Ejecutoria num. 2a./J. 2/2000 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26867258

Ejecutoria num. 2a./J. 2/2000 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 2/2000
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2000
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA JURISPRUDENCIA PLENARIA 9/96 OBLIGA AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA CONCESORIA, ASÍ COMO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 14/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL S�PTIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: S.S.A.A.. SECRETARIO: E.F.M.G.P..

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracciones VIII y XI, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el Acuerdo 1/1997, punto tercero, fracci�n V, emitido por el Tribunal Pleno el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, toda vez que la misma se refiere a la aplicabilidad de un criterio ya establecido jurisprudencialmente por el Pleno de este Alto Tribunal en materia com�n, lo que hace innecesaria su intervenci�n y actualiza la hip�tesis a que se refiere el punto tercero, fracci�n V, del Acuerdo 1/1997 referido.

SEGUNDO

La posible contradicci�n de tesis fue denunciada por persona legitimada para ello, de conformidad con lo siguiente:

Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establecen en la parte conducente:

Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos:

Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ... La resoluci�n que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos p�rrafos anteriores, s�lo tendr� el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicci�n.

Ley de Amparo:

Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as.-La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.-La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.

Los preceptos antes reproducidos establecen los lineamientos para la integraci�n de la jurisprudencia por el sistema de unificaci�n, a trav�s de la resoluci�n de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Tanto el art�culo 107, fracci�n XIII, del C�digo Pol�tico, como el 197-A de la Ley de Amparo, establecen que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el procurador general de la Rep�blica, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes o los Magistrados que los integran o las partes que intervinieron en los asuntos en que tales tesis contradictorias hubieran sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n la contradicci�n de criterios. Como se advierte, la enumeraci�n de los �rganos, servidores p�blicos o personas que pueden denunciar la contradicci�n es limitativa y se reduce a los supuestos anteriormente se�alados.

En el presente caso, la contradicci�n de tesis es denunciada por parte leg�tima, al haberse formulado por la parte quejosa en el juicio de amparo en revisi�n n�mero 1041/98, tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, ejecutoria que contiene uno de los criterios que se estiman contradictorios.

TERCERO

A efecto de establecer si existe o no la contradicci�n de tesis denunciada, resulta procedente transcribir las consideraciones contenidas en las ejecutorias que contienen las tesis cuya contradicci�n se denuncia.

En el amparo en revisi�n n�mero 1041/98, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito consider�, en lo que interesa, lo siguiente:

SEGUNDO.-La sentencia impugnada fue notificada a la tercera perjudicada M.�a M.C.I. el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, y a la parte quejosa hoy tambi�n recurrente el uno de septiembre del mismo a�o y los escritos de revisi�n se presentaron el once y diecisiete del mismo mes y a�o, respectivamente, de donde se concluye que fueron interpuestos en tiempo.-TERCERO.-El J. de Distrito fund� la sentencia recurrida en las consideraciones siguientes: ?SEGUNDO.-Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, ya que as� lo manifiestan en su informe justificado, remitiendo el J. responsable diversas constancias certificadas como apoyo de su informe y justificaci�n de sus actos.-TERCERO.-Los conceptos de violaci�n expresados por los quejosos en torno de que los actos reclamados son violatorios de garant�as en su perjuicio, porque no fueron emplazados legalmente al juicio ordinario civil del que provienen los actos reclamados, lo que les impidi� ser o�dos y vencidos en el procedimiento, resultan fundados.-En efecto, los quejosos sostienen que son propietarios del inmueble con superficie de un mil doscientos setenta y seis metros cuadrados, ubicado en la esquina formada por las calles A. y L.B., zona centro, de P�nuco, Veracruz, conocido como �Antiguo Cuartel�, y exhibieron al efecto copia certificada del tercer testimonio de la escritura p�blica n�mero doscientos sesenta y cinco mil trescientos treinta y seis, relativa a la protocolizaci�n y adjudicaci�n a t�tulo de herencia, de bienes de la sucesi�n testamentaria de la finada L.I.M.E. de A. con la que acreditan tal derecho; que el inmueble se encuentra inscrito a su nombre en el Registro P�blico de la Propiedad; reclaman el emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ordinario civil n�mero 293/97, (sic) prescripci�n positiva, seguido en su contra por M.�a M.C.I., que culmin� con la sentencia definitiva donde se considera que oper� en favor de la actora la prescripci�n positiva, deja sin efecto los derechos de propiedad de los demandados sobre el referido inmueble, condena al encargado del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, a la cancelaci�n parcial de las inscripciones respectivas a favor de los demandados, as� como la inscripci�n de ese fallo para que le sirva a la actora como t�tulo supletorio de dominio.-Aducen los quejosos que el emplazamiento es ilegal, ya que es un contrasentido que la actora haya reclamado el bien inmueble referido, sobre la base de que tiene la posesi�n f�sica y material de ese predio y al mismo tiempo, haya se�alado como domicilio de los demandados el mismo bien inmueble materia de la prescripci�n, por lo que el J. natural no debi� ordenar emplazarlos en ese lugar, de donde resulta ilegal el referido emplazamiento, pues el �actuario� no pudo haberse cerciorado que los demandados tienen su domicilio en el bien inmueble materia de la prescripci�n, dado que la actora en el juicio de origen aduce que tiene la posesi�n f�sica y material del mismo, m�xime que el inmueble se encuentra desocupado.-Ahora bien, de las constancias remitidas por el J. Mixto de Primera Instancia de P�nuco, Veracruz, en apoyo de su informe justificado, relativas al juicio ordinario civil n�mero 293/997, promovido por M.�a M.C.I., contra L.M.E. de A. y otros, sobre prescripci�n positiva se advierte la diligencia de emplazamiento, que dice: �En la ciudad de P�nuco, Veracruz, siendo las 11:55 horas del d�a diecisiete del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete el suscrito, ciudadano licenciado O.H.�ndez G., secretario de acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distrito Judicial en uni�n del L.. R.F.R., como abogado patrono de la parte actora, con las formalidades de ley, nos constituimos en el domicilio ubicado en calle A. esquina con calle L.B., zona centro de esta ciudad y cerciorado de que es el domicilio, por as� manifest�rmelo la C.M.V. quien se encuentra en este domicilio requiere la presencia de los CC. A. ��igo, C.F., (sic) S.M., J.D., L.E., Z.L. y G.A.M. y L.M. de A., por lo que procedo a darle lectura al auto de fecha diecis�is de octubre del a�o en curso, corri�ndole traslado con la copia simple de la demanda, emplaz�ndole para que conteste la demanda dentro del t�rmino de nueve d�as, apercibi�ndole que en caso de no hacerlo se le tendr� por confeso de los hechos de la demanda o de los que callare y por acusada su rebeld�a, asimismo, le hago saber que en el t�rmino concedido deber� se�alar domicilio en esta ciudad, d�nde o�r y recibir notificaciones, apercibi�ndole que en caso de no hacerlo, las mismas, aun las de car�cter personal, se le har�n por los estrados del juzgado, dej�ndole instructivo de notificaci�n del auto que se notifica y enterada dijo: Que lo oye, recibe la copia simple de la demanda as� como el instructivo de notificaci�n y que no firma por no estar autorizada para ello. Con lo que se da por terminada la presente, firmando al calce los que en ella intervinieron. Doy fe.�. De lo supratranscrito se advierte que el diligenciario realmente no asent� elementos aptos y suficientes para el requisito previo de cercioramiento, respecto de si los demandados viv�an en el domicilio se�alado para la pr�ctica de la diligencia del emplazamiento, para as� estimar satisfecha la exigencia consignada en el art�culo 76 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, consistente en que la persona que practique la primera notificaci�n debe cerciorarse que en el lugar en que pretende llevar a cabo la misma, vive el demandado, pues dicho precepto legal, en lo conducente establece: � ...no encontr�ndose al que deba ser notificado o si est� cerrada la casa, despu�s de cerciorarse el notificador de que ah� vive, se le dejar� instructivo ...�, sin que sea obst�culo a lo anterior, que el diligenciario en el acta de emplazamiento haya asentado �... nos constituimos en el domicilio ...� ubicado en calle A. esquina con calle L.B., zona centro de esta ciudad, y cerciorado de que es el domicilio, por as� manifest�rmelo la C.M.V. quien se encuentra en este domicilio, pues es claro que con ello no se satisface la exigencia contenida en el numeral 76 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, ya que no se puede aceptar que el diligenciario se haya cerciorado de que los demandados viv�an en el lugar se�alado por la actora en la demanda por la sola manifestaci�n de quien dijo llamarse M.V., a quien, seg�n se dice se encontr� en el domicilio, pues no se expresa c�mo se cercior� el diligenciario, por s�, de que se constitu�a en el lugar correcto, m�xime si se considera que la propia actora, en los hechos de la demanda original manifest� que tiene la posesi�n f�sica y material de ese inmueble, pues si ella asever� tener la posesi�n material del inmueble, es il�gico se�alar que los demandados viv�an en el mismo domicilio. Aunado a lo anterior, con la testimonial ofrecida por los quejosos rendida por Ra�l P.S. y J.L.G.�a M., demuestran que no tienen su domicilio en el lugar se�alado por la actora, pues los testigos, quienes al contestar las preguntas tres, cuatro y cinco directas, fueron contestes al manifestar que los quejosos tienen su domicilio y viven en lugares diversos al en que se ubica el inmueble materia de la controversia, y que en dicho lugar no vive nadie ni ha vivido nadie, testimonios que fueron rendidos de acuerdo a lo establecido por el art�culo 215 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, ya que sus emitentes convienen en lo esencial, del acto que refirieron, los hechos que narraron los conocieron por s� mismos, es decir, por medio de sus sentidos y no por inducciones ni por referencias de otros, sus declaraciones son claras y precisas y no aparece prueba alguna en el expediente de la que se advierta que hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por enga�o, error o soborno y dieron fundada raz�n de su dicho. Adem�s consta en autos el primer testimonio de la escritura n�mero veintisiete mil cuatrocientos noventa y siete, pasada ante la fe del notario p�blico n�mero diecisiete del Distrito Federal, relativa a la informaci�n testimonial aclaratoria de domicilio de los solicitantes de amparo, asistidos de sus testigos P.C.S.C., F.T.G.D.�nguez y Ra�l Q.O., en donde se asienta que S.M. �ngel (sic) y A.�.A.M. tienen su domicilio en calle N.�yotl, n�mero setenta y nueve, colonia Centro, en M�xico, Distrito Federal; X.D. tiene su domicilio en Campos El�seos n�mero uno, primer piso, colonia P., M�xico, Distrito Federal; Z.L., L.E., C.F. (sic) y G.M.A.M., tienen su domicilio en calle de R.�n del Bosque, n�mero sesenta y tres, en los pisos noveno, octavo, d�cimo y octavo respectivamente, colonia R.�n del Bosque, M�xico, Distrito Federal, testimonio que, si bien fue objetado por la tercero perjudicado, merece valor indiciario al adminicularse con otros documentos exhibidos consistentes en los estados de cuenta de las tarjetas de cr�dito Inverlat a nombre de S.M., X.D., Z.L.; estado de cuenta de cheques moneda nacional B. a nombre de L.E.; estado de cuenta de socios de Jockey Club Mexicano a nombre de C.F. y estado de cuenta a nombre de A.�., del Club de Banqueros de M�xico, todos de apellidos A.M., as� como copia certificada del estado de cuenta B. a nombre de L., y estado de cuenta Inverlat a nombre de Z.L. de apellidos A.M., de los que se advierte que tienen un domicilio distinto al lugar donde se les emplaz� al juicio ordinario civil de origen.-Por lo que, en la especie, se arriba a la convicci�n de que en el caso particular no se satisface la exigencia contenida en el numeral 76 del c�digo adjetivo civil para el Estado, por cuanto al cercioramiento de que en el aludido domicilio vivieran los demandados, pues tal cercioramiento debe considerarse como esencial en toda notificaci�n, ya que su objeto es el de que tenga la certeza de que se lleg� al conocimiento de esa parte, el llamamiento a juicio, que a trav�s de dicha diligencia se efect�a; consecuentemente debe decirse que la diligencia de emplazamiento reclamada se practic� en contravenci�n a las formalidades consignadas en el art�culo 76 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, lo que hace que el emplazamiento al juicio natural sea ilegal y por ende violatorio de las garant�as de legalidad y audiencia contenidas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal.-Conclusi�n que debe hacerse extensiva a las diversas actuaciones habidas en el juicio natural, con posterioridad a ese ilegal emplazamiento pues no constituyen sino consecuencia de un acto violatorio de garant�as. Es aplicable al caso la jurisprudencia 248, consultable en la p�gina ciento sesenta y nueve, Tomo IV, Materia Civil, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, cuyo rubro es: �EMPLAZAMIENTO. FALTA DE.�, as� como la jurisprudencia 251, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en las p�ginas de la ciento sesenta y ocho a la ciento setenta, T.V., Materia Com�n, del Ap�ndice antes citado, cuyo rubro es: �EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRA�A AL JUICIO POR EQUIPARACI�N.�. En tales condiciones, es procedente conceder a los quejosos el amparo y protecci�n que solicitan, para el efecto de que el J. Mixto de Primera Instancia de P�nuco, Veracruz, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil n�mero 293/997, promovido por M.�a M.C.I. y sus consecuencias a partir del emplazamiento, �nica y exclusivamente por lo que a tales quejosos corresponde.-Vista la conclusi�n a que se arrib�, la protecci�n de la Justicia Federal se debe hacer extensiva por lo que hace a los actos de ejecuci�n reclamados del encargado del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio de P�nuco, Veracruz, al no constituir sino frutos de un acto inconstitucional.?.-CUARTO.-M.�a M.C.I., en su car�cter de tercera perjudicada, se�ala como agravios los siguientes: ?1. El veredicto por esta v�a impugnado (sic) es violatorio de los art�culos 77 y 78 de la Ley de Amparo, al resultar incongruente con las constancias de autos.-En efecto, de las constancias que por v�a de informe justificado, remiti� la autoridad responsable ordenadora, claramente se advierte que la diligencia que con fecha 17 de octubre del a�o pr�ximo pasado, llevada a cabo por el secretario de acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de P�nuco, Veracruz, cumpli� cabalmente con lo preceptuado por el art�culo 76 del C�digo de Procedimientos Civiles y resulta inexacta la aseveraci�n del J. a quo de que dicha diligencia no contiene elementos aptos y suficientes para lograr el cercioramiento de que los demandados viven en el domicilio se�alado para la pr�ctica de la diligencia de emplazamiento.-Resulta il�gico el criterio que en el sentido referido sostiene el juzgador de primer grado, habida cuenta que, el art�culo 76 del invocado ordenamiento solamente requiere un cercioramiento del notificador de que en el domicilio en donde lleva a cabo la diligencia, viven los demandados y tal exigencia se colma en el presente caso, con el dicho de la persona llamada M.V., quien en el momento de la diligencia que se impugna, manifest� que los demandados ah� tienen su domicilio. El J. a quo, contrario a la interpretaci�n l�gica y jur�dica del citado numeral 76 del cuerpo de leyes invocado, adiciona requisitos que no contempla expresamente dicha disposici�n, por lo que, a juicio del suscrito, la conclusi�n a que lleg� de que tal diligencia no cumple con los particulares del citado numeral, es contraria al invocado canon. El diligenciario se cercior� por s� de que el domicilio en donde realizaba la diligencia es el de los demandados, precisamente por el dicho de la persona que precisamente (sic) en dicho lugar se encontraba. Por lo que resulta err�nea la aseveraci�n del juzgador de primer grado, de que tal diligencia es contraria al multicitado art�culo 76.-Tambi�n resulta il�gico que el juzgador a quo, se�ale que, precisamente el domicilio de los demandados sea el mismo exactamente que el ubicado en el inmueble prescrito, porquesi bien es cierto que as� se se�al�, no es menos cierto que, la diligencia se�alada pudo llevarse a cabo en un anexo al sitio por prescribir en virtud de que, no existe prueba contundente que indique que el emplazamiento se llev� a efecto en el mismo lugar y en el inmueble, que prescribi� la tercera perjudicada en este juicio, porque de haber sido as� �c�mo se explica que la C.M.V. se haya encontrado en un inmueble desocupado? La presencia de dicha persona en el domicilio en donde se verific� el emplazamiento, pone de relieve que, dicha diligencia se verific� con las formalidades que para su realizaci�n se�ala el art�culo 76 multicitado.-Respecto a la valorizaci�n de las declaraciones de los testigos Ra�l P.S. y J.L.G.�a M. es incierto que hayan sido contestes y uniformes en sus declaraciones y que hayan dado fundada raz�n de su dicho. Veamos en primer t�rmino lo declarado por el primero de los citados testigos: Si lo declarado en las preguntas tres, cuatro y cinco directas, al testigo le consta porque toda su vida ha vivido en P�nuco y que ah� naci� y que ese lugar ha estado vac�o y que ha sido siempre de los A., obvio es que, dicha raz�n de su dicho resulta insuficiente para fundar lo atestado porque el hecho y la circunstancia de que una persona haya vivido toda su vida en P�nuco y que ah� haya nacido, no implica necesariamente que conozca las circunstancias y los particulares de su declaraci�n; si lo anterior es as�, es obvio que dicho testimonio se encuentra en desacuerdo con el numeral 215 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles y carece de importancia que los testigos hayan coincidido en lo esencial en sus respectivos atestados, si de la raz�n de sus respectivos dichos, no crea convicci�n de que conocen lo declarado por s�, y que resultan ajenos (sic) a que hayan sido inducidos por alg�n inter�s. El testigo J.L.G.�a M., da como raz�n de su dicho el que: �porque yo tengo m�s de diez a�os laborando en P�nuco, por medio de mi trabajo conozco lo que es gran parte de la poblaci�n de la ciudad y eso me ayuda a identificar y conocer a la gente, ya que el trato que tengo la mayor parte es hacia el p�blico en general�. Resulta realmente infundada la raz�n del dicho del referido testigo porque, el que tenga diez a�os de trabajar en P�nuco y que por medio de su trabajo conozca a gran parte de la poblaci�n de la ciudad y que eso le ayude a identificar y conocer a la gente, no implica que conozca por ciencia propia lo declarado en el cuestionario que se le present�, porque lo declarado se circunscribi� a personas concretamente identificadas y no al p�blico en general y no existe una clara vinculaci�n entre el supuesto trabajo que dicho testigo desempe�a con el conocimiento que particularmente tenga de los quejosos en este juicio de amparo, siendo as� esta situaci�n, es claro que este testigo debe descalificarse al igual que el anterior por no estar conforme con el art�culo 215 de la ley federal de enjuiciamiento civil (sic) lo que l�gicamente supone, la inducci�n del (sic) que fueron objeto, dichos testigos. Si a lo anterior aunamos que a la pregunta n�mero tres, el testigo mencion� que: �tiene conocimiento que ellos viven actualmente en la Ciudad de M�xico, en la colonia P., calle Campos El�seos.�. De esta respuesta y la raz�n de su dicho, deriva que el testigo J.L.G.�a M., no es digno de fe, por las consideraciones expuestas y que al testigo no le consta lo declarado por ciencia propia. Por lo antes expuesto y muy contrariamente a lo aseverado por el J. a quo, los testigos mencionados no son dignos de fe, por lo tanto, deben descalificarse sus respectivos atestados.-Los instrumentos exhibidos por los quejosos y por el que pretenden acreditar su domicilio, por ser declaraciones unilaterales, sin la intervenci�n de mi representada por lo que de modo alguno le puede parar perjuicio, dado que dicha informaci�n fue realizada ante funcionario incompetente legalmente para recibir dicha informaci�n con efectos jur�dicos perjudiciales para mi representada por no haberse recibido con las formalidades de ley, as� como los dem�s documentos como son estados de cuenta bancarios, tarjetas de cr�dito, son documentos impropios para acreditar el domicilio de los quejosos quienes obviamente no exhibieron su credencial para votar con fotograf�a, porque resulta inveros�mil que dichos quejosos carecen de dicho documento que resulta contundente para justificar el domicilio de cada uno de ellos. Esa informaci�n testimonial ante notario, estados de cuenta bancarios y constancias de tarjetas de cr�dito, no tienen ni valor de indicio porque fueron oportunamente objetadas por parte interesada, por lo que carecen de valor probatorio. Si de lo declarado por los testigos se advierte que carecen de fe y cr�dito sus atestados, si los documentos exhibidos por los quejosos, por ser de elaboraci�n unilateral sin la participaci�n de mi representada, es obvio que tales documentos carecen de valor probatorio y si a lo anterior aunamos que el funcionario que practic� el emplazamiento se cercior� de que en el lugar donde llev� a cabo dicha diligencia, viven los ahora quejosos por el dicho de la C.M.V., ante la ausencia de pruebas contundentes que justifiquen que los quejosos tienen su domicilio en lugar diferente o viven en distinto lugar al que en donde se llev� a cabo la diligencia por ellos impugnada, huelga (sic) decir que, carecen de raz�n para atacar la referida diligencia y como �sta se verific� con estricto apego y conforme a los lineamientos del numeral que rige su realizaci�n, la sentencia definitiva por esta v�a impugnada y combatida, debe revocarse para emitir en su lugar, la que conforme a derecho debe prevalecer, que la Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a los quejosos.?.-QUINTO.-La parte quejosa expresa como agravios los siguientes: ?1. Reconoce usted que el emplazamiento a los demandados en el juicio del que provienen los actos reclamados se llev� a cabo en forma irregular y por ello determina conceder a mis autorizantes el amparo y protecci�n de la Justicia Federal.-Ahora bien, en el juicio natural fueron demandados tanto los quejosos A. ��igo, C.F., S.M., X.D., L.E., Z.L. y G., todos de apellidos A.M., as� como la se�ora L.M. de A..-Todos fueron emplazados en la misma diligencia cuya inconstitucionalidad ha sido declarada.-En el curso del amparo, se justific� que la se�ora L.M. de A., falleci� antes de que se realizara el emplazamiento reclamado.-Y no obstante lo anterior, su se�or�a otorga el amparo a la parte que represento precisando: �Para el efecto de que el J. Mixto de Primera Instancia de P�nuco, Veracruz, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio civil No. 293/97, promovido por M.C.I. y sus consecuencias a partir del emplazamiento, �nica y exclusivamente por lo que a tales quejosos corresponde.�. O sea, no extiende los efectos de la protecci�n constitucional a la se�ora L.M. de A., en

virtud de que el amparo no lo promovi� el albacea o albaceas de su sucesi�n.-No estoy conforme con esa conclusi�n, porque pasa usted por alto la jurisprudencia que se invoca en el amparo en revisi�n No. 1018/97, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, que dice: �SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE �STOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.�, (jurisprudencia No. J. 9/96, consultable a fojas 78, T.I., del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, febrero de 1996).-En consecuencia, los efectos de la sentencia amparadora deben extenderse al emplazamiento hecho tambi�n en forma irregular a la finada L.M. de A..-Y esto es as�, porque precisamente existe litisconsorcio pasivo necesario entre ella y los dem�s quejosos en este amparo.-Resultar�a imposible jur�dicamente hablando, que prevalezca el emplazamiento respecto a dicha finada y que se declare insubsistente la diligencia por cuanto hace a los dem�s codemandados, si todos fueron emplazados mediante una misma acta y por el mismo funcionario.-Al no apreciarlo as� su Se�or�a, viol� en perjuicio de la parte que represento los art�culos 78 y 183 de la Ley de Amparo, en virtud de que no apreci� el acto reclamado tal y como aparece probado, ni acat� la jurisprudencia invocada por su superior jer�rquico el H. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, misma que le acompa�� en copia certificada en la audiencia de derecho.?.-SEXTO.-Los agravios que expresa la tercera perjudicada M.�a M.C.I. son infundados.-La recurrente aduce, en s�ntesis, que el J. de Distrito consider� inexactamente que la diligencia de emplazamiento no re�ne los requisitos del art�culo 76 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, porque no contiene elementos suficientes para determinar que la persona que efectu� la aludida diligencia, se hubiera cerciorado que los demandados viven en el domicilio que se se�al� para tal efecto, siendo que esa exigencia se cumpli� con el dicho de M.V., quien precis� que los demandados ah� tienen su domicilio; que es il�gico que determine que es ilegal porque se�al� para efectuar el emplazamiento el mismo sitio donde se ubica el inmueble en litigio, toda vez que si bien esto es cierto, tambi�n lo es que la diligencia pudo llevarse a cabo en un anexo al sitio ?por prescribir?, en virtud de que no existe prueba que indique que se realiz� en el mismo inmueble, ya que no se podr�a explicar el hecho de que en esa casa se encontrara a M.V., por lo que su presencia en el lugar pone de manifiesto que el referido emplazamiento se verific� con las formalidades de ley.-No asiste raz�n a la recurrente. En efecto, de las constancias de autos se advierte que por escrito presentado ante el J. Mixto de Primera Instancia de P�nuco, Veracruz, M.�a M.C.I., en la v�a ordinaria civil demand� de ?L.M. de A. con domicilio en la calle A. esquina L.B., zona centro de esta ciudad de P�nuco, Veracruz, y a sus coherederos A. ��igo, C.F., S.M., X.D., L.E., Z.L. y G.M., todos de apellidos A.M. con el mismo domicilio en esta ciudad? y al encargado del Registro P�blico de la Propiedad de P�nuco Veracruz, las siguientes prestaciones: a) Del primer demandado y de sus coherederos la prescripci�n positiva de dominio, que opera en mi favor de la fracci�n conocida como el cuartel ubicado en la esquina que forman las calles de A. con L.B., zona centro de esta ciudad, cuyas medidas y colindancias precisar� m�s adelante.-b) Del �ltimo de los se�alados, la cancelaci�n parcial de la inscripci�n No. 190 de fecha 27 de diciembre de 1958 y la No. 678 de fecha 15 de julio de 1996, bajo las cuales qued� inscrito el predio cuya prescripci�n demando.-c) En caso de que exista oposici�n de los demandados, el pago de los gastos y costas que el presente juicio origine.? (fojas ciento treinta a ciento treinta y tres).-Por auto de diecis�is de octubre de mil novecientos noventa y siete, se radic� el ocurso de que se trata y se orden�, entre otras cosas, el emplazamiento a juicio de la parte demandada para que dentro del t�rmino de nueve d�as contestara la demanda instaurada en su contra, con apercibimiento que de no hacerlo se le tendr�a por confesa f�ctamente y se le requiriera para que se�alara domicilio en donde o�r y recibir notificaciones y de no cumplir con ello se le har�an por lista de acuerdos (foja ciento treinta y nueve).-En cumplimiento a dicho prove�do, el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y siete, el secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de P�nuco, Veracruz, llev� a cabo la diligencia de emplazamiento, misma que el J. de Distrito transcribi� �ntegramente en la sentencia recurrida, la que qued� precisada en el considerando tercero del presente fallo constitucional.-Ahora bien, los art�culos 76, 81 y 212 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado dicen: ?76. La primera notificaci�n se har� personalmente al interesado o interesados por el J., secretario, actuario, conserje o persona designada, y no encontr�ndose al que deba ser notificado o si est� cerrada la casa, despu�s de cerciorarse el notificador de que ah� vive, se le dejar� instructivo en el que se har�n constar el nombre y apellido del promovente, el J. o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinaci�n que se manda notificar, la fecha y la hora en que se deja y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. En los casos de emplazamiento, se dejar�n tambi�n las copias simples correspondientes. La notificaci�n se entender� con la persona que se halle en la casa y si se negare a intervenir o est� cerrada esta �ltima, con el vecino m�s inmediato o con el gendarme de punto.?; ?81. Se notificar�n personalmente los emplazamientos para contestar una demanda, para posiciones o reconocimiento de firmas y documentos, libros o papeles y cuando se haga saber el env�o de los autos a otro tribunal, as� como cuando en el juicio se haya dejado de actuar por m�s de noventa d�as naturales.?, y ?212. Los efectos del emplazamiento son: I. Prevenir el juicio en favor del J. que lo hace; II. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el J. que lo emplaz� siendo competente al tiempo de la notificaci�n, aunque despu�s deje de serlo con relaci�n al demandado, porque �ste cambie de domicilio, o por otro motivo legal; III. Obligar al demandado a contestar ante el J. que lo emplaz�, salvo siempre el derecho de provocar la incompetencia; IV. Producir todas las consecuencias de la interpelaci�n judicial, si por otros medios no se hubiere constituido ya en mora el obligado; V.O. el inter�s legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de r�ditos.?.-De la transcripci�n de dichos preceptos legales se colige que, contrariamente a lo que alega la recurrente, la ley adjetiva civil del Estado establece en forma clara las formalidades que se deben observar para llevar a cabo un emplazamiento como el que constituye el acto reclamado, ya que esos numerales imponen al notificador la obligaci�n de cumplir con los requisitos siguientes: cerciorarse de que en el lugar en que pretende llevar a cabo la diligencia viven los demandados; si a la primera busca no se encontrare a las personas interesadas, el emplazamiento se entender� con la persona que se halle en el domicilio, y si se negare a intervenir o est� cerrado este �ltimo, con el vecino m�s inmediato o con el gendarme de punto; al ser emplazado a juicio debe correrse traslado con las copias simples de la demanda y documentos base de la acci�n y adem�s, cuando no se entiende con el demandado, dejarle instructivo en el que se har� constar el nombre y apellido del promovente, el J. o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinaci�n que se manda notificar, la fecha y la hora en que se deja el instructivo y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega; formalidades �stas que tienen como finalidad que el demandado tenga pleno conocimiento de saber qui�n y qu� le demanda, as� como qu� tribunal orden� su emplazamiento.-En consecuencia, es evidente que la diligencia de emplazamiento reclamada no est� apegada a derecho, en virtud de que no se observa del auto de radicaci�n o en alg�n otro, que se haya indicado el domicilio correcto en el que se deb�a realizar la diligencia de emplazamiento, pues en dicho auto s�lo se indic� que el domicilio donde se tendr�a que efectuar el llamamiento a juicio de todos los demandados era ?... en la calle de A. esquina con L.B., zona centro? de la ciudad de P�nuco, Veracruz, sin determinar en qu� casa ni el n�mero preciso donde se efectuar�a la diligencia de emplazamiento, ya que esa direcci�n es indeterminada por constituir un cruce de calle (foja ciento treinta y nueve); y no obstante ello, el secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de P�nuco, Veracruz, el diecisiete de octubre del a�o pr�ximo pasado, procedi� a emplazar a la parte demandada, desprendi�ndose del acta correspondiente que no se cercior� de que la direcci�n en la que se orden� el emplazamiento correspondiera al domicilio de los demandados, qu� tipo de inmueble es, menos se�al� que se hubiera percatado por medio de la nomenclatura existente o de los sentidos de que en el domicilio donde aduce que se constituy� para practicar el emplazamiento, tienen su residencia habitual los demandados y que ah� viven, ya que al respecto se concret� a asentar: ?... secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distrito Judicial, en uni�n del C.L.. R.F.R., como abogado patrono de la parte actora, con las formalidades de ley, nos constituimos en el domicilio ubicado en calle A. esquina con calle L.B., zona centro de esta ciudad y cerciorado de que es domicilio por as� manifest�rmelo la C.M.V. quien se encuentra en este domicilio requiere (sic) la presencia de los CC. A. ��igo, C.F., S.M., J.D., L.E., Z.L. y G.A.M. y L.M. de A., por lo que procedo a darle lectura al auto de fecha diecis�is de octubre del a�o en curso, corri�ndole traslado con la copia simple de la demanda, emplaz�ndole para que conteste la demanda dentro del t�rmino de nueve d�as, apercibi�ndole que en caso de no hacerlo se le tendr� por confeso de los hechos de la demanda o de los que callare y por acusada su rebeld�a, asimismo le hago saber que en el t�rmino concedido deber� se�alar domicilio en esta ciudad, donde o�r y recibir notificaciones apercibi�ndole que en caso de no hacerlo, las mismas, aun las de car�cter personal, se les har�n por los estrados del juzgado, dej�ndole instructivo de notificaci�n del auto que se notifica y enterada dijo: Que lo oye, recibe la copia simple de la demanda as� como el instructivo de notificaci�n y que no firma por no estar autorizada para ello ...? (foja ciento cuarenta y dos); manifestaci�n que contrariamente a lo que arguye la recurrente como agravios, de ninguna manera resulta suficiente para tener por satisfechas las exigencias del art�culo 76 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el cual establece como requisito para que la primera notificaci�n sea correcta, que la persona encargada de hacerla debe corroborar y cerciorarse que el domicilio donde se constituye sea el correcto procediendo a requerir la presencia de los demandados directamente y no encontrando a las personas que deben ser notificadas o si est� cerrada la casa despu�s de cerciorarse el notificador de que ?ah� viven?, se le dejar� instructivo de notificaci�n en el que debe constar el nombre y apellido del promovente, el J. o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinaci�n que se manda notificar, la fecha y hora que se deja el instructivo y el nombre y apellido de la persona a quien se entreg�.-En esas condiciones, es evidente que como bien lo determin� el J. de Distrito, la diligencia de emplazamiento es ilegal, ya que no se efectu� conforme lo establece el art�culo 76 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, porque de ella se desprende que el secretario del Juzgado Mixto de Primera Instancia de P�nuco, Veracruz, entendi� la diligencia en un domicilio impreciso, ya que no se especific� el n�mero de la casa ni la acera del cruce de las calles de A. y B., zona centro, de P�nuco, Veracruz, menos que al constituirse en el sitio donde efectu� la diligencia, el secretario encargado de emplazar a la parte demandada precisara los datos relevantes que identificaran que en elinmueble donde se llev� a cabo la diligencia vivieran los demandados, ni asent� en la raz�n respectiva que por no estar presente en ese momento la parte demandada, entendi� la diligencia con la persona que encontr� en ese momento, ni indic� la relaci�n que ten�a la citada M.V. con los demandados, para que a trav�s de ella tuvieran pleno conocimiento de la instauraci�n del juicio entablado en su contra, por eso, es evidente que la diligencia de emplazamiento reclamada, al no estar ajustada a derecho, es violatoria de las garant�as individuales en perjuicio de los quejosos, pues adem�s se ignora cu�l es el domicilio donde se efectu� el llamamiento a juicio, dado que se se�al� como domicilio para que fueran emplazados los demandados, el ubicado en calle A. esquina con calle L.B., zona centro, de la ciudad de P�nuco, Veracruz, sitio en el cual se aduce que se constituy� el secretario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de P�nuco, Veracruz, y efect�o el llamamiento a juicio de la parte demandada, con M.V., lo cual pone de manifiesto que es el mismo lugar que la actora del juicio natural precis� que ten�a en posesi�n f�sica y material, ya que en el cap�tulo de hechos del escrito inicial de demanda, en el punto n�mero uno, asent� ?desde el mes de octubre de 1974, la suscrita entr� en posesi�n f�sica y material de la fracci�n de este lote denominado �El Cuartel�, ubicado en las calles de A. con L.B., zona centro de esta ciudad, en una superficie de 1276 m�. La citada posesi�n la adquir� mediante cesi�n de derechos que me hiciera en forma verbal la se�ora L.M. de A.? (foja ciento treinta), lo cual pone de relieve, a�n m�s, que la aludida diligencia de emplazamiento reclamada es ilegal, porque no es cre�ble que la tercero perjudicada tuviera la posesi�n del inmueble controvertido desde mil novecientos setenta y cuatro y que en el mismo bien vivieran todos y cada uno de los demandados incluyendo a L.I.M.E. de A., la cual falleci� el uno de septiembre de mil novecientos noventa, seg�n qued� demostrado con el acta de defunci�n n�mero veintitr�s mil ciento cincuenta, expedida por el J. Treinta y Ocho del Registro Civil del Distrito Federal (foja veintitr�s), lo que evidencia que la diligencia de emplazamiento carece de las formalidades esenciales que establece el art�culo 76 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado. Tienen aplicaci�n al caso, las jurisprudencias n�meros doscientos cuarenta y siete y doscientos cuarenta y ocho, visibles en las p�ginas ciento sesenta y ocho y ciento sesenta y nueve, Tomo IV, Materia Civil, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que dicen: ?EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN P�BLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO.-La falta de emplazamiento o su verificaci�n en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violaci�n procesal de mayor magnitud y de car�cter m�s grave, puesto que da origen a la omisi�n de las dem�s formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; adem�s, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepci�n o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violaci�n procesal ha permitido la consagraci�n del criterio de que el emplazamiento es de orden p�blico y que los Jueces est�n obligados a investigar de oficio si se efectu� o no, y si en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia.? y ?EMPLAZAMIENTO, FALTA DE.-La falta de emplazamiento legal vicia el procedimiento y viola en perjuicio del demandado, las garant�as de los art�culos 14 y 16 constitucionales.?.-Asimismo, tambi�n es inexacto que la aludida diligencia se hubiera verificado en alg�n anexo al inmueble en cuesti�n, pues como la propia recurrente lo aduce, no existe prueba que indique cu�l fue el lugar donde se realiz� el emplazamiento impugnado, ni se cercior� el secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de P�nuco, Veracruz, que en el sitio donde se llev� a cabo el llamamiento a juicio viven los demandados.-Por otra parte, la recurrente plantea que el J. de Distrito valor� incorrectamente la prueba testimonial que ofreci� la parte quejosa, ya que el primero de los testigos precis� que le constan los hechos porque naci� y ha vivido en P�nuco, Veracruz, y que el inmueble materia de la litis natural siempre ha sido de los ?A.?, pues ello es insuficiente para determinar que conoce las circunstancias y los particulares de su declaraci�n y por lo que se refiere a J.L.G.�a M. alega que no por el hecho de que tenga diez a�os trabajando en esa ciudad y que por medio de su trabajo conozca e identifique a la gente, implica que conozca a ciencia cierta lo declarado, porque su testimonio se circunscribi� a personas concretamente identificadas, por lo que no existe una clara vinculaci�n entre el supuesto trabajo con el conocimiento particular que tenga de los quejosos; que este testigo al contestar la pregunta n�mero tres respondi� que los promoventes del amparo viven actualmente en la colonia P., calle Campos El�seos, por lo que esa raz�n de su dicho y lo declarado no es digno de fe ni cumple esa probanza con lo establecido en el art�culo 215 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, ya que carece de importancia que los testigos hayan coincidido en lo esencial, si la raz�n de sus respectivos dichos, no crea convicci�n de que conozcan lo declarado por s� mismos, por lo que probablemente fueron inducidos por alg�n inter�s.-No asiste raz�n a la tercero perjudicada para alegar lo que antecede, pues de la citada prueba testimonial que se desahog� en la audiencia constitucional a cargo de Ra�l P.S. y J.L.G.�a M., se desprende que �stos fueron contestes en sus declaraciones y dieron raz�n fundada de su dicho, dado que al contestar las preguntas tres, cuatro, cinco, seis y siete directas consistentes en: ?3. Que diga el testigo cu�l es el domicilio de las personas antes mencionadas.-4. Dir� el testigo en qu� lugar viv�an las personas antes mencionadas el d�a 17 de octubre de 1997.-5. Dir� el testigo qu� personas viven en el edificio conocido con el nombre de �Antiguo Cuartel�, que se localiza en la esquina que forman las calles A. y L.B. de la zona centro de P�nuco, Veracruz.-6. Dir� el testigo qu� personas viv�an en el edificio a que se refiere la pregunta anterior el 17 de octubre de 1997.-7. Dir� el testigo la raz�n de su dicho.? (foja ciento siete), el testigo citado en primer t�rmino dijo: ?A la tercera. Que s�, que unos viven en R.�n del Bosque y otros en Campos El�seos en la Ciudad de M�xico; a la cuarta. Que en los mismos lugares; a la quinta. Que ah� no vive nadie ni ha vivido nadie, que est� bald�o completamente, que �l vive al lado de ese inmueble que �l es el director de la Casa de Cultura que est� al lado del mismo; a la sexta. Que no viv�a nadie.-Como raz�n de su dicho el testigo manifest�: Que lo anterior lo sabe y le consta porque toda mi vida he vivido en P�nuco, ah� nac�, que le consta que ese lugar ha estado vac�o y que ha sido siempre de los A.?; el segundo testigo J.L.G.�a M., dijo: ?a la tercera. Que tiene conocimiento que ellos viven actualmente en la Ciudad de M�xico, en la colonia P., calle Campos El�seos; a la cuarta. Que viv�an en la Ciudad de M�xico en el mismo domicilio antes mencionado; a la quinta. Que nadie, que no vive nadie, est� pr�cticamente abandonada; a la sexta. Nadie.-Como raz�n de su dicho el testigo manifest�: Que lo anterior lo sabe y le consta porque yo tengo m�s de diez a�os laborando en P�nuco, por medio de mi trabajo conozco lo que es gran parte de la poblaci�n de la ciudad y eso me ayuda a identificar y conocer a la gente, ya que el trato que tengo la mayor parte es hacia el p�blico en general? (fojas doscientos uno a doscientos tres).-Lo anterior pone de manifiesto que la prueba que se analiza s� re�ne los requisitos que establece el art�culo 215 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, pues de su atestado se desprende que los testigos convienen en lo esencial del evento, que se percataron de que el inmueble en que se realiz� el emplazamiento est� desocupado y que los demandados viven en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, debido al trabajo que desempe�a el primer testigo como director de la Casa de Cultura de P�nuco, Veracruz, que se ubica al lado del bien controvertido y que es nativo de dicho lugar donde siempre ha radicado, y el segundo deponente en su funci�n de maestro de danza, quien tiene aproximadamente diez a�os de trabajar en P�nuco, Veracruz; que dichos testigos conocen los hechos por s� mismos, los que se condujeron en forma clara y precisa sobre los datos que depusieron, sin que se presuma de sus versiones aleccionamiento o soborno, ya que en forma clara se�alaron que no tienen inter�s en que el asunto se resuelva favorablemente a alguna de las partes, lo que justifica su imparcialidad, por tal raz�n es infundado el planteamiento de la tercera perjudicada, pues como ya se vio, dicha probanza est� ajustada a los lineamientos establecidos en el art�culo 215 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles que invoca como infringido.-La recurrente aduce que los instrumentos que ofreci� la parte quejosa como prueba carecen de valor, ya que fueron objetados y elaborados unilateralmente, sin intervenci�n de su representada, adem�s que fueron realizados ante fedatario incompetente para recibir declaraciones, que no se recibieron con las formalidades de ley aunado a que los estados de cuenta de las tarjetas de cr�dito son documentos impropios para acreditar el domicilio de los quejosos, ni exhibieron su credencial para votar, con lo cual se demostrara de manera contundente el domicilio de cada uno de ellos, por lo que no tienen ni siquiera el valor de indicio, y al no existir pruebas que justifiquen que los quejosos tienen su domicilio en alg�n lugar diverso al domicilio donde se verific� el emplazamiento, no se les debi� conceder el amparo solicitado.-Este argument� tambi�n es infundado, porque de la concatenaci�n del material probatorio aportado por la parte quejosa, consistente en el instrumento notarial n�mero doscientos sesenta y cinco mil trescientos treinta y seis, de fecha nueve de abril de mil novecientos noventa y seis, pasado ante la fe del notario p�blico n�mero diez del Distrito Federal, relativo a la protocolizaci�n del inventario y adjudicaci�n de los bienes de la sucesi�n de L.I.M.E. de A., a t�tulo de herencia, se hace alusi�n al domicilio donde radicaban los citados quejosos, y en el instrumento n�mero veintisiete mil cuatrocientos noventa y siete, pasado ante la fe del notario p�blico n�mero diecisiete de M�xico, Distrito Federal, concerniente a la informaci�n testimonial aclaratoria del domicilio de los promoventes del amparo, se advierte que S.M. �ngel A.M. y A.�.A.M., tienen su domicilio en la calle N.�yotl n�mero setenta y nueve, colonia Centro, en M�xico, Distrito Federal; X.D.A.M. y C.F.A.M., tienen su domicilio en Campos El�seos n�mero uno, primer y d�cimo piso, colonia P., M�xico, Distrito Federal; Z.L.A.M., L.E.A.M. y G.M.A.M. tienen su domicilio en calle R.�n del Bosque n�mero sesenta y tres, en los pisos noveno y octavo, respectivamente, colonia R.�n del Bosque, M�xico, Distrito Federal (fojas veinticinco y veintis�is), lo cual as� consta en los estados de cuenta correspondientes que corren agregados a fojas veintinueve a treinta y nueve, por lo cual no existe raz�n legal para que no se les conceda el valor de indicio que les otorg� a dichas documentales el J.F., ya que de ellos se desprende que los demandados no tienen su residencia habitual en el inmueble en donde fueron emplazados a juicio, sin que obste para ello, que la recurrente haya precisado que objet� dichas documentales porque fueron elaboradas unilateralmente, ya que en autos no ofreci� probanza alguna por la cual pusiera de relieve que los demandados efectivamente vivieran en el lugar donde se verific� el emplazamiento, por lo tanto, su objeci�n carece de sustento jur�dico.-S�PTIMO.-En lo que ata�e a los agravios que expresan los quejosos, hoy recurrentes, son inoperantes.-Los recurrentes se duelen de que el J. de Distrito no otorg� el amparo y protecci�n de la Justicia Federal a la sucesi�n a bienes de L.I.M.E. de A., por considerar que el juicio de garant�as no lo promovi� el albacea o albaceas de la sucesi�n, sin embargo, como existe litisconsorcio pasivo entre los quejosos y la autora de dicha sucesi�n, resultar�a imposible que prevalezca el emplazamiento que se efectu� a la hoy finada, pues la parte demandada fue llamada a juicio en un mismo acto y por el propio diligenciario, por lo que al no haberlo determinado as� infringi� en su perjuicio los art�culos 78 y 193 de la Ley de Amparo, porque no apreci� el acto reclamado tal como aparece probado en autos.-Dicho planteamiento es inoperante, en virtud de que la apoderada legal de los promoventes del amparo, mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, ante el Juzgado de Distrito, al dar cumplimiento a la prevenci�n de trece de mayo del mismo a�o precis� que no deb�a tenerse como quejosa a la sucesi�n a bienes de L.I.M.E. de A., por lo tanto, en el auto de admisi�n de demanda no se tuvo a dicha sucesi�n como quejosa sin que ese prove�do hubiera sido impugnado, por lo cual qued� firme para todos los efectos legales, luego entonces, fue correcto que el J. Federal no hiciera extensivo el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que otorg� a los quejosos, a la sucesi�n mencionada, ya que el juicio constitucional no fue promovido por �sta. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tercera tesis relacionada con la jurisprudencia n�mero mil setecientos ochenta, visible en la p�gina dos mil ochocientos sesenta y cuatro, de la Segunda Parte, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, que dice: ?AMPARO, SENTENCIA DE.-Los Jueces de Distrito no tienen por qu� declarar firme la resoluci�n que en el juicio de garant�as se reclame, respecto de los que no acudieron al amparo, ya que el art�culo 107, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, establece expresamente, que la sentencia dictada en dicho juicio, s�lo tiene por objeto amparar exclusivamente a quien ha entablado la acci�n constitucional.?. En esas condiciones, al resultar respectivamente infundados e inoperantes los agravios que expresaron las partes recurrentes, lo procedente es confirmar el fallo recurrido.

CUARTO

Por su parte, al resolver el recurso de revisi�n 1018/97, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, en lo que interesa, sostuvo:

SEGUNDO.-La sentencia recurrida se apoy� en las siguientes consideraciones: ?PRIMERO.-Este Juzgado S�ptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer del presente juicio de garant�as, en los t�rminos de los art�culos 36 y 114 de la Ley de Amparo, 54, fracci�n II, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n y con el Acuerdo 1/1994, fracci�n XIII, dictado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el primero de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.-SEGUNDO.-Son ciertos los actos reclamados por el quejoso E.N.�s Su�rez M., en su car�cter de albacea de la sucesi�n intestamentaria a bienes de N.�s E.S.C., a las autoridades responsables J. D�cimo Octavo de lo Civil, con residencia en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, J.S. de Primera Instancia y secretaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad de Tuxpan, Veracruz, por as� manifestarlo expresamente al rendir sus informes justificados respectivos, documentos que de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, hacen prueba plena, m�xime que no fueron objetados ni desvirtuados por ninguna de las partes.-TERCERO.-Los conceptos de violaci�n expuestos por los quejosos son los siguientes: �Se violan en perjuicio de la sucesi�n intestamentaria quejosa las garant�as de audiencia y de fundamentaci�n legal consignadas en los art�culos 14 y 16 constitucionales.-Efectivamente, el primero de ellos dispone en la parte conducente que nadie puede ser privado de sus posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; y el segundo, que nadie puede ser molestado en sus posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.-La formalidad esencial de todo procedimiento consiste en que se emplace debidamente a la parte demandada en un proceso judicial para que est� en aptitud de defenderse aportando pruebas y formulando alegatos.-En el caso particular la diligencia de emplazamiento llevada a cabo por la secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial, en auxilio del J. D�cimo Octavo de lo Civil de M�xico, D.F., resulta completamente irregular, vicia el procedimiento subsecuente, y viola en perjuicio de la sucesi�n que represento las garant�as individuales invocadas.-La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n establece: ?EMPLAZAMIENTO, FALTA DE.-La falta de emplazamiento legal vicia el procedimiento y viola en perjuicio del demandado, las garant�as de los art�culos 14 y 16 constitucionales.? (Jurisprudencia No. 782, p�gina 1290, V.I., 1917-1988).-Se anota en la diligencia de emplazamiento realizada a las veintid�s horas con veinte minutos del d�a 8 de septiembre de 1995, por la secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, que se constituye con las formalidades de ley y en cumplimiento a lo ordenado en el exhorto emanado del expediente No. 1875/95, del Juzgado D�cimo Octavo de lo Civil de M�xico, D.F., y del auto de fecha 5 de septiembre de 1995, dictado por la J. exhortada mediante el cual habilit� d�as y horas inh�biles para que se realizara la diligencia, que se constituye en el domicilio de la parte demandada, ubicado en la calle M.�.C. No. 22, Col. del Valle, en compa��a del L.. E.R. L�pez G.�lez, apoderado jur�dico de Banco Nacional de M�xico, S.A., parte actora en el juicio; y bien cerciorada de que �ste es el lugar en que debe actuarse porque as� se lo informa la se�ora I.�n Su�rez C., quien se encontr� presente en ese domicilio, indic�ndole que los demandados no se encontraban en ese momento pero que procede a entender la diligencia con I.�n Su�rez a quien hace saber el motivo de su presencia y por su conducto, en t�rminos del art�culo 76 del C�digo de Procedimientos Civiles y por medio de instructivo de notificaci�n, notifica a los demandados el auto de fecha 11 de agosto del corriente a�o (1995), y le corre traslado con la copia simple de la demanda y de los documentos base de la acci�n para que la conteste dentro del t�rmino de nueve d�as, m�s tres por raz�n de la distancia. La diligencia de emplazamiento realizada en esos t�rminos es notoriamente irregular.-El art�culo 76 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado deVeracruz, determina: ?La primera notificaci�n se har� personalmente al interesado o interesados, por el J., el secretario, actuario, conserje o persona designada, y no encontr�ndose al que debe ser notificado o si est� cerrada la casa, despu�s de cerciorarse el notificador de que ah� vive, se le dejar� instructivo, en el que se har�n constar el nombre y apellidos del promovente, el J. o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinaci�n que se manda notificar, la fecha y la hora en que se deja y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. En los casos de emplazamiento, se dejar�n tambi�n las copias simples correspondientes. ...?. En el caso, la notificadora afirma que se constituy� en compa��a del apoderado jur�dico del banco actor en el domicilio se�alado por �ste, como el correspondiente a los demandados; y que se cercior� de que ese era el lugar porque as� se lo dijo I.S.C. a quien encontr� presente.-Es decir, se cercior� de que fuese el domicilio se�alado por el actor; pero no dice que se haya cerciorado de que en ese domicilio viviera el o la representante leg�tima de la sucesi�n intestamentaria demandada.-Si consider� que G.S.M., era el albacea de la indicada sucesi�n, debi� cerciorarse de que en dicho domicilio realmente viviera dicha albacea.-Adem�s como la diligencia deber�a entenderse con una persona moral, debi� exigir que se presentara G.S.M. y acreditara su personalidad de albacea.-Sin embargo, nada de esto ocurri�.-Yo voy a demostrar en el curso de este juicio de amparo que G.S.M. siempre ha tenido su domicilio particular en la Ciudad de M�xico, D.F., y que la noche del d�a 8 de septiembre de 1995, viv�a en la calle H.N.1., C.P., D.�n M.H. de dicha ciudad capital.-Consecuentemente la diligencia de emplazamiento llevada a cabo en su rebeld�a, a sus espaldas, sin darle oportunidad de ser o�da.-No pasa desapercibido para el suscrito que en el contrato de apertura de cr�dito con garant�a hipotecaria que sirve de base a la parte actora para formular su demanda, se convino en la cl�usula d�cima cuarta que para todos los efectos judiciales y extrajudiciales relacionados con dicho contrato, el acreditado se�al� como domicilio la Av. M. �vila C. No. 22, de la C.D.V. de esta ciudad; pero ese domicilio convencional, por tratarse de un juicio de car�cter civil, no puede servir de base para que ah� se realizara el emplazamiento.-S�lo en los juicios mercantiles opera que las partes se�alen domicilio convencional, porque el C�digo de Comercio vigente y el anterior, establecen en el art�culo 1051 que el procedimiento mercantil preferente a todos, es el que libremente convengan las partes e incluso, se pueden someter las diferencias a un procedimiento arbitral; disposici�n que no tiene ninguna equivalente en el C�digo de Procedimientos Civiles.-Por ello, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito tiene el siguiente criterio: ?EMPLAZAMIENTO. DEBE HACERSE EN EL DOMICILIO REAL DEL DEMANDADO Y NO EN EL SE�ALADO CONVENCIONALMENTE.? (Fojas 390 y 391, Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil).-Por otro lado, en el instructivo de notificaci�n que dice la secretaria de Acuerdos que dej� en poder de la persona que encontr� en el domicilio se�alado por el actor, no se cumplen con los requisitos previstos por el art�culo 76 del C�digo de Procedimientos Civiles para la entidad, ya que, no se hizo constar el nombre y apellido del actor, el J. o tribunal que orden� practicar la diligencia, la determinaci�n que se mandaba notificar, ni se impuso en el propio instructivo la hora y la fecha en que se dej�, ni el nombre y apellido de la persona que lo recibi�.-Por lo tanto, por este otro motivo, la diligencia de emplazamiento resulta notoriamente irregular y viola en mi perjuicio la sucesi�n que represento, las garant�as de audiencia y de fundamentaci�n legal, invocadas al inicio de los conceptos de violaci�n.-Por �ltimo, el J. Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial al pronunciar el acuerdo de fecha 5 de septiembre de 1995, se extralimit� al habilitar horas inh�biles para que se practicara la diligencia de embargo y se llevara a cabo a las veintid�s horas con veinte minutos del 8 de septiembre de ese mismo a�o. Las facultades que le otorg� el J. exhortante no conten�an esa prerrogativa. Por lo mismo dicho acuerdo de ejecuci�n carece de fundamentaci�n y de motivaci�n legal. Contraviene la garant�a individual contenida en el art�culo 16 constitucional.�.-CUARTO.-Son infundados los conceptos de violaci�n transcritos en el considerando que antecede, respecto del ilegal emplazamiento que alega el quejoso, en el expediente n�mero 1875/95, relativo al juicio hipotecario promovido por Banco Nacional de M�xico, Sociedad An�nima, en contra de la sucesi�n a bienes de N.�s E.S.C. y de N.L.C.G., que fuera practicado por el J. del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad de Tuxpan, Veracruz, al diligenciar el exhorto librado mediante oficio n�mero 1593, de fecha quince de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por el J. D�cimo Octavo de lo Civil, con residencia en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal.-En efecto, de las copias certificadas de las constancias que obran en el expediente n�mero 1875/95, relativo al juicio hipotecario promovido por Banca Serf�n, Sociedad An�nima, que exhibiera el J. D�cimo Octavo de lo Civil, con residencia en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, con su informe justificado, se desprende que la secretaria habilitada del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad de Tuxpan, Veracruz, hizo constar lo siguiente: �Diligencia. En la ciudad y puerto de Tuxpan de R.�guez C., Veracruz, siendo las veintid�s horas con treinta minutos del d�a ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, la ciudadana licenciada S.M.M., secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, con las formalidades de ley y en cumplimiento de lo ordenado en el exhorto emanado del expediente 1875/995, del �ndice del Juzgado D�cimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, y del acuerdo que antecede, de fecha cinco de septiembre del a�o en curso, mediante el cual se habilitaron d�as y horas inh�biles para realizar la presente diligencia y constituida que soy en el domicilio de la parte demandada, sucesi�n intestamentaria a bienes del se�or N.�s E.S.C., por conducto de su albacea G.S.M. o quien legalmente la represente y de la se�ora N.L.C.G., ubicado en avenida M. �vila C. n�mero veintid�s de la colonia D.V. de esta ciudad, en compa��a del licenciado E.R. L�pez G.�lez, apoderado legal del Banco Nacional de M�xico, S.A., parte actora en dicho juicio, y bien cerciorada de que �ste es el lugar en que debe actuarse porque as� me lo informa la se�ora I.S.C., quien se encuentra presente en este domicilio, indic�ndome que los demandados no se encuentran en este momento pero que �ste es su domicilio de los mismos, por lo que procedo a entender la presente diligencia con la C.I.S.C. a quien le hago saber el motivo de mi presencia y por su conducto en t�rminos del art�culo 76 del C�digo de Procedimientos Civiles y por medio de instructivo de notificaci�n que dejo en su poder, notifico a los demandados mencionados en t�rminos del auto de fecha once de agosto del corriente a�o inserto al exhorto cuya diligencia fue encomendada a este Juzgado, y en cumplimiento de dicho auto con la copia simple de la demanda y de los documentos base de la acci�n, los emplazo para que dentro del t�rmino de nueve d�as m�s tres d�as por raz�n de la distancia, contesten la demanda y se�alen domicilio para o�r y recibir notificaciones en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, apercibidos que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de car�cter personal se surtir�n por B.�n Judicial, bien enterada dijo: Que lo oye, recibe de conformidad el instructivo de notificaci�n, las copias de la demanda y de los documentos, as� como copia del auto de fecha cinco de septiembre del a�o en curso, mismas que entregar� a los demandados, firmando la copia del instructivo y del auto de cinco de los corrientes que se anexa a dicho instructivo, para debida constancia, mismas que se agregan a las actuaciones del exhorto cuya diligenciaci�n se realiza para debida constancia.-Con lo anterior se concluye la presente diligencia firmando al calce la suscrita y el abogado apoderado de la parte actora.-Doy fe.�.-Como puede verse, el acta levantada por la secretaria de Acuerdos habilitada del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad de Tuxpan, Veracruz, se opone a lo argumentado por el quejoso E.N.�s Su�rez M., en su car�cter de albacea de la sucesi�n intestamentaria a bienes de N.�s E.S.C., en cuanto que la sucesi�n que representa no fue legalmente emplazada al referido juicio hipotecario, pues de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 76 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el emplazamiento debe desarrollarse de la siguiente manera: La primera notificaci�n se har� personalmente al interesado por el J., secretario, actuario, conserje o persona designada para ello; deber� el funcionario judicial cerciorarse que en el domicilio en que va a efectuar dicha diligencia es el que se�al� el que lo pidi� y que en �l viven las personas que deber� notificar; y hecho esto, en caso de no encontrar a la persona que se busca o cerrado el domicilio, deber� dejar instructivo en el que har� constar el nombre y apellido del promovente, el J. o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinaci�n que se manda a notificar, la fecha y hora en que se deja y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. Si se tratara de emplazamiento, deber� adem�s dejar las copias simples correspondientes. Esta notificaci�n se entender� con la persona que se encuentre en la casa y si se negara a intervenir, o est� cerrada, dicha diligencia se entender� con el vecino m�s inmediato o con el gendarme de punto.-Ahora bien, de la indicada acta relativa a la diligencia de emplazamiento efectuada por la secretaria de acuerdos habilitada del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad de Tuxpan, Veracruz, se desprende que el emplazamiento en cuesti�n cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por el art�culo 76 del invocado C�digo de Procedimientos Civiles, ya que el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, la secretaria responsable se constituy� en el domicilio que se�al� la parte que lo pidi�, que en este caso fue la ahora tercero perjudicada Banco Nacional de M�xico, Sociedad An�nima; tambi�n se cercior� que ah� era el domicilio de la persona a quien deber�a emplazar, esto es, de la demandada, ahora quejosa, sucesi�n a bienes de N.�s E.S.C., pues as� se lo hizo saber a la referida actuaria, la persona con quien entendi� la diligencia, que dijo llamarse I.S.C., quien manifest� ser hermana de G.S.M., quien fue se�alada por el demandado como albacea de la sucesi�n a bienes de N.�s E.S.�rez Contla.-De ah� que se estime inexacta la afirmaci�n del quejoso, en cuanto que no fue legalmente emplazada al indicado juicio generador del acto reclamado; m�xime que los hechos constre�idos en la indicada acta, no fueron desvirtuados de manera alguna por el peticionario de garant�as.-Al respecto es aplicable la s�ptima tesis relacionada con la jurisprudencia n�mero 782, visible en la p�gina 1292, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, que dice: �EMPLAZAMIENTO.-Si el quejoso en el amparo, se funda especialmente en que no fue emplazado en el lugar de su domicilio, debe comprobarse cu�l era �ste, en el momento en que se dice fue emplazado.�.-Por tanto, debe estimarse correcto el emplazamiento que se reclama respecto del referido juicio hipotecario 1875/95, pues como ya qued� demostrado satisface esencialmente los requisitos exigidos por el art�culo 76 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que dice: �Art�culo 76. La primera notificaci�n se har� personalmente al interesado o interesados, por el J., secretario, actuario, conserje o persona designada, y no encontr�ndose al que deba ser notificado o si est� cerrada la casa, despu�s de cerciorarse el notificador de que ah� vive, se le dejar� instructivo, en el que se har� constar el nombre y apellido del promovente, el J. o tribunal que manda a practicar la diligencia, la determinaci�n que se manda a notificar, la fecha y hora en que se deja y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. En los casos de emplazamiento, se dejar�n tambi�n las copias simples correspondientes. La notificaci�n se entender� con la persona que se halle en la casa, y si se negare a intervenir o est� cerrada esta �ltima, con el vecino m�s inmediato o con el gendarme de punto.�.-Siendo as�, debe concluirse que la secretaria de Acuerdos habilitada del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad de Tuxpan, Veracruz, realiz� el emplazamiento al ahora quejoso en estricto apego a las formalidades del art�culo 76 antes invocado.-En tales condiciones, debe tenerse como prueba plena el acta de emplazamiento a que se ha hecho alusi�n, por haber sido levantada por un fedatario p�blico, como lo es la secretaria de Acuerdos habilitada del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad de Tuxpan, Veracruz, se�alada como autoridad responsable; y si en autos no existe prueba alguna que desvirt�e tales actuaciones, es claro que la misma en forma alguna resulta violatoria de garant�as en perjuicio de la sucesi�n que representa el ahora quejoso.-Por tanto, atendiendo a que la notificaci�n impugnada se encuentra elaborada en forma legal, es de puntualizarse que la sucesi�n intestamentaria a bienes de N.�s E.S.C., no tiene el car�cter de parte inaudita, con que se ostent� a este juicio el albacea que la representa, ya que al haber sido debidamente llamada a juicio, es evidente que desde esa fase procesal estuvo enterada de la demanda entablada en su contra ante el J. D�cimo Octavo de lo Civil, con residencia en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal; de ah� que tambi�n se estima que se encuentran ajustadas a derecho las dem�s actuaciones practicadas por las autoridades responsables que se reclaman en este juicio constitucional, pues como ya qued� precisado la sucesi�n representada por el ahora quejoso, estuvo en aptitud de oponer las excepciones, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho e inter�s conviniera, dentro del juicio generador de los actos reclamados.-Finalmente, en cuanto a lo argumentado por el quejoso en sus conceptos de violaci�n, en el sentido de que el J. responsable al promover el acuerdo de cinco de abril de mil novecientos noventa y cinco, se extralimit� al habilitar horas inh�biles para que llevara a cabo la diligencia de emplazamiento practicada el ocho de septiembre del a�o antes citado, raz�n por la cual se violentan sus garant�as individuales; al respecto debe decirse que, si bien es cierto al dictar el acuerdo de cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco reclamado, la responsable habilit� horas para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento que le fuera encomendada por el J. D�cimo Octavo de lo Civil de M�xico, Distrito Federal, ello en forma alguna resulta ser violatorio de garant�as en su perjuicio, pues de la lectura del acuerdo dictado con fecha once de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por la autoridad antes indicada, se advierte que al ordenar la remisi�n del exhorto, que nos ocupa, facult� el J. exhortante, entre otras cosas, para que acordara promociones de la parte actora y de las constancias que integran el cuadernillo formado con motivo del exhorto que nos ocupa, se advierte que por escrito de treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, el apoderado de la actora solicit� al J. Segundo de Primera Instancia de esta ciudad, habilitara horas para el desahogo del emplazamiento encomendado, lo que fue hecho por el J. exhortante mediante prove�do de cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.-En tal raz�n, es claro que contrario a lo aducido por el quejoso, el J. exhortado s� se encontraba facultado para actuar en la fecha que lo hizo y en tal raz�n no viola garant�a individual alguna en perjuicio del quejoso.-En las condiciones apuntadas, procede negar el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitada por E.N.�s Su�rez M., en su car�cter de albacea intestamentario a bienes de la sucesi�n de N.�s E.S.C., respecto de los actos que reclam� al J. D�cimo Octavo de lo Civil, con residencia en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, J.S. de Primera Instancia y secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia, ambas con residencia en esta ciudad de Tuxpan, Veracruz.?.-TERCERO.-Los agravios que se formulan son del tenor literal siguiente: ?1. Lo causa el considerando cuarto que rige al punto resolutivo primero.-Al afirmar su se�or�a que la diligencia de emplazamiento reclamada satisface los requisitos del art�culo 76 del C�digo de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria y que consecuentemente no viola las garant�as individuales a que se refiere el quejoso en los conceptos de violaci�n.-Aplica inexactamente el art�culo 76 del c�digo aludido y la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que menciona.-Y como no apreci� el acto reclamado tal y como se encuentra probado viola lo dispuesto por el art�culo 78 de la Ley de Amparo.-Luego de transcribir el contenido del acta conforme a la cual la autoridad responsable llev� a cabo la diligencia de emplazamiento, dice usted que �sta se ajust� a lo dispuesto por el art�culo 76 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz.-Es inexacto.-Como se dijo en los conceptos de violaci�n, el secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, no se ajusta a lo dispuesto por el art�culo 76 del C�digo Procesal Civil, porque en el caso anota que se constituy� en compa��a del apoderado legal del banco actor, en el domicilio se�alado por �ste como el que corresponde a los demandados.-Esto es, se cercior� de que el domicilio era el se�alado por el actor: pero de ning�n modo en que en dicho domicilio viviesen los demandados.-A G.S.M., representante en ese entonces de la sucesi�n quejosa, la debi� emplazar en el domicilio en que realmente viv�a. Conforme a la prueba documental p�blica que se anexo a la demanda de amparo, el domicilio de �sta se ubicaba en la calle H.N.1., C.P., D.�n M.H., M�xico, D.F.-Entonces, si el emplazamiento se llev� a cabo en M. �vila C. No. 22, C.D.V., de este puerto, es obvio que result� irregular porque en ese domicilio no viv�a la representante de la demandada.-Se viol� en perjuicio de la parte que represento la garant�a de audiencia y de seguridad jur�dica consignada en el art�culo 14 constitucional.-Ello amerita que se revoque la sentencia recurrida y que se le ampare y se le proteja.-2. Este segundo agravio lo comete su se�or�a al omitir recibir la prueba documental p�blica presentada por la parte quejosa, consistente en la escritura p�blica que contiene un testimonio de poder y de cuya lectura, se advierte que el domicilio de G.S.M., se localiza en el punto anotado en el apartado que antecede.-Por ello, contrario a lo que sostiene su se�or�a en la sentencia reclamada, la parte que represento s� justific� cu�l erael domicilio de la parte quejosa al momento de practicarse el emplazamiento.-Esto con independencia de que la diligencia misma no se ajust� a los lineamientos que marca el art�culo 76 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de aplicaci�n supletoria.-Por ello, la diligencia es irregular y se viol� el contenido del art�culo 78 de la Ley de Amparo, al no apreciarse el acto tal y como estuvo probado.-3. La diligencia de emplazamiento tambi�n resulta irregular y la sentencia que reclamo infringe los art�culos 76 y 78 de la Ley de Amparo, porque su se�or�a no toma en cuenta que el instructivo de notificaci�n que seg�n la secretaria de Acuerdos responsable dej� en poder de la persona que encontr� en el domicilio en que practic� la diligencia, no se ajusta a lo previsto por el art�culo 76 del C�digo de Procedimientos Civiles. En efecto, en dicho instructivo no consta el nombre y el domicilio del actor y el J. o tribunal que orden� la pr�ctica del emplazamiento.-Y por lo mismo, ese instructivo irregular, vicia el emplazamiento y ocasiona que se violen en perjuicio de la sucesi�n quejosa los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal.?.-CUARTO.-Suplidos en su deficiencia, son fundados los agravios formulados por la sucesi�n recurrente, en t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n VI, de la Ley de Amparo, as� como la jurisprudencia n�mero quinientos diecinueve, visible a foja trescientos cuarenta y uno, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V., Materia Com�n, cuyo t�tulo es el siguiente: ?SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, IMPLICA UN EXAMEN CUIDADOSO DEL ACTO RECLAMADO.?.-Ciertamente, lo anterior es as�, toda vez que de las copias certificadas que acompa�aron las autoridades responsables a su informe justificado, mismas que tienen valor probatorio pleno en t�rminos de los art�culos 129 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que por auto de once de agosto de mil novecientos noventa y cinco, dictado por el J. D�cimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, orden�, entre otras cosas, que se tuviera por presentado al Banco Nacional de M�xico, S.A., por conducto de su apoderado, demandado en la v�a especial hipotecaria a la sucesi�n de N.�s E.S.C., por conducto de su albacea G.S.M. o quien legalmente la representara y de N.L.C.G., las prestaciones a que hac�a referencia en su escrito de demanda; que se emplazara a las demandadas para que dentro del t�rmino de nueve d�as, presentaran contestaci�n; que se girara exhorto al J. competente en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, para que en auxilio de las labores, se sirviera cumplimentar el auto, facult�ndolo para que hiciera uso de las medidas de apremio que estimara necesarias, acordara promociones de la parte actora, tuviera por se�alado nuevo domicilio al demandado, girara oficios para inscribir la c�dula hipotecaria en el Registro P�blico que correspondiera, que previniera a las demandadas para que se�alaran domicilio en la Ciudad de M�xico, apercibi�ndolas que, de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de car�cter personal, les surtir�an por B.�n Judicial; que por raz�n de la distancia, se les conced�a a las demandadas tres d�as m�s, para contestar la demanda.-Sin embargo, de las constancias que conforman la diligencia de emplazamiento llevada a cabo por la secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Tuxpan, Veracruz, como son, el instructivo de notificaci�n y la raz�n levantada por dicha funcionaria judicial encargada de practicar aqu�lla, no se advierte que hubiese dado cabal cumplimiento a lo ordenado por el art�culo 77 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, esto es, que al no haber encontrado a las personas buscadas y por tratarse de la primera b�squeda, hubiese dejado aviso para que la esperaran al d�a siguiente a determinada hora; ello en virtud de que el prove�do que deb�a notificarse conten�a un apercibimiento, el cual equivale a un requerimiento, seg�n el tratadista G.C. de Torres, en su obra: ?Diccionario Jur�dico Elemental. Editorial Heliasta, S.R.L., 1988, Argentina, quien define al apercibimiento como: ?Requerimiento hecho por el J., para que no ejecute lo que le manda o tiene mandado, o para que proceda como debe conmin�ndole con multa, pero con castigo si no lo hiciere.?; actuaci�n judicial, esta �ltima, que encuadra en el supuesto a que se refiere el propio numeral en comento; por tanto, es indudable que no se actu� de conformidad con lo ordenado por el citado art�culo, originando con ello su transgresi�n en perjuicio de la quejosa, y por consecuencia, de la garant�a individual contenida en el art�culo 14 de la Carta Magna; cuenta habida que, siendo el emplazamiento una cuesti�n de orden p�blico, los juzgadores est�n obligados a investigar de oficio si se efectu� o no, y en caso afirmativo, si se observaron las leyes que lo rigen; por ende, la falta de emplazamiento o su verificaci�n en forma contraria a la ley, como acontece en el presente caso, es la violaci�n procesal de mayor magnitud y de car�cter grave, puesto que da origen a la omisi�n de las dem�s formalidades esenciales del procedimiento, dado que imposibilita a la parte demandada para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer excepciones y defensas, adem�s, se le priva del derecho de presentar pruebas que acrediten aqu�llas, as� como a oponerse a la recepci�n o contradecir las rendidas por su contraparte y, finalmente, a formular alegatos y ser notificada del fallo que en el proceso se dicte; a lo anterior cabe tambi�n agregar que la diligenciaria no asent�, pormenorizadamente, el cercioramiento de que efectivamente se encontraba en el domicilio de los demandados, pues para ello no basta se�alar ?y bien cerciorado de que �ste es el lugar en que debe actuarse porque as� me lo informa la se�ora I.S.C.?, dado que es obvio que tal cercioramiento se bas� en el dicho de un tercero, y �ste debe ser fehaciente y personal de quien act�a, esto es, que lo perciba por los sentidos, como puede ser, porque as� lo indique, en alguna parte, el nombre de la calle y porque se est� en el preciso n�mero de la casa buscada, o porque haya signos externos que lo indiquen, en atenci�n a que no fueron los propios demandados quienes acudieron al llamado.-Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la jurisprudencia sustentada por este �rgano colegiado que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Novena �poca, Tomo V, enero de 1997, p�ginas doscientos setenta y cuatro a doscientos setenta y ocho, cuyo rubro es del tenor siguiente: ?EMPLAZAMIENTO, FORMALIDADES DEL, EN MATERIA MERCANTIL CUANDO SE ENTIENDE CON PERSONA DIVERSA AL DEMANDADO (C�DIGO DE COMERCIO Y LEGISLACI�N SUPLETORIA DE VERACRUZ).?.-Por otra parte, es inexacto que el J. de Distrito, haya dejado de recibir como prueba de la ahora recurrente, la documental consistente en copia de la escritura p�blica n�mero treinta y dos mil setenta y dos, de fecha veintis�is de octubre de mil novecientos noventa y tres, extendida por el notario p�blico n�mero treinta y tres del Distrito Federal, licenciado E.F.C.A.; esto es as�, toda vez que de las constancias del juicio de amparo indirecto, no se advierte que dicha documental haya sido ofrecida, en t�rminos del art�culo 151 de la Ley de Amparo, como medio de prueba por parte de la quejosa, ni en su demanda de garant�as ni en diverso escrito presentado con posterioridad; de tal manera que, ante tal proceder el a quo no ten�a por qu� llevar a cabo el an�lisis de tal documento, pues �ste s�lo fue acompa�ado al escrito de demanda.-En las relatadas condiciones, procede conceder el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n en favor de la sucesi�n intestamentaria a bienes de N.�s E.S.C., para que el J. D�cimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, declare inexistente el emplazamiento y obre como corresponda en derecho; concesi�n que se hace extensiva respecto de la codemandada N.L.C.G., por existir entre ellos litisconsorcio pasivo necesario, atento al contenido de la tesis jurisprudencial n�mero P./J. 9/96, visible en la foja setenta y ocho del T.I., del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, febrero de 1996, cuyo rubro es: ?SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.?.

QUINTO

Pues bien, establecidos los antecedentes del caso, debe se�alarse que este Alto Tribunal ha decidido que de conformidad con lo establecido por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, de la Ley de Amparo, se entiende que existe contradicci�n de tesis entre criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se dan los siguientes supuestos: 1. Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; 2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas y; 3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior se desprende de lo decidido en la tesis de jurisprudencia n�mero 22/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Cuarta Sala, Tomo 58, correspondiente al mes de octubre de 1992, p�gina 22, que dice:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Teniendo en consideraci�n lo anterior y los antecedentes del presente caso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que, en la especie, s� existe contradicci�n de tesis.

En efecto, del an�lisis de las constancias de autos, se colige lo siguiente.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, con residencia en la ciudad de Xalapa-Enr�quez, Veracruz, conoci� del amparo en revisi�n n�mero 1041/98, promovido tanto por la parte tercero perjudicado como por los quejosos, del juicio de amparo 391/98, del �ndice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz.

Cabe se�alar que la demanda de amparo fue promovida por A. ��igo, S.M., C.F., X.D., L.E., Z.L. y G.M., todos de apellidos A.M., a trav�s de su apoderada legal y por la sucesi�n intestamentaria a bienes de L.I.M.E. de A., por conducto de M.�a J.C.S.�nchez, quien se ostent� como apoderada de los albaceas de dicha sucesi�n.

Previamente a admitir la demanda de amparo, el J. de Distrito requiri� a los promoventes del amparo, entre otras cuestiones, para que se justificara la personalidad para promover el juicio de amparo como apoderada de la sucesi�n a bienes de L.I.M.E. de A..

Desahogando el requerimiento realizado, la apoderada de los promoventes del juicio de amparo, manifest� que no deb�a tenerse como quejosa a la sucesi�n a bienes de L.I.M. de A., toda vez que los bienes de la aludida sucesi�n ya hab�an sido adjudicados a favor de sus herederos (quejosos en el juicio de amparo) y los albaceas hab�an cesado en sus funciones, por tal motivo, el J. de Distrito admiti� la demanda de amparo �nicamente por cuanto a los copropietarios del bien inmueble materia de la litis en el juicio natural (quienes acreditaron su inter�s jur�dico con el testimonio relativo a la protocolizaci�n de la adjudicaci�n a t�tulo de herencia de los bienes de la sucesi�n testamentaria de la finada L.I.M.E. de A.), mas no as� por lo que se refer�a a dicha sucesi�n (fojas 8 y 9).

En la sentencia recurrida, el J. de Distrito concedi� el amparo solicitado por los quejosos, al considerar que no fueron emplazados legalmente al juicio ordinario civil (prescripci�n adquisitiva) y para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil mencionado a partir del emplazamiento, �nicamente por lo que a tales quejosos correspond�a (foja 17).

En sus agravios, los quejosos expresaron que como en el juicio natural fueron demandados tanto ellos como la se�ora L.M. de A. y todos fueron emplazados en la misma diligencia declarada inconstitucional, habi�ndose demostrado en el curso del juicio de amparo que esta �ltima falleci� antes de que se realizara el emplazamiento reclamado, los efectos de la protecci�n constitucional debieron hacerse extensivos en relaci�n con la finada L.M. de A., por existir litisconsorcio pasivo necesario entre ella y los dem�s quejosos.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, al estudiar los agravios expresados por los quejosos, determin� declararlos inoperantes, al estimar que de las constancias de autos se desprend�a que la apoderada de los quejosos al desahogar la prevenci�n realizada por el J. de Distrito previamente a la admisi�n de la demanda de amparo, hab�a expresado que no deb�a de tenerse como quejosa a la sucesi�n a bienes de L.I.M.A. de A., por lo que en el auto de admisi�n no se tuvo a dicha sucesi�n como quejosa, auto que al no ser impugnado qued� firme con todos sus efectos legales; luego entonces, consider� que fue correcta la decisi�n del J. a quo de conceder la protecci�n de la Justicia Federal �nicamente a los promoventes del juicio de garant�as.

Por su parte, el amparo en revisi�n 1018/97, del que toc� conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, derivado del juicio de amparo 360/97, del �ndice del Juzgado S�ptimo de Distrito en el Estado, promovido por E.N.�s Su�rez M., en su car�cter de albacea de la sucesi�n intestamentaria a bienes de N.�s E.S.C., en que reclam� diversos actos del J. D�cimo Octavo de lo Civil en el Distrito Federal y del J. Segundo de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Tuxpan, Veracruz, dictados en el expediente n�mero 1875/95, relativos al juicio especial hipotecario seguido por el Banco Nacional de M�xico, S.A., en contra de la sucesi�n a bienes de N.�s Enr�quez Su�rez Contla y de N.L.C.G..

En la sentencia recurrida, el J. de Distrito neg� el amparo solicitado por E.N.�s Su�rez M. en su car�cter de albacea de la sucesi�n intestamentaria a bienes de N.�s Enr�quez Su�rez Contla.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, al resolver el recurso de revisi�n, revoc� la sentencia recurrida y concedi� el amparo solicitado, al estimar que hubo irregularidades en el emplazamiento a juicio a la parte quejosa y para el efecto de que el J. responsable declarara inexistente dicho emplazamiento y obrara como en derecho correspond�a, concesi�n que se hizo extensiva respecto de la codemandada en el juicio N.L.C.G., por existir entre ellos litisconsorcio pasivo necesario, seg�n el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, contenido en la tesis de jurisprudencia, bajo el rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE �STOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.".

Como se colige de lo anterior, se surten los presupuestos necesarios para declarar que existe contradicci�n de criterios entre los sustentados por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del S�ptimo Circuito, pues al conocer de los recursos de revisi�n respectivos, examinaron cuestiones jur�dicas similares y adoptaron posiciones jur�dicas discrepantes en cuanto a la aplicaci�n de la jurisprudencia establecida por este Supremo Tribunal.

Por tanto, este �rgano colegiado determina que s� existe contradicci�n en cuanto a la aplicaci�n de la tesis jurisprudencial sostenida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyo rubro ha quedado transcrito con anterioridad, registrada con el n�mero 9/96.

En efecto, aun cuando los antecedentes que dieron lugar a los juicios de garant�as de los que derivaron los recursos de revisi�n revest�an elementos similares, a saber, la existencia de litisconsorcio pasivo en el juicio natural, la promoci�n del juicio de amparo s�lo por algunos de los codemandados y la concesi�n del amparo a los quejosos por irregularidades en el emplazamiento a la parte demandada que lleva a ordenar la reposici�n del procedimiento, los Tribunales Colegiados contendientes llegan a conclusiones divergentes en cuanto a los efectos que tal concesi�n deb�a tener, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito determina que no deben extenderse a quien no tuvo el car�cter de quejoso en el juicio de amparo, el Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, considera que en t�rminos de la jurisprudencia plenaria 9/96, los efectos de la concesi�n del amparo deben extenderse a los codemandados del quejoso.

Lo anterior lleva a este tribunal a determinar que s� existe contradicci�n de tesis, en cuanto a la aplicabilidad de la jurisprudencia que lleva por rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE �STOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.", sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, pues al determinar el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito que los efectos del amparo no deb�an extenderse al codemandado del quejoso al no haber promovido el juicio de garant�as, impl�citamente sostiene la inaplicabilidad de la jurisprudencia del Pleno cuando uno de los codemandados en el juicio natural no figure como quejoso en el juicio de amparo en que se concede la protecci�n constitucional por existir irregularidades en el emplazamiento que lleve a ordenar la reposici�n del procedimiento, en forma contraria a lo determinado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito con relaci�n a que los efectos del amparo, en t�rminos de la jurisprudencia del Pleno aludida, deben hacerse extensivos a todos los codemandados por existir litisconsorcio pasivo, aunque no hayan tenido el car�cter de quejosos en el juicio de garant�as en que tal protecci�n se concede.

Al respecto resulta aplicable la siguiente tesis de esta Segunda Sala:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PUEDE SUSCITARSE EN TORNO A SI ES APLICABLE O NO UNA JURISPRUDENCIA.-La contradicci�n de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, puede suscitarse cuando uno de ellos estima que respecto de un problema es aplicable una jurisprudencia y el otro considera que no lo es." (Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena�poca, Segunda Sala, Tomo IX, mayo de 1999, tesis 2a. LXIX/99, p�gina 503).

SEXTO

Esta Segunda Sala determina que el criterio que debe prevalecer es el de que de conformidad con la jurisprudencia plenaria 9/96, definida la existencia de litisconsorcio pasivo, la concesi�n del amparo que lleve a ordenar la reposici�n del procedimiento por irregularidades en el emplazamiento al juicio natural, necesariamente debe comprender a todos los codemandados del quejoso, hayan o no figurado como quejosos en el juicio de garant�as en el que tal amparo se otorga.

En efecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte determin� que cuando exista litisconsorcio pasivo necesario en un juicio, procede extender los efectos del fallo protector para alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, seg�n se advierte de la siguiente transcripci�n de la jurisprudencia relativa, cuyo rubro, texto y datos de identificaci�n son los siguientes:

"SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE �STOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.-Los efectos de la sentencia de amparo que concede la protecci�n federal solicitada, deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acci�n constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario o que la situaci�n de los litisconsortes sea id�ntica, af�n o com�n a la de quien s� promovi� el juicio de garant�as, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo s�lo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que s� pueden trasladarse al procedimiento constitucional. Por lo tanto, si se otorg� el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las consecuencias de dicha resoluci�n s� deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se har�a nugatoria la concesi�n de la protecci�n constitucional, sin que esto implique infracci�n al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto en los art�culos 107, fracci�n II de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que no se est� en la hip�tesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la protecci�n federal."

La jurisprudencia anteriormente transcrita, debe aplicarse indefectiblemente en los casos en que ocurra la situaci�n prevista en ella, en los t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo, como sucede en las hip�tesis de los asuntos en que se suscitaron las tesis contradictorias, pues en ambos se parti� de la existencia de litisconsorcio pasivo, lo que lleva a determinar que el otorgamiento de la protecci�n constitucional por existir irregularidades en el emplazamiento al juicio natural de la parte demandada y que da lugar a ordenar la reposici�n del procedimiento, necesariamente debe comprender a la totalidad de los demandados, aunque no hayan figurado todos como quejosos en el juicio de garant�as

Ahora bien, puesto que se advierten problemas en torno a qui�n, cu�ndo y c�mo se debe aplicar la indicada jurisprudencia, conviene precisar, en primer lugar, que al conceder el amparo por vicios del emplazamiento, el �rgano de control constitucional puede determinar la existencia o no del litisconsorcio pasivo necesario, con el objeto de precisar con claridad los efectos vinculatorios del fallo protector, si es que cuenta con suficientes elementos para pronunciarse sobre el particular; en caso contrario, bastar� con que le se�ale a la autoridad responsable que, de existir dicho litisconsorcio, los efectos del amparo comprenden a los codemandados del quejoso, oblig�ndola as� a que al ejecutar la sentencia determine si es el caso o no de aplicar la jurisprudencia en cuesti�n.

Consecuentemente, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, determina que el criterio que debe prevalecer con car�cter jurisprudencial es el siguiente:

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA JURISPRUDENCIA PLENARIA 9/96 OBLIGA AL �RGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA CONCESORIA, AS� COMO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.-La tesis jurisprudencial 9/96, publicada en la p�gina 78 del T.I., febrero 1996, Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, establece que cuando las sentencias de amparo ordenen reponer el procedimiento, sus efectos deben hacerse extensivos a los codemandados del quejoso, siempre que entre �stos exista litisconsorcio pasivo necesario; por tanto, en acatamiento de lo dispuesto en el art�culo 192 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo, al otorgar la protecci�n al quejoso, est� obligado a establecer que los alcances del amparo benefician a los codemandados del quejoso aun cuando no hayan intentado la acci�n constitucional siempre que haya litisconsorcio pasivo necesario, pero si no lo hace, el tribunal responsable, al cumplir la ejecutoria, debe acatar la jurisprudencia.

Por lo expuesto y fundado, as� como en lo establecido por los art�culos 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracci�n XI de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del S�ptimo Circuito en Materia Civil, al resolver el juicio de amparo en revisi�n n�mero 1041/98, y el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito al fallar el amparo en revisi�n n�mero 1018/97.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio de esta Segunda Sala, referido en la parte final del �ltimo considerando de esta ejecutoria.

N.�quese y c�mplase. Con testimonio de esta resoluci�n vuelvan los autos a sus Tribunales Colegiados de origen y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

R.�tase de inmediato la tesis que se sustenta en la presente resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo. R.�tase asimismo a la propia coordinaci�n la parte considerativa de la resoluci�n para su publicaci�n �ntegra en el Semanario.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros Juan D�az R., M.A.G.�itr�n, G.I.O.M., J.V.A.A.�n y presidente y ponente S.S.A.A..

Nota: El rubro a que se alude al inicio de esta ejecutoria corresponde a la tesis 2a./J. 2/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XI, enero de 2000, p�gina 40.

La tesis de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE �STOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.", citada en esta ejecutoria,aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.I., febrero de 1996, p�gina 78, tesis P./J. 9/96.