptible de ser ejecutado por s� mismo, sino que necesita de la intervenci�n de la autoridad jurisdiccional para su ejecuci�n. Por tanto, asevera que el titular de la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico no tiene el car�cter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, pues los laudos que emite necesitan de la voluntad de las partes para someterse a la decisi�n de dicha comisi�n, lo que significa que se trata de actos de particulares, pues no concurren en ellos los elementos intr�nsecos que debe tener todo acto de autoridad, como son la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad.

Consecuentemente, es claro que el punto de derecho en el que se centra la presente contradicci�n de tesis consiste en determinar si de acuerdo con las normas jur�dicas aplicables los laudos emitidos por el comisionado nacional de Arbitraje M�dico son actos de autoridad y, por ende, si en su contra el juicio de amparo es procedente.

De acuerdo con lo anterior, debe concluirse que, tal como se precis�, s� existe la contradicci�n de tesis denunciada, dado que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los respectivos recursos de revisi�n, examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, adoptando criterios jur�dicos discrepantes, con motivo de diversas interpretaciones jur�dicas de los mismos elementos de conocimiento.

Resulta aplicable la jurisprudencia 4a./J. 22/92, emitida en la Octava �poca, por la Cuarta S. de esta Suprema Corte de Justicia, visible en la p�gina veintid�s del tomo cincuenta y ocho, octubre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n y que es del tenor siguiente:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

S�PTIMO

Como se precis� en el considerando anterior, en la presente contradicci�n de tesis no debe participar el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, atento las consideraciones siguientes.

De acuerdo con lo sostenido por este Alto Tribunal, para que sea existente una contradicci�n de tesis resulta necesario que las resoluciones relativas se hayan adoptado respecto de una misma cuesti�n jur�dica, suscitada en un mismo plano, y que expresa o impl�citamente hayan arribado a conclusiones opuestas sobre esa cuesti�n, por lo que para determinar si efectivamente existe dicha oposici�n no basta atender a la conclusi�n del razonamiento vertido en las correspondientes actuaciones judiciales, sino que es indispensable tomar en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho que por enlace l�gico sirven de base o presupuesto al criterio respectivo, ya que �nicamente cuando exista coincidencia en tales circunstancias podr� afirmarse, v�lidamente, que existe una contradicci�n de tesis cuya resoluci�n dar� lugar a un criterio jurisprudencial que por sus caracter�sticas de generalidad y abstracci�n podr� aplicarse en asuntos similares.

De ah� que al estudiar las circunstancias f�cticas y jur�dicas que sirven de marco a las resoluciones que generan una supuesta contradicci�n de tesis, esta Suprema Corte debe distinguir entre las que por servir de basamento l�gico a los criterios emitidos se erigen en verdaderos presupuestos que han de presentarse en las determinaciones opositoras, y entre aquellas que aun cuando aparentemente sirven de sustento a las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto l�gico del criterio emitido.

As�, para que efectivamente exista la contradicci�n denunciada ser� necesario que los criterios opositores hayan partido de los mismos supuestos esenciales, es decir, de los que sirven de basamento l�gico a las conclusiones divergentes adoptadas.

En este orden de ideas, debe se�alarse que si bien los criterios emitidos por dicho Tribunal Colegiado y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se refieren al supuesto de si un laudo emitido por un �rbitro debe considerarse como un acto de autoridad sin embargo, examinan cuestiones jur�dicas diversas, como a continuaci�n se precisa.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determin�, en lo sustancial, que el laudo emitido por un �rbitro s� es un acto de autoridad, ya que tiene la calidad de cosa juzgada y constituye t�tulo que motiva ejecuci�n ante el J. competente, que debe prestar los medios procesales necesarios para que se concrete lo resuelto en dicho laudo; que adem�s cuenta con los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, s�lo que la eficacia y realizaci�n concreta de lo condenado quedan siempre al J. competente designado por las partes o el del lugar del juicio. El �rbitro carece de la facultad de hacer cumplir, ante s�, el laudo que emiti�, porque no tiene la potestad o imperium, que es uno de los atributos de la jurisdicci�n y es inherente a los �rganos jurisdiccionales del Estado; sin embargo, el laudo en s� mismo no est� despojado de los atributos de la cosa juzgada, puesto que la facultad de decidir la controversia es una delegaci�n hecha por el Estado a trav�s de la norma jur�dica y s�lo se reserva la facultad de ejecutar.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estim�, en s�ntesis, que los laudos del comisionado nacional de Arbitraje M�dico no pueden considerarse como actos de autoridad, en virtud de que se trata de un arbitraje de car�cter voluntario, cuya raz�n de ser es la autonom�a de la voluntad de las partes en sus conflictos; la decisi�n arbitral es emitida por particulares, o bien, por autoridades que al aceptar fungir con el car�cter de �rbitros se despojan de su potestad autoritaria. Adem�s, el laudo arbitral no es susceptible de ser ejecutado por s� mismo, sino que necesita de la intervenci�n de la autoridad jurisdiccional para su ejecuci�n. As�, para que la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico act�e como �rbitro es necesario que exista previamente un pacto arbitral de las partes interesadas, raz�n por la que el titular de dicha comisi�n no tiene el car�cter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, pues los laudos que emite necesitan de la voluntad de las partes para someterse a la decisi�n de dicha comisi�n, pues sus laudos carecen de ejecuci�n, por lo cual es necesario acudir a procedimientos de reconocimiento de homologaci�n y ejecuci�n ante la autoridad jurisdiccional competente; por tanto, se trata de actos de particulares, pues no concurren en ellos los elementos intr�nsecos que debe tener todo acto de autoridad, como son, la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad.

De la s�ntesis expuesta se advierte con nitidez que el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil no participa en la presente contradicci�n en relaci�n con el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito, en atenci�n a que si bien sus respectivas ejecutorias se refieren al supuesto de si el laudo arbitral es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, empero, examinan cuestiones jur�dicas diversas, pues el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil se pronunci� respecto a un laudo proveniente de un �rbitro privado, es decir, que no es un �rgano del Estado, mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa se refiri� concretamente al arbitraje que efect�a el organismo p�blico desconcentrado C.�n Nacional de Arbitraje M�dico, a trav�s de su titular.

Como puede verse, ambos �rganos colegiados examinan elementos distintos, pues el segundo de los mencionados se pronunci� particularmente en cuanto al laudo del titular de la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico, el car�cter de �sta, analizando sus funciones espec�ficas de acuerdo con las normas jur�dicas aplicables, mientras que el primero de los tribunales estableci� que el laudo s� es acto de autoridad, pero en relaci�n con el pronunciado por un �rbitro privado lo que, desde luego, es una situaci�n jur�dica diferente a la de un �rbitro que es un �rgano del Estado.

Por tanto, aun cuando ambos Tribunales Colegiados coinciden en su pronunciamiento en cuanto al tema gen�rico, el arbitraje, locierto es que examinan elementos sustanciales totalmente distintos, pues uno se refiere al arbitraje privado y el otro al efectuado por un �rgano del Estado en particular, el titular de la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico, de ah� la inexistencia de la contradicci�n de tesis en comento.

Tiene aplicaci�n al caso la tesis aislada 2a. III/1995 de esta Segunda S., publicada en la p�gina 55 del Tomo I, abril de 1995, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

CONTRADICCI�N DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el art�culo 107, fracci�n XIII de la Constituci�n y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposici�n que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicci�n de tesis, la relativa a que �sta emane necesariamente de juicios de id�ntica naturaleza, sin embargo, es la interpretaci�n que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que s� han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cu�l criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los �rganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si �stas s�lo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposici�n debe darse en la sustancia del problema jur�dico debatido; por lo que ser� la naturaleza del problema, situaci�n o negocio jur�dico analizado, la que determine materialmente la contradicci�n de tesis que hace necesaria la decisi�n o pronunciamiento del �rgano competente para establecer el criterio prevaleciente con car�cter de tesis de jurisprudencia.

OCTAVO

La presente contradicci�n ha de resolverse en el sentido de que sobre el tema a debate debe prevalecer el criterio que sienta esta S. al tenor de las consideraciones que enseguida se anotan.

De acuerdo con lo precisado en el considerando sexto, la materia de la contradicci�n de tesis consiste en determinar si los laudos del titular de la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico son actos de autoridad y, por tanto, si en su contra procede el juicio de amparo, por lo que resulta necesario, en principio, realizar algunas precisiones en cuanto al concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo que ha acu�ado esta nueva integraci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

Las precisiones de m�rito se imponen en la medida de que no pasa inadvertido para esta S. que la anterior integraci�n de este Alto Tribunal sobre el tema del car�cter de los laudos arbitrales emitidos por un �rgano del Estado, como la Procuradur�a Federal del Consumidor, sent� criterio en cuanto a que no constitu�an actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en particular al emitir las tesis que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito invoc� en su ejecutoria, cuyos rubro, texto y datos de identificaci�n, se citan a continuaci�n:

PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR ACTUANDO COMO �RBITRO, LAUDOS DEL. NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Las funciones de �rbitro, en t�rminos generales, no revisten la naturaleza de actos de autoridad, pues al carecer de jurisdicci�n propia o delegada por el Estado, no disponen de la fuerza p�blica para hacer cumplir sus determinaciones, ya que el laudo que emitan s�lo puede convertirse en ejecutivo al ser homologado por un �rgano jurisdiccional. As�, de conformidad con el art�culo 59 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, cuando la Procuradur�a Federal del Consumidor act�a dentro del procedimiento arbitral y emite el laudo correspondiente, sus relaciones con los particulares no se traducen en una situaci�n de subordinaci�n de gobernante a gobernado, sino en una relaci�n que se equipara a la de contratantes y mandatario; luego, la resoluci�n que dicte no puede equipararse a la de un acto de autoridad susceptible de ser impugnado, ni puede estimarse que la parte condenada por el laudo quede en estado de indefensi�n, pues el laudo una vez que el J. respectivo ordena su cumplimiento se eleva a la categor�a de acto jurisdiccional, y es entonces cuando est� en oportunidad de ser reclamado mediante el juicio de garant�as.

(S�ptima �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: 205-216, Primera Parte. P�gina: 99).

PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR, LAUDOS ARBITRALES DEL. NO SON ACTOS DE AUTORIDAD. El procurador federal del Consumidor, al intervenir y dictar el laudo correspondiente en los conflictos que surgen entre los consumidores y los comerciantes, industriales, prestadores de servicios o empresas de participaci�n estatal, organismos descentralizados y dem�s �rganos del Estado, en t�rminos del art�culo 59 de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, lo hace como cualquier �rbitro privado, puesto que es designado voluntariamente por las partes y ellas determinan los l�mites de su oficio en el compromiso que celebran, sin que el procurador tenga facultades para ejecutar su decisi�n; de donde se concluye que en tales conflictos no act�a como autoridad y que la naturaleza del laudo que emite no es jurisdiccional. En tales condiciones, el amparo que se promueva en contra del procurador federal del Consumidor, reclamando el laudo que emiti� en un juicio arbitral seguido ante �l mismo, es improcedente de conformidad con la fracci�n XVIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, en relaci�n con el art�culo 1o. de la propia ley reglamentaria y 103, fracci�n I, constitucional.

(S�ptima �poca. Instancia: Segunda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: 181-186, Tercera Parte. P�gina: 63).

Del examen de las anteriores tesis se desprende que el criterio que contienen en cuanto a que un laudo arbitral emitido por la Procuradur�a Federal del Consumidor no es acto de autoridad para los efectos del amparo, tiene como fundamento toral la nota relativa a que esa instituci�n no dispone de la fuerza p�blica para ejecutar o hacer cumplir su decisi�n, argumento medular del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para considerar que los laudos de la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico no eran actos de autoridad. Al respecto es menester destacar que el criterio en el cual el elemento apuntado era considerado como un requisito para distinguir a un acto de autoridad, ha sido abandonado por la actual integraci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al emitir diversas tesis, entre otras, las siguientes:

AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS P�BLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JUR�DICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el n�mero 300 aparece publicado en la p�gina 519 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El t�rmino �autoridades� para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza p�blica en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, est�n en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos p�blicos, por el hecho de ser p�blica la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, m�ximo int�rprete de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajust�ndolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervenci�n de los entes p�blicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rector�a del Estado en materia econ�mica, que a su vez modific� la estructura estadual, y gest� la llamada administraci�n paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participaci�n estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicaci�n generalizada de �ste en la actualidad conduce a la indefensi�n de los gobernados, pues estos organismos en su actuaci�n, con independencia de la disposici�n directa que llegaren a tener o no de la fuerza p�blica, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a trav�s de los cuales crean, modifican o extinguen por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los �rganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les est�n atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jur�dica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza p�blica o bien a trav�s de otras autoridades.

(Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: V, febrero de 1997. Tesis: P. XXVII/97. P�gina: 118).

AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CAR�CTER UN �RGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JUR�DICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JUR�DICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teor�a general del derecho distingue entre relaciones jur�dicas de coordinaci�n, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervenci�n de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinaci�n, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho p�blico, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuaci�n de un tribunal, existiendo como l�mite a su actuaci�n las garant�as individuales consagradas en la Constituci�n y las de supraordinaci�n que se entablan entre �rganos del Estado. Los par�metros se�alados resultan �tiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un �rgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinaci�n, regidas por el derecho p�blico, afectando la esfera jur�dica del gobernado.

(Novena �poca. Instancia: Segunda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: IX, marzo de 1999. Tesis: 2a. XXXVI/99. P�gina: 307).

Las tesis transcritas ponen de manifiesto que la actual integraci�n de esta Suprema Corte considera que es autoridad para efectos del amparo el �rgano del Estado que emite actos unilaterales a trav�s de los cuales crea, modifica o extingue por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los �rganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel �rgano del Estado que ejerce facultades decisorias que le est�n atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad. Luego, es palmario el abandono del criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza p�blica como requisito caracter�stico del concepto que se analiza.

Adem�s, de acuerdo con el criterio de esta S. contenido en la segunda de las tesis antes transcritas, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusi�n de los actos de particulares. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evoluci�n del juicio de amparo apuntan a sostener que �ste s�lo procede contra actos de �rganos del Estado, no as� de particulares. Por lo que resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificaci�n que la teor�a general del derecho hace de las relaciones jur�dicas de coordinaci�n, supra a subordinaci�n y supraordinaci�n.

De acuerdo con esa teor�a, las relaciones de coordinaci�n son las entabladas entre particulares, en las cuales �stos act�an en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jur�dicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinaci�n.

En cambio, las relaciones de supra a subordinaci�n son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden p�blico y del inter�s social; se regulan por el derecho p�blico que tambi�n establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuaci�n de los �rganos del Estado; entre ellos destaca, en el �mbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el �mbito constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constituci�n establece una serie de garant�as individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el �rgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.

Finalmente, las relaciones de supraordinaci�n son las que se establecen entre los �rganos del propio Estado, en las que �stos act�an en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regul�ndose tambi�n por el derecho p�blico que establece mecanismos de soluci�n pol�tica y jurisdiccional, destacando en este �ltimo rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que se�ala el art�culo 105, fracciones I y II, de la Constituci�n General de la Rep�blica.

Es corolario de lo anterior que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, tambi�n, a la distinci�n de las relaciones jur�dicas, examinando si la que se somete a la decisi�n de los �rganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinaci�n, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el car�cter de gobernado y el ente se�alado como autoridad act�e en un plano superior.

De lo expuesto bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes:

  1. La existencia de un �rgano del Estado que establece una relaci�n de supra a subordinaci�n con un particular.

  2. Que esa relaci�n tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al �rgano de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad.

  3. Que con motivo de esa relaci�n emite actos unilaterales a trav�s de los cuales crea, modifica o extingue por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afectan la esfera legal del particular.

  4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los �rganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado.

    Al tenor de las anteriores notas es que debe determinarse si los laudos arbitrales que emite el comisionado nacional de Arbitraje M�dico, constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo y no de acuerdo al criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza p�blica que, como se ha visto, fue abandonado, lo que pone de manifiesto que las tesis en que apoy� su criterio el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito no pueden considerarse aplicables para resolver la contradicci�n de tesis de que se trata.

    Sobre tales premisas, resulta pertinente puntualizar y pormenorizar la funci�n arbitral que legalmente tiene encomendada la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico y su titular, para lo cual resulta ilustrativo, como punto de partida, realizar un estudio jur�dico del juicio arbitral para determinar su naturaleza jur�dica, su funcionamiento y desarrollo.

    En esa tesitura, debe significarse que el procedimiento arbitral es la actividad desarrollada por las partes y por los �rbitros en virtud de la funci�n jurisdiccional asumida por aqu�llos. Es entonces el conjunto de las actividades de las partes y de los �rganos arbitrales cuyo fin es la declaraci�n de las concretas relaciones jur�dicas y la resoluci�n de las controversias concretas relativas sometidas al examen del juicio de �rbitros.

    El arbitraje es un procedimiento �gil, en el que se busca un ambiente de cordialidad entre las partes, ya que ellas, de com�n acuerdo, fijan el procedimiento y en el cual el �rbitro no tan s�lo juzga el conflicto, sino que busca mantener la relaci�n contractual o comercial a trav�s de los diferentes medios que tiene a su alcance como la exhortaci�n a que en un plan amigable resuelvan la controversia y, en caso de que ello no fuera posible, a que prueben y aleguen por los medios legales, concluyendo el conflicto a trav�s del laudo, condenando a la parte que sea responsable.

    Existen diversos tipos de arbitraje, empero, para efectos de este estudio, interesa destacar s�lo tres clasificaciones, la que atiende al origen del �rbitro, la que tiene su origen en la voluntad de las partes y la que se distingue por las normas que rigen el procedimiento.

    Conforme a la primera clasificaci�n, el arbitraje puede ser:

    o Privado.

    o Institucional privado.

    o Oficial.

    El primero de aqu�llos es el que se desarrolla estrictamente entre particulares sin intervenci�n alguna del poder p�blico o de la ley. El segundo, es el que se lleva a cabo por una instituci�n o asociaci�n privada, sin intervenci�n alguna del poder p�blico. Y el tercero, es el que se controla por el poder p�blico (que adelantando ser�a el que realizan los tribunales del trabajo, la Procuradur�a Federal del Consumidor, la C.�n Nacional de Protecci�n y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico, entre otros).

    De acuerdo con la segunda clasificaci�n, el arbitraje puede ser:

    o Voluntario.

    o Forzoso o necesario.

    El primero depende del asentimiento de las partes, y el segundo se encuentra establecido de manera imperativa por la ley.

    Es conveniente puntualizar que el arbitraje voluntario tiene ese car�cter cuando deriva exclusivamente de la voluntad de las partes, manifestada en el momento de otorgar el compromiso y sinque anteriormente existiera ninguna convenci�n por la que cualquiera de ellas pudiera exigirlo; por consiguiente, desde este punto de vista est� sujeto a las disposiciones comunes que regulan el consentimiento.

    En cambio, el arbitraje forzoso se hace obligatorio cuando la ley lo impone como medio de soluci�n de un determinado conflicto o cuando las partes pueden exigirlo en cumplimiento de un convenio anterior (cl�usula compromisoria). Ejemplo del primero es el que llevan a cabo los tribunales del trabajo, como es la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 123, Apartado A, fracciones XX y XXI, de la Constituci�n General de la Rep�blica, y del segundo, el que se realiza ante la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico, en cuyo caso el procedimiento arbitral s�lo inicia ante el convenio de las partes, prestadores de servicios m�dicos y los usuarios de dichos servicios.

    Por el tipo de procedimiento, la clasificaci�n consiste en:

    o Arbitraje de derecho.

    o Arbitraje de hecho o de equidad.

    El primero tambi�n conocido como de iure y el segundo como de facto o de amigables componedores. Por su propia connotaci�n, el primero se realiza conforme a las reglas del derecho y el segundo al tenor de las m�ximas de la equidad o de facto.

    Cabe destacar que en el arbitraje se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento que son:

    1. Demanda;

    2. Contestaci�n de demanda;

    3. Pruebas;

    4. Alegatos; y

    5. Laudo o resoluci�n.

      En efecto, respecto a los plazos, formas y duraci�n del procedimiento arbitral, se debe analizar el arbitraje de iure o de derecho, juicio que se constituye con:

    6. Demanda o petici�n. Es en este acto en donde la parte afectada, una vez se�alado el �rbitro, ocurre para hacer valer sus pretensiones, debiendo acompa�ar a su escrito inicial todos los documentos en que se apoye dicha demanda, as� como copias simples de las mismas, a efecto de que se corra traslado a la parte contraria y pueda dar contestaci�n a la demanda entablada en su contra.

    7. Contestaci�n de la demanda. Esta etapa procesal surge al ser emplazada la contraparte, la cual, dentro del t�rmino que se haya fijado, deber� dar contestaci�n a la demanda, pudiendo reconvenir a la parte actora y anexando los documentos en que se fundamente dicha reconvenci�n, la cual �nicamente se podr� hacer valer como compensaci�n hasta la cantidad que importe la demanda o, en caso contrario, cuando as� se haya pactado expresamente.

    8. D.�n probatoria. Una vez que ha quedado fijada la litis, los �rbitros fijar�n un t�rmino o se sujetar�n al que hayan pactado las partes, para recibir las pruebas que �stas les presenten. Las pruebas que ofrezcan las partes deber�n estar relacionadas con los hechos materia de la controversia. Asimismo, una vez que ya han sido ofrecidas las pruebas, los �rbitros fijar�n fecha para que se proceda al desahogo de las mismas. Los �rbitros est�n facultados para que, una vez cerrado el juicio a prueba y desahogadas las mismas, si a su consideraci�n las pruebas reunidas no son suficientes para llegar al conocimiento de la verdad, pueden solicitar a los litigantes presenten o aporten m�s pruebas con el objeto de llegar al esclarecimiento del conflicto.

    9. Alegatos. Es en este acto donde se da oportunidad a las partes o a sus abogados, una vez que ya han sido desahogadas las pruebas, para que manifiesten todo lo que a su derecho convenga, es decir, presenten todas las conclusiones y alegatos que consideren pertinentes. Asimismo, este derecho es irrenunciable ya que los �rbitros est�n obligados a recibir pruebas y o�r alegatos.

    10. Laudo. Los �rbitros deben dictar su laudo en el tiempo que resta por transcurrir se�alado en el compromiso, o bien, en el fijado por la ley.

      Cabe destacar que como formalidad procesal, el �rbitro no debe actuar solo, sino que debe nombr�rsele un secretario, el cual puede ser designado por las partes, y si �stas no se pusieran de acuerdo, lo elegir� el �rbitro. Cuando el tribunal arbitral est� compuesto por varios �rbitros, entre ellos mismos elegir�n al que realice las funciones de secretario y los honorarios de �ste correr�n a cargo de las partes interesadas.

      Dentro de las obligaciones y funciones que tiene que cumplir el �rbitro o los �rbitros, la m�s importante es la de resolver el conflicto que se les plantea dentro del t�rmino fijado por las partes en el compromiso arbitral o, en caso contrario, es decir, si las partes lo omitieron, dentro del tiempo que falte por transcurrir para que se cumpla el plazo se�alado en la ley.

      Es el laudo la resoluci�n definitiva dictada con apego a las reglas del derecho, en el caso de los �rbitros, o conforme a la conciencia y a las m�ximas de la equidad, si se trata de amigables componedores, la cual pone fin al conflicto objeto de la sumisi�n.

      Existen diferentes aspectos que deben analizarse respecto del laudo, como son el t�rmino para dictarlo, el contenido, la forma, las costas, la notificaci�n y a publicaci�n y las diferentes clases de laudos.

      Cabe aclarar que no se menciona la ejecuci�n del laudo, ya que �sta ser� comentada posteriormente, as� se tiene:

      1. T�rmino. Como antes se precis�, una de las obligaciones y funciones m�s importantes de los �rbitros es la de resolver el conflicto que se les plantea, dentro del t�rmino fijado por las partes en el compromiso, o bien, si no existe pacto al respecto, dentro del t�rmino que reste por transcurrir fijado por la ley.

        Las consecuencias de que el �rbitro o el amigable componedor no dicten el laudo dentro de los t�rminos se�alados, es decir, en el fijado por las partes en el compromiso o, en su caso, en el plazo legal, acarrea la extinci�n del compromiso y, por ende, el laudo dictado una vez concluido dicho plazo, es nulo; ejemplo de ello lo establece el art�culo 622, fracci�n V, del C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que dice:

        Art�culo 622. El compromiso termina: ... V. Por la expiraci�n del plazo estipulado o del legal a que se refiere el art�culo 617.

      2. Contenido. Los �rbitros deben analizar y resolver todos los puntos que las partes han sometido a su consideraci�n, y tienen la obligaci�n de limitarse �nicamente al conflicto o conflictos que se les han planteado, resolvi�ndolos en su totalidad, ya que no pueden dejar pendiente de resoluci�n alguno de los puntos controvertidos; por consiguiente, no podr�n dejar una cuesti�n para un pronunciamiento posterior, ni resolver en forma adicional, ni someterla a otros peritos arbitradores. Por otra parte, deben limitarse a resolver las cuestiones propuestas, sin perjuicio de que tambi�n puedan pronunciarse sobre cuestiones incidentales.

        C.F.. El laudo debe ser emitido por escrito, firmado por todos los �rbitros, y si la minor�a rehusa hacerlo, los otros dejar�n constancia de ello y la sentencia tendr� el mismo efecto. El laudo en derecho debe ser suficientemente fundado y motivado, pero se admiten como v�lidos los laudos dictados en conciencia, de amigable composici�n o en equidad, que por su misma hip�tesis no necesitan justificaci�n razonada. El laudo debe contener el lugar, fecha, �rbitro que lo pronuncia, nombre de las partes contendientes, car�cter con que litigan, objeto del pleito; debe estar escrito en castellano, debe ser firmado por el �rbitro y el secretario, debe ser claro, preciso y congruente con las demandas y contestaciones y con las dem�s pretensiones deducidas oportunamente en el pleito y condenar o absolver al demandado y decidir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

        Asimismo, contendr�, como cualquier sentencia:

  5. Resultandos.

  6. Considerandos.

  7. Puntos resolutivos.

    D.C.. Las costas son los gastos derivados del procedimiento, sobre cuyo pago el �rbitro se encuentra obligado a resolver, ordenando a cu�l de las partes corresponde abonarlos o declarando que no procede, en el caso especial, condenaci�n por ese concepto.

    Las costas dentro del arbitraje, entre otros gastos, incluyen el pago de los honorarios de los �rbitros y el secretario, para el caso de que las partes no lo hayan fijado en el compromiso arbitral, o bien, al celebrar el �rbitro el contrato de arbitraje.

    Si las partes no convienen con los �rbitros y peritos los honorarios a pagar, habr� de observarse lo dispuesto en la Ley Org�nica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que en sus art�culos 141 a 148 regulan las costas y los aranceles de los �rbitros.

    E.N.�n y publicaci�n. Como ya se ha dicho con anterioridad, las partes y los �rbitros deben seguir en el procedimiento los plazos y las formas establecidas para los tribunales ordinarios, por lo que una vez dictado el laudo, �ste debe de notificarse a las partes siguiendo las reglas procesales relativas a las notificaciones.

    Independientemente del recurso que en su caso se establezca o se�ale la ley, se prev� la aclaraci�n de los laudos. Las aclaraciones, en t�rminos normales, las realiza el �rbitro de oficio, aunque tambi�n se puede presentar el supuesto que se realice a petici�n de parte. En este caso, la legislaci�n se�ala un t�rmino de veinticuatro horas para solicitarla y un t�rmino igual para que el �rbitro resuelva lo que estime procedente.

    Por la misma naturaleza del arbitraje, a los �rbitros no les compete la ejecuci�n de sus resoluciones, por lo que una vez que emiten su laudo concluye su misi�n, debiendo pasar los autos al J. ordinario para su ejecuci�n si la parte que resulte condenada no quiere cumplir voluntariamente la resoluci�n arbitral.

    Esto es, como consecuencia del principio de que los �rbitros carecen de imperio, su funci�n termina con el pronunciamiento del laudo y, por tanto, la parte interesada en su cumplimiento deber� promover su ejecuci�n ante el J. que hubiera intervenido en el juicio en que se otorg� el compromiso o que hubiera debido intervenir de no haberse otorgado �ste.

    Adem�s, el J. competente para la ejecuci�n del laudo arbitral ser� el que hubiese intervenido en la designaci�n de los �rbitros o, en su defecto, por el J. del lugar del juicio, comenzando por el que est� en turno.

    Al tenor de los anteriores lineamientos, debe examinarse el arbitraje que realiza la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico y su titular, conforme al decreto de creaci�n de aqu�lla publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de junio de mil novecientos noventa y seis, la exposici�n de motivos del citado decreto y al Reglamento de Procedimientos para la Atenci�n de Quejas de la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico, para lo cual resulta necesario transcribir las disposiciones conducentes y la exposici�n de motivos correspondiente:

    Exposici�n de motivos.

    "Que en las actuales circunstancias resulta necesario que la poblaci�n cuente con mecanismos que, sin perjuicio de la actuaci�n de las instancias jurisdiccionales en la soluci�n de conflictos, contribuyan a tutelar el derecho a la protecci�n de la salud, as� como a mejorar la calidad en la prestaci�n de los servicios m�dicos;

    "Que para lograr tal objetivo, es pertinente contar con un �rgano al cual puedan acudir los usuarios y prestadores de servicios m�dicos para dilucidar, en forma amigable y de buena fe, posibles conflictos derivados de la prestaci�n de dichos servicios, con lo cual se contribuir� a evitar grandes cargas de trabajo para los �rganos jurisdiccionales, sin sustituirlos;

    "Que de igual manera, es indispensable que esa instancia especializada, garantice a los usuarios y prestadores de servicios m�dicos, la imparcialidad en el an�lisis, dictamen y resoluci�n en las controversias que conozca, y

    Que la creaci�n de un �rgano administrativo con autonom�a t�cnica para recibir quejas, investigar las presuntas irregularidades en la prestaci�n o negativa de prestaci�n de servicios m�dicos y emitir sus opiniones, acuerdos y laudos, responde a los leg�timos reclamos de los actores de la relaci�n que genera la prestaci�n de servicios m�dicos ...

    Decreto por el que se crea la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico.

    "Art�culo 1o. Se crea la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico como un �rgano desconcentrado de la Secretar�a de Salud, con plena autonom�a t�cnica para emitir sus opiniones, acuerdos y laudos."

    "Art�culo 2o. La C.�n Nacional de Arbitraje M�dico tendr� por objeto contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios m�dicos y los prestadores de dichos servicios."

    "Art�culo 3o. En t�rminos del t�tulo tercero de la Ley General de Salud, se consideran prestadores de servicios m�dicos, las instituciones de salud de car�cter p�blico, privado o social, as� como los profesionales, t�cnicos y auxiliares que ejerzan libremente cualquier actividad relacionada con la pr�ctica m�dica. Los usuarios de un servicio m�dico son las personas que solicitan, requieren y obtienen dicho servicio de los prestadores de servicios m�dicos para proteger, promover y restaurar su salud f�sica o mental."

    "Art�culo 4o. La comisi�n nacional tendr� las siguientes atribuciones:

    "I. Brindar asesor�a e informaci�n a los usuarios y prestadores de servicios m�dicos sobre sus derechos y obligaciones;

    "II. Recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios de servicios m�dicos, por la posible irregularidad en la prestaci�n o negativa de prestaci�n de servicios a que se refiere el art�culo 3o. de este decreto;

    "III. Recibir toda la informaci�n y pruebas que aporten los prestadores de servicios m�dicos y los usuarios, en relaci�n con las quejas planteadas y, en su caso, requerir aquellas otras que sean necesarias para dilucidar tales quejas, as� como practicar las diligencias que correspondan;

    "IV. Intervenir en amigable composici�n para conciliar conflictos derivados de la prestaci�n de servicios m�dicos por alguna de las causas que se mencionan:

    "a) Probables actos u omisiones derivadas de la prestaci�n del servicio;

    "b) Probables casos de negligencia con consecuencia sobre la salud del usuario, y

    "c) Aquellas que sean acordadas por el consejo;

    ".F. como �rbitro y pronunciar los laudos que correspondan cuando las partes se sometan expresamente al arbitraje;

    "VI. Emitir opiniones sobre las quejas de que conozca, as� como intervenir de oficio en cualquier otra cuesti�n que se considere de inter�s general en la esfera de su competencia;

    "VII. Hacer del conocimiento del �rgano de control competente, la negativa expresa o t�cita de un servidor p�blico de proporcionar la informaci�n que le hubiere solicitado la comisi�n nacional, en ejercicio de sus atribuciones;

    "VIII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y de los colegios, academias, asociaciones y consejos de m�dicos, as� como de los comit�s de �tica u otros similares, la negativa expresa o t�cita de los prestadores de servicios, de proporcionar la informaci�n que le hubiere solicitado la comisi�n nacional. Asimismo, informar del incumplimiento por parte de los citados prestadores de servicios, de sus resoluciones, de cualquier irregularidad que se detecte y de hechos que, en su caso, pudieran llegar a constituir la comisi�n de alg�n il�cito;

    "IX. Elaborar los dict�menes o peritajes m�dicos que le sean solicitados por las autoridades encargadas de la procuraci�n e impartici�n de justicia;

    "X. Convenir con instituciones, organismos y organizaciones p�blicas y privadas, acciones de coordinaci�n y concertaci�n que le permitan cumplir con sus funciones;

    "XI. Asesorar a los gobiernos de las entidades federativas para la constituci�n de instituciones an�logas a la comisi�n nacional;

    "XII. Orientar a los usuarios sobre las instancias competentes para resolver los conflictos derivados de servicios m�dicos prestados por quienes carecen de t�tulo o c�dula profesional, y

    "XIII. Las dem�s que determinen otras disposiciones aplicables."

    "Art�culo 5o. Para el cumplimiento de sus funciones, la comisi�n nacional contar� con:

    "I. Un consejo;

    "II. Un comisionado;

    "III. Dos subcomisionados, y

    "IV. Las unidades administrativas que determine su reglamento interno."

    "Art�culo 11. Son facultades y obligaciones del comisionado:

    "I. Ejercer la representaci�n de la comisi�n nacional;

    "II. Someter a consideraci�n del consejo las designaciones de los subcomisionados, as� como nombrar y remover al dem�s personal de la comisi�n nacional;

    "III. Conducir el funcionamiento del �rgano, vigilando el cumplimiento de sus objetivos y programas;

    "IV. Establecer de conformidad con el reglamento interno las unidades de servicio t�cnicas, de apoyo y asesor�a necesarias para el desarrollo de las funciones de la comisi�n nacional;

    "V. Celebrar toda clase de actos jur�dicos que permitan el cumplimiento del objeto de la comisi�n nacional;

    "VI. Ejecutar los acuerdos emitidos por el consejo;

    "VII. Informar anualmente al titular del Ejecutivo Federal sobre las actividades de la comisi�n nacional, procurando que este informe sea difundido ampliamente entre la sociedad;

    "VIII. Someter a la aprobaci�n del consejo el reglamento interno, el reglamento de procedimientos y dem�s disposiciones internas que regulen a la comisi�n nacional;

    "IX. Solicitar todo tipo de informaci�n a los usuarios y prestadores de servicios m�dicos y realizar las investigaciones pertinentes, a efecto de cumplir cabalmente con las atribuciones del �rgano;

    "X. Llevar a cabo los procedimientos de conciliaci�n y arbitraje a que se refieren las fracciones IV y V del art�culo 4o. de este decreto y de conformidad con el reglamento que al efecto expida el consejo;

    "XI. Emitir los acuerdos, laudos y opiniones en asuntos de la competencia de la comisi�n;

    "XII. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones, as� como de los convenios que se deriven de los procedimientos de conciliaci�n y arbitraje respectivos;

    "XIII. Establecer los mecanismos de difusi�n que permitan a los usuarios y prestadores de servicios m�dicos y a la sociedad en su conjunto, conocer sus derechos y obligaciones en materia de salud as� como las funciones de la comisi�n nacional, y

    XIV. Las dem�s que establezcan otras disposiciones aplicables.

    Reglamento de Procedimiento para la Atenci�n de Quejas de la citada comisi�n:

    "Art�culo 1o. El presente reglamento tiene por objeto normar los procedimientos de la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico, sus disposiciones son obligatorias para los servidores p�blicos de este �rgano desconcentrado; las partes estar�n obligadas al cumplimiento de este instrumento en los t�rminos que el mismo establece."

    "Art�culo 2o. Para efectos de este reglamento, se entender� por:

    "I. Amigable composici�n. Procedimiento para el arreglo de una controversia entre un usuario y un prestador de servicio m�dico oyendo las propuestas de C.;

    "II. Cl�usula compromisoria. La establecida en cualquier contrato de prestaci�n de servicios profesionales o de hospitalizaci�n, a trav�s de la cual las partes designen competente a C. para resolver las diferencias que puedan surgir con ocasi�n de dichos contratos, mediante la conciliaci�n o el arbitraje;

    "III. Compromiso arbitral. El instrumento otorgado por partes capaces y en pleno ejercicio de sus derechos civiles por el cual designen a C. para la resoluci�n del procedimiento arbitral; determinen el negocio sometido a su conocimiento; acepten las reglas de procedimiento fijadas en el presente reglamento o, en su caso, se�alen reglas especiales para su tramitaci�n;

    "IV. C.. La C.�n Nacional de Arbitraje M�dico;

    "V. Decreto. El decreto por el que se crea C., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de junio de mil novecientos noventa y seis;

    "VI. Dictamen. Informe pericial de C., precisando sus conclusiones respecto de alguna cuesti�n sometida a su an�lisis, dentro del �mbito de susatribuciones;

    "VII. Irregularidad en la prestaci�n de servicios m�dicos. Todo acto u omisi�n en la atenci�n m�dica que contravenga las disposiciones que la regulan, incluidos los principios cient�ficos y �ticos que orientan la pr�ctica m�dica;

    "VIII. Laudo. Es el acto por medio del cual C. resuelve las cuestiones sometidas a su conocimiento a trav�s del compromiso arbitral;

    "IX. Opini�n t�cnica. Dictamen emitido por C., de oficio, para el mejoramiento de la calidad en la atenci�n m�dica, especialmente en asuntos de inter�s general;

    "X. Negativa en la prestaci�n de servicios m�dicos. Todo acto u omisi�n contrario a las normas que rigen la atenci�n m�dica, por el cual se rehusa la prestaci�n de servicios obligatorios;

    "XI. Partes. Quienes hayan decidido someter su controversia, mediante la suscripci�n de una cl�usula compromisoria o compromiso arbitral, al conocimiento de C.;

    "XII. Prestador del servicio m�dico. Las instituciones de salud de car�cter p�blico, social o privado, as� como los profesionales, t�cnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud sea que ejerzan su actividad para dichas instituciones, o de manera independiente;

    "XIII. Principios cient�ficos de la pr�ctica m�dica. El conjunto de reglas para el ejercicio m�dico contenidas en la literatura aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atenci�n m�dica y los criterios para su empleo;

    "XIV. Principios �ticos de la pr�ctica m�dica. El conjunto de reglas bio�ticas y deontol�gicas universalmente aceptadas para la atenci�n m�dica;

    "XV. Queja. Petici�n a trav�s de la cual una persona f�sica por su propio inter�s o en defensa del derecho de un tercero, solicita la intervenci�n de C. en raz�n de impugnar la denegaci�n injustificada de servicios m�dicos, o la negligencia, impericia o dolo en su prestaci�n;

    "XVI. Secretar�a. La Secretar�a de Salud;

    "XVII. Transacci�n. Es un contrato otorgado ante C. por virtud del cual las partes, haci�ndose rec�procas concesiones terminan una controversia, y

    "XVIII. Usuario. Toda persona que requiera u obtenga servicios m�dicos."

    "Art�culo 5o. Para el cumplimiento de su objeto, en t�rminos de su decreto y del presente reglamento, C. realizar� las siguientes acciones:

    "I. Atender� las quejas presentadas;

    "II. Gestionar� la atenci�n inmediata de los usuarios, cuando la queja se refiera a demora o negativa de servicios m�dicos;

    "III. Actuar� en calidad de conciliador y �rbitro, atendiendo a las cl�usulas compromisorias y compromisos arbitrales, y

    "IV. Intervendr� de oficio en asuntos de inter�s general, propugnando por la mejor�a de los servicios m�dicos, para cuyo efecto emitir� las opiniones t�cnicas que estime necesarias."

    "Art�culo 6o. Los procedimientos ante C. invariablemente ser�n gratuitos."

    "Art�culo 8o. Las quejas deber�n presentarse ante C. de manera personal por el quejoso, ya sea en forma verbal o escrita, y deber�n contener:

    "I.N., domicilio y, en su caso, el n�mero telef�nico del quejoso y del prestador del servicio m�dico contra el cual se inconforme;

    "II. Una breve descripci�n de los hechos motivo de la queja;

    "III. N�mero de afiliaci�n o de registro del usuario, cuando la queja sea interpuesta en contra de instituciones p�blicas que asignen registro a los usuarios;

    "IV. Pretensiones que deduzca del prestador del servicio;

    "V. Si act�a a nombre de un tercero, la documentaci�n probatoria de su representaci�n, sea en raz�n de parentesco o por otra causa, y

    "VI. Firma o huella digital del quejoso.

    "A la queja se agregar� copia simple, legible, de los documentos en que soporte los hechos manifestados y de su identificaci�n. Cuando se presenten originales, C. agregar� al expediente copias confrontadas de los mismos, devolviendo los originales a los interesados."

    "Art�culo 16. C. har� del conocimiento de los prestadores del servicio m�dico, dentro de un plazo de diez d�as h�biles a partir de su admisi�n, conforme a lo previsto en los art�culos 50 y 51:

    "I. El nombre del quejoso, y

    "II. Un resumen del motivo de la queja.

    "En la misma diligencia se requerir� al prestador para que presente un informe en relaci�n con el servicio prestado.

    "Cuando se trate de un establecimiento se requerir�, adem�s, copia simple del registro diario de pacientes en que conste la atenci�n m�dica si es que el usuario hubiere sido atendido exclusivamente por consulta externa y si se tratare de atenci�n hospitalaria, del expediente cl�nico."

    "Art�culo 17. A efecto de promover la avenencia de las partes, C. proceder� en un t�rmino que no exceda de quince d�as h�biles a fijar el d�a y hora para la audiencia de conciliaci�n, notific�ndoselos por escrito, con un m�nimo de cinco d�as anteriores a la misma."

    "Art�culo 24. Agotada la fase conciliatoria, y de no lograrse el arreglo de las partes, el conciliador las exhortar� a que designen como �rbitro a la comisi�n para solucionar la controversia.

    "Si las partes as� lo deciden, dentro de los tres d�as siguientes se turnar� el expediente a la D.�n General de Arbitraje para la continuaci�n del procedimiento arbitral, la que deber� prever lo conducente a efecto de que, dentro de un plazo no mayor a los treinta d�as siguientes al en que se conozca su aceptaci�n, se lleve a efecto la audiencia para firma de compromiso arbitral."

    "Art�culo 57. En t�rminos del t�tulo octavo del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, del decreto y el presente ordenamiento, las partes en una controversia relacionada con la prestaci�n de servicios m�dicos, tienen derecho a sujetar sus diferencias al arbitraje de C.."

    "Art�culo 58. Para la tramitaci�n del procedimiento arbitral se requerir� de cl�usula compromisoria o compromiso arbitral debidamente suscritos por las partes.

    "S�lo puede iniciar un procedimiento arbitral ante C. o intervenir en �l, quien tenga inter�s en que �sta declare o constituya un derecho o emita una determinaci�n arbitral y quien tenga el inter�s contrario. Podr�n promover los interesados, por s� o a trav�s de sus representantes o apoderados."

    "Art�culo 59. La acci�n procede en arbitraje, aun cuando no se exprese su nombre, con tal que se determine con claridad la clase de prestaci�n que se exija de la contraparte y el t�tulo o causa de la acci�n."

    "Art�culo 60. Son partes en el arbitraje quienes hubieren otorgado la cl�usula compromisoria o el compromiso arbitral, en t�rminos del presente reglamento."

    "Art�culo 61. Todo el que est� en pleno ejercicio de sus derechos civiles puede comprometer en �rbitros sus negocios y comparecer al arbitraje."

    "Art�culo 69. La controversia ser� la determinada por las partes en la cl�usula compromisoria o el compromiso arbitral y por ninguna causa podr� modificarse ni alterarse, no obstante, en la audiencia de conciliaci�n referida en los art�culos 24 y 25, podr�n determinarse resueltos uno o varios puntos, quedando el resto pendiente para el laudo.

    "El desistimiento de la instancia realizado con posterioridad a la suscripci�n del compromiso, requerir� del consentimiento de la parte contraria. El desistimiento de la acci�n extingue �sta aun sin consentimiento de la contraparte.

    "El desistimiento de la queja produce el efecto de que las cosas vuelvan al estado que ten�an antes de la presentaci�n de aqu�lla. El desistimiento de la instancia o de la acci�n, posteriores a la suscripci�n del compromiso arbitral, obligan al que lo hizo a pagar costas y los da�os y perjuicios a la contraparte, salvo convenio en contrario."

    "Art�culo 70. En la tramitaci�n del procedimiento arbitral, C. estar� obligada, invariablemente, a recibir pruebas y o�r alegatos, cualquiera que fuere el pacto en contrario."

    "Art�culo 72. Son reglas generales para el arbitraje m�dico, las siguientes:

    "1a. Todas las cuestiones litigiosas, salvo en el caso de las excepciones previstas en este reglamento, deben ser resueltas en el laudo definitivo, sin que el proceso se suspenda.

    "2a. En t�rminos de los art�culos 34 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 5o. Constitucional en Materia de Profesiones para el Distrito Federal, y 9o. del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestaci�n de Servicios de Atenci�n M�dica, los actos del procedimiento s�lo ser�n conocidos por las partes, los terceros que intervengan en forma leg�tima y el personal facultado de C.. Por tanto, quedan prohibidas las audiencias p�blicas y las manifestaciones a terceros extra�os al procedimiento, sean a cargo de las partes o de C.. S�lo podr� darse a conocer p�blicamente el laudo cuando fuere adverso al prestador del servicio m�dico o aun no si�ndolo a solicitud de �ste.

    "3a. Las facultades procesales se extinguen una vez que se han ejercitado, sin que puedan repetirse las actuaciones.

    "4a. De toda promoci�n planteada por una de las partes, se dar� vista a la contraria a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, conforme a las disposiciones de este reglamento.

    "5a. No se requerir� la presentaci�n de promociones escritas; C. dispondr� los medios para que las partes puedan alegar verbalmente lo que a su derecho convenga y desahogar sus pruebas sin formalidades especiales. C. asentar� fielmente las alegaciones de las partes en las actas correspondientes y dispondr� de formatos accesibles de los que podr�n servirse �stas a lo largo del procedimiento.

    "6a. Tanto la audiencia de conciliaci�n, como la de pruebas y alegatos, deber�n concluir el mismo d�a en que se inicien; eventualmente, por causas extraordinarias, podr�n dejarse continuadas para fecha posterior, debiendo concluir la diligencia dentro de los cinco d�as h�biles siguientes."

    "Art�culo 73. Las partes podr�n otorgar su compromiso arbitral ante C. antes de que haya juicio civil, durante �ste y despu�s de sentenciado, sea cual fuere el estado en que se encuentre. El compromiso posterior a la sentencia irrevocable s�lo tendr� lugar si los interesados la conocieren. En caso de existir alg�n juicio en tr�mite, las partes necesariamente deber�n renunciar a la instancia previa, pues de otro modo no podr� intervenir C. en calidad de �rbitro."

    "Art�culo 74. El compromiso arbitral, cuando sea otorgado mediante un instrumento especial ante C., deber� contener como m�nimo:

    "I. Los datos generales de las partes;

    "II. El negocio o negocios que se sujeten a procedimiento arbitral;

    "III. En su caso, el t�rmino fijado para el procedimiento arbitral, cuando se modifiquen los plazos fijados en el presente reglamento;

    "IV. La aceptaci�n del presente reglamento y, en su caso, la menci�n de las reglas especiales de procedimiento que estimen necesarias;

    "V. La determinaci�n de las partes respecto a si renuncian a la apelaci�n;

    "VI. El se�alamiento expreso de ser sabedores de que el compromiso produce las excepciones de incompetencia y litispendencia, si durante �l se promueve el negocio en un tribunal ordinario;

    "VII. El se�alamiento expreso y bajo protesta de decir verdad de no existir controversia pendiente de tr�mite ante los tribunales, un juicio conexo o cosa juzgada en relaci�n al mismo asunto, exhibiendo cuando sea necesario el desistimiento de la instancia;

    "VIII. La determinaci�n, en su caso, del J. que haya de ser competente para todos los actos del procedimiento arbitral en lo que se refiere a jurisidicci�n que no tenga C., y para la ejecuci�n de la sentencia y admisi�n de recursos, y

    "IX. Las dem�s que determinen las partes.

    "El plazo del procedimiento arbitral, se contar� a partir de que C. acepte el nombramiento de ambas partes."

    "Art�culo 76. El juicio arbitral se sujetar� a las siguientes reglas generales:

    "1a. Ser�n admisibles toda las pruebas susceptibles de producir la convicci�n de C., especialmente la pericial y los elementos aportados por las ciencias biom�dicas;

    "2a. Quedan prohibidos los interrogatorios entre las partes con fines confesionales, asimismo las pruebas que fueren contrarias a la moral y al derecho;

    "3a. En la ponderaci�n del caso se evaluar� la procedencia de las apreciaciones de las partes conforme a las disposiciones en vigor y en los casos en que tales disposiciones lo autoricen, la correcta aplicaci�n de los principios cient�ficos y �ticos que orientan la pr�ctica m�dica a trav�s de la literatura generalmente aceptada, as� como las disposiciones y recomendaciones m�dicas de las instancias especializadas;

    "4a. C. determinar� a t�tulo de pruebas para mejor proveer, el desahogo de los peritajes que estime pertinentes;

    "5a. Cuando se requiera el examen del paciente por los peritos que hayan de intervenir, C. determinar� las medidas necesarias para preservar el respeto al paciente. En este supuesto el paciente deber�, seg�n su estado de salud lo permita, cooperar para su examen. La oposici�n injustificada al reconocimiento m�dico por parte de C. o de los peritos, har� tener por ciertas las manifestaciones de la contraria;

    "6a. Las pruebas aportadas, especialmente las periciales y la documentaci�n m�dica en que conste la atenci�n brindada, ser�n valoradas bajo las reglas de la sana cr�tica, y

    "7a. Se realizar�, cuando sea necesaria la resoluci�n de una cuesti�n jur�dica previa, una audiencia preliminar, el resto de las cuestiones debatidas se resolver�n en el laudo."

    "Art�culo 77. La D.�n General de Arbitraje acordar� la recepci�n del expediente, dentro de los dos d�as siguientes a la fecha en que lo reciba, y dar� vista a las partes por diez d�as comunes, para que en ese t�rmino:

    "a) Ofrezcan sus pruebas;

    "b) Presenten las apreciaciones escritas que estimen necesarias, a reserva de ampliarlas de manera verbal o por escrito en la audiencia, y

    "c) Exhiban los documentos que obren en su poder."

    "Art�culo 91. En la audiencia de pruebas y alegatos, se proceder� como sigue:

    "I.D. abierta la audiencia e identificados los asistentes, se proceder� al desahogo de las pruebas que en su caso hayan sido admitidas. Si a la apertura de la audiencia no existiere ninguna prueba pendiente, sin m�s tr�mite se proceder� a o�r los alegatos finales de las partes;

    "II. Al examinar a los testigos, se formular�n las preguntas por la parte que los hubiere propuesto con arreglo al interrogatorio presentado por el oferente, acto seguido se har�n las repreguntas, las cuales se formular�n directamente por la contraria exclusivamente respecto de los hechos a que se haya referido, finalmente C. si lo estima pertinente, formular� las preguntas que estime necesarias;

    "III. A continuaci�n, si las partes o C. lo estimasen necesario, proceder�n a solicitar a los peritos de parte, presentes en la audiencia, ampl�en verbalmente su dictamen;

    "IV. Las preguntas formuladas a los testigos y peritos se realizar�n de manera simple y llana, sin artificio alguno y sin denostar o presionar al compareciente;

    "V. Si C. lo estimase necesario, podr� determinarse la realizaci�n de una junta de peritos, la que se desahogar� con los que asistan;

    "VI. Concluido el desahogo de las pruebas, se proceder� a recibir los alegatos finales de las partes, primero las del quejoso y acto seguido las del prestador del servicio. Las partes podr�n acordar, atendiendo a la naturaleza del asunto, que la audiencia s�lo tenga por objeto recibir sus alegaciones finales. Los alegatos s�lo podr�n referirse a los puntos objeto del arbitraje, por lo que deber�n referirse a los puntos controvertidos evitando disgresiones. Se desechar�n de plano las argumentaciones impertinentes, y

    "VII. Hecho lo anterior, C. determinar� cerrada la instrucci�n citando a las partes para laudo."

    "Art�culo 92. Las resoluciones de C. son:

    "I.S. determinaciones de tr�mite y entonces se llamar�n acuerdos;

    "II. Determinaciones provisionales o definitivas que no resuelvan el fondo de la controversia y se llamar�n autos, y

    "III. Laudos, que siempre tendr�n el car�cter de definitivos."

    "Art�culo 93. Todas las resoluciones ser�n autorizadas por quienes las emitan con firma entera.

    "Los laudos ser�n emitidos por el comisionado nacional o por los presidentes de las salas de arbitraje en las que se desahogue el juicio arbitral."

    "Art�culo 94. C. no podr�, bajo ning�n pretexto, aplazar, dilatar ni negar la resoluci�n de las cuestiones que hayan sido fijadas en el compromiso arbitral.

    "Tampoco podr� variar ni modificar sus resoluciones despu�s de firmadas, pero s� podr� aclarar alg�n concepto o suplir cualquier deficiencia, sea por omisi�n sobre un punto discutido o cuando exista oscuridad o imprecisi�n, sin alterar la esencia de la resoluci�n.

    "Estas aclaraciones podr�n hacerse de oficio dentro del d�a h�bil siguiente al de la publicaci�n de la resoluci�n o a instancia de parte presentada dentro de los tres d�as h�biles siguientes al de la notificaci�n. En este �ltimo supuesto, C. resolver� lo que estime procedente dentro de los dos d�as siguientes al de la presentaci�n del escrito en que se solicite la aclaraci�n."

    "Art�culo 95. Cuando se determine el pago de da�os y perjuicios se fijar� su importe en cantidad l�quida o se establecer�n por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidaci�n.

    "S�lo en caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se har� la condena, a reserva de fijarse su importancia y hacerla efectiva en ejecuci�n de laudo."

    "Art�culo 96. Las resoluciones deben tener el lugar, fecha y responsables de su emisi�n, los nombres de las partes contendientes, el car�cter con que concurrieron al procedimiento y el objeto de la controversia. Al efecto, se emplear�n los formatos que determine la comisi�n nacional."

    "Art�culo 97. En t�rminos de los art�culos 91, 92, 93 y 533 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, son aplicables a los laudos de C. las siguientes reglas:

    "I. Todo laudo tiene en su favor la presunci�n de haberse pronunciado legalmente, con conocimiento de causa, mediante intervenci�n leg�tima de C. y en t�rminos del compromiso arbitral;

    "II. El laudo firme produce acci�n y excepci�n contra las partes y contra el tercero llamado legalmente al procedimiento que hubiere suscrito el compromiso arbitral;

    "III. El tercero puede excepcionarse contra el laudo firme, y

    "IV. Las transacciones otorgadas ante C. y los laudos se considerar�n como sentencias, en t�rminos de la legislaci�n procesal en vigor."

    "Art�culo 98. Las resoluciones de C. deben dictarse y mandarse notificar, dentro de los ocho d�as siguientes a aquel en que se hubiere citado para dictarse.

    Los laudos deben dictarse y mandarse notificar dentro de los quince d�as siguientes a aquel en que se hubiere hecho la citaci�n para laudo. S�lo cuando hubiere necesidad de que C. examine documentos voluminosos, al resolver el laudo, podr� disfrutar de un t�rmino ampliado de quince d�as m�s para los fines ordenados anteriormente.

    C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

    "Art�culo 91. Toda sentencia tiene a su favor la presunci�n de haberse pronunciado seg�n la forma prescrita por el derecho, con conocimiento de causa y por J. leg�timo con jurisdicci�n para darla."

    "Art�culo 92. La sentencia firme produce acci�n y excepci�n contra los que litigaron y contra terceros llamados legalmente al juicio."

    "Art�culo 93. El tercero puede excepcionarse contra la sentencia firme, pero no contra la que recay� en juicio de estado civil, a menos que alegue colusi�n de los litigantes para perjudicarlo."

    "Art�culo 444. Las sentencias que causen ejecutoria y los convenios judiciales, los convenios celebrados ante la Procuradur�a Federal del Consumidor, los laudos que emita la propia procuradur�a y los laudos o juicios de contadores, motivar�n ejecuci�n, si elinteresado no intentare la v�a de apremio."

    "Art�culo 533. Todo lo que en este cap�tulo se dispone respecto de la sentencia, comprende las transacciones, convenios judiciales y los laudos que ponen fin a los juicios arbitrales."

    De la interpretaci�n sistem�tica de las anteriores disposiciones se desprende que la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico tiene por objeto contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios m�dicos y los prestadores de dichos servicios.

    Tambi�n destaca que la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico es un �rgano desconcentrado de la Secretar�a de Salud, con plena autonom�a t�cnica para emitir sus opiniones, acuerdos y laudos. Para lo cual rige su funcionamiento en lo dispuesto en el decreto de creaci�n de dicha comisi�n y en el Reglamento de Procedimientos para la Atenci�n de Quejas de la instituci�n de m�rito, los que le confieren atribuciones que le permiten establecer una relaci�n de supra a subordinaci�n con los particulares, pues en un plano superior �stos se subordinan, regulando sus relaciones derivadas de la prestaci�n de servicios m�dicos a nombre del Estado para conciliarlas y, en su caso, resolverlas. Caracter�sticas funcionales que a grandes rasgos corroboran el concepto de autoridad administrativa que la propia norma que le dio vida jur�dica le se�ala.

    De conformidad con las disposiciones transcritas, es preciso puntualizar la actuaci�n de la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico en lo concerniente a que el procedimiento arbitral se ajusta al procedimiento arbitral ordinario, precisado en su oportunidad, y tiene su antecedente en el procedimiento conciliatorio.

    De acuerdo con el Reglamento de Procedimientos para la Atenci�n de Quejas de la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico, dicha comisi�n recibe las quejas de los usuarios del servicio m�dico, las cuales pueden presentarse en forma escrita u oral, debiendo contener los siguientes requisitos:

    o Se�alar nombre y domicilio del quejoso.

    o Descripci�n breve de los hechos motivo de la queja.

    o Proporcionar nombre y domicilio del prestador del servicio m�dico en contra del cual se haga valer la inconformidad.

    o Puntualizar las pretensiones que deduzcan del prestador del servicio.

    o En su caso la documentaci�n probatoria de la representaci�n, cuando se act�e a nombre de un tercero.

    o Firma o huella digital del quejoso.

    En el procedimiento conciliatorio, la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico comunicar� a los prestadores del servicio m�dico el nombre del quejoso y un resumen del motivo de la queja y, adem�s, se les requerir� para que presenten un informe en relaci�n con el servicio prestado y, en su caso, que exhiban copia simple del registro diario de pacientes o del expediente cl�nico correspondiente. De igual forma, debe se�alarse d�a y hora para la celebraci�n de una audiencia de conciliaci�n en la que procurar� avenir los intereses de las partes, la cual habr� de tener lugar por lo menos cinco d�as despu�s de la fecha de notificaci�n de la queja al prestador de servicios m�dicos.

    En caso de que el prestador del servicio m�dico no se presente a la audiencia o no rinda informe relacionado con los hechos, la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico solicitar�, en el caso de instituciones p�blicas, la intervenci�n de los �rganos internos de control, a efecto de que coadyuven con la comisi�n en el cumplimiento de sus objetivos; y en el caso de prestadores de servicios que ejerzan su actividad de manera privada, se solicitar� la intervenci�n de las asociaciones de profesionales con las que la comisi�n haya establecido acuerdos de colaboraci�n. De cualquier modo, seg�n la naturaleza del asunto y de acuerdo con los elementos de que se disponga, la comisi�n podr� formular opini�n t�cnica para que sea enviada al prestador del servicio para obtener la mejor�a de la atenci�n m�dica, conteniendo aqu�lla una excitativa con propuesta sobre alguna alternativa conciliatoria.

    Si el formulante de la queja no se presentara a la audiencia de conciliaci�n, ni exhibiera, dentro de los siguientes cinco d�as, justificaci�n fehaciente de su inasistencia, la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico le tendr� por desistido de su queja y no podr� presentar otra por los mismos hechos.

    En la audiencia de conciliaci�n, el servidor p�blico que la dirija expondr� a las partes sus derechos, as� como un resumen de la queja y del informe presentado, se�alar� los elementos comunes y los puntos de controversia, exhort�ndolas para llegar a un arreglo. Sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, present�ndoles una o varias alternativas de soluci�n. Asimismo, el conciliador podr� en todo momento requerir a las partes los elementos de convicci�n que estime necesarios para la conciliaci�n, as� como para el ejercicio de las atribuciones que a la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico le confiere el reglamento respectivo. Las partes podr�n ofrecer pruebas para acreditar los elementos de la queja y del informe. El conciliador podr� diferir la audiencia y se�alar d�a y hora para su reanudaci�n dentro de los quince d�as siguientes.

    En caso de no lograrse la conciliaci�n, el servidor p�blico que la dirija exhortar� a las partes para que designen como �rbitro a la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico. Para tal efecto, las partes podr�n otorgar el compromiso arbitral ante la citada comisi�n, conforme al cual la controversia se dilucidar�, en la inteligencia de que aqu�l debe contener los requisitos siguientes:

    o D. generales de las partes.

    o El negocio materia del procedimiento arbitral.

    o Los t�rminos de dicho procedimiento.

    o La aceptaci�n del Reglamento de Procedimientos para la Atenci�n de Quejas de la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico.

    o La determinaci�n de las partes sobre la renuncia a la apelaci�n.

    o El se�alamiento expreso de conocer que el compromiso produce las excepciones de competencia y litispendencia.

    o Protesta de decir verdad de que no existe controversia pendiente de resoluci�n, juicio conexo o cosa juzgada en relaci�n con el asunto.

    o La determinaci�n del J. que haya de ser competente para la ejecuci�n de la resoluci�n.

    La comisi�n tiene la facultad de allegarse todos los elementos que juzgue necesarios para resolver las cuestiones planteadas, adem�s de los que hayan ofrecido las partes. Se llevar� a cabo una audiencia de pruebas y alegatos en la que se recibir�n y desahogar�n las primeras, d�ndose oportunidad a las partes para exponer los segundos. Concluidas las fases anteriores, la comisi�n determinar� cerrada la instrucci�n citando a las partes para el dictado del laudo, que estar� a cargo del comisionado nacional de Arbitraje M�dico, o bien, de los presidentes de las S.s de Arbitraje de la propia comisi�n.

    En esos t�rminos, el laudo arbitral que dicta el C.onado Nacional de Arbitraje M�dico es una resoluci�n sobre el fondo de la cuesti�n debatida entre el usuario del servicio m�dico y el prestador de �ste, dictada en el procedimiento seguido al efecto. Cabe destacar que el laudo s�lo puede aclararse, pero en su contra no procede recurso alguno, por ello, tal como se desprende de las normas jur�dicas aplicables, tiene fuerza de cosa juzgada y trae aparejada ejecuci�n, la que podr� promoverse ante los tribunales competentes en v�a de apremio o en juicio ejecutivo, a elecci�n del interesado.

    En efecto, el art�culo 92, fracci�n III, del reglamento invocado, establece que los laudos "siempre tendr�n el car�cter de definitivos". A su vez, el art�culo 97 del citado ordenamiento, en la fracci�n II, precisa que el laudo firme "produce acci�n y excepci�n contra las partes y contra el tercero llamado legalmente al procedimiento que hubiere suscrito el compromiso arbitral"; y la fracci�n III dispone que "los laudos se considerar�n como sentencias, en t�rminos de la legislaci�n procesal en vigor", siendo que el art�culo 444 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, contempla que "las sentencias que causen ejecutoria y los convenios judiciales, los convenios celebrados ante la Procuradur�a Federal del Consumidor, los laudos que emita la propia procuradur�a y los laudos o juicios de contadores, motivar�n ejecuci�n, si el interesado no intentare la v�a de apremio".

    En otras palabras, el laudo arbitral constituye un acto materialmente jurisdiccional, traducido en una resoluci�n sobre el fondo de las cuestiones que se hayan sometido a la decisi�n de la comisi�n, que por mandato de las normas jur�dicas invocadas es irrevocable e inmutable y, que de ser condenatorio, tiene efectos de un t�tulo ejecutivo por traer aparejada ejecuci�n; lo que obliga al J. competente a dictar un acto de ejecuci�n si as� lo pide la persona legitimada, puesto que hace prueba por s� mismo de la existencia de una obligaci�n patrimonial, l�quida y exigible, sin necesidad de completarlo con alg�n reconocimiento, cotejo o autenticaci�n. Esto es, no requiere de ninguna aprobaci�n judicial que le d� fuerza jur�dica que lo convierta en sentencia verdadera y eficacia ejecutiva, pues tales atributos, de acuerdo con lo expuesto, ya los tiene, por lo que es susceptible, cualquiera que sea su sentido, de crear, modificar o extinguir por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afectan la esfera legal de los gobernados que se sujetaron al arbitraje, sin requerir de la aprobaci�n de los �rganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado, para incidir en esa situaci�n jur�dica.

    Las anteriores reflexiones conducen a la convicci�n de que el laudo que emite el comisionado nacional de Arbitraje M�dico o los presidentes de la S. respectiva, para tener la fuerza jur�dica de una verdadera sentencia y eficacia ejecutiva, no requiere del procedimiento conocido como homologaci�n, que seg�n el Diccionario de Derecho Procesal Civil de E.P.(.P.�a, vig�sima quinta edici�n, p�gina cuatrocientos tres) es: "la sentencia que en algunos pa�ses pronuncian los tribunales para dar fuerza jur�dica a los laudos de los �rbitros y convertirlos en sentencias verdaderas, con eficacia ejecutiva"; pues, como antes se puntualiz�, adem�s de reunir todos los requisitos del acto jurisdiccional conocido como sentencia, basta que se dicte el laudo para tener fuerza de cosa juzgada, por lo que se convierte en irrevocable e inmutable ante la potestad com�n, y trae aparejada ejecuci�n, por lo que obliga al J. competente a dictar un acto de ejecuci�n, sin tener �ste facultades para revisar el fondo del asunto.

    Sobre la ejecuci�n de un laudo arbitral condenatorio emitido por un �rgano del Estado que realiza funci�n de arbitraje, resulta ilustrativo citar como ejemplo legislativo, lo dispuesto en relaci�n con la Procuradur�a Federal del Consumidor, por el C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en sus art�culos 444, 500, 504 y 531, que son del tenor siguiente:

    "Art�culo 444. Las sentencias que causen ejecutoria y los convenios judiciales, los convenios celebrados ante la Procuradur�a Federal del Consumidor, los laudos que emita la propia procuradur�a y los laudos o juicios de contadores, motivar�n ejecuci�n, si el interesado no intentare la v�a de apremio."

    "Art�culo 500. Procede la v�a de apremio a instancia de parte, siempre que se trate de la ejecuci�n de una sentencia o de un convenio celebrado en el juicio, ya sea por las partes o por terceros que hayan venido al juicio por cualquier motivo que sea.

    "Esta disposici�n ser� aplicable en la ejecuci�n de convenios celebrados ante la Procuradur�a Federal del Consumidor y de laudos emitidos por dicha procuradur�a."

    "Art�culo 504. La ejecuci�n de las sentencias arbitrales, de los convenios celebrados ante la Procuradur�a Federal del Consumidor y de los laudos dictados por �sta, se har� por el J. competente designado por las partes o, en su defecto, por el J. del lugar del juicio."

    "Art�culo 531. Contra la ejecuci�n de las sentencias y convenios judiciales no se admitir� m�s excepci�n que la de pago, si la ejecuci�n se pide dentro de ciento ochenta d�as; si ha pasado este t�rmino, pero no m�s de un a�o, se admitir�n, adem�s las de transacci�n, compensaci�n y compromiso en �rbitros; y transcurrido m�s de un a�o ser�n admisibles tambi�n la de novaci�n, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligaci�n, y la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecuci�n no se pida en virtud de ejecutoria o convenio constante en autos. Todas estas excepciones, sin comprender la de falsedad, deber�n ser posteriores a la sentencia, convenio o juicio, y constar por instrumento p�blico o por documento privado judicialmente reconocido o por confesi�n judicial. Se sustanciar�n estas excepciones en forma de incidente, con suspensi�n de la ejecuci�n, sin proceder dicha suspensi�n cuando se promueva en el incidente respectivo, el reconocimiento o la confesi�n. La resoluci�n que se dicte no admite m�s recurso que el de responsabilidad."

    De los anteriores preceptos legales se advierte que los laudos que emite la Procuradur�a Federal del Consumidor, tienen fuerza de cosa juzgada y traen aparejada ejecuci�n (al igual que los del comisionado nacional de Arbitraje M�dico), es decir, son decisiones irrevocables e inmutables por la potestad com�n, sin que se requiera para su ejecuci�n de previa aprobaci�n de la autoridad judicial o de ni ninguna otra formalidad. Basta para el efecto, acompa�ar el compromiso y un testimonio del laudo. En otros t�rminos, la ejecuci�n del laudo no requiere de aprobaci�n alguna por parte del J., el cual �nicamente debe revisar que el laudo cumpla con los requisitos formales de una sentencia, sin que analice el fondo de �sta, es decir, que no puede el J. ordinario desconocer el contenido del laudo pronunciado por el �rbitro, cuando el laudo se apegue a lo establecido por las partes en la cl�usula compromisoria o en el compromiso arbitral, debiendo, por consiguiente, dictar el auto de ejecuci�n, seg�n sea la v�a en que se haya promovido �sta, es decir, en v�a de apremio o a trav�s del juicio ejecutivo civil.

    Se insiste, de acuerdo con las disposiciones jur�dicas de creaci�n y funcionamiento de la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico y la legislaci�n ordinaria, el laudo, para surtir sus efectos jur�dicos y, en caso de ser condenatorio, para poder ser ejecutado, no requiere del tr�mite conocido y antes exigido por la ley como homologaci�n, esto es, la sentencia que en algunos pa�ses pronuncian los tribunales para dar fuerza jur�dica a los laudos de los �rbitros y convertirlos en sentencias verdaderas con eficacia ejecutiva.

    Las consideraciones que anteceden permiten concluir que los laudos arbitrales que emite el comisionado nacional de Arbitraje M�dico o los presidentes de las S.s respectivas son verdaderos actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, seg�n se concluye de la actualizaci�n plena de las notas que distinguen a esos actos y que fueron puntualizadas en su oportunidad.

    En efecto, los laudos que emite el comisionado nacional de Arbitraje M�dico, precisamente en calidad de �rbitro, constituyen verdaderos actos de autoridad para los efectos del amparo, en tanto que es un ente de derecho p�blico, act�a por voluntad de las partes, pero a nombre del Estado, estableciendo una relaci�n de supra a subordinaci�n con los particulares.

    Al caso merece distinguirse que el origen del arbitraje es un acto consensual de las partes en conflicto ya que, voluntariamente, a trav�s del compromiso arbitral o cl�usula compromisoria, se someten al procedimiento reconocido como oficial en el Reglamento de Procedimientos para la Atenci�n de Quejas de la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico; sin embargo, al dictar el comisionado el laudo y resolver la cuesti�n de fondo debatida entre el usuario del servicio m�dico y el prestador de �ste, ya sea en sentido absolutorio o condenatorio, conforme a esa relaci�n de supra a subordinaci�n, unilateralmente crea, modifica o extingue, por s� o ante s�, de manera imperativa, situaciones jur�dicas que afectan la esfera legal de los sometidos al arbitraje, lo que se cristaliza sin requerir de acudir a los �rganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado, en tanto que esos laudos tienen fuerza de cosa juzgada y traen aparejada ejecuci�n, lo que significa que no requieren de ninguna aprobaci�n judicial que les d� fuerza jur�dica y los convierta en sentencia verdadera de eficacia ejecutiva, pues tales atributos ya los tienen.

    Es pertinente significar que por ser los laudos arbitrales un acto pr�cticamente jurisdiccional con la eficacia de cosa juzgada y fuerza ejecutiva, cualquiera que sea el sentido en que se emitan, es inconcuso que de manera unilateral son susceptibles de crear, modificar o extinguir por s� mismos una situaci�n jur�dica, dado que de ser absolutorios, ya sea por la improcedencia de la prestaci�n cuyo cumplimiento se demand� o por su falta de demostraci�n, determinan que el usuario del servicio m�dico no obtenga lo que pidi� y sufra un menoscabo en su esfera jur�dica, que atento a la irrevocabilidad e inmutabilidad de la decisi�n, no le habr� de ser reparada por la autoridad judicial com�n; esto es, esa afectaci�n a su situaci�n jur�dica se actualiza con total independencia de la autoridad judicial, la que s�lo tiene intervenci�n cuando el laudo es condenatorio y no fue posible lograr su voluntaria ejecuci�n.

    En otras palabras, trat�ndose de laudos absolutorios, sin ninguna intervenci�n de los tribunales judiciales competentes, el comisionado nacional de Arbitraje M�dico, ente de derecho p�blico que tiene su nacimiento en la norma jur�dica y est� dotado al respecto de una facultad administrativa, crea, modifica o extingue una situaci�n jur�dica, sin tampoco requerir del consenso del particular (usuario del servicio m�dico), pues habi�ndose sometido �ste voluntariamente al arbitraje, no puede renunciar a su resultado sino que tiene que soportar la decisi�n del �rgano del Estado.

    La afectaci�n unilateral a la esfera jur�dica de los particulares se advierte con mayor claridad cuando el laudo es condenatorio, pues desde que es notificado al que result� condenado, dada la imperatividad de la decisi�n, �ste tiene la obligaci�n de cumplirla y la afectaci�n a sus derechos se encontrar� firme, con independencia de que de no hacerlo voluntariamente dentro del plazo fijado en la ley, le podr� ser requerido por el interesado por conducto de la autoridad judicial, a elecci�n de este �ltimo, ya sea a trav�s de la v�a de apremio o mediante el juicio ejecutivo, autoridad que no podr� cuestionar lo resuelto en el laudo, pudiendo s�lo verificar su autenticidad y la satisfacci�n de los requisitos legales para considerarlo como laudo arbitral.

    En conclusi�n, los laudos emitidos por el comisionado nacional de Arbitraje M�dico s� son actos de autoridad susceptibles de ser reclamados en la v�a de amparo, determinaci�n que resulta acorde con el derecho de acceso a la administraci�n de justicia por los tribunales previamente establecidos que garantiza el art�culo 17 de la Constituci�n General de la Rep�blica.

    Cabe se�alar que a trav�s de consideraciones similares esta Segunda S. resolvi� el veintiocho de septiembre de dos mil uno, bajo la ponencia del se�or Ministro Jos� V.A.A.�n, la contradicci�n de tesis 76/99-SS, en la que se determin� la procedencia del juicio de amparo contra los laudos dictados por la Procuradur�a Federal del Consumidor.

    En las relatadas condiciones, esta Segunda S. considera que debe prevalecer el criterio que a continuaci�n se precisa, el que de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, debe regir con car�cter de jurisprudencia, quedando redactado con los siguientes rubro y texto:

    COMISI�N NACIONAL DE ARBITRAJE M�DICO. SUS LAUDOS ARBITRALES SON ACTOS DE AUTORIDAD PARAEFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.-Los laudos que emite la C.�n Nacional de Arbitraje M�dico, en su calidad de �rbitro, constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues si bien es cierto que act�a por voluntad de las partes, tambi�n lo es que ejerce facultades decisorias a nombre del Estado y como ente p�blico establece una relaci�n de supra a subordinaci�n con los particulares que se someten voluntariamente al procedimiento arbitral, ya que al dirimir la cuesti�n debatida entre el prestador del servicio m�dico y el usuario de �ste, de manera unilateral e imperativa crea, modifica o extingue, por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afectan la esfera legal de �stos, sin necesidad de acudir a los �rganos judiciales ni de obtener el consenso de la voluntad del afectado.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado y el Tercer Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEGUNDO

No existe contradicci�n de tesis entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito.

TERCERO

Debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia el criterio que en esta resoluci�n se sustenta.

N.�quese; rem�tase de inmediato al Semanario Judicial de la Federaci�n la tesis de jurisprudencia que se sustenta y h�gase del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito de la Rep�blica, para los efectos establecidos en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, y env�ese copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados participantes; en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: M.A.G.�itr�n, S.S.A., J.V.A.A.�n y presidente G.I.O.M.. Ausente el se�or Ministro Juan D�az R. por licencia concedida por el Pleno de este Alto Tribunal.

Fue ponente el M.G.I.O.M..

Nota: El rubro a que se alude al inicio de esta ejecutoria corresponde a la tesis 2a./J. 56/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., noviembre de 2001, p�gina 31.

La tesis de rubro: "CONTRADICCI�N DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA.", citada en esta ejecutoria, aparece publicada con el n�mero 1a./J. 5/2000, en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XI, junio de 2000, p�gina 49.