Ejecutoria num. 1a./J. 89/2006 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 28228667

Ejecutoria num. 1a./J. 89/2006 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 89/2006
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2007
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE SI SE INTENTA CONTRA QUIEN DETENTA LA POSESIÓN QUE DERIVA DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, POR LO QUE DEBE EJERCERSE LA ACCIÓN PERSONAL BASADA EN LA DISOLUCIÓN DE ESE VÍNCULO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 70/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; en relaci�n con los puntos primero, segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicci�n suscitada entre los criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de materia civil, de la competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO

La presente denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se encuentra facultado para ello, de conformidad con el art�culo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO

Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicci�n, son las siguientes:

  1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver con fecha once de mayo de dos mil seis, el juicio de amparo directo n�mero 58/2006, determin�, en lo que interesa, lo siguiente:

    ... es necesario atender a las figuras jur�dicas involucradas en la especie, a saber, la acci�n reivindicatoria, en general y en particular la ejercida entre quienes fueron c�nyuges, y el litisconsorcio pasivo necesario, as� como los antecedentes del asunto que tienen relevancia en la especie. En cuanto a la acci�n reivindicatoria, el art�culo 4o. del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dispone: ?Art�culo 4o.? (se transcribe). Asimismo, la jurisprudencia n�mero 21 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 15, Tomo IV, parte Suprema Corte de Justicia de la Naci�n del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1995, Sexta �poca del rubro y texto siguientes, establece: ?ACCI�N REIVINDICATORIA. SUS ELEMENTOS.? (se transcribe). Por tanto, cuando el actor ejerce esa acci�n es necesario, para la procedencia de la misma, que demuestre tener la propiedad del bien, la posesi�n de �ste por su contraparte y la identidad respectiva. Sin embargo, la mera acreditaci�n de esos elementos puede ser insuficiente para la procedencia de la mencionada acci�n real, como ocurre, verbigracia, si la posesi�n es derivada, o sea, concedida al poseedor por el propietario en virtud de alg�n acto jur�dico que permita a aqu�l retener temporalmente la cosa, seg�n la diferenciaci�n entre posesi�n originaria y derivada que establece el art�culo 791 del C�digo Civil para el Distrito Federal: ?Art�culo 791.? (se transcribe). De manera que, la existencia de una relaci�n personal de car�cter contractual entre actor y demandado que justifique la posesi�n de este �ltimo (arrendamiento, comodato, etc�tera) excluye el ejercicio de una acci�n real como la reivindicatoria, y precisa que se ejerza la acci�n personal respectiva. As�, se deriva de los criterios reiterados de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ?ACCI�N REIVINDICATORIA, PROCEDENCIA DE LA.? (se transcribe), ?ACCI�N REIVINDICATORIA, PROCEDENCIA DE LA.? (se transcribe) y ?ACCI�N REIVINDICATORIA IMPROCEDENTE (POSESI�N DERIVADA).? (se transcribe). Aunque el caso m�s com�n de esa posesi�n derivada que impone el ejercicio de una acci�n personal, con exclusi�n de la reivindicatoria, es el del arrendatario, existen otros actos jur�dicos que pueden dar lugar a esa clase de posesi�n, como, por ejemplo, el matrimonio. En efecto, los art�culos 146, 163, 212 y 266 del C�digo Civil para el Distrito Federal, establecen: ?Art�culo 146.? (se transcribe). ?Art�culo 163.? (se transcribe). ?Art�culo 212.? (se transcribe). ?Art�culo 266.? (se transcribe). La interpretaci�n sistem�tica de esos preceptos, lleva a establecer que el matrimonio constituye un acto jur�dico, en tanto nace a partir de la libre manifestaci�n de la voluntad de los contrayentes y requiere para su celebraci�n ciertos requisitos legales; que los esposos habitan en un domicilio conyugal, cuando en �ste act�an con plena autoridad e iguales consideraciones; que en el r�gimen de separaci�n de bienes, cada uno de los c�nyuges conserva la propiedad y administraci�n de sus respectivos bienes; y, que el divorcio disuelve el v�nculo jur�dico matrimonial, permitiendo a los c�nyuges contraer otro. Los esposos, en virtud del matrimonio, pueden establecer su domicilio conyugal en un inmueble que no sea propio de ninguno de ellos, en tanto gocen de la autoridad propia antes indicada; que sea propiedad de ambos; o, que el dominio pertenezca s�lo a uno de ellos, ya sea que lo haya adquirido antes o durante el matrimonio. Cuando se da este �ltimo supuesto, y existe un r�gimen de separaci�n de bienes, el inmueble sede del hogar permanecer� en todo momento como propiedad del c�nyuge respectivo, quien conservar� la posesi�n originaria, mientras que el diverso integrante de la pareja tendr� una posesi�n derivada, cuya causa se encuentra en el acto jur�dico del matrimonio. Sin dem�rito de ese dominio exclusivo de uno de los c�nyuges, el bien ra�z deber� ser destinado preponderantemente a la satisfacci�n de los alimentos del otro c�nyuge y de sus hijos, si los hubiere, cubri�ndose as�, espec�ficamente, el rubro habitaci�n, como uno de los diversos satisfactores que comprende la figura de los alimentos, que deben proporcionarse los c�nyuges entre s� y los padres a los hijos, en t�rminos de los art�culos 302, 303 y 308 del invocado C�digo Civil para el Distrito Federal: ?Art�culo 302.? (se transcribe). ?Art�culo 303.? (se transcribe). ?Art�culo 308.? (se transcribe). Por ende, una vez que se disuelve el matrimonio celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, dej�ndose a los c�nyuges en aptitud de celebrar otro, sin haber hijos procreados por ambos esposos, el c�nyuge que tenga el car�cter de poseedor derivado deber� desocupar el inmueble, pues termin� el acto jur�dico causal de la posesi�n, a lo cual podr�, incluso, ser condenado, si se reclam� as�, en la sentencia que declare el divorcio, como consecuencia de este �ltimo. Si dicho c�nyuge poseedor derivado tiene derecho a alimentos, tambi�n proceder� la desocupaci�n del bien, pero en tal supuesto, el diverso esposo deudor alimentario deber� otorgarle el valor correspondiente al rubro de habitaci�n que dejar� de cubrirse con el que fuera domicilio conyugal. En caso de que no exista la condena a la desocupaci�n y entrega del inmueble en la sentencia de divorcio, y el c�nyuge poseedor derivado se abstenga de desocuparlo voluntariamente tras la disoluci�n del v�nculo matrimonial, el propietario del bien tiene derecho a recuperar la posesi�n, empero, no podr� ejercerlo a trav�s de una acci�n real, como la reivindicatoria, sino que deber� intentar la acci�n personal basada en dicha disoluci�n. As� es, dado que la posesi�n que detenta el c�nyuge que carece del car�cter de propietario es derivada, precisamente porque tiene su origen en un acto jur�dico (matrimonio) por virtud del cual el detentador (c�nyuge propietario) le entreg� la posesi�n del inmueble (domicilio conyugal), y los poseedores derivados s�lo pueden ser compelidos a restituir un bien a trav�s de acciones personales relacionadas con el v�nculo jur�dico que les hizo entrar a poseerlo. De similar forma, es decir, mediante el ejercicio de la acci�n personal correspondiente, se podr� reclamar la desocupaci�n del bien a los hijos con derecho a alimentos que, tras el divorcio de sus padres, hayan permanecido en el mismo a fin de satisfacer la habitaci�n como parte integrante de la obligaci�n alimenticia, lo que implicar� otorgarles el valor correspondiente a ese rubro. Igual acci�n personal deber� ejercerse si el c�nyuge o los hijos, como acreedores alimentarios, permanecieron en el inmueble con posterioridad al divorcio por virtud de un convenio o sentencia que as� lo previnieran, ya que, en esa hip�tesis, la modificaci�n o cesaci�n de la obligaci�n alimenticia que promueva el c�nyuge propietario del bien podr�n llevar a la desocupaci�n del mismo. Todo ello, permite concluir que la acci�n reivindicatoria es improcedente entre c�nyuges y entre quienes han dejado de serlo, por lo que este tribunal no comparte el criterio invocado por la Sala responsable en el acto reclamado, y sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en la tesis II.3o.C.45 C, publicado en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., noviembre de dos mil dos, p�gina 1111, que es del tenor siguiente: ?ACCI�N REIVINDICATORIA. PROCEDE ENTRE C�NYUGES CUANDO EXISTE DISOLUCI�N DEL V�NCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL R�GIMEN DE SEPARACI�N DE BIENES (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE M�XICO).? (se transcribe).

    El anterior criterio dio origen a la siguiente tesis:

    "Novena �poca

    "Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XXIV, julio de 2006

    "Tesis: I.3o.C.556 C

    "P�gina: 1110

    ACCI�N REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE ENTRE QUIENES DEJARON DE SER C�NYUGES, POR LO QUE DEBE EJERCERSE LA ACCI�N PERSONAL DERIVADA DE DISOLUCI�N DEL V�NCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL R�GIMEN DE SEPARACI�N DE BIENES. Conforme a la interpretaci�n sistem�tica de los art�culos 146, 163, 212 y 266 del C�digo Civil para el Distrito Federal, el matrimonio constituye un acto jur�dico, en tanto nace a partir de la libre manifestaci�n de la voluntad de los contrayentes y requiere para su celebraci�n ciertos requisitos legales; los esposos habitan en un domicilio conyugal, cuando en �ste act�an con plena autoridad e iguales consideraciones; en el r�gimen de separaci�n de bienes, cada uno de los c�nyuges conserva la propiedad y administraci�n de sus respectivos bienes; y, el divorcio disuelve el v�nculo jur�dico matrimonial, permitiendo a los c�nyuges contraer otro. Los esposos pueden establecer su domicilio conyugal en un inmueble que no sea propio de ninguno de ellos, en tanto gocen de la autoridad propia antes indicada; que sea propiedad de ambos; o, que el dominio pertenezca s�lo a uno de ellos, ya sea que lo haya adquirido antes o durante el matrimonio. Cuando se da este �ltimo supuesto, y existe un r�gimen de separaci�n de bienes, el inmueble sede del hogar permanecer� en todo momento como propiedad del c�nyuge respectivo, quien conservar� la posesi�n originaria, mientras que el diverso integrante de la pareja tendr� una posesi�n derivada, cuya causa se encuentra en el acto jur�dico del matrimonio. Sin dem�rito de ese dominio exclusivo de uno de los c�nyuges, el bien ra�z deber� ser destinado preponderantemente a la satisfacci�n de los alimentos del otro c�nyuge y de sus hijos, si los hubiere, cubri�ndose as�, espec�ficamente, el rubro habitaci�n, como uno de los diversos satisfactores que comprende la figura de los alimentos, que deben proporcionarse los c�nyuges entre s� y los padres a los hijos, en t�rminos de los art�culos 302, 303 y 308 del invocado C�digo Civil. Por ende, una vez que se disuelve el matrimonio celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, dej�ndose a los c�nyuges en aptitud de celebrar otro, sin haber hijos procreados por ambos esposos, el c�nyuge que tenga el car�cter de poseedor derivado deber� desocupar el inmueble, pues termin� el acto jur�dico causal de la posesi�n, a lo cual podr�, incluso, ser condenado, si se reclam� as�, en la sentencia que declare el divorcio, como consecuencia de este �ltimo. Si dicho c�nyuge poseedor derivado tiene derecho a alimentos, tambi�n proceder� la desocupaci�n del bien, pero en tal supuesto, el diverso esposo deudor alimentario deber� otorgarle el valor correspondiente al rubro de habitaci�n que dejar� de cubrirse con el que fuera domicilio conyugal. En caso de que no exista la condena a la desocupaci�n y entrega del inmueble en la sentencia de divorcio, y el c�nyuge poseedor derivado se abstenga de desocuparlo voluntariamente tras la disoluci�n del v�nculo matrimonial, el propietario del bien tiene derecho a recuperar la posesi�n, empero, no podr� ejercerlo a trav�s de una acci�n real, como la reivindicatoria, sino que deber� intentar la acci�n personal basada en dicha disoluci�n. As� es, dado que la posesi�n que detenta el c�nyuge que carece del car�cter de propietario es derivada, precisamente porque tiene su origen en un acto jur�dico (matrimonio) por virtud del cual el detentador (c�nyuge propietario) le entreg� la posesi�n del inmueble (domicilio conyugal), y los poseedores derivados s�lo pueden ser compelidos a restituir un bien a trav�s de acciones personales relacionadas con el v�nculo jur�dico que les hizo entrar a poseerlo. De similar forma, es decir, mediante el ejercicio de la acci�n personal correspondiente, se podr� reclamar la desocupaci�n del bien a los hijos con derecho a alimentos que, tras el divorcio de sus padres, hayan permanecido en el mismo a fin de satisfacer la habitaci�n como parte integrante de la obligaci�n alimenticia, lo que implicar� otorgarles el valor correspondiente a ese rubro. Igual acci�n personal deber� ejercerse si el c�nyuge o los hijos, como acreedores alimentarios, permanecieron en el inmueble con posterioridad al divorcio por virtud de un convenio o sentencia que as� lo previniera, ya que, en esa hip�tesis, la modificaci�n o cesaci�n de la obligaci�n alimenticia que promueva el c�nyuge propietario del bien podr� llevar a la desocupaci�n del mismo. Todo ello, permite concluir que la acci�n reivindicatoria es improcedente entre c�nyuges y entre quienes han dejado de serlo.

  2. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el dos de julio de dos mil dos, el amparo directo n�mero 116/2002, consider� lo siguiente:

    Antes de realizar el estudio de los conceptos de violaci�n, resulta necesario precisar lo que al efecto dispone el art�culo 766 del C�digo Civil para el Estado de M�xico, el que a la letra dice: ?Art�culo 766.? (se transcribe). De lo establecido en dicho numeral, se colige que la posesi�n derivada es aquella que se obtiene en virtud de un acto jur�dico mediante el cual el propietario entrega la cosa por t�tulo que importe obligaci�n de devolverla, concediendo a su co-contratante el derecho de retenerla temporalmente en su poder, con el car�cter de usufructuario, arrendatario, acreedor prendario, comodatario, depositario, por ello sus efectos se regir�n por las normas espec�ficas del acto jur�dico de que se trate, en todo lo relativo a los derechos sobre la cosa, frutos, gastos, responsabilidad por p�rdida o menoscabo. Asimismo, se estima de suma importancia citar los art�culos del citado c�digo sustantivo relativos a la sociedad conyugal a la instituci�n jur�dica del divorcio, mismos que son del tenor literal siguiente: ?Art�culo 169.? (se transcribe). ?Art�culo 170.? (se transcribe). ?Art�culo 183.? (se transcribe). ?Art�culo 189.? (se transcribe). ?Art�culo 190.? (se transcribe). Del divorcio. ?Art�culo 252.? (se transcribe). ?Art�culo 267.? (se transcribe). ?Art�culo 269.? (se transcribe). ?Art�culo 270.? (se transcribe). ?Art�culo 271.? (se transcribe) y ?Art�culo 272.? (se transcribe). Tomando en cuenta lo dispuesto en los citados numerales, en relaci�n con la sociedad conyugal, se colige en lo que interesa, que dicho r�gimen matrimonial nace con el matrimonio o durante �l, en el cual pueden comprender no s�lo los bienes de que sean due�os los c�nyuges al convenirla, sino tambi�n los bienes futuros que adquieran durante la vigencia del matrimonio, adem�s, que la citada sociedad concluye con la disoluci�n del matrimonio (divorcio), por voluntad de los consortes, o por la sentencia que declare la presunci�n de muerte del c�nyuge ausente, eventos que una vez actualizados de acuerdo a lo expuesto, imponen a los c�nyuges la obligaci�n de proceder a la formaci�n del inventario respectivo, hecho el cual se proceder� al pago de los cr�ditos que hubieren contra el fondo social, haci�ndose la devoluci�n a cada c�nyuge de lo que llev� al matrimonio, dividi�ndose el sobrante entre ambos en la forma convenida. As� tambi�n de lo establecido en los dispositivos legales relativos al divorcio, se advierte en lo que importa, que dicha instituci�n jur�dica disuelve el v�nculo del matrimonio y deja a los c�nyuges en aptitud de contraer otro, as� como extingue los efectos de dicho v�nculo jur�dico, de ah� que el juzgador en la sentencia que decrete el divorcio deber� determinar todo lo relativo a la guarda, custodia, patria potestad y bienes de los hijos de matrimonio, adem�s se colige que el c�nyuge que diera causa al divorcio perder� todo lo que se le hubiere dado o prometido por su consorte o por otra persona en consideraci�n a �ste, siendo el c�nyuge inocente quien conservar� lo recibido y podr� reclamar lo pactado en su provecho, de ah� que ejecutoriado el divorcio los c�nyuges deber�n proceder a la divisi�n de los bienes comunes, siempre y cuando el matrimonio se haya pactado bajo el r�gimen de sociedad conyugal, por tanto, debe estimarse que el divorcio extingue los efectos jur�dicos del matrimonio. Lo anterior hace necesario citar los art�culos del C�digo Civil, que regulan el r�gimen matrimonial de separaci�n de bienes, los que textualmente establecen lo siguiente: ?Art�culo 193.? (se transcribe). ?Art�culo 194.? (se transcribe). ?Art�culo 196.? (se transcribe). ?Art�culo 198.? (se transcribe). ?Art�culo 199.? (se transcribe). De lo dispuesto en los citados dispositivos legales, en lo que interesa, se advierte que en el r�gimen matrimonial de separaci�n de bienes, pueden comprenderse no s�lo bienes de que sean due�os los consortes al celebrar el matrimonio, sino tambi�n los que adquieran despu�s, as� la separaci�n puede ser absoluta o parcial, la primera, es regida espec�ficamente por las disposiciones relativas a ese r�gimen matrimonial, mientras que la segunda, es regulada por las capitulaciones expresas, pero los puntos que no est�n comprendidos en ellas se regir�n por los preceptos relativos a la sociedad conyugal, de tal manera, que en el r�gimen de separaci�n de bienes, cada consorte conserva la propiedad y administraci�n exclusiva de los bienes que adquiera a su nombre as� como sus frutos y accesiones, en t�rminos del citado art�culo 198, por ello debe decirse que el c�nyuge que adquiere determinado bien inmueble durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, es propietario absoluto y administrador exclusivo del mismo, as� como de sus frutos y accesiones, de ah� que en el caso de la disoluci�n del v�nculo matrimonial cada c�nyuge conserva la propiedad de sus bienes, a quienes se les deber�n entregar los mismos una vez concluido el matrimonio, ya que no existe comunidad respecto a ellos. Ahora bien, de la concatenaci�n de lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusi�n de que al ejecutoriarse la sentencia que decret� el divorcio entre consortes �nicamente se proceder� a la divisi�n de los bienes adquiridos por los c�nyuges antes o despu�s de la celebraci�n del v�nculo matrimonial, cuando dicho consenso se haya celebrado bajo el r�gimen de sociedad conyugal o cuando as� lo hubieren pactado los consortes, pues s�lo bajo estas hip�tesis los consortes guardan una comunidad respecto de dichos bienes, que hace necesaria la liquidaci�n de la sociedad para efecto de dividir los mismos, lo cual no acontece cuando se declara la disoluci�n del matrimonio celebrado bajoel r�gimen de separaci�n de bienes, en el que cada consorte es propietario de los bienes que est�n a su nombre, caso en el cual no es necesaria la liquidaci�n a que se hizo alusi�n, por ello debe decirse que en los casos de divorcio en el que se disuelve un v�nculo matrimonial pactado bajo el r�gimen de separaci�n, no existe la necesidad de proceder a la liquidaci�n aludida, sino que cada consorte una vez disuelto el matrimonio est� en aptitud de que le sean entregados o requerir la entrega de los bienes de su propiedad, ante la conclusi�n del matrimonio, lo que conlleva a estimar que al decretarse el divorcio se extinguen los efectos del matrimonio y a su vez los consortes que estuvieron casados bajo el citado r�gimen de separaci�n de bienes, pueden v�lidamente con el fin de recuperar sus bienes ejercitar las acciones civiles correspondientes, en caso de negativa a la entrega de los mismos, en raz�n a la insubsistencia del matrimonio y sus efectos. En ese orden de ideas, debe se�alarse, que en la especie los demandados no tienen posesi�n derivada del bien inmueble en litigio, por el hecho de que dicho bien en su momento sirvi� de domicilio conyugal del accionante y su ex c�nyuge I.O.M.�o as� como en virtud de la pensi�n alimenticia pactada en el diverso juicio 1308/99, a favor de la menor A.A.M.O. y por la medida alimentaria a la que fue condenado el actor en el expediente 873/2000, a favor de A.M.O.. Ello es as�, pues con independencia de que el accionante haya entregado la posesi�n del inmueble en litigio a su ex c�nyuge I.O.M.�o en virtud del v�nculo jur�dico del matrimonio y en el cual se constituy� el domicilio conyugal, sin embargo, tal circunstancia no implica considerar que la posesi�n que ahora detenta la referida ex c�nyuge, respecto al inmueble en controversia, pueda considerarse por ese evento como derivada, pues no debe perderse de vista que efectivamente la posesi�n alegada tuvo su origen en el matrimonio celebrado con el actor bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, acto jur�dico que no puede equipararse con los actos que dan origen a la citada posesi�n derivada, ya que en este caso la detentaci�n alegada obviamente termina en el momento que se extingue el consenso matrimonial, es decir, a partir de que se decret� el divorcio de los c�nyuges en litigio, en raz�n de que es a partir de tal evento que cesan los efectos de dicho v�nculo jur�dico, ya que fue celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, en el cual no existe la necesidad de realizar la liquidaci�n de los bienes del matrimonio, puesto que cada c�nyuge es propietario de sus respectivos bienes. De tal manera, que la mencionada posesi�n no puede estimarse derivada, dado que se otorg� con el fin de cumplir con las obligaciones inherentes al matrimonio, es decir, la misma fue otorgada como una finalidad del matrimonio, establecida en los art�culos 149 y 150 del C�digo Civil para el Estado de M�xico, en el sentido de que los c�nyuges deben vivir juntos en el domicilio conyugal y que el (sic) marido le corresponde la obligaci�n de dar alimentos, dentro de los que se encuentra comprendida la vivienda, entendi�ndose estas obligaciones para con los c�nyuges, durante la vigencia del matrimonio, mas no con posterioridad al divorcio de los consortes; por tanto, la posesi�n que ostenta la ex c�nyuge del accionante no puede considerarse derivada, pues la misma se extingui� como antes se dijo, al decretarse el divorcio de los c�nyuges. Luego, si de las constancias de autos, se advierte que la causa que dio origen a la posesi�n en cuesti�n se ha extinguido, es decir, el matrimonio celebrado entre el accionante e I.O.M.�o ha dejado de existir, por raz�n del divorcio decretado en el diverso juicio 442/2000 en el que se disolvi� el v�nculo conyugal y el contrato del matrimonio, resulta evidente que tales actos dejaron de producir sus efectos, tanto en relaci�n con los c�nyuges como respecto de terceros, de conformidad con lo previsto por el art�culo 252 del C�digo Civil del Estado de M�xico, por ello la posesi�n en cuesti�n por la causa que le dio origen ha dejado de subsistir al extinguirse el matrimonio, la que en base a tal evento no puede ser considerada derivada, supuesto que los efectos del contrato matrimonial se encuentran extinguidos por el divorcio decretado en el citado juicio 442/2000, en donde se declar� c�nyuge culpable a la ex c�nyuge del accionante, adem�s, no debe perderse de vista de que el citado matrimonio fue celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, r�gimen en el que cada consorte conserva la propiedad y administraci�n exclusiva de los bienes que adquiera a su nombre as� como sus frutos y accesiones, en t�rminos del citado art�culo 198, de ah� que aun cuando el accionante adquiri� el bien inmueble en litis durante la vigencia del matrimonio, es obvio que �l es propietario absoluto y administrador exclusivo del mismo, as� como de sus frutos y accesiones, lo que lo legitima para ejercitar en contra de su ex c�nyuge la acci�n reivindicatoria y no la personal, en raz�n de la disoluci�n del matrimonio y porque dicho v�nculo se pact� bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, lo que implica considerar que no existen limitantes a tal derecho y en �ltima instancia ces� el derecho que pudiera existir en el uso y disfrute del inmueble por parte de la ex c�nyuge como consecuencia de la terminaci�n de la vida conyugal. En base a lo expuesto, se colige que independientemente de que el accionante, hoy quejoso, por raz�n del aludido matrimonio haya entregado la posesi�n del inmueble en litigio a su ex c�nyuge, no le limita el derecho de ejercitar la acci�n real reivindicatoria, pues �sta en t�rminos de lo previsto por el art�culo 477 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico, compete a quien no est� en posesi�n de la cosa, de la cual tiene la propiedad. Al caso es aplicable en lo conducente la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo V, Segunda Parte-1, enero a junio de 1990, p�gina 293, que dice: ?MATRIMONIO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL, SON AUT�NOMOS E INDEPENDIENTES DE LAS ACCIONES CIVILES.? (se transcribe). As� como en lo conducente la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.I., del mes de mayo de 1996, tesis IV.2o.8 C, p�gina 698, que dice: ?SEPARACI�N DE BIENES, LOS C�NYUGES CONSERVAN LA PROPIEDAD Y ADMINISTRACI�N DE LOS BIENES QUE ADQUIERA CADA UNO, AS� COMO SUS FRUTOS Y ACCESIONES (LEGISLACI�N DE NUEVO LE�N).? (se transcribe).

    El anterior criterio, origin� la siguiente tesis aislada:

    "Novena �poca

    "Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XVI, noviembre de 2002

    "Tesis: II.3o.C.45 C

    "P�gina: 1111

    ACCI�N REIVINDICATORIA. PROCEDE ENTRE C�NYUGES CUANDO EXISTE DISOLUCI�N DEL V�NCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL R�GIMEN DE SEPARACI�N DE BIENES (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE M�XICO). De lo dispuesto en los art�culos 193, 194, 196, 198 y 199 del C�digo Civil del Estado de M�xico deriva que en el r�gimen matrimonial de separaci�n de bienes, pueden comprenderse no s�lo los bienes de que sean due�os los consortes al celebrar el matrimonio, sino tambi�n los que adquieran despu�s; as�, la separaci�n puede ser absoluta o parcial. La primera se regula espec�ficamente por las disposiciones relativas a ese r�gimen matrimonial, mientras que la segunda es regulada por las capitulaciones expresas, pero los puntos que no est�n comprendidos en ellos se regir�n por los preceptos relativos a la sociedad conyugal; de tal manera que en el r�gimen de separaci�n de bienes cada consorte conserva la propiedad y administraci�n exclusiva de los bienes que adquiera a su nombre, as� como sus frutos y accesiones, en t�rminos del art�culo 198. Por ello, debe decirse que el c�nyuge que adquiere determinado inmueble durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, es propietario absoluto y administrador exclusivo del mismo, as� como de sus frutos y accesiones; de ah� que en el caso de la disoluci�n del v�nculo matrimonial cada c�nyuge conserva la propiedad de sus bienes a quien se le deber�n entregar los mismos una vez concluido el matrimonio, ya que no existe comunidad respecto a ellos, lo que lo legitima para ejercitar en contra de su exc�nyuge la acci�n reivindicatoria y no la personal, en raz�n de la disoluci�n del matrimonio; m�xime que ces� el derecho que pudiera existir en el uso y disfrute del inmueble como consecuencia de la terminaci�n de la vida conyugal, por lo que procede la acci�n reivindicatoria en t�rminos del art�culo 477 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico.

CUARTO

Como una cuesti�n previa, cabe precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al interpretar los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ha considerado que dichos preceptos regulan lo relativo a la contradicci�n de tesis sobre una misma situaci�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia y, que por tesis, debe entenderse la posici�n que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el car�cter de propias, adopta el tribunal en la soluci�n de un negocio jur�dico.

Asimismo, este Alto Tribunal ha considerado que, para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca debe existir cuando menos formalmente, una oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas, vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las fuentes primordiales de las tesis que sustentan los �rganos jurisdiccionales.

En otros t�rminos, se da la contradicci�n anterior, cuando concurran los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes.

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas.

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En el caso, s� existe contradicci�n de tesis, al encontrarse actualizados los supuestos aludidos, en atenci�n a lo siguiente:

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene que cuando el actor en un juicio ordinario ejerce la acci�n reivindicatoria es necesario, para la procedencia de la misma, que demuestre tener la propiedad del bien, la posesi�n de �ste por su contraparte y la identidad respectiva. Sin embargo, la mera acreditaci�n de esos elementos puede ser insuficiente para la procedencia de la mencionada acci�n real, como ocurre, si la posesi�n es derivada, o sea, concedida al poseedor por el propietario en virtud de alg�n acto jur�dico que permita a aqu�l retener temporalmente la cosa, seg�n la diferenciaci�n entre posesi�n originaria y derivada que establece el art�culo 791 del C�digo Civil para el Distrito Federal. De manera que, la existencia de una relaci�n personal de car�cter contractual entre actor y demandado que justifique la posesi�n de este �ltimo (arrendamiento, comodato, etc�tera) excluye el ejercicio de una acci�n real como la reivindicatoria, y precisa que se ejerza la acci�n personal respectiva. As�, se deriva de los criterios reiterados de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n con los rubros de: "ACCI�N REIVINDICATORIA, PROCEDENCIA DE LA."; "ACCI�N REIVINDICATORIA, PROCEDENCIA DE LA." y "ACCI�N REIVINDICATORIA IMPROCEDENTE (POSESI�N DERIVADA)."

Agreg� ese �rgano jurisdiccional que aun cuando el caso m�s com�n de esa posesi�n derivada que impone el ejercicio de una acci�n personal, con exclusi�n de la reivindicatoria, es el del arrendatario, existen otros actos jur�dicos que pueden dar lugar a esa clase de posesi�n, como, por ejemplo, el matrimonio, porque �ste constituye un acto jur�dico, en tanto nace a partir de la libre manifestaci�n de la voluntad de los contrayentes y requiere para su celebraci�n ciertos requisitos legales; que los esposos habitan en un domicilio conyugal, cuando en �ste act�an con plena autoridad e iguales consideraciones; que en el r�gimen de separaci�n de bienes, cada uno de los c�nyuges conserva la propiedad y administraci�n de sus respectivos bienes; y, que el divorcio disuelve el v�nculo jur�dico matrimonial, permitiendo a los c�nyuges contraer otro. Los esposos, en virtud del matrimonio, pueden establecer su domicilio conyugal en un inmueble: a) que no sea propio de ninguno de ellos, en tanto gocen de la autoridad propia antes indicada; b) que sea propiedad de ambos; o, c) que el dominio pertenezca s�lo a uno de ellos, ya sea que lo haya adquirido antes o durante el matrimonio.

Que cuando se da este �ltimo supuesto, y existe un r�gimen de separaci�n de bienes, el inmueble sede del hogar permanecer� en todo momento como propiedad del c�nyuge respectivo, quien conservar� la posesi�n originaria, mientras que el diverso integrante de la pareja tendr� una posesi�n derivada, cuya causa se encuentra en el acto jur�dico del matrimonio. Sin dem�rito de ese dominio exclusivo de uno de los c�nyuges, el bien ra�z deber� ser destinado preponderantemente a la satisfacci�n de los alimentos del otro c�nyuge y de sus hijos, si los hubiere, cubri�ndose as�, espec�ficamente, el rubro habitaci�n, como uno de los diversos satisfactores que comprende la figura de los alimentos, que deben proporcionarse los c�nyuges entre s� y los padres a los hijos, en t�rminos de los art�culos 302, 303 y 308 del C�digo Civil para el Distrito Federal; y que, por ende, una vez que se disuelve el matrimonio celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, dej�ndose a los c�nyuges en aptitud de celebrar otro, sin haber hijos procreados por ambos esposos, el c�nyuge que tenga el car�cter de poseedor derivado deber� desocupar el inmueble, pues termin� el acto jur�dico causal de la posesi�n, a lo cual podr�, incluso, ser condenado, si se reclam� as�, en la sentencia que declare el divorcio, como consecuencia de este �ltimo, pero si dicho c�nyuge poseedor derivado tiene derecho a alimentos, tambi�n proceder� la desocupaci�n del bien, pero en tal supuesto, el diverso esposo deudor alimentario deber� otorgarle el valor correspondiente al rubro de habitaci�n que dejar� de cubrirse con el que fuera domicilio conyugal.

Que en caso de que no exista la condena a la desocupaci�n y entrega del inmueble en la sentencia de divorcio, y el c�nyuge poseedor derivado se abstenga de desocuparlo voluntariamente tras la disoluci�n del v�nculo matrimonial, el propietario del bien tiene derecho a recuperar la posesi�n, empero, no podr� ejercerlo a trav�s de una acci�n real, como la reivindicatoria, sino que deber� intentar la acci�n personal basada en dicha disoluci�n, toda vez que la posesi�n que detenta el c�nyuge que carece del car�cter de propietario es derivada, porque tiene su origen en un acto jur�dico (matrimonio) en virtud del cual el detentador (c�nyuge propietario) le entreg� la posesi�n del inmueble (domicilio conyugal), y los poseedores derivados s�lo pueden ser compelidos a restituir un bien a trav�s de acciones personales relacionadas con el v�nculo jur�dico que les hizo entrar a poseerlo, porque mediante el ejercicio de la acci�n personal correspondiente, se podr� reclamar la desocupaci�n del bien a los hijos con derecho a alimentos que, tras el divorcio de sus padres, hayan permanecido en el mismo a fin de satisfacer la habitaci�n como parte integrante de la obligaci�n alimenticia, lo que implicar� otorgarles el valor correspondiente a ese rubro.

Que igual acci�n personal deber� ejercerse si el c�nyuge o los hijos, como acreedores alimentarios, permanecieron en el inmueble con posterioridad al divorcio en virtud de un convenio o sentencia que as� lo previnieran, ya que, en esa hip�tesis, la modificaci�n o cesaci�n de la obligaci�n alimenticia que promueva el c�nyuge propietario del bien podr�n llevar a la desocupaci�n del mismo.

El referido �rgano colegiado concluy� que la acci�n reivindicatoria es improcedente entre c�nyuges y entre quienes han dejado de serlo.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, estableci� que:

Previa transcripci�n de los art�culos 193, 194, 196, 198 y 199 del C�digo Civil para el Estado de M�xico, determin� que en el r�gimen matrimonial de separaci�n de bienes, pueden comprenderse no s�lo los bienes de que sean due�os los consortes al celebrar el matrimonio, sino tambi�n los que adquieran despu�s, as� la separaci�n puede ser absoluta o parcial, la primera es regida espec�ficamente por las disposiciones relativas a ese r�gimen matrimonial, mientras que la segunda es regulada por las capitulaciones expresas, pero los puntos que no est�n comprendidos en ellas se regir�n por los preceptos relativos a la sociedad conyugal, de tal manera que en el r�gimen de separaci�n de bienes, cada consorte conserva la propiedad y administraci�n exclusiva de los bienes que adquiera a su nombre as� como sus frutos y accesiones, en t�rminos del citado art�culo 198, por ello debe decirse que el c�nyuge que adquiere determinado bien inmueble durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, es propietario absoluto y administrador exclusivo del mismo, as� como de sus frutos y accesiones, de ah� que en el caso de la disoluci�n del v�nculo matrimonial cada c�nyuge conserva la propiedad de sus bienes, a quienes se les deber�n entregar los mismos una vez concluido el matrimonio, ya que no existe comunidad respecto a ellos; de manera que al ejecutoriarse la sentencia que decret� el divorcio entre consortes �nicamente se proceder� a la divisi�n de los bienes adquiridos por los c�nyuges antes o despu�s de la celebraci�n del v�nculo matrimonial, cuando dicho consenso se haya celebrado bajo el r�gimen de sociedad conyugal o cuando as� lo hubieren pactado los consortes, pues s�lo bajo estas hip�tesis los consortes guardan una comunidad respecto de dichos bienes, que hace necesaria la liquidaci�n de la sociedad para efecto de dividir los mismos, lo cual no acontece cuando se declara la disoluci�n del matrimonio celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, en el que cada consorte espropietario de los bienes que est�n a su nombre, caso en el cual no es necesaria la liquidaci�n a que se hizo alusi�n, por ello debe decirse que en los casos de divorcio en el que se disuelve un v�nculo matrimonial pactado bajo el r�gimen de separaci�n, no existe la necesidad de proceder a la liquidaci�n aludida, sino que cada consorte una vez disuelto el matrimonio est� en aptitud de que le sean entregados o requerir la entrega de los bienes de su propiedad, ante la conclusi�n del matrimonio, lo que conlleva a estimar que al decretarse el divorcio se extinguen los efectos del matrimonio y a su vez los consortes que estuvieron casados bajo el citado r�gimen de separaci�n de bienes, pueden v�lidamente con el fin de recuperar sus bienes ejercitar las acciones civiles correspondientes, en caso de negativa a la entrega de los mismos, en raz�n a la insubsistencia del matrimonio y sus efectos.

Que en este caso los demandados no tienen posesi�n derivada del bien inmueble en litigio, por el hecho de que dicho bien en su momento sirvi� de domicilio conyugal, ni en virtud de la pensi�n alimenticia pactada en el diverso juicio y por la medida alimentaria a la que fue condenado el actor en el expediente en otro procedimiento jurisdiccional, pues con independencia de que el accionante haya entregado la posesi�n del inmueble en litigio a su ex c�nyuge, en virtud del v�nculo jur�dico del matrimonio y en el cual se constituy� el domicilio conyugal; sin embargo, tal circunstancia no implica considerar que la posesi�n que ahora detenta la ex c�nyuge, respecto al inmueble en controversia, pueda considerarse por ese evento como derivada, pues no debe perderse de vista que efectivamente la posesi�n alegada tuvo su origen en el matrimonio celebrado con el actor bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, acto jur�dico que no puede equipararse con los actos que dan origen a la citada posesi�n derivada, ya que en este caso la detentaci�n alegada obviamente termina en el momento que se extingue el consenso matrimonial, es decir, a partir de que se decret� el divorcio de los c�nyuges en litigio, en raz�n de que es a partir de tal evento que cesan los efectos de dicho v�nculo jur�dico, ya que fue celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, en el cual no existe la necesidad de realizar la liquidaci�n de los bienes del matrimonio, puesto que cada c�nyuge es propietario de sus respectivos bienes.

Agreg� el referido �rgano colegiado, que la mencionada posesi�n no puede estimarse derivada, dado que se otorg� con el fin de cumplir con las obligaciones inherentes al matrimonio, es decir, la misma fue otorgada como una finalidad del matrimonio, establecida en los art�culos 149 y 150 del C�digo Civil para el Estado de M�xico, en el sentido de que los c�nyuges deben vivir juntos en el domicilio conyugal y que al marido le corresponde la obligaci�n de dar alimentos, dentro de los que se encuentra comprendida la vivienda, entendi�ndose estas obligaciones para con los c�nyuges, durante la vigencia del matrimonio, mas no con posterioridad al divorcio de los consortes; y que, por tanto, la posesi�n que ostenta la ex c�nyuge no puede considerarse derivada, pues la misma se extingui� como antes se dijo, al decretarse el divorcio de los c�nyuges.

Que si se disolvi� el v�nculo conyugal y el contrato del matrimonio, era evidente que tales actos dejaron de producir sus efectos, tanto en relaci�n con los c�nyuges como respecto de terceros, de conformidad con lo previsto por el art�culo 252 del C�digo Civil para el Estado de M�xico; y, por ello, la posesi�n en cuesti�n por la causa que le dio origen ha dejado de subsistir al extinguirse el matrimonio, la que en base a tal evento no puede ser considerada derivada, puesto que los efectos del contrato matrimonial se encuentran extinguidos por el divorcio decretado en un diverso juicio, adem�s, que no deb�a perderse de vista que el citado matrimonio fue celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, r�gimen en el que cada consorte conserva la propiedad y administraci�n exclusiva de los bienes que adquiera a su nombre as� como sus frutos y accesiones, en t�rminos del citado art�culo 198, de ah� que aun cuando el accionante adquiri� el bien inmueble en litis durante la vigencia del matrimonio, es obvio que �l es propietario absoluto y administrador exclusivo del mismo, as� como de sus frutos y accesiones, lo que lo legitima para ejercitar en contra de su ex c�nyuge la acci�n reivindicatoria y no la personal, en raz�n de la disoluci�n del matrimonio y porque dicho v�nculo se pact� bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, lo que implica considerar que no existen limitantes a tal derecho y en �ltima instancia ces� el derecho que pudiera existir en el uso y disfrute del inmueble por parte de la ex c�nyuge como consecuencia de la terminaci�n de la vida conyugal, independientemente de que el accionante, por raz�n del aludido matrimonio haya entregado la posesi�n del inmueble en litigio a su ex c�nyuge, no le limita el derecho de ejercitar la acci�n real reivindicatoria, pues �sta en t�rminos de lo previsto por el art�culo 477 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico, compete a quien no est� en posesi�n de la cosa, de la cual tiene la propiedad, de conformidad con el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el rubro de: "MATRIMONIO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL, SON AUT�NOMOS E INDEPENDIENTES DE LAS ACCIONES CIVILES."; as� como en lo conducente la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con el rubro de: "SEPARACI�N DE BIENES. LOS C�NYUGES CONSERVAN LA PROPIEDAD Y ADMINISTRACI�N DE LOS BIENES QUE ADQUIERA CADA UNO, AS� COMO SUS FRUTOS Y ACCESIONES."

Como se puede apreciar tanto de las ejecutorias transcritas, como de la anterior s�ntesis, en el caso se examina una cuesti�n esencialmente igual y se adoptan posiciones contrarias, por parte de los Tribunales Colegiados contendientes, en virtud de que uno sostiene que la acci�n reivindicatoria es improcedente entre quienes dejaron de ser c�nyuges, por lo que para recuperar la posesi�n de un bien inmueble debe ejercerse la acci�n personal derivada de la disoluci�n del v�nculo matrimonial, cuando �ste fue celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes; mientras que el otro �rgano jurisdiccional consider� que la acci�n reivindicatoria s� procede cuando existe disoluci�n del v�nculo matrimonial celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes.

En efecto, examinaron cu�l de las acciones citadas proced�a cuando se pretende recuperar la posesi�n de un bien inmueble por parte de quien detenta la propiedad y no la tiene como consecuencia de otra persona ex c�nyuge o alguno o algunos de sus descendientes o ambos mantienen el uso y goce del bien, derivado de la relaci�n contractual del matrimonio celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, aun cuando �ste ya fue disuelto por resoluci�n firme.

Asimismo, la diferencia de criterios se presenta en el texto de las consideraciones de las respectivas ejecutorias, como se advierte de su contenido; aun cuando se basan en legislaciones de diferente jurisdicci�n (C�digos Civiles del Distrito Federal y del Estado de M�xico), de contenido similar y se analizan los mismos elementos, partiendo del supuesto de si dej� de existir el v�nculo matrimonial celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, uno de los �rganos consider� que para recuperar la posesi�n de un bien inmueble proced�a la acci�n real reivindicatoria, mientras que el otro en iguales circunstancias estim� que la acci�n procedente era la personal derivada de la disoluci�n del v�nculo matrimonial.

De esta manera, en relaci�n con la existencia de la contradicci�n de tesis, se aprecia que a pesar de que los tribunales analizaron, en esencia, iguales cuestiones jur�dicas y examinaron esos elementos coincidentes, adoptaron posturas divergentes, pues arribaron a conclusiones opuestas.

No existe impedimento para resolver la presente contradicci�n de tesis, la circunstancia de que los criterios en contraposici�n no constituyan jurisprudencia, porque los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafos primero y tercero, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto, son los siguientes:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"P�gina: 77

CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

No es �bice para determinar que s� existe la contradicci�n de tesis el hecho de que la legislaci�n del Estado de M�xico que invoc� uno de los �rganos contendientes se haya abrogado, pues fue sustituida por otra, cuyo contenido es similar.

En esas condiciones, al existir la oposici�n de criterios denunciada, el tema de la presente contradicci�n de tesis consiste en determinar si la posesi�n del c�nyuge que no es propietario es derivada o no, cu�l acci�n procede cuando se pretende recuperar la posesi�n de un bien inmueble al haberse disuelto el v�nculo matrimonial que se celebr� bajo el r�gimen de separaci�n de bienes entre quienes dejaron de ser c�nyuges.

QUINTO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que enseguida se establece.

El punto materia de la contradicci�n consiste en determinar cu�l de las acciones procede: a) la reivindicatoria o b) la personal, cuando se pretende recuperar la posesi�n de un bien inmueble al haberse disuelto el v�nculo matrimonial que se celebr� bajo el r�gimen de separaci�n de bienes entre quienes dejaron de ser c�nyuges y para ello se debe determinar en primer lugar si la posesi�n que se tiene en virtud del v�nculo matrimonial es derivada o no.

Al respecto, como uno de los �rganos contendientes estim� procedente la acci�n reivindicatoria, mientras que el otro consider� lo contrario, es necesario determinar la naturaleza de la acci�n reivindicatoria para determinar si en el supuesto analizado por los Tribunales Colegiados que participan en la presente denuncia de contradicci�n de criterios opera tal figura jur�dica o no.

Precisado lo anterior, es necesario atender a las figuras jur�dicas involucradas en la especie, a saber, la acci�n reivindicatoria, en general y en particular la ejercida entre quienes fueron c�nyuges.

La acci�n reivindicatoria es la que tiene el propietario para ejercitar contra un tercero los derechos emergentes del dominio, a fin de constatar su derecho y lograr la restituci�n de la cosa.

La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha definido en forma reiterada cu�les son los elementos de la acci�n reivindicatoria y, al respecto, es ilustrativa la siguiente tesis:

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: CXXXI

"P�gina: 323

"ACCI�N REIVINDICATORIA, ELEMENTOS DE LA. Lo que debe acreditar la actora de un juicio reivindicatorio es lo siguiente: 1o. Que tiene la propiedad del bien; 2o. Que la demandada posee el inmueble que reclama; y 3o. Que lo amparado por su t�tulo de propiedad y lo que posee el demandado, se identifican perfectamente.

Amparo directo 2102/56. Mar�a D. P�rez Monta�o. 8 de febrero de 1957. Unanimidad de cinco votos. Ponente: M.R.�rez V�zquez.

La doctrina ha considerado que la acci�n de reivindicaci�n, es uno de los medios m�s eficaces para la defensa de los derechos de la propiedad y que era conocida en el derecho romano, en donde se estableci� que cuando la cosa se hallaba en poder de un tercero sin fundamentos legales, se utilizaba la ubi rem mean invento, ibi vindico.

Que tambi�n exist�a una v�a preparatoria que era ejercida por el actor o propietario cuando se dudaba de la posesi�n extra�a y, que en ese caso, se solicitaba como medida previa una actio ad exhibendum.

Tambi�n en el derecho romano se trat� de diversa manera al poseedor de buena o mala fe, el primero devolv�a la cosa, por obligaci�n real, sin obligaci�n de soportar los da�os ni hacer entrega de los frutos; en cambio, el segundo soportaba una acci�n de car�cter personal y se le exig�a un comportamiento de bonus pater familias con respecto a la cosa y a los frutos.

Luego, la reivindicaci�n compete a quien no est� en posesi�n de la cosa, de la cual tiene la propiedad y su efecto ser� declarar judicialmente que el actor tiene dominio sobre ella y que el demandado se la entregue con sus frutos y accesiones en los t�rminos previstos por el C�digo Civil aplicable.

En ese contexto se puede v�lidamente concluir que la acci�n reivindicatoria constituye la m�s propia y eficaz defensa ordinaria de la propiedad, pues tiene como finalidad el reconocimiento del derecho de dominio y, en consecuencia, la restituci�n de la cosa que indebidamente retiene un tercero con el cual no se mantiene ning�n v�nculo jur�dico.

De esa manera, la sentencia que se dicte en el proceso jurisdiccional en que se intente esa acci�n, si �sta se acredita, tiene un doble efecto, a saber:

1) Declarativo, en el sentido de que el actor tiene el dominio sobre la cosa.

2) C., en tanto que el demandado debe de restituir la cosa con todos sus frutos y accesiones en los t�rminos prescritos por el C�digo Civil aplicable.

Otro de los elementos que tomaron en cuenta los tribunales contendientes fue el consistente en determinar si la posesi�n del c�nyuge que no es propietario es derivada o no del v�nculo matrimonial.

Esto es, debe atenderse a la situaci�n personal de quien detenta la posesi�n del bien que se pretende reivindicar, o sea establecer la naturaleza del acto jur�dico para saber qu� tipo de posesi�n tiene aquel que posee el mueble o inmueble, as� como la calidad de tercero, entendi�ndose como tal a alguien completamente ajeno al propietario de la cosa, en los t�rminos de la respectiva legislaci�n civil que regula esos aspectos, en trat�ndose de distinci�n entre posesi�n originaria y derivada.

Los Tribunales Contendientes al dilucidar tal cuesti�n, invocaron respectivamente los art�culos 791 del C�digo Civil para el Distrito Federal y 766 del C�digo Civil para el Estado de M�xico (vigente en la �poca en que dictaron las respectivas resoluciones), los cuales, establec�an:

"Art�culo 791. Cuando en virtud de un acto jur�dico el propietario entrega a otro una cosa, concedi�ndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro t�tulo an�logo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a t�tulo de propietario tiene una posesi�n originaria, el otro, una posesi�n derivada."

"Art�culo 766. Cuando en virtud de un acto jur�dico el propietario entrega a otro una cosa, concedi�ndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro t�tulo an�logo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a t�tulo de propietario tiene una posesi�n originaria; el otro, una posesi�n derivada."

De la transcripci�n anterior, se desprende una distinci�n entre posesi�n originaria y derivada, respecto de un hecho precedente consistente en un acto jur�dico, de donde v�lidamente se puede concluir que si previamente a la posesi�n existi� una relaci�n de car�cter contractual entre el propietario del bien y el poseedor que no tiene el de propietario, existe una posesi�n derivada de aquel acto jur�dico.

Por tanto, la existencia de una relaci�n personal de car�cter contractual entre actor y demandado que justifique la posesi�n de este �ltimo excluye el ejercicio de una acci�n real como la reivindicatoria y precisa que se ejerza la acci�n personal respectiva, derivada precisamente de la posesi�n que deriva del v�nculo matrimonial que existi�.

Estas consideraciones provienen de los criterios reiterados de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyos datos de localizaci�n, rubros y textos, se indican enseguida:

"Sexta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Volumen: LX, Cuarta Parte

"P�gina: 9

"ACCI�N REIVINDICATORIA, PROCEDENCIA DE LA. Cuando el causante de la posesi�n de un poseedor derivado pretende exigir de �ste o de sus causahabientes la devoluci�n o entrega de la cosa pose�da, aqu�l no est� legitimado para utilizar la acci�n real reivindicatoria, sino la acci�n personal correspondiente derivada del v�nculo jur�dico que haya dado origen a la posesi�n y as�, el arrendador no puede reivindicar del arrendatario la cosa dada en arrendamiento, el depositante del depositario la cosa dada en dep�sito, el comodante del comodatario la cosa dada en comodato y en general en todos aquellos contratos o actos jur�dicos en los que el poseedor debe restituir la cosa que ha recibido por virtud de los mismos. Sin embargo, cuando el poseedor derivado niega tener posesi�n de esta naturaleza y afirma disfrutarla en concepto de propietario, y de este modo niega el v�nculo derivado de los contratos de arrendamiento, dep�sito, comodato, etc�tera, el propietario de la cosa pose�da puede intentar contra el poseedor la acci�n real reivindicatoria para que el �rgano jurisdiccional decida sobre el derecho de propiedad que en su favor alega el reivindicante, frente a id�ntico derecho de propiedad que para s� reclama el poseedor."

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Volumen: CXXXII

"P�gina: 278

"ACCI�N REIVINDICATORIA, PROCEDENCIA DE LA. La acci�n reivindicatoria procede contra el que ocupa sin derecho y no contra los que ocupan por virtud de arrendamiento, pr�stamo, o alguna otra causa civil semejante; por lo tanto, basta que el demandado no acredite poseer por alguna de dichas causas para que este pasivamente legitimado para poder ser demandado en juicio reivindicatoria."

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Volumen CXXXI

"P�gina: 703

"ACCI�N REIVINDICATORIA IMPROCEDENTE (POSESI�N DERIVADA). La acci�n reivindicatoria, como es sabino, tiene por objeto que se declare al demandante due�o de la cosa y que se condene al demandado a entregarla con sus frutos y accesiones. Por ello, para que proceda tendr� que acreditarse en el juicio la propiedad de la cosa que se reclama y la posesi�n o tenencia por eldemandado de la cosa perseguida; adem�s, esa posesi�n o tenencia por el demandado deber� ser de tal car�cter que niegue al actor el derecho de propiedad. Si esto no ocurre, la acci�n reivindicatoria es improcedente. En efecto, cuando el demandado no disputa al actor su derecho de propiedad y, por lo tanto, no es materia del juicio resolver a quien corresponde el dominio de la cosa, falta a la acci�n reivindicatoria uno de sus objetivos fundamentales, lo que basta para determinar su improcedencia. Si el demandado en reivindicaci�n se ostenta poseedor de la cosa perseguida, pero no contradice el derecho de propiedad del actor, porque afirma que es arrendatario, la acci�n reivindicatoria es improcedente, ya que la posesi�n derivada de un arrendamiento no se opone al derecho de propiedad, y s�lo puede invalidarse a trav�s de las acciones que resulten del contrato relativo."

De los criterios anteriores, se obtiene que son ejemplificativos, mas no limitativos a los casos a que aluden, no obstante que en la pr�ctica, el caso m�s com�n de esa posesi�n derivada que impone el ejercicio de una acci�n personal, con exclusi�n de la reivindicatoria, es la del arrendatario; sin embargo, existen otros actos jur�dicos que pueden dar lugar a esa clase de posesi�n, como, el v�nculo de matrimonio.

En relaci�n con algunas de las obligaciones que derivan del citado v�nculo, es preciso determinar la regulaci�n del mismo en las respectivas legislaciones que sirvieron de apoyo a los �rganos jurisdiccionales contendientes para que llegaran a conclusiones opuestas respecto del car�cter que deb�a de atribu�rsele al ex c�nyuge que sin ser el propietario del bien o de la cosa, detentaba la posesi�n de la misma.

Por otra parte, como los criterios en oposici�n tambi�n se refirieron a la acci�n personal derivada del acto jur�dico que le dio origen, es conveniente analizar brevemente la naturaleza de �sta.

Es pertinente se�alar que la tradicional clasificaci�n de acciones reales, personales y mixtas, se vincula directamente al derecho que se pone en movimiento con la pretensi�n procesal.

En las acciones personales se busca la tutela de un derecho personal, es decir, de un cr�dito u obligaci�n. El tratadista E.J.C. ha se�alado que la mencionada clasificaci�n no es la m�s precisa en relaci�n con las acciones, sino de los derechos invocados en las pretensiones y que la misma permanece como un "resabio de la asimilaci�n de derechos y acciones".

Las acciones personales tambi�n fueron llamadas en el derecho romano convictiones y se distingu�an cuatro grupos generales: ex contractu vel quasi contractu, es decir, procedente de un convenio o cuasiconvenio, llam�ndose pecunia estipulata, la que se ejercitaba para los convenios verbales; la pecunia expensilata, para los convenios literales o escritos; la pecunia constituta, ejercitada para exigir el cumplimiento del convenio o del pacto.

Tambi�n se conoc�an las acciones de mutuum; de comodati, para el mutuo y el comodato; de depositi, para el dep�sito y la depositi sequestraria, en caso de secuestro. Para reclamar la cosa, ejercitaban la de empti; para la disminuci�n de precio, la quanta minoris; para la rescisi�n, la redhibitoria; en las sociedades cab�a la de pro socio y en los negocios la negotiorum gestorum; y otras m�s.

Entre las caracter�sticas de las acciones personales, cabe se�alar las siguientes:

1) Se ejercitan tan s�lo contra el deudor de la obligaci�n, es decir, contra quien est� obligado al cumplimiento.

2) Se extinguen con el cumplimiento de la obligaci�n.

3) No suponen preferencias de ninguna especie en cuanto al cr�dito o la obligaci�n cuya satisfacci�n se persigue.

4) Se rigen por una regla de competencia determinada por el domicilio del deudor o el lugar del contrato.

En cuanto a la acci�n reivindicatoria, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cit� el art�culo 4o. del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el cual dispone:

"Art�culo 4o. La reivindicaci�n compete a quien no est� en posesi�n de la cosa, de la cual tiene la propiedad, y su efecto ser� declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue el demandado con sus frutos y accesiones en los t�rminos prescritos por el C�digo Civil."

Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito para establecer la procedencia de la acci�n invoc� el texto del art�culo 477 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico, que estaba vigente en la fecha en que dict� la resoluci�n que participa en la presente contradicci�n de criterios, dispon�a:

Art�culo 477. La reivindicaci�n compete a quien no est� en posesi�n de la cosa, de la cual tiene la propiedad, y su efecto ser� declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue el demandado con sus frutos y accesiones en los t�rminos prescritos por el C�digo Civil.

El correlativo numeral ahora vigente que establece actualmente la misma figura jur�dica se�ala:

Art�culo 2.2. La reivindicaci�n compete a quien no est� en posesi�n del bien, del cual tiene la propiedad, y su efecto es declarar que el actor tiene dominio sobre �l y se lo entregue el demandado con sus frutos y accesiones en los t�rminos del C�digo Civil.

Como puede verse de la transcripci�n precedente los distintos ordenamientos establecen en t�rminos casi id�nticos la misma figura jur�dica de la acci�n reivindicatoria, as� como sus consecuencias.

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido cu�les son los elementos de la acci�n reivindicatoria, en la jurisprudencia, cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto son:

"Sexta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Ap�ndice de 1995

"Tomo: IV, Parte SCJN

"Tesis: 21

"P�gina: 15

ACCI�N REIVINDICATORIA. SUS ELEMENTOS. La reivindicaci�n compete a quien no est� en posesi�n de la cosa de la cual tiene la propiedad y su efecto es declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue el demandado con sus frutos y accesiones. As�, quien la ejercita debe acreditar: a) La propiedad de la cosa que reclama; b) La posesi�n por el demandado de la cosa perseguida y c) La identidad de la misma, o sea que no pueda dudarse cu�l es la cosa que pretende reivindicar y a la que se refieren los documentos fundatorios de la acci�n, precisando situaci�n, superficie y linderos, hechos que demostrar� por cualquiera de los medios de prueba reconocidos por la ley.

Luego, cuando el actor ejerce esa acci�n es necesario, para la procedencia de la misma, que demuestre tener la propiedad del bien, la posesi�n de �ste por su contraparte y la identidad respectiva.

No obstante lo anterior, la demostraci�n de esos elementos puede no ser suficiente para la procedencia de la aludida acci�n real, como ocurre, cuando la posesi�n es derivada, es decir, concedida al poseedor por el propietario en virtud de alg�n acto jur�dico que permita a aqu�l retener temporalmente la cosa o el bien.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cit� en su resoluci�n los art�culos 146, 163, 212 y 266 del C�digo Civil para el Distrito Federal, los cuales respectivamente establecen:

"Art�culo 146. Matrimonio es la uni�n libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que esta ley exige."

"Art�culo 163. Los c�nyuges vivir�n juntos en el domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal, el lugar establecido de com�n acuerdo por los c�nyuges, en el cual ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales.

"Los tribunales, con conocimiento de causa, podr�n eximir de aquella obligaci�n a alguno de los c�nyuges, cuando el otro traslade su domicilio a pa�s extranjero, a no ser que lo haga en servicio p�blico o social; o se establezca en lugar que ponga en riesgo su salud e integridad."

"Art�culo 212. En el r�gimen de separaci�n de bienes los c�nyuges conservar�n la propiedad y administraci�n de los bienes que respectivamente les pertenecen y, por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no ser�n comunes, sino del dominio exclusivo del due�o de ellos.

"Los bienes a los que se refiere el p�rrafo anterior, deber�n ser empleados preponderantemente para la satisfacci�n de los alimentos de su c�nyuge y de sus hijos, si los hubiere; en caso de que se les deje de proporcionar injustificadamente, �stos podr�n recurrir al Juez de lo familiar, a efecto de que les autorice la venta, gravamen o renta, para satisfacer sus necesidades alimentarias."

"Art�culo 266. El divorcio disuelve el v�nculo del matrimonio y deja a los c�nyuges en aptitud de contraer otro.

Se clasifica en voluntario y necesario. Es voluntario cuando se solicita de com�n acuerdo por los c�nyuges, y se sustanciar� administrativa o judicialmente, seg�n las circunstancias del matrimonio. Es necesario cuando cualquiera de los c�nyuges lo reclama ante la autoridad judicial, fundado en una o m�s de las causales a que se refiere el art�culo 267 de este c�digo.

Por su parte el C�digo Civil para el Estado de M�xico (vigente en la �poca en que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, dict� la resoluci�n cuyo criterio es opuesto al de su tribunal contendiente), respecto del contrato de matrimonio establec�a:

C�digo Civil del Estado de M�xico

De la separaci�n de bienes:

"Art�culo 149. Los c�nyuges vivir�n juntos en el domicilio conyugal. Los tribunales con conocimiento de causa, podr�n eximir de esta obligaci�n a alguno de ellos, cuando el otro traslade su domicilio a pa�s extranjero, a no ser que lo haga en servicio p�blico o social, o se establezca en lugar insalubre o indecoroso."

"Art�culo 193. Puede haber separaci�n de bienes en virtud de capitulaciones anteriores al matrimonio, o durante �ste por convenio de los consortes, o bien por sentencia judicial. La separaci�n puede comprender no s�lo los bienes de que sean due�os los consortes al celebrar el matrimonio, sino tambi�n los que adquieran despu�s."

"Art�culo 194. La separaci�n de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes que no est�n comprendidos en las capitulaciones de separaci�n ser�n objeto de la sociedad conyugal que deben constituir los esposos."

"Art�culo 195. Durante el matrimonio la separaci�n de bienes puede terminar para ser sustituida por la sociedad conyugal; pero si los consortes son menores de edad, se observar� lo dispuesto en el art�culo 167.

"Lo mismo se observar� cuando las capitulaciones de separaci�n se modifiquen durante la menor edad de los c�nyuges."

"Art�culo 196. No es necesario que consten en escritura p�blica las capitulaciones en que se pacte la separaci�n de bienes, antes de la celebraci�n del matrimonio. Si se pacta durante el matrimonio, se observar�n las formalidades exigidas para la transmisi�n de los bienes de que se trate."

"Art�culo 197. Las capitulaciones que establezcan separaci�n de bienes siempre contendr�n un inventario de los bienes de que sea due�o cada esposo al celebrarse el matrimonio, y nota especificada de las deudas que al casarse cada consorte."

Art�culo 198. En el r�gimen de separaci�n de bienes los c�nyuges conservar�n la propiedad y administraci�n de los bienes que respectivamente les pertenecen y, por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no ser�n comunes, sino del dominio exclusivo del due�o de ellos.

Es conveniente transcribir las disposiciones de la actual legislaci�n que regula el contrato de matrimonio en el Estado de M�xico, toda vez que fueron abrogadas las que en su momento tom� en cuenta uno de los tribunales contendientes.

C�digo Civil del Estado de M�xico (vigente, reforma 2004)

"Domicilio conyugal

"Art�culo 4.17. Los c�nyuges vivir�n en el domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal el lugar establecido de com�n acuerdo por los consortes, en el cual ambos disfrutan de la misma autoridad y de consideraciones iguales, con independencia de terceros, que vivan en el mismo domicilio.

"Los tribunales podr�n eximir de esta obligaci�n a alguno de ellos, cuando el otro traslade su domicilio a otro pa�s o entidad federativa, se establezca en lugar insalubre o indecoroso."

"De la separaci�n de bienes

"Disposiciones que rigen la separaci�n de bienes

"Art�culo 4.46. La separaci�n de bienes se rige por las capitulaciones matrimoniales o por sentencia judicial. La separaci�n puede comprender no s�lo los bienes de que sean propietarios los c�nyuges al celebrar el matrimonio, sino tambi�n los que adquieran despu�s."

"R�gimen de separaci�n de bienes absoluto o parcial

"Art�culo 4.47. La separaci�n de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes que no est�n comprendidos en las capitulaciones, ser�n objeto de la sociedad conyugal."

"Conclusi�n de la separaci�n de bienes

"Art�culo 4.48. Durante el matrimonio la separaci�n de bienes puede terminar para ser sustituida por la sociedad conyugal, observ�ndose las formalidades sobre transmisi�n de los bienes de que se trate."

"Inventario en la separaci�n de bienes

"Art�culo 4.49. Las capitulaciones que establezcan separaci�n de bienes contendr�n un inventario de los que sea propietario cada contrayente o c�nyuge y la relaci�n de sus deudas."

La interpretaci�n conjunta y sistem�tica de esos preceptos, conduce a determinar que el matrimonio constituye un acto jur�dico, en tanto nace a partir de la libre manifestaci�n de la voluntad de los contrayentes y requiere para su celebraci�n de ciertos requisitos legales, como son: que los esposos habiten en un domicilio conyugal, cuando en �ste act�an con plena autoridad e iguales consideraciones; que en el r�gimen de separaci�n de bienes, cada uno de los c�nyuges conserva la propiedad y administraci�n de sus respectivos bienes; y, que el divorcio disuelve el v�nculo jur�dico matrimonial, permitiendo a los c�nyuges contraer otro.

Asimismo, en virtud del matrimonio, los contratantes pueden establecer su domicilio conyugal en un inmueble que no sea propio de ninguno de ellos, en tanto gocen de la autoridad propia antes indicada; que sea propiedad de ambos; o, que el dominio pertenezca s�lo a uno de ellos, ya sea que lo haya adquirido antes o durante el matrimonio.

En el caso de este �ltimo supuesto y al existir el v�nculo matrimonial bajo un r�gimen de separaci�n de bienes, el inmueble sede del domicilio conyugal permanecer� en todo momento como propiedad del c�nyuge respectivo, quien conservar� la posesi�n originaria, mientras que el diverso integrante de la pareja tendr� una posesi�n derivada, cuya causa precisamente se encuentra en el acto jur�dico del matrimonio.

Sin menoscabo de ese dominio exclusivo de uno de los c�nyuges, el bien inmueble deber� ser destinado preponderantemente a la satisfacci�n de los alimentos del otro c�nyuge y de sus hijos, para el caso de que los haya, cubri�ndose as�, espec�ficamente, el rubro habitaci�n, como uno de los diversos satisfactores que comprende la figura de los alimentos, que deben proporcionarse los c�nyuges entre s� y los padres a los hijos.

Tales obligaciones se encuentran consignadas respectivamente en los art�culos 302, 303 y 308 del C�digo Civil para el Distrito Federal; 285, 286 y 291 del C�digo Civil para el Estado de M�xico, actualmente abrogado (que invoc� uno de los tribunales contendientes en la sentencia), as� como en los diversos 4.128, 4.130 y 4.135 del actual C�digo Civil para el Estado de M�xico, los cuales son del siguiente tenor:

C�digo Civil para el Distrito Federal.

"Art�culo 302. Los c�nyuges est�n obligados a proporcionarse alimentos. La ley determinar� cu�ndo queda subsistente esta obligaci�n en los casos de separaci�n, divorcio, nulidad de matrimonio y otros que la ley se�ale. Los concubinos est�n obligados en t�rminos del art�culo anterior."

"Art�culo 303. Los padres est�n obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligaci�n recae en los dem�s ascendientes por ambas l�neas que estuvieren m�s pr�ximos en grado."

"Art�culo 308. Los alimentos comprenden:

"I. La comida, el vestido, la habitaci�n, la atenci�n m�dica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto;

"II. Respecto de los menores, adem�s, los gastos para su educaci�n y para proporcionarles oficio, arte o profesi�n adecuados a sus circunstancias personales;

"III. Con relaci�n a las personas con alg�n tipo de discapacidad o declaradas en estado de interdicci�n, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitaci�n o rehabilitaci�n y su desarrollo; y

IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad econ�mica, adem�s de todo lo necesario para su atenci�n geri�trica, se procurar� que los alimentos se les proporcionen, integr�ndolos a la familia.

C�digo Civil para el Estado de M�xico (abrogado).

"Art�culo 285. Los c�nyuges deben darse alimentos. La ley determinar� cu�ndo queda subsistente esta obligaci�n en los casos de divorcio y otros que la ley se�ale."

"Art�culo 286. Los padres est�n obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligaci�n recae en los dem�s ascendientes por ambas l�neas que estuvieren m�s pr�ximas en grado."

"Art�culo 291. Los alimentos comprenden:

"I. La comida, el vestido, la habitaci�n y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, adem�s, los gastos necesarios para la educaci�n primaria del alimentista, y para proporcionarle alg�n oficio, arte o profesi�n honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales."

C�digo Civil para el Estado de M�xico (vigente).

"Art�culo 4.128. Los c�nyuges deben darse alimentos."

"Art�culo 4.130. Los padres est�n obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de ellos, la obligaci�n recae en los ascendientes m�s pr�ximos."

Art�culo 4.135. Los alimentos comprenden todo lo que sea necesario para el sustento, habitaci�n, vestido y atenci�n m�dica y hospitalaria. Trat�ndose de menores y tutelados comprenden, adem�s, los gastos necesarios para la educaci�n primaria y secundaria del alimentista, as� como descanso y esparcimiento. Respecto de los descendientes los alimentos incluyen tambi�n proporcionarle tambi�n alg�n oficio, arte o profesi�n adecuados a sus circunstancias personales.

En consecuencia, una vez que se disuelve el matrimonio celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, dej�ndose a los c�nyuges en aptitud de celebrar otro, sin haber hijos procreados por ambos esposos, el c�nyuge que tenga el car�cter de poseedor derivado deber� desocupar el inmueble, pues termin� el acto jur�dico causal de la posesi�n, a lo cual podr�, incluso, ser condenado, si esa pretensi�n se reclam� as�, en la sentencia que declare el divorcio, como consecuencia de este �ltimo.

En otro aspecto, si dicho c�nyuge es poseedor derivado, as� como los hijos con derecho a alimentos, tambi�n proceder� la desocupaci�n del bien, pero en tal supuesto, el esposo deudor alimentario deber� otorgarles el valor correspondiente al rubro de habitaci�n que dejar� de cubrirse con el que fuera domicilio conyugal.

Para el caso de que no exista la condena a la desocupaci�n y entrega del inmueble en la sentencia de divorcio, y el c�nyuge poseedor derivado se abstenga de desocuparlo voluntariamente tras la disoluci�n del v�nculo matrimonial, el propietario del bien tiene derecho a recuperar la posesi�n, pero, no podr� ejercerlo a trav�s de una acci�n real, como la reivindicatoria, sino que deber� intentar la acci�n personal basada en dicha disoluci�n.

Esto es as�, en virtud de que la posesi�nque detenta el c�nyuge que carece del car�cter de propietario es derivada, precisamente porque tiene su origen en un acto jur�dico consistente en el v�nculo del matrimonio, en virtud del cual el c�nyuge propietario le entreg� la posesi�n del inmueble al establecerse el domicilio conyugal y los poseedores derivados s�lo pueden ser compelidos a restituir un bien a trav�s de acciones personales relacionadas con el v�nculo jur�dico que les hizo entrar a poseerlo.

Asimismo, mediante el ejercicio de la acci�n personal correspondiente, se podr� reclamar la desocupaci�n del bien a los hijos con derecho a alimentos que, tras el divorcio de sus padres, hayan permanecido en el mismo a fin de satisfacer la habitaci�n como parte integrante de la obligaci�n alimenticia, lo que implicar� otorgarles el valor correspondiente por ese concepto.

La misma acci�n personal deber� ejercerse si el c�nyuge o los hijos, como acreedores alimentarios, permanecieron en el inmueble con posterioridad al divorcio en virtud de un convenio o sentencia que as� lo previniera, ya que, en esa hip�tesis, la modificaci�n o cesaci�n de la obligaci�n alimenticia que promueva el c�nyuge propietario del bien podr� llevar a la desocupaci�n del mismo.

Consiguientemente, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia en el presente conflicto de criterios, la tesis de esta Primera Sala que enseguida se precisa:

ACCI�N REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE SI SE INTENTA CONTRA QUIEN DETENTA LA POSESI�N QUE DERIVA DEL V�NCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL R�GIMEN DE SEPARACI�N DE BIENES, POR LO QUE DEBE EJERCERSE LA ACCI�N PERSONAL BASADA EN LA DISOLUCI�N DE ESE V�NCULO.-En el r�gimen de separaci�n de bienes, cada uno de los c�nyuges conserva la propiedad y administraci�n de sus respectivos bienes y pueden establecer su domicilio conyugal en un inmueble que sea o no propiedad de ambos o que pertenezca s�lo a uno de ellos, ya sea que lo haya adquirido antes o durante el matrimonio. En este �ltimo supuesto, cuando existe un r�gimen de separaci�n de bienes, el inmueble ocupado como domicilio conyugal permanece como propiedad del c�nyuge que lo adquiri�, conservando �ste la posesi�n originaria, mientras que el otro integrante del v�nculo tendr� una posesi�n que deriva a causa del matrimonio. Ahora bien, sin menoscabo de ese dominio exclusivo de uno de los c�nyuges, el bien inmueble debe destinarse principalmente a la satisfacci�n de los alimentos del otro c�nyuge y de los hijos que, en su caso, se hayan procreado, cubri�ndose as�, espec�ficamente, el rubro relativo a la habitaci�n. Por tanto, una vez disuelto el matrimonio celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, sin haber hijos procreados por ambos esposos, el c�nyuge que tenga el car�cter de poseedor derivado debe desocupar el inmueble, por haber terminado el acto jur�dico causal de la posesi�n, e incluso puede ser condenado a ello, si as� se reclam�, en la sentencia que declare el divorcio; adem�s, tal desocupaci�n tambi�n procede si el c�nyuge poseedor derivado tiene derecho a alimentos, pero en tal supuesto el esposo deudor alimentario debe otorgarle el valor correspondiente al rubro de habitaci�n que dejar� de cubrirse con el que fuera el domicilio conyugal. En ese sentido, y en caso de que no exista la condena a la desocupaci�n y entrega del inmueble en la sentencia de divorcio, y el c�nyuge poseedor derivado se abstenga de desocuparlo voluntariamente tras la disoluci�n del v�nculo matrimonial, el propietario del bien tiene derecho a recuperar la posesi�n, pero no a trav�s de una acci�n real, como la reivindicatoria, sino de la acci�n personal basada en dicha disoluci�n, en virtud de que los poseedores derivados s�lo pueden ser compelidos a restituir un bien mediante acciones personales relacionadas con el v�nculo jur�dico que les permiti� adquirir la calidad de poseedores. De similar forma, es decir, por medio del ejercicio de la acci�n personal correspondiente, puede reclamar la desocupaci�n del inmueble a los hijos con derecho a alimentos que, tras el divorcio de sus padres, hayan permanecido en �l, pero en tal caso debe otorgarles el valor correspondiente al rubro habitaci�n. Asimismo, igual acci�n personal debe ejercerse si el c�nyuge o los hijos, como acreedores alimentarios, permanecieron en el inmueble con posterioridad al divorcio por virtud de un convenio o sentencia que as� lo previniera, ya que en esa hip�tesis la modificaci�n o cesaci�n de la obligaci�n alimenticia que promueva el c�nyuge propietario del bien puede llevar a su desocupaci�n.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis a que este expediente se refiere, en los t�rminos del considerando quinto de esta resoluci�n.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de conformidad con la tesis redactada en el �ltimo considerando del presente fallo.

TERCERO

D�se publicidad a la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resoluci�n, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n y, en su oportunidad, arch�vese el presente toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M. (ponente), O.S.C. de G.�a V. y presidente Jos� Ram�n Coss�o D�az. Ausente el M.J.� de Jes�s G.�o P..