Ejecutoria num. 1a./J. 93/2006 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 28228677

Ejecutoria num. 1a./J. 93/2006 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 93/2006
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2007
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO (ANTES SÓLO PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO); QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO; QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN (LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, PUEBLA Y JALISCO).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 76/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL S�PTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO (ANTES S�LO PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO); QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO; QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica; 197-A de la Ley de A.; y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General N�mero 5/2001, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a veintinueve del mismo mes y a�o, en virtud de que se trata de una posible contradicci�n entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito, especializados en materia civil, en relaci�n con un tema de la misma materia, cuyo conocimiento es exclusivo de esta S..

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis debe estimarse que proviene de parte leg�tima, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., ya que la present� la parte quejosa en el juicio de amparo directo DC. 696/2005.

TERCERO

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al fallar con fecha tres de mayo de dos mil, por unanimidad de votos el amparo directo civil 563/99, en la parte que interesa, se apoy� en las consideraciones siguientes: (fojas 613 a 617 del expediente).

QUINTO. Es infundada la parte del �nico concepto de violaci�n donde manifiesta el quejoso violaci�n a los art�culos 390 y 414 del C�digo de Procedimientos Civiles de la entidad, porque la S. responsable no le otorg� valor probatorio pleno a la confesi�n ficta de la ahora tercera perjudicada. En efecto, si bien es cierto que mediante auto de veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (foja 208 del cuaderno natural), la ahora tercera perjudicada fue declarada confesa f�ctamente de las posiciones que le fueron formuladas, por no comparecer al desahogo de la prueba, tambi�n es verdad que el art�culo 390 se�alado por el propio quejoso, establece que la confesi�n ficta produce efectos de una presunci�n, en caso de que no haya prueba que la contradiga; esto es, para que adquiera valor probatorio pleno, como lo pretende el quejoso, debe necesariamente adminicularse con otros medios de prueba, porque de lo contrario, tiene el valor de una presunci�n. Sin que obste a lo anterior, lo alegado en el sentido de que el art�culo 414 del c�digo en consulta, establece que las presunciones legales hacen prueba plena, y que por ello, se le deber�a conceder eficacia probatoria plena a la confesi�n ficta. Ello es as�, porque el impetrante de garant�as confunde lo que es el valor presuntivo de una prueba, con las presunciones legales establecidas por el propio c�digo. Esto es, el legislador le dio determinado valor a ciertas pruebas que, como su nombre lo dice, son una ?presunci�n? de los hechos que se pretenden probar, pero para que alcancen eficacia probatoria plena, necesariamente deben ser corroboradas o perfeccionadas por otros medios convictitos (sic), tal es el caso, de la confesi�n ficta. En cambio, el legislador le otorg� valor probatorio pleno a las presunciones legales, entendiendo por �stas, al juicio l�gico que el legislador hace, mediante el cual considera como cierto o probable un hecho, bas�ndose en antecedentes o circunstancias conocidas; tales presunciones pueden ser juris tantum o juris et de jure, seg�n admitan o no prueba en contrario; sin embargo, tales presunciones deben existir en una norma expresa que las consagre, seg�n se desprende del art�culo 382 del c�digo en cita. Verbigracia: la presunci�n establecida en el art�culo 2862 del c�digo sustantivo civil de la entidad que, en lo que interesa, establece: ?El derecho registrado se presume que existe y que pertenece a su titular de una inscripci�n de dominio o de posesi�n del inmueble inscrito.?. Esto es, existe la presunci�n legal de que la persona a cuyo favor est� inscrito un inmueble en el Registro P�blico de la Propiedad, es quien tiene el dominio o posesi�n del bien; sin embargo, dicha presunci�n puede desvanecerse si se llega a acreditar que la persona que aparece como titular del bien en el registro p�blico lo ha enajenado mediante contrato legalmente formalizado. En la especie, la confesi�n ficta de la contraparte del quejoso no puede considerarse como una ?presunci�n legal? a la que se le deba conceder valor probatorio pleno, porque sencillamente no fue el legislador quien mediante el juicio l�gico de un hecho reconocido, dedujo la existencia de otro desconocido. Es inatendible la parte del concepto de violaci�n que refiere que la prueba confesional se encontraba adminiculada con la testimonial, porque los testigos hab�an manifestado que el impetrante de garant�as hab�a sido corrido del lugar conyugal, lo cual ?constituye una grave injuria ... atendiendo adem�s el hecho de que la reconvenida pidi� tambi�n la disoluci�n del v�nculo matrimonial y actualmente nos encontramos separados sin que se cumpla ning�n fin del matrimonio?; y que la S. responsable viol� los art�culos 192 y 193 de la Ley de A., al dejar de aplicar ?el siguiente precedente?: ?DIVORCIO. CAUSAL DE INJURIA POR LA EXPULSI�N DEL HOGAR CONYUGAL POR EL OTRO.?. En principio, la tesis citada por el impetrante de garant�as, cuyo rubro correcto es: ?DIVORCIO. CAUSAL DE INJURIAS CONSTITUIDA POR LA EXPULSI�N DEL HOGAR DE UN C�NYUGE POR EL OTRO.?, no integra jurisprudencia, sino que se trata de una tesis aislada, lo que no resulta obligatoria su aplicaci�n por la autoridad responsable. Adem�s, la S. responsable se apoy� en el texto de la tesis de rubro: ?DIVORCIO, INJURIAS GRAVES COMO CAUSAL DE.?, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo V, Segunda Parte-2, para considerar que aun cuando los testigos hubieran sido contestes y uniformes al manifestar que la demandada en la reconvenci�n, tercera perjudicada, corri� al reconventor, quejoso, era insuficiente tal acontecimiento para justificar las injurias, porque para probar la causal de divorcio era necesario que �stas se hicieran con el �nimo de menospreciar, humillar y poner en evidencia el decoro personal del otro c�nyuge delante de otras personas, siendo suficiente para romper la mutua consideraci�n respeto y afecto que se debe. Consideraci�n esta �ltima que omiti� combatir el quejoso en el concepto de violaci�n que se analiza, concret�ndose a decir que la testimonial s� era apta para justificar que la tercera perjudicada lo hab�a corrido del hogar conyugal; que dicha prueba se corroboraba con la confesi�n ficta a la que se le deber�a otorgar valor probatorio pleno, y que la autoridad responsable hab�a dejado de aplicar el ?precedente? que se cit� en los conceptos de violaci�n, contraviniendo los art�culos 192 y 193 de la Ley de A.. Es inatendible la �ltima parte del concepto de violaci�n que expresa que la S. infringi� el principio de proporcionalidad, y los art�culos 192 y 193 de la Ley de A., por haber condenado al quejoso al pago de pensi�n alimenticia a raz�n de dos salarios m�nimos, sin estar acreditados sus ingresos ?ni saber si el suscrito gana dicha cantidad?, y que viol� ?diversas jurisprudencias? al haber dejado de aplicar el art�culo 303, fracci�n I, del c�digo sustantivo civil. El ad quem, al modificar la sentencia de primera instancia que conden� al pago de pensi�n alimenticia a raz�n del cuarenta por ciento de los ingresos del ahora quejoso, consider� que no obstaba para que procediera la condena al pago de alimentos, que en autos no se hubiera acreditado que �ste no percib�a ingresos de la empresa Herbalife Internacional de M�xico, S. de C.V., en virtud de que la obligaci�n de proporcionar alimentos es de tracto sucesivo y permanente, debiendo subsistir mientras los acreedores tuvieran necesidad de recibirlos; que en esa virtud, no se daba el supuesto de la causal prevista en la fracci�n I del art�culo 303 del C�digo Civil; que al tener los acreedores alimentarios la presunci�n a su favor de necesitarlos, correspond�a al deudor la carga probatoria; y que era procedente modificar la pensi�n alimenticia a salarios m�nimos, porque el c�digo sustantivo civil carec�a de normas que regularan la cuant�a de la pensi�n y el modo de determinarlas. Tales consideraciones de la S. no las combate el quejoso en sus conceptos de violaci�n, porque nada dice con relaci�n a que no se actualizaba la excepci�n de la hip�tesis prevista en la fracci�n I del art�culo 303 del C�digo Civil, porque dicha obligaci�n era de tracto sucesivo y permanente, y deber�a subsistir mientras los acreedores tuvieran necesidad de recibirlos; y si bien, el quejoso sostiene que la S. omiti� aplicar el art�culo 303, fracci�n I, citado, y con ello ?viol� diversas jurisprudencias?, ello es insuficiente para tener por controvertido el considerando que nos ocupa, porque, en principio, no precisa qu� jurisprudencia viol� la autoridad responsable, y si �sta dijo que no proced�a aplicar el art�culo y fracci�n en comento, fue por consideraciones que no combati� el impetrante de garant�as con sus conceptos de violaci�n.

El anterior razonamiento dio origen a la tesis aislada del tenor literal siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XII, agosto de 2000

"Tesis: II.3o.C.14 C

"P�gina: 1184

CONFESI�N FICTA. NO CONSTITUYE PRESUNCI�N LEGAL (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE M�XICO). El legislador le otorg� determinado valor a ciertas pruebas que, como su nombre lo dice, son una ?presunci�n? de los hechos que se pretenden probar, pero para que alcancen eficacia probatoria plena, necesariamente deben ser corroboradas o perfeccionadas con otros medios de convicci�n, tal es el caso de la confesi�n ficta y as�, el art�culo 390 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, dispone que esta probanza produce efectos de una presunci�n, en caso de que no haya prueba que la contradiga; esto es, para que adquiera valor probatorio pleno, debe adminicularse con otras pruebas porque de lo contrario, tiene el valor de una presunci�n. En cambio, el legislador le concedi� valor probatorio pleno a las presunciones legales, entendiendo por �stas, al juicio l�gico que �l mismo hace, mediante el cual considera como cierto o probable un hecho, bas�ndose en antecedentes o circunstancias conocidas; dichas presunciones pueden ser juris tantum o juris et de jure, seg�n admitan o no prueba en contrario; sin embargo, las presunciones deben existir en una norma expresa que las consagre, seg�n se desprende del art�culo 382 del c�digo en cita. Consecuentemente, la confesi�n ficta no puede considerarse como una presunci�n legal, a la que se le debe conceder pleno valor probatorio, porque no fue el legislador quien mediante el juicio l�gico de un hecho conocido, dedujo la existencia de otro desconocido.

CUARTO

Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo directo 696/2005, con fecha veintisiete de octubre de dos mil cinco, en la parte que interesa, son del tenor literal siguiente: (fojas 133 a 139 del toca).

QUINTO. Los conceptos de violaci�n hechos valer por la quejosa L.C.V.R., devienen ineficaces. Lo anterior se sustenta en lo siguiente. Por principio, debe decirse que resulta infundado lo argumentado por la quejosa L.C.V.R., con relaci�n a que del �ltimo p�rrafo de la cl�usula primera del convenio modificatorio y ratificaci�n de garant�a hipotecaria fundatorio de la acci�n que transcribe en la causa de pedir, se desprenda que la parte actora s�lo pod�a demandar el pago de las mensualidades vencidas no cubiertas. Se dice lo anterior, en raz�n de que del p�rrafo en comento, �nicamente se advierte que las partes pactaron que el beneficio de los descuentos realizados por el acreditante sobre el saldo insoluto del adeudo reconocido en dicha cl�usula s�lo operar�a mientras la acreditada se encontrara al corriente en el pago de sus obligaciones, pero de ninguna manera se observa que en dicho apartado se hubiera pactado que el banco s�lo podr�a demandar en la v�a judicial el pago de las mensualidades vencidas no cubiertas. As�, al haber resultado infundado el concepto de violaci�n analizado con anterioridad, no se puede considerar que la S. del conocimiento hubiera violentado el principio de exhaustividad en que sustent� la impetrante de garant�as su causa de pedir. Asimismo, deviene infundado lo aducido por la quejosa L.C.V.R., con relaci�n a que �sta no ten�a obligaci�n de aportar prueba alguna a efecto de desvirtuar la eficacia del certificado contable exhibido por su contraria, por lo siguiente. El art�culo 68 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, prev� que los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la instituci�n de cr�dito acreedora, ser�n t�tulos ejecutivos sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito, y que har�n fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijaci�n de los saldos resultantes a cargo de los obligados. As�, se advierte que dicho precepto le otorga al estado de cuenta certificado por un contador, una presunci�n legal que lo reviste con un m�ximo valor probatorio, al establecer que har� fe de su contenido, salvo prueba en contrario. Cabe precisar que el valor pleno que se le atribuye al estado de cuenta certificado por un contador, abarca la totalidad del documento, desde la calidad de quien lo suscribe, hasta los datos en �l consignados, porque el precepto hace referencia a los efectos plenos de su eficacia y, evidentemente, esta circunstancia parte de la premisa de que en �l se encuentran reunidos todos los elementos esenciales para ello. En esa tesitura, como correctamente lo sostuvo la S. del conocimiento, a quien alegue que la persona que certific� el estado de cuenta no tiene la calidad de contador p�blico, le corresponder� la carga de la prueba por ubicarse en el supuesto del art�culo 1196 del C�digo de Comercio, el cual dispone que estar� obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo desconoce la presunci�n legal que tiene a su favor el colitigante. De modo que al desconocer la quejosa L.C.V.R., la calidad de contador de la persona que certific� el estado de cuenta, desconoci� la presunci�n legal de que goza el documento, y esta circunstancia provoc� que la carga de la prueba le correspondiera a la inconforme, como en forma acertada lo determin� la ad quem. Resultando intrascendente el que durante el tr�mite del juicio especial hipotecario y no al momento de la presentaci�n de la demanda, se hubiera acreditado el nombramiento del contador del banco y su c�dula profesional, pues aun cuando jam�s se hubieran demostrado tales supuestos, dicho estado de cuenta merec�a eficacia probatoria plena al no haber sido desvirtuado su contenido mediante prueba en contrario, tal como lo admite la propia inconforme. Es de invocarse por su especial aplicaci�n, la jurisprudencia n�mero 1a./J. 100/2001, sustentada por la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 6, T.X., diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, correspondiente a la Novena �poca, titulada: ?CERTIFICACI�N CONTABLE EXPEDIDA EN T�RMINOS DEL ART�CULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CR�DITO. CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDADA PROBAR QUE LA PERSONA QUE LA EXPIDE NO ES CONTADOR CUANDO, V�A EXCEPCI�N, CUESTIONA TAL CALIDAD.?. Por otro lado, cabe se�alar que deviene inoperante lo argumentado por la quejosa L.C.V.R., con relaci�n a la prueba testimonial, tal como se expondr� a continuaci�n. En efecto, de la lectura comparativa del concepto de violaci�n que nos ocupa y de la resoluci�n reclamada, se advierte que la peticionaria de garant�as no combate lo determinado por la autoridad responsable con relaci�n al valor probatorio de la prueba testimonial ofrecida y desahogada por su parte. De la lectura de la resoluci�n reclamada, se puede observar que la autoridad responsable estim� que la prueba testimonial ofrecida por la impetrante de garant�as L.C.V.R., no merec�a eficacia probatoria plena en virtud de lo siguiente. Por lo que ve al dicho del testigo E.H.S., la S. del conocimiento no advirti� cu�l fue el acuerdo de quita y espera que convinieron las partes. Con relaci�n a lo expresado por el deponente A.J.A., no observ� cu�l de las dos propuestas fue por la que optaron las partes, qued�ndole claro que, cualquiera que fuera la elegida, ten�a que ser aprobada por el comit� del banco. Las consideraciones preinvocadas no fueron impugnadas por la peticionaria de garant�as L.C.V.R.. Ello es as�, en virtud de que de la lectura del motivo de inconformidad que se analiza, s�lo se advierte que L.C.V.R. aduce que al no haber sido tachados sus testigos y haber precisado mediante su dicho circunstancias de tiempo, lugar, modo, ocasi�n y forma, deber�a de hab�rseles otorgado valor probatorio pleno a sus atestes. Lo anterior, pone de manifiesto que la quejosa L.C.V.R., mediante la inconformidad a estudio no evidenci� una indebida aplicaci�n o interpretaci�n de la norma por parte del juzgador, de ah� lo inoperante del concepto de violaci�n que se analiza. Cobra aplicaci�n la jurisprudencia n�mero 173, sustentada por la extinta Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 116, T.V., Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, 1917-1995, titulada: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.?. Finalmente, debe decirse que los conceptos de violaci�n restantes resultan inoperantes, en atenci�n a que dichos motivos de inconformidad son, en gran parte, una repetici�n textual de los agravios que se expusieron en el recurso de apelaci�n hecho valer ante el tribunal de segundo grado. En efecto, de la lectura comparativa entre los agravios y los conceptos de violaci�n sujetos al presente an�lisis, se observan variantes m�nimas entre ambos cap�tulos, espec�ficamente en los p�rrafos relativos a la valoraci�n de la prueba confesional adminiculada con la prueba testimonial y los cuatro puntos en los que la impetrante emite sus conclusiones, sin que en dichos apartados se encuentren elementos novedosos que deban de ser analizados por este �rgano colegiado. Se dice lo anterior en raz�n de que, por lo que ve a la valoraci�n de la prueba confesional concatenada con la prueba testimonial, dicho alegato s�lo constituye una reiteraci�n, si no textual, s� repetici�n de lo alegado frente a la ad quem, mientras que las conclusiones ya fueron materia de an�lisis en la primera parte del presente considerando. As�, al advertirse que la quejosa repite en forma textual lo sostenido ante el tribunal de alzada en las inconformidades presentadas ante este Tribunal Colegiado en v�a de conceptos deviolaci�n, sin aportar ning�n tema novedoso, quejas y criterios jurisprudenciales de los que ya tuvo conocimiento la ad quem, procedi� a su an�lisis y estudio, dando debida contestaci�n mediante la resoluci�n que motiva el presente acto reclamado. Sin que, evidentemente, con ninguno de los conceptos de violaci�n se logren atacar los razonamientos l�gicos vertidos por la responsable para fundar y motivar la resoluci�n impugnada, pues, no se puede estimar que los conceptos de violaci�n que constituyen una transcripci�n de agravios combatan la decisi�n emitida por el juzgador, por lo que devienen, bajo esas circunstancias, inoperantes los mismos. R. a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la extinta Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia, visible en la p�gina 307 del tomo 181-186, Cuarta Parte del Semanario Judicial de la Federaci�n, correspondiente a la S�ptima �poca, bajo la voz: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N.?.

QUINTO

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en los amparos directos n�meros: 21/1988, 555/1991, 899/1998, 553/2001 y 11/2003, fallados los d�as: diecis�is de febrero de mil novecientos ochenta y ocho; veintitr�s de enero de mil novecientos noventa y dos; cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve; diez de enero de dos mil dos; y siete de febrero de dos mil tres, todos por unanimidad de votos, respectivamente, sustent� en la parte que interesa en cada uno de ellos, lo siguiente:

  1. directo 21/988

    (fojas 508 a 510).

    QUINTO. Son infundados los anteriores conceptos de violaci�n. En efecto, el fallo impugnado se apoy� en estas consideraciones: que la parte actora prob� plenamente su acci�n de desocupaci�n por terminaci�n de contrato de arrendamiento, el cual si bien no fue expresamente reconocido por la parte demandada, tampoco fue objetado por �sta, adquiriendo dicho documento privado valor probatorio pleno en t�rminos del art�culo 427 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado, a m�s de que la propia demandada confes�, en el punto primero de hechos de su contestaci�n de demanda, haber celebrado el contrato en cuesti�n al tenor de las cl�usulas que aparecen en el mismo, confesi�n que surti� valor probatorio pleno seg�n lo dispuesto por los art�culos 302 y 422 del ordenamiento legal citado. Asimismo, la S. responsable agreg� que la confesi�n ficta de la demandada produc�a s�lo una presunci�n legal; sin embargo, era cierto que �sta se corroboraba con la confesi�n que hizo expresamente en los puntos dos y tres de su escrito de contestaci�n de demanda, en donde reconoci� que hab�a fenecido el contrato de arrendamiento cuestionado y estim� correcto lo aseverado por el a quo en cuanto a la evidencia de haber fenecido el contrato de arrendamiento mencionado, sin que la demandada hubiese probado la acci�n reconvencional de otorgamiento de contrato que hizo valer, ya que no aport� prueba alguna al respecto, incumpliendo as� con la carga de la prueba. En contra de estas consideraciones, la hoy quejosa expresa como conceptos de violaci�n que la S. responsable aplic� inexactamente el art�culo 427 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado, puesto que no proced�a conceder valor probatorio pleno a un documento privado por el solo hecho de que �ste no fuera objetado sino que se requer�a un reconocimiento judicial expreso en cuanto a su contenido, por lo que el contrato de arrendamiento en cuesti�n carec�a de valor legal y agreg� que la S. responsable aplic� inexactamente el art�culo 423 del ordenamiento legal en cita, dado que el declararla f�ctamente confesa carec�a de valor, ya que dicha declaraci�n no fue corroborada por probanza alguna, a m�s de ser ilegal la condenaci�n al pago de costas de que fue objeto por la tramitaci�n del recurso de apelaci�n respectivo. Resulta inatendible lo aseverado por la quejosa en cuanto a la inexacta aplicaci�n del art�culo 427 del C�digo de Procedimientos Civiles, dado que, como correctamente lo apreci� la responsable, el J. del conocimiento valor� la documental privada exhibida por la actora, siendo �sta el contrato de arrendamiento fundatorio de su acci�n, a la cual se le concedi� valor probatorio pleno en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 427 antes citado, en atenci�n a que la quejosa no objet� el contenido de dicho contrato, m�xime que el dispositivo legal en comento as� lo dispone, resultando irrelevante que no fue reconocido �ste en diligencia judicial expresamente; siendo oportuno aclarar que el texto del art�culo mencionado hace referencia a dos hip�tesis diferentes; a saber: no ser objeto (sic) el documento o que sea reconocido legalmente por su autor, en cualquiera de estos supuestos hace prueba plena; de lo que se colige que en un documento privado proveniente de las partes en un juicio tiene eficacia demostrativa cuando no fuere objetado, a m�s de que la quejosa fue declarada f�ctamente confesa al tenor de las posiciones que se calificaron de legales en el pliego respectivo de la prueba confesional recibida por la actora, probanza que adquiri� valor absoluto en t�rminos del art�culo 423 del C�digo de Procedimientos Civiles, dado que la presunci�n producida por la confesi�n ficta de la demandada fue corroborada con la confesi�n expresa de hechos formulada por �sta en los puntos primero y segundo correlativos de su contestaci�n de demanda, esto es, haber celebrado el contrato de m�rito con las especificaciones que en el mismo se pactaron, a m�s de que la demandada principal hoy quejosa no ofreci� prueba alguna de su parte a fin de demostrar haber celebrado verbalmente nuevo contrato de arrendamiento. De donde se sigue que al encontrarse fehacientemente demostrado que el contrato de arrendamiento motivo del juicio se encontraba vencido con fecha anterior a la presentaci�n de la demanda, es incuestionable que debe surtir todos sus efectos legales consiguientes, los que se traducen en la condena de que fue objeto la quejosa en estricto apego a lo dispuesto por el art�culo 1446 del C�digo Civil en vigor. En cuanto a la condena al pago de costas por parte de la S. responsable resulta legal, ya que fue impuesta en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 532 del C�digo de Procedimientos Civiles, por no haber obtenido �sta resoluci�n favorable en la tramitaci�n del recurso de m�rito. Por tanto, no demostrado por la quejosa que en la sentencia de la Cuarta S. del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla se hubiere incurrido en violaci�n de garant�as, ni tampoco este tribunal advierte que se hubiere cometido en su perjuicio una violaci�n manifiesta de la ley que ameritara la aplicaci�n de la fracci�n VI del art�culo 76 Bis de la Ley de A., es procedente negar el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que solicita, negativa que debe hacerse extensiva a los actos de ejecuci�n que se impugnan.

  2. directo 555/991

    (fojas 522 a 526).

    QUINTO. Deben desestimarse los conceptos de violaci�n aducidos por el quejoso. �ste refiere que: a) Que la sentencia reclamada no se encuentra fundada ni motivada, siendo contraria a la ley y a la interpretaci�n jur�dica. b) Que la S. responsable aplic� inexactamente los art�culos 410, 423 y 439 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado, puesto que en la especie no existe ning�n hecho probado del cual se derive presunci�n alguna. Agrega que existen dos especies de presunciones, a saber: la legal determinada por la ley y la humana que es la que forma el J. con las circunstancias que rodean al hecho principal; que la presunci�n legal a su vez se subdivide en presunci�n juris et de jure, la cual no admite prueba en contrario; y la juris tantum, la cual admite prueba en contrario, que las presunciones juris et de jure est�n previstas en el art�culo 414 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado. Agrega que el art�culo 423 del ordenamiento legal en cita, contiene una incongruencia, al disponer que la confesi�n ficta produce presunci�n legal que admite prueba en contrario, dado que tomando en cuenta que el ofrecimiento de pruebas en los juicios sumarios es de cinco d�as, resulta obvio que no existe t�rmino para contradecir la presunci�n que produce la confesi�n ficta. Sigue diciendo que el precepto referido es contrario a la Constituci�n, puesto que invierte la carga probatoria al demandado, y, en la especie, como demandado que fue en el juicio natural, neg� todas las partes de la demanda, raz�n por la que no existe ning�n hecho probado, y la valoraci�n que de la confesi�n ficta hizo la S. responsable resulta contraria a derecho, ya que forzosamente se necesitaba adminicular �sta con otra probanza id�nea, como lo ser�a la testimonial para que en todo caso adquiera valor probatorio. c) Que en el juicio natural hubo violaci�n a las leyes del procedimiento, ya que las posiciones marcadas con los n�meros dos, tres y cuatro fueron formuladas en forma imprecisa, y no versaron sobre hechos propios del absolvente, puesto que debe tomarse en cuenta que la celebraci�n de un acto jur�dico implica la voluntad de dos personas. Agrega que la posici�n marcada con el n�mero cinco no contiene un hecho propio del absolvente, puesto que es el actor el que debe probar que requiri� al deudor del pago en el domicilio de este �ltimo y que se neg� a cubrir su adeudo, puesto que el acto de cobrar no es un hecho propio del absolvente, m�xime que en la especie no se se�al� lugar para el pago de la renta. d) Que en virtud de que fue representado en forma poco �tica dentro del juicio que se sigui� en su contra, exhibe con su demanda seis recibos de renta expedidos por O.P. de la Llave, as� como fotocopias simples del ofrecimiento de renta que hizo a favor de la citada persona. En primer t�rmino y por raz�n de m�todo, se procede al estudio del concepto de violaci�n identificado con el inciso c), el cual resulta inatendible. En efecto, el quejoso aduce que fue declarado f�ctamente confeso al tenor de posiciones que fueron formuladas en forma imprecisa y que no versaron sobre hechos propios del absolvente. Los art�culos 159, fracci�n IV y 161, fracci�n I, de la Ley de A., disponen lo siguiente: ?Art�culo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerar�n violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... IV. Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado.?. ?Art�culo 161. Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren los dos art�culos anteriores s�lo podr�n reclamarse en la v�a de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que ponga fin al juicio. En los juicios civiles, el agraviado se sujetar� a las siguientes reglas: I.D.� impugnar la violaci�n en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario y dentro del t�rmino que la ley respectiva se�ale.?. Por su parte el art�culo 320 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, dice: ?Contra el auto que declare confeso al absolvente, y contra el auto que niegue esta declaraci�n procede queja.?. De lo anterior se sigue que la declaraci�n de confeso ficto de que fue objeto el hoy quejoso en primera instancia al tenor del pliego de posiciones que se calific� de ilegal, es recurrible en queja, consecuentemente, la violaci�n procesal que reclama el quejoso resulta inatendible, habida cuenta que �ste debi� haber impugnado la misma dentro del procedimiento de primera instancia a trav�s del recurso de queja referido, y al no haberlo hecho se estima consentida tal violaci�n, resultando improcedente su estudio en la presente instancia de amparo directo. El concepto de violaci�n identificado con el inciso a), resulta inatendible. Contra lo que aduce el quejoso, basta leer la sentencia reclamada para apreciar que la S. responsable hizo un estudio pormenorizado de las constancias de autos, valor� las probanzas ofrecidas, cit� los preceptos aplicables al caso y expuso los razonamientos l�gico-jur�dicos que la llevaron a revocar la sentencia de primera instancia, por estimar que la confesi�n ficta del demandado, al no estar desvirtuada por probanza en contrario, era suficiente para acreditar por s� sola la existencia del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, as� como el adeudo de las pensiones rent�sticas reclamadas, por lo que procedi� a condenar al demandado al otorgamiento del contrato de arrendamiento celebrado y al pago de las pensiones rent�sticas adeudadas, absolvi�ndolo de la acci�n rescisoria intentada en su contra, as� como de la desocupaci�n del inmueble arrendado. Por consiguiente, contra lo que aduce el quejoso, la sentencia reclamada se encuentra dictada conforme a derecho y debidamente fundada y motivada. El concepto de violaci�n identificado con el inciso b), debe desestimarse. Esto es, los art�culos 410, 414, 415 y 423 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, dicen: ?Art�culo 410. Presunci�n es la consecuencia que la ley o el J. deducen de un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido; la primera se llama legal y la segunda humana.?. ?Art�culo 414. No se admite prueba contra la presunci�n legal: I. Cuando la ley lo proh�be expresamente; II. Cuando el efecto de la presunci�n es anular un acto o negar una acci�n, salvo el caso en que la ley haya reservado el derecho de probarlo.?. ?Art�culo 415. Las dem�s presunciones admiten prueba en contrario.?. ?Art�culo 423. La confesi�n ficta produce presunci�n legal; pero esta presunci�n puede ser desvirtuada por cualquiera de las dem�s pruebas rendidas en el juicio.?. De la interpretaci�n arm�nica de los preceptos anteriores, se advierte que las presunciones legales que no admiten prueba en contrario, son las expresamente se�aladas por la ley y todas las dem�s s� la admiten, la confesi�n ficta, por su parte, produce presunci�n legal que puede ser desvirtuada por probanza en contrario; esto es, la confesi�n ficta produce la presunci�n que deriva de la consecuencia que la ley deduce de un hecho conocido, en este caso, del contenido de las posiciones que se dieron por ciertas al no haber comparecido el absolvente al desahogo de la probanza, declaraci�n que debe ser hecha por el J. natural de oficio, estando condicionado su valor a que no existe en autos probanza alguna que la desvirt�e. As� pues, contra lo que aduce el quejoso, la valoraci�n de la prueba confesional realizada por la S. responsable resulta ajustada a derecho, habida cuenta que el art�culo 423 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, no crea indefensi�n alguna ni revierte la carga probatoria como err�neamente lo sostiene el quejoso, puesto que en t�rminos del diverso art�culo 263 del ordenamiento legal en cita el actor debe probar los hechos constitutivos de sus acciones y el demandado los de sus excepciones. De lo anterior se sigue que independientemente de que el t�rmino para ofrecer pruebas en el juicio sumario sea breve, el demandado si opone excepciones est� obligado a probarlas, sobre todo cuando haya negado los hechos de la demanda; por consiguiente, no existe tal indefensi�n, ya que ser�n las probanzas ofrecidas al caso las que contengan los hechos que pudieran desvirtuar la confesi�n ficta del demandado. Las posiciones marcadas con los n�meros dos, tres, cuatro y cinco del pliego relativo a la prueba confesional a cargo del demandado y quejoso versaron sobre lo siguiente: ?2. Si es cierto como lo es, que con fecha primero de agosto del a�o pr�ximo pasado, celebr� contrato de arrendamiento en su calidad de arrendatario, con el licenciado J.M.C., en su car�cter de arrendador, respecto del departamento veintisiete, de los del inmueble n�mero mil cuatrocientos cuatro de la calle nueve norte de esta ciudad. 3. Si es cierto como lo es, que al momento de la celebraci�n del contrato a que se refiere la pregunta anterior, se pact� como t�rmino de vigencia de �ste, diecisiete meses forzosos para ambas partes, del cual comenzar�a su vigencia a partir de la fecha en que fue celebrado. 4. Si es cierto como lo es, que hasta la presente fecha, adeuda el pago de las pensiones rent�sticas correspondientes a los meses que van de enero a octubre del a�o en curso. ...?. De lo anterior se sigue, que el contenido de las posiciones antes transcritas pone de manifiesto que con fecha primero de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, H.M.F. celebr� con J.M.C. este �ltimo en su car�cter de arrendador, contrato de arrendamiento respecto del departamento n�mero veintisiete de la casa marcada con el n�mero mil cuatrocientos cuatro de la calle nueve norte de esta ciudad, por el t�rmino de diecisiete meses, a partir de la referida fecha, y con una renta mensual de ciento diez mil pesos, adeudando dicho absolvente las pensiones rent�sticas correspondientes a los meses de enero a octubre de mil novecientos noventa, por lo que siendo la acci�n intentada la de otorgamiento de contrato de arrendamiento, resulta obvio que �ste fue celebrado en forma verbal, a m�s de que no obra en autos probanza alguna que desvirt�e este hecho, raz�n por la cual la confesi�n ficta de que fue objeto el demandado resulta suficiente para tener por demostrado la referida acci�n del contrato de arrendamiento y pago de rentas. Siendo aplicable al caso la tesis sustentada por este Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la ejecutoria pronunciada el diecis�is de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, en el juicio de amparo n�mero 21/988, que dice: ?CONFESI�N FICTA, ES APTA PARA TENER POR DEMOSTRADOS LOS HECHOS REPUTADOS COMO CONFESADOS CUANDO NO EXISTE PRUEBA EN CONTRARIO. El art�culo 423 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla en vigor, se�ala que la confesi�n ficta produce presunci�n legal cuando no ha sido desvirtuada por prueba en contrario; luego, es claro que la presunci�n que genera una prueba confesional ficta por falta de comparecencia a absolver las posiciones en t�rminos del citado art�culo, s� puede ser apta para tener por demostrados los hechos reputados como confesados, siempre que no haya probanza en contrario.?. El concepto de violaci�n identificado con el inciso d), debe desestimarse. En cuanto a los recibos de pago de las pensiones rent�sticas correspondientes a los meses de junio a noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, expedidos a favor del quejoso por O.P. de la Llave, as� como las fotocopias simples del ofrecimiento de renta correspondientes a los meses de enero a marzo de mil novecientos noventa, hechos por el quejoso a favor del mencionado O.P. de la Llave y que fueron exhibidos por el peticionario de garant�as con su demanda de amparo, no son susceptibles de valorarse, ya que conforme a lo dispuesto por el art�culo 78 de la Ley de A., el acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y en la especie tales recibos de renta y fotocopias simples de ofrecimiento de pago no obran exhibidos ni en primera ni en segunda instancias, raz�n por la cual la S. responsable dio valor a la confesi�n ficta por no estar desvirtuada por probanza en contrario.

  3. directo 899/98

    (fojas 533 vuelta a 536).

    QUINTO. Lo aducido como conceptos de violaci�n resulta inatendible e infundado por las razones y en la medida que a continuaci�n se precisan: En el apartado de la demanda de amparo que la peticionaria de garant�as denomin� ?antecedentes?, argumenta que se viola el procedimiento del juicio de origen desde el auto admisorio de la demanda, porque como la actora omiti� precisar en la misma la denominaci�n de la calle en que se ubica el domicilio de la propia accionante, el J. de primera instancia no debi� admitirla, sino desecharla o mandarla a aclarar, ya que al no haberlo hecho as�, se notific� a su contraparte en un domicilio inexistente. El anterior concepto de violaci�n resulta inoperante, pues lasupuesta infracci�n de car�cter procesal que en el mismo plantea la quejosa, no fue hecha valer por �sta en los agravios que expres� con motivo del recurso de apelaci�n que interpuso en contra de la sentencia de primer grado. A este respecto, debe invocarse el art�culo 161, p�rrafo segundo, fracci�n II, de la Ley de A., que estatuye: ?En los juicios civiles, el agraviado se sujetar� a las siguientes reglas: ... II. Si la ley no concede el recurso ordinario a que se refiere la fracci�n anterior o si, concedi�ndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, deber� invocar la violaci�n como agravio en la segunda instancia, si se cometi� en la primera.?. As� pues, como la quejosa no prepar� debidamente la acci�n constitucional, respecto de la violaci�n procesal de que se trata, el referido motivo de inconformidad debe desestimarse. Por otro lado, en el cap�tulo de conceptos de violaci�n de la demanda de amparo, la promovente de este juicio b�sicamente aduce que la S. responsable no debi� darle pleno valor probatorio a su confesi�n ficta, con motivo de que la misma debe ir unida a otros medios de prueba para que los hechos de la demanda queden acreditados y, afirma la quejosa, en el caso no existen suficientes elementos de prueba que corroboren la celebraci�n del contrato en litigio, en virtud de que no se le dio pleno valor probatorio al contrato de arrendamiento exhibido por la actora y no se desahog� la prueba testimonial que aquella ofreci�, por lo que concluye la inconforme, la S. responsable no debi� confirmar la sentencia definitiva de primera instancia. Lo que la peticionaria de garant�as argumenta como concepto de violaci�n es infundado, en raz�n de que el art�culo 423 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, estatuye que la confesi�n ficta produce presunci�n cuando no ha sido desvirtuada por prueba en contrario, por tanto, es claro que la presunci�n que genera la confesi�n ficta de la aqu� quejosa por su falta de comparecencia a absolver posiciones resulta apta para demostrar los hechos reputados como confesados, si no existe prueba en contrario; esto, de conformidad con el art�culo 439 del citado ordenamiento legal, conforme al cual las presunciones juris tantum hacen prueba plena mientras no se demuestre lo contrario. En apoyo de lo anterior, se invoca la tesis de este Tribunal Colegiado, que aparece publicada en la p�gina 463 del Tomo IX-abril de la Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, con el rubro siguiente: ?CONFESI�N FICTA, ES APTA PARA TENER POR DEMOSTRADOS LOS HECHOS REPUTADOS COMO CONFESADOS CUANDO NO EXISTA PRUEBA EN CONTRARIO.?. As� las cosas, se observa que del expediente del juicio de origen que el J. de primera instancia declar� f�ctamente confesa a la ahora quejosa de las posiciones que calific� de legalmente formuladas, que son del tenor literal siguiente: ?1. Si es cierto como lo es que la absolvente conoce a la articulante. 2. Si es cierto como lo es que la absolvente ocupa en calidad de arrendataria el local comercial letra �L� de la casa n�mero ciento veintiocho ubicado en la calle cinco sur de esta ciudad. 3. Si es cierto como lo es que la absolvente celebr� contrato verbal de arrendamiento sobre el local comercial mencionado con anterioridad con la se�ora L.F.P. en fecha primero de enero de mil novecientos noventa y dos. 4. Si es cierto como lo es que la absolvente en el contrato verbal de arrendamiento que celebr� con la se�ora mencionada en la posici�n anterior se estipul� como tiempo de duraci�n el de cuatro a�os forzosos para ambas partes. 5. Si es cierto como lo es que la absolvente pact� con la arrendadora que el precio de la renta ser�a de un mill�n de pesos cero centavos m�s el 15% (quince por ciento) del impuesto al valor agregado, mensualmente por el local comercial arrendado (actualmente mil pesos). 6. Si es cierto como lo es que la absolvente se comprometi� con la arrendadora a pagar las pensiones rent�sticas el d�a primero de cada mes. 7. Si es cierto como lo es que la absolvente adeuda las rentas sobre el local comercial letra �L� de la casa marcada con el n�mero ciento veintiocho ubicado en la calle cinco sur de esta ciudad (mismo que tiene en arrendamiento) desde el mes de enero de mil novecientos noventa y dos a la fecha. 8. Si es cierto como lo es que el contrato que se indica en la posici�n n�mero tres de este interrogatorio es el �nico que la absolvente celebr� con la se�ora L.F.P.. 9. Si es cierto como lo es que la absolvente tuvo tratos personales con su articulante el d�a primero de enero de mil novecientos noventa y dos.?. De igual forma, del expediente en consulta se advierte que el J. de primer grado tuvo por contestadas en sentido afirmativo las preguntas formuladas por la aqu� tercera perjudicada, para que tuviera lugar la declaraci�n de las partes a cargo de la impetrante, ante la incomparecencia de �sta, las que a la letra dicen: ?1. Si tiene conocimiento de que Mar�a de los Milagros Ang�lica P�rez A., celebr� con la se�ora L.F.P. contrato verbal de arrendamiento en fecha primero de enero de mil novecientos noventa y dos respecto del local comercial letra �L� de la casa con el n�mero ciento veintiocho de la calle cinco sur de esta ciudad. 2. Si tiene conocimiento de que el contrato de arrendamiento que celebraron L.F.P. y Mar�a de los Milagros Ang�lica P�rez A. fue por una duraci�n de cuatro a�os forzosos para ambas partes. 3. Si tiene conocimiento de que en el contrato referido en el punto n�mero uno (sic) de este interrogatorio se pact� como precio la cantidad de un mill�n de pesos cero centavos M.N., m�s el quince por ciento del impuesto al valor agregado mensualmente (actualmente mil pesos cero centavos M.N.)?. En las relatadas circunstancias, habi�ndose declarado f�ctamente confesa a la impetrante de que el primero de enero de mil novecientos noventa y dos, celebr� contrato verbal de arrendamiento, en calidad de arrendataria, con L.F.P., como arrendadora, en relaci�n con el local letra �L� de la casa n�mero ciento veintiocho de la calle cinco sur de esta ciudad de Tehuac�n del Estado de Puebla, en el que estipularon como duraci�n del mismo cuatro a�os, la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos cero centavos, moneda nacional) m�s el correspondiente impuesto al valor agregado por concepto de renta mensual, la que deber�a pagar la inquilina los d�as primero de cada mes y que a partir de la fecha referida, adeuda la aqu� quejosa las rentas convenidas; se deduce que en el juicio natural se acredit� en forma plena la celebraci�n del contrato de arrendamiento base de la acci�n. Es cierto que, como lo alega la promovente de este juicio, su contraparte no aport� otra prueba tendiente a demostrar la celebraci�n del contrato de m�rito, ya que los testigos que ofreci� no comparecieron a rendir su atesto y el contrato de arrendamiento que aport�, carece de la firma de la quejosa, pero tambi�n es cierto que como correctamente lo sostiene la S. responsable, al no obrar prueba alguna que destruya la presunci�n derivada de la confesi�n ficta, la misma es suficiente y apta para tener por demostrada la acci�n promovida por la aqu� quejosa. Esto es as�, pues en los t�rminos del art�culo 423 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, la confesi�n ficta produce presunci�n juris tantum, y esta �ltima, conforme al art�culo 439 del mismo ordenamiento hace prueba plena, mientras no existan otros medios acreditativos que la destruyan. Por consiguiente, carece de fundamento lo hecho valer como conceptos de violaci�n, puesto que resulta conforme a derecho que la S. responsable haya confirmado la sentencia definitiva de primera instancia. As� las cosas, al haberse demostrado que el acto reclamado no infringe las garant�as de legalidad establecidas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, lo que procede es negar a la quejosa la protecci�n que solicit�.

  4. directo 553/2001

    (fojas 560 a 563).

    QUINTO. ... Ahora bien, como lo expone el quejoso, la S. responsable no se ajust� a derecho al revocar la sentencia de primer grado, por considerar que con las pruebas ofrecidas por el demandante principal, no se hab�a justificado la acci�n ejercida por �ste. En efecto, como se indic�, el actor principal reclam� el cumplimiento del contrato de compraventa celebrado entre �l y M.G.B., el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve, respecto del autom�vil marca Volkswagen, tipo Jetta Europa, con n�mero de serie 3VWJ4A1W5WM224594, con n�mero de motor ADC081232, modelo mil novecientos noventa y ocho, color verde perlado, para lo cual deb�a entregarse la factura correspondiente a la unidad indicada, debidamente endosada, o en la que constara la cesi�n de derechos sobre dicho bien, as� como el comprobante de pago del impuesto sobre tenencia del veh�culo y la constancia de que fue cancelado el registro de los demandados. En la especie, no est� a discusi�n la celebraci�n del contrato de compraventa entre M.G.B., como vendedor, y J.d.R.J.M.�oz, comprador, respecto del autom�vil marca Volkswagen, tipo Jetta Europa, con n�mero de serie 3VWJ4A1W5WM224594, con n�mero de motor ADC081232, modelo mil novecientos noventa y ocho, color verde perlado, y tampoco la entrega material de dicha unidad al comprador, puesto que en la demanda con la que inici� el juicio de origen y en la contestaci�n a la misma, ambos contendientes aceptaron haber celebrado dicho contrato y que el veh�culo indicado fue entregado al que fungi� como comprador del mismo; y si bien difirieron en la fecha en que se celebr� el contrato indicado, puesto que el demandante manifest� que fue el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en tanto que M.G.B., dijo que fue el treinta del mismo mes y a�o; lo mismo en cuanto al precio que se pact�, ya que el comprador manifest� que fue de ciento diecisiete mil pesos, y el vendedor sostiene que fueron ciento veinte mil pesos; lo cierto es que esas discrepancias resultan insuficientes para determinar que no se celebr� el contrato y que tampoco se pag� el precio por parte del comprador. Para acreditar que el comprador pag� el precio del veh�culo indicado al vendedor, el actor ofreci�, entre otras pruebas, la confesi�n a cargo de M.G.B.. En el acta levantada el siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, donde se hizo constar el desahogo de la citada probanza, se advierte que ante la falta de comparecencia, el demandado principal fue declarado confeso f�ctamente de las posiciones calificadas de legales. Dichas posiciones que se calificaron de legales fueron las siguientes: ?1. Que el absolvente junto con el se�or M.G.B., en sus caracteres de vendedores, el d�a veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve, celebr� verbalmente, contrato de compraventa con el se�or Jos� del R.J.M.�oz. 2. Que el contrato referido se celebr� el d�a y hora ya indicado, aproximadamente a las once horas. 3. Que el contrato en cuesti�n se celebr� en el domicilio ubicado en calzada Z., kil�metro tres m�s cien de la colonia Santa Cruz Buenavista de esta ciudad. 4. Que el objeto del contrato de compraventa fue un veh�culo automotor marca Volkswagen, tipo Jetta Europa, con n�mero de serie 3VWJ4A1W5WM224594, con n�mero de motor ADC081232, modelo mil novecientos noventa y ocho, en color verde perlado. 5. Que el precio estipulado de la compraventa fue la cantidad de ciento diecisiete mil pesos, cero centavos M.N., en efectivo como pago del precio estipulado por la referida compraventa. 7. Que el absolvente junto con el se�or J.G.B. se oblig� con el se�or Jos� del R.J.M.�oz a entregarle al d�a siguiente de la celebraci�n de la compraventa, los documentos correspondientes al veh�culo, objeto de la compraventa, para que �ste pudiera circular en el Estado de Puebla. 8. Que los documentos que el absolvente se oblig� a entregar son la factura correspondiente al veh�culo referido, debidamente endosada a favor del se�or Jos� del R.J.M.�oz o con la cesi�n de derechos a favor del citado J.d.R.J.M.�oz. 9. Que, asimismo, se oblig� a entregar el comprobante de haberse cubierto el pago del impuesto por uso y tenencia del veh�culo, correspondiente al a�o de mil novecientos noventa y ocho y la constancia de haberse cancelado el registro de ese veh�culo.?. El art�culo 423 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, dispone: ?La confesi�n ficta produce presunci�n legal; pero esta presunci�n puede ser desvirtuada por cualquiera de las dem�s pruebas rendidas en el juicio.?. En el presente caso, no obra en autos alguna probanza con la que se desvirt�e dicha confesi�n, puesto que el demandado principal, a efecto de demostrar la improcedencia de la acci�n ejercida por su contraparte, ofreci� y le fueron admitidas como pruebas, la documental p�blica consistente en las actuaciones practicadas en el juicio, la confesional a cargo de J.d.R.J.M.�oz, la testimonial y la presunci�n legal y humana; sin embargo, tales pruebas en la especie resultan ineficaces para destruir la presunci�n legal producida por dicha confesi�n. Lo anterior es as�, porque en lo que se refiere a la prueba testimonial ofrecida por el enjuiciado principal, seg�n se indic�, no fue desahogada, como se desprende de la certificaci�n de la secretaria del juzgado del conocimiento, que obra a fojas ochenta vuelta del expediente del juicio de origen. Por lo que hace a la confesional a cargo de R.J.M.�oz (sic) en cuyo pliego se formularon las siguientes posiciones: ?1. Si es cierto como lo es, que el d�a treinta de marzo de mil novecientos noventa y nueve, celebr� contrato de compraventa con el se�or M.G.B. de un veh�culo automotor marca Volkswagen, tipo Jetta Europa, color verde perlado, modelo mil novecientos noventa y ocho, con n�mero de serie 3VWJ4A1W5WM224594 y n�mero de motor ADC08123. 2. Si es cierto como lo es que se comprometi� a pagar el d�a ocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, el precio pactado por la compraventa del veh�culo automotor descrito en el p�rrafo anterior. 3. Si es cierto como lo es que el contrato de compraventa a que se refiere la posici�n anterior, fue suscrito entre los se�ores M.G.B. y el se�or Jos� del R.J.M.�oz. 4. Si es cierto como lo es, que el contrato de compraventa antes aludido se celebr� de forma verbal. 5. Si es cierto como lo es que en el citado contrato de compraventa se pact� como precio la cantidad de ciento veinte mil pesos cero centavos moneda nacional, los cuales ser�an pagados el d�a ocho de abril de mil novecientos noventa y nueve. 6. Si es cierto como lo es que el se�or M.G.B. se comprometi� a entregarle la factura original al se�or Jos� del R.J.M.�oz, hasta el momento en que pagara el precio pactado por la compraventa del veh�culo automotor por la cantidad de ciento veinte mil pesos. 7. Si es cierto como lo es que a la fecha no ha pagado el precio pactado por la compraventa del veh�culo automotor descrito en la primera posici�n. 8. Si es cierto como lo es que el multialudido contrato de compraventa del veh�culo automotor lo celebraron a las catorce horas de la tarde del d�a treinta de marzo. 9. Si es cierto como lo es que el multialudido contrato de compraventa lo celebraron el d�a treinta de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en el departamento ubicado en la casa marcada con el n�mero dos mil quinientos veintiuno de la calle catorce sur de esta ciudad de Puebla.?; de las cuales no se calificaron de legales las n�meros siete y ocho. El absolvente contest� a las posiciones calificadas de legales: ?A la primera contest�: no. Segunda: no. Tercera: no. Cuarta: no. Quinta: no. Sexta: no. Novena: no.?. Como puede advertirse, el actor principal neg� todas las posiciones que se le formularon. Por consiguiente, dicha probanza no desvirt�a la presunci�n producida por la confesi�n ficta a cargo del demandado principal. Respecto de las pruebas documental de actuaciones y la presuncional legal y humana ofrecidas por el tercero perjudicado, tampoco controvierten dicha presunci�n, puesto que no obra en autos ninguna constancia que desvirt�e el hecho de que el quejoso pag� a M.G.B., el precio pactado en el contrato de compraventa cuyo cumplimiento demand�. Es aplicable la tesis sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la p�gina 463 del Tomo IX, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dispone: ?CONFESI�N FICTA, ES APTA PARA TENER POR DEMOSTRADOS LOS HECHOS REPUTADOS COMO CONFESADOS CUANDO NO EXISTE PRUEBA EN CONTRARIO. El art�culo 423 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla en vigor, se�ala que la confesi�n ficta produce presunci�n legal cuando no ha sido desvirtuada por prueba en contrario; luego, es claro que la presunci�n que genera una prueba confesional ficta por falta de comparecencia a absolver las posiciones en t�rminos del citado art�culo, s� puede ser apta para tener por demostrados los hechos reputados como confesados, siempre que no haya probanza en contrario.?. Por consiguiente, este Tribunal Colegiado considera que contrariamente a lo sostenido por la S. responsable, con la confesi�n ficta a cargo del demandado principal, el inconforme justific� que pag� el precio del veh�culo materia de la controversia. Adem�s, si como lo manifest� el actor en su demanda, el veh�culo que le fue vendido corresponde a un lote de autos, debe indicarse que no es costumbre que entreguen los veh�culos sin que se haga el pago correspondiente, o sin que se documente la operaci�n de compraventa, en caso de que sea a cr�dito.

  5. directo 11/2003

    (fojas 586 vuelta a 590).

    S�PTIMO. ... Se afirma lo anterior, porque la parte actora ofreci�, entre otras, pruebas la confesional a cargo de Mar�a E.B.B., a la cual se le declar� confesa de las posiciones calificadas de legales, y la confesi�n ficta a cargo de la demandada es suficiente para considerar acreditado el hecho de que la persona demandada es la que aparece como suscriptora de los documentos base de la acci�n, pues el art�culo 423 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de aplicaci�n supletoria al C�digo de Comercio, establece: ?La confesi�n ficta produce presunci�n legal; pero esta presunci�n puede ser desvirtuada por cualquiera de las dem�s pruebas rendidas en el juicio.?. Ahora, Mar�a E.B.B. no compareci� el diecis�is de abril de dos mil dos, al desahogo de la prueba confesional a su cargo y la J. Segundo de lo Civil de esta ciudad de Puebla, la declar� confesa de las posiciones calificadas de legales, cuyo contenido es el siguiente: ?1. Si es cierto como lo es que con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscribi� doce pagar�s a favor de Tractores y Equipo de Puebla, S. 2. Si es cierto como lo es que con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscribi� a favor de mi endosante doce pagar�s seriados del uno al doce. 3. Si es cierto como lo es que con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscribi� doce pagar�s a favor de mi endosante cada uno de ellos por la cantidad de $3,721.59 d�lares americanos. 4. Si es cierto como lo es que con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscribi� a favor de mi endosante doce pagar�s, cada uno de ellos con vencimientos distintos e independientes. 5. Si es cierto como lo es que con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscribi� a favor de mi endosante un pagar� signado con el n�mero 1/12 con vencimiento al d�aveintiocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve. 6. Si es cierto como lo es que con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscribi� a favor de mi endosante un pagar� signado con el n�mero 2/12 con vencimiento al d�a veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve. 7. Si es cierto como lo es que con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscribi� a favor de mi endosante un pagar� signado con el n�mero 3/12 con vencimiento al d�a veintinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve. 8. Si es cierto como lo es que con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscribi� a favor de mi endosante un pagar� signado con el n�mero 4/12 con vencimiento al d�a veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 9. Si es cierto como lo es que con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscribi� a favor de mi endosante un pagar� signado con el n�mero 5/12 con vencimiento al d�a veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve. 10. Si es cierto como lo es que con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscribi� a favor de mi endosante un pagar� signado con el n�mero 6/12 con vencimiento al d�a veintinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve. 11. Si es cierto como lo es que con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscribi� a favor de mi endosante un pagar� signado con el n�mero 7/12 con vencimiento al d�a veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve. 12. Si es cierto como lo es que con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscribi� a favor de mi endosante un pagar� signado con el n�mero 8/12 con vencimiento al d�a veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. 13. Si es cierto como lo es que con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscribi� a favor de mi endosante un pagar� signado con el n�mero 9/12 con vencimiento al d�a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 14. Si es cierto como lo es que con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscribi� a favor de mi endosante un pagar� signado con el n�mero 10/12 con vencimiento al d�a veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. 15. Si es cierto como lo es que con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscribi� a favor de mi endosante un pagar� signado con el n�mero 11/12 con vencimiento al d�a veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. 16. Si es cierto como lo es que con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscribi� a favor de mi endosante un pagar� signado con el n�mero 12/12 con vencimiento al d�a veintinueve de enero del a�o dos mil. 17. Si es cierto como lo es que en todos y cada uno de los doce pagar�s suscritos a favor de mi endosante se estableci� una tasa moratoria mensual del 8%. 18. Si es cierto como lo es que al d�a de hoy ha incumplido con su obligaci�n de pago de cada uno de los pagar�s suscritos a favor de mi endosante. 19. Si es cierto como lo es que la absolvente utiliza durante su vida social as� como de negocios indistintamente los nombres de Mar�a E.B.B. y/o Ma. E.B.B.. 20. Si es cierto como lo es que la absolvente utiliza las iniciales de Ma. para abreviar el nombre de Mar�a. 21. Si es cierto como lo es que la absolvente al momento de suscribir los documentos fundatorios de la acci�n, se percat� que en los mismos aparec�a su nombre de Ma. E.B.B.. 22. Si es cierto como lo es que la absolvente al momento de suscribir los documentos fundatorios de la acci�n, acept� que en los mismos apareciera su nombre como Ma. E.B.B.. 23. Si es cierto como lo es que la absolvente reconoce como suyo el nombre de Mar�a E.B.B.. 24. Si es cierto como lo es que la absolvente reconoce como suyo el nombre de Ma. E.B.B..?. Como queda de manifiesto, de lo anterior la demandada fue declarada confesa f�ctamente, entre otras, de las posiciones diecinueve, veinte, veintiuno, veintid�s, veintitr�s y veinticuatro, en las que se le interrog� respecto de si al suscribir los documentos base de la acci�n, hab�a empleado el nombre de su nombre (sic) como Ma. E.B.B., y si durante su vida social y sus negocios ha empleado indistintamente los nombres de Mar�a E.B.B. y/o Ma. E.B.B.. ... Por tanto, como la hoy quejosa no ofreci� prueba alguna que desvirtuara la presunci�n legal que produjo su confesi�n, la misma tiene valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 439 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de aplicaci�n supletoria al C�digo de Comercio, que establece: ?... Las presunciones juris tantum hacen prueba plena mientras no se demuestre lo contrario.?. Lo anterior, con independencia de que el demandado al contestar la demanda haya negado expresamente los hechos materia de la confesi�n, pues el hecho de negar la demanda produce como efecto jur�dico arrojar sobre el actor la carga de la prueba de todos los elementos de su acci�n y entre las pruebas admitidas por la ley se encuentra la confesi�n ficta, cuya eficacia no puede desconocerse por la circunstancia de que la demanda haya sido negada expresamente, porque si en el caso, la demandada, como se dijo, no compareci� con causa justa a absolver posiciones, incurri� en violaci�n del deber de contestar el interrogatorio por su adversario y ello se traduce en la admisi�n de las posiciones que son objeto del interrogatorio. As� lo ha sostenido la extinta Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia n�mero 98, visible a fojas sesenta y nueve y setenta, Tomo IV, Materia Civil, S�ptima �poca, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n mil novecientos diecisiete a dos mil, que estableci�: ?CONFESI�N FICTA, EFICACIA DE LA. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n no comparte el criterio en el sentido de que la confesi�n ficta carece de eficacia, cuando al contestar la demanda la misma parte a quien se declara confesa, ha negado expresamente los hechos materia de la confesi�n. El hecho de negar la demanda produce como efecto jur�dico arrojar sobre el actor la carga de la prueba de todos los elementos de su acci�n, y entre las pruebas admitidas por la ley se encuentra la confesi�n ficta, cuya eficacia no puede desconocerse por la circunstancia de que la demanda haya sido negada expresamente. Cuando no comparece sin justa causa la persona que haya de absolver posiciones, incurre en violaci�n del deber de contestar el interrogatorio formulado por su adversario, y ello no puede interpretarse, salvo prueba en contrario, sino como admisi�n de los hechos que son legalmente objeto del interrogatorio; el no comparecer viene a probar que carece de valor para presentarse a admitir un hecho y un pretexto para no reconocer una verdad que redunda en su perjuicio; en efecto, el silencio del interrogado se atribuye a la conciencia de no poder negar un hecho ante la presencia judicial y bajo protesta de decir verdad, pues seg�n se ha afirmado, la confesi�n es un fen�meno contrario a la naturaleza del hombre, siempre presto a huir de lo que puede da�arle. Como la parte demandada en el momento de negar la demanda no se enfrenta al dilema de mentir o de aceptar la verdad ante el J., bajo protesta, sino s�lo persigue el prop�sito de obligar a su contrario a que pruebe sus aseveraciones, tal negativa no puede constituir ninguna presunci�n contraria a los hechos admitidos como ciertos por virtud de la confesi�n ficta.?. Tambi�n tiene aplicaci�n a lo anterior, la tesis del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja cuatrocientos sesenta y tres, Tomo IX, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que establece: ?CONFESI�N FICTA, ES APTA PARA TENER POR DEMOSTRADOS LOS HECHOS REPUTADOS COMO CONFESADOS CUANDO NO EXISTE PRUEBA EN CONTRARIO. El art�culo 423 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla en vigor, se�ala que la confesi�n ficta produce presunci�n legal cuando no ha sido desvirtuada por prueba en contrario; luego, es claro que la presunci�n que genera una prueba confesional ficta por falta de comparecencia a absolver las posiciones en t�rminos del citado art�culo, s� puede ser apta para tener por demostrados los hechos reputados como confesados, siempre que no haya probanza en contrario.?. En consecuencia, la parte actora s� demostr� que quien efectivamente suscribi� los documentos base de la acci�n, fue la demandada y, por ello, fue correcto que la S. responsable confirmara la sentencia de primera instancia, al considerar que con la prueba confesional a cargo de la demandada, la parte actora hab�a acreditado que la persona demandada es la que aparec�a como suscriptora de los documentos base de la acci�n.

    Las anteriores ejecutorias, dieron lugar a la tesis de jurisprudencia que a continuaci�n se transcribe:

    "Novena �poca

    "Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: XVII, marzo de 2003

    "Tesis: VI.3o.C. J/52

    "P�gina: 1476

    CONFESI�N FICTA, ES APTA PARA TENER POR DEMOSTRADOS LOS HECHOS REPUTADOS COMO CONFESADOS CUANDO NO EXISTE PRUEBA EN CONTRARIO. El art�culo 423 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla en vigor, se�ala que la confesi�n ficta produce presunci�n legal, cuando no ha sido desvirtuada por prueba en contrario; luego, es claro que la presunci�n que genera una prueba confesional ficta por falta de comparecencia a absolver las posiciones en t�rminos del citado art�culo, s� puede ser apta para tener por demostrados los hechos reputados como confesados, siempre que no haya probanza en contrario.

SEXTO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al fallar con fecha dos de marzo de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de votos, el amparo directo 1060/98, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente: (fojas 422 a 427 del expediente).

QUINTO. Los conceptos de violaci�n son infundados. En efecto, para una mejor comprensi�n del asunto conviene destacar que G.M.R., por conducto de su endosatario en procuraci�n I.G.O., ante el J. Quinto de lo Civil en Naucalpan de Ju�rez, M�xico, demand� a Mar�a E., R.M.�a y L.M.�a todas ellas de apellidos Ram�rez P�rez D., el pago de $1'000,000.00 (un mill�n de pesos 00/100 M.N.), intereses moratorios a raz�n del ocho por ciento mensual y el pago de gastos y costas, fund�ndose en que el catorce de marzo de mil novecientos noventa y cinco, la codemandada mencionada en primer t�rmino, en su car�cter de deudor principal y las restantes como avales suscribieron un pagar� y no cumplieron con la obligaci�n contenida en el mismo. Mar�a E., R.M.�a y L.M.�a de apellidos Ram�rez P�rez D., contestaron la demanda negando las prestaciones reclamadas (foja 22 del expediente 762/96-2) y seguido que fue el juicio, el J. de primera instancia dict� sentencia en el sentido de declarar fundada la excepci�n de espera opuesta por las demandadas y dej� a salvo los derechos del actor para que los hiciera valer en la v�a y forma que estimara conveniente, levantando el embargo trabado en dicho procedimiento y orden� devolver el documento fundatorio de la acci�n. Inconforme con dicha resoluci�n G.M.R., por conducto de su endosatario en procuraci�n interpuso recurso de apelaci�n, el cual fue sustanciado y resuelto por la Segunda S. Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia con residencia en Tlalnepantla, M�xico, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y condenar al apelante al pago de gastos y costas en ambas instancias, resoluci�n que constituye el acto reclamado. Ahora bien, el quejoso alega que la S. indebidamente otorg� valor probatorio a la confesional ficta para acreditar la excepci�n de espera, pues esa probanza no est� adminiculada con otro medio de convicci�n para concederle valor, e indebidamente la responsable se bas� en la tesis cuyo rubro dice: ?CONFESI�N FICTA EN MATERIA MERCANTIL. PUEDE TENER VALOR PROBATORIO PLENO.?, no obstante que �sta no es obligatoria por no constituir jurisprudencia, por lo que se debi� de aplicar la tesis jurisprudencial del: (sic) ?CONFESI�N FICTA. VALOR PROBATORIO DE LA.? y al no hacerlo as�, la resoluci�n reclamada viol� los art�culos 192 y 193 de la Ley de A., que establecen la obligatoriedad de la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, as� como el numeral 1324 del C�digo de Comercio, por no fundarse en la ley. Lo anterior es infundado, pues los art�culos 1232, fracci�n I y 1289 del C�digo de Comercio, establecen: ?Art�culo 1232. El que deba de absolver posiciones ser� declarado confeso: I. Cuando sin justa causa no comparezca a la segunda citaci�n.?. ?Art�culo 1289. Para que se consideren plenamente probados los hechos sobre los que versen las posiciones que judicialmente han sido dadas por absueltas en sentido afirmativo se requiere: I. Que el interesado sea capaz de obligarse; II. Que los hechos sean suyos y concernientes al pleito; III. Que la declaraci�n sea legal.?. Conforme a los preceptos legales transcritos, se advierte que el que deba de absolver posiciones se debe declarar confeso, cuando entre otros supuestos no comparezca a la segunda citaci�n a la audiencia de desahogo de la prueba confesional; sin embargo, para que se consideren plenamente probados los hechos sobre los que versen las posiciones que han sido dadas por absueltas en sentido afirmativo, se requiere: a) Que el interesado sea capaz de obligarse; b) Que los hechos sean suyos y concernientes al pleito; y, c) Que la declaraci�n sea legal; en estas condiciones, si las enjuiciadas al contestar la demanda opusieron la excepci�n de espera y para tal efecto ofrecieron la prueba confesional, a la que el actor G.M.R. no compareci� a su desahogo sin justa causa, con dicha probanza se puede estimar plenamente acreditada la excepci�n de referencia, ya que las posiciones correspondientes se dieron por absueltas en sentido afirmativo, el confeso f�ctamente es capaz de obligarse, los hechos contenidos en las posiciones eran suyos y concernientes al pleito, y dicha declaraci�n fue legal; por tanto, y como lo consider� la S. responsable, la confesi�n ficta tiene pleno valor probatorio para acreditar dicha excepci�n, y no es necesario estar adminiculada con prueba alguna para que tenga convicci�n jur�dica, pues la legislaci�n mercantil no le concede el valor de una presunci�n, por el contrario, al establecer el art�culo 1289 del C�digo de Comercio, categ�ricamente que los hechos contenidos en las posiciones pueden ser considerados ?plenamente probados?, implica que la confesi�n ficta por s� sola tiene valor probatorio pleno, si se re�nen los requisitos mencionados y s�lo para que se le pueda restar o quitar ese valor, se debe rendir prueba en contrario, como lo establece el numeral 1290 del c�digo invocado; al respecto es aplicable la tesis aislada de la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo XXXVIII, p�gina 1651, que dice: ?CONFESI�N EN MATERIA MERCANTIL. Las prevenciones del art�culo 1289 del C�digo de Comercio, exigen como necesarios, que para que se consideren plenamente probados los hechos sobre que versan las posiciones, que judicialmente hayan sido dadas por absueltas en sentido afirmativo, que los hechos sean propios del absolvente, y concernientes al pleito.?. Por otro lado, no le asiste raz�n al promovente del amparo, cuando aduce que la tesis que invoc� la autoridad no tiene aplicabilidad, por constituir una ejecutoria aislada y no ser jurisprudencia, viol�ndose en su perjuicio los art�culos 192 y 193 de la Ley de A.. Se dice que es infundado lo esgrimido por el quejoso, en virtud de que la invocaci�n de una tesis que constituye un solo precedente, emitido por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, por parte de la S. en la sentencia reclamada, aun cuando no constituya jurisprudencia, por tratarse de un criterio de interpretaci�n de los art�culos 1232, 1287 y 1289 del C�digo de Comercio, sostenido en forma aislada, ello no causa perjuicio a los intereses jur�dicos del quejoso, pues independientemente de no ser obligatoria en cuanto a su aplicabilidad, su invocaci�n no est� prohibida por la ley, y resulta apegada a derecho transcribirla o citarla para robustecer el criterio de la autoridad responsable, cuando es adecuado y los puntos controvertidos o casos planteados deben dirimirse en forma an�loga, como sucedi� en la especie, al determinar el valor probatorio de la confesi�n ficta en materia mercantil a la luz del art�culo 1289 del C�digo de Comercio; siendo aplicable la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo II, octubre de 1995, p�gina 645, que dice: ?TESIS QUE NO CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA. SU APLICACI�N POR LOS TRIBUNALES INFERIORES, NO CAUSA AGRAVIO. Aun cuando los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito, que no constituyen jurisprudencia, no son de observancia obligatoria para los tribunales inferiores, porque el art�culo 193 de la Ley de A. s�lo lo establece para la jurisprudencia; sin embargo, la invocaci�n de esas ejecutorias por parte de las autoridades para normar su criterio, no causa agravio, pues su contenido, bien puede servir de sustento legal a las sentencias que ellos emitan, al no existir precepto alguno que lo proh�ba.?. Por otro lado, no es aplicable la jurisprudencia que invoca el promovente del amparo, cuyo rubro es: ?CONFESI�N FICTA VALOR PROBATORIO DE LA.?, pues �sta se refiere a la valoraci�n de las pruebas en la legislaci�n civil del Distrito Federal, que confiere libertad al juzgador, para el an�lisis de los medios de convicci�n, con la �nica limitaci�n de que se apegue a las reglas de la l�gica y la experiencia y en el presente caso se trata de un asunto de naturaleza mercantil, en el que no existe una disposici�n similar al art�culo 402 del C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, de ah� que no es factible la utilizaci�n de la jurisprudencia que invoca el quejoso al establecer una normatividad distinta a la legislaci�n mercantil.

La anterior resoluci�n motiv� la tesis aislada que a continuaci�n se transcribe:

"Novena �poca

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: IX, abril de 1999

"Tesis: II.2o.C.168 C

"P�gina: 512

"CONFESI�N FICTA EN MATERIA MERCANTIL. TIENE VALOR PROBATORIO AUN CUANDO NO EST� ADMINICULADA CON OTRA PROBANZA. Conforme a los art�culos 1232, fracci�n I y 1289 del C�digo de Comercio, a quien ha de absolver posiciones se le debe declarar confeso cuando entre otros supuestos no comparezca a la segunda citaci�n a la audiencia de desahogo de la prueba confesional; sin embargo, para que se consideren plenamente probados los hechos sobre los que versen las posiciones que han sido dadas por absueltas f�ctamente, se requiere: a) Que el interesado sea capaz de obligarse; b) Que los hechos sean suyos y concernientes al pleito, y, c) Que la declaraci�n sea legal. En tales condiciones, si al contestarse la demanda se opone la excepci�n de espera y para tal efecto es ofrecida la prueba confesional, a la que el actor no comparece sin justa causa, con dicha probanza puede estimarse acreditada la excepci�n de referencia, sin que sea necesario su adminiculaci�n con prueba alguna para que tenga suficiente convicci�n jur�dica, pues al establecer elart�culo 1289 del C�digo de Comercio que los hechos contenidos en las posiciones pueden ser considerados ?plenamente probados?, ello implica que la confesi�n ficta por s� sola tiene valor probatorio suficiente si re�ne los requisitos mencionados, salvo prueba en contrario, como lo establece el diverso numeral 1290 del c�digo invocado.

"Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

"A. directo 1060/98. G.M.R.. 2 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ra�l Sol�s Sol�s. Secretario: A.�n A.O..

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicci�n de tesis 47/2005, en el Tribunal Pleno.

S�PTIMO

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al fallar los amparos directos n�meros: 67/1986, 1031/1990 y 284/1995, con fechas: diecinueve de junio de mil novecientos ochenta y siete, primero de febrero de mil novecientos noventa y uno y veintisiete de abril de mil novecientos noventa y cinco; sustent�, en la parte que interesa, de cada uno de los amparos, lo siguiente:

  1. directo 67/1986

    (fojas 498 y vuelta).

    IV. ... En cambio, resulta sustancialmente fundado el concepto de violaci�n que aduce el quejoso, respecto de la indebida valoraci�n de las pruebas confesionales fictas de los demandados. En efecto, asevera la responsable, que dichas pruebas, provocadas porque los absolventes no concurrieron a responder las posiciones que se les iban a articular, engendran a favor del quejoso s�lo una presunci�n que debe estar apoyada por otros medios de convicci�n que la hagan veros�mil. Pues bien, dicha apreciaci�n de la S. responsable, aunque en principio correcta, por cuanto que efectivamente las pruebas de esa naturaleza generan s�lo presunci�n, no lo es tanto respecto de que para que sea veros�mil esa presunci�n y se tengan por probados los hechos que se reputan confesados tenga que adminicularse con otras pruebas, toda vez que, ninguno de los dispositivos legales en que se apoya para sostenerla, exige la satisfacci�n del apunto (sic) requisito para que a la presunci�n que genera la prueba confesional ficta, pueda otorg�rsele valor probatorio, como medio de convicci�n que es, pues, por el contrario, el art�culo 397 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, s�lo se�ala que la confesi�n no producir� el efecto probatorio a que se refieren los art�culos que le preceden, en los casos en que la ley lo niegue y en aquellos en que venga acompa�ada de otras pruebas que la hagan inveros�mil o descubran la intenci�n de defraudar a terceros; luego, como en el caso no concurre ninguna de esas circunstancias, es claro que la presunci�n que genera una prueba confesional ficta por falta de comparecencia a absolver posiciones en t�rminos del precitado precepto legal, as� como del diverso art�culo 323, en relaci�n con el 393, todos del c�digo en comento, s� puede ser apta para tener por demostrados los hechos reputados como confesados. En esas condiciones, sin necesidad de examinar los restantes conceptos de queja, debe convenirse con este tribunal, en que el criterio que adopt� la S. responsable en (sic) contrario al aqu� sostenido, no resulta legal y, por ende, la sentencia reclamada es violatoria de las garant�as individuales en perjuicio del quejoso, por lo que el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que solicita, debe otorg�rsele, para el efecto de que dicha responsable pronuncie un nuevo fallo en lugar del reclamado, en el que a la luz de los agravios propuestos, analice de nueva cuenta las pruebas confesionales fictas de los ahora terceros perjudicados, conforme a los lineamientos aqu� establecidos y en relaci�n al resto del material probatorio, y con plenitud de jurisdicci�n resuelva lo que estime ajustado a derecho.

  2. directo 1031/1990

    (fojas 457 vuelta a 460).

    IV. Los conceptos de violaci�n expresados por Mar�a O.C.T., cuyo estudio se hace en forma conjunta por la �ntima relaci�n que existe entre los mismos, son por una parte infundados y, por otra, inoperantes. Se duele la amparista, en primer lugar, de que el tribunal de alzada no valor� adecuadamente las pruebas que alleg� la contraparte durante la sustanciaci�n del juicio a fin de acreditar los incrementos en el monto de la renta. Y para justificar su aseveraci�n, arguye la peticionaria de garant�as, que la confesi�n ficta que se deriva de las posiciones articuladas por el actor y respecto de las cuales fue declarada confesa, no tiene valor probatorio alguno, porque se contrapone a la documental privada consistente en el contrato de arrendamiento exhibido como fundatorio de la acci�n. Estos argumentos son infundados, pues si bien es cierto que de acuerdo al criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y a lo dispuesto por los art�culos 323, fracci�n I, 388, 391 y 393 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, la confesi�n ficta producida por la inasistencia del absolvente, tiene la categor�a de una presunci�n legal que admite prueba en contrario; en el caso de que se trata no se produjo tal acontecimiento, pues inversamente a lo afirmado por la quejosa, dicha probanza en lugar de oponerse al documento base de la acci�n, constituye un complemento de lo demostrado por �ste. En efecto, D.G.C.�eda al plantear su demanda expuso, entre otras cosas, que inicialmente se pact� como precio del arrendamiento la cantidad de mil doscientos pesos mensuales; y que posteriormente se fue incrementando hasta llegar a la suma de ciento diez mil pesos cada mes. Ahora bien, el primero de estos hechos se demuestra con el contrato anexado a la demanda, pues en la cl�usula segunda se estipul� originariamente aquella cantidad como renta mensual de la finca arrendada. La demostraci�n de los aumentos en el precio de la renta, obviamente requer�an de una probanza distinta, ya que estos hechos no pod�a haberlos justificado el arrendador con dicho contrato, en virtud de haberse pactado con posterioridad al mismo. Luego, si el actor al articular posiciones a la demandada, hoy quejosa, en ning�n momento pretendi� desconocer las estipulaciones contenidas en el contrato fundatorio, sino que las reiter� en sus t�rminos (v�ase pliego de posiciones a foja 29 del juicio natural), refiri�ndose, adem�s, a los aumentos de renta convenidos con posterioridad por las partes; resulta inconcuso que, como ya se dijo, esa probanza lejos de quedar desvirtuada por el contrato anexado a la demanda, vino a complementar los hechos demostrados por �ste, y la amparista se equivoca al sostener lo contrario. M�xime que de las constancias de autos no se advierte que la demandada hubiese rendido prueba alguna tendiente a desvirtuar los hechos contenidos en las posiciones articuladas y respecto de las cuales fue declarada confesa; por consiguiente, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 415 del enjuiciamiento civil local, la presunci�n legal de esa manera constituida tiene eficiencia probatoria plena a favor de lo alegado por el actor. Criterio acorde al sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la p�gina 198, Tomo I, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que este colegiado hace suyo y se transcribe a continuaci�n: ?CONFESI�N FICTA, ES APTA PARA TENER POR DEMOSTRADOS LOS HECHOS REPUTADOS COMO CONFESADOS CUANDO NO EXISTE PRUEBA EN CONTRARIO. El art�culo 423 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla en vigor, se�ala que la confesi�n ficta produce presunci�n legal cuando no ha sido desvirtuada por prueba en contrario; luego, es claro que la presunci�n que genera una prueba confesional ficta por falta de comparecencia a absolver las posiciones en t�rminos del citado art�culo, s� puede ser apta para tener por demostrados los hechos reputados como confesados, siempre que no haya probanza en contrario.?. Por otra parte, son inoperantes los conceptos de violaci�n que formula la agraviada, tocante a la valoraci�n de los talones de recibos de pago de renta; de la constancia expedida por el contador R.M.; y de las declaraciones de pago del impuesto sobre la renta que tambi�n se allegaron como prueba por el actor; toda vez que aun cuando le asistiera raz�n al argumentar, que estas probanzas no son aptas para acreditar de manera directa las modificaciones en el precio del arrendamiento, en virtud de haber sido confeccionadas de manera unilateral por la parte actora; ello en nada le favorecer�a, habida cuenta que como se ha venido mencionando, a trav�s de la confesi�n ficta quedaron fehacientemente demostradas las variaciones en el monto de la renta. Por tanto, carecer�a de objeto conceder la protecci�n constitucional solicitada, para el �nico efecto de que la ad quem procediera a valorar nuevamente las referidas documentales, puesto que este proceder a nada pr�ctico conducir�a, ya que la soluci�n final ser�a la misma; esto es, que se tuvieran por justificados los aumentos en el precio de la renta que se mencionan en la demanda y, por ende, se desestimaran los agravios formulados al respecto. El siguiente de los conceptos de violaci�n expresados por la quejosa es infundado, pues yerra al manifestar que la responsable se apart� de la verdad al establecer que los testigos M.G.O.B. y A.�n A.C.�rdenas dieron la raz�n de su dicho. Basta una simple lectura al acta levantada con motivo del desahogo de esa probanza, para evidenciar que cada uno de ellos indic� la forma en que se enter� de los hechos sobre los cuales fue interrogado, pues el primero manifest�: ?... me consta lo anterior, porque yo conozco al doctor D.G.�rrez, porque fuimos amigos desde hace mucho tiempo y nos seguimos frecuentando y estando en su casa me he dado cuenta cuando le han ido a pagar o en alguna ocasi�n lo he acompa�ado cobrar ...?; y el segundo de los testigos tambi�n expuso: ?... que lo dicho me consta, en primer lugar, porque siempre me reun�a con el doctor D.G.�rrez a tomar caf� o a jugar domin� y entre comentarios le hac�amos preguntas respecto a su inquilina, y en otras ocasiones le pregunt�bamos de c�mo le iba con ella y en esos comentarios nos dimos cuenta de que la mencionada inquilina no le pagaba ya el costo del arrendamiento ...?. Asimismo, es inexacto que la testimonial en cuesti�n carezca de todo valor probatorio, por la circunstancia de que este �ltimo testigo hubiese manifestado que se enter� de los hechos por pl�ticas sostenidas con el oferente de la prueba; pues si bien es verdad que esa persona no tuvo conocimiento directo de los hechos por no haber estado presente cuando acontecieron, lo que en un momento dado podr�a tornar dudosa su declaraci�n; por otra parte, cabe destacar, que el art�culo 412 del c�digo adjetivo civil de la entidad, no niega toda eficacia probatoria a la declaraci�n de un solo testigo, sino que �nicamente establece como condici�n para que haga ?prueba plena?, que ambas partes convengan en pasar por su dicho. En consecuencia, es dable al juzgador tomarla en consideraci�n, al menos como un indicio, que adminiculado a otro tipo de pruebas resulte apto para justificar los hechos de que se trate. Tal como lo hizo el tribunal de alzada al determinar que la testimonial en cuesti�n armonizada con los dem�s elementos de convicci�n allegados durante la secuela procesal, demuestran el incremento en el pago de las rentas.

  3. directo 284/1995

    (fojas 442 a 446).

    III. Los anteriores conceptos de violaci�n son sustancialmente fundados. Previamente a realizar el an�lisis de las razones por las cuales se lleg� a la anterior conclusi�n, para una mejor comprensi�n del asunto, procede hacer una breve relaci�n de los antecedentes que lo informan: (sic) a) La empresa Polietilenos Tapat�os, Sociedad An�nima de Capital Variable, ejercit� en contra de Elaboradora de Productos de Polietileno, Sociedad An�nima de Capital Variable, acci�n reivindicatoria respecto de la m�quina para sellar y cortar, modelo SDH-323S autom�tica, de alta velocidad, sellamiento especial de orilla troncal, tipo standard M/C de corte con repartici�n autom�tica y tabla de escape; ancho del cortador: treinta y dos pulgadas; largo del cortador: dos pulgadas/treinta pulgadas; revoluciones por minuto/minuto: sesenta-ciento veinte, con n�mero de serie IEAU-2407025. b) La empresa actora exhibi� como fundatorios de su acci�n, a efecto de acreditar la propiedad del bien de que se trata, la factura n�mero UR-03, expedida a su favor, el certificado de origen y la nota de embarque, todos ellos relativos a la m�quina materia del juicio de origen, y acompa�ados (sic) traductor oficial autorizado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. c) La propia actora adujo como hechos de su demanda, en esencia, que el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y uno, entreg� a prueba la m�quina de que se habla, a A.G.L., a quien pretend�a vend�rsela, lo cual no aconteci� en virtud de que G.L. falleci� el diecis�is de junio de mil novecientos noventa y dos; y, que cuando la empresa demandante quiso recoger dicha m�quina, le manifestaron que �sta ya no se encontraba en el domicilio en que G.L. la instal�, pues la hab�a recogido la empresa denominada Elaboradora de Productos de Polietileno, Sociedad An�nima de Capital Variable. d) �sta, por su parte, al contestar la demanda entablada en su contra neg� los hechos de la demanda, sostuvo que nunca ha tenido la posesi�n del bien reclamado y, en consecuencia, opuso la excepci�n de falta de acci�n. e) La empresa actora desahog� como pruebas de su parte, la inspecci�n ocular asociada de testigos (foja 24 del juicio de origen), la testimonial a cargo de J.D.�az H.�ndez y H.G.R.�guez (fojas 26 y 27 del propio juicio), y la confesional a cargo de la empresa demandada, a quien, por no haber comparecido a absolver posiciones -por conducto de su representante legal-, se le declar� confesa de las marcadas con los n�meros uno, dos y cuatro del pliego relativo (fojas 34 a 36 del juicio natural), las cuales fueron del tenor siguiente: ?1. Que diga el absolvente como es cierto como lo es, que usted reconoce como leg�tima propietaria de la m�quina materia del presente juicio a la empresa denominada Polietilenos Tapat�os, S. de C.V. 2. Que diga el absolvente como es cierto como lo es, que la empresa a la cual usted representa denominada Elaboradora de Productos de Polietileno, S. de C.V., tiene la posesi�n de la m�quina materia del presente juicio, m�quina para sellar y cortar, modelo SDH-323S de alta velocidad, sellamiento especial, de orilla troncal, tipo standard, M/C de corte con repartici�n autom�tica y tabla de escape, ancho del cortador: treinta y dos pulgadas, largo del cortador: dos pulgadas/treinta pulgadas, revoluciones por minuto/minuto: sesenta-ciento veinte, con n�mero de serie IEAU-2407025. 4. Que diga el absolvente como es cierto como lo es que su representada adquiri� la posesi�n de la m�quina materia del presente juicio al fallecer el se�or A.G.L., a trav�s de sus familiares.?. Por otra parte, la acci�n reivindicatoria tambi�n procede respecto de bienes muebles, seg�n se colige de la tesis sustentada por la (sic) Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo sumario a la letra dice: ?REIVINDICACI�N DE BIENES MUEBLES (VENTA DE COSA AJENA). Para la procedencia de la acci�n reivindicatoria, que es real por excelencia y que puede intentarse contra el tercero que tenga la cosa en su poder, no debe entablarse previamente, cuando se trata de bienes muebles, la acci�n personal de nulidad para impugnar una venta de cosa ajena, pues esta acci�n es conducente entre las partes, es decir, se intenta por el adquirente en contra del enajenante, pero no por el leg�timo propietario que para obtener la restituci�n, debe lograrla por medio de la reivindicaci�n y no a trav�s de la nulidad.?. Ahora bien, es fundado en tanto se suple en su deficiencia, en t�rminos de la fracci�n VI del art�culo 76 Bis de la Ley de A., el concepto por el cual la empresa inconforme aduce, que la S. responsable obr� incorrectamente, al no concederle a la confesional ficta de la demandada valor probatorio alguno. En efecto, es cierto que de acuerdo con la jurisprudencia de rubro: ?CONFESI�N FICTA.?, visible en la p�gina 822 de la Segunda Parte del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, tal confesi�n constituye una presunci�n; empero, el hecho de que admita prueba en contrario, no significa que deba ser adminiculada necesariamente con distinto medio de convicci�n para que tenga valor probatorio, sino por el contrario, denota que en caso de no existir prueba en su contra que le reste el valor que tiene, la confesi�n en comento conserva dicho valor. Por otra parte, si de acuerdo con tal jurisprudencia, la prueba en comento requiriese para tener valor, de su adminiculaci�n con diverso medio de prueba, es indubitable que as� lo habr�a apreciado expresamente, lo cual tampoco acontece: en consecuencia, la confesi�n ficta por s� sola, tiene un valor probatorio que, si bien es presuncional, al no ser destruido por el declarado confeso, alcanza el rango de prueba plena y obliga al J. a tenerla por cierta y verdadera. Al respecto, el tratadista E.P., en su obra titulada ?Derecho Procesal Civil?, p�gina 374, en su s�ptima edici�n, Editorial Porr�a, S., M�xico, 1978, al analizar la naturaleza jur�dica de la confesi�n, se adhiere a la doctrina que la considera como una prueba sui g�neris creada por el legislador, que sustancialmente es la misma que propugna Chiovenda y, afirma: ?La confesi�n se caracteriza por mandato legal de las dem�s pruebas, en que mientras todas �stas son verdaderas pruebas cuando producen la verdad sobre los hechos litigiosos, en la confesi�n puede suceder lo contrario, hasta el extremo de que el J. est� obligado a tener por cierto lo confesado por la parte, aunque la confesi�n sea falsa. En otras palabras, la confesi�n puede (sic) haya confesi�n t�cita y ficta. La palabra ficta est� demostrando que la prueba a la cual se aplica no es una verdadera prueba, sino una creaci�n del legislador, al extremo de que admite confesiones fictas, confesiones t�citas, que muchas veces son contrarias por completo a la realidad de los hechos, o sea a la verdad, no obstante lo cual, obligan al J. a tener por ciertas y verdaderas dichas ficciones.?. En el caso, como ya qued� precisado, la acci�n intentada fue la reivindicatoria, cuyos elementos se establecen en la jurisprudencia 40, sustentada por la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 67 de la Segunda Parte, del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo sumario a la letra dice: ?ACCI�N REIVINDICATORIA. SUS ELEMENTOS. La reivindicaci�n compete a quien no est� en posesi�n de la cosa de la cual tiene la propiedad y su efecto es declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue al demandado con sus frutos y accesiones. As�, quien la ejercita debe acreditar: a) La propiedad de la cosa que reclama; b) La posesi�n por el demandado de la cosa perseguida y c) La identidad de la misma, o sea que no pueda dudarse cual es la cosa que pretende reivindicar y a la que se refieren los documentos fundatorios de la acci�n, precisando situaci�n, superficie y linderos, hechos que demostrar� por cualquiera de los medios de prueba reconocidos por la ley.?. El primero de tales elementos, tal como consider� la S. responsable, qued� justificado con la documental exhibida por la sociedad actora consistente en la factura n�mero UR-03, acompa�ada de su respectiva traducci�n oficial, que ampara la propiedad del bien mueble en cuesti�n. Ahora bien, como ya se dijo, la empresa demandada omiti� comparecer a absolver posiciones. Ante tales omisiones de su parte, menester es precisarlo, los numerales 274 y 324 del C�digo deProcedimientos Civiles del Estado de Jalisco disponen, respectivamente, en lo que interesa, que se presumen confesados los hechos no contestados por el demandado y, que ?El que deba absolver posiciones ser� declarado confeso: I. Cuando sin justa causa no comparezca a la citaci�n que se le haga?, declaraci�n de confeso que, como previamente se precis�, fue decretada por prove�do de nueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres (foja 36 del juicio natural). De tal confesi�n ficta se desprenden con claridad meridiana, los restantes elementos de la acci�n de que se trata, consistentes en la posesi�n por el demandado y en la identidad del bien, tanto porque el bien objeto de la acci�n reivindicatoria resulta plenamente identificado cuando la parte demandada confiesa que se encuentra en posesi�n precisamente del bien que el actor reclama -por constituir esto un reconocimiento expreso de la identidad del bien-, como porque, seg�n se precis�, la confesi�n ficta constituye una presunci�n de tal gravedad que, al no ser desvirtuada por ning�n medio de convicci�n, alcanza el rango de prueba plena. Sin embargo, la S. responsable no valor� adecuadamente la presunci�n legal de que se trata, pese a hab�rsele planteado tal cuesti�n en v�a de agravio por el ahora quejoso. Por ende, si como ya se dijo, la confesi�n ficta constituye una presunci�n de tal gravedad, que al no ser desvirtuada por ning�n medio de convicci�n, alcanza el rango de prueba plena, es incuestionable que, al no valorarla, la responsable viol� las garant�as del quejoso, por lo que en reparaci�n de �stas, lo procedente es conceder el amparo impetrado, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la resoluci�n reclamada, y en su lugar emita otra, en la que conforme a los lineamientos se�alados en esta ejecutoria, valore la confesi�n ficta del demandado junto con los restantes elementos de convicci�n y, hecho lo anterior, resuelva como mejor proceda en derecho. En similares t�rminos este tribunal resolvi� los juicios de amparo directo n�meros 67/86, 574/89, 1031/90, 274/91, 924/93, 1071/93 y 287/94, en sesiones de diecinueve de junio de mil novecientos ochenta y siete, veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, primero de febrero de mil novecientos noventa y uno, catorce de junio del propio a�o, del primero de los cuales deriva la tesis que con el n�mero 7 aparece publicada en la p�gina 435, de la Tercera Parte del Informe de mil novecientos ochenta y siete, cuyo sumario a la letra dice: ?CONFESI�N FICTA. CUANDO ES APTA PARA TENER POR DEMOSTRADOS LOS HECHOS REPUTADOS COMO CONFESADOS. El art�culo 397 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se�ala que la confesi�n no producir� el efecto probatorio a que se refieren los art�culos que le preceden, en los casos en que la ley lo niegue y en aquellos en que venga acompa�ada de otras pruebas que la hagan inveros�mil o descubran la intenci�n de defraudar a terceros; luego si no concurre ninguna de esas circunstancias, es claro que la presunci�n que genera una prueba confesional ficta por falta de comparecencia a absolver posiciones en t�rminos del precitado precepto legal, as� como el diverso art�culo 323 en relaci�n con el 393, todos del c�digo en comento, s� puede ser apta para tener por demostrados los hechos reputados como confesados.?.

    En similares consideraciones se fallaron los amparos directos n�meros: 574/1989 y 924/1993, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, y veintiuno de enero de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de votos, respectivamente, por lo que no se transcriben.

    Los fallos anteriores dieron origen a la jurisprudencia que enseguida se transcribe:

    "Novena �poca

    "Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: II, agosto de 1995

    "Tesis: III.1o.C. J/3

    "P�gina: 314

    CONFESI�N FICTA. CUANDO ES APTA PARA TENER POR DEMOSTRADOS LOS HECHOS REPUTADOS COMO CONFESADOS. El art�culo 397 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco se�ala que la confesi�n no producir� el efecto probatorio a que se refieren los art�culos que le preceden, en los casos en que la ley lo niegue y en aquellos en que venga acompa�ada de otras pruebas que la hagan inveros�mil o descubran la intenci�n de defraudar a terceros; luego, si no concurre ninguna de esas circunstancias, es claro que la presunci�n que genera una prueba confesional ficta por falta de comparecencia a absolver posiciones en t�rminos del precitado precepto legal, as� como del diverso art�culo 323 en relaci�n con el 393, todos del c�digo en consulta, s� es apta para tener por demostrados los hechos f�ctamente confesados.

OCTAVO

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar el amparo directo 1480/1990 el diecis�is de agosto de mil novecientos noventa, sustent� en la parte que interesa, lo siguiente (fojas 197 vuelta a 200 vuelta):

QUINTO. Son sustancialmente fundados los anteriores conceptos de violaci�n que por su �ntima relaci�n se estudian en forma conjunta, pues como correctamente lo aduce la quejosa, la S. responsable hizo una ilegal valoraci�n de las pruebas que aport� al juicio natural, ya que con tales medios probatorios qued� plenamente acreditada la procedencia de la acci�n de prescripci�n positiva ejercida. En principio, es pertinente se�alar, que conforme a los art�culos 1151 y 1152 del C�digo Civil, la posesi�n necesaria para prescribir bienes inmuebles debe ser en concepto de propietario, pac�fica, continua, p�blica y por el t�rmino de cinco a�os cuando de buena fe se haya entrado en la posesi�n del inmueble que se pretende prescribir. Ahora bien, le asiste raz�n a la quejosa en cuanto a que el primero de los requisitos antes indicados, consistente en que la posesi�n apta para prescribir debe ser en concepto de propietario, qued� debidamente acreditada con la prueba confesional a cargo del demandado E.D.A. hoy tercero perjudicado, ya que en las posiciones 2, 3 y 4 que le formul� la actora I.G.�itr�n L�pez hoy quejosa en el pliego respectivo, mismas que previamente fueron calificadas de legales, y de las cuales se tuvo por confeso el citado demandado en virtud de no haber comparecido sin justa causa a absolver posiciones, se demostr� que en el mes de abril de mil novecientos setenta y siete, el mencionado demandado E.D.A., a cuyo nombre aparece inscrito el lote de terreno controvertido ante el Registro P�blico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal (ver foja 6 del expediente natural), celebr� en su car�cter de vendedor, contrato verbal de compraventa con la hoy quejosa, en su calidad de compradora, respecto del inmueble materia del juicio (ver fojas 35 a 38 del expediente natural). Al respecto, cabe se�alar, que el valor probatorio pleno que este Tribunal Colegiado le atribuye a la prueba de confesi�n ficta para acreditar la celebraci�n del contrato verbal de compraventa de m�rito, deriva del hecho de que en la actualidad la legislaci�n procesal se encuentra orientada hacia el sistema que confiere libertad al juzgador para apreciar las pruebas, con la �nica limitaci�n de que se avoque a las reglas de la l�gica y de la experiencia; de tal forma que para que pueda alcanzar su pleno valor probatorio la confesi�n ficta, es indispensable que �sta no se encuentre contradicha con otros medios de prueba existentes en autos, o que estando contradicha, a su vez se encuentre adminiculada con otros medios o elementos probatorios coincidentes, los cuales al ser examinados conforme a las reglas de la l�gica y de la experiencia, produzcan mayor fuerza de convicci�n que aquellos elementos que discrepen de la aludida confesi�n ficta. En efecto, conforme a las aludidas reglas de la l�gica y la experiencia, �nica limitaci�n a la que se encuentra sujeta la libertad del juzgador para apreciar pruebas conforme a la legislaci�n procesal actual, la confesi�n judicial hace prueba plena, cuando el que la hace se ajusta a las formalidades establecidas por la ley, siendo �ste una persona capaz de obligarse, y deponga sobre hechos propios, sin coacci�n o violencia. Ahora bien, el C�digo de Procedimientos Civiles en vigor, establece en su art�culo 311, que las posiciones deber�n articularse en t�rminos precisos, contener un solo hecho propio y no ser insidiosas; el art�culo 312 dice que las posiciones deber�n concretarse a hechos que sean objeto del debate; por su parte, el art�culo 325 dispone que se tendr� por confeso al articulante respecto a los hechos propios que afirmare en las posiciones; finalmente, el art�culo 322 del citado cuerpo procesal de leyes, ordena que el que deba absolver posiciones ser� declarado confeso: ?1o. Cuando sin causa justa no comparezca; 2o. Cuando se niegue a declarar; 3o. Cuando al hacerlo insista en no responder afirmativamente y negativamente.?. El contenido de tales dispositivos hace evidente la posibilidad jur�dica de que la confesi�n ficta pueda revestir (sic) probatorio pleno, siempre y cuando re�na las exigencias que los propios preceptos procesales aluden, y no se encuentre contradicha por otros medios de prueba, o est�ndolo, se adminicule con otros elementos probatorios, que en su conjunto produzcan mayor convicci�n que los discrepantes. En el presente caso se estima que la confesi�n ficta en comento tiene valor probatorio pleno, en esencia, porque independientemente de que el demandado hoy tercero perjudicado no contest� la demanda instaurada en su contra, situaci�n que evidentemente robustece el indicio relativo a la celebraci�n del contrato de compraventa en menci�n, de las constancias procesales no aparece que el referido demandado haya ofrecido pruebas durante la tramitaci�n del juicio que pudieran contradecir el susodicho indicio, y, por otro lado, del an�lisis minucioso de los diversos medios probatorios que aport� la actora hoy quejosa al juicio natural, tampoco aparece que los mismos demeriten el fuerte valor indiciario que se desprende de la prueba de confesi�n ficta en comento, m�xime que la celebraci�n del plurirreferido contrato verbal de compraventa es un hecho propio del demandado materia del debate. No son �bice a lo antes expuesto, los diversos razonamientos de la responsable encaminados a demostrar que en la especie no puede tenerse por acreditada la celebraci�n del aludido contrato verbal de compraventa, en virtud de que en los hechos de la demanda inicial se omiti� se�alar el precio de la operaci�n y, por ende, tal cuesti�n no pod�a ser materia de prueba, por ser ajena a la litis; toda vez que para demostrar que la posesi�n se detenta con el car�cter de due�o, basta con el hecho de que la mencionada posesi�n emane de un acto jur�dico que por su naturaleza sea traslativo de dominio, precis�ndose al efecto la fecha de su celebraci�n, tal como ocurri� en el caso, en que la parte interesada demostr� la existencia del contrato de compraventa que en el mes de abril de mil novecientos setenta y siete celebr� con el demandado, en virtud del cual se le transmiti� la propiedad del inmueble controvertido. Asimismo, en la especie tambi�n se demostr� la existencia del segundo elemento legal e indispensable para prescribir un inmueble, que exige que la posesi�n debe ser pac�fica, es decir, que se adquiera sin violencia; puesto que la promovente adquiri� la propiedad del inmueble materia del juicio en virtud de un contrato verbal de compraventa, en el que el vendedor se oblig� a transferir a la compradora la posesi�n del inmueble materia del juicio, tal como aparece de la redacci�n de la quinta posici�n que previamente fue calificada de legal por el J. natural, respecto de la cual, el hoy tercero perjudicado fue declarado confeso (ver fojas 35 a 38 del expediente natural); sin que en contra del fuerte valor indiciario que se desprende de dicha probanza existan elementos probatorios que desvirt�en los hechos confesados, raz�n por la cual se le confiere valor probatorio pleno al referido indicio derivado de un hecho propio del demandado hoy tercero perjudicado. Por otra parte, tambi�n es cierto que con los medios de prueba que la hoy peticionaria aport� al juicio natural, demostr� cabalmente que la posesi�n que ha detentado sobre el lote de terreno controvertido es continua, es decir, que no ha sido interrumpida, y por otro lado, que la mencionada posesi�n es p�blica, esto es, que es conocida y est� a la vista de todos. Efectivamente, las mencionadas caracter�sticas que exige la ley para que la posesi�n sea apta para prescribir, se encuentran debidamente acreditadas en autos, pues en lo tocante a la continuidad de la posesi�n, los testigos que present� la ahora quejosa al juicio natural fueron contestes al se�alar que la hoy quejosa I.G.�itr�n L�pez ha pose�do ininterrumpidamente el inmueble materia del juicio desde el mes de febrero de mil novecientos setenta y siete, hasta el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, fecha de celebraci�n de la audiencia de ley, es decir, por un t�rmino mayor al de cinco a�os que exige el art�culo 1152 del C�digo Civil (ver fojas 37 a 40 vuelta del expediente natural); y en lo referente a la publicidad de la posesi�n que la promovente detenta, la misma se demuestra fehacientemente con las propias declaraciones antes se�aladas, en virtud de que se trata de manifestaciones que evidencian el car�cter p�blico de la plurirreferida posesi�n, m�xime si se toma en consideraci�n que al expresar la raz�n de su dicho los testigos manifestaron que los hechos sobre los que declararon les constan por haberlos presenciado, ya que son vecinos del lugar (ver fojas 38 a 40 vuelta del expediente natural). Finalmente, con la prueba de confesi�n ficta la ahora quejosa tambi�n demostr� ser poseedora de buena fe, en virtud de que dicha caracter�stica deriva de un t�tulo suficiente para darle derecho a poseer, el cual en la especie se hizo consistir en un contrato verbal de compraventa, en virtud del cual se le transmiti� a la hoy quejosa la propiedad del inmueble controvertido. Al resultar sustancialmente fundados los conceptos de violaci�n expresados por la promovente del amparo, debe concederse la protecci�n federal solicitada.

Los amparos directos n�meros: 2860/90, 743/91, 317/91 y 1355/91, fallados en seis de septiembre de mil novecientos noventa, catorce de marzo, veintid�s de marzo y dieciocho de abril, de mil novecientos noventa y uno, no se transcriben en virtud de que su contenido es similar al amparo directo 1480/90.

Las anteriores resoluciones dieron motivo a la tesis de jurisprudencia siguiente:

"Octava �poca

"Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: VII, mayo de 1991

"Tesis: I.5o.C. J/15

"P�gina: 81

CONFESI�N FICTA. VALOR PROBATORIO DE LA. De acuerdo con las reglas de la l�gica y la experiencia, �nica limitaci�n a la que se encuentra sujeta la libertad del juzgador para apreciar pruebas conforme a la legislaci�n procesal actual, la confesi�n judicial hace prueba plena, cuando el que la hace se sujeta a las formalidades establecidas por la ley, siendo �ste una persona capaz de obligarse, y deponga sobre hechos propios, sin coacci�n o violencia. Ahora bien, el C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece en su art�culo 311, que las posiciones deber�n articularse en t�rminos precisos, contener un solo hecho propio y no ser insidiosas; en el numeral 312 se�ala que las posiciones deber�n concretarse a hechos que sean objeto del debate; por su parte, el art�culo 325 dispone que se tendr� por confeso al articulante respecto a los hechos propios que afirmare en las posiciones; finalmente, el art�culo 322 del citado cuerpo procesal de leyes, ordena que el que deba absolver posiciones ser� declarado confeso: ?1o. Cuando sin justa causa no comparezca; 2o. Cuando se niegue a declarar; 3o. Cuando al hacerlo insista en no responder afirmativa o negativamente?. El contenido de tales dispositivos hace evidente la posibilidad jur�dica de que la confesi�n ficta pueda revestir valor probatorio pleno, siempre y cuando re�na las exigencias que los propios preceptos procesales establecen, y no se encuentra contradicha con otros medios de prueba, o est�ndolo, se adminicule con otros elementos probatorios, que al ser examinados conforme a las reglas de la l�gica y de la experiencia, en su conjunto produzcan mayor convicci�n que los discrepantes.

NOVENO

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (antes s�lo Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito), al fallar los amparos directos n�meros: 138/1995, 1/2005, y 248/2005, con fechas: veintitr�s de marzo de mil novecientos noventa y cinco, tres de febrero de dos mil cinco y veintis�is de octubre de dos mil cinco, respectivamente, todos por unanimidad de votos, sustent�, en la parte que interesa, lo siguiente:

  1. directo 138/995

    (fojas 279 a 281).

    SEXTO. Los conceptos de violaci�n hechos valer, son infundados en parte e inatendibles en lo dem�s. Es inexacto lo aducido por la quejosa E.M.�nez viuda de G.�rrez, en el sentido de que el tercer elemento de la acci�n reivindicatoria, o sea, la identidad del bien que reclama el actor con el bien pose�do por el demandado, �nicamente se puede acreditar con la prueba pericial. En efecto, la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia con rubro: ?ACCI�N REIVINDICATORIA. SUS ELEMENTOS.?, misma que con el n�mero 40, aparece publicada en la p�gina 67 de la Segunda Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de los a�os de 1917 a 1988, ha sustentado el criterio que dice: ?La reivindicaci�n compete a quien no est� en posesi�n de la cosa de la cual tiene la propiedad y su efecto es declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue al demandado con sus frutos y accesiones. As�, quien la ejercita debe acreditar: a) La propiedad de la cosa que reclama; b) La posesi�n por el demandado de la cosa perseguida y c) La identidad de la misma, o sea que no pueda dudarse cual es la cosa que pretende reivindicar y a la que se refieren los documentos fundatorios de la acci�n, precisando situaci�n, superficie y linderos, hechos que demostrar� por cualquiera de los medios de prueba reconocidos por la ley.?. De ello se advierte que el tercer elemento de la acci�n reivindicatoria se puede demostrar con cualquier prueba, siempre que �sta sea reconocida como tal por la ley. Ahora bien, el art�culo 279 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en lo conducente, establece: ?La ley conoce como medios de prueba: I. La confesi�n; II. La declaraci�n de partes; ...?. Por tanto, dado que el art�culo de referencia entre otros medios de prueba reconoce la confesi�n y la declaraci�n de partes; es v�lido concluir que con estas pruebas v�lidamente se puede acreditar el tercer elemento de la acci�n reivindicatoria, es decir, la identidad del bien que reclame el actor con el bien pose�do por el demandado. As� las cosas, es legal que la S. responsable, en la sentencia reclamada tuviera por acreditado el tercer elemento de la acci�n reivindicatoria con las pruebas confesionales y declaraci�n de parte a cargo de la demandada, ahora quejosa E.M.�nez Viuda de G.�rrez. Esto es as�, independientemente de que la tesis invocada por la S. responsable se refiera al caso en que el demandado confiese expresamente poseer el inmueble reclamado, y no cuando se le tiene por confeso f�ctamente, como aconteci� en la especie, pues a pesar de que al contestarse la demanda se haya negado la identidad de la cosa reclamada por el actor con la pose�da por la hoy quejosa; dicha confesi�n ficta tiene eficacia probatoria conforme a la tesis sustentada por la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n,consultable en las p�ginas 823 y 824 de la parte y Ap�ndice antes mencionados, cuyo sumario dice: ?CONFESI�N FICTA, EFICACIA DE LA. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n no comparte el criterio en el sentido de que la confesi�n ficta carece de eficacia, cuando al contestar la demanda la misma parte a quien se declara confesa, ha negado expresamente los hechos materia de la confesi�n. El hecho de negar la demanda produce como efecto jur�dico arrojar sobre el actor la carga de la prueba de todos los elementos de su acci�n, y entre las pruebas admitidas por la ley se encuentra la confesi�n ficta, cuya eficacia no puede desconocerse por la circunstancia de que la demanda haya sido negada expresamente. Cuando no comparece sin justa causa la persona que haya de absolver posiciones, incurre en violaci�n del deber de contestar el interrogatorio formulado por su adversario, y ello no puede interpretarse, salvo prueba en contrario, sino como admisi�n de los hechos que son legalmente objeto del interrogatorio; el no comparecer viene a probar que carece de valor para presentarse a admitir un hecho y un pretexto para no reconocer una verdad que redunda en su perjuicio; en efecto, el silencio del interrogado se atribuye a la conciencia de no poder negar un hecho ante la presencia judicial y bajo protesta de decir verdad, pues seg�n se ha afirmado, la confesi�n es un fen�meno contrario a la naturaleza del hombre, siempre presto a huir de lo que puede da�arle. Como la parte demandada en el momento de negar la demanda no se enfrenta al dilema de mentir o de aceptar la verdad ante el J., bajo protesta, sino s�lo persigue el prop�sito de obligar a su contrario a que pruebe sus aseveraciones, tal negativa no puede constituir ninguna presunci�n contraria a los hechos admitidos como ciertos por virtud de la confesi�n ficta.?. En este orden de ideas, al haber otorgado pleno valor probatorio la S. responsable a la confesi�n ficta y a la declaraci�n de partes a cargo de la hoy quejosa, no puede decirse que se hubieran violado los art�culos 14 y 16 constitucionales; puesto que como se ha visto, con estas pruebas s� es posible acreditar el tercer elemento de la acci�n reivindicatoria, por estar reconocidas como tales por el art�culo 279 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado.

  2. directo 1/2005

    (fojas 326 a 329).

    CUARTO. ... En el mismo orden de ideas, el quejoso refiere que la sentencia reclamada viola lo dispuesto por los art�culos 14 y 16 constitucionales, porque de ninguna de las disposiciones que cita la responsable se justifica el hecho de que la confesi�n ficta sea suficiente para tener por acreditada la acci�n intentada por el actor; que el art�culo 423 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, s�lo le da el valor de una presunci�n legal, la cual no justifica una acci�n; que dicha prueba debi� adminicularse con alg�n otro medio de convicci�n, y en el caso, ello no fue as�; que debi� tomarse en cuenta que al contestar la demanda instaurada en su contra, neg� tajantemente la celebraci�n del contrato de arrendamiento, y por ello, la confesi�n ficta no le perjudic� y careci� de valor probatorio para justificar la acci�n demandada, invocando la tesis de rubro: ?CONFESI�N FICTA DEL DEMANDADO. RESULTA INEFICAZ EN LA HIP�TESIS DE QUE SE NIEGUE LA DEMANDA EN FORMA EXPRESA (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE PUEBLA).?. Los anteriores argumentos devienen igualmente infundados, pues tal como lo estim� la S. responsable, la confesi�n ficta resulta apta, por s� misma, para demostrar los hechos reputados como confesados, si no existe prueba en contrario, de conformidad con la tesis que cit�, de rubro: ?CONFESI�N FICTA, ES APTA PARA TENER POR DEMOSTRADOS LOS HECHOS REPUTADOS COMO CONFESADOS CUANDO NO EXISTE PRUEBA EN CONTRARIO.?; y en la especie, la responsable consider� que el demandado, aqu� quejoso, no ofreci� prueba alguna que desvirtuara tal confesi�n, sino que se encontraba adminiculada con la aceptaci�n expresa vertida al dar contestaci�n a la demanda, en la que el reo admiti� que el diecis�is de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, celebr� contrato de arrendamiento por escrito, que este fue prorrogado y la pr�rroga concluy� el doce de octubre de mil novecientos noventa y tres; que el demandado confes� estar ocupando el departamento materia de la litis y no justific� por qu� medio y bajo qu� circunstancias se encontraba poseyendo esa propiedad, sin que le pertenezca, porque el contrato escrito de arrendamiento y su pr�rroga, ya hab�an concluido; que si bien exhibi� diversas fichas de dep�sito, por concepto de pago de rentas por el inmueble materia de la litis, �stas s�lo demostraban que cumpli� parcialmente con el pago de las rentas, porque amparan cantidades que no corresponden a las mencionadas por la actora y reconocidas por el aqu� quejoso en la confesi�n ficta, lo que se estima acertado. Y es que el quejoso parte de una base err�nea al afirmar que la confesi�n ficta se contradijo con la negaci�n vertida al dar contestaci�n a su demanda, en torno a la celebraci�n del contrato de arrendamiento cuyo otorgamiento por escrito se le demand�, pues si bien el simple hecho de negar la demanda produce como efecto jur�dico arrojar sobre el actor la carga de la prueba de todos los elementos de su acci�n, debe tomarse en cuenta que entre las pruebas admitidas por la ley, se encuentra la confesi�n ficta, y su eficacia no puede desconocerse por la circunstancia de que la demanda haya sido negada expresamente, pues si quien haya de absolver posiciones, no concurre a la diligencia, sin causa justa, viene a probar que carece de valor para presentarse a admitir un hecho y un pretexto para no reconocer una verdad que redunda en su perjuicio, pues el silencio del interrogado se atribuye a la conciencia de no poder negar un hecho ante la presencia judicial y bajo protesta de decir verdad, pues la confesi�n es un fen�meno contrario a la naturaleza del hombre, siempre presto a huir de lo que puede da�arle, y al momento de negar la demanda, no se enfrenta al dilema de mentir o aceptar la verdad ante el J. bajo protesta, sino s�lo persigue el prop�sito de obligar a su contrario a que pruebe sus aseveraciones; por tanto, tal negativa no puede constituir ninguna presunci�n contraria a los hechos admitidos como ciertos por virtud de la confesi�n ficta, de ah� que la tesis que cit�, se estime inaplicable al caso, por pugnar con el criterio que este �rgano colegiado sostiene. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por este �rgano colegiado, antes de su especializaci�n, la cual aparece publicada en la p�gina 352 del Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo I, correspondiente al mes de mayo de 1995, Novena �poca, que establece: ?CONFESI�N FICTA. SU EFICACIA EN MATERIA CIVIL. No puede aceptarse que la confesi�n ficta carece de eficacia, cuando al contestar la demanda la misma parte a quien se declara confesa ha negado expresamente los hechos materia de la confesi�n. El hecho de negar la demanda produce como efecto jur�dico arrojar sobre el actor la carga de la prueba de todos los elementos de su acci�n, y entre las pruebas admitidas por la ley se encuentra la confesi�n ficta, cuya eficacia no puede desconocerse por la circunstancia de que la demanda haya sido negada expresamente. Cuando no comparece sin justa causa la persona que haya de absolver posiciones incurre en violaci�n del deber de contestar el interrogatorio formulado por su adversario, y ello no puede interpretarse salvo prueba en contrario, sino como admisi�n de los hechos que son legalmente objeto del interrogatorio; el no comparecer viene a probar que carece de valor para presentarse a admitir un hecho y un pretexto para no reconocer una verdad que redunda en su perjuicio; en efecto, el silencio del interrogado se atribuye a la conciencia de no poder negar un hecho ante la presencia judicial y bajo protesta de decir verdad, pues seg�n se ha afirmado la confesi�n es un fen�meno contrario a la naturaleza del hombre, siempre presto a huir de lo que puede da�arle. Como la parte demandada en el momento de negar la demanda no se enfrenta al dilema de mentir o aceptar la verdad ante el J. bajo protesta, sino s�lo persigue el prop�sito de obligar a su contrario a que pruebe sus aseveraciones, tal negativa no puede constituir ninguna presunci�n contraria a los hechos admitidos como ciertos por virtud de la confesi�n ficta.?. Adem�s, debe decirse que la responsable cit� los preceptos legales aplicables al caso, y expres� los motivos por los que consider� que la confesi�n ficta s� pod�a ser suficiente para tener por demostrada la acci�n intentada y las causas por las que tal probanza no se encontraba contradicha con ning�n otro medio de prueba, y s� por el contrario corroborada con otras, con lo que cumpli� con la garant�a de fundamentaci�n y motivaci�n consagrada por el art�culo 16 constitucional.

  3. directo 248/2005

    (fojas 364 vuelta a 366 vuelta).

    CUARTO. ... Asimismo, del juicio de origen se advierte que el demandado ofreci� la prueba confesional a cargo del actor, a quien en la diligencia celebrada el nueve de julio del a�o dos mil cuatro, por no haber comparecido, se le declar� confeso ficto, entre otras, de la posici�n n�mero siete, que dice: ?7. Si es cierto como lo es que el absolvente de la prueba recibi� del se�or A.F.M., el d�a treinta de septiembre del a�o dos mil dos, la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos cero centavos, moneda nacional), como abono al pagar� fundatorio de la acci�n? (fojas 99 y 100). Ahora bien, al no haber asistido el actor al desahogo de la prueba confesional a su cargo, fue que se le declar� confeso f�ctamente, y la S. responsable lo tuvo en cuenta para tener por admitido f�ctamente, que el demandado le entreg� un abono de veinticinco mil pesos; y por ende, que con tal probanza acredit� su excepci�n de pago parcial, la cual, contrariamente, a lo que sostiene el quejoso, no se desvirt�a por el hecho de que el demandado al consignar la cantidad de cincuenta mil pesos, hubiere indicado que correspond�a al pago de la suerte principal, en virtud de que esa manifestaci�n no constituye una presunci�n legal que contradiga la aludida confesi�n, ya que la eficacia probatoria de la confesi�n ficta, radica en que el absolvente por regla general carece de valor para negar en presencia del juzgador un hecho que sabe que s� aconteci�, y por ello, el art�culo 1232, fracci�n I, del C�digo de Comercio sanciona al absolvente declar�ndolo confeso, cuando sin justa causa no comparezca a absolver posiciones habiendo sido citado para hacerlo, y apercibido de ser declarado confeso. Adem�s, el hecho de haber consignado el demandado la suma de cincuenta mil pesos, el veintis�is de febrero del a�o dos mil cuatro, tuvo la finalidad de que los intereses se generaran hasta esta fecha, dado que el procedimiento continu�, ya que se desconoc�a el resultado que tendr�a la prueba confesional que hab�a ofrecido a cargo del actor, con objeto de acreditar su excepci�n de pago parcial, lo que se conoci� hasta el nueve de julio de ese a�o, en que se desahog� esa prueba, y por ello fue hasta la sentencia en que la S. responsable valor� la eficacia de tal confesi�n ficta. De manera que si con motivo del escrito mediante el cual el demandado consign� la suma de cincuenta mil pesos, con fecha diez de marzo de dos mil cuatro, se emiti� un acuerdo en el que esa cantidad era ?por concepto de pago a la surte principal? (foja 21), y con posterioridad, esto es, con fecha catorce de mayo del mismo a�o, se emiti� un diverso acuerdo en el sentido de que por no haber hecho el actor alguna manifestaci�n respecto de la citada cantidad ?se le tiene al mismo por conforme con el pago realizado a la suerte principal por el demandado? (foja 34 vuelta), lo cual caus� estado por no haber sido impugnado, y no obstante ello, el actor no compareci� a la diligencia de fecha nueve de julio del referido a�o, en que se llev� a cabo el desahogo de la prueba confesional a su cargo; resulta claro que estuvo en aptitud de comparecer a absolver posiciones y declarar lo que a su derecho conviniera, y si no lo hizo, tal omisi�n es en su perjuicio, de suerte que, como ya se indic�, la manifestaci�n que hizo el demandado al consignar la suma de cincuenta mil pesos como pago de la suerte principal, no desvirt�a la confesi�n ficta del actor, dado que esta prueba tuvo por objeto que aqu�l acreditara su excepci�n de pago parcial de veinticinco mil pesos y, como as� lo logr�, la cantidad consignada fue correctamente aplicada para cubrir el saldo de la suerte principal, y el excedente, es decir, veinticinco mil pesos, para abonar los intereses moratorios que se hubieran causado. Sobre el particular, es aplicable la tesis sustentada por este propio �rgano colegiado, visible en la p�gina 352 del Tomo I, mayo de 1995, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?CONFESI�N FICTA. SU EFICACIA EN MATERIA CIVIL. No puede aceptarse que la confesi�n ficta carece de eficacia, cuando al contestar la demanda la misma parte a quien se declara confesa ha negado expresamente los hechos materia de la confesi�n. El hecho de negar la demanda produce como efecto jur�dico arrojar sobre el actor la carga de la prueba de todos los elementos de su acci�n, y entre las pruebas admitidas por la ley se encuentra la confesi�n ficta, cuya eficacia no puede desconocerse por la circunstancia de que la demanda haya sido negada expresamente. Cuando no comparece sin justa causa la persona que haya de absolver posiciones incurre en violaci�n del deber de contestar el interrogatorio formulado por su adversario, y ello no puede interpretarse salvo prueba en contrario, sino como admisi�n de los hechos que son legalmente objeto del interrogatorio; el no comparecer viene a probar que carece de valor para presentarse a admitir un hecho y un pretexto para no reconocer una verdad que redunda en su perjuicio; en efecto, el silencio del interrogado se atribuye a la conciencia de no poder negar un hecho ante la presencia judicial y bajo protesta de decir verdad, pues seg�n se ha afirmado la confesi�n es un fen�meno contrario a la naturaleza del hombre, siempre presto a huir de lo que puede da�arle. Como la parte demandada en el momento de negar la demanda no se enfrenta al dilema de mentir o aceptar la verdad ante el J. bajo protesta, sino s�lo persigue el prop�sito de obligar a su contrario a que pruebe sus aseveraciones, tal negativa no puede constituir ninguna presunci�n contraria a los hechos admitidos como ciertos por virtud de la confesi�n ficta.?. En otro aspecto, es inatendible el concepto de violaci�n consistente en que la suma de cincuenta mil pesos que ofreci� el demandado, primero debe abonarse al pago de los intereses moratorios.

    El amparo directo n�mero 111/2005, de veinticuatro de mayo de dos mil cinco, no se transcribe en virtud de que es similar al amparo directo 1/2005.

D�CIMO

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar el amparo directo n�mero: 1065/95, con fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y cinco, sustent�, en la parte que interesa, lo siguiente: (fojas 345 y 346).

V. Son infundados los motivos de inconformidad aducidos por el quejoso. El primero porque, contrariamente a lo que se asegura, como luego se ver�, no es verdad que existan pruebas que desvirt�en su confesi�n ficta, en la que reconoci�: Que �l solicit� su asignaci�n acad�mica, que la acept�, que falt� desde el cinco de marzo de mil novecientos noventa y tres, que tuvo conocimiento del acta de abandono de empleo que se le instrument�, que fue dado de baja el 29 de abril de la misma anualidad y que la terminaci�n del nexo fue sin responsabilidad del patr�n (fojas 87 a 88); y tampoco es cierto que se haya infringido el art�culo 46 bis de la ley burocr�tica. En efecto, la resoluci�n para determinar que se comprob� la excepci�n de abandono invocada, se apoy� adem�s en los numerales 25 del reglamento de condiciones de trabajo de la co-reo (sic) y el 146 de las del personal docente del instituto t�cnico, en los citatorios de diecis�is de marzo del a�o citado, dirigidos al activo y a su representante sindical y en el acta de investigaci�n del veinticuatro siguiente (foja 150 vuelta), sin que en el presente juicio indique el impetrante, cu�les son esos medios de convicci�n que desacreditan dicha confesional, ni se advierte alguno del natural. Por otra parte, el dispositivo 46 bis del ordenamiento referido establece la obligaci�n de los titulares de las dependencias p�blicas de levantar un acta administrativa con intervenci�n del afectado y de su representante gremial as� como de testigos de cargo y descargo, en los casos en que el cese se origine por algunos de los supuestos previstos en la fracci�n V del mandamiento previo, en los que no se consigna la causal de abandono citada y, por tanto, en el caso concreto no era requisito indispensable el realizar esa indagaci�n. Por lo ya se�alado, resulta in�til en la especie analizar lo dem�s alegado en relaci�n con la instrumentaci�n del acta administrativa y su ratificaci�n, al ser inocua en el caso para el acreditamiento de la causal de cese que motiv� la ruptura del nexo. As� las cosas, al no haberse acreditado violaciones a la legislaci�n burocr�tica, ni la consiguiente transgresi�n de garant�as, lo procedente ser� negar la protecci�n impetrada, sin advertir deficiencia de queja que suplir.

La anterior resoluci�n dio origen a la tesis que enseguida se transcribe:

"Novena �poca

"Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: II, septiembre de 1995

"Tesis: I.5o.T.4 K

"P�gina: 530

CONFESI�N FICTA NO DESVIRTUADA. SU VALOR PROBATORIO. Si la parte afectada no aporta u omite se�alar los medios convictivos tendientes a desacreditar su confesi�n ficta, tal probanza se reviste de plena validez.

D�CIMO PRIMERO

Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 4076/2001, el d�a siete de junio de dos mil uno, consider� en la parte que interesa, lo siguiente (fojas 115 vuelta a 118).

CUARTO. ... Por otra parte, son infundados el quinto, el sexto, s�ptimo y octavo conceptos de violaci�n, en la parte en la que b�sicamente combate la procedencia de las prestaciones que integraron el salario del actor. Lo anterior es as�, porque la confesi�n ficta de E.C.S.T.�s, s� es suficiente, tal y como lo concluy� la Junta responsable, para obligar a la empresa demandada; lo anterior debido a que el actor ofreci� dicha confesional en su doble car�cter, es decir, para hechos propios y como codemandado persona f�sica; adem�s, el actor fue contratado originalmente en el puesto de director administrativo y tuvo el puesto de director de finanzas, por lo que fue subalterno directo del director general, es decir, de E.C.S.T.�s; lo que se corrobora con el hecho de que la empresa demandada, para acreditar la personalidad de las personas que la representaron el juicio laboral (sic) exhibi� testimonio notarial del que se desprende que E.C.S.T.�s, es el director general de la empresa hoy quejosa (fojas 69 a 79), incluso se desprenden las facultades de dominio sobre la empresa quejosa; por tanto, las preguntas formuladas a E.C.S.T.�s, s� tienen, en el caso particular, la consecuencia de vincular y obligar a la empresa quejosa en el juicio laboral, y ante la validez de la confesi�n, la Junta responsable, correctamente concluy� que la confesi�n de forma ficta de E.C.S.T.�s, acreditaba la procedencia para el pago de la comisi�n sobre ventas, compensaci�n por desempe�o, pago de vales de gasolina, honorarios y complementos de salario, todas las prestaciones reclamadas por la parteactora. Cabe precisar que de la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, perteneciente a la S�ptima �poca, que aparece con el n�mero 79, en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, jurisprudencia, Volumen 1, visible a fojas 69, que textualmente dice: ?CONFESI�N FICTA, JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE. LA LEY DE 1970 CONTEMPLA IGUAL PREVENCI�N QUE LA ABROGADA. Si bien es cierto que la tesis de jurisprudencia n�mero 31, visible en la p�gina 41, quinta parte, del volumen correspondiente a la Cuarta S. del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: �CONFESI�N FICTA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. Para que la confesi�n ficta de una de las partes, tenga pleno valor probatorio en materia de trabajo, es menester que no est� en contradicci�n con alguna otra prueba fehaciente que conste en autos de acuerdo con el art�culo 527 de la Ley Federal del Trabajo de 1931.�, alude a la legislaci�n laboral abrogada, cabe precisar que el criterio sustentado en dicha tesis sigue siendo aplicable, en tanto que la ley vigente contempla sustancialmente la misma prevenci�n que el art�culo 527 de la ley abrogada.?. Se deriva que la confesi�n ficta tiene valor probatorio pleno cuando no existe prueba fehaciente en contrario que desvirt�e el resultado de la misma y, por tanto, resulta suficiente para acreditar la procedencia de las prestaciones que se encuentran confesas de forma ficta. Por otro lado, de la jurisprudencia n�mero 4a./J. 10/93 emitida por la entonces Cuarta S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis 71/91, entre las sustanciadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Duod�cimo Circuito y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que aparece con el n�mero 455 en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, Tomo V, Materia de Trabajo, jurisprudencia, V.I., visible en la p�gina 373, que textualmente dice: ?PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE PERSONA MORAL, DESAHOGO DE LA. De conformidad con lo que disponen los art�culos 786 y 787 de la Ley Federal del Trabajo, la prueba confesional ofrecida a cargo de personas morales, debe ser desahogada personalmente por los directores, administradores, gerentes o por quienes ejerzan funciones de direcci�n o administraci�n dentro de la misma, y por los miembros de las directivas de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestaci�n, o bien, cuando deben serles conocidos por raz�n de sus funciones, siempre y cuando as� lo solicite el oferente, y sea procedente a juicio de la autoridad laboral; en tanto que cuando la prueba se refiera a hechos distintos, es decir, que no sean propios, puede ser desahogada por el representante legal de la empresa, entendi�ndose por �ste no solamente la persona f�sica u �rgano que legalmente la represente, sino tambi�n su mandatario, siempre que el mandato respectivo se le haya otorgado con cl�usula especial para articular y absolver posiciones, puesto que la representaci�n que ostenta deriva de un acto convencional, como es el contrato de mandato, es decir, sustenta su car�cter en la ley, y por ende, tambi�n se encuentra comprendido en el t�rmino �representante legal�, utilizado en el art�culo 786 de la Ley Federal del Trabajo, de manera que el mandante queda obligado a estar y pasar por todo lo que el mandatario manifieste al dar respuesta a las posiciones que se le formulen.?; se desprende que la prueba confesional de los administradores, directores gerentes y dem�s funcionarios que ejerzan funciones de direcci�n o administraci�n para hechos propios y como mandatario o representante legal de una persona moral, vincula a la empresa demandada; por tanto, de la interpretaci�n concatenada de las jurisprudencias referidas, resulta v�lido estimar que la confesi�n desahogada en forma ficta, ofrecida para el desahogo de hechos propios imputados al administrador, director, gerente o persona que realiza actos de direcci�n o administraci�n, tiene pleno valor probatorio para obligar a la persona moral representada, si la prueba de confesi�n fue ofrecida y admitida en su doble aspecto, para desahogo de hechos propios realizados en el desempe�o de la funci�n y como codemandado persona f�sica, por lo que por congruencia, su desahogo debe entenderse, tambi�n, con ese doble car�cter. Adem�s, si en el caso las posiciones se refieren a una misma relaci�n de trabajo, se deriv� l�gicamente, que se considere confeso al codemandado persona f�sica y que tal confesi�n ficta afecte a la persona moral que representa de conformidad con lo establecido en el art�culo 11 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, contrario a lo que afirma la empresa quejosa, en la especie, la confesi�n ficta s� tiene valor probatorio, tal como lo determin� la Junta responsable, porque no existe prueba en contrario que desvirt�e el resultado de la misma y en tal virtud, s� es suficiente para acreditar la procedencia de las prestaciones reclamadas. Consecuentemente y al declararse inoperantes e infundados los conceptos de violaci�n esgrimidos por la empresa quejosa, y no operar la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la parte patronal, lo que procede es negar el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal.

La anterior resoluci�n dio origen a la tesis cuyos rubro y texto enseguida se transcriben:

"Novena �poca

"Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIV, septiembre de 2001

"Tesis: I.6o.T.96 L

"P�gina: 1300

CONFESI�N FICTA. LA DESAHOGADA EN SU DOBLE ASPECTO PARA HECHOS PROPIOS Y COMO CODEMANDADO PERSONA F�SICA, POR EL ADMINISTRADOR, DIRECTOR, GERENTE O PERSONA QUE EJERCE ACTOS DE DIRECCI�N O ADMINISTRACI�N, OBLIGA EN LOS MISMOS T�RMINOS, TANTO A LA PERSONA F�SICA COMO A LA EMPRESA QUE REPRESENTA. De la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, perteneciente a la S�ptima �poca, que aparece con el n�mero 79, en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, visible a fojas 69, bajo el rubro: ?CONFESI�N FICTA. JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE. LA LEY DE 1970 CONTEMPLA IGUAL PREVENCI�N QUE LA ABROGADA.?, se deriva que la confesi�n ficta tiene valor probatorio pleno cuando no existe prueba fehaciente en contrario que desvirt�e el resultado de la misma y, por tanto, resulta suficiente para acreditar la procedencia de las prestaciones que se encuentran confesas de forma ficta. Por otro lado, de la jurisprudencia emitida tambi�n por la entonces Cuarta S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, perteneciente a la Octava �poca, que aparece con el n�mero 455 en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, visible en la p�gina 373, de rubro: ?PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE PERSONA MORAL, DESAHOGO DE LA.?, se desprende que la prueba confesional de los administradores, directores, gerentes y dem�s funcionarios que ejerzan funciones de direcci�n o administraci�n para hechos propios y como mandatario o representante legal de una persona moral, vincula a la empresa demandada. Por tanto, de la interpretaci�n concatenada de las jurisprudencias referidas, resulta v�lido considerar que la confesi�n desahogada en forma ficta, ofrecida para el desahogo de hechos propios imputados al administrador, director, gerente o persona que realiza actos de direcci�n o administraci�n, tiene pleno valor probatorio para obligar a la persona moral representada, si la prueba de confesi�n fue ofrecida y admitida en su doble aspecto, para desahogo de hechos propios realizados en el desempe�o de la funci�n y como codemandado persona f�sica, por lo que por congruencia, su desahogo y consecuente valoraci�n debe entenderse, tambi�n, con ese doble car�cter.

D�CIMO SEGUNDO

Previamente al estudio de la cuesti�n planteada, por raz�n de m�todo, debe determinarse si en el caso existe la contradicci�n de tesis entre los Tribunales Colegiados de Circuito que han quedado precisados.

En principio, es necesario tener presente que la contradicci�n de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jur�dicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jur�dicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jur�dicos discrepantes y que, adem�s, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; requiri�ndose, asimismo, que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente id�nticos.

Cobra vigencia al respecto la jurisprudencia sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto, son los siguientes:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

D�CIMO TERCERO

En principio debe destacarse que no existe la contradicci�n de criterios entre el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y los Tribunales Tercero en Materia Civil del Sexto Circuito, Segundo en Materia Civil del Segundo Circuito, Primero en Materia Civil del Tercer Circuito, Primero en Materia Civil del Sexto Circuito (antes Primero del Sexto Circuito), Quinto en Materia Civil del Primer Circuito, Quinto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Lo anterior es as�, en tanto que el tema de la denuncia de contradicci�n de tesis se refiere a la prueba de la confesi�n ficta y el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su resoluci�n materia de la presente contradicci�n dictada en el amparo directo 696/2005, interpreta el art�culo 68 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, relativo a los estados de cuenta certificados por contador facultado por la instituci�n de cr�dito, sin que en ning�n momento interprete el C�digo de Procedimientos Civiles que contempla la figura de la confesi�n ficta o haga valoraci�n alguna al respecto, por lo que, por este motivo, no existe la contradicci�n de criterios entre los �rganos jurisdiccionales mencionados.

Apoya a la anterior consideraci�n la tesis aislada de esta Primera S., cuyo contenido es:

"Novena �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XXI, febrero de 2005

"Tesis: 1a. II/2005

"P�gina: 308

"CONTRADICCI�N DE TESIS. LOS REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA DEBEN ACTUALIZARSE RESPECTO DEL PUNTO MATERIA DE LA LITIS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al emitir la tesis de rubro: ?CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.?, enunci� los elementos que deben concurrir para que se actualice la contradicci�n de tesis, a saber: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que la divergencia de criterios provenga del examen de los mismos elementos. Ahora bien, la simple concurrencia de los citados requisitos no hace existente por s� sola la contradicci�n de criterios, pues es necesario que tales requisitos surjan dentro del marco jur�dico del problema debatido, ya que la naturaleza del negocio jur�dico en an�lisis ser� el que, en su caso, determine materialmente la aludida contradicci�n. En efecto, es necesario: (I) que se examine una situaci�n esencialmente igual, (II) que la contradicci�n de criterios se refleje en las consideraciones jur�dicas vertidas en el cuerpo de las sentencias, razonamientos que deben referirse a la litis, analizando y resolviendo el punto en debate, y (III), que los criterios en discrepancia provengan del estudio de los mismos elementos; de ah� que las menciones incluidas en las sentencias, y que son ajenas al punto en discusi�n, no pueden estimarse aptas para satisfacer el segundo requisito exigido para la existencia de la contradicci�n de tesis, toda vez que la ?posible? diferencia de criterios que se presentase en las consideraciones de las sentencias, no reflejar�a los razonamientos que resuelven la litis y, en consecuencia, la diferencia de criterios no provendr�a de las consideraciones que dirimen el punto de controversia; de manera que al no concurrir un requisito esencial para la existencia de la contradicci�n, �sta debe declararse inexistente.

Contradicci�n de tesis 58/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto en Materia Civil, ambos del Tercer Circuito. 13 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Secretaria: E.S.S.S..

D�CIMO CUARTO

Tampoco existe la contradicci�n de tesis entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en virtud de que examinan disposiciones de contenido diferente.

En efecto, los art�culos del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de M�xico (abrogados), interpretados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, fueron los siguientes:

"Art�culo 390. La confesi�n ficta produce el efecto de una presunci�n, cuando no haya pruebas que la contradigan."

"Art�culo 414. Las presunciones legales hacen prueba plena."

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, no hizo un pronunciamiento o interpretaci�n sobre la prueba de confesi�n ficta o su valoraci�n en juicio laboral, s�lo sostuvo lo siguiente: "Son infundados los motivos de inconformidad aducidos por el quejoso. El primero, porque, contrariamente a lo que se asegura, como luego se ver�, no es verdad que existan pruebas que desvirt�en su confesi�n ficta, en la que reconoci�: ..."

Adem�s de lo anterior, el laudo impugnado en el juicio laboral, en el que se tuvo por confeso al quejoso, se apoy� en los art�culos 768 y 789 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicaci�n supletoria.

Tampoco existe la contradicci�n de tesis que se denuncia, en virtud de que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, aunque s� se pronunci� sobre la valoraci�n de la prueba de la confesi�n ficta, lo hizo con fundamento en la Ley Federal del Trabajo y precedentes de este Alto Tribunal.

Los art�culos 786 a 794 de la Ley Federal del Trabajo, precept�an:

"Art�culo 786. Cada parte podr� solicitar se cite a su contraparte para que concurra a absolver posiciones.

"T.�ndose de personas morales la confesional se desahogar� por conducto de su representante legal; salvo el caso a que se refiere el siguiente art�culo."

"Art�culo 787. Las partes podr�n tambi�n solicitar que se cite a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de direcci�n y administraci�n, en la empresa o establecimiento, as� como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestaci�n, o bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos."

"Art�culo 788. La Junta ordenar� se cite a los absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibi�ndolos de que si no concurren el d�a y hora se�alados, se les tendr� por confesos de las posiciones que se les articulen."

"Art�culo 789. Si la persona citada para absolver posiciones, no concurre en la fecha y hora se�alada, se har� efectivo el apercibimiento a que se refiere el art�culo anterior y se le declarar� confesa de las posiciones que se hubieren articulado y calificado de legales."

"Art�culo 790. En el desahogo de la prueba confesional se observar�n las normas siguientes:

"I. Las posiciones podr�n formularse en forma oral o por escrito, que exhiba la parte interesada en el momento de la audiencia;

"II. Las posiciones se formular�n libremente, pero deber�n concretarse a los hechos controvertidos; no deber�n ser insidiosas o in�tiles. Son insidiosas las posiciones que tiendan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, para obtener una confesi�n contraria a la verdad; son in�tiles aquellas que versan sobre hechos que hayan sido previamente confesados o que no est�n en contradicci�n con alguna prueba o hecho fehaciente que conste en autos o sobre los que no exista controversia;

"III. El absolvente bajo protesta de decir verdad, responder� por s� mismo, de palabra, sin la presencia de su asesor, ni ser asistido por persona alguna. No podr� valerse de borrador de respuestas pero se le permitir� que consulte simples notas o apuntes, si la Junta, despu�s de tomar conocimiento de ellos, resuelve que son necesarios para auxiliar su memoria;

"IV. Cuando las posiciones se formulen oralmente, se har�n constar textualmente en el acta respectiva; cuando sean formuladas por escrito, �ste se mandar� agregar a los autos y deber� ser firmado por el articulante y el absolvente;

"V. Las posiciones ser�n calificadas previamente, y cuando no re�nan los requisitos a que se refiere la fracci�n II, la Junta las desechar� asentando en autos el fundamento y motivo concreto en que apoye su resoluci�n;

"VI. El absolvente contestar� las posiciones afirmando o negando; pudiendo agregar las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida la Junta; las respuestas tambi�n se har�n constar textualmente en el acta respectiva; y

"VII. Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, la Junta de oficio o a instancia de parte, lo apercibir� en el acto de tenerlo por confeso si persiste en ello."

"Art�culo 791. Si la persona que deba absolver posiciones tiene su residencia fuera del lugar donde se encuentre la Junta, �sta librar� exhorto, acompa�ando, en sobre cerrado y sellado, el pliego de posiciones previamente calificado; del que deber� sacarse una copia que se guardar� en el secreto de la Junta.

"La Junta exhortada recibir� la confesional en los t�rminos en que se lo solicite la Junta exhortante."

"Art�culo 792. Se tendr�n por confesi�n expresa y espont�nea, las afirmaciones contenidas en las posiciones que formule el articulante."

"Art�culo 793. Cuando la persona a quien se se�ale para absolver posiciones sobre hechos propios, ya no labore para la empresa o establecimiento, previa comprobaci�n del hecho el oferente de la prueba ser� requerido para que proporcione el domicilio donde deba ser citada. En caso de que el oferente ignore eldomicilio, lo har� del conocimiento de la Junta antes de la fecha se�alada para la celebraci�n de la audiencia de desahogo de pruebas, y la Junta podr� solicitar a la empresa que proporcione el �ltimo domicilio que tenga registrado de dicha persona.

"Si la persona citada no concurre el d�a y hora se�alados, la Junta lo har� presentar por la polic�a."

Art�culo 794. Se tendr�n por confesi�n expresa y espont�nea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como prueba, las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio.

El referido tribunal al caso concreto aplic� la tesis de jurisprudencia 2a./J. 60/2004, la cual es del tenor literal siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Segunda S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIX, mayo de 2004

"Tesis: 2a./J. 60/2004

"P�gina: 525

CONFESI�N FICTA A CARGO DE DIRECTORES, ADMINISTRADORES, GERENTES O PERSONAS QUE POR SUS FUNCIONES DEBAN CONOCER DEL DESPIDO. CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR EN QUE SE REALIZ� SEAN CONTRADICHAS, DEBEN SER OBJETO DE LAS POSICIONES QUE SE ARTICULEN. El art�culo 787 de la Ley Federal del Trabajo prev� que las partes podr�n solicitar se cite a absolver posiciones a los directores, administradores, gerentes o personas que por sus funciones deban conocer los hechos que se les imputan, cuando �stos les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestaci�n, debi�ndose tomar en consideraci�n que las posiciones articuladas y su absoluci�n no deben apreciarse al margen de los hechos controvertidos, porque se entiende que la parte que absuelve ya est� al tanto de los escritos que integran la litis y, por ende, para que las posiciones articuladas por el trabajador, a fin de demostrar el despido, tengan valor probatorio, no necesariamente deben expresar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realiz�, si estas particularidades ya constan en la demanda o en la contestaci�n y sobre ellas no existe duda. No obstante lo anterior, cuando se trata de una confesi�n ficta, las citadas circunstancias deben ser objeto de las posiciones para el mencionado efecto, cuando estando precisadas en la demanda o contestaci�n sean contradichas, pues entonces la confesional abarcar�a, adem�s del despido, las circunstancias en que se realiz�; con la salvedad de que la prueba s�lo puede valorarse hasta el laudo y tendr� pleno valor probatorio si no est� en contradicci�n con alguna otra prueba fehaciente.

La Segunda S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, interpretando la figura de la confesi�n ficta en materia laboral, sostuvo que esta prueba a cargo de directores, administradores, gerentes o personas que por sus funciones deban conocer del despido de un trabajador s�lo puede valorarse hasta el laudo y tendr� pleno valor probatorio si no est� en contradicci�n con alguna otra prueba, sin que en ning�n momento se precise que dicha prueba produce una presunci�n cuando no haya otra prueba que la contradiga, como se establece en la materia civil.

Por tales motivos, no existe la contradicci�n con los tribunales de trabajo mencionados, ya que la interpretaci�n de la valoraci�n de la prueba confesional ficta se realiza en distintos ordenamientos correspondientes a materias diferentes (procesal civil y procesal laboral) de contenido diferente.

Apoya a la anterior consideraci�n la tesis siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Segunda S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: VIII, julio de 1998

"Tesis: 2a./J. 43/98

"P�gina: 93

CONTRADICCI�N DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JUR�DICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DE CONTENIDO DIFERENTE. Es inexistente la contradicci�n de tesis cuando los Tribunales Colegiados examinan el mismo problema jur�dico pero lo hacen fund�ndose e interpretando disposiciones legales distintas y no coincidentes, de tal suerte que, de lo sostenido por uno y otro tribunales, no puede surgir contradicci�n, pues para ello ser�a necesario que hubieran examinado el problema jur�dico a la luz de un mismo dispositivo legal o de preceptos distintos pero que coincidan en cuanto a lo que establecen, y que hubieran sostenido criterios diversos.

D�CIMO QUINTO

Asimismo, no existe contradicci�n de criterios entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito.

Como qued� precisado, el Tercer Tribunal Colegiado analiz� los art�culos 390 y 414 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de M�xico (abrogados) antes transcritos, los cuales establecen que la confesi�n ficta produce el efecto de una presunci�n, cuando no haya pruebas que la contradigan y que las presunciones legales hacen prueba plena.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado interpret� los art�culos 1232 y 1289 del C�digo de Comercio.

Dichos preceptos ordenan:

"Art�culo 1232. El que deba absolver posiciones, ser� declarado confeso:

"I. Cuando sin justa causa no comparezca a absolver posiciones cuando fue citado para hacerlo, y apercibido de ser declarado confeso;

"II. Cuando se niegue a declarar;

"III. Cuando al hacerlo insista en no responder afirmativa o negativamente."

"Art�culo 1289. Para que se consideren plenamente probados los hechos sobre que versen las posiciones que judicialmente han sido dadas por absueltas en sentido afirmativo, se requiere:

"I. Que el interesado sea capaz de obligarse;

"II. Que los hechos sean suyos y concernientes al pleito;

"III. Que la declaraci�n sea legal."

De lo anterior se desprende que dichos preceptos establecen los requisitos para que una persona deba ser declarada confesa para absolver posiciones y los requisitos para que se consideren plenamente probados los hechos sobre los que versen las posiciones que judicialmente han sido dadas por absueltas en sentido afirmativo, sin que tampoco se haga referencia a la prueba de la confesi�n ficta como una presunci�n y que los requisitos de que no exista prueba en contrario para que �sta se considere con pleno valor probatorio.

Por los anteriores motivos, tampoco existe la contradicci�n de criterios entre los tribunales antes precisados, ya que en sus resoluciones se emitieron criterios diferentes, respecto de materias y leyes diferentes aunque se trate de una misma figura jur�dica.

Igualmente resulta aplicable en este considerando la tesis de jurisprudencia antes transcrita, cuyo rubro es: "CONTRADICCI�N DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JUR�DICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DE CONTENIDO DIFERENTE."

D�CIMO SEXTO

Tampoco existe la contradicci�n de criterios entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

En efecto, como qued� precisado en el considerando d�cimo cuarto del presente proyecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito interpreta los art�culos 390 y 414 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de M�xico (derogados), que establecen que la confesi�n ficta produce el efecto de una presunci�n, cuando no haya pruebas que la contradigan y que las presunciones legales hacen prueba plena.

En cambio, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se apoya para resolver en los art�culos 311 a 313 y 322 y 325 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los cuales precept�an:

"Art�culo 311. Las posiciones deber�n articularse en t�rminos precisos; no han de contener cada una m�s que un solo hecho y �ste ha de ser propio de la parte absolvente; no han de ser insidiosas. Se tendr�n por insidiosas las preguntas que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, con objeto de inducirlo a error y obtener una confesi�n contraria a la verdad. Un hecho complejo, compuesto de dos o m�s hechos, podr� comprenderse en una posici�n cuando por la �ntima relaci�n que exista entre ellos, no pueda afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro.

"Podr�n articularse posiciones relativas a hechos negativos que envuelvan una abstenci�n o que impliquen un hecho o consecuencia de car�cter positivo, siempre que se formulen en t�rminos que no den lugar a respuestas confusas."

"Art�culo 312. Las posiciones deber�n concretarse a hechos que sean objeto del debate, debiendo repelerse de oficio las que no re�nan este requisito. El J. deber� ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto."

"Art�culo 313. Si el citado a absolver posiciones comparece, el J. abrir� el pliego si lo hubiere, e impuesto de ellas, las calificar� y aprobar� s�lo las que se ajusten a lo dispuesto por los art�culos 311 y 312. Enseguida el absolvente firmar� el pliego de posiciones, antes de procederse al interrogatorio. Contra la calificaci�n de posiciones no procede recurso alguno."

"Art�culo 322. El que deba absolver posiciones ser� declarado confeso: 1o. Cuando sin justa causa no comparezca; 2o. Cuando se niegue a declarar; 3o. Cuando al hacerlo insista en no responder afirmativa o negativamente.

"En el primer caso, el J. abrir� el pliego y calificar� las posiciones antes de hacer la declaraci�n."

"Art�culo 325. Se tendr� por confeso el articulante respecto a los hechos propios que afirmare en las posiciones."

De la lectura anterior se colige que no contempla este c�digo adjetivo los mismos elementos para valorar la prueba de la confesi�n ficta que el c�digo adjetivo para el Estado de M�xico, el cual establece que la confesi�n ficta puede revestir valor probatorio pleno, siempre y cuando re�na las exigencias que los propios preceptos procesales aluden y no se encuentre contradicha con otros medios de prueba; pero en el caso concreto, el Quinto Tribunal Colegiado determin� exclusivamente que dicha prueba de confesi�n ficta no pod�a favorecerle al oferente, adem�s de existir prueba en contrario como lo fue la diversa de instrumental de actuaciones.

En cambio, el c�digo procesal del Estado de M�xico le otorga a la prueba confesional el valor de una presunci�n.

Por los anteriores motivos, no existe tampoco respecto de los tribunales denunciados la contradicci�n de criterios, ya que se establecen reglas diferentes para valorar la prueba de la confesi�n ficta.

En el caso del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de M�xico (abrogado), la confesi�n ficta produce el efecto de una presunci�n y cuando no haya pruebas en contrario, dicha presunci�n hace prueba plena.

Por su parte, el C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal ordena que la confesi�n ficta produce valor probatorio pleno, cuando se re�nan los requisitos previstos en la propia ley, y no se encuentren en contradicho con otros medios de prueba, como lo precis� el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, conforme a la tesis cuyos rubro y texto son:

"Octava �poca

"Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: VII, mayo de 1991

"Tesis: I.5o.C. J/15

"P�gina: 81

CONFESI�N FICTA. VALOR PROBATORIO DE LA. De acuerdo con las reglas de la l�gica y la experiencia, �nica limitaci�n a la que se encuentra sujeta la libertad del juzgador para apreciar pruebas conforme a la legislaci�n procesal actual, la confesi�n judicial hace prueba plena, cuando el que la hace se sujeta a las formalidades establecidas por la ley, siendo �ste una persona capaz de obligarse, y deponga sobre hechos propios, sin coacci�n o violencia. Ahora bien, el C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece en su art�culo 311, que las posiciones deber�n articularse en t�rminos precisos, contener un solo hecho propio y no ser insidiosas; en el numeral 312 se�ala que las posiciones deber�n concretarse a hechos que sean objeto del debate; por su parte, el art�culo 325 dispone que se tendr� por confeso al articulante respecto a los hechos propios que afirmare en las posiciones; finalmente, el art�culo 322 del citado cuerpo procesal de leyes, ordena que el que deba absolver posiciones ser� declarado confeso: ?1o. Cuando sin justa causa no comparezca; 2o. Cuando se niegue a declarar; 3o. Cuando al hacerlo insista en no responder afirmativa o negativamente?. El contenido de tales dispositivos hace evidente la posibilidad jur�dica de que la confesi�n ficta pueda revestir valor probatorio pleno, siempre y cuando re�na las exigencias que los propios preceptos procesales establecen, y no se encuentra contradicha con otros medios de prueba, o est�ndolo, se adminicule con otros elementos probatorios, que al ser examinados conforme a las reglas de la l�gica y de la experiencia, en su conjunto produzcan mayor convicci�n que los discrepantes.

No pasa inadvertido a esta Primera S. la tesis de jurisprudencia que a continuaci�n se transcribe:

"Novena �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XXIII, febrero de 2006

"Tesis: 1a./J. 62/2005

"P�gina: 125

"CONFESI�N FICTA POR NO COMPARECER SIN JUSTIFICACI�N A ABSOLVER POSICIONES. ES INSUFICIENTE POR S� MISMA PARA TENER POR ACREDITADA LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO (LEGISLACI�N DEL DISTRITO FEDERAL). Tanto la naturaleza de los contratos de arrendamiento inmobiliario, en los que la fijaci�n precisa e indubitada de los elementos esenciales del contrato y de los derechos y obligaciones que de ellos emanan, como la relevancia social de los diferendos que pueden suscitarse en relaci�n con los mismos, aconsejan que las conclusiones sobre su existencia o inexistencia emanen de elementos adicionales al simple hecho de que una de las partes no comparezca a juicio a absolver posiciones sin causa justificada. La necesidad de otorgar por escrito los contratos de arrendamiento, contenida en el art�culo 2406 del C�digo Civil para el Distrito Federal, refleja la voluntad de que en el contexto de nuestro sistema jur�dico las decisiones tanto de los particulares como de los poderes p�blicos en relaci�n con los mismos se adopten sobre una base emp�rica razonablemente s�lida. Sin embargo, la relaci�n previsible entre el contenido de unas posiciones no contestadas por incomparecencia a absolverlas (sin causa justificada acreditada) y los hechos ocurridos, es demasiado d�bil para equipararlo a un elemento plenamente probatorio de la existencia de un contrato de arrendamiento inmobiliario que en principio debe constar por escrito por disposici�n de ley -aunque ello no impida, como destacan los Tribunales Colegiados en pugna, que dicha existencia pueda acreditarse por otros medios cuando la formalizaci�n escrita no existe, puesto que dicha formalizaci�n constituye un mero requisito ad probationem, no ad solemnitatem, y no existe ninguna disposici�n jur�dica que establezca una restricci�n en tal sentido-. Por ello es razonable que de dicho elemento o comportamiento no puedan derivarse conclusiones definitivas respecto de cuestiones de las que depende el resultado del juicio. La confesi�n ficta por no comparecencia a absolver posiciones, en definitiva, no puede por s� misma crear en el juzgador la convicci�n necesaria para acreditar la existencia de un contrato de arrendamiento inmobiliario, aun cuando no se encuentre desvirtuada o en contradicci�n con otras pruebas. Para que este medio de prueba pueda tener eficacia probatoria al efecto se�alado, es necesario que se encuentre apoyada o adminiculada con otros medios de prueba que, analizados en su conjunto y de conformidad con las reglas de la l�gica y de la experiencia, produzcan en el juzgador la convicci�n suficiente para concluir que queda acreditada la verdad acerca de las acciones o excepciones planteadas. "

Dicho criterio corresponde a la legislaci�n del Distrito Federal, el cual no resulta aplicable, ya que como se precis�, su contenido es diferente a los criterios en los que se sustenta el posible tema de contradicci�n, tanto en lo que se refiere a los requisitos de la prueba de confesi�n ficta, como a su valoraci�n, como se ver� en el considerando correspondiente.

D�CIMO S�PTIMO

Por lo que se refiere al Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, no existe la contradicci�n de criterios que se denuncia en relaci�n con el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver el juicio de amparo directo 138/95, sostuvo que de conformidad con el art�culo 279 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla (derogado), que establec�a que la ley reconoce como medios de prueba: la confesi�n y la declaraci�n de partes; al haber otorgado la S. responsable, valor probatorio a la confesi�n ficta y a la declaraci�n de partes a cargo de la hoy quejosa, no puede decirse que se hubiesen violado los art�culos 14 y 16 constitucionales; puesto que, como se ha visto, con estas pruebas s� es posible acreditar el tercer elemento de la acci�n reivindicatoria por estar reconocidas por el referido art�culo 279 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla (abrogado).

De la lectura anterior se colige que el referido Tribunal Colegiado no se pronuncia sobre la confesi�n ficta en el sentido de si pudiera ser una presunci�n, s�lo precisa que dicha confesi�n ficta y la declaraci�n de partes hacen prueba plena para acreditar el tener elemento de la posesi�n reivindicatoria, cuesti�n �sta que es coincidente con el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al otorgarle pleno valor probatorio a la confesi�n ficta cuando se adminicula con otro medio de prueba (foja 12 de este proyecto).

Tampoco existe la contradicci�n de criterios en relaci�n con el juicio de amparo directo 248/2005, en virtud de que en esta sentencia s�lo se hace la interpretaci�n del art�culo 1232, fracci�n I, del C�digo de Comercio, que sanciona al absolvente declar�ndolo confeso, cuando sin justa causa no comparezca a absolver posiciones, habi�ndolo citado para hacerlo, sin que haga interpretaci�n alguna respecto de la confesi�n ficta en materia civil.

D�CIMO OCTAVO

Igualmente no existe la contradicci�n de criterios, como se anticip� entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver el amparo directo D-1/2005 el tres de febrero de dos mil cinco.

En efecto, este tribunal sostuvo que la confesi�n ficta resulta apta por s� misma para demostrar los hechos reputados como confesados, si no existe prueba en contrario, de conformidad con la tesis de rubro: "CONFESI�N FICTA, ES APTA PARA TENER POR DEMOSTRADOS LOS HECHOS REPUTADOS COMO CONFESADOS CUANDO NO EXISTA PRUEBA EN CONTRARIO.", y en la especie, la responsable consider� que el demandado no ofreci� prueba alguna que desvirtuara tal confesi�n, sino que se encontraba adminiculada con la aceptaci�n expresa vertida al dar contestaci�n a la demanda.

Cabe agregar, que el C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla vigente y que fue el que aplic� el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, establece en su art�culo 334, lo siguiente: "La aceptaci�n ficta sobre hechos propios o ajenos cuando no exista prueba en contrario, produce pleno valor probatorio.". Por tales motivos, el Tribunal Colegiado de m�rito no hizo mayor pronunciamiento al respecto, en este �ltimo asunto que se comenta.

D�CIMO NOVENO

Se estima que tampoco existe contradicci�n entre el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, porquecontienen disposiciones diferentes, ya que mientras la legislaci�n del Estado de M�xico no establece si la confesi�n ficta constituye o no una presunci�n legal, por lo que el Tribunal Colegiado de ese circuito tuvo que hacer la interpretaci�n correspondiente en la legislaci�n del Estado de Puebla, el art�culo 423 del c�digo estatal derogado y transcrito en la p�gina 142 del presente proyecto, categ�ricamente se�ala que la confesi�n ficta produce presunci�n legal, por lo que no hizo interpretaci�n, simplemente indic� el texto.

VIG�SIMO

Por �ltimo, s� existe la contradicci�n de criterios entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en contra de los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito ahora Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

La litis de la presente contradicci�n radica en determinar si conforme a los C�digos de Procedimientos Civiles analizados en cada una de las resoluciones, la confesi�n ficta constituye o no una presunci�n legal y si adquiere el car�cter de presunci�n legal en qu� caso se le debe conceder pleno valor probatorio.

Mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito sostiene que la confesi�n ficta no constituye una presunci�n legal a la que se le debe conceder pleno valor probatorio y �sta lo adquiere adminiculado con otros medios de prueba, los Tribunales Tercero en Materia Civil del Sexto Circuito y Primero en Materia Civil del Tercer Circuito sostienen lo contrario, al establecer que la prueba de la confesi�n ficta es una presunci�n legal que admite prueba en contrario, y cuando no exista prueba en contrario, produce pleno valor probatorio.

Los art�culos interpretados en la presente contradicci�n son los siguientes:

C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de M�xico (art�culos derogados):

Vigentes desde 1937 hasta julio de 2002:

"Art�culo 281. La ley reconoce como medio de prueba:

"I. La confesi�n;

"II. Documentos p�blicos;

"III. Documentos privados;

IV. Dict�menes periciales;

"V. Reconocimiento o inspecci�n judicial;

"VI. Testigos;

"VII. F.�as, copias fotost�ticas, registros dactilosc�picos, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia;

"VIII. (Derogada G.G. 12 de diciembre de 1986)

"IX. Presunciones."

"Art�culo 283. La confesi�n puede ser expresa o t�cita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; t�cita, la que se presume en los casos se�alados por la ley."

"Art�culo 311. La parte legalmente citada a absolver posiciones, ser� tenida por confesa en las preguntas sobre hechos propios que se le formulen:

"I. Cuando sin justa causa no comparezca;

"II. Cuando insista en negarse a declarar;

"III. Cuando al declarar, insista en no responder afirmativa o negativamente o en manifestar que ignora los hechos;

"IV. Cuando obre en los t�rminos previstos en las dos fracciones que anteceden, respecto a las preguntas que le formule el tribunal, conforme al art�culo 300."

"Art�culo 390. La confesi�n ficta produce el efecto de una presunci�n, cuando no haya pruebas que la contradigan."

"Art�culo 414. Las presunciones legales hacen prueba plena."

Art�culo 416. La valorizaci�n de las pruebas se har� de acuerdo con el presente cap�tulo, a menos que por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, el tribunal adquiera convicci�n distinta, respecto de los hechos materia del litigio. En este caso, deber� fundar el J. cuidadosamente esta parte de su sentencia.

Los art�culos vigentes disponen:

"Art�culo 1.265. Se reconocen como medios de prueba:

"I. La confesi�n;

"II. Documentos p�blicos y privados;

"III. Dict�menes periciales;

"IV. Inspecci�n judicial;

"V. Testigos;

"VI. F.�as, copias fotost�ticas, registros dactilosc�picos, cualquier grabaci�n de im�genes y sonidos y, en general, todos aquellos elementos aportados por la ciencia y la tecnolog�a;

"VII. Reconocimiento de contenido y firma de documento privado;

"VIII. Informes de autoridades;

"IX. Presunciones.

"Generalidad de la prueba.

"Art�culo 1.267. La confesi�n es expresa y t�cita o ficta. Es expresa la que se hace clara y terminantemente al formular o contestar la demanda, al absolver posiciones, o en cualquier otro acto del proceso. Es t�cita o ficta cuando la ley lo se�ala.

"Efectos de la confesi�n.

"Art�culo 1.268. La confesi�n s�lo produce efecto en lo que perjudica al que la hace.

"S�lo las partes pueden absolver posiciones. ..."

"Art�culo 1.287. Se tendr� por confesa a la parte legalmente citada a absolver posiciones, cuando:

"I.N. comparezca sin justa causa;

"II. Se niegue a declarar;

"III.N. responda afirmativa o negativamente o manifieste ignorar los hechos;

"IV. En el caso de las dos fracciones anteriores, proceder� respecto de las preguntas que le formule el J..

"Formalidades para la declaraci�n de confesi�n ficta.

Art�culo 1.359. El J. goza de libertad para valorar las pruebas, con excepci�n de los documentos p�blicos que siempre har�n prueba plena. Lo har� tanto en lo individual como en su conjunto, atendiendo las reglas de la l�gica y la experiencia. Explicar� detalladamente los fundamentos de su valoraci�n y su decisi�n.

C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla (art�culos derogados):

Vigentes del 4 de septiembre de 1986 al 31 de diciembre de 2004:

"Art�culo 257. El J. tendr� por contestada la demanda:

"I. Cuando el demandado la conteste expresamente, y cumpla con los requisitos legales; y,

"II. En sentido negativo y en rebeld�a del demandado, cuando no la conteste dentro del t�rmino que se le fij� en el emplazamiento."

"Art�culo 315. En caso de que el absolvente se negare a contestar o sus respuestas fueren evasivas, el J. lo apercibir� de tenerlo por confeso sobre los hechos respecto de los cuales no declare o sus respuestas no fueren categ�ricas; si la negativa se fundare en la ilegalidad de las posiciones, el J. decidir� en el acto conforme a los art�culos 300 y 301, fundado su resoluci�n, contra la cual no procede recurso."

"Art�culo 318. Si el absolvente no comparece, el J. lo declarar� confeso de las posiciones que se califiquen de legales."

"Art�culo 321. Se tendr� por confeso al articulante respecto de los hechos que afirmare en las posiciones."

"Art�culo 418. La confesi�n judicial de persona capaz de obligarse, hecha con pleno conocimiento y sin coacci�n hace prueba plena."

"Art�culo 419. Los hechos propios de los litigantes, aseverados por ellos mismos en cualquier escrito o actuaci�n, har�n prueba plena en contra de quien los exponga, sin necesidad de petici�n al respecto."

"Art�culo 421. Si s�lo se confiesa parte de la demanda, no se admitir� prueba en contrario sobre los hechos confesados."

"Art�culo 423. La confesi�n ficta produce presunci�n legal; pero esta presunci�n puede ser desvirtuada por cualquiera de las dem�s pruebas rendidas en el juicio."

"Art�culo 439. Las presunciones juris et de jure hacen prueba plena en todo caso.

Las presunciones juris tantum hacen prueba plena mientras no se demuestre lo contrario.

Los art�culos vigentes actualmente en dicha entidad ordenan:

"Secci�n segunda: Valor de las pruebas en particular

"Art�culo 332. Los hechos aceptados por persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento y sin coacci�n hacen prueba plena."

"Art�culo 333. La declaraci�n de hechos propios o ajenos, s�lo produce efectos en lo que perjudican al que la hace y no en lo que le favorece".

"Art�culo 334. La aceptaci�n ficta sobre hechos propios o ajenos, cuando no exista prueba en contrario, produce pleno valor probatorio."

"Art�culo 343. La inspecci�n judicial har� prueba plena."

Art�culo 350. Las presunciones ?juris et de jure? hacen prueba plena en todo caso. ...

C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco:

"Art�culo 274. Se presumir�n confesados por el demandado todos los hechos de la demanda a que no se refiera en su contestaci�n, bien sea acept�ndolos, neg�ndolos o expresando los que ignore por no ser propios. Las evasivas en la contestaci�n, har�n que se tengan por admitidos los hechos sobre los que no se suscit� controversia."

"Art�culo 298. La ley reconoce como medios de prueba:

"I. Confesi�n;

"II. Documentos p�blicos;

"III. Documentos privados;

"IV. Dict�menes periciales;

"V. Reconocimiento o inspecci�n judicial;

"VI. Declaraciones de testigos;

"VII. F.�as, copias fotost�ticas, registros dactilosc�picos, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia;

"VIII. (Derogada, P.O. 31 de diciembre de 1994)

"IX. Presunciones; y

"X. Los dem�s medios que produzcan convicci�n en el juzgador.

"(Adicionado, P.O. 31 de diciembre de 1994)

"Siempre que las partes ofrezcan cualquier otro medio de prueba distinto de los nominados expresamente en este c�digo, el J., al admitirlo, se sujetar� a las reglas generales establecidas en �ste cap�tulo y a las particulares a que m�s se asemeje."

"Art�culo 323. El que deba absolver posiciones ser� declarado confeso:

"I. Cuando sin justa causa no comparezca a la citaci�n que se le haga;

"II. Cuando se niegue a declarar;

"III. Cuando al hacerlo insista en no responder afirmativa o negativamente.

(Adicionado, P.O. 31 de diciembre de 1994)

"La justa causa para no comparecer, deber� hacerse del conocimiento del J. antes de la hora se�alada para absolver posiciones, exhibi�ndose los justificantes respectivos.

"En el primer caso, el J. abrir� el pliego y calificar� las posiciones antes de hacer la declaraci�n."

"Art�culo 324. No podr� ser declarado confeso el llamado a absolver posiciones, si no hubiere sido apercibido legalmente.

"La declaraci�n se har� cuando la parte contraria lo pidiere, hasta antes de la citaci�n para sentencia."

"Art�culo 387. Presunci�n es la consecuencia que la ley o el J. deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido: la primera se llama legal y la segunda humana."

"Art�culo 388. Hay presunci�n legal cuando la ley la establece expresamente o cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley; hay presunci�n humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aqu�l."

"Art�culo 389. El que tiene a su favor una presunci�n legal, s�lo esta obligado a probar el hecho en que se funda la presunci�n."

"Art�culo 392. La confesi�n judicial hace prueba plena cuando concurren en ella las siguientes condiciones:

"I. Que sea hecha por persona capaz de obligarse;

"II. Que sea hecha por pleno conocimiento y sin coacci�n ni violencia;

"III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio; y

"IV. Que se haga conforme a las prescripciones de la ley."

"Art�culo 393. El declarado confeso, sin que haya hecho confesi�n, podr� rendir prueba en contrario siempre que esta prueba no importe una excepci�n no opuesta en tiempo oportuno."

"Art�culo 397. La confesi�n no producir� el efecto probatorio a que se refieren los art�culos anteriores, en los casos en que la ley lo niegue y en aquellos en que venga acompa�ada de otras pruebas o presunciones que la hagan inveros�mil o descubran la intenci�n de defraudar a terceros. El J., en estos casos, debe razonar cuidadosamente esta parte de su fallo."

Art�culo 415. Las dem�s presunciones legales hacen prueba plena, mientras no se pruebe lo contrario.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en la tesis aislada II.3o.C.14 C, Tomo XII, agosto de 2000, p�gina 1184, sostuvo:

CONFESI�N FICTA. NO CONSTITUYE PRESUNCI�N LEGAL (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE M�XICO). El legislador le otorg� determinado valor a ciertas pruebas que, como su nombre lo dice, son una ?presunci�n? de los hechos que se pretenden probar, pero para que alcancen eficacia probatoria plena, necesariamente deben ser corroboradas o perfeccionadas con otros medios de convicci�n, tal es el caso de la confesi�n ficta y as�, el art�culo 390 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de M�xico, dispone que esta probanza produce efectos de una presunci�n, en caso de que no haya prueba que la contradiga; esto es, para que adquiera valor probatorio pleno, debe adminicularse con otras pruebas porque de lo contrario, tiene el valor de una presunci�n. En cambio, el legislador le concedi� valor probatorio pleno a las presunciones legales, entendiendo por �stas, al juicio l�gico que �l mismo hace, mediante el cual considera como cierto o probable un hecho, bas�ndose en antecedentes o circunstancias conocidas; dichas presunciones pueden ser juris tantum o juris et de jure, seg�n admitan o no prueba en contrario; sin embargo, las presunciones deben existir en una norma expresa que las consagre, seg�n se desprende del art�culo 382 del c�digo en cita. Consecuentemente, la confesi�n ficta no puede considerarse como una presunci�n legal, a la que se le debe conceder pleno valor probatorio, porque no fue el legislador quien mediante el juicio l�gico de un hecho conocido, dedujo la existencia de otro desconocido.

En contra de dicho criterio, el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito ahora Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil al resolver los amparos directos 555/91 y 21/88, emiti� el siguiente criterio:

"Novena �poca

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XVII, marzo de 2003

"Tesis: VI.3o. C. J/52

"P�gina: 1476

CONFESI�N FICTA, ES APTA PARA TENER POR DEMOSTRADOS LOS HECHOS REPUTADOS COMO CONFESADOS CUANDO NO EXISTE PRUEBA EN CONTRARIO. El art�culo 423 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla en vigor, se�ala que la confesi�n ficta produce presunci�n legal cuando no ha sido desvirtuada por prueba en contrario; luego, es claro que la presunci�n que genera una prueba confesional ficta por falta de comparecencia a absolver las posiciones en t�rminos del citado art�culo, s� puede ser apta para tener por demostrados los hechos reputados como confesados, siempre que no haya probanza en contrario.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en los amparos directos 67/1986, 1031/1990 y 284/1995, sostuvo lo que se resume en la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena �poca

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: II, agosto de 1995

"Tesis: III.1o.C. J/3

"P�gina: 314

CONFESI�N FICTA. CUANDO ES APTA PARA TENER POR DEMOSTRADOS LOS HECHOS REPUTADOS COMO CONFESADOS. El art�culo 397 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco se�ala que la confesi�n no producir� el efecto probatorio a que se refieren los art�culos que le preceden, en los casos en que la ley lo niegue y en aquellos en que venga acompa�ada de otras pruebas que la hagan inveros�mil o descubran la intenci�n de defraudar a terceros; luego, si no concurre ninguna de esas circunstancias, es claro que la presunci�n que genera una prueba confesional ficta por falta de comparecencia a absolver posiciones en t�rminos del precitado precepto legal, as� como del diverso art�culo 323 en relaci�n con el 393, todos del c�digo en consulta, s� es apta para tener por demostrados los hechos f�ctamente confesados.

De la lectura de los preceptos preinsertos se aprecia que �stos son similares, ya que en ellos se contemplan los siguientes elementos:

  1. La existencia de la prueba de la confesi�n ficta;

  2. La confesi�n ficta produce presunci�n cuando no haya prueba en contrario;

  3. La presunci�n admite prueba en contrario, o sea, es una presunci�n juris tantum; y,

  4. Cuando no exista prueba en contrario, produce valor probatorio.

Por otra parte, no pasa inadvertido que aunque pudiera tratarse de juicios civiles que se tramitan en forma diferente, divorcio, contrato de arrendamiento, acci�n reivindicatoria, etc�tera, en todos ellos se analiza la figura de la prueba de la confesi�n ficta.

Tampoco es obst�culo que los art�culos correspondientes a los C�digos de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de M�xico y para el Estado de Puebla analizados hayan sido derogados, en virtud del criterio que llegue a emitir esta Primera S. permite resolver futuras consultas que se pudieran presentar respecto de denuncias por estos mismos preceptos o diversos tambi�n ya derogados o que se encuentren vigentes en otros C�digos Civiles en los Estados, lo que permite que los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito puedan aplicar la jurisprudencia que aqu� resulte, facilitando su labor y la correspondiente seguridad para los gobernados al sujetarse a procedimientos civiles donde exista la misma figura procesal y los mismos requisitos que aqu� se mencionan.

VIG�SIMO PRIMERO

A juicio de esta Primera S. el criterio que debe de prevalecer es el que esta S. sustenta en el sentido de que de conformidad con lo establecido en los C�digos de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de M�xico, C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla y C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, la confesi�n ficta es una presunci�n legal que admite prueba en contrario a la cual se le debe conceder pleno valor probatorio cuando no exista prueba en contrario.

La litis de la presente contradicci�n -como se indic�- radica en determinar si la confesi�n ficta constituye o no una presunci�n legal y si adquiere tal car�cter en qu� caso se le debe conceder pleno valor probatorio.

En tal virtud, para una mejor comprensi�n del presente asunto, es conveniente realizar algunas precisiones en torno al tema de la confesi�n ficta.

En principio, es importante se�alar que la prueba de confesi�n, en su sentido m�s amplio, es el reconocimiento expreso o t�cito que hace una de las partes de hechos que le son propios, relativos a las cuestiones controvertidas y que le perjudican.

En otras palabras, la prueba de confesi�n es la admisi�n por parte de una persona de determinados hechos que le son propios; las manifestaciones hechas de esa manera, pueden beneficiar o perjudicar a quien las hace; sin embargo, la confesi�n s�lo tiene valor para el juicio en lo que perjudica a su autor y no en lo que le beneficia, pues esto �ltimo debe ser probado durante la sustanciaci�n de aqu�l.

Conviene ahora destacar que la confesi�n puede hacerse dentro del juicio o fuera de �l y dependiendo de esto, las consecuencias para el que la produce pueden ser distintas.

La confesi�n que se produce dentro de un juicio es la llamada confesi�n judicial, y �sta a su vez puede ser expresa o ficta.

La confesi�n expresa es la que se produce por parte de una persona capaz de obligarse y que se hace ante la autoridad jurisdiccional, ya sea por escrito o de manera verbal, al contestar las preguntas o posiciones formuladas por su contraparte o por el mismo �rgano judicial.

La confesi�n ficta es la que se produce ante la falta de contestaci�n de la demanda, ya sea total o parcial, en cuyo caso, dependiendo de lo que establezca la legislaci�n correspondiente, puede traer como consecuencia que se tenga por contestada en sentido afirmativo o negativo. Tambi�n se produce la confesi�n ficta por la declaratoria de confeso, misma que puede darse por la inasistencia sin justa causa del absolvente a la audiencia de desahogo de esa prueba; cuando �ste se niegue a declarar, o cuando al hacerlo conteste con evasivas o insista en no respondercateg�ricamente.

De la lectura de las disposiciones legales que han sido transcritas, se advierte que todas contemplan la confesi�n ficta y los casos en los que procede su declaraci�n.

En efecto, los ordenamientos adjetivos en menci�n coinciden en que la confesi�n ficta puede darse en los siguientes casos: 1. Cuando no se contesta la demanda o por la parte de �sta, que no se conteste; 2. Cuando el absolvente no comparezca al desahogo de la diligencia correspondiente sin justa causa, salvo que no haya sido apercibido legalmente; 3. Cuando el absolvente se niegue a declarar; y, 4. Cuando al contestar lo haga con evasivas o no responda afirmativa o negativamente.

Y, en cuanto al valor y alcance probatorios de la confesi�n ficta, todos los ordenamientos legales citados concuerdan en que produce una presunci�n, la cual puede ser desvirtuada por cualquiera de las dem�s pruebas rendidas en el juicio.

La doctrina ha se�alado que las presunciones son el resultado de la operaci�n de la mente que por sistemas inductivos o deductivos llevan de un hecho conocido y cierto a otro que se desconoce y se trata de averiguar, y las clasifica en simples y legales; en las primeras, la ley permite al J. su libre apreciaci�n; y en las legales, la ley vincula su apreciaci�n por medio de sus reglas. Estas �ltimas, a su vez se clasifican en presunciones legales relativas o juris tantum, y legales absolutas o juris et de jure. Las presunciones juris et de jure, son aquellas en que la ley no admite prueba en contrario, y obligan al J. a aceptar como cierto el hecho que se presume, mientras que las juris tantum, se definen como aquellas en que la ley admite la existencia de un hecho, salvo que se demuestre lo contrario.

La apreciaci�n de esta prueba conforme a los c�digos procesales citados, se puede catalogar como un sistema mixto de valoraci�n que combina la prueba tasada con la libre apreciaci�n, aunque tiene predominio la primera.

Con lo hasta aqu� expuesto, se puede afirmar que conforme a los c�digos de procedimientos analizados, la confesi�n ficta produce una presunci�n juris tantum, porque puede ser desvirtuada por cualquiera de las dem�s pruebas rendidas en el juicio. Esto significa que la confesi�n ficta, para que alcance su pleno valor probatorio, es indispensable que no est� contradicha con otras pruebas existentes en autos.

En suma, en relaci�n con la valoraci�n de la confesi�n ficta podemos establecer las siguientes reglas:

  1. La confesi�n ficta produce presunci�n cuando no haya prueba en contrario;

  2. La confesi�n ficta admite prueba en contrario, o sea es una presunci�n juris tantum; y,

  3. Cuando no existe prueba en contrario, la confesi�n ficta produce pleno valor probatorio.

Por los anteriores motivos, no le asiste la raz�n al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito al sostener que la confesi�n ficta no constituye una presunci�n legal a la que se le debe conceder pleno valor probatorio, y que tenga que adminicularse con otros medios de prueba, porque no fue el legislador quien mediante el juicio l�gico de un hecho conocido, dedujo la existencia de otro desconocido.

Lo anterior es as�, ya que por disposici�n legal la confesi�n ficta produce una presunci�n, la cual admite prueba en contrario y cuando no exista �sta, produce pleno valor probatorio.

Apoya a la anterior consideraci�n la siguiente tesis aislada:

"S�ptima �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: 70, Cuarta Parte

"P�gina: 33

"CONFESI�N FICTA, EFICACIA DE LA.-La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n no comparte el criterio en el sentido de que la confesi�n ficta carece de eficacia, cuando al contestar la demanda la misma parte a quien se declara confesa, ha negado expresamente los hechos materia de la confesi�n. El hecho de negar la demanda produce como efecto jur�dico arrojar sobre el actor la carga de la prueba de todos los elementos de su acci�n, y entre las pruebas admitidas por la ley se encuentra la confesi�n ficta, cuya eficacia no puede desconocerse por la circunstancia de que la demanda haya sido negada expresamente. Cuando no comparece sin justa causa la persona que haya de absolver posiciones, incurre en violaci�n del deber de contestar el interrogatorio formulado por su adversario, y ello no puede interpretarse, salvo prueba en contrario, sino como admisi�n de los hechos que son legalmente objeto del interrogatorio; el no comparecer viene a probar que carece de valor para presentarse a admitir un hecho y un pretexto para no reconocer una verdad que redunda en su perjuicio; en efecto, el silencio del interrogado se atribuye a la conciencia de no poder negar un hecho ante la presencia judicial y bajo protesta de decir verdad, pues seg�n se ha afirmado, la confesi�n es un fen�meno contrario a la naturaleza del hombre, siempre presto a huir de lo que puede da�arle. Como la parte demandada en el momento de negar la demanda no se enfrenta al dilema de mentir o de aceptar la verdad ante el J., bajo protesta, sino s�lo persigue el prop�sito de obligar a su contrario a que pruebe sus aseveraciones, tal negativa no puede constituir ninguna presunci�n contraria a los hechos admitidos como ciertos por virtud de la confesi�n ficta.

A. directo 5029/72. Mar�a T.N. de R.�guez y coagraviadas. 16 de octubre de 1974. Cinco votos. Ponente: E.S.�s L�pez.

En tal virtud, debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por lo que con fundamento en el art�culo 195 de la Ley de A., la tesis correspondiente debe quedar redactada con el siguiente rubro y texto:

CONFESI�N FICTA, PRUEBA DE LA. REQUISITOS PARA SU VALORACI�N (LEGISLACI�N CIVIL DE LOS ESTADOS DE M�XICO, PUEBLA Y JALISCO).-De conformidad con diversas disposiciones de los C�digos de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla y C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico (y que estuvieron vigentes hasta diciembre de dos mil cuatro y julio de dos mil dos, respectivamente), y de Jalisco (vigente) la prueba de la confesi�n ficta, produce presunci�n legal cuando no exista prueba en contrario y en este caso se le debe conceder pleno valor probatorio, para que adquiera dicho car�cter, ya que su valoraci�n en esta precisa hip�tesis no queda al libre arbitrio del juzgador, porque se trata de una prueba tasada o legal; sin que esto implique que si se ofrecen o se llegaren a ofrecer otras pruebas, �stas puedan ser apreciadas por el juzgador para desvirtuar dicho medio de convicci�n, ya que en ese supuesto la propia ley le otorga el car�cter de una presunci�n juris tantum.

Por lo expuesto y con fundamento en el art�culo 197-A de la Ley de A., se

resuelve:

PRIMERO

No existe contradicci�n entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados precisados en los considerandos: d�cimo tercero, d�cimo cuarto, d�cimo quinto, d�cimo sexto, d�cimo s�ptimo, d�cimo octavo y d�cimo noveno de la presente resoluci�n.

SEGUNDO

S� existe la contradicci�n de criterios entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en contra de los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (ahora Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

TERCERO

D�se publicidad a esta ejecutoria, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de A..

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n a los Tribunales Colegiados contendientes y, en su oportunidad, arch�vese el toca.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., S.V.H.�ndez, J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. (ponente) y presidente Jos� Ram�n Coss�o D�az.