Ejecutoria num. 1a./J. 37/99 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26867301

Ejecutoria num. 1a./J. 37/99 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 37/99
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 1999
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 60/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.CONFESIÓN JUDICIAL. ALCANCES DE LA PRODUCIDA EN LA DILIGENCIA DE EXEQUENDO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 60/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 197-A de la Ley de Amparo, 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, y los puntos segundo y tercero,

fracci�n V, del Acuerdo 1/1997, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicci�n de tesis, ya que como sucede en el caso, se trata de criterios sustentados por tres Tribunales Colegiados de Circuito en la materia civil, competencia de esta Primera S., y que se refieren a la confesi�n formulada al practicarse la diligencia que cumplimenta el auto de exequendo, conforme a lo establecido en el C�digo de Comercio. Adem�s, se est� en el caso de emitir criterio sobre el fallo de contradicci�n, como se precisa en las consideraciones del mismo.

SEGUNDO

El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo civil 45/93, consider� lo siguiente:

CUARTO.-Los conceptos de violaci�n son infundados e inoperantes.-En efecto, el peticionario alega que la S. considera como prueba plena el contenido del acta de embargo de veinticinco de abril de mil novecientos noventa y dos, en que se dice reconoci� los t�tulos de cr�dito base de la acci�n y la deuda; lo que es err�neo porque si bien en el acta se asent� tal cosa ello no se hizo ante la presencia judicial para que se pudiera considerar como prueba plena, y por lo tanto se debi� ratificar ante el J., lo que no fue as�, y sin embargo se aplic� supletoriamente el art�culo 283 del C�digo de Procedimientos Civiles, con violaci�n del art�culo 1235 del C�digo de Comercio que alude a que de la confesi�n que no se haga al absolver posiciones sino en otro acto del juicio se pedir� la ratificaci�n para ser perfecta.-Lo alegado es inoperante porque si bien es verdad que la S. no debi� aplicar en forma supletoria el art�culo 283 del C�digo de Procedimientos Civiles debido a que existe para la prueba confesional regulaci�n expresa en el C�digo de Comercio en donde efectivamente el art�culo 1235 determina que de la confesi�n que no se haga al absolver posiciones sino en diverso acto del juicio debe pedir el interesado la ratificaci�n, sin embargo aun estimando que la S. incorrectamente hizo derivar del embargo una confesi�n que por no haberse ratificado no es perfecta, aun as� le asiste raz�n a la S. al determinar que lo aseverado por el quejoso en la diligencia de embargo, en el sentido de que reconoc�a los t�tulos de cr�dito base de la acci�n y la deuda, agregando que hab�a abonado como cincuenta millones y que ya s�lo deb�a como ciento cincuenta millones, constituye prueba plena puesto que de cualquier forma el reconocimiento de los t�tulos y de la deuda se hizo ante el ejecutor del juzgado, quien es un funcionario investido de fe p�blica, adem�s de que el mismo ordenamiento jur�dico en cita, que regula el caso en el art�culo 1294 determina que las actuaciones judiciales har�n prueba plena, y as� contrariamente a lo que pretende el quejoso, lo actuado en la diligencia de embargo incluyendo sus propias aseveraciones hacen prueba plena en su contra.-En otras palabras cuando en una diligencia de embargo el deudor hace reconocimiento expreso de la suscripci�n de los t�tulos de cr�dito base de la acci�n y la deuda que se le reclama, ello hace prueba plena en su contra por ser dicha diligencia una actuaci�n judicial que se verifica ante el ejecutor del juzgado que est� investido de fe p�blica y que al tenor del art�culo 1294 del C�digo de Comercio que se�ala: ?Art�culo 1294. Las actuaciones judiciales har�n prueba plena.?, tiene valor probatorio pleno.-El promovente se�ala que la S. est� equivocada cuando dice que si el demandado hubiera firmado los documentos con el �nico fin de garantizar el contrato no ten�a por qu� pagar o abonar cantidad alguna y menos reconocer la deuda de ciento cincuenta millones, pues al hacerlo se presume que los pagar�s se suscribieron por haberse recibido una suma de dinero y no como garant�a; lo que es incorrecto, dice el quejoso, puesto que dicha presunci�n la responsable la hace derivar del acta de embargo que no puede tener valor probatorio, por lo antes expuesto.-Lo anterior es inatendible en raz�n de que como ya se ha determinado, la diligencia de embargo s� fue considerada atinadamente por la S. como prueba plena en el juicio.-El peticionario dice que aun cuando la manifestaci�n vertida en la diligencia de veinticinco de abril se tomara como confesi�n, que sin embargo rindi� pruebas en contra, conforme al art�culo 1290 del C�digo de Comercio que vinieron a desvirtuarla pues una de las excepciones opuestas fue que los documentos se firmaron en calidad de garant�a, lo que demostr� con a) La documental consistente en el contrato de diecis�is de julio; b) El documento firmado por ambas partes el diecis�is de diciembre de mil novecientos noventa, en que se hizo constar que los once pagar�s fungen como garant�a del contrato; c) Con las respuestas dadas por la actora en su confesional; y d) Con las declaraciones que precisa de los testimonios de M.�.T.R. y Alma Rosa Mar�a Castellanos.-Lo dicho es inexacto porque la excepci�n opuesta por el quejoso relativa a que los t�tulos de cr�dito los firm� como garant�a, de ninguna forma la prob� con las pruebas que enumera puesto que por lo que hace al contrato de diecis�is de julio, es de decirse que por s� no acredita que el demandado haya firmado los t�tulos para garantizar tal convenio, pues en �l no se hizo menci�n a garant�a alguna ni manifestaci�n relativa de c�mo se iba a dar o a operar dicha garant�a.-Por otro lado, de la documental a que alude el peticionario de diecis�is de diciembre de mil novecientos noventa, es de se�alarse que asiste raz�n a la S. para desestimarla por el hecho de que se encuentra contradicha con el contrato de diecis�is de julio en cuanto a las cantidades, pues mientras en el documento que nos ocupa se asienta que los once pagar�s amparan la cantidad de doscientos millones, sin embargo en el convenio de diecis�is de julio se alude a que la participaci�n de las partes para la formaci�n de una sociedad an�nima es de ciento cincuenta millones, a m�s de que de la lectura de este �ltimo convenio se ve, en la cl�usula segunda, que se encuentra asentado que en la fecha de suscripci�n de tal contrato de diecis�is de julio de mil novecientos noventa, al demandado R.F.A. se le hizo un pr�stamo por la actora de ciento cincuenta millones, se�al�ndose ah� que se cubrir�an a �sta a la entrega de un pr�stamo bancario.-Por otra parte, si bien es correcto que el promovente se�ale que la confesional produce efecto en lo que perjudica al absolvente y que no es l�gico darle eficacia a favor de �ste, sin embargo lo asentado por la S. respecto de la confesional de la actora haciendo hincapi� de lo que dicha absolvente asever�, no fue con el fin de tratar de validar tales aseveraciones en beneficio propio, sino para ponerle de manifiesto que la actora al absolver posiciones hac�a clara distinci�n de la celebraci�n del convenio de diecis�is de julio para la creaci�n que ten�an pensada de una sociedad an�nima y la suscripci�n hecha por el demandado de los pagar�s base de la acci�n.-En el mismo sentido fue que la S. valor� la testimonial del quejoso, esto es, indic�ndole que las argumentaciones de sus testigos refer�an situaciones no dichas por su presentante (sic) durante el juicio y que por ello carec�a de valor probatorio, lo que es correcto pues la S. en lo que hace hincapi� tanto de la confesional de la actora y como de la testimonial que ofreciera la demandada, es en cuanto a que tanto aqu�lla como los testigos aluden a una deuda diversa que ten�a el demandado para con su contraparte que dio origen a unos cheques y que posteriormente fue la suscripci�n de los pagar�s; declaraciones que como se ve no fueron hechas por el peticionario durante el juicio, ni las hizo valer en su contestaci�n, ni excepciones, no obstante que sus mismos testigos las manejan, de donde son inatendibles las alegaciones que se analizan.-Cabe agregar que en forma contraria a lo que pretendi� el promovente en relaci�n con su excepci�n de que los pagar�s son garant�a de la suscripci�n de un contrato, prevalece el criterio de la S. en el sentido de que tomando como base la diligencia de embargo en que se reconocen por el demandado tanto los t�tulos de cr�dito como la deuda, as� como porque sus testigos presentados carecen de valor, y a�n m�s que los t�tulos base de la acci�n constituyen conforme a un criterio jurisprudencial que invoca una prueba preconstituida, era de concluirse que los t�tulos fundatorios de la acci�n conservaban sus principios de autonom�a, literalidad e incorporaci�n; y que aunado a ello deb�a tenerse que los t�tulos crediticios para que no fueran negociables, seg�n las pretensiones del apelante, deb�an contener inserto en su texto las cl�usulas ?no a la orden? o ?no negociables? de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 25 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito.-Sirve de apoyo a lo anterior la tesis n�mero 30 relacionada a la jurisprudencia 311, consultable en la p�gina 897, Tercera S. del Ap�ndice de jurisprudencia de 1917-1985, que dice: ?T�TULOS DE CR�DITO, NEGOCIABILIDAD DE LOS.-Si seg�n lo dispuesto por el art�culo 25 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, en el texto de un documento nominativo no aparece la inserci�n de �no a la orden� o �no negociable�, tal documento puede circular libremente, ser endosado y exigible a su vencimiento como lo establece la ley, a pesar de la existencia del contrato que le da origen; por tanto, si el beneficiario de un t�tulo de cr�dito, sin las referidas inserciones, lo endosa a un tercero a quien se supone de buena fe y �ste ejercita la acci�n correspondiente, el examen de la relaci�n causal resulta improcedente.?.-Finalmente debe desestimarse lo sostenido de que tales cantidades que dijo haber entregado en la diligencia de embargo se refer�an a anticipo de utilidades de la sociedad que formar�an y que ascienden a la cantidad de veinticuatro millones trescientos setenta y tres mil cuatrocientos setenta pesos, seg�n lo acreditaba con los recibos que adjunta a la demanda de garant�as, puesto que las alegaciones que se analizan no se hicieron valer ante las autoridades de instancia, por lo mismo no son materia de la litis constitucional y deben desestimarse.-Razones por las cuales la resoluci�n reclamada no es violatoria de garant�as y debe negarse el amparo.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos directos civiles 3283/95 y 7123/95, sostuvo, respectivamente, lo siguiente:

QUINTO.-Son infundados los conceptos de violaci�n que expresa el quejoso, por las siguientes razones: El primer motivo de inconformidad lo es, porque resulta inexacto lo que argumenta el promovente, en el sentido de que la S. responsable le hubiera concedido indebidamente la calidad de actuaci�n judicial con validez de prueba plena a la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento efectuada en el juicio ejecutivo mercantil que culmin� con el fallo definitivo impugnado, lo anterior en raz�n de que esa diligencia fue realizada por un notificador y ejecutor adscrito al Tribunal Superior de Justicia, con base en sus facultades y con apoyo en el auto de exequendo dictado por la J. de la causa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los art�culos 1237, 1391, fracci�n IV, 1392, 1393, 1394, 1395 y 1396 del C�digo de Comercio, 58, 327, fracciones II y VIII del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 219, fracci�n I, de la Ley Org�nica de los Tribunales de Justicia del Fuero Com�n de esta capital; esto es, porque se bas� en un acuerdo o mandato judicial, que se efectu� por funcionario facultado para requerir, ejecutar y notificar, habi�ndose autorizado por el respectivo notificador y ejecutor que levant� el acta correspondiente, adem�s de que ese funcionario cont� con fe p�blica conforme a dichas atribuciones para especificar que la actuaci�n se efectu� con intervenci�n directa del quejoso, seg�n se deriva del texto del acta de fecha diez de septiembre de mil novecientos noventa y tres, que obra a foja cuatro del expediente de primera instancia, en la que se se�ala que el propio quejoso estuvo presente, fue requerido de pago, reconoci� el adeudo por el total del principal reclamado en la demanda de origen, esto es por la cantidad de ciento treinta mil nuevos pesos e inclusive se�al� bienes para garantizar el adeudo, mediante embargo que en ese acto se trab� sobre los respectivos bienes y si bien en el acta no obra la firma del quejoso, ello no es causa eficiente para desvirtuar la validez probatoria que como actuaci�n judicial tiene esa documental p�blica, en virtud de que como se ha dicho, se bas� en un mandamiento judicial, con base en las facultades y la fe p�blica de la que se encontraba investido el notificador y ejecutor y fue autorizada con la firma de esa autoridad ejecutora, requisitos �stos que son los �nicos exigidos por el art�culo 58 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para concederle la naturaleza y eficacia de actuaci�n judicial que, por lo dem�s no se desvirt�a por las simples objeciones carentes de pruebas formuladas por el inconforme, atento a lo que establece el precepto 1293 del C�digo de Comercio. No obsta a lo anterior el argumento que vierte el quejoso en el sentido de que la tesis que invoca en su motivo de inconformidad haga menci�n a la firma del demandado en el acta de requerimiento, embargo y emplazamiento, habida cuenta que esa tesis no establece la necesidad de esa firma como requisito indispensable para la eficacia de dicha actuaci�n, ni tampoco desvirt�a la confesi�n que en el acto de la diligencia hubiera realizado el demandado al reconocer el total del adeudo, lo anterior en raz�n de que esa manifestaci�n se hizo ante el fedatario judicial en ejercicio de sus funciones y sin que fuera menester la autorizaci�n ulterior o simult�nea del secretario de Acuerdos, porque conforme a los preceptos invocados con anterioridad, la susodicha diligencia corresponde en general al notificador y ejecutor quien cuenta por s� solo con atribuciones y fe plena, en la inteligencia de que el art�culo 1235 del C�digo de Comercio admite la confesi�n en cualquier otro acto del juicio y no necesariamente en audiencia de recepci�n y desahogo de posiciones o en contestaci�n de demanda, trat�ndose de un acto de juicio ejecutivo mercantil, seg�n lo establecen los preceptos 1391 a 1396 del C�digo de Comercio, el auto de exequendo y la diligencia que le da cumplimiento, esto es la de requerimiento, embargo y emplazamiento, que fue aquella en la que en espec�fico realiz� su confesi�n el quejoso. Por lo que respecta a la tesis de declaraci�n hecha en instrumento p�blico, que invoca el quejoso, no es aplicable al caso, porque se refiere a declaraci�n formulada por persona ajena a las partes y no ante autoridad judicial por alguno de los litigantes, como ocurri� en la especie. Por estas razones es que resulta inexacto que en la sentencia definitiva reclamada se hubiese transgredido el contenido de las tesis sustentadas por nuestro M�ximo Tribunal a que se ha hecho m�rito y ello conlleva a establecer que no fueron violadas las disposiciones de los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo.-Lo mismo debe de considerarse respecto al segundo motivo de inconformidad, en raz�n de que, seg�n se ha se�alado, el precepto 1235 del C�digo de Comercio permite y toma como confesi�n de parte, la que realiza en cualquier acto del juicio, entendi�ndose como tal la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento efectuado en el juicio natural, la cual no requiere de manera alguna de la ratificaci�n del declarante o confeso, para que aunada a otras probanzas, como lo son el t�tulo de cr�dito y las periciales rendidas en autos, pueda tomarse como base para la convicci�n plena a favor del colitigante y contraria al quejoso, am�n de que la confesi�n vertida en este caso lo fue ante el notificador y ejecutor quien en ejercicio de sus funciones y por su fe p�blica puede ser considerado como integrante de la presencia judicial.-Por lo que ata�e a la jurisprudencia que se invoca y que hace menci�n a actuaciones judiciales, debe decirse que s�lo se refiere a decretos, acuerdos o resoluciones que, en su caso, deben ser autorizados por la firma del secretario de Acuerdos y no puede estimarse como limitativa a esos casos, puesto que tambi�n las diligencias de requerimiento, embargo y emplazamiento deben de ser consideradas como actuaci�n judicial, atentas las normas invocadas al dar contestaci�n al primer motivo de inconformidad, las que s�lo requieren de la firma del notificador y ejecutor, que conforme a sus atribuciones tiene fe p�blica, m�s a�n si sus actos son realizados con base en un mandamiento judicial. Por estas razones es que la autoridad responsable ordenadora estuvo en lo correcto al conceder al acta a que se ha hecho m�rito, la calidad de actuaci�n judicial, lo que encuentra su apoyo en lo previsto por los art�culos 327, fracci�n VIII, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1237 del C�digo de Comercio.-El tercer concepto de violaci�n resulta igualmente infundado, porque el quejoso admite que le correspondi� la carga de la prueba de la excepci�n basada en la fracci�n II del art�culo 8o. de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, esto es, de no haber sido, seg�n �l, quien firm� el t�tulo de cr�dito que objet� y esa carga procesal encuentra su apoyo en lo previsto por el art�culo 1194 del C�digo de Comercio, la que no fue satisfecha eficientemente con las pruebas que aport� en el caso a estudio y que fueron desestimadas por la S. responsable, en correcto acatamiento a lo previsto por los art�culos 1324, 1325, 1327, 1328 y 1329 del C�digo de Comercio, siguiendo los principios de la l�gica y de la experiencia, as� como fundando acertadamente la valoraci�n realizada.-En efecto, por lo que respecta al dictamen emitido por el experto M.V.A., propuesto en rebeld�a del inconforme debe decirse que el quejoso se limita a manifestar que la J. a quo natural le concedi� validez a esa probanza, pero en su motivo de inconformidad no trata de demostrar ni expresa las razones por las que en su criterio, resulta incorrecta la consideraci�n vertida por la S. responsable al desvirtuar el alcance probatorio del referido dictamen, ni determina motivos por los que esa valoraci�n pudiera ser contraria a lo previsto en el art�culo 1301 del c�digo mercantil mencionado, esto es, en lo concerniente a la calificaci�n de las circunstancias y elementos que conformaron la opini�n del citado experto. Adem�s la parte quejosa se limita a invocar una tesis que cit� la J. en primera instancia referente a la facultad discrecional para apreciaci�n de pruebas, pero no expresa el inconforme las razones por las que, en su criterio, deba de considerarse eficiente la valoraci�n que la J. de primera instancia le dio a dicho dictamen del perito de su parte, ni tampoco los motivos por los cuales pudiera prevalecer esa opini�n t�cnica sobre los dict�menes vertidos por el perito del tercero perjudicado y el experto nombrado como tercero en discordia; cuestiones �stas que ponen de manifiesto que las consideraciones de la S. responsable no son atacadas eficientemente a trav�s de los conceptos de violaci�n que se vierten en este aspecto.-Al caso tiene aplicaci�n la jurisprudencia n�mero 100, publicada en la p�gina 273, de la Cuarta Parte del Ap�ndice alSemanario Judicial de la Federaci�n editado en el a�o de 1985, que textualmente dice: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N EN EL AMPARO DIRECTO CIVIL.-Como el amparo en materia civil es de estricto derecho, en el que no puede suplirse la deficiencia de la queja, el concepto de violaci�n debe consistir en la expresi�n de un razonamiento jur�dico concreto, contra los fundamentos de la sentencia reclamada, para poner de manifiesto ante la potestad federal que los mismos son contrarios a la ley o a la interpretaci�n jur�dica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada disposici�n legal no se aplic�, o porque se aplic� sin ser aplicable; o bien porque no se hizo una correcta interpretaci�n jur�dica de la ley; o finalmente, porque la sentencia no se apoy� en los principios generales de derecho, cuando no hay ley aplicable al caso.?.-En lo concerniente a la prueba testimonial, el quejoso aduce que se viol� el art�culo 1302 del C�digo de Comercio, por desconocer la S. responsable el valor de esta probanza, pero no hace referencia el quejoso a las preguntas formuladas a los testigos, a los hechos motivos de excepci�n que se pretendieron acreditar, a la idoneidad de los declarantes, a la precisi�n de sus declaraciones y en general al alcance que debiera d�rsele en su criterio, a la susodicha probanza, por lo que se no se acredita la transgresi�n que se invoca a la citada norma mercantil en su aspecto procesal.-El cuarto motivo de inconformidad carece de eficacia jur�dica y es inoperante, porque es inaceptable que constituya un perjuicio para el quejoso el que arguya que la S. responsable hubiera dejado de analizar �ntegramente un agravio formulado por el tercero perjudicado, pues en el evento no concedido de que existiera tal omisi�n, ello s�lo pudiera ser en detrimento de quien propuso el motivo de inconformidad a la decisi�n del tribunal de alzada, pero no para quien en esa instancia actu� como parte apelada, por lo que no puede estimarse que exista transgresi�n en perjuicio del quejoso a lo dispuesto por los art�culos 1325 del C�digo de Comercio y 81 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por la pretendida omisi�n de estudio de agravios que no fueron propuestos por el inconforme sino por su contraparte.-Por lo dem�s debe expresarse que independientemente de que se estime o no el argumento referente al agravio relacionado con la suscripci�n del pagar� base de la acci�n impugnado a trav�s de objeci�n del quejoso, en el sentido de que se introdujo un elemento extra�o en cuanto a la pretendida elaboraci�n en espacio en blanco de la firma del demandado, debe dejarse precisado que lo trascendente fue que a trav�s de las pruebas rendidas en autos del juicio no se acredit� la objeci�n del t�tulo de cr�dito, ni se desvirtu� lo genuino de la firma que calzaba ese instrumento mercantil; de tal forma que la conclusi�n a la que se arrib� por la S. responsable excluye lo relativo a lo que es o fue materia del agravio que dice el quejoso no le fue estudiado, pues lo esencial fue lo referente a la ineficacia de las pruebas aportadas por el quejoso para tratar de acreditar la excepci�n y correlativamente a la validez plena de los elementos de convicci�n que aport� el tercero perjudicado para demostrar su pretensi�n principal, en cumplimiento a lo previsto por los art�culos 1194 y 1391, fracci�n IV del C�digo de Comercio.-El �ltimo motivo de inconformidad es infundado, porque la sentencia definitiva reclamada satisfizo plenamente los requisitos de los art�culos 1324 y 1325 del C�digo de Comercio; 81 y 82 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al considerar fundados los agravios propuestos por el tercero perjudicado y revocar la sentencia apelada, para declarar probada la acci�n, no acreditadas las excepciones y defensas y condenar al inconforme al pago de las prestaciones reclamadas.-En efecto, por lo que ata�e a la confesi�n vertida en la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, fue acertada la validez que a esa actuaci�n judicial le otorg� la S. responsable, debi�ndose remitir a los fundamentos y razonamientos jur�dicos vertidos al dar contestaci�n al primer motivo de inconformidad, lo anterior en obvio de in�tiles reiteraciones.-Por lo que respecta a la valoraci�n de la prueba pericial, la S. responsable emiti� razonamientos jur�dicos por los cuales desvirt�a el dictamen emitido por el experto M.V.A., estableciendo su insuficiencia para acreditar la falsedad de la firma que como excepci�n se opuso por el entonces demandado; as� mismo, al proceder a la valoraci�n de los dict�menes rendidos por el perito del tercero perjudicado y por el experto tercero en discordia, hizo referencia dicha autoridad a que el primero tuvo claridad, estableci� cu�les fueron los documentos aut�nticos que tom� para realizar el estudio y cotejo de firmas, se apoy� en fotograf�as, expres� los m�todos t�cnicos que utiliz� para arribar a la conclusi�n de similitud entre la firma cuestionada y la aut�ntica, tom� en cuenta los rasgos morfol�gicos de las mismas y por otra parte, en relaci�n al perito tercero en discordia dijo que hizo un estudio detallado se�alando los documentos a estudio, los elementos base del cotejo, el m�todo de examen que utiliz�, el material de trabajo, su ilustraci�n con fotograf�as de las firmas aut�nticas y de la cuestionada, arribando a la conclusi�n correcta de que se trataba de la misma puesta del pu�o y letra del entonces demandado, consideraciones �stas que hacen que resulte irrelevante que no se invocara el precepto aplicable al caso, toda vez que lo esencial fue que se ajustaron a los principios de valoraci�n de pruebas, establecen las circunstancias del caso, emplean los principios de la l�gica y de la experiencia y se ajustan a lo previsto por el art�culo 1301 del C�digo de Comercio, consideraciones �stas que tambi�n sirven de apoyo para desvirtuar el razonamiento que vierte el quejoso, en el sentido de que los dict�menes carecieron de previsi�n al referirse a firmas cuestionadas, pues inclusive el mismo perito M.V.A., fue inexacto en ese sentido al hacer menci�n, en las fotograf�as que obran a fojas ciento cuarenta y ocho del expediente del juicio natural, a documentos cuestionados, pues lo esencial fue que se establecieron las similitudes morfol�gicas de los rasgos de la firma cuestionada que aparece en el t�tulo de cr�dito n�mero 2/2, de fecha primero de abril de mil novecientos noventa y dos, valioso por la cantidad de cien millones de pesos, actualmente cien mil nuevos pesos, en relaci�n con las firmas que se tomaron como indubitables del quejoso, que obraban en las actuaciones judiciales del procedimiento natural, en el entendido de que para establecer la similitud morfol�gica se tomaron en cuenta de las firmas cotejadas, su alineamiento b�sico, su inclinaci�n, su presi�n muscular, su tensi�n, n�mero de elementos constitutivos, extensi�n trazada en cuanto a su espontaneidad, velocidad y habilidad; su proporci�n dimensional, espacios regulares y constantes, inicios, enlaces, cortes y terminaciones; se hizo menci�n al m�todo t�cnico utilizado, a los materiales empleados y se apoyaron los dict�menes del experto del tercero perjudicado y del tercero en discordia, en fotograf�as amplificadas, todo lo cual conlleva a estimar acertada la valoraci�n que en lo conducente fue emitida por la S. responsable respecto a la probanza en estudio.-Por lo que ata�e a la confesi�n ficta debe de decirse que se trata de una mera presunci�n que admite prueba en contrario, probanza que fue satisfecha por el tercero perjudicado al aportar el t�tulo de cr�dito base de la acci�n, las periciales que se han analizado y al obrar la confesi�n que espont�neamente emiti� el quejoso en el acto de la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, elementos de convicci�n que prevalecieron indudablemente frente a una mera presunci�n que constituy� la invocada confesi�n ficta.-Por lo que respecta a las testimoniales a cargo de P.L.�n G.�rrez y O.M.L.�n, debe decirse que la S. responsable emiti� consideraciones ajustadas a las disposiciones de los art�culos 1302 y 1303 del C�digo de Comercio, en raz�n de que no es suficiente con que una declarante hubiera dicho que le constaba lo que declar�, si no razon� las causas que llevaran a la convicci�n de que efectivamente pudiera haber estado presente en la realizaci�n espec�fica del acto consistente en la suscripci�n de los t�tulos de cr�dito, debi�ndose enfatizar que la primera de las testigos al contestar la d�cima pregunta dijo que no estuvo presente, que no supo nada, lo que permite evidenciar que su raz�n del dicho no fue eficiente al manifestar gen�rica y ambiguamente que le constaba lo declarado; la segunda de las testigos no hizo menci�n al lugar, fecha, hora y circunstancias de la pretendida firma de los t�tulos de cr�dito base de la acci�n, pues en las respuestas a las preguntas que menciona el quejoso, s�lo alude a la adquisici�n de un cr�dito, pero no en espec�fico a los documentos mercantiles en particular que fueron base de la acci�n o al pretendido diverso instrumento que dijo el quejoso suscribi� en lugar del valioso por cien mil nuevos pesos, siendo intrascendente que se alegue respecto a tales testigos, que declararon en relaci�n con pagos efectuados, seg�n ellos a cuenta del adeudo; pues lo esencial era acreditar la suscripci�n de un documento diverso a aquel que fue motivo de la impugnaci�n a trav�s de la excepci�n opuesta en la contestaci�n de la demanda. Como consecuencia de las inexactitudes, faltas de claridad, insuficiencia del acreditamiento de los hechos esenciales a probar en relaci�n con la excepci�n esgrimida, fue acertado que el fallo reclamado desvirtuara la eficacia probatoria de las susodichas testimoniales, am�n de que no existe base para estimar id�nea la declaraci�n de los testigos, en cuanto a tener la convicci�n, conforme a la raz�n de su dicho de que efectivamente pudieran haber estado presentes en la realizaci�n de los hechos primordiales, esto es, la suscripci�n de los t�tulos de cr�dito.-Por las anteriores consideraciones, queda desvirtuado lo que se argumenta en la parte final del motivo de inconformidad en estudio, habida cuenta que de la sentencia definitiva reclamada guard� un perfecto equilibrio al valorar las pruebas aportadas por ambas partes, fund� y razon� jur�dicamente las causas por las cuales desestim� el alcance probatorio de los elementos de convicci�n aportados por el quejoso y por otro lado, apoy� suficientemente en preceptos legales y principios jur�dicos, los motivos por los cuales le otorg� plena eficacia a los elementos probatorios aportados por el tercero perjudicado y apreci� las actuaciones judiciales que informaron al procedimiento natural.-En virtud de las anteriores consideraciones, es de concluirse que no ha quedado acreditada la transgresi�n, en perjuicio del quejoso, de las garant�as que consagran los art�culos 14 y 16 constitucionales, raz�n suficiente para negarle la protecci�n federal que solicita en relaci�n con el acto impugnado de la S. responsable.

El mismo Tercer Tribunal Colegiado en el expediente 7123/95, estableci�:

"QUINTO.-Por la �ntima relaci�n que guardan entre s�, se estudian conjuntamente los conceptos de violaci�n que se hacen valer, los que resultan infundados en la especie, para que la sociedad quejosa pueda alcanzar la protecci�n de la Justicia Federal que solicita.-En efecto, sostiene esencialmente que la S. responsable viola en su perjuicio sus garant�as individuales, por inexacta aplicaci�n de los art�culos 5o., 14 y 170 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito y 1194, 1195, 1196, 1212, 1214, 1287 y 1306 del C�digo de Comercio, as� como el diverso 81 del C�digo de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria en materia mercantil. Aduce que ello es as� porque, en su opini�n, el documento base de la acci�n no es un t�tulo de cr�dito, al no contener una promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, y por ello es improcedente la acci�n ejercitada; indica que en el documento en cuesti�n se se�al� la obligaci�n de pagar una cantidad hasta por N$500,000.00 por concepto de las mercanc�as recibidas por el aceptante, amparadas por facturas de futura emisi�n, es decir, por el importe de una cantidad no determinada en el momento de suscripci�n del documento, estimando que la sentencia reclamada no est� cabalmente fundada, ya que el t�tulo se expide por una cantidad gen�rica sin explicaci�n alguna y consigna una promesa de pagar el importe de facturas, en el que finalmente en forma manuscrita se asienta una cantidad diversa, como saldo total adeudado, por N$234,084.27 no respet�ndose la literalidad del instrumento, entendiendo que la promesa de pago debe estar antes y no despu�s de la firma del documento. Al respecto precisa que la promesa incondicional debe ser una expresi�n inequ�voca y literal y no una deducci�n que haga el juzgador. Asienta, apoy�ndose en tesis jurisprudencial, que para que un t�tulo de cr�dito se considere como tal, debe contener la exigencia de una deuda cierta y l�quida, sosteniendo que no se oblig� a pagar la cantidad que se le exige, sino el importe de las facturas respectivas por concepto de mercanc�as, considerando as� incongruente la sentencia reclamada, y que el documento carece de las menciones que la ley exige para que proceda la acci�n. Por otro lado, asevera la peticionaria de garant�as, por su representaci�n legal, no haber reconocido en realidad la deuda, ya que la confesi�n a que se alude en el fallo combatido, no se hizo en t�rminos de los preceptos legales que se invocan, toda vez que no la hizo ante J. competente al contestar la demanda, absolver posiciones y bajo protesta de decir verdad, y que el ad quem al atribuirle la carga de la prueba respecto a la necesidad de acreditar, en su caso, que la cantidad demandada fuera inferior, transgrede sus garant�as, por inexacta aplicaci�n de la ley secundaria, porque el documento base de la acci�n no es un t�tulo de cr�dito y, por ende, no puede integrar una prueba preconstituida para la procedencia de la acci�n; y que, aunque lo fuera, no contiene cantidad determinada a pagar por el suscriptor, de tal manera que estima que la parte actora debi� acreditar los presupuestos planteados en el documento, es decir, la existencia de facturas por mercanc�a, que �stas fueran insolutas, l�quidas y vencidas, en virtud de que fueron posteriores a la fecha de emisi�n del t�tulo.-Se dice que los conceptos de violaci�n son infundados en la especie, porque contrariamente a lo que asevera la quejosa, el documento base de la acci�n s� constituye un t�tulo de cr�dito y por lo mismo es un documento que trae aparejada ejecuci�n, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 1391, fracci�n IV, del C�digo de Comercio, ya que en �l se establece un cr�dito en contra de la parte demandada, mismo que fue aceptado por ella, constituyendo un pagar� que contiene los requisitos necesarios para los de su clase, consignados en el art�culo 170 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, toda vez que se nota que se trata de un pagar�, se establece una promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero hasta por la cantidad de N$500,000.00 correspondiente a las facturas insolutas, liquidadas y vencidas por mercanc�a que reciba la aceptante a partir de la fecha de suscripci�n del documento, mismas que servir�n de base para establecer el importe neto del pagar�; habiendo anotado dentro del propio documento, el beneficiario, la existencia de un saldo total adeudado por la cantidad de N$234,084.27; as� mismo, aparece en el instrumento el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, y que lo es la actora Conductores Latincasa, Sociedad An�nima de Capital Variable; igualmente contiene la �poca y el lugar del pago, ya que se se�ala que la presentaci�n del t�tulo sea a la vista y se precisa que sea en esta plaza, de M�xico, Distrito Federal, se�al�ndose como fecha de suscripci�n el primero de marzo de mil novecientos noventa y tres, firm�ndolo como aceptante el director general de la empresa demandada Almac�n El�ctrico Industrial, Sociedad An�nima de Capital Variable; por lo cual no puede dudarse que se trata de un documento cambiario que trae aparejada ejecuci�n. P.�ndose de ello, debe concluirse que le asiste raz�n a la S. responsable, al considerar en la sentencia reclamada, que el documento base de la acci�n presentado en juicio para su cobro, es un documento cambiario en el que se contiene la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero a favor de la actora beneficiaria, integrando el mismo una prueba preconstituida de la acci�n ejercitada, siendo aplicable al particular la tesis jurisprudencial que con el n�mero 314, aparece publicada en la p�gina 904, de la Cuarta Parte, del pen�ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, y que a la letra dice: ?T�TULOS EJECUTIVOS. SON PRUEBA PRECONSTITUIDA.-Los documentos a los que la ley concede el car�cter de t�tulos ejecutivos, constituyen una prueba preconstituida de la acci�n.?.-Le asiste asimismo la raz�n al tribunal de apelaci�n al confirmar la sentencia apelada que estim� procedente la acci�n deducida en el juicio de origen (al desvirtuar los agravios), porque del pagar� se advierte la obligaci�n de pagar incondicionalmente una cantidad espec�fica que se adeuda, la que literalmente consta en el documento y que fue la que reconoci� deber la entonces apelante al ser requerida de pago en la diligencia de exequendo, lo que se confirma con la sola lectura de la actuaci�n correspondiente, llevada a cabo con fecha veintitr�s de junio de mil novecientos noventa y cuatro, la que hace prueba plena respecto del reconocimiento del adeudo, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 1294 del C�digo de Comercio; sin que se pueda tomar en consideraci�n el alegato de la sociedad quejosa, en el sentido de que no existe confesi�n o reconocimiento de su parte en el juicio de origen, respecto del saldo deudor que se desprende del documento cuestionado, porque no haya producido la admisi�n del adeudo ante el J. competente al producir su contestaci�n a la demanda, o al absolver posiciones, ya que la misma reuni� las prescripciones que precisa el art�culo 1287 del C�digo de Comercio, al hacerla persona capaz de obligarse, como lo es el representante legal de la parte demandada, quien lo hizo con pleno conocimiento y sin coacci�n ni violencia, es de hecho propio y concerniente al negocio y se re�nen los extremos del cap�tulo XIII, del t�tulo sexto, del C�digo de Comercio, pues al producirse en la diligencia de exequendo con motivo del requerimiento de pago, se puede considerar que se hace ante J. competente, m�xime cuando de dicha diligencia se dio cuenta a la J. instructora, quien la mand� agregar en autos para que surtiera sus efectos legales, por auto de veintitr�s de junio de mil novecientos noventa y cuatro; resultando innecesario su perfeccionamiento, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 1235 del C�digo de Comercio, por haberse hecho ante fedatario p�blico, como lo es el actuario judicial, quien recogi� las manifestaciones de la parte deudora y con ellas dio cuenta a la J. instructora para todos los efectos legales. De la misma manera, es apegada a derecho la sentencia reclamada, al estimar la S. responsable que el t�tulo exhibido cumple con lo dispuesto en el art�culo 170, fracci�n II, de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, pues se determina la suma de dinero que se oblig� a pagar la demandada, al establecerse en el documento el saldo deudor, no siendo aplicable la tesis jurisprudencial que la inconforme invoca, porque el pagar� re�ne los requisitos necesarios para los de su clase; existe literalidad en el instrumento al consignar, finalmente, la cantidad que reconoci� adeudar en la demanda y efectivamenteaqu�lla no prob� que debiera una cantidad inferior; sin que tampoco sea obst�culo para lo anterior, la prueba de confesi�n a cargo de la actora, ya que si bien �sta dijo que al suscribirse el pagar� s�lo presentaba la redacci�n a m�quina, aclar� que se trataba de un documento preimpreso, lo que no demuestra que la cantidad manuscrita que se consigna no sea la que se adeuda, supuesto que la misma fue reconocida expresamente por la demandada, en la diligencia de exequendo, lo que se traduce en que el documento s� contiene una deuda cierta, l�quida y exigible, determinada y aceptada, respet�ndose su literalidad. Por otro lado, si bien es cierto que los t�tulos de cr�dito s�lo producen efectos cuando contienen las menciones y llenen los requisitos que se�ala la ley, tambi�n lo es que los mismos pueden ser satisfechos por el beneficiario hasta antes de la presentaci�n del t�tulo para su pago, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 15 de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, lo que sucedi� en la especie al anotar la beneficiaria, en el texto mismo del documento, la suma del saldo deudor, conforme a lo previsto en el propio pagar�; sin que sea de tomarse en cuenta el alegato de la quejosa, en el sentido de que la accionante debi� acreditar los presupuestos planteados en el texto del documento cambiario, es decir, la existencia de facturas por mercanc�a y que �stas estuvieran insolutas, l�quidas y vencidas por haberse instrumentado con posterioridad a la fecha de la suscripci�n del documento, toda vez que ello ser�a necesario, si no se hubiera reconocido el saldo deudor reclamado, ya que conforme al documento, las facturas servir�an para establecer el importe del pagar�, atento a que la obligaci�n incondicional de pagar se estableci� hasta por la cantidad de N$500,000.00; pero, al haberse reconocido la cantidad menor reclamada, resulta innecesaria la graduaci�n del cr�dito exigido, pues la beneficiaria anot� expresamente en el t�tulo la cantidad de N$234,084.27 como suma adeudada a la fecha, aunque no haya anotado los pagos parciales abonados por la demandada por concepto de mercanc�a recibida; y aun cuando no se exhibieran y relacionaran las facturas que amparaban las mercanc�as respectivas, se presume que �stas fueron elaboradas y las mercanc�as entregadas al aceptarse en el acto de la diligencia de exequendo por el representante legal de la parte reo, que el adeudo ascend�a a la suma reclamada, sin que obste el hecho de que esa anotaci�n se haya hecho con posterioridad a la confecci�n del t�tulo y despu�s de la firma de la aceptante, pues ello pone en evidencia que los pagos fueron hechos por la diferencia entre el total de la obligaci�n asumida y el saldo demandado. Y si la actora exige el cobro de una cantidad menor determinada, al establecer la S. responsable que la demandada deb�a probar, en su caso, que la cantidad adeudada fuese menor para que no procediera la acci�n, ello significa que le hubiera correspondido acreditar que hizo mayores pagos o que la mercanc�a no le fue entregada, pues el reconocimiento del adeudo significa la recepci�n de la mercanc�a y por tanto le correspond�a demostrar que no fue as�, para relevarla de la condena al pago del adeudo admitido, no est�ndose frente a un juicio ordinario de simple reclamaci�n de pago por mercanc�a entregada entre comerciantes, sino ante un procedimiento ejecutivo mercantil, cuyo documento se traduce en una prueba preconstituida para la procedencia de la acci�n. En consecuencia, la sociedad demandada estaba obligada a probar que no deb�a, o que no le hab�a sido entregada la mercanc�a por la actora, hasta por la cantidad reclamada en la demanda, en virtud de que con la admisi�n del adeudo, no s�lo se arroj� la presunci�n favorable a la accionante sobre el contenido general de su reclamaci�n, sino que el reconocimiento implica la admisi�n del cr�dito pendiente de pago, en t�rminos de lo dispuesto en los art�culos 1194 y 1196 del C�digo de Comercio.-En consecuencia, no siendo la sentencia reclamada conculcatoria de las garant�as individuales que la sociedad quejosa invoca, procede negar el amparo solicitado contra dicho acto de autoridad.

TERCERO

El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, remiti� para su estudio en la presente contradicci�n, la resoluci�n dictada en el amparo directo civil 360/97, que en su parte conducente se�ala:

CUARTO.-Los antecedentes del caso son los siguientes: Por escrito presentado el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y seis, ante la J. de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, A.N.R.C., en su car�cter de endosatario en procuraci�n de A.R.G., promovi� juicio ejecutivo mercantil en contra de Caritina P�rez G.�a, de quien demand� el pago de cinco mil setecientos cincuenta pesos, por concepto de suerte principal, diecisiete mil trescientos noventa y seis pesos, por intereses convenidos a raz�n del diez por ciento mensual, gastos y costas del juicio.-Narr� como hechos en esencia: 1. El cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, la ahora demandada firm� un pagar� por la cantidad de dos mil ochocientos cincuenta pesos, con fecha de vencimiento el catorce de marzo del mismo a�o, tal como lo demostraba con el citado documento que exhib�a. 2. En la misma fecha, la hoy demandada firm� otro pagar� por la cantidad de dos mil novecientos pesos, con fecha de vencimiento el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, seg�n lo acreditaba con este otro documento que tambi�n exhib�a. 3. El doce de febrero de mil novecientos noventa y seis, los referidos t�tulos de cr�dito le fueron endosados al ocursante en procuraci�n, como consta al reverso de aqu�llos. 4. A pesar de las gestiones extrajudiciales realizadas, no ha podido obtener el cobro de los citados documentos.-Previa diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, Caritina P�rez G.�a contest� oponi�ndose a las prestaciones reclamadas, objetando los documentos fundatorios de la acci�n y en relaci�n a los hechos, manifest� en concreto: 1. Este punto lo neg�, afirmando que en ning�n momento suscribi� el documento referido por el actor, por lo que la firma que aparece en dicho t�tulo de cr�dito es falsa. 2. Este punto lo neg� por la misma raz�n. 3. Este punto no lo afirm� ni lo neg�, por tratarse de un hecho no propio. 4. Este punto lo neg�, argumentando que si no ha suscrito ning�n t�tulo de cr�dito en favor de la parte actora, no ten�a por qu� ser requerida de pago, tachando de falsos tanto el contenido como las firmas que aparecen en los documentos fundatorios de la acci�n. Opuso como excepciones las de carencia de acci�n, falsificaci�n de firma, falsedad de los documentos, falta de legitimaci�n y la de dinero no entregado.-Oportunamente se abri� el juicio a prueba, por lo que el actor ofreci� la documental p�blica de actuaciones, la documental p�blica consistente en el acta de requerimiento, embargo y emplazamiento, la confesional contenida en dicha acta, la documental privada, la testimonial, la pericial y la presuncional en su doble aspecto, las cuales fueron admitidas y desahogadas a excepci�n de la pericial.-La demandada ofreci� como pruebas la documental p�blica de actuaciones, la testimonial, la pericial y la presuncional en su doble aspecto, mismas que fueron admitidas y desahogadas.-Previos los dem�s tr�mites legales correspondientes, el veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y seis, la J. del conocimiento dict� sentencia cuyos puntos resolutivos quedaron transcritos en el resultando primero de esta resoluci�n. Inconforme A.N.R.C. interpuso apelaci�n, recurso que culmin� con la sentencia de once de abril de mil novecientos noventa y siete, dictada por la S. responsable en el toca n�mero 1581/96, que revoc� el fallo recurrido. Esta ejecutoria constituye el acto reclamado en el presente juicio de garant�as.-QUINTO.-Son parcialmente fundados los conceptos de violaci�n.-La raz�n fundamental que expres� la S. responsable para revocar el fallo recurrido, estriba en que en su concepto, la manifestaci�n que al parecer hizo la demandada en la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, asentada en el acta respectiva, en el sentido de que reconoc�a y sab�a de la deuda cuyo pago se le requiri�, constituye prueba confesional y que, como tal, debi� ser valorada de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 324 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, de aplicaci�n supletoria al C�digo de Comercio en t�rminos de su art�culo 1054, as� como al tenor del art�culo 1294 de este �ltimo ordenamiento legal, ya que se trata de una actuaci�n judicial, por lo que ante la aceptaci�n expresa de la deuda, debi� declararse probada la acci�n sin mayor tr�mite; e invoca en apoyo de su consideraci�n, las tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos rubros dicen: ?CONFESI�N. ES V�LIDA LA FORMULADA POR EL DEMANDADO AL PRACTICARSE LA DILIGENCIA QUE CUMPLIMENTA EL AUTO DE EXEQUENDO.? y ?JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CONFESI�N DE ADEUDO EN LA DILIGENCIA DE EXEQUENDO, SE CONSIDERA COMO PRODUCIDA ANTE JUEZ COMPETENTE.?.-La quejosa alega en esencia, que la sentencia reclamada infringe lo dispuesto por los art�culos 1212, 1215, 1287, 1322, 1324, 1325 y 1327 del C�digo de Comercio, en relaci�n con los art�culos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que la citada manifestaci�n no debe ser tomada en cuenta, ya que al haber sido emplazada y s�lo como una muestra de buena fe, firm� el acta porque as� se lo indic� el diligenciario, para demostrar que efectivamente se hab�a llevado a cabo esa primera notificaci�n, pero que nunca acept� ni reconoci� los t�tulos de cr�dito que se le pretenden cobrar; y lo relativo a la aceptaci�n de la deuda ?es un mecanismo que tienen los C.D. para trabar un formal embargo?, por lo que de estimarse esa manifestaci�n como una confesional se le deja en estado de indefensi�n, afectando su patrimonio.-Ante tal situaci�n, debe destacarse que la cuesti�n fundamental planteada como materia de la litis en el presente juicio de garant�as, consiste en determinar si la expresi�n atribuida a la demandada, asentada en el acta de requerimiento, embargo y emplazamiento, en el sentido de reconocer y saber del adeudo, constituye o no prueba confesional.-Sobre este aspecto, este Tribunal Colegiado estima que le asiste la raz�n a la quejosa, por cuanto que lo expresado en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento no debe considerarse como una prueba confesional.-En efecto los art�culos 1205 y 1211 del C�digo de Comercio, reconocen como medio de prueba a la confesional, misma que puede ser judicial o extrajudicial.-Los art�culos 1212 y 1213 del mismo ordenamiento legal, precisan que es judicial la confesi�n que se hace ante J. competente, ya sea al contestar la demanda o al absolver posiciones; y que la extrajudicial es la confesi�n que se hace ante J. incompetente.-Por �ltimo, el art�culo 1287 del referido C�digo de Comercio, establece que la confesi�n judicial hace prueba plena cuando: I. Sea hecha por persona capaz de obligarse; II. Sea hecha con pleno conocimiento y sin coacci�n ni violencia; III. Sea de hecho propio y concerniente al negocio; IV. Se haya hecho conforme a las prescripciones del cap�tulo XIII.-Y el diverso art�culo 1235 del mismo ordenamiento legal establece: ?Cuando la confesi�n no se haga al absolver las posiciones, sino al contestar la demanda o en cualquier otro acto del juicio, no siendo en la presencia judicial, el colitigante podr� pedir y deber� decretarse la ratificaci�n. Hecha �sta, la confesi�n queda perfecta.?.-De estas disposiciones legales, se desprende que para que la confesi�n de una de las partes en juicio, pueda calificarse de judicial, es necesario que se lleve a efecto ante o en presencia del J., o bien de quien por autorizaci�n o disposici�n legal act�e en su representaci�n, pudiendo llevarse a cabo esta clase de confesi�n al contestar la demanda, al absolver posiciones e inclusive en cualquier acto del juicio, pero en este �ltimo supuesto, es decir, cuando no se haga en presencia del J., tendr� que pedirse la ratificaci�n para que se considere legalmente como una confesi�n perfecta.-En el caso, la manifestaci�n que se atribuye a la demandada y que fue asentada en el acta de requerimiento, embargo y emplazamiento, por el diligenciario, en el sentido de que reconoc�a y sab�a del adeudo cuyo pago se le requiri�, no puede considerarse como una confesi�n judicial, porque evidentemente que no se hizo ante el J. de origen, pues es incuestionable que si bien es cierto que fue �l quien dict� el auto de exequendo, sin embargo el que materialmente lo ejecuta es el diligenciario, quien �nicamente debe ce�irse a lo ordenado, esto es, a proceder al desahogo del referido auto, requiriendo de pago, embargando y emplazando al demandado, pero de ninguna manera para recibir la confesi�n de aqu�l, puesto que la ley no lo faculta para ello.-Es cierto que las actuaciones judiciales hacen prueba plena, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 1294 del C�digo de Comercio, pero tambi�n lo es que trat�ndose concretamente de la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, no constituye realmente una actuaci�n practicada ante o en presencia del J., ni mucho menos en su representaci�n, puesto que el diligenciario lleva a cabo el desahogo del auto de exequendo por s� mismo y su actuaci�n debe reducirse a hacer saber al demandado la existencia del juicio de acuerdo con los requisitos que establece la ley para ello, pero sus facultades no se extienden al grado de recibir una confesi�n, pues de estimarse de esta manera, ser�a innecesario no s�lo el ofrecimiento de pruebas por parte del demandado, sino inclusive la contestaci�n de demanda, lo cual no se encuentra previsto ni en el C�digo de Comercio ni en el C�digo de Procedimientos Civiles de esta entidad; por el contrario, el art�culo 56 de este �ltimo ordenamiento legal, indica que salvo las respuestas que manden dar las resoluciones objeto de las notificaciones, no se admitir�n otras razones que ?quedar entendido?, ?negarse a firmar? y ?reservarse a contestar por escrito?; y el art�culo 57 siguiente, establece: ?Queda prohibido hacer constar en la raz�n de la notificaci�n, que la parte notificada est� �conforme�.?.-El acta de requerimiento, embargo y emplazamiento, es v�lida como actuaci�n ?judicial? para demostrar el objetivo de la misma, es decir, para acreditar que el demandado fue emplazado, pero de ninguna manera para estimar que la raz�n asentada, respecto de la manifestaci�n del demandado, sobre el reconocimiento del adeudo, pueda considerarse como una confesi�n judicial, porque -se insiste-, la ley no lo prev� en esa forma; pues lo contrario implicar�a que el diligenciario pudiera recibir cualquier otro medio de prueba.-Si bien el art�culo 1235 del C�digo de Comercio, prev� que la confesi�n no se haga al absolver posiciones, sino al contestar la demanda o en cualquier otro acto del juicio, y que si no es en la presencia judicial, deber� decretarse la ratificaci�n, para que la confesi�n sea perfecta, lo cual no sucedi� en la especie.-En conclusi�n, la manifestaci�n del demandado, asentada en un acta de requerimiento, embargo y emplazamiento, en el sentido de reconocer y saber del adeudo cuyo pago se le requiere, no constituye una confesi�n judicial dentro del juicio ejecutivo mercantil, porque no se trata de una manifestaci�n realizada ante la J. del conocimiento, adem�s de que tal diligencia no tiene como objetivo el de recabar o recibir pruebas y adem�s porque no lo previene as� la ley, por lo que este Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y en consecuencia, deber� denunciarse la contradicci�n de tesis en su oportunidad, a fin de que sea resuelta por el m�s Alto Tribunal de la naci�n de acuerdo con la fracci�n III del art�culo 196 de la Ley de Amparo.-En las condiciones anteriores, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la S. responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dicte otra, en la que sobre la base de que la manifestaci�n de la demandada que se asent� en el acta de requerimiento, embargo y emplazamiento, no constituye confesi�n judicial, aborde las dem�s cuestiones planteadas en los agravios y resuelva lo que en derecho corresponda.

CUARTO

Como cuesti�n previa a cualquier otra, debe establecerse si efectivamente existe la contradicci�n de tesis denunciada.

Con relaci�n a lo anterior, es de se�alarse que el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 45/93, promovido por R.F.A., fallado el diez de febrero de mil novecientos noventa y tres, sustent� la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo XI-Marzo, visible a fojas 271 y 272, cuyo rubro y texto son:

EMBARGO, EL RECONOCIMIENTO EN �L DE LOS T�TULOS DE CR�DITO BASE DE LA ACCI�N Y LA DEUDA HACEN PRUEBA PLENA (C�DIGO DE COMERCIO).-Cuando en una diligencia de embargo el deudor hace reconocimiento expreso de la suscripci�n de los t�tulos de cr�dito base de la acci�n y la deuda que se le reclama, ello hace prueba plena en su contra por ser dicha diligencia una actuaci�n judicial que se verifica ante el ejecutor del juzgado que est� investido de fe p�blica y que al tenor del art�culo 1294 del C�digo de Comercio que se�ala: ?Art�culo 1294. Las actuaciones judiciales har�n prueba plena.?, tiene valor probatorio pleno.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 3283/95 y 7123/95, promovidos por G.E.G.�a y Almac�n El�ctrico Industrial, S.A. de C.V., el veintid�s de junio de mil novecientos noventa y cinco y cinco de enero de mil novecientos noventa y seis, respectivamente, sostiene las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta,Novena �poca, Tomo II y Tomo III, agosto de 1995 y febrero de 1996, fojas 485 y 486, y 439, que son del tenor literal siguiente:

"CONFESI�N. ES V�LIDA LA FORMULADA POR EL DEMANDADO AL PRACTICARSE LA DILIGENCIA QUE CUMPLIMENTA EL AUTO DE EXEQUENDO.-La diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil, constituye una actuaci�n judicial, porque se basa en un acuerdo o mandato judicial, que se efect�a por funcionario facultado para requerir, ejecutar y notificar al reo, y si en el acta no obra la firma del quejoso, ello no es causa eficiente para desvirtuar la validez probatoria que como actuaci�n judicial tiene esa documental p�blica, en virtud de que se bas� en un mandamiento judicial, con base en las facultades y la fe p�blica de la que se encuentra investido el notificador y ejecutor y fue autorizada con la firma de esa autoridad ejecutora; requisitos �stos que son los �nicos exigidos por el art�culo 58 del c�digo adjetivo civil, para concederle la naturaleza y eficacia de actuaci�n judicial que, por lo dem�s, no se desvirt�a por las simples objeciones carentes de pruebas formuladas por el inconforme, atento lo que establece el precepto 1293 del C�digo de Comercio. La falta de firma del demandado no es requisito indispensable para la eficacia de dicha actuaci�n, ni tampoco desvirt�a la confesi�n que en el acto de la diligencia hubiera realizado esa parte al reconocer el total del adeudo; lo anterior en raz�n de que esa manifestaci�n se hace ante el fedatario judicial en el ejercicio de sus funciones y sin que fuera menester la autorizaci�n ulterior o simult�nea del secretario de Acuerdos, porque la susodicha diligencia corresponde en general al notificador y ejecutor quien cuenta por s� solo con atribuciones y fe plena, en la inteligencia de que el art�culo 1235 del C�digo de Comercio admite la confesi�n en cualquier otro acto del juicio, y no necesariamente en audiencia de recepci�n y desahogo de posiciones o en contestaci�n dedemanda, trat�ndose de un acto de juicio ejecutivo mercantil, seg�n lo establecen los preceptos 1391 a 1396 del C�digo de Comercio, el auto de exequendo y la diligencia que le da cumplimiento, esto es la de requerimiento, embargo y emplazamiento, que fue aquella en la que se especific� y realiz� su confesi�n el quejoso."

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CONFESI�N DE ADEUDO EN LA DILIGENCIA DE EXEQUENDO, SE CONSIDERA COMO PRODUCIDA ANTE JUEZ COMPETENTE.-Cuando en un juicio ejecutivo mercantil se reclama un cr�dito pendiente en contra de la parte demandada aceptado en un pagar�, y en dicho documento se establece la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, anot�ndose por el beneficiario, la existencia de un saldo por cantidad menor a la determinada originalmente en el t�tulo, misma que fue aceptada cuando se le requiri� de pago en la diligencia de exequendo, debe entenderse la procedencia de la acci�n deducida en el juicio, por reconocimiento expreso del saldo adeudado, sin que se pueda considerar que no exista confesi�n o reconocimiento del demandado en el juicio de origen, porque no haya producido la admisi�n del adeudo directamente ante el J. de la causa, sino ante funcionario ejecutor que practic� la diligencia, pues al respecto, debe decirse que la confesi�n producida en la diligencia de exequendo, con motivo del requerimiento de pago por esa suma menor, re�ne las condiciones necesarias para hacer prueba plena sobre la existencia efectiva y reconocimiento del saldo pendiente que previene el cap�tulo XIII, del t�tulo VI del C�digo de Comercio, toda vez que necesariamente la actuaci�n en comento habr� de examinarse por el J. que despach� la ejecuci�n, y al aprobarse la diligencia y apreciarse la confesi�n producida en la sentencia que recaiga en el pleito, es jur�dico que se considere como una confesi�n producida ante J. competente con los efectos que trae aparejada.

El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, demandante de la presente contradicci�n, al fallar el amparo directo 360/97, promovido por Caritina P�rez G.�a, el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y siete, sostiene la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., agosto de mil novecientos noventa y siete, fojas 692, que dice:

CONFESI�N JUDICIAL. LAS MANIFESTACIONES REALIZADAS POR EL DEMANDADO EN EL DESAHOGO DEL AUTO DE EXEQUENDO, NO LA CONSTITUYEN.-De la recta interpretaci�n de los art�culos 1235 y 1287 del C�digo de Comercio se concluye que la manifestaci�n de una de las partes s�lo puede tener el car�cter de confesi�n judicial, si se realiza en presencia del J. o de quien por autorizaci�n de �ste o disposici�n legal act�e en su representaci�n, y puede llevarse a cabo esta clase de confesi�n, al contestar la demanda, al absolver posiciones e inclusive en cualquier acto del juicio, pero en este �ltimo supuesto, esto es, cuando no se efect�e ante el J., tendr� que pedirse la ratificaci�n para que surta efectos de confesi�n judicial; por consiguiente, la manifestaci�n atribuida al demandado contenida en el acta levantada con motivo del desahogo del auto de exequendo, en el sentido de que reconoci� el adeudo reclamado en el juicio ejecutivo mercantil en que se dict� tal prove�do, no puede estimarse como confesi�n judicial, ya que evidentemente no se produjo ante el J. del conocimiento, pues si bien es cierto que fue �l quien dict� el citado auto de ejecuci�n, quien materialmente lo ejecuta es el diligenciario, quien �nicamente debe ce�irse a lo ordenado, es decir, a proceder al desahogo del referido auto, requiriendo de pago, embargando y emplazando al demandado, sin que esto signifique que pueda recibir la confesi�n de aqu�l, pues no existe disposici�n legal que lo faculte para ello, pues admitir el criterio contrario implicar�a que fuera innecesario no s�lo el ofrecimiento de pruebas por parte del demandado, sino incluso la contestaci�n de demanda, lo cual no se encuentra previsto en el C�digo de Comercio ni en el C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, m�xime que el art�culo 57 de este �ltimo ordenamiento legal, proh�be hacer constar en la raz�n de notificaci�n, que la parte notificada est� conforme.

De las resoluciones preinsertas, se aprecia que los tribunales contendientes, para determinar la existencia de la prueba confesional y su eficacia probatoria a trav�s de las manifestaciones que realiza el demandado en la diligencia del embargo, interpretan entre otros, el art�culo 1235 del C�digo de Comercio y que se refiere a la confesi�n que se hace al contestar la demanda o en cualquier otro acto de juicio, no siendo en la presencia judicial y que el colitigante podr� pedir y que de decretarse la ratificaci�n y hecha �sta, la confesi�n queda perfecta.

Por otra parte, tambi�n se desprende que estos tribunales se apoyan en diversos preceptos del C�digo de Comercio para fundar sus sentencias, las cuales se transcriben para mejor comprensi�n del problema.

"Art. 1211. La confesi�n puede ser judicial o extrajudicial."

"Art. 1212. Es judicial la confesi�n que se hace ante J. competente, ya al contestar la demanda, ya absolviendo posiciones."

"Art. 1213. Se considera extrajudicial la confesi�n que se hace ante J. incompetente."

"Art. 1235. Cuando la confesi�n no se haga al absolver las posiciones, sino al contestar la demanda o en cualquier otro acto del juicio, no siendo en la presencia judicial, el colitigante podr� pedir y deber� decretarse la ratificaci�n. Hecha �sta, la confesi�n queda perfecta."

Art. 1294. Las actuaciones judiciales har�n prueba plena.

Las ejecutorias que dieron motivo a la denuncia de contradicci�n de tesis se emitieron, la primera, por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el diez de febrero de mil novecientos noventa y tres, al resolver el amparo directo 45/93.

La segunda y tercera dictadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el veintid�s de junio de mil novecientos noventa y cinco y cinco de enero de mil novecientos noventa y seis, al fallar los amparos directos 3283/95 y 7123/95, respectivamente.

Por �ltimo, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y siete, dict� sentencia en el amparo directo 360/97.

Cabe se�alar que el C�digo de Comercio en el libro quinto referente a los juicios ejecutivos mercantiles fue objeto de importantes reformas, adiciones y derogaciones por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis; sin embargo, los art�culos que han quedado transcritos no sufrieron modificaciones en los a�os en que se emitieron estas resoluciones.

El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito al interpretar el art�culo 1235 del C�digo de Comercio, respecto a la prueba confesional que se hace en la diligencia de embargo, en el sentido de que el deudor reconoc�a los t�tulos de cr�dito y la deuda, constituye prueba plena ya que se hizo ante el ejecutor del juzgado, funcionario investido de fe p�blica, por ser dicha diligencia una actuaci�n judicial.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene en esencia que seg�n el art�culo 1235 del C�digo de Comercio permite y toma como confesi�n de parte la que realiza en cualquier acto del juicio, entendi�ndose como tal la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento efectuado en juicio natural, la cual no requiere de manera alguna de la ratificaci�n del declarante o confeso, para que aunada a otras probanzas, como lo son el t�tulo de cr�dito y las periciales rendidas en autos, pueda tomarse como base para la convicci�n plena a favor del colitigante y contraria al quejoso, am�n de que la confesi�n vertida se hizo ante el notificador y ejecutor quien en ejercicio de sus funciones y por su fe p�blica, puede ser considerado como integrante de la presencia judicial.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en s�ntesis se�ala que lo expresado en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento no debe considerarse como una prueba confesional y agrega, que las manifestaciones que se atribuyen a la demandada y que fueron asentadas en el acta de requerimiento, embargo y emplazamiento por el diligenciario, en el sentido de que reconoc�a y sab�a del adeudo cuyo pago se le requiri�, no puede considerarse como una confesi�n judicial pues no se hizo ante el J. de origen y el diligenciario no puede recibir la confesi�n de aqu�l, puesto que la ley no lo faculta para ello.

Mientras los dos primeros tribunales de m�rito reconocen la existencia de la prueba confesional en la diligencia de embargo y su valor probatorio en juicio, por realizarse ante el ejecutor del juzgado investido de fe p�blica, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, concluye que el diligenciario no puede recibir confesi�n alguna pues la ley no lo faculta para ello, por lo que el reconocimiento del adeudo por parte del ejecutado no puede considerarse como una prueba confesional.

Como se colige de lo anterior se aprecia que s� existe la contradicci�n de criterios que se denuncia, ya que por una parte, se sostiene la existencia de la prueba confesional realizada ante el ejecutor del juzgado y por la otra, que esta persona no puede recibir confesi�n alguna, por lo que las manifestaciones realizadas por el ejecutado en la diligencia de embargo no pueden considerarse como confesi�n judicial.

La litis en la presente contradicci�n, se constri�e a determinar si las manifestaciones realizadas por el demandado en la diligencia de embargo en un juicio ejecutivo mercantil ante el ejecutor del juzgado, constituyen una confesi�n.

Lo anterior es as�, en tanto que la materia de la presente contradicci�n qued� limitada a determinar exclusivamente y como sostiene el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en si la expresi�n atribuida a la demandada asentada en el acta de requerimiento de embargo y emplazamiento, en el sentido de reconocer y saber del adeudo, constituye o no prueba confesional, concluyendo este tribunal que no, como se aprecia de la parte considerativa de la sentencia:

... Ante tal situaci�n, debe destacarse que la cuesti�n fundamental planteada como materia de la litis en el presente juicio de garant�as, consiste en determinar si la expresi�n atribuida a la demandada, asentada en el acta de requerimiento, embargo y emplazamiento, en el sentido de reconocer y saber del adeudo, constituye o no prueba confesional.-Sobre este aspecto, este Tribunal Colegiado estima que le asiste la raz�n a la quejosa, por cuanto que lo expresado en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento no debe considerarse como una prueba confesional.

No pasa inadvertido a esta Primera S. que la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, transcrita a fojas 52 y 53 de la presente contradicci�n, no precisa de manera clara si existe la prueba confesional respecto de las manifestaciones realizadas por el demandado en la diligencia de embargo, sino que exclusivamente se limita a mencionar que dichas manifestaciones no constituyen una confesi�n judicial, y que el diligenciario no la puede recibir ya que no est� facultado para ello; sin embargo, de la parte considerativa de la sentencia que se acaba de transcribir, dicho Tribunal Colegiado sostiene que no constituye prueba confesional y para que exista la contradicci�n de tesis que se denuncia debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que sustentan los �rganos jurisdiccionales.

Sirve de apoyo a la anterior consideraci�n la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Tercera S., 8a. �poca, Tomo IV, Primera Parte, tesis CLXXIV/89, p�gina 219 y que a la letra dice:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA.-Es verdad que en el art�culo 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposici�n que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicci�n de tesis, la relativa a que �sta emane necesariamente de juicios de id�ntica naturaleza, sin embargo, es la interpretaci�n que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que s� han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cu�l criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los �rganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si �stas s�lo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposici�n debe darse en la sustancia del problema jur�dico debatido; por lo que ser� la naturaleza del problema, situaci�n o negocio jur�dico analizado, la que determine materialmente la contradicci�n de tesis que hace necesaria la decisi�n o pronunciamiento del �rgano competente para establecer el criterio prevaleciente, con car�cter de tesis de jurisprudencia."

Por tales razones, s� existe la contradicci�n de criterios motivo de la denuncia, en tanto que los Tribunales Colegiados del Segundo Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, reconocen la existencia de la prueba confesional que realiza el deudor en la diligencia de embargo ante el ejecutor del juzgado, as� como su valor probatorio, mientras que el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito -como qued� apuntado- concluye que la anterior circunstancia no debe considerarse como una prueba confesional.

QUINTO

El criterio que debe de prevalecer es el que sustenta esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

Tomando en cuenta que las tesis cuya contradicci�n se estudia, hacen referencia a la prueba confesional, es menester precisar la definici�n de este concepto.

Para E.P. la confesi�n es "... el reconocimiento expreso o t�cito que hace una de las partes de hechos que le son propios, relativos a las cuestiones controvertidas y que lo perjudican." (Diccionario de Derecho Procesal Civil. Editorial Porr�a, M�xico, 1977, p�gina 175).

Este mismo autor sostiene que existen diversas clases de confesi�n que admite la ley y la doctrina y entre ellas, tenemos a la confesi�n judicial que se hace ante un J. competente, durante el juicio o en los medios preparatorios del mismo y en las providencias precautorias y extrajudicial, la que se hace fuera de juicio o ante J. incompetente (p�gina 176).

El procesalista B.B. afirma que de nuestro derecho positivo se puede deducir la siguiente definici�n descriptiva de la confesi�n judicial: "... reconocimiento de hechos propios que produce efectos jur�dicos en contra de quien, siendo capaz, lo hace libre y formalmente en juicio.". Y la confesi�n extrajudicial, es tambi�n el reconocimiento de hechos propios "... pero realizados fuera de juicio en declaraciones verbales o escritas con la intenci�n de producir efectos jur�dicos.". En ambos casos concluye el autor, la confesi�n es un acto de voluntad que debe tener por contenido el reconocimiento de un hecho al que el derecho atribuya el nacimiento, la modificaci�n o la extinci�n de una relaci�n jur�dica (El Proceso Civil en M�xico. Editorial Porr�a, M�xico, 1977, pp. 102 y 103).

H.D.E. en su obra Teor�a General de la Prueba Judicial, se�ala que la confesi�n debe cumplir con determinados requisitos, los que pueden clasificarse en tres categor�as: a) requisitos para su existencia; b) requisitos para su validez; c) requisitos para su eficacia probatoria.

Entre los requisitos para su existencia tenemos entre otros los siguientes: Debe ser una declaraci�n de parte; personal, a menos que exista una autorizaci�n legal para hacerla a nombre de otro; los hechos sobre que versa deben ser favorables a la parte contraria; deben versar sobre hechos personales del confesante o sobre su conocimiento de hechos ajenos; debe ser consciente; y debe tener capacidad jur�dica el confesante.

En los requisitos para la validez de la confesi�n, la confesi�n existe pero ser� nula o inv�lida lo cual impedir� que produzca sus efectos jur�dicos probatorios. Entre estos requisitos tenemos: plena capacidad jur�dica del confesante; libre voluntad del confesante o ausencia de coacci�n; el cumplimiento de las formalidades procesales de tiempo, modo y lugar (la confesi�n extrajudicial puede ocurrir en cualquier momento y lugar y de cualquier modo, pero la judicial debe producirse en el tr�mite del proceso, y por tanto, rigen para estas formalidades procesales, especialmente si es provocada).

En los requisitos para la eficacia de la confesi�n, puede ocurrir que la confesi�n exista jur�dicamente y que sea v�lida, por estar exenta de vicios, pero al mismo tiempo carezca de m�rito probatorio en ese proceso o para el hecho de que se trata. Entre estos requisitos tenemos los siguientes: La legitimaci�n para el acto, si es representante o apoderado; su conducencia o idoneidad como medio de prueba del hecho confesado o la aptitud legal para probar ese hecho; que el hecho haya sido alegado por las partes, a menos que sea accesorio; que la confesi�n tenga causa y objetos l�citos y que no sea dolosa ni fraudulenta; que la voluntad del confesante no est� viciada por error de hecho o dolo; que el hecho confesado sea jur�dicamente posible (Teor�a General de la Prueba Judicial, Editorial V�ctor P.Z.�a, Argentina, 1981, p�ginas 579 a 634).

Este mismo autor, se�ala como requisitos para la confesi�n judicial los siguientes:

  1. Que se haga en un proceso o en diligencia judicial previa, ante un J. en ejercicio de sus funciones;

  2. Que el J. sea competente, si lo exige expresamente la ley;

  3. No es indispensable que ocurra en el mismo proceso, salvo que una norma legal lo exija (p�ginas 635 a 641).

    El citado tratadista J.B.B., sostiene que en la materia civil la confesi�n tiene como requisitos la capacidad, la libertad y la formalidad.

    Las formalidades que establece nuestra legislaci�n positiva, afirma este autor son:

  4. Ofrecimiento de la prueba: La prueba de confesi�n puede ofrecerse presentando o no el pliego de posiciones y s�lo a partir del d�a en que se abre el periodo de ofrecimiento hasta antes de la audiencia, siempre que se ofrezca con la debida oportunidad.

  5. Deber de citaci�n para la diligencia; no puede llevarse a cabo la diligencia de absoluci�n de posiciones si el absolvente no es citado, mediante notificaci�n personal.

  6. Contenido formal de las posiciones: Deben ser formuladas por una parte a la otra; debe ser sobre hechos propios; no deben referirse a un solo hecho; pueden formularse en forma oral o escrita.

  7. Necesaria presencia del J. competente: Lo que distingue la confesi�n judicial de la extrajudicial es precisamente que aqu�lla debe desahogarse ante J. y �sta sin la presencia de dicho funcionario.

  8. Presencia de las partes: Ante el J. deben de comparecer el articulante y el absolvente.

  9. Necesidad de consignar por escrito la diligencia: Para que no pueda dudarse del alcance de la confesi�n, la ley exige que el absolvente firme el pliego de posiciones, antes del interrogatorio, que se levante acta en que se hagan constar las respuestas dadas por el absolvente y que el acta seafirmada por �ste (obra citada, p�ginas 105 a 108).

    En nuestro C�digo de Comercio no se define a la confesi�n; sin embargo, la anterior Tercera S. precis� que la confesi�n es el reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jur�dicas a su cargo, lo cual significa que cuando una de las partes no reconoce ning�n hecho que le ocasione perjuicio, no puede estimarse que exista confesi�n de su parte.

    CONFESI�N, CONCEPTO DE, EN MATERIA MERCANTIL.-La confesi�n, considerada como prueba dentro del �mbito del procedimiento mercantil mexicano por disposici�n de la fracci�n I del art�culo 1205 del C�digo de Comercio, es el reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jur�dicas a su cargo, lo cual significa que cuando una de las partes no reconoce ning�n hecho que le ocasione perjuicio, no puede estimarse que exista confesi�n de su parte.

    (Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Tercera S., Tomo 151-156, Cuarta Parte, p�gina 100).

    Los art�culos 1211, 1212 y 1213 precept�an que la confesi�n puede ser judicial o extrajudicial.

    La confesi�n es judicial cuando se hace ante J. competente, ya al contestar la demanda, ya absolviendo posiciones.

    Se considera extrajudicial la confesi�n que se hace ante J. incompetente.

    En el cap�tulo XIII, se establecen las formalidades de la prueba confesional, entre otras tenemos: se puede ofrecer desde el escrito de demanda y contestaci�n a la demanda y hasta diez d�as antes de la audiencia de pruebas (1214). Las personas f�sicas que sean parte en el juicio, s�lo est�n obligadas a absolver posiciones personalmente cuando as� lo exija el que las articula (1215); trat�ndose de personas morales, la absoluci�n de posiciones siempre se llevar� a cabo por apoderado o representante, con facultades para absolver; las posiciones deben articularse en t�rminos precisos; no han de ser insidiosas; no han de contener cada una m�s de un s�lo hecho y �ste ha de ser propio del que declara; hecha la protesta de decir verdad, el J. proceder� al interrogatorio asentando literalmente las respuestas y concluida la diligencia, la parte absolvente firmar� al margen el pliego de posiciones (1225).

    Por su parte, el art�culo 1235 establece de manera precisa que cuando la confesi�n no se haga al absolver posiciones, sino al contestar la demanda o en cualquier otro acto del juicio, no siendo en la presencia judicial, el colitigante podr� pedir y deber� decretarse la ratificaci�n, hecha �sta, la confesi�n queda perfecta.

    De este precepto se concluye:

  10. Que puede existir la confesi�n al contestar la demanda o en cualquier otro acto del juicio no siendo en la presencia judicial (requisito de existencia).

  11. Que se requiere de la ratificaci�n mediante la solicitud que haga el colitigante (requisito formal de validez).

  12. Que hecha la ratificaci�n, �sta queda perfecta (eficacia probatoria).

    El referido cuerpo normativo en los art�culos 1287 a 1291 establece el valor de las pruebas confesionales.

    El art�culo 1287 precept�a que la prueba confesional hace prueba plena cuando concurren en ella las circunstancias siguientes: que sea hecha por persona capaz de obligarse; que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacci�n ni violencia; que sea de hecho propio y concerniente al negocio.

    El art�culo 1291 se�ala que la confesi�n extrajudicial har� prueba plena si el J. incompetente ante quien se hizo era reputado competente para las dos partes en el acto de confesi�n.

    Una vez sentado lo anterior, deben precisarse los antecedentes de los juicios ejecutivos mercantiles que dieron lugar a los juicios en los que se sustentaron las tesis que se contradicen.

  13. En el amparo directo civil 45/93, fallado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, se aprecia que el peticionario de garant�as promovi� juicio de amparo en contra de la sentencia de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos, dictada en el juicio ejecutivo mercantil toca 939/92, promovido por R.C.A., en la que se modifica la sentencia apelada y se le condena al pago de diversas cantidades pactadas en los t�tulos de cr�dito base de la acci�n.

    En la diligencia de embargo, el demandado reconoci� los t�tulos de cr�dito base de la acci�n y deuda que se le reclam�, pues as� lo manifest� el ejecutor del juzgado (foja 118).

  14. Respecto del amparo directo civil 3283/95 resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aparece que el quejoso present� demanda de amparo en contra de la sentencia dictada el ocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra del quejoso, en la que se revoc� la sentencia de la primera instancia y le conden� al pago de diversas cantidades convenidas en los t�tulos base de la acci�n.

    El demandado en la diligencia de embargo y emplazamiento de diez de septiembre de mil novecientos noventa y tres, reconoci� el adeudo y se�al� bienes para garantizar las cantidades reclamadas, ante el ejecutor que la practic�, se�alando la S. responsable en su fallo recurrido que era irrelevante el hecho que no se haya firmado la diligencia, pues dicho ejecutor tiene fe p�blica (foja 65 del expediente).

  15. El Tercer Tribunal Colegiado mencionado al fallar el amparo directo civil 7123/95, en los antecedentes aparece que el quejoso promovi� igualmente juicio de garant�as, en contra de la sentencia dictada por la Segunda S. del Tribunal Superior de Justicia de trece de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, en el juicio ejecutivo mercantil, dentro del toca 2297/95, en el que se confirm� la sentencia apelada y se le conden� al pago de diversas cantidades.

    En los antecedentes de la sentencia impugnada, se encuentra que el deudor en la diligencia de catorce de junio de mil novecientos noventa y cuatro, reconoci� adeudar al ser requerido de pago como consta de la raz�n del ejecutor (foja 95).

  16. Por �ltimo, en los antecedentes del juicio de amparo directo 360/97, se desprende que la quejosa promovi� juicio de amparo en contra de la sentencia de once de abril de mil novecientos noventa y siete, de la Quinta S. del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dictada en el toca de apelaci�n 1581/96, que revoc� el fallo de primer grado y se le conden� al pago de diversas cantidades consignadas en los documentos base de la acci�n.

    En la respectiva diligencia de embargo, la parte demandada a pregunta expresa del funcionario judicial, admiti� adeudar la cantidad que en ese momento se le reclamaba, estampando su firma al calce del acta (foja 14).

    Expuesto lo anterior es de concluir que se trata en todos los casos de juicios ejecutivos mercantiles, que tienen como elementos comunes los siguientes:

  17. La pr�ctica de una diligencia de embargo.

  18. El reconocimiento de los t�tulos base de la acci�n y de la deuda.

  19. Que el reconocimiento se hizo ante un ejecutor del juzgado.

SEXTO

Con base en los elementos precisados en el considerando anterior, debe concluirse que en el caso debe prevalecer la tesis sustentada por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por considerar que las manifestaciones realizadas en la diligencia de exequendo en las actuaciones judiciales, en un juicio ejecutivo mercantil ante la presencia del ejecutor del juzgado, en la que se reconoce el adeudo contra�do, al requerirse de pago al deudor, constituyen una declaraci�n ya que est�n reconociendo la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jur�dicas a su cargo, sobre todo cuando la declaraci�n se hizo espont�nea, lisa, llanamente y sin reservas, en una diligencia de car�cter judicial.

En la diligencia de exequendo, en juicio ejecutivo mercantil, el requerimiento de pago, como primera actuaci�n judicial, es la intimaci�n que por virtud de un mandamiento judicial, el ejecutor del juzgado con base en las facultades y la fe p�blica de la que se encuentra investido, dirige a una persona para que pague el adeudo contra�do o para que, en su caso, manifieste lo que estime conducente en relaci�n con tal requerimiento; por tanto, si en dicha diligencia, a la luz de los art�culos 1212 y 1235 del C�digo de Comercio, el demandado reconoce deber a la actora determinada cantidad, es una declaraci�n que constituye una confesi�n, ya que se est� reconociendo la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jur�dicas a cargo del obligado, sobre todo cuando se realiza de manera espont�nea, lisa, llanamente y sin reservas; por ello si el reconocimiento del adeudo se hace en el momento en que el deudor es requerido del pago, tal declaraci�n es precisamente la que implica la confesi�n, misma que deber� ser valorada de acuerdo con las reglas de apreciaci�n de las pruebas y en conjunto con el restante valor probatorio constante en autos.

Es muy importante que se haga el reconocimiento del adeudo en el momento en que el deudor es requerido del pago, ya que esta declaraci�n es precisamente la que implica la confesi�n.

Por �ltimo, cabe agregar lo siguiente:

  1. Cuando la confesi�n se hace al absolver posiciones no requiere ratificaci�n.

  2. Cuando la confesi�n se realiza al contestar la demanda o en cualquier otro acto del juicio, no siendo en la presencia judicial, requiere la ratificaci�n para quedar perfecta; y

  3. La confesi�n as� producida se le debe negar el valor probatorio por s� misma, pero si se encuentra corroborada con otras pruebas debe otorg�rsele el valor de prueba plena.

Apoyan a la anterior consideraci�n las tesis de la anterior Tercera S., visibles en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Sexta �poca, Volumen L, p�gina 86 y S�ptima �poca, Tomo 109-114, Cuarta Parte, p. 27, que respectivamente dicen:

"CONFESI�N DE LA DEUDA, EFECTOS DE LA. JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.-Si en la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento el demandado reconoci� al ser requerido de pago, deber a la actora determinada cantidad y �l mismo hizo el se�alamiento de la finca de su propiedad para que se practicara el embargo en garant�a de la deuda y acept� el cargo de depositario de la misma finca, que le fue conferido por el endosatario en procuraci�n de la actora, firmando de conformidad el acta respectiva ese reconocimiento de la deuda por parte del obligado, no se desvirtu� por la negativa posterior al contestar la demanda y oponerse a la ejecuci�n, ya que frente a dos proposiciones contradictorias del demandado, una en la que confiesa la deuda y otra en la que la niega, debe prevalecer la confesi�n, sobre todo cuando esa confesi�n se hizo espont�nea, lisa y llanamente y sin reservas, respecto del hecho fundamental alegado por la parte contraria y que a �sta le incumbir�a probar. El efecto de la confesi�n, dentro del �mbito del principio dispositivo que rige el procedimiento mercantil mexicano, es el de producir la comprobaci�n del hecho, objeto de la controversia. Por tanto, una vez reconocido y confesado el hecho fundatorio de la demanda, ya no se puede retractar el confidente, a menos de que demuestre que lo confesado no responde a la verdad o que la confesi�n fue debida a error."

CONFESI�N EN MATERIA MERCANTIL.-De conformidad con el art�culo 1235 del C�digo de Comercio, cuando la confesi�n no se haga al absolver las posiciones, sino al contestar la demanda o en cualquier otro acto del juicio, no siendo en la presencia judicial, el colitigante podr� pedir y deber� decretarse la ratificaci�n, agregando que, hecha �sta, la confesi�n queda perfecta, lo que interpretado a contrario sensu significa que si no se pide y consecuentemente no se decreta la ratificaci�n de dicha confesi�n, �sta es imperfecta; sin embargo, ello de ninguna manera quiere decir que a la confesi�n as� producida, siempre y en todo caso deba neg�rsele valor probatorio, sino tan s�lo que por s� misma no tiene ese valor; pero cuando, como acontece en la especie, la expresada confesi�n se encuentra corroborada con otras pruebas debe otorg�rsele el valor de prueba plena.

En tal virtud, debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, con las precisiones se�aladas, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 195, de la Ley de Amparo, la tesis correspondiente debe quedar redactada con el siguiente rubro y texto:

CONFESI�N JUDICIAL. ALCANCES DE LA PRODUCIDA EN LA DILIGENCIA DE EXEQUENDO.-En el juicio ejecutivo mercantil el requerimiento de pago, durante la diligencia de exequendo, como primera actuaci�n judicial, es la intimaci�n que por virtud de un mandamiento judicial, el ejecutor del juzgado con base en las facultades y la fe p�blica de la que se encuentra investido, dirige a una persona para que pague el adeudo contra�do o para que, en su caso, manifieste lo que estime conducente en relaci�n con tal requerimiento; por tanto, si en dicha diligencia, a la luz de los art�culos 1212 y 1235 del C�digo de Comercio, el demandado admite deber a la actora determinada cantidad, es una declaraci�n que constituye una confesi�n, ya que se acepta la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jur�dicas a cargo del obligado, sobre todo cuando se realiza de manera espont�nea, lisa, llanamente y sin reservas; por ello si el reconocimiento del adeudo se hace en el momento en que el deudor es requerido del pago, tal declaraci�n es precisamente la que implica la confesi�n, misma que deber� ser valorada de acuerdo con las reglas de apreciaci�n de las pruebas y en conjunto con el restante valor probatorio constante en autos.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo adem�s, en los art�culos 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito con residencia en la ciudad de Puebla, al fallar el amparo directo civil 360/97, en contra de las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar los juicios de amparo civil 45/93 y los amparos directos civil 3283/95 y 7123/95, respectivamente.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por esta Primera S., que se especifica en el �ltimo considerando de este fallo.

TERCERO

R.�tase de inmediato la tesis que se sustenta en la presente resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis, para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, a las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto en el art�culo 195, de la Ley de Amparo. R.�tase asimismo a la propia coordinaci�n la parte considerativa de la resoluci�n para su publicaci�n �ntegra en el Semanario.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n, comun�quese a los Tribunales Colegiados sustentantes, y en su oportunidad arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.V.C. y C., J.� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. (ponente) y presidente H.R.P..