Ejecutoria num. 2a./J. 209/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 28228758

Ejecutoria num. 2a./J. 209/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 209/2006
Localizacion:MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2007
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 172/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 172/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL D�CIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL D�CIMO SEXTO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: M.B. LUNA RAMOS.

SECRETARIA: H.M.A.Z..

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver la presente denuncia de posible contradicci�n de tesis de conformidad con lo previsto en los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafo primero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n y puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio del a�o dos mil uno, en virtud de que se trata de un asunto en materia laboral, especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, toda vez que la formula el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito, quien est� legitimado, para denunciar la posible contradicci�n de tesis, del cual deriv� uno de los criterios cuya posible contradicci�n se denuncia, de conformidad con el art�culo 197-A, p�rrafo primero, de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:

Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer. ...

TERCERO

A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicci�n de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes algunos antecedentes que derivan de los criterios sustentados por los �rganos colegiados que la motivaron, as� como las consideraciones que se expusieron para su emisi�n.

Para ello es necesario advertir, que la contradicci�n de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos jur�dicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jur�dicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jur�dicos discrepantes y que, adem�s, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; requiri�ndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente semejantes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja laboral n�mero 29/2006, promovida por la S.�a de Educaci�n del gobierno del Estado de Guanajuato, por conducto de su apoderado legal L�zaro Ram�rez T�llez, resuelto en sesi�n de fecha cuatro de mayo de dos mil seis, por unanimidad de votos sostuvo:

"QUINTO. Los agravios son esencialmente fundados. Para analizar los motivos de disenso es pertinente precisar que el acuerdo recurrido resuelve tres aspectos relacionados con la suspensi�n del laudo reclamado. a) En una parte se concede la suspensi�n por lo que respecta a lo que la Junta consider� ?condena econ�mica? que representa el monto l�quido y por cuantificar referente a salarios ca�dos, prima vacacional y aguinaldo. Al otorgar esta suspensi�n no fij� fianza por tratarse la quejosa de una dependencia p�blica. b) En otra parte indic� que no pod�a suspenderse la decisi�n de absolver a la parte demandada de las prestaciones reclamadas por H�ctor �lvarez V., porque esa medida cautelar no procede ante laudos absolutorios al carecer de un principio de ejecuci�n. c) Finalmente, en una �ltima parte neg� la suspensi�n del laudo en relaci�n con la condena a reinstalar al trabajador en su empleo, porque indic� que el art�culo 174 de la Ley de Amparo se�ala que la suspensi�n del acto no puede poner en riesgo la subsistencia del trabajador y este efecto ocurrir�a si no se le permite reincorporarse a la fuente de trabajo. En el presente recurso s�lo se discute la legalidad de esta �ltima decisi�n, por lo que este �rgano colegiado no analizar� lo referente a los primeros dos puntos, porque el recurrente es la parte patronal caso en el cual la litis se circunscribir� al estudio de los conceptos de violaci�n sin posibilidad de, en su caso, suplir la deficiencia de la queja. En la primera parte de los agravios en esencia se sostiene que el art�culo 174 antes indicado ciertamente proh�be que la suspensi�n de los laudos favorables al trabajador pongan en riesgo su subsistencia, pero, se agrega, de ning�n modo impide que se suspenda la orden de reinstalarlo en su empleo, porque el tribunal del conocimiento tambi�n puede asegurar esa subsistencia mediante una percepci�n econ�mica que reciba el trabajador en tanto se resuelva el juicio de amparo. Adem�s agrega que de ?consumarse? la reinstalaci�n causar�a graves perjuicios a la dependencia p�blica y al servicio que presta por la ?gravedad? de la falta en la que incurri� el trabajador cesado y que es precisamente lo que pretende evitarse con la suspensi�n del laudo. Las anteriores consideraciones son esencialmente fundadas. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al resolver la contradicci�n de tesis 90/2000, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 21/2001, consultable en la p�gina 293, T.X., junio de 2001, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, de rubro: ?SUSPENSI�N EN AMPARO EN MATERIA LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO QUE SEA NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR DURANTE LA TRAMITACI�N DE CADA UNO DE LOS JUICIOS DE GARANT�AS PROMOVIDOS POR EL PATR�N EN CONTRA DE LAUDOS SUCESIVOS QUE BENEFICIAN A AQU�L.?, analiz� la naturaleza jur�dica de la suspensi�n que se otorga en los laudos que favorecen al trabajador cuando �ste reclama el despido injustificado de que fue objeto; consideraciones que verti� ese Alto Tribunal en la ejecutoria publicada en la p�gina 653, Tomo XIV, julio de 2001, Novena �poca del mencionado medio de difusi�n oficial, que son ilustrativas para resolver el presente recurso. En esa resoluci�n la indicada Segunda Sala mencion� que la supervivencia del trabajador durante la tramitaci�n de un juicio de garant�as promovido en contra de un laudo condenatorio, se asegura con la entrega de la cantidad en numerario que el presidente del tribunal de trabajo responsable estim� necesaria para tal efecto, o bien, mediante la ejecuci�n del laudo por dicho monto, mas no as� mediante el otorgamiento de una ?garant�a?. Esa conclusi�n la obtuvo al realizar una interpretaci�n causal y teleol�gica de las normas constitucionales y legales que regulan la instituci�n de la suspensi�n del acto reclamado en amparo directo, concretamente, en lo que se refiere a los laudos que benefician a la parte obrera, pues del contenido de los art�culos 107, fracciones X y XI, de la Constituci�n General de la Rep�blica y 173 y 174 de la Ley de Amparo, desprendi� que trat�ndose del juicio de amparo directo promovido en contra de un laudo, es el presidente del �rgano resolutor, en su car�cter de autoridad responsable, quien debe resolver sobre la suspensi�n de la ejecuci�n del laudo reclamado en los casos y mediante las condiciones y garant�as que determine la ley, pronunci�ndose primero sobre su procedencia y, despu�s, sobre las medidas necesarias para que �sta surta efectos. Agreg� que cuando el acto reclamado constituye un laudo que condena al patr�n al pago de determinadas prestaciones, la suspensi�n de su ejecuci�n se encuentra sujeta a lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n X, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 173 y 174 de la Ley de Amparo antes mencionados y que el an�lisis del �ltimo numeral citado lleva a concluir que la suspensi�n de los laudos favorables a los trabajadores, dados los valores que con ello podr�an afectarse se rige tanto por principios espec�ficos como por principios generales aplicables a la suspensi�n del acto reclamado que por su interdependencia conforman un sistema propio del amparo en materia de trabajo. El indicado Alto Tribunal precis� que los principios espec�ficos de la suspensi�n del acto reclamado en materia laboral, atienden a la naturaleza del mismo y a los efectos individuales y sociales que con ella se pueden provocar, de ah� que, indic�, el legislador haya establecido un mecanismo especial para la suspensi�n de la ejecuci�n de un laudo que beneficia a la parte obrera, el cual data de la expedici�n de la actual Ley de Amparo, promulgada el treinta de diciembre de mil novecientos treinta y cinco y publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federaci�n. Para justificarlo transcribi� la parte relevante de la exposici�n de motivos relacionada con este aspecto, que es del contenido siguiente: ?... Pero no obstante que se instituya el amparo directo contra esos laudos, la resoluci�n de los conflictos de trabajo se ver�a gravemente estorbada si, llevando la equiparaci�n al m�ximo, no establecieran reglas adecuadas para conceder la suspensi�n y se adoptara estrechamente el sistema de las fracciones V y VI del propio art�culo 107 constitucional, dado que ello resultar�a antit�tico contra el car�cter que distingue el llamado derecho industrial, cuya materia no es en modo alguno estrictamente privada y patrimonial, sino que afecta cuestiones que tienen el m�s alto inter�s para la colectividad, y por ello la ejecuci�n de las resoluciones dada a los conflictos o diferencias de trabajo no puede quedar sujeta a las mismas reglas, por lo dem�s tambi�n diferentes entre s�, que la ejecuci�n de las sentencias de car�cter penal o civil en materia de suspensi�n del acto reclamado. Por eso, la reglamentaci�n de la suspensi�n fue motivo en el proyecto de Ley de Amparo de un cuidadoso estudio, efectuado con el prop�sito de construir un sistema que evitara, por una parte, los graves perjuicios que la suspensi�n podr�a ocasionar a la familia obrera, poni�ndola en trance de no poder subsistir mientras el juicio de amparo fuese en definitiva resuelto y, por la otra parte, las repercusiones que en perjuicio del inter�s de la colectividad pudiera engendrar tal situaci�n, aparte de los perjuicios que directamente le ocasionase el hecho de concederse o negarse la suspensi�n, aun cuando con ella no se causaran ningunos (sic) graves a los trabajadores o a sus dependientes econ�micos. Y as�, el sistema qued� concretado en las prevenciones de los art�culos 174 y 175 que aqu� se reproducen textualmente:?. De lo anterior, destac� la indicada Segunda Sala, se advierte que al establecer el mecanismo y los requisitos para el otorgamiento de la suspensi�n de un laudo que beneficia a la parte obrera, el legislador estim� que la ejecuci�n de las resoluciones de los conflictos de trabajo, no deb�a regirse por las reglas generales previstas para tal medida cautelar, toda vez que el llamado derecho laboral afecta cuestiones que tienen el m�s alto inter�s para la colectividad y, por tanto, era necesario construir un sistema que evitara ?los graves perjuicios que la suspensi�n podr�a ocasionar a la familia obrera, poni�ndola en trance de no poder subsistir mientras dura el juicio de amparo.?. En raz�n de lo anterior, agreg�, en el art�culo 174 de la Ley de Amparo se estableci� que dicha medida cautelar es procedente �nicamente respecto del monto que, a juicio del presidente del tribunal de trabajo responsable, excede de lo necesario para la supervivencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de garant�as de que se trata, con lo que se deja a criterio de tal autoridad la apreciaci�n de eventualidades o contingencias que el legislador no puede saber de antemano, pero que son necesarias para decidir de manera justa y razonable sobre la suspensi�n del acto reclamado. De las consideraciones antes destacadas, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al resolver la contradicci�n de tesis antes indicada se aprecia que la suspensi�n de un laudo condenatorio que beneficia a la parte trabajadora se rige por reglas generales que son propias de esa medida cautelar y adem�s por reglas especiales a la materia laboral. Entre esas reglas especiales destaca que la suspensi�n del laudo para distintas prestaciones no se otorga mediante una ?garant�a?, sino que el tribunal responsable debe asegurar la subsistencia del trabajador en tanto dure la tramitaci�n del juicio de amparo con la entrega de la cantidad en numerario que el presidente del tribunal de trabajo responsable estim� necesaria para tal efecto o con la ejecuci�n misma del laudo durante ese mismo lapso. Por lo anterior, es patente que, como lo destac� el tribunal del conocimiento, la inmediata reinstalaci�n del trabajador en su empleo constituye una medida que desde luego asegura su subsistencia, porque al continuar la relaci�n laboral percibir� los salarios que conlleva el desarrollo de su empleo. Precisamente lo anterior representa una de las razones por las que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha precisado que en contra de la condena a reinstalar a un trabajador no procede la suspensi�n, como se advierte en la tesis aislada de la entonces C.S. de ese Alto Tribunal que puede consultarse en la p�gina 208, V.X., Quinta Parte, Sexta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que es del contenido siguiente: ?SUSPENSI�N IMPROCEDENTE. El �nico medio de asegurar la subsistencia de los trabajadores mientras se resuelve el amparo, cuando se trata de reinstalaci�n de aqu�llos, es el de que vuelvan a ocupar el puesto de que fueron despedidos, por lo que no procede la suspensi�n de un laudo que as� lo ordene.?. Adem�s se han dado otras razones para estimar improcedente la suspensi�n de la orden a reinstalar un trabajador, como se advierte del contenido de la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n consultable en la p�gina 406, Tomo V, Materia Laboral, del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, de rubro y texto: ?REINSTALACI�N DEL TRABAJADOR, SUSPENSI�N CONTRA LA. Contra el laudo de las Juntas que condene a reinstalar a los obreros en su trabajo, no procede conceder la suspensi�n, porque la ejecuci�n del acto no causa al patrono da�os y perjuicios dif�ciles de reparar, puesto que si bien es poco probable que pueda recobrar los salarios que pague a los obreros, en cambio aqu�llos quedan compensados por los trabajos personales que los mismos obreros presten.?. Tambi�n es ilustrativa la tesis aislada de la anterior C.S. del indicado Alto Tribunal, publicada en la p�gina 2311, Tomo XLIV, Quinta �poca del citado Semanario que dice: ?TRABAJADORES, REINSTALACI�N DE LOS. Es improcedente la suspensi�n contra el laudo de una Junta que condena a la reinstalaci�n de un trabajador en su puesto, ya que la sociedad y el Estado tienen inter�s en que las resoluciones de los tribunales del trabajo, condenando a un patrono a reinstalar a un obrero sean cumplidas a la mayor brevedad posible.?. Entonces, la negativa de conceder la suspensi�n de la condena a reinstalar al trabajador en su empleo se ha sustentado al menos en tres razones: 1. Porque es el �nico medio para garantizar su subsistencia, 2. Porque la parte patronal no sufre perjuicios con esa medida porque si bien no podr� recuperar los salarios pagados en caso de que el juicio de garant�as le sea favorable, de todos modos se benefici� con los servicios personales que le prest� el trabajador, y 3. Porque la sociedad tiene inter�s en que se ejecute un laudo condenatorio. Desde luego que todos estos criterios son aplicables cuando el trabajador que debe ser reinstalado pertenece a lo que se ha denominado ?clase obrera?; esto es, cuando se trata de una persona cuya relaci�n laboral se rige por el apartado A del art�culo 123 de la Constituci�n Federal porque es empleado de la iniciativa privada. Empero, la suspensi�n de los laudos condenatorios que ordenan reinstalar a un servidor p�blico, como lo es M.S.U.�stegui al desempe�arse como maestro de ense�anza secundaria frente a grupo, en la escuela secundaria ?Doctor J.M.�a L.M.? de Comonfort, Guanajuato, se rige por principios distintos. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al resolver la contradicci�n de tesis 13/97, entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil y de Trabajo del Segundo Circuito detall� los antecedentes hist�ricos del derecho burocr�tico, pues en la ejecutoria que aparece publicada en la p�gina 59, T.V., mayo de 1998, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, precis� que ese derecho se ha perfilado desde sus or�genes como una rama aut�noma, que evoluciona a partir del derecho administrativo y tiende a alcanzar para los servidores p�blicos los beneficios del derecho del trabajo con las limitaciones que impone la funci�n p�blica. Agreg� que vigente la Constituci�n de mil novecientos diecisiete se realizaron variados intentos para fijar derechos protectores de la clase burocr�tica, que se presentaron bajo la forma de leyes del servicio civil, de ef�mera vigencia. Precis� que al reformarse la fracci�n X del art�culo 73 constitucional mediante decreto publicado el seis de septiembre de mil novecientos veintinueve para federalizar la materia laboral, se omiti�, no obstante, incluir a los servidores p�blicos. Por tanto, se�al� que la Suprema Corte sostuvo entonces que no era posible amparar a los trabajadores del Estado con los derechos reconocidos por el art�culo 123 constitucional porque el mismo se hab�a creado para buscar un equilibrio entre el capital y el trabajo como factores de la producci�n, circunstancias que no concurren en el caso de las relaciones que median entre el poder p�blico y los empleados que de �l dependen. Entre esos antecedentes el Alto Tribunal mencionado destac� que en junio de mil novecientos veintinueve se present� un proyecto de c�digo federal del trabajo en cuyo art�culo 30 se dispon�a: ?estar�n sujetos a las disposiciones de este c�digo todos los patrones y trabajadores, inclusive el Estado?, que no prosper�; por el contrario, se�al�, en el art�culo 2o. de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno se prefiri� excluir a los trabajadores del Estado, disponiendo que ellos regular�an su relaci�n laboral a trav�s de leyes del servicio civil, con el fin de lograr la estabilidad y continuidad de los servicios p�blicos. De esta forma se limitaron sus derechos y se distingui� su situaci�n de los trabajadores en general. Hasta mil novecientos treinta y cuatro, seg�n la citada Segunda Sala apareci� un acuerdo sobre organizaci�n y funcionamiento del servicio civil, que era una determinaci�n reglamentaria con disposiciones de contenido laboral; se estim� contrario al r�gimen jur�dico debido a que la Constituci�n reservaba esa materia a una ley. Con �stos y otros antecedentes de menor trascendencia, se precisa en la ejecutoria que se comenta, el cinco de diciembre de mil novecientos treinta y ocho se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n el Estatuto Jur�dico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Uni�n, que fue emulado por diversas Legislaturas Estatales. La evoluci�n del derecho burocr�tico continu� y el cuatro de abril de mil novecientos cuarenta y uno fue expedido un nuevoestatuto jur�dico de orden federal, enteramente igual al de mil novecientos treinta y ocho. Fue hasta el cinco de diciembre de mil novecientos sesenta que se adicion� al art�culo 123 de la Constituci�n Federal con un apartado B que consagra los derechos de los empleados p�blicos al servicio de los Poderes de la Uni�n y del Gobierno del Distrito Federal, con fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, se expidi� su ley reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuyo antecedente directo son los citados estatutos jur�dicos de mil novecientos treinta y ocho y mil novecientos cuarenta y uno, de los que conserv� la estructura y sistem�tica. Por lo anterior, la indicada Segunda Sala precis� que como nota caracter�stica los ordenamientos estatutarios citados surgieron con motivo de la exclusi�n de los empleados p�blicos de la reglamentaci�n de la materia de trabajo entre particulares, como ordenamientos encargados de regular una relaci�n de servicio que surgi� del derecho administrativo y no laboral. Por lo que se trat� entonces de regulaciones que se desarrollaron a partir de la recopilaci�n de los antecedentes aislados que exist�an sobre el servicio p�blico, como acuerdos presidenciales, circulares y algunos intentos de reglamentaci�n del art�culo 89, fracci�n II, de la Constituci�n Federal. La ejecutoria que se comenta dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 31/98, publicada en la p�gina 581, del mismo tomo antes mencionado, del rubro y texto siguientes: ?TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ORIGEN HIST�RICO DE LOS CAT�LOGOS DE PUESTOS EN LOS ORDENAMIENTOS BUROCR�TICOS. El derecho burocr�tico se perfila como rama aut�noma que evoluciona a partir del administrativo y tiende a asemejarse al laboral; al excluirse a los empleados p�blicos de la regulaci�n de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno, surgieron intentos de normatividad propia que cristalizaron hasta el a�o de mil novecientos treinta y ocho al promulgarse el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Uni�n, que fue emulado por diversas L.L., le sucedi� otro estatuto en el a�o de mil novecientos cuarenta y uno y hasta mil novecientos sesenta se adicion� el art�culo 123 constitucional por un apartado B en que se regul� lo relativo a la relaci�n de los Poderes de la Uni�n y del Gobierno del Distrito Federal con sus servidores; en mil novecientos sesenta y tres se expidi� su ley reglamentaria. Los ordenamientos estatutarios burocr�ticos encuentran origen en la exclusi�n de los empleados p�blicos de la reglamentaci�n de la materia de trabajo entre particulares, como ordenamientos encargados de regular una relaci�n de servicio que surgi� del derecho administrativo y no laboral. Se trat� entonces de regulaciones que se desarrollaron a partir de la recopilaci�n de los antecedentes aislados que exist�an sobre el servicio p�blico, como acuerdos presidenciales, circulares y algunos intentos de reglamentaci�n del art�culo 89 fracci�n II de la Constituci�n Federal, que establece las facultades del Ejecutivo para el libre nombramiento y remoci�n de los empleados p�blicos, cuyo nombramiento no est� determinado de otro modo en las leyes, por ello es que a diferencia del sistema de la Ley Federal del Trabajo que atiende a la naturaleza de la funci�n desempe�ada por el trabajador en cargos de inspecci�n, vigilancia, administraci�n y fiscalizaci�n y no a la denominaci�n que se d� al puesto, desde el origen de la materia se ha atendido al sistema de cat�logo para distinguir entre los trabajadores que cuentan con la protecci�n del art�culo 123 apartado B de la Constituci�n Federal y sus leyes reglamentarias a nivel federal y local y aquellos que siguen sujetos a la facultad de libre nombramiento y remoci�n mencionada.?. As�, por el particular sistema que origin� el derecho burocr�tico que se inspira en principios de derecho administrativo adecuados al �mbito laboral, se entiende que la propia Suprema Corte de Justicia de la Naci�n desde la Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, haya precisado que la suspensi�n de los laudos condenatorios que favorecen a un servidor p�blico no se rige por las normas que son propias para los trabajadores de la iniciativa privada, pues para constatarlo basta con leer la tesis aislada de la otrora C.S., consultable en la p�gina 2197, Tomo LXXVII, de esa misma �poca, que es una muestra de los diversos criterios que se emitieron al respecto, cuyo contenido es el siguiente: ?TRABAJADORES DEL ESTADO, NO EST�N EN SITUACI�N JUR�DICA ID�NTICA A LA DE LOS OBREROS EN GENERAL. No es de tomarse en consideraci�n el argumento de la autoridad responsable, en el sentido de que no debi� concederse la suspensi�n, contra el laudo que manda reinstalar al tercero perjudicado en su empleo, siguiendo los lineamientos del criterio sustentado por esta Suprema Corte en materia de suspensi�n, trat�ndose de los conflictos obrero patronales, regidos por la Ley Federal del Trabajo, pretendiendo que, por analog�a, se aplique esa jurisprudencia en las relaciones del Estado con sus empleados; porque aun cuando es cierto que, en t�rminos generales, existe una relaci�n de trabajo entre el poder p�blico y sus servidores, tambi�n lo es que esta relaci�n no tiene las caracter�sticas de un verdadero contrato de trabajo, tal y como est� previsto en nuestra ley laborista, supuesto que �sta tiende esencialmente a regular las actividades del capital y del trabajo como factores de la producci�n, o sea en funciones econ�micas; lo que no sucede trat�ndose del poder p�blico y sus empleados atenta la organizaci�n pol�tica y social, porque las funciones encomendadas al Estado no persiguen ning�n fin econ�mico, sino m�s bien un objetivo de control para la convivencia de los componentes de la sociedad. Es por ello que no puede afirmarse que exista paridad en los fen�menos jur�dicos enunciados, y por lo mismo, l�gicamente no puede aceptarse que la jurisprudencia sustentada en relaci�n con la suspensi�n, trat�ndose de verdaderos contratos de trabajo, haya de regir ese fen�meno, cuando se trata de trabajadores al servicio del Estado.?. Criterio que finalmente se reflej� en la tesis de jurisprudencia de esa C.S. publicada en la p�gina 681, Tomo V, Materia del Trabajo, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, que dice: ?TRABAJADORES DEL ESTADO, TRAT�NDOSE DE LA SUSPENSI�N NO EST�N EN SITUACI�N JUR�DICA ID�NTICA A LA DE LOS OBREROS EN GENERAL. Aun cuando es cierto que, en t�rminos generales, existe una relaci�n de trabajo entre el poder p�blico y sus servidores, tambi�n lo es que esta relaci�n no tiene las caracter�sticas de un verdadero contrato de trabajo, tal como est� previsto en nuestra ley laboral, supuesto que �sta tiende esencialmente a regular las actividades del capital y el trabajo como factores de la producci�n o sea, en funciones econ�micas; lo que no sucede trat�ndose del poder p�blico y de sus empleados, atenta nuestra organizaci�n pol�tica y social, porque las funciones encomendadas al Estado no persiguen ning�n fin econ�mico, sino m�s bien un objetivo de control para la convivencia de los componentes de la sociedad. Por ello no puede afirmarse que exista paridad en los fen�menos jur�dicos enunciados y, por lo mismo, l�gicamente no puede aceptarse que la jurisprudencia sustentada en relaci�n con la suspensi�n, trat�ndose de verdaderos contratos de trabajo, haya de regir ese mismo fen�meno, cuando se trata de trabajadores al servicio del Estado.?. Incluso, las razones que sustentan la imposibilidad de conceder la suspensi�n en contra de la condena a reinstalar al trabajador, fueron consideradas inaplicables trat�ndose de servidores p�blicos, como se aprecia en las tesis aisladas de la misma C.S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicadas en las p�ginas 1368, 2312 y 6441, la primera del Tomo XCVIII y las segundas del Tomo LXXVII, ambas de la Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyos rubros y textos respectivamente dicen: ?REINSTALACI�N DE TRABAJADORES DEL ESTADO, DEBE CONCEDERSE LA SUSPENSI�N CONTRA EL LAUDO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE QUE CONDENA A ELLA. Si bien, conforme al art�culo 174 de la Ley de Amparo, trat�ndose de laudos de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje la suspensi�n debe negarse, cuando el obrero queda en peligro de no poder subsistir, y la Suprema Corte de Justicia reiteradamente ha sostenido que cuando condena a reinstalar y a otras prestaciones, debe negarse respecto de la primera, para que el trabajador pueda subsistir con los salarios que devengue y concederse respecto de las segundas, tambi�n es que el art�culo 175 dispone que cuando la ejecuci�n del acto reclamado pueda ocasionar perjuicios al inter�s general, la suspensi�n se conceder� o negar�, atendiendo a no causar esos perjuicios, estableciendo as� la ley un sistema que prev� las repercusiones que, en perjuicio del inter�s de la colectividad, pudiera engendrar tal situaci�n. Justamente este caso se presenta en relaci�n con la ejecuci�n de un laudo del Tribunal de Arbitraje reclamado en amparo directo, en virtud de que el cese de un empleado se presume ordenado en beneficio del mejor servicio p�blico, en el que est� interesada la sociedad y el propio Estado, y por tanto, debe negarse la suspensi�n solicitada, sin tener en cuenta el perjuicio particular que resentir� el empleado, porque es mayor el que resentir�a el inter�s general, con la concesi�n de la misma.?. ?TRABAJADORES DEL ESTADO, PROCEDENCIA DE LA SUSPENSI�N CONTRA LA REINSTALACI�N DE LOS. Contra la reinstalaci�n de un trabajador, que fue cesado por una dependencia del Ejecutivo, procede conceder la suspensi�n definitiva porque se satisfacen las condiciones establecidas por las fracciones I y II del art�culo 124 de la Ley de Amparo, y no puede decirse que con la reinstalaci�n del trabajador no se causan da�os y perjuicios de dif�cil reparaci�n, de acuerdo con la jurisprudencia que dice que contra los laudos que condenan a reinstalar a los obreros, no procede la suspensi�n, porque la ejecuci�n del laudo no causa al patrono da�os y perjuicios de dif�cil reparaci�n, ya que si es poco probable que puedan recobrar los salarios pagados a los obreros, en cambio quedan compensados por los trabajos que los mismos prestan; porque tal criterio no es aplicable a los casos de empleados del Estado, cuyas actividades se desarrollan para la atenci�n de los servicios p�blicos, lo cual hace que aun cuando sus relaciones con el poder, tienen semejanza con las que existen entre obreros y patronos, necesariamente tambi�n est�n reguladas por principios de orden p�blico, y la suspensi�n, en estos casos, debe concederse sin requisito alguno, en atenci�n a la solvencia de la dependencia del Ejecutivo Federal quejosa, para responder a los da�os y perjuicios que con dicha suspensi�n pudieran causarse al empleado.?. ?ESTADO PATRONO, SUSPENSI�N PEDIDA POR EL. La C.S. de la Suprema Corte de Justicia, al resolver los incidentes de suspensi�n que se derivan de los juicios de garant�as, instaurados con motivo de la aplicaci�n del estatuto jur�dico y de las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje, ha establecido que el inter�s general y el orden p�blico, radican en el desarrollo normal de las actividades encomendadas al Estado, en su calidad de funciones de servicio p�blico, las que se realizan por conducto de los diversos funcionarios o empleados que forman la administraci�n p�blica; de tal suerte que cuando est� a discusi�n el inter�s particular de alguno de esos empleados o funcionarios, en lo que a �l respecta, debe conceptuarse que se trata de un inter�s puramente patrimonial, que de ninguna manera puede estimarse de mayor entidad que el del conglomerado social, al que importa que tales servicios se cumplan debidamente. Por tanto si el Juez de Distrito concedi� la suspensi�n en el amparo pedido por el titular de una dependencia del Ejecutivo, contra el laudo del Tribunal de Arbitraje, por el cual conden� a aqu�l a la reinstalaci�n de un trabajador, obr� con arreglo a derecho, y lo mismo debe decirse, si la suspensi�n se concedi� sin fianza, pues si la protecci�n federal se solicit� por actos que afectan el funcionamiento de una dependencia del Ejecutivo, debe entenderse que tales actos afectan al Estado y �ste, como persona de derecho p�blico, est� exento de otorgar fianzas, por ser solvente para responder de las obligaciones que le resulten.?. Como se advierte del contenido de los anteriores criterios jurisprudenciales, las razones que justifican el negar la suspensi�n en contra del laudo que ordena reinstalar al trabajador que se rige por el apartado A del art�culo 123 de la Constituci�n Federal, relativas a que constituye el �nico medio para garantizar su subsistencia; que la parte patronal no sufre perjuicios con esa medida y que la sociedad tiene inter�s en que se ejecute un laudo condenatorio, son consideradas inaplicables cuando se ordena reinstalar a un servidor p�blico, porque al inter�s personal del trabajador se sobrepone un inter�s que se consider� de mayor entidad, como lo es el que tiene la sociedad de que se cumpla correctamente con el servicio p�blico que se presta, pues a diferencia del conflicto patrimonial que puede existir entre el capital y el trabajo, trat�ndose de servidores p�blicos se involucra la satisfacci�n de servicios p�blicos que trascienden al conflicto laboral y que necesariamente deben cumplirse porque de lo contrario se afectar�a gravemente el inter�s social. Entonces, en este conflicto de intereses entre el bienestar del servidor p�blico como trabajador y de la sociedad que requiere de los servicios que presta el Estado, desde luego que impera el inter�s de la comunidad y, por ende, en los t�rminos del art�culo 175 de la Ley de Amparo, debe concederse la suspensi�n de esa reinstalaci�n sin necesidad de que se otorgue fianza como lo indica el propio precepto y sin que se requiera asegurar la subsistencia de ese servidor p�blico, porque en este caso tambi�n rige el inter�s de la sociedad de que los fondos p�blicos se destinen a cubrir los salarios de los trabajadores que realmente desempe�en sus funciones, que impera sobre el inter�s particular del servidor p�blico. En esta parte resulta aplicable el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia publicada en la p�gina 654, Tomo V, Materia de Trabajo, del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CONTRA SU REINSTALACI�N PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSI�N A LAS DEPENDENCIAS BUROCR�TICAS. Contra los laudos del Tribunal de Arbitraje que condenan a reinstalar en su empleo a trabajadores del Estado, procede conceder la suspensi�n, sin fianza, a las dependencias burocr�ticas, porque debe conceptu�rseles solventes para responder de las obligaciones que les resulten.?. Es veraz que esta tesis jurisprudencial se basa en la interpretaci�n del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Uni�n ya abrogado, pero la Ley de Amparo en su art�culo 9o., concretamente en el segundo p�rrafo adicionado por las reformas publicadas el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho en el Diario Oficial de la Federaci�n, exenta a las personas morales oficiales de otorgar esas garant�as precisamente por la citada solvencia econ�mica, al margen de que el inter�s de la sociedad en la prestaci�n de los servicios p�blicos no desapareci� al abrogarse el mencionado estatuto. Adem�s el art�culo 174 de la Ley de Amparo, antes de esas reformas que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, era del tenor siguiente: ?Art�culo 174. Trat�ndose de laudos de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, la suspensi�n se conceder� en los casos en que, a juicio del presidente de la Junta respectiva, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales s�lo se suspender� la ejecuci�n en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. La suspensi�n surtir� efectos si se otorga cauci�n en los mismos t�rminos del art�culo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado.?. Con motivo de las reformas del primer p�rrafo, dicho precepto qued� como sigue: ?Art�culo 174. Trat�ndose de laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensi�n se conceder� en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales s�lo se suspender� la ejecuci�n en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. La suspensi�n surtir� efectos si se otorga cauci�n en los mismos t�rminos del art�culo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado.?. De lo anterior se advierte que este precepto antes de su reforma alud�a exclusivamente a las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje para distinguir a la autoridad emisora del laudo que podr�a ser materia de suspensi�n. Pero en su nueva redacci�n esa expresi�n se cambia por la de ?tribunales del trabajo? y ello podr�a llevar a suponer que el legislador tuvo como prop�sito equiparar la situaci�n de los trabajadores al servicio del Estado, con los de la iniciativa privada, por lo que se refiere a los principios que regulan la suspensi�n del acto. Sin embargo, atendiendo al proceso legislativo que origin� esas reformas se advierte que la modificaci�n del primer p�rrafo de ese precepto s�lo se propici� para incluir en la suspensi�n de los actos reclamados en el amparo directo a las resoluciones que ponen fin al juicio y que antes no se nombraban, para con ello congeniar la Ley de Amparo a las reformas constitucionales realizadas en esa �poca. Esto es, en la exposici�n de motivos dirigida por el titular del Poder Ejecutivo al Congreso de la Uni�n, en lo conducente se precis�. ?La presente iniciativa propone reformas y adiciones a la Ley de Amparo mencionada, mismas que tienen el prop�sito central de adecuar las disposiciones del ordenamiento que rige al juicio constitucional, con los nuevos mandatos de nuestra Ley Suprema al respecto. Para su presentaci�n y an�lisis, en esta exposici�n de motivos se agrupan las reformas y adiciones propuestas en cuatro apartados, que permitir�n su estudio y discusi�n parlamentaria con mayor agilidad y claridad. En el primer apartado, se incluyen las reformas de los art�culos 22, fracci�n III, primer p�rrafo, 44, la adici�n de un tercer p�rrafo al art�culo 46 y la reforma de los art�culos 158, 161, primer p�rrafo, 163, 166, fracciones IV y V, 173 y 174, primer p�rrafo, a efecto de incluir a las resoluciones que ponen fin al juicio, como aquellas resoluciones que junto a las sentencias definitivas y laudos, pueden ser materia de amparo directo, en los t�rminos que lo ordena la reforma de la fracci�n V del art�culo 107 constitucional. Por econom�a procesal y mejor t�cnica judicial, la fracci�n V del art�culo 107 constitucional asimila las resoluciones que ponen fin al juicio a las sentencias definitivas o laudos, puesto que todas ellas participan de la naturaleza procesal de concluir con el juicio, aunque con diversos efectos y consecuencias jur�dicas; resultaba conveniente, como lo aprob� el Constituyente Permanente al reformar esta fracci�n constitucional, que el amparo directo fuese tambi�n procedente en contra de las resoluciones que ponen fin al juicio, adem�s de las sentencias y laudos, sin dejar que las primeras fuesen atacables por medio del amparo indirecto. Dentro de este apartado, destaca la adici�n del tercer p�rrafo al art�culo 46 a efecto de definir lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio y esta iniciativa propone que se consideren como tales aquellas que sin decidir el juicio enlo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ning�n recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.?. En el dictamen de la C�mara R., que fungi� como tal la C�mara de Senadores, en relaci�n con el mismo tema se indic�: ?Las reformas y adiciones de que se viene hablando se agrupan en cuatro apartados. En primero de ellos se advierte la conveniencia de modificar todas aquellas disposiciones que tienden a resoluciones de car�cter definitivo y de incluir entre ellas a las que ponen fin al procedimiento sin constituir sentencias definitivas o laudos. La modificaci�n es pertinente con ello se consigue la procedencia del juicio de amparo uniinstancial, en virtud de que tales resoluciones, aunque no toquen el fondo del monto tienen efectos conclusivos, debi�ndose respetar en todo caso el principio de definitividad. No es necesario especificar cada una de las proposiciones legales que han ameritado la anterior reforma, pues basta decir que se agrega el concepto de resoluciones que ponen fin al conflicto, en todos aquellos casos en que no existan.?. Despu�s de ello se precisaron las modificaciones que esa C�mara consider� pertinente realizar a la iniciativa y por lo que respecta al art�culo 174 se�al�: ?h) Por �ltimo, en los art�culos 173 y 174 de la Ley de Amparo, cuyas reformas propone la iniciativa, en su art�culo primero, se dan reglas sobre la suspensi�n en materia civil y en materia laboral, pero no contienen ninguna disposici�n sobre suspensi�n en materia administrativa, trat�ndose de sentencias o resoluciones definitivas. Conviene entonces hacer referencia tambi�n a la materia administrativa y por eso proponemos esta referencia en el texto del art�culo 173 que quedar� como sigue: Art�culo 173. Cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas en juicios del orden civil o administrativo, la suspensi�n se decretar� a instancia del agraviado, si concurren los requisitos que establece el art�culo 124 o el art�culo 125 en su caso, y surtir� efectos si se otorga cauci�n bastante para responder de los da�os y perjuicios que pueda ocasionar el tercero. En los casos a que se refieren las disposiciones anteriores, son aplicables los art�culos 125, p�rrafo segundo, 126, 127 y 128. Cuando se trate de resoluciones pronunciadas en juicios del orden civil, la suspensi�n y las providencias sobre admisi�n de fianzas y contrafianzas, se dictar�n de plano, dentro del preciso t�rmino de tres d�as h�biles. Art�culo 174. Trat�ndose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales del trabajo, la suspensi�n se conceder� en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales s�lo se suspender� la ejecuci�n en cuando exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.?. Finalmente, en el dictamen de la C�mara R. s�lo se reiter� el contenido de la exposici�n de motivos, sin que se considerara pertinente modificar el art�culo 174 de la Ley de Amparo, pues al respecto se indic�: ?La iniciativa nos presenta las reformas y adiciones en cuatro apartados y en esa forma nos referimos a ellas. 1. El primer apartado comprende los art�culos 22, fracci�n III, primer p�rrafo; 44; la adici�n de un tercer p�rrafo al art�culo 46 y la reforma de los art�culos 158, 161, primer p�rrafo; 163, 166, fracciones IV y V, 173 y 174, primer p�rrafo. Desde el punto de vista t�cnico jur�dico, las reformas y adiciones propuestas a los art�culos de referencia resultan adecuadas en cuanto a que, por un lado, asimilan las resoluciones que ponen fin a un juicio con las sentencias o laudos definitivos, a efecto de acatar el dispositivo constitucional que las considera como ya apuntamos; este tipo de resoluciones, desde el punto de vista material, equivale a una sentencia o laudo definitivo a cuanto a que, desde la perspectiva del derecho procesal, concluye con el juicio, aunque en algunos casos sus efectos y consecuencias sean diferentes; por otro lado, y considerando que las resoluciones que ponen fin a un juicio son materia de amparo directo, se establece la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. A mayor abundamiento y respecto de las resoluciones que ponen fin a un juicio, se contemplan en la iniciativa las caracter�sticas que deben reunir para ser consideradas como tales, y para respetar como consecuencia los principios fundamentales que sustentan nuestro juicio de amparo en trat�ndose del control de la legalidad.?. Entonces, de lo anterior se advierte que la modificaci�n de la Ley de Amparo no tuvo como prop�sito equiparar la situaci�n jur�dica de los trabajadores al servicio del Estado con los obreros en general, por lo que respecta al tema de la suspensi�n del acto y por eso que quedase sin vigencia la tesis de jurisprudencia de la otrora C.S. publicada en la p�gina 681, Tomo V, Materia del Trabajo, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, antes transcrita que hace referencia a esa diferencia. Por tanto, con independencia de que la acci�n principal de M.S.U.�stegui fue la reinstalaci�n en su empleo y que en el laudo condenatorio se haya declarado procedente esa prestaci�n por estimar que ocurri� un despido injustificado, por la gravedad y entidad de las conductas que se le atribuyen es legalmente posible suspender la condena a la reinstalaci�n, como lo refiere la recurrente porque eso garantiza el correcto cumplimiento del servicio p�blico que le fue encomendado a esa dependencia y ante el cual est� interesada toda la sociedad, sin que sea necesario fijar garant�a para que surta efectos esa medida cautelar, ni se requiere garantizar la subsistencia del citado servidor p�blico. En consecuencia se modifica el acuerdo recurrido para conceder a la peticionaria de garant�as la suspensi�n de la condena a la reinstalaci�n de M.S.U.�stegui en su empleo de maestro de ense�anza secundaria frente a grupo, que ven�a desarrollando, para el efecto de que hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo directo promovido en contra del laudo pronunciado por el Tribunal de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado, el ocho de febrero de dos mil seis, en el expediente 178/2004 y su acumulado 198/2004, no se obligue a la parte patronal a reinstalar al citado trabajador."

La anterior ejecutoria sustent� como criterio: "Por tanto, con independencia de que la acci�n principal fue la reinstalaci�n en el empleo y que en el laudo condenatorio se haya declarado procedente esa presentaci�n por estimar que ocurri� un despido injustificado, por la gravedad y entidad de las conductas que se le atribuyen es legalmente posible suspender la condena a la reinstalaci�n, como lo refiere la recurrente porque eso garantiza el correcto cumplimiento del servicio p�blico que le fue encomendado a esa dependencia y ante el cual est� interesada toda la sociedad, sin que sea necesario fijar garant�a para que surta efectos esa medida cautelar, ni se requiere garantizar la subsistencia del citado servidor p�blico".

La sentencia dictada por el D�cimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QT. 955/2005, promovido por la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fallada en la sesi�n de diez de febrero de dos mil seis, emiti� consideraciones relativas al criterio que se denuncia como divergente; la cual es del siguiente tenor literal:

"CUARTO. El an�lisis de los agravios lleva a establecer lo que se expondr� en los p�rrafos subsiguientes. Es infundada la parte del primer agravio en la que se alega que la responsable debi� negar la suspensi�n del acto reclamado en cuanto a la condena del pago de salarios ca�dos. Lo anterior es as� porque el proceder de la responsable se encuentra apegado a derecho, en cuanto a la concesi�n de la suspensi�n contra la ejecuci�n del laudo, para el efecto de mantener las cosas en el estado en el que se encuentran, esto es, para que no se ejecute en lo referente a la cantidad l�quida que por concepto de salarios fue condenado a pagar el demandado, pues contra la condena econ�mica procede conceder la suspensi�n y, adem�s, trat�ndose del Estado, puede otorgarse sin el requisito de garant�a, atento a lo dispuesto en el art�culo 9 de la Ley de Amparo, ya que a �ste se le considera solvente en cualquier tiempo. Es aplicable al caso, por analog�a, la jurisprudencia P./J. 6/95, visible en la p�gina 12, tomo 86-2, febrero de 1995, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, Octava �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?SUSPENSI�N EN EL AMPARO PARA QUE �STA SURTA EFECTOS. PETR�LEOS MEXICANOS EN SU CAR�CTER DE PERSONA MORAL OFICIAL, NO EST� OBLIGADA A DEPOSITAR LA CANTIDAD REFERIDA EN EL ART�CULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.? (la transcribe).

"En otra parte del primer agravio alega el recurrente que la resoluci�n recurrida es contraria a lo dispuesto en los art�culos 124, fracci�n II y 174 de la Ley de Amparo porque el presidente responsable concedi� al quejoso la suspensi�n del laudo reclamado que lo conden� a reinstalar al hoy agraviado, pasando por alto que en el caso, no procede la suspensi�n, pues con dicha medida puso en peligro la subsistencia del trabajador y la de su familia, impidiendo de esta manera que tenga los medios necesarios para su subsistencia, lo cual va en contra del esp�ritu de los numerales antes invocados, ya que la suspensi�n se debe conceder s�lo en los casos en que, a juicio del presidente responsable, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales s�lo se suspender� la ejecuci�n en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia, sin que en el caso, el presidente responsable haya constatado que el demandado haya satisfecho tal carga; por lo que la determinaci�n de conceder la suspensi�n del laudo, es violatoria de las normas que regulan la suspensi�n del acto reclamado, m�xime que la negativa de suspender el laudo, no causa da�os y perjuicios dif�ciles de reparar, puesto que al reinstalar el patr�n al trabajador, recibe del empleado sus trabajos personales, evento ante lo cual la presente queja deviene fundada.

"Es fundado el agravio en atenci�n a lo siguiente:

"De la lectura de la resoluci�n recurrida se advierte que el presidente de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje al conceder la suspensi�n solicitada respecto de la condena de reinstalaci�n actu� conforme a la redacci�n anterior del art�culo 174 de la Ley de Amparo vigente antes del cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, el cual establec�a: ?Art�culo 174. Trat�ndose de laudos de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, la suspensi�n se conceder� en los casos en que, a juicio del presidente de la Junta respectiva, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales s�lo se suspender� la ejecuci�n en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. La suspensi�n surtir� efectos si se otorga cauci�n en los mismos t�rminos del art�culo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado.?. En efecto, de la transcripci�n se desprende que dicho precepto legal s�lo era aplicable en trat�ndose de laudos dictados por las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje que resolv�an conflictos con motivo de las relaciones de trabajo comprendidas en el apartado A, del art�culo 123 constitucional; sin embargo, con las reformas a la Ley de Amparo vigentes a partir de mil novecientos ochenta y ocho, dicho dispositivo establece: ?Art�culo 174. Trat�ndose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensi�n se conceder� en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales s�lo se suspender� la ejecuci�n en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. La suspensi�n surtir� efectos si se otorga cauci�n en los mismos t�rminos del art�culo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado.?. De lo anterior se infiere que lo previsto en el citado precepto en cuanto a la suspensi�n, es aplicable tanto para trabajadores del apartado A como del apartado B del art�culo 123 constitucional, ya que el mismo va dirigido para laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales de trabajo, incluy�ndose en �stos tanto las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje como del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, por ende, para resolver la procedencia o improcedencia de la suspensi�n, las autoridades del trabajo deben observar, entre otros, los aspectos siguientes: a) Que se satisfagan los requisitos que prev� el art�culo 124 de la Ley de Amparo; b) Que se asegure la subsistencia de la parte obrera mientras se resuelve el juicio de garant�as, si es quien obtuvo en su favor laudo condenatorio; y, c) Que los efectos de la concesi�n consistan s�lo en mantener las cosas tal como se encuentren. De conformidad con lo dispuesto en el precepto legal antes transcrito, se advierte que en lo relativo a la suspensi�n, la autoridad goza de facultades discrecionales para concederla o no contra resoluciones dictadas en ejecuci�n del laudo; por tanto, en uso de esas facultades y atendiendo a la obligaci�n que le impone el art�culo antes citado, debe tomar en cuenta que no se ponga en peligro la subsistencia del trabajador durante el tiempo en que se tramite y resuelva el juicio de amparo. En el caso, del informe justificado se desprende que el presidente de la Sala responsable concedi� la suspensi�n solicitada por la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales respecto de la totalidad de la condena consistente en: ?SEGUNDO. Se condena a la demandada S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reinstalar al actor C.R.M.M., en el puesto de Coordinador Administrativo, nivel 29 COA1, adscrito a la Direcci�n General de Zona Federal Mar�timo Terrestre y Ambientes Costeros, debiendo expedirle el nombramiento de base correspondiente. Tambi�n se le condena al pago de salarios ca�dos; aportaciones ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ...? (fojas 30 vuelta a 31). La anterior decisi�n no se encuentra apegada a derecho, pues respecto de la reinstalaci�n del actor debi� negarse la suspensi�n solicitada por la demandada porque de esa manera se asegura la subsistencia del trabajador, siendo una obligaci�n del presidente del tribunal del trabajo, al proveer sobre la suspensi�n, el decretar medidas encaminadas al aseguramiento de tal subsistencia. Lo anterior es as� porque atento a que la medida suspensional tiene el efecto de salvaguardar un derecho que ha sido incorporado a la esfera jur�dica, como en el caso, lo es la reinstalaci�n y la ley exige que al resolverse respecto de la suspensi�n no se ponga al trabajador en peligro de no poder subsistir, logr�ndose esto �ltimo mediante la negativa de la suspensi�n en contra de la reinstalaci�n. En otro aspecto, cabe destacar que la suspensi�n de la ejecuci�n del laudo favorable al trabajador se rige por un mecanismo que contiene tanto principios generales como principios espec�ficos que deben tomarse en cuenta para conceder la medida, ya sea por el monto total de la condena cuando el trabajador no se encuentra en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio, condicionando los efectos de aqu�lla al otorgamiento de la cauci�n correspondiente; o bien en forma parcial cuando sea necesario asegurar la subsistencia del obrero, en cuyo caso debe negarse la suspensi�n por el monto estimado que le permita subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo. Sin embargo, una de las formas de asegurar dicha subsistencia, es negar la medida suspensional contra la ejecuci�n de la condena a reinstalar, pues el trabajador podr� ocupar el puesto que ocupaba y el salario que perciba le permitir� subsistir mientras dure el juicio de amparo, siendo �sta la mejor manera de asegurar la subsistencia aludida. En esa virtud, si en el caso el presidente de la Sala responsable concedi� la suspensi�n por lo que respecta a la acci�n de reinstalaci�n, es evidente que no actu� conforme al art�culo 174 de la Ley de Amparo, pues no tom� en cuenta que con la concesi�n de la medida suspensiva se pone al trabajador en peligro de no poder subsistir mientras se tramita el juicio de amparo, en contra del laudo que conden� a la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reintegrar al actor a sus labores, pues es claro que al suspenderse dicha ejecuci�n no podr�a ser reintegrado a su empleo durante el juicio de garant�as y, por ende, no trabajar�a ni percibir�a sueldo, por lo cual estar�a en peligro, como se dijo, su subsistencia. De ah� que en el caso, proced�a negar la suspensi�n contra la ejecuci�n de la condena a reinstalar. Es aplicable al caso por analog�a, la jurisprudencia 40/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XI, mayo de 2000, que dice: ?SUSPENSI�N DE UN LAUDO QUE EN FORMA L�QUIDA O DE F�CIL LIQUIDACI�N CONDENA AL PATR�N. INTERPRETACI�N DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ART�CULO 174 DE LA LEY DE AMPARO.? (la transcribe). Al caso, tiene aplicaci�n la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, n�mero 494, publicada en el Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?REINSTALACI�N DEL TRABAJADOR. SUSPENSI�N CONTRA LA.? (la transcribe). Tambi�n es aplicable la tesis aislada, emitida por la entonces C.S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Tomo LXXXII, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?SUSPENSI�N EN MATERIA DE TRABAJO.? (la transcribe).

En otro aspecto, debe se�alarse que este tribunal se aparta del criterio sustentado en las tesis de jurisprudencia 654, emitida con anterioridad al a�o de mil novecientos ochenta y ocho por la entonces C.S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 531, Quinta �poca, Tomo V, Materia de Trabajo, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, del tenor siguiente: ?TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CONTRA SU REINSTALACI�N PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSI�N A LAS DEPENDENCIAS BUROCR�TICAS.? (la transcribe). Lo anterior porque si bien es verdad que el art�culo 192 de la Ley de Amparo, dispone que la jurisprudencia sustentada por el Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, es obligatoria para los Tribunales Colegiados de Circuito, cierto es tambi�n que el art�culo sexto transitorio del decreto mediante el cual se reform� la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de fecha once de enero de mil novecientos ochenta y ocho, vigente a partir del d�a siguiente, precept�a: ?Sexto. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia hasta la fecha en que entren en vigor las reformas y adiciones que contiene el presente decreto, en las materias cuyo conocimiento corresponda a los Tribunales Colegiados del Circuito de acuerdo a las propias reformas, podr� ser interrumpida y modificada por los propios Tribunales Colegiados de Circuito.?. Con apoyo en ese dispositivo legal, teniendo en cuenta que dicho criterio fue emitido en el a�o de mil novecientos cuarenta y tres, este Tribunal Colegiado considera que debe ser interrumpido por las razones que enseguidase expondr�n. El texto actual del art�culo 174 de la Ley de Amparo, que se refiere a los requisitos que deben observar los presidentes de los tribunales del trabajo para conceder la suspensi�n del acto reclamado cuando act�an como auxiliares de la Justicia Federal, en materia de amparo directo, no es id�ntico al que estuvo en vigor en la �poca en que surgi� la tesis de que se habla, ya que el texto anterior del invocado precepto hac�a referencia �nicamente a los presidentes de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, mientras que el vigente en la actualidad abarca a los presidentes de los tribunales del trabajo, esto es tanto a los de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje como al del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje y a los de sus Salas. En efecto, el art�culo 174 de la Ley de Amparo vigente antes del cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, establec�a: ?Art�culo 174. Trat�ndose de laudos de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, la suspensi�n se conceder� en los casos en que, a juicio del presidente de la Junta respectiva, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales s�lo se suspender� la ejecuci�n en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. La suspensi�n surtir� efectos si se otorga cauci�n en los mismos t�rminos del art�culo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado.?. El actual art�culo 174 vigente a partir de mil novecientos ochenta y ocho, establece: ?Art�culo 174. Trat�ndose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensi�n se conceder� en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales s�lo se suspender� la ejecuci�n en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. La suspensi�n surtir� efectos si se otorga cauci�n en los mismos t�rminos del art�culo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado.?. Conforme a ello, actualmente el art�culo 174 de la Ley de Amparo, obliga al presidente del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje y a los de sus Salas a cuidar que al conceder la suspensi�n contra la ejecuci�n de un laudo en el que se haya condenado a reinstalar o indemnizar al trabajador, no se ponga a �ste en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo. Adem�s, del texto de la jurisprudencia de que se trata se advierte que la raz�n esencial que se atendi� para sostener el criterio ah� contenido consisti� en que las dependencias burocr�ticas son solventes para poder responder de todas las obligaciones que les resulten en el juicio laboral; sin embargo, tal raz�n actualmente s�lo puede estar referida a la parte del laudo que impone una condena de �ndole econ�mica, ya que es evidente que la solvencia de las dependencias gubernamentales s�lo puede relacionarse con una condena de tal naturaleza; por tanto, nada tiene que ver con la obligaci�n de asegurar la subsistencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de amparo, deber que impone al presidente del Tribunal del Trabajo respectivo el citado art�culo 174; aseguramiento que puede lograrse a trav�s de la negativa de la suspensi�n para que el laudo se ejecute inmediatamente en la parte que condena a la reinstalaci�n. De otro modo dicho, la entonces C.S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia 654, publicada en el Tomo V, Materia de Trabajo, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, visible en la p�gina 531, cuyo t�tulo es: ?TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CONTRA SU REINSTALACI�N PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSI�N A LAS DEPENDENCIAS BUROCR�TICAS.?, sostuvo que contra los laudos del Tribunal de Arbitraje que condenan a reinstalar en su empleo a trabajadores del Estado, procede otorgar la suspensi�n, sin fianza, a las dependencias burocr�ticas, porque debe conceptu�rseles solventes para responder de las obligaciones que les resulten. Ahora bien, este Tribunal Colegiado, con fundamento en lo previsto en el art�culo sexto transitorio del decreto mediante el cual se reform� la invocada Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el once de enero de mil novecientos ochenta y ocho, considera que dicho criterio jurisprudencial debe interrumpirse en virtud de que se emiti� en la �poca en que el art�culo 174 de la Ley de Amparo s�lo se refer�a a la obligaci�n de asegurar la subsistencia del trabajador, trat�ndose de laudos dictados por las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, esto es, impon�a ese deber a los presidentes de esos �rganos; sin embargo, el texto actual del citado art�culo 174 se refiere a los presidentes de los tribunales de trabajo, esto es, comprende tanto a los presidentes de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, al del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje y a los de sus Salas. Adem�s, la raz�n en que se sustenta la jurisprudencia de que se habla para sostener que proced�a la suspensi�n contra la reinstalaci�n, consisti� en que las dependencias burocr�ticas son solventes para poder responder de todas las obligaciones que les resultan en un juicio laboral; raz�n que si bien tiene trascendencia en lo que concierne a la condena de �ndole econ�mica, respecto de la cual es importante la solvencia de quien result� condenado, no es atendible para cumplir la obligaci�n que impone el precepto de asegurar la subsistencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de amparo, siendo la negativa de la suspensi�n contra la reinstalaci�n, que permite que el laudo se ejecute inmediatamente para reponer al trabajador en su empleo, la mejor manera de asegurar las varias veces mencionada subsistencia. Por consiguiente, resulta innecesario el estudio del restante agravio que hace valer el recurrente, relativo a la omisi�n de la autoridad responsable para garantizar la subsistencia del trabajador depositando a favor una cantidad suficiente que le permita subsistir durante la tramitaci�n del juicio de garant�as ya que, de acuerdo con lo expuesto, en el caso la subsistencia aludida debe asegurarse a trav�s de la negativa de la suspensi�n contra la condena a reinstalar. Con base en las razones expresadas procede declarar fundado el recurso de queja.

La anterior ejecutoria sustent� la siguiente tesis:

"Novena �poca

"Instancia: D�cimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XXIV, julio de 2006

"Tesis: I.15o.T.12 L

"P�gina: 1379

"SUSPENSI�N CONTRA LA REINSTALACI�N DE UN TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO. CON FUNDAMENTO EN EL ART�CULO 174 DE LA LEY DE AMPARO PROCEDE NEGARLA PARA ASEGURAR SU SUBSISTENCIA (INTERRUPCI�N DE LA JURISPRUDENCIA 654 PUBLICADA EN EL AP�NDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACI�N 1917-2000, TOMO V, MATERIA DEL TRABAJO, P�GINA 531). La entonces C.S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la citada jurisprudencia 654, de rubro ?TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CONTRA SU REINSTALACI�N PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSI�N A LAS DEPENDENCIAS BUROCR�TICAS.?, sostuvo que contra los laudos del tribunal de arbitraje que condenan a reinstalar en su empleo a trabajadores del Estado, procede otorgar la suspensi�n, sin fianza, a las dependencias burocr�ticas, porque debe conceptu�rseles solventes para responder de las obligaciones que les resulten. Ahora bien, este Tribunal Colegiado, con fundamento en el art�culo sexto transitorio del decreto mediante el cual se reform� la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, y republicado el once de ese propio mes y a�o, considera que dicho criterio jurisprudencial debe interrumpirse, en virtud de que se emiti� en la �poca en que el art�culo 174 de la invocada ley s�lo se refer�a a la obligaci�n de asegurar la subsistencia del trabajador trat�ndose de laudos dictados por las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, es decir, impon�a ese deber a los presidentes de esos �rganos; sin embargo, el texto actual de ese art�culo se refiere a los presidentes de los tribunales de trabajo, esto es, comprende a los presidentes de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje y a los de sus Salas. Adem�s, la raz�n en que se sustenta la mencionada jurisprudencia para sostener que proced�a la suspensi�n contra la reinstalaci�n, consisti� en que las dependencias burocr�ticas son solventes para responder de las obligaciones derivadas de un juicio laboral; raz�n que si bien tiene trascendencia en lo que concierne a la condena de �ndole econ�mica, respecto de la cual es importante la solvencia de quien result� condenado, es inatendible para cumplir con la obligaci�n que impone el aludido precepto de asegurar la subsistencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de amparo, objetivo que se logra de mejor manera a trav�s de la negativa de la suspensi�n contra la reinstalaci�n, que permite que el laudo se ejecute inmediatamente para reponer al trabajador en su empleo."

CUARTO

Para determinar si existe o no la contradicci�n de tesis denunciada, resulta conveniente sintetizar las consideraciones que informan las ejecutorias antes transcritas.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito sostiene que aun cuando en el laudo condenatorio se haya declarado procedente la reinstalaci�n por estimar que ocurri� un despido injustificado, dada la gravedad y entidad de las conductas atribuidas al trabajador, procede la suspensi�n contra dicha decisi�n porque al inter�s personal del trabajador se sobrepone un inter�s que se considera de mayor importancia, como lo es el que tiene la sociedad de que se cumpla correctamente con el servicio p�blico que se presta, el cual necesariamente debe cumplirse porque, de lo contrario, se afectar�a gravemente el inter�s social; adem�s, dicha suspensi�n debe concederse sin necesidad de que se otorgue fianza, porque en este caso rige el inter�s de la sociedad de que los fondos p�blicos se destinen a cubrir los salarios de los trabajadores que realmente desempe�en sus funciones que impera sobre el inter�s particular del servidor p�blico.

Refiere adem�s dicho �rgano jurisdiccional que el art�culo 174 de la Ley de Amparo, antes de las reformas que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho dicho numeral dec�a: "Art�culo 174. Trat�ndose de laudos de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, la suspensi�n se conceder� en los caos en que, a juicio del presidente de la Junta respectivas, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, ..." y que con motivo de las reformas aludidas el primer p�rrafo antes se�alado qued� as�: "Art�culo 174. Trat�ndose de laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo ...", lo cual si bien podr�a llevar a suponer que el legislador tuvo como prop�sito equiparar la situaci�n de los trabajadores al servicio del Estado, con los de la iniciativa privada, por lo que se refiere a los principios que regulan la suspensi�n de la ejecuci�n de un laudo, atendiendo al proceso legislativo que origin� esas reformas se advierte que la modificaci�n aludida s�lo se propici� para incluir como actos susceptibles de suspenderse no a las resoluciones que ponen fin al juicio, los cuales anteriormente no se mencionaban, pero que hab�rseles incorporado al texto del art�culo 174 de la Ley de Amparo, hac�an coincidir a �sta con las reformas constitucionales realizadas a esa �poca.

Por su parte, el D�cimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en el tema materia de la contradicci�n estim� que el presidente de la Junta laboral, actu� conforme al art�culo 174 de la Ley de Amparo, pero de acuerdo con su texto anterior a la reforma de cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, que entonces s�lo era aplicable trat�ndose de laudos dictados por las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje que resolv�an conflictos con motivo de las relaciones de trabajo comprendidas en el apartado A del art�culo 123 constitucional situaci�n que ya no fue sostenible con las mencionadas reformas, pues, a partir de ellas, lo previsto en el citado numeral es aplicable tanto para trabajadores del apartado A como del apartado B del art�culo 123 constitucional ya que desde entonces contempla todos los laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales de trabajo, incluy�ndose en �stos tanto los pronunciados por las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje como por los tribunales burocr�ticos.

C.� entonces que si el presidente de la Sala responsable concedi� la suspensi�n por lo que respecta a la acci�n de reinstalaci�n, es evidente que no actu� conforme al vigente art�culo 174 de la Ley de Amparo, pues no tom� en cuenta que con la concesi�n de la medida suspensiva se pone al trabajador en peligro de no poder subsistir mientras se tramita el juicio de amparo, ya que al suspenderse dicha ejecuci�n no podr�a ser reintegrado a su empleo durante el juicio de garant�as y, por ende, no trabajar�a ni percibir�a sueldo por lo cual estar�a en peligro su sostenimiento, motivo por el cual proced�a negar la suspensi�n contra la condena a reinstalar.

Deriva de lo anterior que s� existe la contradicci�n de tesis entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito y el D�cimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en virtud de que ambos llegaron a conclusiones diversas respecto de una misma cuesti�n jur�dica, a saber, si la suspensi�n de la ejecuci�n de un laudo que ordena la reinstalaci�n de un servidor p�blico, debe concederse o negarse en t�rminos del art�culo 174 de la Ley de Amparo.

Cabe destacar que para estimar existente la contradicci�n de criterios jur�dicos, de conformidad con lo previsto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, deben concurrir los siguientes supuestos:

  1. Que exista oposici�n de criterios jur�dicos respecto de cuestiones jur�dicas esencialmente iguales;

  2. Que tal oposici�n de criterios surja entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Los anteriores requisitos han sido precisados en la jurisprudencia P./J. 26/2001 sustentada por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., abril de 2001, p�gina 76, que dice:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Ahora bien, los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en esta contradicci�n de tesis, en las consideraciones de sus ejecutorias arribaron a conclusiones diversas respecto de una misma cuesti�n jur�dica, pues mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito estim� que proced�a conceder la suspensi�n contra un laudo que conden� a la reinstalaci�n de un servidor p�blico, mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por el patr�n, el D�cimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostuvo que no procede la medida cautelar contra el laudo que condena a la reinstalaci�n del servidor p�blico, toda vez que se le pone en peligro de no poder subsistir mientras se tramita el juicio de amparo.

Tales criterios divergentes provienen del examen de los mismos elementos, en raz�n de que ambos Tribunales Colegiados de Circuito al emitir sus fallos analizaron casos semejantes, en los que se cuestion� si debe o no suspenderse la ejecuci�n de un laudo que orden� la reinstalaci�n de un empleado p�blico, en t�rminos del art�culo 174 de la Ley de Amparo de modo que s� se acreditan los supuestos que se requieren para estimar existente una contradicci�n de tesis.

Por tanto, el punto central de la contradicci�n de criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito y el D�cimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consiste en determinar si son aplicables a los trabajadores del Estado las reglas que sobre la suspensi�n del acto reclamado se encuentran en el art�culo 174 de la Ley de Amparo, respecto de la subsistencia de los trabajadores, dado que podr�a estimarse que debe prevalecer el inter�s p�blico frente al inter�s del trabajador o si, en todo caso, debe asegurase la subsistencia del trabajador, en t�rminos de dicho precepto legal y, en consecuencia, si es o no procedente la suspensi�n de la ejecuci�n del laudo en lo que se refiere a la reinstalaci�n, como medida para asegurar la subsistencia de que se habla.

QUINTO

Determinada la existencia de la contradicci�n de tesis denunciada, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que el criterio que debe prevalecer es el que sustenta la presente resoluci�n.

Los criterios jur�dicos divergentes se fundan en la interpretaci�n al art�culo 174 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

"Art�culo 174. Trat�ndose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensi�n se conceder� en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales s�lo se suspender� la ejecuci�n en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

"La suspensi�n surtir� efectos si se otorga cauci�n en los mismos t�rminos del art�culo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado."

Esta disposici�n legal establece un mecanismo para la concesi�n de la suspensi�n en contra de la ejecuci�n de laudos, el cual atiende a la naturaleza del acto reclamado y a los efectos individuales y sociales que con ella puedan provocarse.

En tal virtud, trat�ndose de sentencias definitivas dictadas a favor de trabajadores al servicio del Estado, la suspensi�n de la ejecuci�n del laudo reclamado siempre podr� concederse en cuanto exceda de lo necesario para asegurar la subsistencia de la parte obrera, pues dicha situaci�n no ocasiona perjuicios al inter�s general, ya que no incide en la atenci�n de los servicios p�blicos que corresponden al Estado, sino que se refiere a una cuesti�n que, en todo caso, afectar�a exclusivamente al patrimonio del organismo o dependencia respectiva, m�s no al inter�s general.

Consecuentemente, para su concesi�n no tiene aplicaci�n la regla especial contenida en el art�culo 175 de la Ley de Amparo, el cualestablece que "Cuando la ejecuci�n o la inejecuci�n del acto reclamado pueda ocasionar perjuicios al inter�s general, la suspensi�n se conceder� o negar� atendiendo a no causar esos perjuicios. ..."; sino la especial contenida en el diverso art�culo 174 citado, debido a que la ejecuci�n parcial del laudo no ocasiona perjuicios a la sociedad; am�n que de concederse la suspensi�n en su totalidad se estar�a haciendo una distinci�n entre empleados privados y p�blicos, protegiendo �nicamente a los primeros, lo que atentar�a contra el fin que estableci� el legislador, que es evitar los graves perjuicios que con la medida suspensional se pudieran ocasionar a la familia obrera, poni�ndola en trance de no poder subsistir mientras el juicio de amparo fuese resuelto en definitiva.

Al respecto, conviene precisar que la negativa de la suspensi�n de la ejecuci�n del laudo que permita la subsistencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de amparo, constituye una de las reglas protectoras de los trabajadores que en atenci�n a la naturaleza del acto reclamado, toma en cuenta la repercusi�n que puede tener el no ejecutar de inmediato un acto que beneficia a un integrante de la clase trabajadora.

Es por ello que el legislador estableci� un mecanismo especial para la suspensi�n de la ejecuci�n de un laudo que beneficia a la parte obrera, el cual data de la expedici�n de la actual Ley de Amparo, promulgada el treinta de diciembre de mil novecientos treinta y cinco y publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federaci�n, de cuya exposici�n de motivos resulta relevante lo siguiente:

"... Pero no obstante que se instituya el amparo directo contra esos laudos, la resoluci�n de los conflictos de trabajo, se ver�a gravemente estorbada si, llevando la equiparaci�n al m�ximo, no establecieran reglas adecuadas para conceder la suspensi�n y se adoptara estrechamente el sistema de las fracciones V y VI del propio art�culo 107 constitucional, dado que ello resultar�a antit�tico contra el car�cter que distingue el llamado derecho industrial, cuya materia no es en modo alguno estrictamente privada y patrimonial, sino que afecta cuestiones que tienen el m�s alto inter�s para la colectividad, y por ello la ejecuci�n de las resoluciones dada a los conflictos o diferencias de trabajo no puede quedar sujeta a las mismas reglas, por lo dem�s tambi�n diferentes entre s�, que la ejecuci�n de las sentencias de car�cter penal o civil en materia de suspensi�n del acto reclamado."

"Por eso la reglamentaci�n de la suspensi�n fue motivo en el proyecto de Ley de Amparo de un cuidadoso estudio, efectuado con el prop�sito de construir un sistema que evitara, por una parte, los graves perjuicios que la suspensi�n podr�a ocasionar a la familia obrera, poni�ndola en trance de no poder subsistir mientras el juicio de amparo fuese en definitiva resuelto y, por la otra parte, las repercusiones que en perjuicio del inter�s de la colectividad pudiera engendrar tal situaci�n, aparte de los perjuicios que directamente le ocasionase el hecho de concederse o negarse la suspensi�n, aun cuando con ella no se causaran ningunos (sic) graves a los trabajadores o a sus dependientes econ�micos. Y as�, el sistema qued� concretado en las prevenciones de los art�culos 174 y 175, que aqu� se reproducen textualmente:

"?Art�culo 174. Trat�ndose de laudos de las juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, la suspensi�n se conceder� en los casos en que, a juicio del presidente de la Junta respectiva, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales s�lo se suspender� la ejecuci�n en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

"?La suspensi�n surtir� sus efectos si se otorga cauci�n en los mismos t�rminos del art�culo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado.?

"?Art�culo 175. Cuando la ejecuci�n o la inejecuci�n del acto reclamado pueda ocasionar perjuicios al inter�s general, la suspensi�n se conceder� o negar� atendiendo a no causar esos perjuicios.

"?En estos casos las suspensi�n surtir� sus efectos sin necesidad de que se otorgue fianza.?."

De lo anterior se advierte que al establecer el mecanismo y los requisitos para el otorgamiento de la suspensi�n de un laudo que beneficia a la parte obrera, el legislador estim� que la ejecuci�n de ese tipo de resoluciones no deb�a regirse por las reglas generales previstas para tal medida cautelar, toda vez que el llamado derecho laboral, afecta cuestiones que tienen el m�s alto inter�s para la colectividad y, por tanto, era necesario construir un sistema que evitara "... los graves perjuicios que la suspensi�n podr�a ocasionar a la familia obrera, poni�ndola en trance de no poder subsistir mientras dura el juicio de amparo".

De lo expuesto se deduce que la suspensi�n de la ejecuci�n de un laudo favorable al trabajador se rige por un mecanismo que contiene tanto principios generales como principios espec�ficos que deben tomarse en cuenta para conceder la suspensi�n de la ejecuci�n del laudo, ya sea por el monto total de las condenas cuando el trabajador no se encuentra en peligro de subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, condicionados los efectos de la medida al otorgamiento de la cauci�n correspondiente, o bien, en forma parcial cuando sea necesario asegurar la subsistencia del obrero, en cuyo caso debe negarse la suspensi�n por el monto estimado que le permita subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, como sucede en el caso de la condena de reinstalaci�n, pues en este supuesto la negativa de la medida cautelar tendr�a por efecto que se ejecutara el laudo en esa parte.

Ahora bien, en los casos que sea procedente asegurar la subsistencia del trabajador, mediante la negativa de la suspensi�n en los t�rminos ya precisados, el art�culo 174 de la Ley de Amparo no hace distinci�n alguna respecto de la naturaleza de las condenas que puedan dar lugar a seguir esa regla espec�fica; sin embargo, la imprecisi�n de la norma no conduce a establecer que basta la existencia de un laudo condenatorio para negar al patr�n la suspensi�n de la ejecuci�n parcial si el obrero est� en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio constitucional, dado que el objeto de la medida cautelar no es constituir prerrogativas a favor de los gobernados, sino tan s�lo conservar o salvaguardar sus derechos.

A partir de tales premisas debe considerarse que la C.S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, durante la Quinta �poca, al resolver los incidentes de suspensi�n que se derivan de los juicios de garant�as instaurados con motivo de la aplicaci�n del Estatuto Jur�dico y de las resoluciones del Tribunal de Arbitraje hab�a establecido que el inter�s general y el orden p�blico radican en el desarrollo normal de las actividades encomendadas al Estado, en su calidad de funciones de servicio p�blico, las que se realizan por conducto de diversos servidores p�blicos que forman la administraci�n p�blica; de tal suerte que cuando est� a discusi�n el inter�s particular de alguna de esas personas, en lo que a ella respecta, debe conceptuarse que se trata de un inter�s puramente patrimonial, que de ninguna manera puede estimarse de mayor entidad que el del conglomerado social, al que importa que tales servicios se cumplan debidamente.(1)

Lo anterior guarda relaci�n con la diversa tesis sustentada tambi�n por la entonces C.S., en donde se sostuvo que no debe distinguirse, entre trabajadores de los sectores privado y p�blico y que el art�culo 174 debe aplicarse siempre que sea posible, en los siguientes t�rminos:

"SUSPENSI�N EN MATERIA DE TRABAJO. La procedencia de la suspensi�n en materia laboral, s�lo debe analizarse a trav�s de lo dispuesto por el art�culo 174 de la Ley de Amparo, disposici�n que en ning�n caso puede pasarse por alto, cuando sea posible su aplicaci�n; y tal disposici�n legal no autoriza que para resolver sobre la suspensi�n, se reciban otras pruebas que las ya existentes, cuando debe dictarse lo que sobre tal suspensi�n proceda, y son las que deben normar la facultad discrecional del presidente de la Junta. Adem�s, debiendo resolverse sobre la suspensi�n dentro del t�rmino improrrogable que la ley establece y de plano, t�rmino que en forma imperativa precisa el art�culo 173 de la misma Ley de Amparo, en su p�rrafo final, cuya disposici�n resulta aplicable extensivamente a los conflictos laborales, no es pertinente ofrecer ni recibir pruebas que requieran m�s tiempo que aquel en que el incidente debe quedar resuelto." (Quinta �poca, C.S., Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo CV, p�gina 1372).

En el mismo sentido resulta tambi�n aplicable la diversa tesis que a continuaci�n se transcribe, no obstante que se refiera a salarios ca�dos, pues �sta es una condena accesoria a la indemnizaci�n o reinstalaci�n, pero que igualmente garantiza la subsistencia del obrero:

"SALARIOS CA�DOS A TRABAJADORES DEL ESTADO, NO PROCEDE LA SUSPENSI�N CONTRA EL PAGO DE SEIS MESES. Es infundada la queja interpuesta contra la interlocutoria que neg� la suspensi�n por seis meses de salarios, tiempo suficiente que ha sido considerado por este Alto Tribunal, para resolver los juicios de amparo; pues la suspensi�n, trat�ndose de laudos dictados por el Tribunal de Arbitraje, debe regirse por el art�culo 174 de la Ley de Amparo, y como por una parte, de acuerdo con este precepto, la autoridad que tramita la suspensi�n, para conceder �sta, deber� cuidar de que no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir, y por otra, se ha venido considerando que la tramitaci�n de los amparos que se interponen contra los laudos dura seis meses, es claro que por este t�rmino debe negarse la medida. Por tanto, es correcta la resoluci�n del Tribunal de Arbitraje que neg� la suspensi�n al titular de una oficina, por seis meses de salarios, y la concedi� por los que excedieran de esos seis meses, en el amparo interpuesto contra el laudo que conden� al mismo titular quejoso, a pagar los salarios que hab�a dejado de percibir el trabajador del Estado; y aun suponiendo que el susodicho titular quejoso no pudiera recuperar los seis meses de sueldo para los que se neg� la suspensi�n, quedar�a por resolver en el amparo si el trabajador del Estado ten�a o no derecho para recibir los meses restantes y, por tanto, no puede decirse que al negarse la suspensi�n por seis meses, el amparo queda sin materia." (Quinta �poca, C.S., Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo C, p�gina 1050).

No pasa inadvertido para esta Segunda Sala que tambi�n existen criterios remotos de la misma C.S. en los que defini� que no debe suspenderse la reinstalaci�n, como se aprecia de la siguiente transcripci�n:

"SUSPENSI�N EN MATERIA DE TRABAJO. El art�culo 174 de la Ley de Amparo, previene que trat�ndose de los laudos de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, la suspensi�n se conceder� en los casos en que, a juicio del presidente de la Junta responsable, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir, mientras se resuelve el juicio de amparo, casos en los cuales s�lo se suspender� la ejecuci�n, en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Ahora bien, la C.S. de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido, que no existe mejor manera de garantizar esa subsistencia, que reintegrar al trabajador en su trabajo; por lo que si en un laudo se conden� al patrono a esa reinstalaci�n y al pago de salarios devengados, y la suspensi�n se neg� contra dicha reinstalaci�n, procede concederla por lo que toca al pago de los salarios, previa fianza que se otorgue en los t�rminos del art�culo 173 de la ley citada, ya que en tales condiciones, queda asegurada la subsistencia del trabajador." (Quinta �poca, C.S., Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo LXXIII, p�gina 6740).

Sin embargo, ya desde aquella �poca los criterios al respecto no eran uniformes, sino fluctuantes, como se advierte de esta otra tesis:

"SUSPENSI�N EN MATERIA DE TRABAJO. Para conceder la suspensi�n en el amparo que contra la ejecuci�n de un laudo pida el patrono demandado, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el art�culo 174 de la Ley de Amparo, que establece que: ?Trat�ndose de laudos de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, la suspensi�n se conceder� en los casos en que, a juicio del presidente de la Junta respectiva, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo, en los cuales s�lo se suspender� la ejecuci�n, en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia?, por lo que de acuerdo con el criterio establecido por la anterior disposici�n debe negarse la suspensi�n, �nicamente en relaci�n con la cantidad equivalente al importe de los salarios, por el tiempo transcurrido desde la fecha en que se dict� el auto de suspensi�n, y calculando lo que faltara para que el juicio de amparo se resuelva, y por lo que toca a la cantidad excedente, la suspensi�n deber� concederse previa fianza." (Quinta �poca, C.S., Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo LIII, p�gina 443).

No obstante, este �ltimo criterio es el que ha subsistido en virtud de que en los precedentes recientes de este Alto Tribunal se advierte que en todos ellos se establece como referente un n�mero determinado de meses de salario para asegurar la subsistencia del trabajador, sin que alguno de ellos contemple a la reinstalaci�n como requisito de efectividad para otorgar la medida suspensional, tal como se aprecia de las jurisprudencias siguientes:

"SUSPENSI�N EN MATERIA DE TRABAJO. EL DINERO QUE EL PATR�N ENTREGA AL TRABAJADOR PARA ASEGURAR SU SUBSISTENCIA, CON MOTIVO DE LA SUSPENSI�N DE LA EJECUCI�N DEL LAUDO RECLAMADO, FORMA PARTE DE LA CONDENA Y, LLEGADO EL CASO, DEBE DEDUCIRSE DEL PAGO TOTAL. La cantidad de dinero que el trabajador actor recibe del demandado con el fin de asegurar su subsistencia mientras se resuelve el juicio de garant�as promovido en contra del laudo condenatorio, forma parte de las prestaciones de condena, habida cuenta de que fue entregada al actor al haberse negado parcialmente la suspensi�n de la ejecuci�n del laudo, en t�rminos del art�culo 174 de la Ley de Amparo, esto es, en esa parte se ejecuta el mencionado laudo. En esas condiciones, resulta procedente que si se niega el amparo, en el incidente de liquidaci�n respectivo se deduzca dicha cantidad de dinero del importe total de las mencionadas prestaciones laborales." (Octava �poca, C.S., Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, N�mero 58, octubre de 1992, tesis 4a./J. 24/92, p�gina 24).

"SUSPENSI�N DE LA EJECUCI�N DEL LAUDO RECLAMADO. INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 174 DE LA LEY DE AMPARO EN LA. Conforme al art�culo 174 de la Ley de Amparo, en correlaci�n con la jurisprudencia de esta C.S. publicada en la p�gina 3035 del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que obra bajo el rubro: ?SUSPENSI�N EN MATERIA DE TRABAJO.?, la suspensi�n se conceder� en los casos en que a juicio del presidente del tribunal del trabajo, no se ponga al trabajador en peligro de no poder subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo, que se estima es susceptible de ocurrir en el t�rmino de seis meses, por lo que a contrario sensu, si dicho funcionario considera que la parte obrera est� en peligro de no poder subsistir, la suspensi�n es improcedente hasta por el importe de seis meses de su salario, procediendo ordenarse la ejecuci�n inmediata del laudo en esa parte. De lo que se sigue que el presidente del tribunal laboral no est� facultado para condicionar el otorgamiento de la suspensi�n en cuanto exceda de lo necesario para garantizar la subsistencia del trabajador, a que el patr�n pague los seis meses de salario, pues de considerarlo as� implicar�a una doble obligaci�n a cargo de �ste, lo que incuestionablemente resulta antijur�dico, puesto que ello no est� previsto en el art�culo 174 de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia 4a./J. 6/94 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, C.S., N�mero 75, marzo de 1994, p�gina 23).

"SUSPENSI�N DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL C�LCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANT�AS PARA EFECTOS DEL ART�CULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES. Este precepto establece que trat�ndose de laudos, la suspensi�n se conceder� cuando a juicio de la responsable no se ponga a la parte obrera en peligro de insubsistencia mientras se resuelva el juicio de amparo. Para calcular el tiempo de la duraci�n del juicio, la mencionada disposici�n otorga a la responsable una facultad discrecional, en cuanto deja a su apreciaci�n, que conforme al art�culo 16 constitucional debe fundar y motivar los distintos aspectos de la cuesti�n como la dificultad jur�dica del asunto, la complejidad de los temas involucrados, el n�mero de las partes interesadas, el monto del salario probado, el lugar donde se decreta la suspensi�n y, en general, las cargas de trabajo del Tribunal Colegiado del Circuito de que se trate. Consecuentemente, la autoridad laboral facultada para conceder la medida cautelar, no necesariamente debe atenerse a la tesis jurisprudencial que fija en seis meses la duraci�n probable del juicio de garant�as, porque este c�lculo, como otros que tambi�n ha establecido esta Suprema Corte, fue correcto en su momento, pero no es de inexcusable acatamiento en la actualidad." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.I., noviembre de 1995, tesis 2a./J. 12/95, p�gina 291).

"SUSPENSI�N DE UN LAUDO QUE EN FORMA L�QUIDA O DE F�CIL LIQUIDACI�N CONDENA AL PATR�N. INTERPRETACI�N DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ART�CULO 174 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la interpretaci�n literal, causal y teleol�gica de lo dispuesto en el citado precepto legal, el sistema que rige la suspensi�n de los laudos favorables a los trabajadores constituye un r�gimen que incorpora principios que tienden a ser tutelares de �stos, as� como otros de aplicaci�n general a todo juicio de garant�as. En ese contexto, si en una demanda de amparo directo se controvierte un laudo favorable al trabajador que establece una condena l�quida o de f�cil liquidaci�n, y el patr�n solicita la suspensi�n de su ejecuci�n, para resolver sobre ello, el presidente de la respectiva Junta de Conciliaci�n y Arbitraje debe, indefectiblemente, negar la suspensi�n de la ejecuci�n del laudo por el monto necesario para que el trabajador subsista mientras se resuelve el juicio de garant�as, con arreglo al criterio que establece la jurisprudencia 12/95 de esta Segunda Sala, que lleva por rubro: ?SUSPENSI�N DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL C�LCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANT�AS PARA EFECTOS DEL ART�CULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES.?. Por otra parte, debe conceder la suspensi�n respecto de la ejecuci�n de la condena restante, condicionando sus efectos al otorgamiento de la cauci�n que sea bastante para responder de los da�os y perjuicios que con ella se puedan causar al trabajador. La citada cauci�n comprender� dos partidas, a saber: a) La primera, cuya estimaci�n queda al prudente arbitrio de la autoridad mencionada, que responda por los da�os que con tal medida se puedan causar a la parte obrera, es decir, a la p�rdida o menoscabo que jur�dicamente acarrea a esta �ltima no disponer, mientras se resuelve el juicio de amparo, de la suma que le corresponde conforme al laudo, tomando en cuenta que como la suspensi�n obra �nicamente sobre la ejecuci�n de este �ltimo, no afecta su validez, no lo socava ni trasciende a su existencia o a la posibilidad jur�dica de que lo determinadoen �l llegue a concretarse, de donde se sigue que esta partida debe ser inferior al importe de la condena, puesto que solamente tiende a resarcir el da�o o menoscabo de su poder adquisitivo por el diferimiento de su pago hasta que se resuelva el amparo; y b) La segunda partida, relativa a los perjuicios que la medida cautelar pueda provocar, que garantice la privaci�n de las ganancias l�citas que obtendr�a el trabajador de tener bajo su dominio, durante el citado lapso, la respectiva prestaci�n pecuniaria, suma equivalente al rendimiento que en el mismo lapso producir�a tal prestaci�n, conforme a una tasa de inter�s que refleje el valor del dinero, como puede ser la ?Tasa de Inter�s Interbancaria de Equilibrio? o alg�n otro indicador similar que, por su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, genere certeza a las partes y a la mencionada autoridad responsable." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XI, mayo de 2000, tesis 2a./J. 40/2000, p�gina 262).

"SUSPENSI�N EN AMPARO EN MATERIA LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO QUE SEA NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR DURANTE LA TRAMITACI�N DE CADA UNO DE LOS JUICIOS DE GARANT�AS PROMOVIDOS POR EL PATR�N EN CONTRA DE LAUDOS SUCESIVOS QUE BENEFICIAN A AQU�L.-Si se toma en consideraci�n que la cantidad respecto de la cual el presidente del tribunal de trabajo responsable niega la suspensi�n del laudo, asegura la subsistencia del trabajador �nicamente durante el periodo en que se tramita y se resuelve el juicio de amparo dentro del cual se decreta, resulta que es jur�dicamente imposible estimar que la subsistencia del trabajador se encuentra asegurada con la cantidad que el patr�n le entreg� para tal efecto al solicitar la suspensi�n del laudo en un juicio de garant�as anterior en el que obtuvo sentencia favorable y que motiv� la emisi�n del nuevo laudo impugnado, pues de la recta interpretaci�n de lo dispuesto en los art�culos constitucionales y legales que regulan la instituci�n de la suspensi�n del acto reclamado a trav�s del juicio de amparo directo en materia laboral y de los diversos criterios que sobre el particular ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se desprende que el art�culo 174 de la Ley de Amparo impone al presidente del tribunal de trabajo responsable el deber jur�dico de negar la suspensi�n de la ejecuci�n de un laudo que beneficia a la parte obrera por el monto que estime necesario para su subsistencia durante la tramitaci�n y resoluci�n del juicio de garant�as respectivo, sin establecer excepciones o condicionantes a dicho deber, de lo que se concluye que tal subsistencia, inexcusablemente, debe asegurarse durante la tramitaci�n de todos y cada uno de los juicios de amparo que el patr�n promueva en contra de los laudos sucesivos que benefician a aqu�l, sin que sea �bice a lo anterior el hecho de que el nuevo laudo impugnado se haya emitido en cumplimiento de una sentencia de amparo dictada en un anterior juicio de garant�as." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., junio de 2001, tesis 2a./J. 21/2001, p�gina 293).

De estos criterios jurisprudenciales se colige que la suspensi�n de la ejecuci�n de un laudo favorable al trabajador, puede otorgarse si a juicio del presidente del �rgano jurisdiccional responsable que conozca del juicio laboral, no se pone al trabajador en peligro de subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo.

En cambio, si se estima que la subsistencia del trabajador est� en peligro, debe atenderse a las reiteradas consideraciones que al efecto ha sustentado esta Segunda Sala, de las cuales se transcriben las siguientes derivadas de la ejecutoria dictada en la contradicci�n de tesis 90/2000-SS, resuelta el veinticinco de mayo de dos mil uno, por unanimidad de cuatro votos, dada la ausencia del se�or Ministro Juan D�az R.:

"En raz�n de lo anterior, en el art�culo 174 de la Ley de Amparo, se estableci� que dicha medida cautelar es procedente �nicamente respecto del monto que, a juicio del presidente del tribunal de trabajo responsable, excede de lo necesario para la supervivencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de garant�as de que se trata, con lo que se deja a criterio de tal autoridad la apreciaci�n de eventualidades o contingencias que el legislador no puede saber de antemano, pero que son necesarias para decidir de manera justa y razonable sobre la suspensi�n del acto reclamado.

"Al respecto, la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido acotando la facultad discrecional que se le concede a los tribunales del trabajo para determinar tanto el periodo que dilata la resoluci�n de un juicio de amparo como el par�metro que permite conocer la cantidad monetaria necesaria para que el trabajador subsista.

"En relaci�n con la apreciaci�n que la autoridad responsable debe realizar sobre la duraci�n del juicio de amparo, el criterio vigente se encuentra plasmado en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 12/95, emitida por esta Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n, en el T.I., noviembre de 1995, en la p�gina 291, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor:

"?SUSPENSI�N DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL C�LCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANT�AS PARA EFECTOS DEL ART�CULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES.-Este precepto establece que trat�ndose de laudos, la suspensi�n se conceder� cuando a juicio de la responsable no se ponga a la parte obrera en peligro de insubsistencia mientras se resuelva el juicio de amparo. Para calcular el tiempo de la duraci�n del juicio, la mencionada disposici�n otorga a la responsable una facultad discrecional, en cuanto deja a su apreciaci�n, que conforme al art�culo 16 constitucional debe fundar y motivar los distintos aspectos de la cuesti�n como la dificultad jur�dica del asunto, la complejidad de los temas involucrados, el n�mero de las partes interesadas, el monto del salario probado, el lugar donde se decreta la suspensi�n y, en general, las cargas de trabajo del Tribunal Colegiado del Circuito de que se trate. Consecuentemente, la autoridad laboral facultada para conceder la medida cautelar, no necesariamente debe atenerse a la tesis jurisprudencial que fija en seis meses la duraci�n probable del juicio de garant�as, porque este c�lculo, como otros que tambi�n ha establecido esta Suprema Corte, fue correcto en su momento, pero no es de inexcusable acatamiento en la actualidad.?

"Por otra parte, en cuanto al par�metro que brinda certeza sobre la cantidad monetaria necesaria para que el trabajador subsista mientras dura el juicio de garant�as, este Alto Tribunal ha considerado como su fiel reflejo el salario que conforme a lo probado en autos disfrutaba aqu�l, tal como deriva de lo dispuesto en la jurisprudencia antes transcrita y en diversas jurisprudencias que con anterioridad se pronunciaron sobre el particular, como es el caso de la n�mero 253 de la otrora C.S., publicada en el p�gina 238 de la Quinta Parte, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1975, cuyo texto es del tenor siguiente:

"?SUSPENSI�N EN MATERIA DE TRABAJO.-El art�culo 174 de la Ley de Amparo establece una facultad discrecional en favor de los miembros de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, para conceder la suspensi�n de los laudos que se recurren en amparo directo, y la C.S. de la Suprema Corte ha sustentado el criterio de que la suspensi�n en materia de trabajo es improcedente hasta por el importe de seis meses de salarios, por ser �ste el t�rmino considerado como necesario para la tramitaci�n del juicio de garant�as.?

"De lo antes expuesto se colige fundamentalmente que, inexcusablemente, el presidente del tribunal de trabajo debe negar al patr�n la suspensi�n que solicita de un laudo, por el monto de la condena equivalente a la cantidad monetaria necesaria para que el trabajador subsista mientras se resuelve el respectivo juicio de amparo; y que dicha cantidad debe ser cuantificada atendiendo a dos aspectos fundamentales:

"1. El plazo estimado para la tramitaci�n del juicio de garant�as respectivo; y

"2. El salario que, de acuerdo a las constancias de autos, percib�a el trabajador con motivo del desempe�o de sus funciones."

Por otra parte, en virtud de que el art�culo 174 que se comenta no hace distinci�n alguna en cuanto a los trabajadores de la iniciativa privada y aquellos al servicio del Estado que hubiesen obtenido un laudo favorable a su pretensi�n de reinstalaci�n, los del sector p�blico tambi�n requieren de la misma protecci�n cuando han sido separados de su empleo de manera irregular -por as� haberlo declarado el �rgano jurisdiccional que les corresponde- supuesto en el cual no hay raz�n alguna para que no perciban los ingresos a los que tendr�an derecho, durante el tiempo que dure el juicio de amparo directo promovido por la entidad p�blica a la que prestaban sus servicios.

En efecto, la promoci�n del juicio de amparo directo en estos casos en los que se debate si un trabajador del Estado debe o no permanecer en el puesto que ocupaba, propicia que mientras no tenga un resultado definitivo el juicio de garant�as, dicha persona, quien figura con el car�cter de tercero perjudicada, no tenga los medios necesarios para allegarse los bienes y servicios que �l y su familia requieran para su manutenci�n durante el litigio; posici�n indudablemente diferente a la de quien le resulta el car�cter de patr�n quejoso, el cual en cambio s� cuenta con la suficiente solvencia financiera para desprenderse de parte de su patrimonio, en favor de la parte trabajadora, pues por lo que hace a las restantes prestaciones que, en su caso, hubieren igualmente prosperado, procede la suspensi�n si al efecto se cumplen los requisitos legales.

En virtud de lo anterior se arriba a las siguientes conclusiones:

  1. La aplicaci�n del art�culo 174 de la Ley de Amparo debe hacerse en todos los casos en que los que la parte trabajadora obtuvo laudo favorable y se encuentre en peligro de no poder subsistir;

  2. No debe establecerse diferencia alguna entre los trabajadores de la iniciativa privada y los trabajadores al servicio del Estado, cuya situaci�n laboral se encuentra regulada, respectivamente, por los apartados A y B del art�culo 123 constitucional; y

  3. La subsistencia del servidor p�blico debe garantizarse con la entrega que se le haga del importe equivalente del salario que le corresponder�a por el tiempo estimado de duraci�n del juicio de amparo directo, suspendiendo la ejecuci�n del laudo por lo que hace a la reinstalaci�n y por el excedente del monto econ�mico de la condena.

En consecuencia, el criterio que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, de conformidad con lo previsto en el art�culo 192 de la Ley de Amparo, es el siguiente:

SUSPENSI�N EN AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO.-El art�culo 174 de la Ley de Amparo establece que trat�ndose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensi�n de su ejecuci�n se conceder� en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se coloque a la parte trabajadora en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, pero en cambio s� se podr� suspender la ejecuci�n del laudo en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia, y en este �ltimo caso, la medida cautelar surtir� efectos si se otorga cauci�n bastante para responder de los da�os y perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado. Ahora bien, en virtud de que esta disposici�n no hace distinci�n alguna entre los trabajadores de la iniciativa privada y aquellos al servicio del Estado que hubiesen obtenido un laudo favorable a su pretensi�n de reinstalaci�n, los del sector p�blico tambi�n tienen derecho a la misma protecci�n cuando han sido separados de su empleo de manera ilegal -por as� haberlo declarado el �rgano jurisdiccional que les corresponde- por lo que la subsistencia del servidor p�blico debe garantizarse por la entidad p�blica quejosa, con la entrega que se le haga del importe equivalente del salario que le corresponder�a por el tiempo estimado de duraci�n del juicio de amparo directo, suspendiendo la ejecuci�n del laudo por lo que hace a la reinstalaci�n, y por el excedente del monto econ�mico de la condena.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito y el D�cimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

SEGUNDO

Debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia el criterio que en esta resoluci�n se sustenta.

N.�quese. Env�ese testimonio de la presente resoluci�n a los tribunales anteriormente se�alados y, en su oportunidad, arch�vese el toca de la contradicci�n.

As� lo resolvi�, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de tres votos de los se�ores Ministros G.D.G.�ngora P., S.S.A.A. y G.I.O.M.; vot� en contra el presidente en funciones J.D.R.. La se�ora Ministra M.B.L.R., estuvo ausente por atender comisi�n oficial e hizo suyo el asunto el M.G.I.O.M..

__________________

  1. "ESTADO PATRONO, SUSPENSI�N PEDIDA POR EL.-La C.S. de la Suprema Corte de Justicia, al resolver los incidentes de suspensi�n que se derivan de los juicios de garant�as, instaurados con motivo de la aplicaci�n del estatuto jur�dico y de las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje, ha establecido que el inter�s general y el orden p�blico, radican en el desarrollo normal de las actividades encomendadas al Estado, en su calidad de funciones de servicio p�blico, las que se realizan por conducto de los diversos funcionarios o empleados que forman la administraci�n p�blica; de tal suerte que cuando est� a discusi�n el inter�s particular de alguno de esos empleados o funcionarios, en lo que a �l respecta, debe conceptuarse que se trata de un inter�s puramente patrimonial, que de ninguna manera puede estimarse de mayor entidad que el del conglomerado social, al que importa que tales servicios se cumplan debidamente. Por tanto si el Juez de Distrito concedi� la suspensi�n en el amparo pedido por el titular de una dependencia del Ejecutivo, contra el laudo del Tribunal de Arbitraje, por el cual conden� a aqu�l a la reinstalaci�n de un trabajador, obr� con arreglo a derecho, y lo mismo debe decirse, si la suspensi�n se concedi� sin fianza, pues si la protecci�n federal se solicit� por actos que afectan el funcionamiento de una dependencia del Ejecutivo, debe entenderse que tales actos afectan al Estado y �ste, como persona de derecho p�blico, est� exento de otorgar fianzas, por ser solvente para responder de las obligaciones que le resulten." (Quinta �poca, C.S., Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo LXXVII, p�gina 6441).