Ejecutoria num. 2a./J. 7/2007 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 28228830

Ejecutoria num. 2a./J. 7/2007 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 7/2007
Localizacion:GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Marzo de 2007
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 215/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.REVERSIÓN DE BIENES EJIDALES O COMUNALES. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY AGRARIA SÓLO PUEDE ANALIZARSE EN LA SENTENCIA, SI LA PARTE DEMANDADA LA HACE VALER EXPRESAMENTE, VÍA EXCEPCIÓN.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 215/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL S�PTIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: G.D.G.P..

SECRETARIO: R.A.F.S.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el punto cuarto del Acuerdo Plenario N�mero 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicci�n de criterios en materia agraria, que es una rama integrante de la materia administrativa.

SEGUNDO

Debe estimarse que la denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima.

En efecto, la fracci�n VIII del art�culo 21 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, establece que corresponde conocer a las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, entre otros asuntos:

VIII. De las denuncias de contradicci�n entre tesis que sustenten dos o m�s Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, el art�culo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales dispone que podr�n denunciar la contradicci�n de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los tribunales mencionados o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis se hayan sustentado.

En el caso, la denuncia de contradicci�n la formul� la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del T.�simo Segundo Distrito, quien fungi� como autoridad responsable en los dos juicios de amparo en que se emitieron los criterios presuntamente contradictorios; por ende, la denuncia proviene de parte leg�tima.

TERCERO

A fin de verificar la existencia de la contradicci�n denunciada, se efect�an las siguientes transcripciones:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo agrario 310/2006, por unanimidad de votos, en sesi�n de doce de julio de dos mil seis, en lo que interesa, sostuvo:

"SEXTO. Los conceptos de violaci�n que al respecto se expresan son sustancialmente fundados.

"En efecto, devienen de esa caracter�stica, las manifestaciones en las que, en esencia, se aduce que la autoridad responsable analiz� una excepci�n que no fue interpuesta por la parte demandada, C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, ya que en su contestaci�n de demanda en ning�n momento adujo como defensa la prescripci�n de la acci�n de reversi�n de que se trata; que en la audiencia de ocho de marzo de dos mil seis, al ratificar el citado escrito contestatorio se omite oponer excepci�n alguna, por el contrario la demandada confiesa los hechos de la contraria, por lo que al existir tal allanamiento �ste se tuvo que tomar en cuenta al resolver; que el tribunal responsable en forma oficiosa introduce en la sentencia el estudio de una excepci�n, cuyo car�cter perentorio, obliga a considerar que debe oponerse de manera expresa.

"Lo anterior es as�, toda vez que la accionada C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, en el escrito de contestaci�n de demanda se limita a exponer: (transcribe el escrito de contestaci�n) (fojas 188 a 189).

"Asimismo, en la audiencia efectuada el ocho de marzo de dos mil seis, la demandada en cuesti�n asever�: (transcribe la parte relativa del acta correspondiente) (foja 179 vuelta); y posteriormente, sostuvo: (transcribe las manifestaciones vertidas en v�a de alegatos en la propia acta) (foja 181 vuelta).

"Por su parte el comisariado ejidal del ejido ?N. y M.F.A.?, Municipio de Cazones de H., Veracruz, a trav�s de su representante legal asever�: (transcribe en lo conducente el acta respectiva) (foja 180).

"De las transcripciones que preceden se observa que, como bien se destaca en el concepto de violaci�n a estudio, la excepci�n de que se trata no fue interpuesta por la parte demandada en el juicio natural; sin embargo, el tribunal agrario en forma inexacta considera que su an�lisis es procedente en raz�n de que el ejercicio de un derecho en el plazo que establece la ley es una condici�n para la procedencia de la acci�n, pues al respecto refiere: ?... considerando que el ejercicio de un derecho, en el plazo que establece la ley, es una condici�n para la procedencia de la acci�n; el estudio de esa condici�n tiene que hacerse oficiosamente por este juzgador, por ser una cuesti�n de orden p�blico, en virtud de que el derecho reclamado realmente no llega a nacer si no se ejercita dentro del t�rmino legal, puesto que su nacimiento queda sujeto precisamente a la condici�n de que la acci�n se entable dentro de plazo que fija a (sic) ley.? (foja 196).

"Dichas consideraciones no se encuentran ajustadas a derecho, pues como correctamente lo pondera el impetrante del amparo, el estudio de la excepci�n de prescripci�n debe ser planteada expresamente como defensa de la parte reo, dado su car�cter extintivo, por lo que no puede ser considerada como una condici�n de la acci�n cuyo an�lisis sea oficioso; extremos que se pondr�n de manifiesto a continuaci�n.

"Ciertamente, cabe se�alar, que as� como la doctrina procesal reconoce la existencia de un derecho de acci�n, entendido como el derecho abstracto para promover la actividad del �rgano jurisdiccional con el prop�sito de que se resuelva un litigio o controversia, se reconoce paralelamente un derecho gen�rico de defensa, definido como la posibilidad de contradecir las pretensiones de la parte actora y ofrecer pruebas que respalden la defensa intentada; ambos derechos se consideran complementarios, e indubitablemente, este derecho de defensa se encuentra inmerso en la garant�a de audiencia.

"Debe precisarse, igualmente, que el an�lisis respecto a las excepciones y defensas en el proceso reflejar� un enfoque civilista, toda vez que la legislaci�n en materia agraria vigente a partir de mil novecientos noventa y dos, producto de las reformas al art�culo 27 constitucional de ese mismo a�o, supone la instauraci�n de un procedimiento agrario con claras ra�ces en el derecho com�n, en tanto sustituye el sistema de reparto agrario en el cual los conflictos o procedimientos agrarios se resolv�an ante instancias netamente administrativas, o bien, mediante el juicio de amparo. Mientras que a partir de la expedici�n de la Ley Agraria y de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, se implementa un proceso judicial seguido ante tribunales especializados, con intervenci�n de las partes (ejido, comunidades, peque�os propietarios, asociaciones, ejidatarios, avecindados, etc�tera), y si bien no se trata de un proceso de derecho privado, sino que conserva su naturaleza p�blica, lo cierto es que se regula mayoritariamente conforme a las reglas del proceso civil, m�xime que hist�ricamente las instituciones procesales han sido producto de la evoluci�n y desarrollo de �ste; lo que precede encuentra sustento en lo dispuesto por el propio art�culo 2o. de la Ley Agraria, que establece literalmente: ?En lo no previsto en esta ley, se aplicar� supletoriamente la legislaci�n civil federal y, en su caso, mercantil, seg�n la materia de que se trate ...?

"As� las cosas, una vez instaurado o iniciado el juicio espec�fico, la parte demandada, en ejercicio de su derecho de defensa, podr� adoptar diversas posturas procesales, a saber: allanarse a las pretensiones del actor, es decir, aceptarlas; reconocer como ciertos los hechos de la demanda, o lo que es lo mismo, confesarlos; reconocer la aplicabilidad de los fundamentos de la demanda; negar los hechos afirmados por el actor, as� como el derecho que le asiste; oponerse al proceso o al reconocimiento de la validez de las pretensiones de la parte actora, dicho de otro modo, hacer valer excepciones procesales o sustanciales; y podr� tambi�n reconvenir al actor, esto es, formular a su vez pretensiones opuestas a las de �ste.

"De todas estas posturas, resulta relevante aquella que implica la oposici�n al reconocimiento de la validez de las pretensiones de la parte actora, oposici�n que procesalmente se ha definido como excepci�n, que en un sentido concreto, �sta es entendida como la cuesti�n espec�fica que hace valer el demandado frente a la pretensi�n del actor, y que tiene por objeto oponerse a la continuaci�n del proceso por considerarse que no est�n cumplidos determinados presupuestos procesales (excepciones procesales); o bien, a que se reconozca la validez de las pretensiones del actor, aleg�ndose en estos casos la existencia de hechos extintivos, modificativos o impeditivos en la relaci�n jur�dica subyacente invocada por el demandante (excepciones sustanciales).

"As�, las excepciones procesales cuestionan la integraci�n misma de la relaci�n procesal, sin necesariamente cuestionar el fondo de la pretensi�n hecha valer por el actor; y las excepciones sustanciales ponen en tela de juicio el fundamento mismo de dicha pretensi�n.

"Estas �ltimas, en general, se traducen en hechos concretos modificativos, impeditivos o extintivos que afectan la relaci�n jur�dica sustancial invocada por el actor como origen y fundamento de su pretensi�n, espec�ficamente, los hechos extintivos suponen la terminaci�n de la relaci�n jur�dica de que se trate; asimismo, las excepciones suelen clasificarse, particularmente por los ordenamientos adjetivos, como dilatorias y perentorias, las primeras corresponden a aquellas que paralizan o detienen el curso de la acci�n, mientras que las segundas son aquellas que destruyen a la acci�n misma.

"Tambi�n se distingue doctrinal y jurisprudencialmente entre las excepciones y las defensas; estas �ltimas han sido concebidas bien como el equivalente a las excepciones sustanciales, esto es, como la oposici�n al derecho sustantivo, bien como meras negaciones formuladas por el demandado respecto a los hechos o el derecho invocado por el actor, bien como ?excepciones impropias? que se apoyan en hechos que por s� solos excluyen la acci�n y que el J. debe analizar oficiosamente; a diferencia de las excepciones que descansan en hechos que permiten al demandado destruir la acci�n, siempre que sean alegados y probados por �ste.

"Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido distinci�n entre las excepciones propiamente dichas de las excepciones impropias o defensas, diciendo que las primeras descansan en hechos que por s� mismos no excluyen la acci�n, pero dan al demandado la facultad de destruirla o de dilatar su curso, seg�n sean perentorias o dilatorias; y que las segundas se apoyan en hechos que por s� mismos excluyen la acci�n, de modo que una vez demostrada su existencia, el J. est� en el deber de estimarlas de oficio, aunque no las alegue el demandado. Como ejemplos de excepciones en sentido propio, se cita la compensaci�n y la prescripci�n; y de las excepciones impropias o defensas, el pago, la novaci�n, la condonaci�n del adeudo y la confusi�n.

"En esas condiciones, contrario a lo sustentado por el tribunal agrario, la prescripci�n de la acci�n de reversi�n de bienes ejidales, al constituir una excepci�n propiamente dicha, no puede reputarse como una condici�n para la procedencia de la citada acci�n, de ah� que para realizar su estudio era necesario que hubiese sido planteado expresamente en el respectivo escrito de contestaci�n de demanda, lo que no sucedi�, transgredi�ndose con ello el principio de congruencia que ha de regir toda resoluci�n judicial.

"Sirve de apoyo a lo que precede las tesis emitidas por la otrora Tercera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicadas, respectivamente, en las p�ginas 193 del Volumen VII, Cuarta Parte y 59 del Volumen LVI, Cuarta Parte del Semanario Judicial de la Federaci�n, Sexta �poca, cuyos textos son los siguientes: ?EXCEPCIONES Y DEFENSAS.? (se transcribe); ?EXCEPCIONES IMPROPIAS O DEFENSAS, ESTUDIO DE OFICIO DE LAS. ARRENDAMIENTO.? (se transcribe).

"No es ocioso precisar que en los casos en que opera la suplencia de la deficiencia de la queja, el tribunal agrario s� se encuentra obligado a estudiar en forma oficiosa la prescripci�n de las acciones agrarias respectivas, pues aqu�lla rompe con el esquema r�gido seg�n el cual el fallo que dicta el resolutor debe regirse exclusivamente por lo alegado y probado por las partes, es decir, permite la introducci�n a la contienda de argumentos no hechos valer por los litigantes, as� como la determinaci�n precisa de los hechos y actos controvertidos, tan es as� que se encuentra expresamente reconocida por la legislaci�n agraria en su art�culo 164, que previene textualmente que: (se transcribe); sin embargo, no debe perderse de vista que la parte demandada en la controversia agraria en cuesti�n lo es la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, quien de ninguna forma encuadra en las hip�tesis normativas previstas por el art�culo antes citado, por lo que la excepci�n en comento debi� ser opuesta en forma expresa por la referida parte demandada, ya que de lo contrario, se insiste, se transgrede el principio de congruencia. Sin que obste que haya figurado como parte tercera interesada en el procedimiento, el comisariado ejidal del ejido ?N. y M.F.A.?, Municipio de Cazones de H., Veracruz, respecto del cual s� operar�a la suplencia de la queja a su favor, al tratarse de un n�cleo de poblaci�n ejidal que se ver�a favorecido con el retorno de las hect�reas que le fueron expropiadas; por tal motivo, es evidente que en caso de suplir la queja deficiente en favor de la demandada C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, analizando oficiosamente una excepci�n que no hizo valer, y que ello trae como consecuencia declarar la prescripci�n de la acci�n de reversi�n impetrada, resulta evidente que en vez de beneficiar al n�cleo ejidal lo perjudicar�a, pues no se lograr�a la reintegraci�n a su patrimonio de las referidas hect�reas.

"Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia n�mero I.1o.A.J., emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la p�gina setecientos sesenta y cuatro del Tomo VIII, correspondiente a agosto de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que establece: ?PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCI�N JUDICIAL.? (se transcribe).

"Lo mismo ocurre respecto a la consideraci�n vertida por el tribunal responsable en la sentencia reclamada, y que fue se�alada a mayor abundamiento, consistente en que no procede la acci�n de reversi�n impetrada, porque: ?... el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, no prob� la concurrencia de la totalidad de las condiciones establecidas por el art�culo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, pues si bien tal como lo reconoce la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, en la confesional a su cargo, no fue cubierta la indemnizaci�n correspondiente al ejido afectado por la expropiaci�n de sus tierras, debido a que no se ejecut� el decreto de expropiaci�n; lo que resulta inveros�mil, es que los afectados del ejido denominado �N. y M.F.A.�, Municipio de Cazones de H., Veracruz, conserven la posesi�n de los bienes expropiados, como lo declararon los integrantes del comisariado ejidal del poblado en cuesti�n en la audiencia de ley; ya que, cuando se expropia por causa de utilidad p�blica una superficie de terreno ejidal para destinarlo a su regularizaci�n y titulaci�n legal a favor de sus ocupantes mediante su venta, es obvio que no s�lo son los ejidatarios del n�cleo afectado, los que se encuentran en posesi�n de la superficie expropiada, sino que tambi�n sujetos ajenos al ejido que ejercen una posesi�n irregular, esto es as�, toda vez que el fin �ltimo de los decretos expropiatorios realizados a favor de �Corett� es regularizar los asentamientos humanos que, por su propia naturaleza, se van expandiendo ante la necesidad de un espacio en el cual puedan construir una vivienda, dando con ello seguridad jur�dica en sus posesiones irregulares; suponer lo contrario, ser�a tanto como aceptar que los decretos expropiatorios a favor de Corett son para constituir zonas de urbanizaci�n no para regularizar los asentamientos humanos irregulares ya existentes, dej�ndolos, por tanto, sin causa de utilidad p�blica; ya que para regularizar la posesi�n de sujetos con capacidad agraria en tierras ejidales, es decir, para regularizar la posesi�n de los ejidatarios y posesionarios reconocidos por la asamblea ejidal, la Ley Agraria contempla la forma y mecanismos para regularizar sus posesiones, tanto en las �reas parceladas como en la zona de asentamientos humanos, sin la necesidad de que tierras ejidales sean extra�das de ese r�gimen ejidal, sin embargo, es precisamente la posesi�n irregular de sujetos ajenos al ejido lo que origina el tr�mite de la expropiaci�n a favor de la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, quien de conformidad con la causa de utilidad p�blica debe regularizar la tenencia de quienes previamente al decreto de expropiaci�n manten�an una posesi�n irregular de la superficie expropiada, por ello es inadmisible creer que el ejido afectado conserve la posesi�n de tierras ejidales; de ah� que se diga que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, no prob� la totalidad de las condiciones que exige el art�culo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para la procedencia de la acci�n de reversi�n, por tanto, la acci�n de reversi�n no puede prosperar.?

"Ello es as�, en virtud de que, como qued� precisado en las transcripciones de las contestaciones de demanda de las partes, tampoco fue opuesto como excepci�n por ninguna de las partes, que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal no acreditaba la totalidad de las condiciones de su acci�n de reversi�n, establecidas por el art�culo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural; de ah� que aun cuando tal consideraci�n haya sido establecida a mayor abundamiento en la sentencia reclamada, cabe decir que la misma no form� parte de la litis natural y, por tanto, tampoco fue correcto el proceder del tribunal responsable de abordar el an�lisis de esta cuesti�n.

"Dado el resultado a que se lleg� con el estudio de los conceptos de violaci�n hasta aqu� analizados, resulta innecesario pronunciarse sobre los dem�s argumentos propuestos en la demanda de garant�as, en virtud de que cualquiera que fuera su resultado en nada variar�a el sentido del presente fallo; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia n�mero 168, emitida por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina ciento trece del Tomo VI, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, editado en el a�o de mil novecientos noventa y cinco, de rubro y texto: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.? (se transcribe).

En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violaci�n analizados, lo que procede es conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario del T.�simo Segundo Distrito, con residencia en Tuxpan, Veracruz, dejeinsubsistente la sentencia de trece de marzo de dos mil seis, dictada en el juicio agrario n�mero 245/2005, que constituye el acto reclamado en el presente juicio, y en su lugar emita otra en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, resuelva con plenitud de jurisdicci�n lo que proceda en derecho.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado, tambi�n en Materia Civil del S�ptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo agrario 553/2005, por unanimidad de votos, en sesi�n de once de noviembre de dos mil cinco, en lo conducente, sustent�:

"QUINTO. Dada la relaci�n que guardan los conceptos de violaci�n este Tribunal Colegiado atender� su estudio en forma conjunta de conformidad con el art�culo 79 de la Ley de Amparo, los cuales resultan infundados en raz�n de las siguientes consideraciones.

"Si bien, como lo se�ala el quejoso, la autoridad responsable para determinar que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, no ejercit� en tiempo la acci�n de reversi�n de tierras ejidales, invoca la figura jur�dica de la caducidad, pero fundamenta su razonamiento en un criterio de nuestro M�ximo Tribunal, relativo a la prescripci�n de la acci�n relativa, tal cuesti�n no causa perjuicio al amparista.

"As� es, como se desprende del acto combatido, en la parte que interesa, el tribunal responsable sustent�:

"?En ese sentido, el fideicomiso demanda la reversi�n en t�rminos del art�culo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, este precepto determina que el fondo demandar� la reversi�n de los bienes expropiados ante los Tribunales Agrarios competentes, cuando se cumpla la totalidad de las condiciones siguientes: �... IV. Que hayan transcurrido cinco a�os, a partir de la publicaci�n del decreto expropiatorio ...�; lo que significa que una vez transcurrido dicho plazo, es exigible la reversi�n, luego, de conformidad con el art�culo 33 de la Ley General de Bienes Nacionales, el fideicomiso contaba con dos a�os para ejercitar en tiempo la acci�n de reversi�n contados a partir de haber transcurrido cinco a�os de la publicaci�n del decreto de expropiaci�n.

"?Por tanto, si contamos cinco a�os a partir del quince de junio de mil novecientos setenta y nueve, cuando se publica el decreto en cuesti�n, es hasta el quince de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, cuando se hace exigible la reversi�n, de ah� empez� a contar el plazo de dos a�os para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal demandara la reversi�n, de acuerdo con el art�culo 33 de la Ley General de Bienes Nacionales, mismo que feneci� el quince de junio de mil novecientos ochenta y seis, y es hasta el veinticinco de junio de dos mil cuatro, cuando se ejercita la acci�n de reversi�n de tierras, dieciocho a�os despu�s, siendo evidentemente que ha caducado el derecho del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, para demandar la reversi�n de una superficie de 61-51-08.00 hect�reas expropiada por causa de utilidad p�blica al ejido denominado �Estero del �dolo�, Municipio de Temapache, Veracruz, a favor de la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, de conformidad con el decreto presidencial de fecha cinco de junio de mil novecientos setenta y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince del mismo mes y a�o; ello con fundamento en la jurisprudencia de la Segunda S., consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., julio de 2001, tesis 2a./J. 26/2001, p�gina 501, cuyos rubro y texto dicen: �REVERSI�N DE BIENES EJIDALES O COMUNALES EXPROPIADOS. PRESCRIPCI�N DE LA ACCI�N RELATIVA.�

"?Por ende, es improcedente la declaratoria judicial de que ha operado la reversi�n de tierras a favor del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, respecto de una superficie de 61-51-08.00 hect�reas, que refiere dicho decreto, as� como la declaratoria judicial de que ha procedido la incorporaci�n a su patrimonio de dicha superficie, como tambi�n improcedente es ordenar la cancelaci�n de las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y el Registro P�blico de la Propiedad y de Comercio correspondiente que se hayan realizado de conformidad a lo ordenado en el resolutivo quinto del decreto en cuesti�n.?

"Por tanto, aun cuando la autoridad responsable haya establecido que caduc� el derecho del ahora quejoso, tanto en el considerando quinto como en los puntos resolutivos de la sentencia combatida, para demandar la reversi�n de una determinada superficie expropiada por causa de utilidad p�blica al ejido ?Estero del �dolo?, Municipio de Temapache, Veracruz, los razonamientos jur�dicos vertidos por la responsable est�n enfocados a la figura jur�dica de la prescripci�n, por lo que no se debe atender a la denominaci�n que se emple� para determinar la litis, sino en todo caso, a la calificaci�n jur�dica que se estime exactamente aplicable al caso de que se trata; por ende, contrario a lo aducido por el amparista, resulta intrascendente la confusi�n terminol�gica en que incurri� la autoridad responsable, pues la propia autoridad fundamenta su resoluci�n en un criterio jurisprudencial de la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, aplicable exactamente al caso concreto, y que adem�s es de observancia obligatoria en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo, cuyo texto dice:

"?Novena �poca

"?Instancia: Segunda S.

"?Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"?Tomo: XIV, julio de 2001

"?P�gina: 501

"?Tesis: 2a./J. 26/2001

"?Jurisprudencia

"?Materia(s): Administrativa

"?REVERSI�N DE BIENES EJIDALES O COMUNALES EXPROPIADOS. PRESCRIPCI�N DE LA ACCI�N RELATIVA.? (se transcribe).

"En consecuencia, si la autoridad responsable determin� que resulta improcedente la declaratoria judicial de que ha operado la reversi�n de tierras a favor del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, respecto de una superficie de 61-51-08.00 hect�reas, as� como la declaratoria judicial de que ha procedido la incorporaci�n a su patrimonio de tal superficie, como tambi�n improcedente es ordenar la cancelaci�n de las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y el Registro P�blico de la Propiedad y de Comercio correspondiente que se hayan realizado de conformidad a lo ordenado en el resolutivo quinto del decreto en cuesti�n, en raz�n de que, si se cuentan cinco a�os a partir del quince de junio de mil novecientos setenta y nueve, cuando se publica el decreto respectivo, es hasta el quince de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, cuando se hace exigible la reversi�n, de ah� empez� a contar el plazo de dos a�os para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal demandara la reversi�n, de acuerdo con el art�culo 33 de la Ley General de Bienes Nacionales, mismo que feneci� el quince de junio de mil novecientos ochenta y seis, y es hasta el veinticinco de junio de dos mil cuatro, cuando se ejercita la acci�n de reversi�n de tierras, dieciocho a�os despu�s; y se�ala para fundamentar su razonamiento en la jurisprudencia que refiere al tema de la prescripci�n de la acci�n de reversi�n, debe estimarse que es en dicha figura jur�dica en que sustenta su fallo y no en la caducidad.

"Por tanto, al haberse actualizado la figura de la prescripci�n, resulta irrelevante que la autoridad responsable se haya ocupado de analizar las condiciones que establece el art�culo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, concretamente lo relativo a que los afectados conserven la posesi�n de las tierras de que se trata, pues al determinar el tribunal responsable la prescripci�n de la acci�n de reversi�n, se traduce en la extinci�n del derecho por el transcurso del tiempo, o sea, la instancia acaba y se inutiliza, por lo que no se pueden analizar las cuestiones de fondo, de ah� que tampoco puedan prosperar los argumentos del quejoso tendientes a demostrar la falta de an�lisis de los elementos de convicci�n por parte de la autoridad responsable.

"Por ende, los conceptos de violaci�n que hace valer el quejoso relativos a demostrar que contrario a lo estimado por el tribunal responsable qued� demostrado que los afectados conservan la posesi�n de la superficie respectiva, aun en el supuesto no concedido de que fuera correcta, no puede trascender, al haber prescrito la acci�n de reversi�n intentada por el aqu� amparista.

"Por otro lado, el hecho de que la autoridad responsable, analizando la acci�n intentada por el ahora quejoso haya determinado que la acci�n prescribi�, no resulta contrario a derecho, pues independientemente de que la contraparte no haya opuesto excepciones y defensas, no quiere decir que por ese hecho, el actor acredite de manera autom�tica su acci�n, pues en t�rminos del art�culo 187 de la Ley Agraria, las partes asumir�n la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones; lo que se traduce en que el juzgador se encuentra facultado para examinar la acci�n con independencia de que no se haya opuesto excepci�n al respecto, por lo que los criterios que cita el amparista para robustecer sus argumentos no pueden ser aplicados en la forma pretendida.

Dado lo anterior, ante lo infundado de los conceptos de violaci�n en raz�n de los motivos precisados en los p�rrafos que anteceden no se puede estimar que el acto reclamado transgreda en perjuicio del quejoso los art�culos 14, 16, 17 y 27 de la Carta Magna, por lo que resulta procedente negar el amparo solicitado.

CUARTO

Cabe aclarar que la circunstancia de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos, en las ejecutorias respectivas, no hayan sido expuestos formalmente como tesis y, por ende, no haya publicaci�n de �stas, conforme a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, no obsta para que este Alto Tribunal se ocupe de la denuncia de la posible contradicci�n de tesis, pues para que se determine la existencia de �sta, basta que diversos Tribunales Colegiados adopten criterios divergentes al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias del Pleno y de esta Segunda S., cuyos textos y datos de identificaci�n se transcriben enseguida:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, tesis P./J. 27/2001, p�gina 77).

"CONTRADICCI�N DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, desprendi�ndose que la tesis a que se refieren es el criterio jur�dico sustentado por un �rgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hip�tesis, con caracter�sticas de generalidad y abstracci�n, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, adem�s, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 195 de la citada legislaci�n, debe redactarse de manera sint�tica, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del car�cter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracci�n. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo �sta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicci�n que establecen los preceptos citados." (Novena �poca, Segunda S., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XII, noviembre de 2000, tesis 2a./J. 94/2000, p�gina 319).

QUINTO

Precisado lo anterior, procede ahora analizar si existe la contradicci�n de tesis.

Al respecto, el art�culo 197-A de la Ley de Amparo establece:

Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.

A fin de determinar cu�ndo existe contradicci�n de criterios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido la jurisprudencia cuyo texto y datos que la identifican son:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, p�gina 76).

Conforme a lo anterior, el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido que para que se configure una contradicci�n de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, es preciso que:

  1. Al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. La diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

A efecto de estar en posibilidad de determinar si existe o no la contradicci�n de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el que deber� prevalecer, es menester tomar en consideraci�n los antecedentes y la conclusi�n a la que cada �rgano colegiado arrib�, como se expone a continuaci�n:

  1. En el asunto cuyo conocimiento correspondi� al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, identificado como amparo directo agrario 310/2006, promovido por el Fondo Nacional de Fomento Ejidal, en contra de la sentencia de trece de marzo de dos mil seis, dictada en el juicio agrario 245/2005, en la que el Tribunal Unitario responsable, al estimar que no se hizo valer en tiempo, declar� improcedente la acci�n de reversi�n ejercida por la quejosa en contra de la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, respecto del decreto presidencial expropiatorio de trece de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a diecisiete siguiente, en relaci�n con una superficie del ejido "N. y M.F.A., Municipio de Cazones de H., Estado de Veracruz.

    El Tribunal Colegiado estim� fundado el argumento de la quejosa, consistente en que la autoridad responsable analiz� la prescripci�n de la acci�n de reversi�n, sin que la parte demandada hubiera opuesto la excepci�n relativa al contestar la demanda o en la audiencia correspondiente; de modo que el tribunal responsable introdujo en forma oficiosa el estudio de tal excepci�n, cuyo car�cter perentorio obligaba a que se opusiera de manera expresa y, en cambio, el tribunal agrario consider� en forma inexacta, que su an�lisis era procedente, porque el ejercicio de un derecho en el plazo que la ley establece es condici�n para la procedencia de la acci�n. A juicio del �rgano colegiado, el estudio de la excepci�n de prescripci�n debe plantearse expresamente como defensa de la demandada, dado su car�cter extintivo, por lo que no puede considerarse como una condici�n de la acci�n cuyo an�lisis sea oficioso.

    En apoyo a sus consideraciones, el �rgano de amparo invoc� los criterios que la extinta Tercera S. de esta Corte Suprema sustent� en la Sexta �poca, relativos a la distinci�n entre las excepciones propiamente dichas y las excepciones impropias o defensas, en el sentido de que las primeras descansan en hechos que por s� mismos no excluyen la acci�n, pero dan al demandado la facultad de destruirla o de dilatar su curso, seg�n sean perentorias o dilatorias; en tanto que las segundas se apoyan en hechos que por s� mismos excluyen la acci�n, por lo que una vez demostrada su existencia, el J. tiene el deber de estimarlas de oficio, aunque el demandado no las alegue, siendo que la prescripci�n es una excepci�n en sentido propio, por lo cual, en el caso concreto no pod�a reputarse como condici�n para la procedencia de la acci�n de reversi�n y, por tanto, para que se estudiara era necesario que se planteara expresamente. Asimismo, que si bien en los casos previstos en el art�culo 164 de la Ley Agraria, en que la suplencia de la deficiencia de la queja opera, se rompe con el esquema r�gido conforme al cual el fallo debe regirse exclusivamente por lo alegado y probado por las partes y, por ende, se permite la introducci�n a la contienda de argumentos no hechos valer por los litigantes; en tales supuestos, el tribunal agrario se encuentra obligado a estudiar en forma oficiosa la prescripci�n de las acciones agrarias, sin que ello fuera aplicable en este caso, pues la parte demandada en la controversia de origen no es sujeto de derecho agrario; sin que obstara que el comisariado ejidal del ejido "N. y M.F.A." hubiera figurado como tercerointeresado y en cuyo favor s� operar�a la suplencia de la queja, ya que de suplir la queja deficiente en favor de la demandada, analizando oficiosamente una excepci�n no opuesta, ello traer�a como consecuencia declarar la prescripci�n de la acci�n de reversi�n, lo cual perjudicar�a al n�cleo ejidal referido en tanto que no se lograr�a la reintegraci�n a su patrimonio de las hect�reas de terreno expropiadas y respecto de las cuales se ejerci� la acci�n de reversi�n.

    El Tribunal Colegiado agreg� que era tambi�n inconstitucional la consideraci�n vertida a mayor abundamiento por el tribunal responsable, en el sentido de que la acci�n de reversi�n tampoco ser�a procedente, ya que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal no prob� la totalidad de las condiciones que exige el art�culo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para la procedencia de dicha acci�n; ello, porque tal circunstancia tampoco fue opuesta como excepci�n y, por ende, no form� parte de la litis natural. Como consecuencia de lo anterior, el tribunal de amparo concedi� la protecci�n constitucional.

  2. En el asunto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito fall�, amparo directo agrario 553/2005, promovido por el Fondo Nacional de Fomento Ejidal, en contra de la sentencia de veinte de junio de dos mil cinco, dictada en el juicio agrario 200/2004 y en la que el tribunal responsable, al estimar de igual forma que no se hizo valer en tiempo, declar� improcedente la acci�n de reversi�n ejercida por la quejosa en contra de la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, respecto del decreto presidencial expropiatorio de cinco de junio de mil novecientos setenta y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a quince siguiente, en relaci�n con una superficie del ejido Estero del �dolo, Municipio de Temapache, Estado de Veracruz.

    El Tribunal Colegiado del conocimiento consider�, en esencia, que aunque para determinar que el fideicomiso actor no ejerci� en tiempo la acci�n de reversi�n de tierras ejidales y que por ello la acci�n era improcedente, invoc� a la figura jur�dica de la caducidad, en realidad sus razonamientos jur�dicos estaban referidos a la prescripci�n de la acci�n y la mera menci�n incorrecta de la figura aplicable no causaba perjuicio al quejoso; asimismo, que al haberse actualizado la figura de la prescripci�n, era irrelevante que la autoridad responsable se hubiera ocupado de analizar las condiciones establecidas en el art�culo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, concretamente lo relativo a que los afectados conserven la posesi�n de las tierras respectivas, pues al operar la prescripci�n de la acci�n de reversi�n se extingui� el derecho y no pod�an analizarse las cuestiones de fondo.

    El propio �rgano federal sostuvo que la determinaci�n de la responsable, acerca de que la acci�n prescribi�, no era contraria a derecho, pues la circunstancia de que la contraparte no hubiera opuesto excepciones y defensas no significaba que el actor acreditara de manera autom�tica su acci�n, toda vez que en t�rminos del art�culo 187 de la Ley Agraria, las partes asumen la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones; lo que implicaba que el juzgador se encontraba facultado para examinar la acci�n, con independencia de que no se hubiera opuesto excepci�n al respecto, debido a lo cual los criterios citados por el promovente no eran aplicables en la forma pretendida. A consecuencia del razonamiento expresado, el �rgano colegiado determin� negar la protecci�n constitucional.

    Los elementos descritos evidencian, que en este caso se actualizan los supuestos previstos en la tesis de jurisprudencia invocada, para la existencia de la contradicci�n denunciada.

    En efecto, los dos Tribunales Colegiados de que se trata se pronunciaron en relaci�n con casos concretos similares, en los que se aplic� el mismo ordenamiento, a saber, la Ley Agraria publicada el veintis�is de febrero de mil novecientos noventa y dos en el Diario Oficial de la Federaci�n y en los que, adem�s, se plante� el mismo problema jur�dico, consistente en determinar si era adecuado o no, que al conocer de sendos juicios agrarios, en los que el Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejerci� la acci�n de reversi�n de tierras ejidales (sobre la base de que no se utilizaron para la causa de utilidad p�blica invocada en el decreto presidencial correspondiente) el Tribunal Unitario responsable hubiera analizado y declarado procedente la prescripci�n de la acci�n ejercida, aun cuando la parte demandada, C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra, no haya opuesto expresamente la excepci�n relativa; es decir, el tema abordado en ambos asuntos consisti� en decidir, si es v�lido o no que en casos como los analizados, el juzgador se pronuncie oficiosamente en torno a la prescripci�n de la acci�n de reversi�n.

    Sobre el problema jur�dico expresado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito sostuvo, b�sicamente, que la autoridad responsable incurri� en incongruencia al analizar la prescripci�n referida en forma oficiosa, bajo el argumento de que el ejercicio de un derecho en el plazo que la ley establece es condici�n para la procedencia de la acci�n. A juicio del �rgano colegiado, la prescripci�n debe plantearse expresamente como defensa de la demandada, dado su car�cter extintivo, a cuyo efecto acudi� a los criterios de jurisprudencia que distinguen entre las excepciones propias y las impropias o defensas, hecho lo cual, concluy� que al ser la prescripci�n una excepci�n en sentido propio y, por ende, no apoyarse en hechos que por s� mismos excluyan la acci�n, no pod�a considerarse condici�n para la procedencia de la acci�n y, en ese sentido, s�lo puede estudiarse si se plantea expresamente; de igual forma, sostuvo que como la parte demandada no era sujeto agrario y por ello no era aplicable en su favor la suplencia de la deficiencia de la queja, conforme a lo dispuesto en el art�culo 164 de la Ley Agraria, al juzgador no le estaba permitido en este caso introducir a la contienda argumentos ajenos a la litis, por lo cual no pod�a estudiar de oficio la prescripci�n de m�rito, pues aunque un n�cleo ejidal intervino como tercero interesado, �ste resultar�a perjudicado si se aplicara la suplencia de la queja deficiente a favor de la demandada.

    En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito consider� que la determinaci�n de la responsable, acerca de que la acci�n prescribi�, no era contraria a derecho, pues la circunstancia de que la contraparte no hubiera opuesto excepciones y defensas no significaba que el actor acreditara de manera autom�tica su acci�n, pues conforme al art�culo 187 de la Ley Agraria, las partes asumen la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones; lo que implicaba que el juzgador se encontraba facultado para examinar la acci�n, con independencia de que no se hubiera opuesto excepci�n al respecto.

    Tales posturas evidencian que los �rganos colegiados de que se trata, al resolver los asuntos que participan en la presente contradicci�n, examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales que partieron de elementos similares, pero adoptaron posiciones o criterios jur�dicos discrepantes. Tal disparidad se dio en las consideraciones de las sentencias respectivas, en las que se examinaron los mismos elementos, lo cual permite concluir que existe la oposici�n de criterios denunciada.

    No obsta a lo anterior, que un �rgano colegiado haya acudido a criterios provenientes de la doctrina, contenidos en tesis de jurisprudencia de la extinta Tercera S. de este Alto Tribunal en diversa integraci�n, para distinguir entre las excepciones y defensas y, de esa forma, determinar si el plazo para su ejercicio es elemento de la acci�n y, por ende, si es factible que el juzgador pueda analizar oficiosamente la prescripci�n; mientras que el otro se haya limitado a establecer que aunque la demandada no hubiera opuesto excepciones ni defensas, el actor no pod�a acreditar de manera autom�tica su acci�n, lo que dijo apoyar en el art�culo 187 de la Ley Agraria, conforme al cual las partes deben asumir la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones y que, por tanto, el juzgador estaba facultado para examinar la acci�n, con independencia de que no se hubiera opuesto excepci�n.

    Se expone tal aserto, porque con independencia de que cada �rgano colegiado abord� el problema jur�dico desde su propia �ptica, debido a lo cual acudieron a fuentes distintas, lo cierto es que las conclusiones a las que arribaron se contraponen entre s� y sus afirmaciones esenciales son totalmente opuestas, toda vez que uno de los tribunales contendientes consider� al plazo que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal tiene para ejercer la acci�n de reversi�n (respecto de bienes comunales o ejidales que se hayan destinado a alg�n fin distinto al se�alado en el decreto respectivo o transcurra el plazo de cinco a�os sin que se cumpla la causa de utilidad p�blica para la que fueron expropiados), prevista en el art�culo 97 de la Ley Agraria, es un elemento de dicha acci�n, lo que le llev� a afirmar que la oportunidad en su ejercicio y, por ende, su prescripci�n, pueden analizarse oficiosamente; en tanto que el otro consider� lo contrario, es decir, que el plazo para que el fideicomiso referido ejerza la acci�n de reversi�n citada no es un elemento de �sta y que, en consecuencia, la prescripci�n no puede analizarse oficiosamente en la medida que -seg�n razon� el Tribunal Colegiado- es una excepci�n en sentido propio que la parte demandada debe oponer expresamente, para que el juzgador pueda examinarla, a menos que se trate de un sujeto de derecho agrario, a favor de quien opere la suplencia de la deficiencia de la queja.

    Las afirmaciones enunciadas son id�neas para evidenciar la discrepancia de criterios sobre el mismo tema jur�dico, con independencia de que en este caso los �rganos involucrados hayan emprendido caminos diferentes, en virtud de que lo trascendente es que, para la misma cuesti�n jur�dica planteada en casos similares, adoptaron soluciones cuya oposici�n es manifiesta.

    De manera que el punto concreto de contradicci�n, que a esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n corresponde resolver, consiste en determinar si respecto a la acci�n de reversi�n de bienes ejidales o comunales, cuyo ejercicio ata�e al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, en t�rminos del art�culo 97 de la Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintis�is de febrero de mil novecientos noventa y dos, la parte demandada debe hacer valer expresamente la prescripci�n, v�a excepci�n, para que el tribunal agrario est� en aptitud de emprender su an�lisis o si, en todo caso, aun cuando dicha prescripci�n no se introduzca a la litis en los t�rminos referidos, el juzgador puede analizarla oficiosamente.

    No obsta para que la presente divergencia de criterios deba elucidarse, el hecho de que esta Segunda S. haya resuelto la contradicci�n de tesis 158/2002-SS, en sesi�n de catorce de noviembre de dos mil tres, de la cual surgi� la tesis de jurisprudencia cuyo texto y datos de publicaci�n son:

    "EJIDOS. SI EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA EN QUE ASIGNAN TIERRAS NO ES IMPUGNADO DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA D�AS OPERA LA PRESCRIPCI�N, Y PUEDE SER ANALIZADA DE OFICIO POR EL TRIBUNAL AGRARIO. El art�culo 61 de la Ley Agraria, al fijar un plazo de noventa d�as naturales para la impugnaci�n de los acuerdos de la asamblea ejidal en que se asignan tierras, establece un plazo para ejercer el derecho a que las asignaciones sean modificadas o revocadas, pues de lo contrario, �stas quedar�n firmes y ser�n definitivas al haberse extinguido el derecho del actor sobre las tierras asignadas; de ah� que la naturaleza de la excepci�n que puede configurarse en el juicio agrario correspondiente sea la de prescripci�n, por fundarse en hechos extintivos que inciden sobre el derecho a solicitar o reclamar las tierras o parcelas asignadas por la asamblea. En congruencia con lo anterior y en atenci�n al principio de suplencia de la queja que rige los procesos agrarios, se concluye que dicha prescripci�n podr� ser analizada de oficio por el tribunal que conozca del juicio, ya que corresponde a su funci�n fijar la litis alleg�ndose de todos aquellos elementos necesarios para resolverla, sean o no aportados por las partes." (Novena �poca, Segunda S., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., diciembre de 2003, tesis 2a./J. 116/2003, p�gina 93).

    Es as�, porque el criterio transcrito no es apto para esclarecer la divergencia de criterios hallada en el presente caso, en virtud de que aun cuando en aqu�l se abord� el tema relativo a si el tribunal competente puede analizar en forma oficiosa la prescripci�n de la acci�n en materia agraria, lo cierto es que en ese momento se analiz� la figura jur�dica de m�rito, pero exclusivamente en relaci�n con la acci�n que el art�culo 61 de la Ley Agraria prev�, para impugnar los acuerdos de la asamblea ejidal en que se asignen tierras, a efecto de que �stos sean modificados o revocados.

    El criterio adoptado en aquella ocasi�n no puede regir para el supuesto que aqu� se analiza, en virtud de que la acci�n regulada en el dispositivo 61 citado, est� prevista a favor de sujetos de derecho agrario, como son los ejidatarios o comuneros, o incluso avecindados, cuando se inconformen con los acuerdos de asignaci�n de tierras, adoptados en las asambleas ejidales; de ah� que el criterio referido, al tratar sobre sujetos de naturaleza agraria, se erija sobre la base de que el estudio oficioso que el tribunal agrario debe efectuar tiene sustento en el principio de suplencia de la queja deficiente, que rige en los procesos agrarios.

    Sin embargo, como la acci�n de reversi�n de tierras ejidales, respecto de la cual versa la presente contradicci�n, est� prevista a favor del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, para que la ejerza en contra de la Federaci�n, a cuyo dominio pasan los bienes expropiados por decreto presidencial a fin de que sean destinados a la causa de utilidad p�blica para la cual fueron expropiados; es claro entonces, que la premisa b�sica sobre la que se edifica la tesis enunciada, relativa al principio de suplencia de la queja deficiente en los procesos agrarios, no tiene lugar en este tipo de juicios de reversi�n, al menos no a favor de la Federaci�n que, al ser parte demandada en este tipo de litigios, es quien est� en aptitud de oponer la excepci�n de prescripci�n.

    Consecuentemente, como la tesis de jurisprudencia referida no da soluci�n a la divergencia de criterios aqu� destacada, no es el caso de declararla improcedente o sin materia.

SEXTO

Esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que debe prevalecer, con el car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado en este fallo.

En la especie debe tenerse en consideraci�n, como base del an�lisis que habr� de emprenderse, que al resolver la contradicci�n de tesis 93/2000-SS, en sesi�n de ocho de junio de dos mil uno, esta Segunda S. sostuvo que en relaci�n con la acci�n de reversi�n de bienes ejidales o comunales prevista en el art�culo 97 de la Ley Agraria, cuyo ejercicio corresponde al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, dado que en dicha ley y en el C�digo Civil Federal de aplicaci�n supletoria, no se prev� la prescripci�n de la acci�n de reversi�n, al respecto resulta aplicable la Ley General de Bienes Nacionales, que en su art�culo 33, p�rrafo segundo, dispone que los propietarios que tengan derecho a demandar la reversi�n de los bienes expropiados tendr�n el plazo de dos a�os para ejercer sus derechos, contados a partir de la fecha en que aqu�lla sea exigible, aplicaci�n legal que se justific� en el hecho de que, conforme a lo dispuesto en el art�culo 3o., fracci�n VI, de la propia ley de bienes citada, una vez que el decreto expropiatorio surte sus efectos, el bien inmueble sale del patrimonio del ejido e ingresa a los bienes del dominio privado de la Federaci�n, siendo, por tanto, aplicable el ordenamiento que rige este tipo de bienes.

El criterio enunciado se compendi� en la tesis de jurisprudencia cuyo texto y datos de publicaci�n se reproducen enseguida:

"REVERSI�N DE BIENES EJIDALES O COMUNALES EXPROPIADOS. PRESCRIPCI�N DE LA ACCI�N RELATIVA. Si bien es cierto que los art�culos 93 y 97 de la Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintis�is de febrero de mil novecientos noventa y dos, establecen, respectivamente, que los bienes ejidales o comunales pueden ser expropiados por alguna causa de utilidad p�blica mediante decreto presidencial y que cuando aqu�llos se destinen a un fin distinto del se�alado en el decreto respectivo, o si transcurrido un plazo de cinco a�os no se ha cumplido con la causa de utilidad p�blica, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal podr� ejercer las acciones necesarias para reclamar la reversi�n parcial o total de dichos bienes y para que opere la incorporaci�n de �stos a su patrimonio, tambi�n lo es que ni en dicha ley ni en el C�digo Civil Federal, de aplicaci�n supletoria a �sta, se prev� la prescripci�n de la acci�n de reversi�n, por lo que al respecto resulta aplicable la Ley General de Bienes Nacionales, que en su art�culo 33, p�rrafo segundo, dispone que los propietarios que tengan derecho a demandar la reversi�n de los bienes expropiados, tendr�n un plazo de dos a�os para ejercer sus derechos, contados a partir de la fecha en que aqu�lla sea exigible. Lo anterior es as�, porque conforme a lo dispuesto en el art�culo 3o., fracci�n VI, de la ley �ltimamente citada, una vez que surte sus efectos el decreto expropiatorio, el bien inmueble sale del patrimonio del ejido e ingresa a los bienes del dominio privado de la Federaci�n." (Novena �poca, Segunda S., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., julio de 2001, tesis 2a./J. 26/2001, p�gina 501).

En la ejecutoria que dio lugar a la tesis de jurisprudencia transcrita, esta Segunda S. sostuvo, adem�s, que en el supuesto precisado la Ley Agraria no tiene aplicaci�n, pues �sta s�lo legitima al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, a vigilar que se cumpla con el fin de utilidad p�blica precisado en el decreto expropiatorio y, en caso de que advierta que no haya sido as�, a ejercer la acci�n de reversi�n con el prop�sito de que dicho inmueble -que pas� al dominio privado de la Federaci�n- sea incorporado al patrimonio de dicho fideicomiso. Que, por tanto, tampoco es aplicable en forma supletoria el C�digo Civil Federal, como lo se�ala la Ley Agraria en su art�culo 2o., pues si �ste no prev� la prescripci�n de la acci�n de reversi�n, no puede regular supletoriamente una figura jur�dica no prevista en dicha Ley Agraria, la que se limita a referir en su art�culo 97, que cuando los bienes expropiados se destinen a un fin distinto del se�alado en el decreto respectivo, o si transcurrido el plazo de cinco a�os no se ha cumplido con la causa de utilidad p�blica, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercer� las acciones necesarias para reclamar la reversi�n parcial o total; por lo que aun cuando no prev� la prescripci�n de la acci�n de reversi�n, ello es irrelevante, pues s�lo legitima al fideicomiso para ejercer la acci�n correspondiente y es la Ley General de Bienes Nacionales la que prev� el plazo de dos a�os para ejercer dicha acci�n, legislaci�n que es aplicable en virtud de que, desde el momento mismo en que surti� sus efectos el decreto expropiatorio, el bien inmueble sali� del patrimonio del ejido y pas� a formar parte de los bienes del dominio privado de la Federaci�n.

De igual forma, en la ejecutoriareferida esta S. expres� que en el caso analizado tampoco es aplicable la Ley de Expropiaci�n, pues no obstante que �sta regula los bienes de los particulares que han sido objeto de un decreto expropiatorio y prev� tambi�n el plazo de dos a�os para ejercer la acci�n de reversi�n, para el caso de que transcurran cinco a�os sin que el bien relativo se destine al fin de utilidad p�blica para el cual fue expropiado, lo cierto es que es aplicable la ley especial, que es la Ley General de Bienes Nacionales, puesto que el bien inmueble correspondiente pasa a formar parte de la Federaci�n, desde el momento mismo en que surte sus efectos el decreto expropiatorio respectivo.

En los t�rminos precisados en tal ejecutoria, esta Segunda S. del Alto Tribunal clarific� que en el caso de la acci�n de reversi�n de bienes ejidales o comunales, prevista en el art�culo 97 de la Ley Agraria actualmente vigente, cuyo ejercicio ata�e al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, al versar sobre bienes que son del dominio privado de la Federaci�n desde el momento en que surte efectos el decreto expropiatorio correspondiente, la legislaci�n aplicable respecto al plazo de la prescripci�n de dicha acci�n es la Ley General de Bienes Nacionales, que establece el lapso de dos a�os para demandar la reversi�n.

Sentado lo anterior, procede ahora establecer si la aludida prescripci�n, que opera por el transcurso de dos a�os sin que se ejerza la acci�n de reversi�n, requiere que la parte demandada la plantee expresamente v�a excepci�n, o si el tribunal agrario est� en aptitud de analizarla oficiosamente.

A efecto de dar respuesta a tal cuestionamiento, debe analizarse, en primer lugar, si en el caso concreto el plazo para ejercer la acci�n de reversi�n es elemento integrante de �sta y, por ende, si constituye un presupuesto cuyo an�lisis pueda realizarse en forma oficiosa, o si implica una excepci�n procesal perentoria, que la parte interesada deba oponer expresamente para que el juzgador pueda efectuar su estudio.

Aunque en la ejecutoria que resolvi� la contradicci�n de tesis 93/2000-SS se afirm�, que la Ley General de Bienes Nacionales, vigente en ese momento, era aplicable a la prescripci�n de la acci�n de reversi�n; como se vio, tal afirmaci�n debe circunscribirse al tema ah� tratado, que fue el atinente s�lo a la duraci�n del lapso para que opere la prescripci�n, que es de dos a�os, conforme a lo dispuesto tanto en el art�culo 33, p�rrafo segundo, de la Ley General de Bienes Nacionales ah� analizada, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el ocho de enero de mil novecientos ochenta y dos, como en el diverso precepto 54, p�rrafo tercero, de la actual Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el instrumento oficial de difusi�n mencionado el veinte de mayo de dos mil cuatro.

Lo anterior implica que, a excepci�n del plazo espec�fico para la prescripci�n, el procedimiento en los juicios de reversi�n de bienes ejidales o comunales debe regirse conforme a las reglas contenidas en la Ley Agraria.

En ese tenor, a efecto de contar con el panorama global sobre la cuesti�n a dilucidar, debe tomarse en cuenta el texto de los art�culos 178, 185, fracciones I, III y V, y 164, todos de la Ley Agraria, cuyo texto es:

(Reformado, D.O.F. 9 de julio de 1993)

"Art�culo 178. La copia de la demanda se entregar� al demandado o a la persona con quien se practique el emplazamiento respectivo. El demandado contestar� la demanda a m�s tardar en la audiencia, pudiendo hacerlo por escrito o mediante su comparecencia. En este �ltimo caso, el tribunal solicitar� a la Procuradur�a Agraria que coadyuve en su formulaci�n por escrito en forma concisa. En su actuaci�n, dicho organismo se apegar� a los principios de objetividad e imparcialidad debidas."

"Art�culo 185. El tribunal abrir� la audiencia y en ella se observar�n las siguientes prevenciones:

"I.E.�n oralmente sus pretensiones por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestaci�n y ofrecer�n las pruebas que estimen conducentes a su defensa y presentar�n a los testigos y peritos que pretendan sean o�dos;

"...

"III. Todas las acciones y excepciones o defensas se har�n valer en el acto mismo de la audiencia, sin sustanciar art�culos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Si de lo que expongan las partes resultare demostrada la procedencia de una excepci�n dilatoria, el tribunal lo declarar� as� desde luego y dar� por terminada la audiencia;

"...

"V. Si el demandado no compareciere o se rehusara a contestar las preguntas que se le hagan, el tribunal podr� tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, salvo cuando se demuestre que no compareci� por caso fortuito o fuerza mayor a juicio del propio tribunal."

"Art�culo 164. ...

"Los tribunales suplir�n la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de n�cleos de poblaci�n ejidales o comunales, as� como ejidatarios y comuneros."

Los preceptos transcritos evidencian que en el procedimiento agrario, entre otras prevenciones, debe observarse la atinente al principio de oralidad, conforme al cual las partes deben comparecer a la audiencia de ley; que todas las acciones y excepciones o defensas deben hacerse valer en el acto mismo de la audiencia, sin sustanciar art�culos o incidentes de previo y especial pronunciamiento; as� como que si el demandado no comparece al desahogo de dicha audiencia, el tribunal podr� tener por ciertas las afirmaciones de su contraparte, salvo cuando se demuestre que no compareci� por caso fortuito o fuerza mayor, a juicio del propio tribunal.

Del texto del art�culo 164 transcrito destaca, adem�s, que cuando se trate de la categor�a de sujetos a que se refiere ese precepto, es decir, n�cleos de poblaci�n ejidales o comunales, ejidatarios o comuneros, el �rgano jurisdiccional debe aplicar la suplencia de la deficiencia de la queja en su favor.

En el contexto apuntado, retomando en lo conducente algunas consideraciones vertidas por esta Segunda S., al fallar la contradicci�n de tesis 158/2002-SS, bajo la ponencia del se�or M.S.S.A.A., cabe destacar que as� como la doctrina procesal reconoce la existencia de un derecho de acci�n, entendido como el derecho abstracto para promover la actividad del �rgano jurisdiccional con el prop�sito de que se resuelva un litigio o controversia, se reconoce paralelamente un derecho gen�rico de defensa, definido como la posibilidad de contradecir las pretensiones de la parte actora y ofrecer pruebas que respalden la defensa intentada. Ambos derechos se consideran complementarios, e indubitablemente, este derecho de defensa se encuentra inmerso en la garant�a de audiencia prevista en el art�culo 14 de la Constituci�n Federal.

Debe precisarse que el an�lisis respecto a las excepciones y defensas en el proceso de que se trata, necesariamente debe abordarse desde el enfoque del derecho civil, toda vez que la legislaci�n en materia agraria, vigente a partir de mil novecientos noventa y dos, producto de las reformas al art�culo 27 constitucional de ese propio a�o, suponen la instauraci�n de un procedimiento agrario con claras ra�ces en el derecho com�n, en tanto sustituye el sistema de reparto agrario en el cual los conflictos o procedimientos agrarios se resolv�an ante instancias netamente administrativas o, en su caso, mediante el juicio de amparo; en cambio, a partir de la expedici�n de la Ley Agraria y de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, se implementa un proceso judicial seguido ante tribunales especializados, con intervenci�n de las partes (ejido, comunidades, peque�os propietarios, asociaciones, ejidatarios, avecindados, etc�tera), y si bien no se trata de un proceso de derecho privado sino que conserva su naturaleza p�blica, lo cierto es que se regula mayoritariamente conforme a las reglas del proceso civil, m�xime que desde la perspectiva hist�rica, las instituciones procesales han sido producto de la evoluci�n y desarrollo de aqu�l.

De ah� que el art�culo 2o. de la Ley Agraria, remita en forma supletoria a la legislaci�n civil federal y, en su caso, a la mercantil, seg�n la materia de que se trate.

As�, una vez instaurado el juicio espec�fico, despu�s de que se emplaza a la parte demandada, �sta, en ejercicio de su derecho de defensa, se encuentra en aptitud de negar los hechos afirmados por el actor y el derecho que presuntamente le asiste a este �ltimo; o bien, de oponerse al proceso o al reconocimiento de la validez de las pretensiones de dicho demandante, esto es, oponer excepciones procesales o sustanciales, adem�s que puede tambi�n formular reconvenci�n en contra del actor.

En lo que aqu� interesa, cabe destacar la oposici�n al reconocimiento de la validez de las pretensiones de la parte actora, la cual se ha definido desde el punto de vista procesal como "excepci�n".

Para el tratadista H.A. (cfr. "Revista de Derecho Procesal", a�o VII, Primera Parte) la palabra "excepci�n" tiene tres diversos significados, a saber:

  1. En sentido amplio, designa toda defensa que se opone a la acci�n.

  2. En un sentido m�s restringido, comprende toda defensa fundada en un hecho impeditivo o extintivo.

  3. En sentido estricto, es la defensa fundada en un hecho extintivo o impeditivo que el J. podr� tomar en cuenta s�lo si el demandado lo hace valer.

Algunos autores nacionales distinguen a la "excepci�n" en sentido abstracto y concreto. En sentido abstracto la definen como la facultad que la parte demandada tiene para oponer, frente a las pretensiones del actor, diversas cuestiones que pudieran impedir un pronunciamiento de fondo sobre tales pretensiones, o inclusive, producir su absoluci�n. Bajo este enfoque, la "excepci�n" se identifica con el derecho de defensa en juicio, con independencia de que se haga o no valer, o bien, de que resulte fundada o infundada.

En cambio, en sentido concreto, la "excepci�n" es la cuesti�n espec�fica que el demandado hace valer frente a la pretensi�n del actor, la cual tiene por objeto oponerse a la continuaci�n del proceso por considerarse que determinados presupuestos procesales no est�n satisfechos (excepciones procesales), o bien, a que se reconozca la validez de las pretensiones del actor, aleg�ndose en estos casos la existencia de hechos extintivos, modificativos o impeditivos en la relaci�n jur�dica subyacente invocada por el demandante (excepciones sustanciales).

As�, las "excepciones" procesales cuestionan la integraci�n misma de la relaci�n procesal sin cuestionar, necesariamente, el fondo de la pretensi�n hecha valer por el actor, mientras que las excepciones sustanciales ponen en tela de juicio el fundamento mismo de dicha pretensi�n.

Estas �ltimas, en general, se traducen en hechos concretos modificativos, impeditivos o extintivos que afectan la relaci�n jur�dica sustancial invocada por el actor como origen y fundamento de su pretensi�n; espec�ficamente, los hechos extintivos suponen la terminaci�n de la relaci�n jur�dica de que se trate.

Asimismo, las "excepciones" suelen clasificarse, particularmente por los ordenamientos adjetivos, como dilatorias y perentorias. Las primeras corresponden a aquellas que paralizan o detienen el curso de la acci�n, en tanto que las segundas son aquellas que destruyen la acci�n misma.

Se distingue tambi�n, desde los puntos de vista doctrinal y jurisprudencial, entre excepciones y defensas. Las defensas han sido concebidas como: a) el equivalente a las excepciones sustanciales, esto es, como la oposici�n al derecho sustantivo; b) meras negaciones formuladas por el demandado respecto a los hechos o el derecho invocado por el actor; o, c) "excepciones impropias" que se apoyan en hechos que por s� solos excluyen la acci�n y que el J. debe analizar oficiosamente, a diferencia de las excepciones que descansan en hechos que permiten al demandado destruir la acci�n, siempre que �ste los alegue y los demuestre.

La distinci�n entre defensa y excepci�n consignada en �ltimo t�rmino corresponde a la definici�n que, de estas figuras jur�dicas, efectu� la otrora Tercera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en las tesis cuyo texto y datos de publicaci�n son:

"EXCEPCIONES Y DEFENSAS. Existen excepciones en sentido propio y excepciones en sentido impropio o defensas. Las primeras descansan en hechos que por s� mismos no excluyen la acci�n, pero dan al demandado la facultad de destruirla mediante la oportuna alegaci�n y demostraci�n de tales hechos. En cambio, las defensas o excepciones impropias, se apoyan en hechos que por s� mismos excluyen la acci�n, de modo que una vez comprobadas por cualquier medio, el J. est� en el deber de estimarlas de oficio, inv�quelas, o no, el demandado. Son ejemplos de excepciones en sentido propio, la compensaci�n, la prescripci�n, etc�tera. Son ejemplo de excepciones impropias o defensas, el pago, la novaci�n, la condonaci�n del adeudo, la confusi�n, etc�tera. La prescripci�n puede hacerse valer por v�a de acci�n, pero tambi�n puede hacerse valer por v�a de excepci�n, puesto que, como se acaba de indicar, se trata de una excepci�n en sentido propio." (Sexta �poca, Tercera S., Semanario Judicial de la Federaci�n, tomo: Cuarta Parte, VII, p�gina 193).

"EXCEPCIONES IMPROPIAS O DEFENSAS, ESTUDIO DE OFICIO DE LAS. ARRENDAMIENTO. La falta de contestaci�n a la demanda trae como consecuencia, seg�n el art�culo 271 del C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito y Territorios Federales, que se presumen confesados los hechos de la demanda; pero esto no impide a la parte demandada presentar pruebas de hechos que excluyan la acci�n. La Suprema Corte de Justicia ha establecido distinci�n entre las excepciones propiamente dichas de las excepciones impropias o defensas, diciendo que las primeras descansan en hechos que por s� mismos no excluyen la acci�n, pero dan al demandado la facultad de destruirla o de dilatar su curso, seg�n sean perentorias o dilatorias; y que las segundas se apoyan en hechos que por s� mismos excluyen la acci�n, de modo que una vez demostrada su existencia, el J. est� en el deber de estimarlas de oficio, aunque no las alegue el demandado. Como ejemplos de excepciones en sentido propio se cita la compensaci�n y la prescripci�n; y de las excepciones impropias o defensas, el pago, la novaci�n, la condonaci�n del adeudo y la confusi�n. Por lo tanto, es evidente que la existencia de un contrato congelado anterior al que sirvi� de base a la demanda, excluye la acci�n de terminaci�n del arrendamiento, porque el decreto de veinticuatro de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, en sus art�culos 1o. inciso a), 2o., fracci�n I, 9o. y 3o., transitorio, prorroga los contratos de arrendamiento de las casas destinadas a habitaci�n, cuya renta no sea mayor de trescientos pesos; declara nulos de pleno derecho los convenios que los modifican; y deroga los art�culos del C�digo Civil y de Procedimientos Civiles que se opongan al mismo; y en consecuencia, los convenios que modifiquen los contratos protegidos por el referido decreto, no pueden producir efecto alguno. En tal virtud no se trata en el caso de una excepci�n en sentido estricto, sino de una defensa que por s� misma excluye la acci�n, porque seg�n la fracci�n I del art�culo 1o. del C�digo de Procedimientos Civiles, toda acci�n presupone la existencia de un derecho; y apareciendo manifiesta la falta de ese derecho de los recibos de renta, los cuales prueban la existencia de un contrato anterior al susodicho decreto, el juzgador debe estudiar de oficio la defensa citada que constituye una condici�n para la procedencia de la acci�n." (Sexta �poca, Tercera S., Semanario Judicial de la Federaci�n, tomo: Cuarta Parte, LVI, p�gina 59).

En las circunstancias apuntadas, con el prop�sito de resolver la presente contradicci�n de criterios, basta considerar a la excepci�n en un sentido amplio, como la defensa que hace valer el demandado en un juicio frente a las pretensiones de la parte actora.

No obstante, como se ha visto, esta noci�n general de la excepci�n puede ser acotada seg�n el tipo de hechos en que la defensa opuesta se base y, espec�ficamente, en relaci�n con el tema que nos ocupa, cuando la defensa que el demandado haga valer se funde en un hecho extintivo, se tratar� entonces de la excepci�n de prescripci�n.

Cabe precisar que la prescripci�n extintiva provoca la desaparici�n de un derecho o una obligaci�n con base en un dato puramente negativo, como es el no ejercicio del derecho relativo por su titular. La justificaci�n para la p�rdida de un derecho o para la liberaci�n de una obligaci�n suele darse bajo distintos enfoques, entre otros: como sanci�n al desinter�s del titular del derecho, como renuncia t�cita de �ste, o como requisito de seguridad jur�dica dado que es imposible mantener relaciones jur�dicas en estado de incertidumbre permanente, en detrimento del principio de seguridad jur�dica.

La prescripci�n es una excepci�n sustancial, referida a la extinci�n del derecho del actor, con el objeto de destruir su pretensi�n; pero para que tal prescripci�n sea analizada, por regla general el interesado debe hacerla valer en forma expresa, pues lo contrario implica el reconocimiento t�cito de la subsistencia del derecho del actor al ejercer la acci�n relativa.

No obstante, esa regla no se actualiza en los casos en que la legislaci�n que rige el procedimiento correspondiente otorga facultades al juzgador para estudiar, en forma oficiosa, los presupuestos procesales y los elementos de la acci�n intentada, aun en ausencia de excepciones, casos en los cuales el �rgano jurisdiccional puede resolver lo conducente, aun con base en consideraciones propias que se aparten de las excepciones y defensas opuestas o, incluso, ante la falta de �stas.

En el caso concreto, como se dijo, la normativa que rige el procedimiento en los juicios de reversi�n sobre bienes ejidales o comunales, es la Ley Agraria, en la cual opera la suplencia de la queja, conforme a lo dispuesto en su art�culo 164, p�rrafo �ltimo, cuando se trate de n�cleos de poblaciones ejidales o comunales, as� como ejidatarios y comuneros.

Cabe apuntar que la suplencia de la queja deficiente es caracter�stica de los procesos con tendencia publicista, la cual destruye el esquema r�gido seg�n el cual el fallo que dicta el J. debe regirse exclusivamente por lo alegado y probado por las partes; es decir, aquella figura jur�dica instaurada en beneficio de determinados sujetos permite la introducci�n a la contienda, de argumentos que las partes no hayan formulado, as� como la determinaci�n precisa de los hechos y actos litigiosos.

El prop�sito de tal figura jur�dica es impedir que las partes, particularmente las que se encuentran en condiciones de desigualdad material y objetiva frente a su contraparte, vean afectada su esfera jur�dica por los defectos con los que se hace valer la pretensi�n o se opone la defensa respectiva.

De manera que con la suplencia de la queja se pretende que el juzgador resuelva los litigios conforme a la verdad material, esto es, que se allegue elementos o incorpore argumentos que permitan resolver la litis efectivamente planteada. As�, la suplencia de la queja en materia agraria permite que el �rgano jurisdiccional resuelva sobre los actos que realmente son materia de la litis, aun cuando �stos sean diversos a los que las partes se�alaron.

En ese tenor, dada su naturaleza de excepci�n propia, la prescripci�n puede configurarse s�lo cuando el interesado la haga valer de manera expresa; no obstante, en materia agraria el juzgador se encuentra en aptitud de proceder al estudio oficioso de dicha excepci�n (cuando en autos haya elementos que as� lo acrediten o, incluso, alleg�ndoselos el propio juzgador) y resolver sobre la procedencia del asunto sometido a su consideraci�n; siempre que ello se haga en suplencia de la quejadeficiente, a favor de los sujetos a quienes les resulta aplicable tal beneficio.

Ahora bien, el art�culo 97 de la Ley Agraria, legitima exclusivamente al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, para ejercer la acci�n de reversi�n respecto de bienes comunales o ejidales expropiados, a fin de que dicho fideicomiso incorpore tales bienes a su patrimonio.

El contenido del precepto en cita denota tambi�n, que la acci�n de reversi�n tiene como base esencial, que los bienes ejidales o comunales se hayan destinado a alg�n fin distinto al previsto en el decreto expropiatorio o hayan transcurrido cinco a�os sin que se cumpliera la causa de utilidad p�blica relativa; en ese tenor, la reversi�n debe demandarse necesariamente a la Federaci�n o al �rgano de gobierno al que corresponda destinar el bien expropiado a la causa de utilidad p�blica correspondiente. As�, por ejemplo, en casos como los que dieron origen a los juicios de amparo resueltos por los Tribunales Colegiados contendientes, cuando la expropiaci�n se efect�a para la regularizaci�n de la tenencia de la tierra, el organismo encargado de cumplir con la causa de utilidad p�blica atinente y, por ende, a quien debe demandarse la reversi�n, es la C.�n para la Regularizaci�n de la Tenencia de la Tierra.

En tales condiciones, en los juicios incoados al ejercerse la acci�n de reversi�n de bienes ejidales o comunales, las partes que ah� intervienen no son sujetos de derecho agrario; por tanto, la suplencia de la queja deficiente prevista en el art�culo 164, p�rrafo �ltimo, de la Ley Agraria no opera en su favor, mucho menos en beneficio de la parte demandada. De ah� que en este caso sea aplicable la regla general en materia procesal, conforme a la cual la parte interesada tiene la carga de hacer valer las excepciones procesales que est�n basadas en hechos que, por s� mismos, no sean aptos para destruir la acci�n, entre las que se encuentra la prescripci�n, puesto que la p�rdida del derecho por el transcurso del tiempo no est� vinculado en forma directa e inmediata con los elementos de la acci�n; por tanto, en los juicios de reversi�n de bienes ejidales o comunales, el tribunal agrario no est� facultado para analizar en forma oficiosa la prescripci�n de la acci�n.

Lo anterior se corrobora, si se atiende al texto de los art�culos 178 y 185, fracciones I y III, de la Ley Agraria antes transcritos, conforme a los cuales, el demandado puede contestar la demanda hasta el momento de la audiencia de ley, en la cual deben hacerse valer todas las acciones y excepciones o defensas, sin sustanciar art�culos o incidentes de previo y especial pronunciamiento; aunado a que la fracci�n V del propio dispositivo 185 prev� que si el demandado no compareciere al desahogo de la audiencia, el tribunal podr� tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, salvo cuando se demuestre que no compareci� por caso fortuito o fuerza mayor, a juicio del propio tribunal.

Respecto a las formalidades que deben observarse en atenci�n al momento en que la demanda se conteste, es preciso tener en consideraci�n el criterio que esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sustent�, en la tesis de jurisprudencia cuyo texto y datos de publicaci�n son del tenor siguiente:

"JUICIO AGRARIO. EL ESCRITO DE CONTESTACI�N DE DEMANDA PRESENTADO ANTES DE LA AUDIENCIA DE LEY, S�LO SURTE EFECTOS SI SU AUTOR LO RATIFICA ORALMENTE EN DICHA DILIGENCIA (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 185 DE LA LEY AGRARIA).-El an�lisis de los preceptos que regulan el procedimiento previsto en la Ley Agraria evidencia que �ste es de naturaleza especial y eminentemente oral; por tanto, si bien es cierto que conforme a los art�culos 170 y 178 de esa ley, las partes pueden formular la demanda y contestaci�n por escrito o mediante comparecencia y, adem�s, el demandado puede contestarla hasta el momento de la audiencia prevista en el art�culo 185 del ordenamiento invocado, tambi�n lo es que ambas partes (o en su caso, sus representantes) deben comparecer a la audiencia, a fin de que expongan oralmente sus pretensiones, excepciones y defensas y para que, en t�rminos de la fracci�n VI del precepto 185 citado, el tribunal pueda exhortarlas a conciliar sus intereses y a celebrar convenio. De manera que aun cuando los escritos de demanda y contestaci�n obren en autos, la presencia de las partes en la audiencia tiene el prop�sito de que en ella se reproduzcan o ratifiquen aquellos documentos para que surtan sus efectos legales, lo que se corrobora con los art�culos 183 y 184, en relaci�n con el 185, fracci�n V, todos de la ley mencionada, conforme a los cuales la ausencia de las partes tiene consecuencias distintas, y en caso de que el demandado no comparezca o se reh�se a contestar las preguntas que se le formulen, el tribunal podr� tener por ciertas las afirmaciones de su contraparte, salvo que se demuestre que no compareci� por caso fortuito o fuerza mayor. En tales condiciones, la inasistencia del demandado emplazado debidamente, en tanto no derive de caso fortuito o fuerza mayor, ocasiona que la demanda se considere no contestada y se tengan por reconocidas las afirmaciones del actor, aunque el escrito de contestaci�n haya sido presentado antes de la audiencia, pues �ste no surte efecto legal alguno si no es ratificado oralmente por su autor a trav�s de su comparecencia a la audiencia de m�rito." (Novena �poca, Segunda S., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2006, tesis 2a./J. 48/2006, p�gina 205).

En ese tenor, dado que en los juicios de reversi�n de bienes ejidales o comunales no es factible que intervengan sujetos de derecho agrario, a favor de quienes la suplencia de la queja deficiente opera, en t�rminos del art�culo 164, p�rrafo �ltimo, de la Ley Agraria; es evidente entonces que, a efecto de que el juzgador est� en aptitud de analizar la prescripci�n de la acci�n relativa, resulta indispensable que la parte demandada la haga valer en forma expresa, a trav�s de la excepci�n que oponga al momento de contestar la demanda, lo cual puede realizar hasta la celebraci�n de la audiencia de ley o, en su caso, si con anterioridad a esa actuaci�n dicha parte present� su contestaci�n por escrito, debe comparecer a la audiencia para ratificar sus excepciones, so pena de que su inasistencia injustificada provoque que el tribunal tenga por ciertas las afirmaciones de su contraparte. Ello, en t�rminos de lo dispuesto en los art�culos 178 y 185, fracciones I y III, de la Ley Agraria y, adem�s, conforme a la interpretaci�n contenida en la tesis de jurisprudencia invocada.

En atenci�n a lo antes considerado, esta Segunda S. establece, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 192 de la Ley de Amparo, que debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia el criterio que aqu� se sustenta, el cual queda redactado con el rubro y texto que a continuaci�n se indican:

REVERSI�N DE BIENES EJIDALES O COMUNALES. LA PRESCRIPCI�N DE LA ACCI�N PREVISTA EN EL ART�CULO 97 DE LA LEY AGRARIA S�LO PUEDE ANALIZARSE EN LA SENTENCIA, SI LA PARTE DEMANDADA LA HACE VALER EXPRESAMENTE, V�A EXCEPCI�N.-Conforme al citado precepto, s�lo el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal est� legitimado para ejercer la acci�n de reversi�n de bienes comunales o ejidales (a efecto de incorporarlos a su patrimonio) cuando se destinen a un fin distinto del se�alado en el decreto respectivo o transcurra el plazo de cinco a�os sin que se cumpla la causa de utilidad p�blica correspondiente. Ahora bien, como la disposici�n precisada denota que la acci�n debe enderezarse necesariamente contra la Federaci�n o el �rgano de gobierno al que corresponda destinar el bien expropiado a la causa de utilidad p�blica relativa, es evidente que las partes que intervienen en ese tipo de juicios no son sujetos de derecho agrario y, en ese sentido, no opera en su favor la suplencia de la queja deficiente regulada en el art�culo 164, p�rrafo �ltimo, de la Ley Agraria. En consecuencia, es aplicable la regla general en materia procesal, conforme a la cual la parte interesada tiene la carga de oponer las excepciones que est�n basadas en hechos que por s� mismos no sean aptos para destruir la acci�n, entre las que se encuentra la prescripci�n; de ah� que �sta no pueda examinarse oficiosamente en la sentencia, sino s�lo cuando la enjuiciada la invoque en forma expresa, v�a excepci�n, al contestar la demanda en t�rminos de los art�culos 178 y 185, fracciones I y III, del ordenamiento referido.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Existe la contradicci�n de tesis denunciada.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda S. que ha quedado redactada en el �ltimo considerando de esta ejecutoria.

N.�quese; rem�tase de inmediato la jurisprudencia que se sustenta en la presente resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis, para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como su distribuci�n al Tribunal Pleno y a la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

As� lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., J.F.F.G.S. y Ministra presidenta M.B.L.R.. El se�or Ministro Mariano Azuela G�itr�n estuvo ausente por licencia concedida por el Pleno. Fue ponente el se�or Ministro G.D.G.�ngora P..