Ejecutoria num. 1a./J. 49/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 28903139

Ejecutoria num. 1a./J. 49/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 49/2007
Localizacion:Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 2007
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 111/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.DIVORCIO NECESARIO. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE SUPLIR LA QUEJA E INCLUSO ANALIZAR CUESTIONES DISTINTAS A LAS PLANTEADAS EN LOS AGRAVIOS DE LAS PARTES SI ELLO RESULTA IMPRESCINDIBLE PARA PROTEGER DEBIDAMENTE EL INTERÉS DE LA FAMILIA, Y EN PARTICULAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS MENORES (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 949, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 111/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL D�CIMO NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Competencia. Esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafo primero, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracci�n VIII, de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicci�n suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera S..

SEGUNDO

L.�n de los denunciantes. La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, de conformidad con lo previsto por los art�culos 107, fracci�n XIII, segundo p�rrafo, constitucional y 197-A, p�rrafo primero, de la Ley de Amparo, pues la presente contradicci�n de tesis fue denunciada por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito, �rgano emisor de uno de los criterios en contienda.

TERCERO

Posturas contendientes.

  1. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito. Al resolver el doce de julio de dos mil seis el amparo directo 221/2005, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

    "Dicho concepto de violaci�n es fundado, y para sustentar la calificativa que reci�n se le otorg�, es preciso considerar que los art�culos 1o. y 949, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, disponen:

    "?Art�culo 1o. Las disposiciones de este c�digo regir�n en el Estado de Tamaulipas y el procedimiento ser� de estricto derecho para los asuntos de car�cter civil. En las cuestiones de orden familiar, y sin alterar el principio de igualdad y equidad procesal entre las partes, el J. podr�, de oficio suplir sus deficiencias sobre la base de proteger el inter�s de la familia, mirando siempre por lo que m�s favorezca a los menores e incapaces.?

    "?Art�culo 949. La sentencia de segunda instancia se sujetar� a lo siguiente:

    "?I. Se limitar� a estudiar y decidir sobre los agravios que haya expresado el apelante, sin que pueda resolver cuestiones que no fueron materia de �stos o consentidos expresamente por las partes:

    "?Se except�an de lo dispuesto en el p�rrafo anterior los casos en que el Magistrado observe que la resoluci�n combatida, en cuanto al fondo, viola un principio constitucional, si con ella se afecta el inter�s general y no s�lo el particular del apelante en forma concreta.?

    "El primero de tales dispositivos previene como excepci�n al principio de estricto derecho para los asuntos de car�cter civil, la atribuci�n que tienen los juzgadores para que en las cuestiones de orden familiar suplan de oficio las deficiencias de las partes, sobre la base de proteger el inter�s de la familia y busquen siempre lo m�s favorable para los menores e incapaces.

    "Asimismo, el art�culo 949, fracci�n I, prev� otro caso de excepci�n, relacionado estrechamente con la autorizaci�n para que proceda suplir de oficio la queja, en los asuntos de �ndole familiar, consistente en que la autoridad de segunda instancia deber� resolver el negocio sin limitarse a estudiar y decidir sobre los agravios que le haya planteado el inconforme, y sin importar que se trate de cuestiones que no fueron materia de �stos o hayan sido consentidas expresamente por las partes, cuando el Magistrado observe que la resoluci�n combatida viola en cuanto al fondo un principio constitucional, si con ello se afecta al inter�s general y no s�lo el particular del apelante en forma concreta.

    "En efecto, ante cualquiera de los supuestos se�alados, se actualizar� la norma de car�cter imperativo establecida a cargo de la autoridad, para que supla de oficio la deficiencia de la queja, misma que se har� a�n m�s patente cuando lo que est� en juego sea el orden y estabilidad de la familia, o bien, preservar alg�n derecho de un menor o incapaz, si los intereses que se ventilan en el negocio van m�s all� de la voluntad individual de los litigantes y se pretende evitar con ello un perjuicio para quienes la ley reconoce como personas cuyo inter�s es superior para la sociedad en general; como son justamente los menores de edad y los incapaces.

    "Lo anterior es as�, pues no se desconoce que los art�culos 1o. y 949, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, son congruentes con el art�culo 4o. de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen las bases m�nimas para fomentar la organizaci�n y el desarrollo integral de la familia, as� como para que se protejan con especial cuidado los derechos fundamentales de los menores e incapaces, mediante la satisfacci�n de sus necesidades b�sicas de alimentaci�n, salud, educaci�n, sano esparcimiento y acceso a la justicia, entre otras, que tanto los ascendientes, tutores y custodios de aqu�llos, as� como el propio Estado mexicano a trav�s de sus instituciones y �rganos jurisdiccionales deben preservar, para as� garantizar el respeto a la dignidad, integridad f�sica y mental de esas personas vulnerables.

    "Sin embargo, el primero de los art�culos mencionados, condiciona a que aun en los casos donde opera la suplencia de la queja, no deben alterarse los principios de igualdad y equidad procesal entre las partes; principios que descansan en el trato igualitario de �stas y en el equilibrio de las cargas procesales que deben cumplir, con el prop�sito de obtener un beneficio o de evitarse un perjuicio durante el proceso; lo que sin duda refleja tambi�n un inter�s especial del legislador y requiere de bases firmes al momento en que pretendan aplicarse los preceptos que autorizan utilizar esa figura, porque la modificaci�n de estricto derecho durante el proceso de valoraci�n de las circunstancias, que permiten establecer si se est� en presencia de los casos excepcionales de los art�culos 1o. y 949, fracci�n I, p�rrafo segundo, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado, altera, precisamente, las circunstancias en perjuicio o en beneficio de alguien, y esto a su vez demanda que las �nicas circunstancias que el juzgador puede considerar para suplir las deficiencias de las partes, sean aquellas que el derecho le permite tomar en cuenta y ningunas otras.

    "Entonces, para dimensionar si la facultad conferida en los art�culos 1o. y 949, fracci�n I, p�rrafo segundo, invocados, es o no absoluta en cualquier asunto del orden familiar, o bien, como en el presente, cuando s�lo una de las partes en el litigio se inconform� contra la resoluci�n de primer grado, deber� atenderse cuando menos a las siguientes bases establecidas por el propio legislador:

    "El actual C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, en su art�culo 1o., no conten�a disposici�n alguna que hiciera alusi�n a la suplencia de la queja o excepci�n al principio de estricto derecho para los asuntos de car�cter civil o familiar, como lo hace ahora dicho art�culo en su texto vigente.

    "Los antecedentes de este precepto fueron:

    "La iniciativa del decreto que conten�a el entonces proyecto de reforma a los art�culos 106 de la C.�n Pol�tica del Estado de Tamaulipas, 13, 16, 19, 27, 35, 38, 40 y 41, y adici�n al art�culo 38 bis de la L.O.�nica del Poder Judicial y reforma al art�culo 1o. del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado, fue enviado por el Gobernador C.onal a la Quincuag�sima Octava Legislatura del Congreso Estatal para su discusi�n y aprobaci�n. En la parte correspondiente del considerando de la iniciativa se destac�:

    "?Cuarto. Que es preocupaci�n del Ejecutivo Estatal, y en particular del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, estar atentos y prodigar los mejores esfuerzos a favor de la familia, considerada �sta, como la parte m�s sensible y trascendente de la sociedad tamaulipeca; as�, a trav�s de la asistencia social, el Estado busca ampliar las capacidades y posibilidades de sus integrantes con mayores carencias, sin embargo, es claro que la asistencia social debe ir m�s all� de las tareas de rescate inmediato de individuos en desventaja, por ello, adem�s de apoyar de manera decidida los programas destinados a ofrecer al individuo una libertad plena de decisiones sobre su actuar y participaci�n en la sociedad, el Estado, como garante del acceso a la justicia, debe proveer a la familia de un sistema jurisdiccional adecuado que garantice de manera oportuna y eficaz la soluci�n a los problemas de dicha �ndole que la aqueje, y a los que por diversas razones est� expuesta. As�, se propone un sistema que tendr� su base en la especializaci�n de juzgados de primera instancia y S.s del Poder Judicial de la entidad, en aquellos lugares que as� lo requieran, o bien, de naturaleza mixta en los que no suceda as�, complementado con la facultad legal que se le confiera suplir oficiosamente las deficiencias en juicio a favor de la familia, a cuyo efecto se propone se reformen y adicionen diversos dispositivos jur�dicos de la C.�n Pol�tica Local, L.O.�nica del Poder Judicial y del C�digo de Procedimientos Civiles.? (el subrayado es propio).

    "En el art�culo tercero de la iniciativa se propuso lo siguiente:

    "?Art�culo tercero: Se reforma el art�culo 1o. del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, para quedar como sigue:

    "?Art�culo 1o. Las disposiciones de este c�digo regir�n en el Estado de Tamaulipas y el procedimiento ser� de estricto derecho, excepto en las cuestiones de orden familiar, en las que el J. tendr� la facultad de suplir, de oficio, las deficiencias a favor de la familia.? (el subrayado es propio).

    "Dicha iniciativa se turn� para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos C.onales, de Justicia y de Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado, mismas que a la luz del an�lisis que realizaron de la exposici�n de motivos y los preceptos que integraron la iniciativa en cuesti�n, y sin dem�rito de coincidir con el esp�ritu y alcance de �sta, consideraron pertinente plantear tres adecuaciones al texto de otros tantos preceptos contenidos en ella, como lo fue el art�culo 1o. de que se trata, en relaci�n con el cual, la propuesta de las comisiones unidas fue la siguiente:

    "?... Al referirse la propuesta de reforma al art�culo 1o. del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado, se se�al� que el planteamiento entra�a la posibilidad de que de oficio el J. supla las deficiencias de las partes en el procedimiento cuando se trate de cuestiones de car�cter familiar. Sin discrepar de la propuesta, cabe se�alar que un buen n�mero de juicios en materia familiar entra�an la actuaci�n de una parte actora y otra parte demandada; si consideramos la funci�n de impartici�n de justicia sobre la base de constituirse en una instancia imparcial para la soluci�n de controversias, es menester que el principio de la igualdad y equidad procesal de las partes no sufra menoscabo alguno por la actuaci�n oficiosa del J. para suplir las deficiencias de las partes en el litigio en el que interviene. As�, al proponerse que las deficiencias del actor y del demandado se suplan con base en el principio de favorecer a la familia, no deja de apreciarse un cierto rango de incertidumbre, porque queda a criterio del juzgador el criterio de cuestiones que constituyen el inter�s de la familia.?

    "En ese sentido, se plantea que el principio de suplencia en los procedimientos de car�cter familiar impere sobre la base de no afectar la igualdad y equidad procesal de las partes. Por ello se propone el siguiente texto:

    "Art�culo 1o. La disposiciones de este c�digo regir�n en el Estado de Tamaulipas y el procedimiento ser� de estricto derecho para los asuntos de car�cter civil. En las cuestiones de orden familiar y sin alterar el principio de igualdad y equidad procesal entre las partes. El J. podr�, de oficio, suplir sus deficiencias sobre la base de proteger el inter�s de la familia, mirando siempre por lo que m�s favorezca a los menores e incapaces.? (el subrayado es propio).

    "Del anterior dictamen surgi� el Decreto N�mero 175, mediante el cual se reforman los art�culos 106 de la C.�n Pol�tica del Estado, 13, 16, 19, 27, 35, 38, 40 y 41, y se adiciona el art�culo 38 bis de la L.O.�nica del Poder Judicial, y se reforman los art�culos 1o. y 192 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado.

    "As�, de lo hasta aqu� expuesto, se tiene que del proceso legislativo que culmin� con la reforma al art�culo 1o. del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, en su texto actual -estrechamente vinculado con la facultad excepcional para suplir en la segunda instancia, la deficiencia de las partes-, deriva claramente la intenci�n del legislador para que en los negocios de �ndole familiar se supla la queja deficiente, en concordancia, adem�s, con el sistema jur�dico mexicano que ha demostrado marcada inclinaci�n en garantizar la debida, oportuna y correcta protecci�n de los intereses de la familia y obviamente de sus miembros, en especial los menores de edad.

    "Sin embargo, tambi�n se advierte en forma expresa y manifiesta que su intenci�n no fue que aquella potestad sea discrecional ni absoluta, al grado de tener el alcance de una revisi�n total y oficiosa del proceso, al menos en la segunda instancia y tampoco en todos los supuestos, sino que ello estar� limitado a que en cada caso particular no se altere el principio de igualdad y equidad entre las partes, lo anterior, al considerar el legislador que la funci�n de la impartici�n de justicia debe erigirse sobre la base de constituirse en una instancia imparcial para la soluci�n de las controversias, siendo para ello necesario, que el principio de igualdad y equidad procesal no sufra menoscabo alguno por la actuaci�n oficiosa de los juzgadores para suplir las deficiencias de las partes, ya que, sin dejar de lado la importancia que reviste la materia familiar y de los menores de edad, se deduce que la principal preocupaci�n del legislador fue la de evitar el rango de incertidumbre que puede presentarse en los litigios, si en todos los casos se deja al criterio del juzgador, el criterio de determinar qu� cuestiones constituyen el inter�s de la familia; lo cual sugiere, adem�s, que por el mandato legal no existe una potestad ampl�sima trat�ndose de la suplencia de la queja, sino que estar� condicionada a que las partes cumplan las m�nimas cargas procesales que la ley contemple y cuya observancia permita a la autoridad jurisdiccional el adentrarse en la soluci�n integral del debate.

    "En resumen, para no alterar el principio de igualdad y equidad procesal entre las partes, los litigantes deben tener el mismo trato, deben d�rseles las mismas oportunidades, pero el proceso no debe producirse en perjuicio de quien se ve en la necesidad de promoverlo para ejercitar o defender sus derechos, aun sobre la base de que pretenda suplirse la deficiencia de la queja.

    "En este sentido, cabe se�alar que los art�culos 46, 912, 926, 927, 930 y 931 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, disponen: (se transcribe).

    "Por tanto, si se considera que el sistema apelatorio que impera en el C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, se rige por diversos principios procesales que imponen cargas de igual �ndole a las partes que son afectadas por una misma decisi�n judicial, como son el dispositivo, el de instancia o iniciativa de parte y el de agravio, que a su vez implican que aquel de los litigantes que se abstiene de realizar determinada acci�n en defensa de sus intereses, debe soportar el perjuicio procesal que de ello le sobrevenga, entonces se concluye que si ambas partes est�n en la posibilidad jur�dica de apelar la sentencia de primer grado a efecto de solicitar la modificaci�n o revocaci�n de aquello que sea adverso a sus intereses, el tribunal de alzada estar� impedido, de inicio, procesal y jur�dicamente, para emprender el estudio oficioso de aquellas cuestiones respecto de las cuales no se hubiera abierto la segunda instancia, sino que deber� ajustar la sentencia a decidir s�lo sobre los agravios propuestos por quien s� interpusiera el recurso y no ocuparse de cuestiones distintas, y menos a�n en beneficio de la contraparte, ya que para poder hacerlo, incluso cuando proceda la suplencia de la queja, ser� necesario que ese litigante haya cumplido cuando menos la carga procesal de impugnar el fallo de primer grado, para no alterar los principios de igualdad y equidad entre las partes, y porque en el marco legal del c�digo adjetivo civil para esta entidad federativa, no existe la figura jur�dica de la revisi�n de oficio ni tampoco un sistema de comunidad de la apelaci�n, seg�n el cual, cualquiera que sea la parte que apela, el superior puede modificar en su favor o en su contra la resoluci�n recurrida y su decisi�n comprende tambi�n a las partes no recurrentes, es decir, puede revisar de oficio en todos sus aspectos la resoluci�n apelada, sin que importe que agrave la situaci�n del apelante y favorezca o desfavorezca a quienes no apelaron.

    "Aunado a lo anterior, debe recordarse el principio non reformatio in peius, o de no reforma en perjuicio del recurrente, que si bien ha logrado desarrollarse con mayor amplitud en �mbitos distintos de lo netamente civil, sirve para forjar una idea m�s clara acerca de la prohibici�n que tiene el juzgador superior en la mayor�a de las ramas del derecho, para agravar la situaci�n jur�dica del apelante en los casos en que no ha mediado el recurso del adversario, quien, ante su conducta omisa, no podr� lograr que el tribunal de alzada modifique o revoque de primera mano, un aspecto de la sentencia que s�lo a �l le perjudicar�a, pero que consinti� al no haberla impugnado.

    "En dicho supuesto, se entienden como esclarecidos a favor de la contraparte uno o varios puntos espec�ficos de la controversia que no podr�n discutirse de nuevo si no fue a petici�n formal y oportuna de quien se encontraba leg�timamente interesado para reabrir la discusi�n, en los casos en que no proceda la revisi�n de oficio.

    "Por ende, el mismo principio jur�dico debe observarse, al menos por analog�a, trat�ndose de la apelaci�n que regula el C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, en la medida que resulte necesario considerar que para modificar o revocar una sola determinaci�n de primer grado que afecte a las dos partes en el litigio, la segunda instancia s�lo podr� abrirse a petici�n de quien pueda sentirse agraviado con ella y busque de manera oportuna la revocaci�n o modificaci�n parcial e incluso total de aquello que trascienda a sus intereses leg�timos, con independencia de que una vez satisfecha esa carga procesal impugnativa, el Magistrado pueda hacer uso o no, de la suplencia de la queja, al permit�rselo as� las circunstancias especiales de cada caso.

    "...

    "Ahora bien, es cierto que la familia y los derechos de los menores conciernen al inter�s p�blico, ata�en al orden social y adem�s se rigen por los principios del art�culo 4o. de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    "Por ende, los negocios que afectan al orden y estabilidad de la familia, as� como a los derechos de menores o incapaces, tambi�n son generalmente de importancia y trascendencia sociales.

    "Asimismo, el divorcio es unproblema capital que afecta el desarrollo y armon�a familiar, y en esos asuntos debe observarse tambi�n, por regla general, el principio de suplencia de la queja en los t�rminos que autorizan los art�culos 1o. y 949, fracci�n I, p�rrafo segundo, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas.

    "Sin embargo, existir�n algunas ocasiones donde se requiera la disoluci�n del v�nculo matrimonial, pero s�lo podr�n verse afectados en mayor grado los intereses particulares de los litigantes y poco o nada el de los dem�s miembros de esa familia: c�tense a guisa de ejemplo, las causales de divorcio necesario previstas en el art�culo 249, fracciones IV, V y VI, donde la soluci�n jur�dica al deterioro de la vida com�n, causado sin culpa de los c�nyuges, por el padecimiento de cualquier enfermedad grave, cr�nica o incurable, que sea, adem�s, contagiosa o hereditaria, la impotencia incurable, o la enajenaci�n mental, se consigue precisamente a trav�s del divorcio necesario, cuya acci�n se concede al c�nyuge sano, pero no existir� culpable; y otras m�s en que ello no suceder� as�, sino que podr� verse afectado de manera trascendental y grave el inter�s de todos los miembros de la familia, cuando por ejemplo, la conducta imputada a uno de los esposos es de tal magnitud que supone una violaci�n grave a los deberes del matrimonio, trat�ndose ejemplificativamente de las causales previstas en el mismo art�culo 249, fracciones III, inciso c), XV y XX, del C�digo Civil, donde se sanciona, respectivamente, la perversi�n de alguno de los c�nyuges demostrada por el conato o los hechos del marido o de la mujer para corromper a los hijos, ya sean �stos, de ambos c�nyuges, ya de uno solo, as� como la tolerancia en su corrupci�n; el grave o reiterado maltrato f�sico o mental de un c�nyuge hacia los hijos, y las conductas de violencia intrafamiliar cometidas por uno de los c�nyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos.

    "En estos casos, invariablemente se persigue erradicar y poner remedio a la conducta reprochable al c�nyuge culpable, en beneficio del inocente y de los hijos de ambos, o de alguno de �stos y, por lo mismo, al estar de por medio la posible afectaci�n a la esfera jur�dica no s�lo de los litigantes, sino tambi�n de los menores de edad, cuando los haya, no se puede actuar en dichas hip�tesis con el rigorismo de un estricto derecho civil, y tanto Jueces como Magistrados deber�n hacer uso de la suplencia de la queja, en t�rminos de los art�culos 1o. y 949, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, mirando siempre por lo que m�s favorezca a ese menor o incapaz, l�gicamente sobre la base de proteger tambi�n a la familia, y sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni el car�cter de los promoventes, con la salvedad que se indic� en p�rrafos anteriores, es decir, sin que se altere el principio de igualdad y equidad procesal entre las partes y se cumplan los requisitos procesales para que la responsable pueda v�lidamente abordar su estudio.

    "Pero si la conducta reprochable y grave no est� probada en autos o no constituye uno de los elementos que deben acreditarse para que proceda la causal de divorcio correspondiente, la autoridad deber� ser m�s cautelosa cuando pretenda suplir la deficiencia de la queja, pues como se vio, la potestad legal que se le confiere no es absoluta y tampoco puede utilizarse en todos los casos, aun trat�ndose de negocios de car�cter familiar, sino que estar� condicionada a que no se altere con ella el principio de igualdad y equidad procesal entre los litigantes.

    "...

    "Como puede observarse, en el sumario de origen se ventil� una controversia que implic� la petici�n de divorcio necesario de la hoy tercera perjudicada contra el quejoso, con base en las causales relativas a la sevicia, las amenazas, la difamaci�n o injurias graves, o los malos tratamientos de un c�nyuge para el otro; la negativa injustificada de ministrar alimentos; los h�bitos de juego o de embriaguez o el uso no terap�utico de enervantes, estupefacientes o psicotr�picos o de cualquier otra sustancia que altere la conducta y produzca dependencia, cuando amenazan causar la ruina de la familia o constituyen un continuo motivo de desavenencia conyugal; as� como las conductas de violencia intrafamiliar cometidas por uno de los c�nyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de algunos de ellos.

    "Causales de divorcio, de las que s�lo se estim� que prosperaron las relativas a la sevicia, amenazas, difamaci�n o injurias graves de un c�nyuge hacia el otro, y a las conductas de violencia intrafamiliar.

    "Es decir, el fallo de primer grado result� adverso a las dos partes contendientes en el litigio, en tanto que a la parte actora se le desestimaron dos de las causales que invoc�, y al demandado se le conden� con base en las restantes.

    "Por ende, tanto actora como demandado ten�an la carga procesal de impugnar la sentencia del J. de origen, en la parte que les perjudic�, si no quer�an soportar las consecuencias jur�dicas de su omisi�n, y con el objeto de lograr la modificaci�n o revocaci�n de aquello que les fue contrario, es decir, tuvieron que haber interpuesto cada uno de ellos el recurso de apelaci�n correspondiente para que no tuvieran que soportar el perjuicio que sobreviniera de su negligencia procesal, que en el caso a estudio se traducir�a en que la segunda instancia no pudiera abrirse respecto de las cuestiones sobre las que no se propici� el debate, pues como se vio, en el C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, no se prev� la revisi�n de oficio de las sentencias de primera o de segunda instancias, ni tampoco existe un sistema de comunidad de la apelaci�n, donde el tribunal superior pueda ocuparse en todos los aspectos del fallo recurrido, sin importar que la decisi�n final pueda ser adversa o favorable no s�lo al apelante, sino tambi�n a quien no se inconform� de manera oportuna.

    "En este sentido, el peticionario de garant�as fue la �nica persona que recurri� en apelaci�n la sentencia de primer grado, y la contraparte dej� pasar esa oportunidad procesal; por lo que, de inicio, el tribunal de segunda instancia se encontraba legalmente impedido para asumir jurisdicci�n respecto de los puntos de aquella sentencia, que originalmente desestim� dos de las cuatro causales de divorcio necesario que la hoy tercera perjudicada invoc� en el procedimiento de origen, porque s�lo a ella correspond�a alzarse contra esa parte de la determinaci�n del J., al tener a su alcance el recurso correspondiente; lo que adem�s pudo hacer, con base en el trato igualitario que se prev� en el C�digo de Procedimientos Civiles a favor de cualquiera de los litigantes, pues aun en los casos en que s�lo se haya obtenido una sentencia parcialmente favorable, no se restringe la procedencia de la apelaci�n, sino que es necesario que �sta la interponga cada uno de los interesados, para que la decisi�n del Magistrado pueda ocuparse de todas las cuestiones del fallo que a cada uno de ellos les perjudique.

    "...

    "Por ende, al haber resuelto como lo hizo, y tal como lo afirma el quejoso, la autoridad responsable transgredi� el principio de igualdad y equidad procesal, pues le caus� un perjuicio a dicha persona, con base en un punto del fallo respecto del cual no se abri� nuevamente la discusi�n ante la alzada, no obstante que �l fue el �nico que mostr� inter�s y se vio en la necesidad de promover el recurso de apelaci�n para defenderse de la decisi�n del J. de primer grado que s� le afecta.

    "Y de ah� que la autoridad responsable transgredi� los art�culos 1o. y 949, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, pues aunque se haya hecho referencia a que estaba de por medio una menor de edad, lo cierto es que se dej� de lado que la intenci�n del legislador fue, precisamente, que para evitar el grado de incertidumbre que se genera si se deja en todos los casos la decisi�n de suplir la deficiencia de la queja, s�lo en manos del juzgador, es necesario que los propios litigantes cumplan las m�nimas cargas procesales que permiten a las autoridades ejercer dicha potestad, como lo era, en el caso concreto, que ambos litigantes se inconformaran contra la sentencia de primera instancia.

    "Lo anterior se explica, si se tiene en cuenta que la causal de divorcio necesario, derivada de la negativa injustificada para ministrar alimentos de un c�nyuge hacia el otro, considerada en s� misma, no incide, en opini�n de este Tribunal Colegiado, en los derechos de la menor acreedora; por cuanto que, como se anticip�, con motivo de las medidas provisionales que la parte actora se�al� haber promovido a favor de su menor hija, en el expediente 257/2005, del �ndice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar, del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Altamira, Tamaulipas, se obtuvo que el hoy quejoso, como deudor, cumpliera con esa medida decretada, al hab�rsele fijado como pensi�n provisional el monto equivalente al cuarenta por ciento del salario y dem�s prestaciones que percibe como trabajador de la empresa ?Servicios O.B.?, sin que en el sumario existiera prueba plena que demuestre que la conducta inicial atribuida a �ste (deudor) haya incidido en forma directa e inmediata en la supervivencia de su hija, al grado de que �sta tuviera inter�s jur�dico para que se decretara el divorcio que s�lo ata�e, por regla general, de manera exclusiva a los consortes.

    Por ende, es que no proced�a la revisi�n oficiosa del fallo y menos a�n con el argumento de que ello fue para beneficiar a los intereses de la menor, pues en la especie, ella nada tuvo que ver para que se decretara la disoluci�n del v�nculo matrimonial solicitada, por cuanto que la causal de divorcio aludida, como se dijo, compete a los intereses de los c�nyuges y no de los hijos, quienes de inicio no se debe pensar que lleguen a estar interesados en que se disuelva el matrimonio de sus padres, no obstante que s� tengan inter�s en que se les suministren los alimentos, tal como se obtiene del contenido de los art�culos 249, fracci�n XI y 144 del C�digo Civil del Estado, ya transcritos.

  2. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito, al resolver el dieciocho de noviembre de dos mil cuatro el amparo directo 516/2004, determin� lo siguiente:

    "Es evidente que el quejoso se duele de que la responsable no valor� las pruebas que aport� al juicio y con las cuales dice que acredit� que estuvo cumpliendo con la obligaci�n de proporcionar alimentos; argumentos que resultan esencialmente fundados, ya que no obstante que en los agravios que expuso el aqu� inconforme, no combati� la valoraci�n que efectu� el juzgador de primer grado, pues solamente expuso que exhibi� una diversidad de materiales probatorios que desvanecen las afirmaciones de la actora; debe decirse que la autoridad responsable se encontraba obligada a realizar un estudio oficioso respecto de la causal de divorcio que aqu�l estim� acreditada, lo que implicaba el an�lisis del material probatorio rendido en autos, para determinar si efectivamente se surti� en la especie dicha causal.

    "En efecto, el art�culo 949, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles, establece lo siguiente (lo transcribe):

    "De tal precepto se advierte el caso de excepci�n en que el tribunal de alzada no se deber� sujetar a los agravios expuestos por el recurrente, lo que ocurre cuando la sentencia viole un principio constitucional y se afecte al inter�s general, lo cual implica que cuando se trate de alguna instituci�n protegida constitucionalmente y que sea de inter�s del Estado y de la sociedad, se deber� realizar un estudio oficioso de la sentencia de primer grado y, en su caso, de estimarse violatoria a dicha instituci�n, suplir la deficiencia de la queja.

    "Ahora bien, el art�culo 4o. de nuestra C.�n, establece diversas garant�as de orden personal y social en favor de los menores, dispositivo que en lo conducente dispone:

    "?Art�culo 4o. ... Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacci�n de sus necesidades y a la salud f�sica y mental. La ley determinar� los apoyos a la protecci�n de los menores, a cargo de las instituciones p�blicas.

    "?Los ni�os y las ni�as tienen derecho a la satisfacci�n de sus necesidades de alimentaci�n, salud, educaci�n y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

    "?Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveer� lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la ni�ez y el ejercicio pleno de sus derechos.

    "?El Estado otorgar� facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la ni�ez.?

    "Como puede observarse, la protecci�n a los derechos de los ni�os y ni�as est� elevada a rango constitucional, lo cual se ha convertido en una funci�n social y de orden p�blico, ya que la propia C.�n establece que dicha protecci�n no s�lo estar� a cargo los ascendientes, tutores y custodios, sino tambi�n de las instituciones p�blicas y del Estado, quienes deber�n proveer lo necesario para que se respeten los derechos de �stos, supeditando los que las personas adultas pudieran tener sobre un ni�o o ni�a, al deber de atenderlos y cuidarlos, buscando siempre el mayor beneficio posible para ellos con el objetivo de cuidar su salud f�sica y mental.

    "Ahora bien, los menores deben crecer en un ambiente familiar de tranquilidad y respeto en el que convivan con sus progenitores, quienes deber�n proveerlos de los satisfactores necesarios para su adecuado desarrollo f�sico y mental.

    "En ese orden de ideas, debe decirse que desde un punto de vista jur�dico, la familia es considerada como un grupo formado por la pareja, sus ascendientes y descendientes, as� como por otras personas unidas por v�nculos de sangre, de matrimonio o s�lo civiles, a los que el ordenamiento positivo impone deberes y otorga derechos jur�dicos.

    "As�, el matrimonio es una de las formas en que se puede constituir una familia, en donde como se ha visto, los menores deber�n tener un adecuado desarrollo psicof�sico; sin embargo, el matrimonio es una instituci�n vulnerable que en ocasiones suele enfrentar serios problemas que pueden hacer desaparecer el estado matrimonial, lo cual significa que es susceptible de disoluci�n, cuya causa puede ser el divorcio necesario.

    "Ahora bien, la disoluci�n de ese v�nculo es evidente que repercute en el desarrollo de los hijos, quienes solamente podr�n quedarse bajo la guarda y custodia de alguno de los padres, en virtud de la separaci�n f�sica y legal de �stos; pues la falta de una vida familiar, generalmente rompe con la armon�a y respeto de que se ha hablado, lo cual afecta la salud mental del ni�o o ni�a.

    "En ese orden de ideas, cabe establecer que a trav�s de la resoluci�n dictada en los divorcios necesarios, al decretar la disoluci�n del v�nculo, necesariamente va a afectar de una u otra forma a los menores que se hayan procreado dentro del matrimonio, por lo cual se constituye tambi�n en una cuesti�n de orden p�blico e inter�s social, al estar elevados a rango constitucional los derechos de los menores; por tanto, ser� necesario aplicar en cada caso, la regla contenida en el art�culo 949, fracci�n I, p�rrafo segundo, del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, que establece: ?... Se except�an de lo dispuesto en el p�rrafo anterior los casos en que el Magistrado observe que la resoluci�n combatida; en cuanto al fondo, viola un principio constitucional, si con ella se afecta el inter�s general y no s�lo el particular del apelante en forma concreta.?

    "Lo anterior se concatena con el diverso numeral 1o. de dicho ordenamiento, el cual se�ala:

    "?Art�culo 1o. Las disposiciones de este c�digo regir�n en el Estado de Tamaulipas y el procedimiento ser� de estricto derecho para los asuntos de car�cter civil. En las cuestiones de orden familiar, y sin alterar el principio de igualdad y equidad procesal entre las partes, el J. podr�, de oficio suplir sus deficiencias sobre la base de proteger el inter�s de la familia, mirando siempre por lo que m�s favorezca a los menores e incapaces.?

    "De todo lo anterior, puede concluirse que trat�ndose de los juicios del orden familiar, el J. puede suplir la queja, mirando siempre por lo que m�s beneficie a los menores incapaces que se vean involucrados en el procedimiento respectivo; dispositivo legal que no s�lo obliga al J. de primer grado, sino que incluye al tribunal de alzada.

    "Opinar lo contrario, ser�a apartarse claramente del art�culo 4o. constitucional que exige proteger los derechos de los menores y la satisfacci�n de sus necesidades f�sicas y mentales.

    As� las cosas, en el caso concreto, se advierte que dentro del matrimonio, cuya disoluci�n se solicita, se procrearon tres menores de edad; por tanto, si el juzgador de primera instancia estim� que oper� la causal de divorcio que invoc� la parte actora, el tribunal de apelaci�n se encuentra obligado a estudiar aun de oficio, si fue correcta o no tal determinaci�n, lo que conlleva a que analice el valor del material probatorio rendido en autos, con independencia de que no sea alegado por la parte apelante; a fin de que pueda decidir en cuanto al fondo, si fue o no correcta la conclusi�n del juzgador de origen; supliendo de ser necesario los agravios propuestos, pues s�lo de esta manera se estar�a protegiendo el desarrollo integral de los menores procreados dentro del matrimonio, consagrado como un principio constitucional.

    De la ejecutoria referida surgi� la tesis aislada XIX.1o.A.C.32 C visible en la p�gina 1683 del Tomo XXI del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (Novena �poca, febrero de 2005), de rubro y texto:

    DIVORCIO NECESARIO. CUANDO SE EJERCITE ESA ACCI�N Y EXISTAN MENORES PROCREADOS DENTRO DEL MATRIMONIO, EL TRIBUNAL DE APELACI�N DEBE ANALIZAR DE OFICIO LA CONTROVERSIA Y, EN SU CASO, SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). El art�culo 949, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas establece como caso de excepci�n en que el tribunal de alzada no deber� sujetarse a los agravios expuestos por el recurrente, cuando la sentencia viole un principio constitucional y se afecte al inter�s general, y no s�lo el particular del apelante, lo cual implica que cuando se trate de alguna instituci�n protegida constitucionalmente y que sea de inter�s del Estado y de la sociedad, deber� realizarse un estudio oficioso de la sentencia de primer grado y, en su caso, suplir la deficiencia de la queja. Ahora bien, el art�culo 4o. constitucional establece la protecci�n a los derechos de los menores, lo que se ha convertido en una funci�n social y de orden p�blico, ya que tal precepto se�ala que dicha protecci�n no s�lo estar� a cargo de los ascendientes, tutores y custodios, sino tambi�n de las instituciones p�blicas y del Estado, quienes deber�n proveer lo necesario para que se respeten tales derechos, buscando siempre el mayor beneficio posible para ellos con el objetivo de cuidar su salud f�sica y mental; a su vez, el diverso numeral 1o. del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas precisa que, trat�ndose de los juicios del orden familiar, el J. puede suplir la queja deficiente mirando por lo que m�s beneficie a los menores e incapaces que se vean involucrados en el procedimiento respectivo; dispositivo legal que no s�lo obliga al J. de primer grado, sino que incluye al tribunal de alzada. Bajo ese contexto, en las controversias en que se ejercite la acci�n de divorcio necesario, y existan menores dentro del matrimonio, el tribunal de apelaci�ndeber� aplicar los dispositivos legales invocados, habida cuenta que, de decretarse la disoluci�n del v�nculo matrimonial, necesariamente va a afectar de una u otra forma a dichos menores, cuyos derechos a un adecuado desarrollo f�sico y mental est�n protegidos constitucionalmente, por lo cual, �stos constituyen tambi�n una cuesti�n de orden p�blico e inter�s social. Opinar lo contrario, ser�a apartarse claramente del art�culo 4o. constitucional citado que exige proteger los derechos de los menores y la satisfacci�n de sus necesidades f�sicas y mentales.

    Posteriormente, este Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo 28/2005-I, consider� lo siguiente:

    "Ahora bien, en sus conceptos de violaci�n la quejosa aduce que la resoluci�n dictada por la autoridad responsable viola sus garant�as individuales consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, ya que si bien se declar� procedente la disoluci�n del v�nculo matrimonial, por la causa que establece la fracci�n XVIII del art�culo 249 del C�digo Civil, invocada por su c�nyuge ... no es menos verdadero que no puede ser considerada como c�nyuge culpable, en virtud de no haber cometido alg�n acto grave para ello, m�xime que la causa de divorcio invocada, �nicamente es para cuando ambos c�nyuges no se reconcilian dentro de un periodo de dos a�os al no cumplirse los fines del matrimonio, por lo que procede su disoluci�n; pero la ley no establece como sanci�n el que la quejosa no pueda contraer nuevas nupcias hasta despu�s de dos a�os de que cause ejecutoria la sentencia se�alada como acto reclamado, dado que el (sic) resulta inaplicable el art�culo 266 del C�digo Civil del Estado.

    "Tales argumentos resultan inoperantes, toda (sic) que a trav�s de ellos, la quejosa pretende controvertir la determinaci�n de la S. responsable que confirma la decisi�n del J. natural, derivada de la declaraci�n de divorcio necesario de que se trata, en el sentido en que sanciona a la demandada ... de que no podr� contraer nuevas nupcias sino hasta que haya transcurrido el t�rmino de dos a�os a partir de que cause ejecutoria la sentencia de divorcio, sin que esta cuesti�n haya sido objeto de impugnaci�n en el recurso de apelaci�n, por lo que el tribunal de alzada no pod�a abordarla en el fallo reclamado, habida cuenta que el art�culo 949, fracci�n I, del C�digo de Procesal Civil del Estado, dispone que la segunda instancia se limitar� a estudiar y decidir sobre los agravios propuestos por el apelante, sin que pueda resolver otras cuestiones que no fueron materia de ellos, salvo los casos en que observe, en cuanto al fondo del asunto, la violaci�n a un principio constitucional, si con ella se afecta el inter�s general y no s�lo el particular del inconforme en forma concreta, lo que no se surte en la especie.

    "Luego, si la peticionaria de garant�as se limita a expresar conceptos de violaci�n, en cuanto aspectos ajenos a la litis en el recurso de apelaci�n, es indudable que la transgresi�n atribuida a la autoridad responsable qued� consentida, pues �sta nunca estuvo en posibilidad legal de pronunciarse al respecto, y menos lo puede hacer este Tribunal Colegiado debido a que se invadir�a la facultad del Magistrado responsable, de ah� que el motivo de inconformidad en comento deviene inoperante, sin que en este caso proceda suplir la deficiencia de la queja, en t�rminos del art�culo 76 Bis, fracci�n VI, del citado ordenamiento legal, ya que s�lo afecta el inter�s particular de la quejosa.

    "Lo anterior con apoyo en el criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sustentado en la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/34, visible en la p�gina 1236, Tomo XV, marzo de 2002, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se comparte con el rubro y texto siguientes:

    "?LITIS, LA INTRODUCCI�N DE ARGUMENTOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA, RESULTAN INOPERANTES. Desde el punto de vista estrictamente jur�dico, el juzgador tiene el deber de tramitar las controversias que se le planteen, limit�ndose a tomar en cuenta �nicamente los asertos que en los momentos procesales oportunos las partes expongan y est� obligado a resolver solamente los puntos que sean materia de la disputa, esto es, aquellos que conformen la litis pues no puede ir m�s all� de los argumentos debatidos; afirmar lo contrario, ser�a terminar con la seguridad jur�dica que es uno de los puntales primordiales que establece el art�culo 81 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito se encuentra impedido para abordar su estudio, toda vez que a la S. de apelaci�n no se le da oportunidad de conocer y, en su caso, de pronunciarse respecto de ellos.?

    "S�PTIMO. Por otro lado, en suplencia de la queja deficiente, en t�rminos del art�culo 76 Bis, fracci�n V, de la Ley de Amparo, debe estimarse que en el presente caso se violan derechos de menores de edad.

    "En efecto, la conclusi�n anterior se obtiene de que en el juicio del que emana el acto reclamado se dilucidaron acciones que emergen del derecho de familia, particularmente la disoluci�n del v�nculo matrimonial por divorcio necesario, previsto en el art�culo 249, fracci�n XVIII, del C�digo Civil del Estado, ante la separaci�n de uno de los c�nyuges por m�s de dos a�os, de tal forma que con esa actitud hace imposible la convivencia conyugal, impidiendo que se cumplan con los fines de la instituci�n del matrimonio y que, invariablemente, en el caso que se juzga, repercute en los derechos de los menores ... de apellidos ... habidos de ese lazo conyugal disuelto, seg�n se desprende de las actas de su nacimiento, lo que pas� por alto la responsable al emitir la sentencia reclamada.

    "Al respecto, la disoluci�n de ese v�nculo es evidente que trasciende en el desarrollo integral de los hijos, quienes solamente podr�n quedarse bajo la guarda y custodia de alguno de los progenitores, en virtud de la separaci�n f�sica y legal de �stos; pues la falta de una vida familiar, generalmente rompe con la armon�a y respeto en com�n entre sus miembros, lo cual afecta la salud mental del ni�o o de la ni�a, por lo que el juzgador debe evitar que se le ocasione el menor da�o posible, derivado del divorcio de sus padres.

    "Adem�s, el art�culo 4o. de la C.�n Federal, establece diversas garant�as de orden personal y social a favor de los menores, pues en lo conducente dispone: (lo transcribe).

    "Como puede observase, la protecci�n al menor, que al respecto dispone la norma constitucional, no s�lo est� a cargo de los ascendientes, tutores y custodios, sino tambi�n compete a las instituciones p�blicas y al Estado, quienes deber�n proveer lo necesario para que se respeten los derechos de �stos, supeditando los que las personas facultadas pudieran tener sobre ellos, al deber de atenderlos y cuidarlos, buscando siempre el mayor beneficio posible para que puedan alcanzar un desarrollo f�sico y mental adecuado, pues la intenci�n del legislador es de que se tenga presente el inter�s superior del menor, cuando sus derechos se encuentren frente a una situaci�n jur�dica de tal naturaleza.

    "En esa medida, la legislaci�n local, congruente con lo postulado por el art�culo 4o. constitucional, en los art�culos 260, 261 y 386 del C�digo Civil vigente, en relaci�n con el tema en cuesti�n, disponen lo siguiente:

    "?Art�culo 260. La sentencia de divorcio fijar� la situaci�n de los hijos, para lo cual el J. gozar� de las m�s amplias facultades para resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su p�rdida, suspensi�n o limitaci�n, seg�n el caso, y en especial a la custodia y cuidado de los hijos, debiendo obtener los elementos de juicio necesarios para ello. Al respecto, el J. resolver� en congruencia, con los supuestos conducentes establecidos en los art�culos 414 y 417, y dictar� las providencias pertinentes para llamar al ejercicio de la patria potestad a quien legalmente tenga derecho a ello, o en su caso designar� tutor.?

    "?Art�culo 261. El padre y la madre, aunque pierdan la patria potestad quedan sujetos a todas las obligaciones que tienen para con sus hijos.?

    "?Art�culo 386. En caso de separaci�n de quienes ejercen la patria potestad, ambos deber�n continuar con el cumplimiento de sus deberes y podr�n convenir los t�rminos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el J. resolver� lo conducente oyendo al Ministerio P�blico.?

    "Adem�s, en la ley adjetiva de la materia, en sus numerales 1o. y 949, fracci�n I, segundo p�rrafo, se prev� la facultad del Estado a trav�s de los �rganos jurisdiccionales, de suplir de oficio cualquier deficiencia que pueda afectar el derecho de la familia, mirando siempre por lo que m�s favorezca a los intereses de los menores o incapaces, al establecer: (los transcribe).

    "En esa medida, se advierte que en el caso concreto, en el matrimonio formado por ... cuya disoluci�n solicit� el primero, se procrearon dos hijos ... de apellidos ... menores de edad; por tanto, si el juzgador de primer grado estim� que oper� la causa de divorcio que invoc� el actor, al existir allanamiento expreso de la contraria, sin resolver lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes tanto a la patria potestad, como a la custodia y cuidado de los hijos, y sus alimentos, y tampoco lo hizo el tribunal de apelaci�n, no obstante que se encontraba obligado a estudiar, aun de oficio, es claro que no se cumpli� con las disposiciones legales antes transcritas.

    "Luego, la sentencia reclamada es ilegal, toda vez que la autoridad responsable en acato a lo dispuesto por el art�culo 949, fracci�n I, p�rrafo segundo, del c�digo procesal civil del Estado, debi� decidir que en el fallo natural no se atendi� el inter�s superior de dichos menores, a que estaba obligado, lo que conlleva, al no existir el reenv�o, a analizar el material probatorio que obra en autos y resolver en forma correcta sobre la protecci�n de los derechos inherentes de los menores de edad, con independencia de que no se hayan alegado por la apelante; pues de esta manera estar�a cumpliendo con las reglas legales previstas para el caso, y no dejar en completo estado de indefensi�n a los hijos menores de edad de los litigantes.

    Adem�s, cabe se�alar que en la tramitaci�n del recurso de apelaci�n del que emana la resoluci�n impugnada, si bien se dio intervenci�n a la representaci�n social, de acuerdo con el art�culo 3o., fracci�n IV, inciso b), de la L.O.�nica del Ministerio P�blico del Estado de Tamaulipas, quien en su oportunidad expres� ante la S. su inconformidad por cuanto a que el J. natural omiti� fijar en su sentencia las reglas sobre el cuidado de los menores ... de apellidos ... como es la convivencia de ellos con el padre; la guarda y custodia de los mismos, la que le atribuye a su madre ... y el ejercicio de la patria potestad para ambos; ello no fue tomado en consideraci�n por la responsable al momento de resolver.

    Conviene traer a colaci�n tambi�n las consideraciones vertidas por este colegiado al resolver el amparo 260/2005-I:

    "Ahora bien, como ya se anticip� en debida suplencia de la deficiencia de la queja que opera en favor de la menor ... este tribunal advierte que la Magistrada responsable al resolver en los puntualizados t�rminos infringi� las reglas que para el dictado de las sentencias de apelaci�n establece el art�culo 949 del c�digo adjetivo civil de la entidad.

    "En efecto, el art�culo 949, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles Local, establece lo siguiente: (lo transcribe).

    "De lo anterior se obtiene que existe una excepci�n al principio de estricto derecho que rige al sistema apelatorio en materia civil, conforme al cual el tribunal de alzada no est� obligado a sujetarse a los agravios expresados por el recurrente, cuando la sentencia viole un principio constitucional y se afecte al inter�s general, lo cual implica que cuando se trate de alguna instituci�n protegida constitucionalmente y que sea de inter�s del Estado y de la sociedad, se deber� realizar un estudio oficioso de la sentencia de primer grado y, en su caso, de estimarse violatoria a dicha instituci�n, suplir la deficiencia de la queja.

    "As� las cosas, es pertinente precisar que la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que rige el sistema jur�dico de nuestro pa�s desde mil novecientos diecisiete, estableci� diversas garant�as de orden personal y social en favor de los menores, precisamente en su art�culo 4o. que, en lo conducente, prescribe: (lo transcribe).

    "Tambi�n es pertinente dejar asentado que nuestro pa�s es parte integrante de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de Am�rica, en mil novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa, y ratificada por nuestro pa�s el veintiuno de septiembre de ese mismo a�o.

    "...

    "Como efecto inmediato de esta convenci�n aparece en el sistema jur�dico mexicano el concepto del inter�s superior de la ni�ez, el cual implica que en todo momento las pol�ticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendr�n que realizarse de tal manera que, en primer t�rmino, se busque el beneficio directo del ni�o o ni�a a quien van dirigidas.

    "De esta manera, las instituciones familiares heredadas desde el derecho romano vuelven a sufrir una transformaci�n acerc�ndose m�s hacia la ni�ez y alej�ndose m�s de los intereses de los adultos. La patria potestad es un ejemplo muy claro de estas transformaciones.

    "Antiguamente implicaban el derecho de vida o muerte que el pater ten�a sobre las personas sujetas a �l; visi�n que, poco a poco, fue cambiando para dirigir su foco de atenci�n hacia la ni�ez, estableciendo no s�lo derechos para quien ejerce la patria potestad, sino tambi�n deberes y, como ya vimos, los primeros s�lo existen en funci�n de estos �ltimos para facilitar su cumplimiento. As�, se convierte de un poder, en una funci�n social.

    "En este panorama, la aparici�n del concepto inter�s superior de la ni�ez supedita, con mayor claridad, los derechos que las personas adultas pudieran tener sobre un ni�o o ni�a, al deber de atenderlos y cuidarlos, buscando siempre el mayor beneficio posible para ellos, como un imperativo de la comunidad hacia las personas que ejercen la patria potestad. Con ello, la funci�n social es ahora expl�citamente de orden p�blico e inter�s social.

    "Ahora bien, el art�culo 133 constitucional, reconoce en los tratados la fuente �nica del derecho internacional y, como consecuencia de lo anterior, el Constituyente mexicano reconoce la incorporaci�n de las normas contenidas en los tratados dentro del sistema jur�dico y las hace vigentes cuando se cumpla con los requisitos que la misma establece; por otra parte, es oportuno destacar la supremac�a de los tratados frente a la legislaci�n local, por tanto, los tribunales judiciales, al resolver sobre controversias que incidan sobre los derechos de los menores, tienen la obligaci�n de atender a estas disposiciones.

    "Los anteriores principios fueron acogidos a su vez por el legislador tamaulipeco, en el 1o. del C�digo de Procedimientos Civiles, que indica lo siguiente: (lo transcribe).

    "Por consiguiente, en trat�ndose de los juicios del orden familiar, el J. puede suplir la queja viendo siempre por lo que m�s beneficie a los menores e incapaces que se vean involucrados en el procedimiento respectivo; dispositivo legal que no s�lo obliga al J. de primer grado, sino que incluye al tribunal de alzada, opinar lo contrario ser�a apartarse claramente del art�culo 4o. constitucional, que exige proteger los derechos de los menores y la satisfacci�n de sus necesidades f�sicas y mentales.

    "Sobre el particular cobra aplicaci�n el criterio de este tribunal, localizable en la p�gina 1683 del Tomo XXI, febrero de 2005, correspondiente a la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, del tenor siguiente: (se transcribe).

    "En esa tesitura, resulta incuestionable que el proceder de la responsable es violatorio de garant�as, pues como puede corroborarse de la sola lectura de las consideraciones que rigen el sentido de la decisi�n, la ad quem, luego de calificar de legal la valoraci�n de pruebas realizada por el juzgador primigenio, �nicamente agreg� que el material probatorio allegado a juicio resultaba suficiente para acreditar que el demandado incumpli� con la obligaci�n alimenticia a su cargo, adem�s de haber incurrido en actos de violencia intrafamiliar, lo cual la llev� a confirmar la condena decretada de la p�rdida de la patria potestad, al considerar que la salud mental y f�sica de la menor se ha visto amenazada por los malos tratos y abandono de los deberes de su padre, comprometiendo con ello la seguridad y moralidad de su hija afectando su sano desarroll� mental e intelectual.

    "Proceder que como bien refiere el promovente, resulta violatorio de garant�as, pues en debida suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la menor, debi� advertir que en el escrito de demanda que en v�a de reconvenci�n hizo valer la tercero perjudicada, �nicamente insert� en el cap�tulo de prestaciones la relativa a la p�rdida de la patria potestad, sin vincular en los hechos causa o motivo alguno que la justificara, pues como se puso de manifiesto al principio de este considerando, la aqu� tercero perjudicada se constri�� a rese�ar los hechos que consider� justificaban la disoluci�n del v�nculo matrimonial por las causales invocadas.

    Lo cual reviste especial importancia, considerando que la patria potestad como una funci�n propia de la paternidad, constituye una acci�n independiente, que de ninguna manera puede considerarse como una pena impuesta al consorte que dio causa al divorcio, pues ello afectar�a injustificadamente los derechos del hijo que ninguna culpa tiene de que uno de sus padres haya sido responsable del divorcio, supuesto que la menor tiene naturalmente el derecho de convivir con el progenitor que le prodigue, seg�n su edad y sexo, la ayuda necesaria, no s�lo material, sino fundamentalmente espiritual a trav�s del cari�o indispensable para su mejor direcci�n a fin de que pueda desarrollarse, de ah� pues que las causas que se atribuyan deben constar de manera precisa en juicio, pues de lo contrario se ocasiona indefensi�n al demandado.

    Este Tribunal Colegiado resolvi� en similares t�rminos los amparos directos 364/2005-I, 136/2006-I y el 111/2006-I.

    Tambi�n remite a esta Corte los amparos directos 616/2004-I, 641/2004-I, 125/2005-I, 321/2005-I, 363/2005-I, 531/2005-I y 178/2006. Sin embargo, dado su contenido y en atenci�n al sentido de esta resoluci�n (por los motivos que m�s adelante precisaremos, ser�n excluidas del �mbito de la presente contradicci�n), no procederemos a su transcripci�n. No transcribiremos tampoco la parte considerativa del amparo directo 677/2004-I, pues aunque la resoluci�n deriva de un juicio civil sobre alimentos, fue decidida de conformidad con un criterio alejado de los anteriores, y como veremos debe tambi�n ser excluida.

CUARTO

Procedencia. En primer lugar, debe precisarse que, como ha sostenido en reiteradas ocasiones esta Suprema Corte, no es obst�culo para la procedencia de entrar al estudio de la presente denuncia de contradicci�n de tesis el hecho de que los criterios en disputa no constituyan jurisprudencia.(1)

QUINTO

Existencia o inexistencia de la contradicci�n. Sentado lo anterior, entraremos a examinar si existe o no la contradicci�n de tesis denunciada.

  1. Para determinar que existe una contradicci�n de tesis, es necesario verificar, en primer lugar, que las posiciones comparadas se sit�en en un mismo plano de an�lisis, esto es, que en la resoluci�n de cada uno de los asuntos se hayan examinado cuestiones jur�dicas esencialmenteiguales. Lo anterior significa que no basta atender a la conclusi�n de los razonamientos, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias f�cticas y jur�dicas que llevaron a los respectivos tribunales a asumir su criterio.

    En segundo lugar, es necesario comprobar que el tipo de contradicci�n existente entre los criterios evidencie que lo que uno de ellos afirma acerca de un problema, el otro lo niega, ya que seg�n el principio l�gico de no contradicci�n, dos enunciados referidos al mismo problema no pueden afirmar y negar el mismo contenido.

    En tercer lugar, al estudiar las circunstancias aludidas, se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos y aquellas que, aun cuando lo parecen, no constituyen un presupuesto l�gico del razonamiento.

    En otros t�rminos, se actualiza la contradicci�n de tesis cuando concurren los siguientes supuestos:(2)

    1. Las cuestiones jur�dicas planteadas son esencialmente iguales, es decir, provienen del examen de los mismos elementos.

    2. Los criterios son, en t�rminos l�gicos, efectivamente contradictorios, es decir, se constata que lo que uno de ellos afirma acerca de un mismo problema, el otro lo niega.

    3. La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas.

  2. Sentado lo anterior, esta Primera S. estima que la contradicci�n de tesis existe entre algunas de las ejecutorias analizadas, mientras que es inexistente respecto de otras, por estar referidas a supuestos normativos no equiparables.

    As�, esta S. considera que no existe contradicci�n entre, por un lado, el amparo directo 221/2005, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito, y por otro, los amparos directos 616/2004-I, 641/2004-I, 125/2005-I, 321/2005-I, 363/2005-I, 531/2005-I, 178/2006 y 677/2004-I, resueltos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito, porque ambos tribunales no emiten sus criterios sobre la base de los mismos elementos. Si la �nica ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado denunciante tiene como premisa de su criterio un juicio de divorcio ubicado en segunda instancia, las hip�tesis tratadas por las ejecutorias del otro colegiado, arriba citadas, se relacionan, en cambio, con juicios derivados de acciones ligadas exclusivamente con la patria potestad, custodia definitiva, alimentos, retenci�n y posesi�n de menores y reconocimiento de paternidad.

    Por tanto, al no guardar estas �ltimas ejecutorias relaci�n alguna con un juicio de divorcio ubicado en segunda instancia, no puede concluirse que en estos asuntos ambos colegiados hayan emitido sus criterios en el mismo plano litigioso desde el que cabr�a examinar la posible contradicci�n de criterios, dado que la �nica resoluci�n remitida por el colegiado denunciante formula sus razonamientos desde ese contexto litigioso concreto y, por esta raz�n, estas ejecutorias no ser�n ya analizadas en el desarrollo de esta sentencia.

    Sin embargo, s� existe contradicci�n entre lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito en el AD. 221/2005 y lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en las mismas materias y del mismo circuito en los AA. DD. 516/2004, 28/2005-I, 260/2005-I, 364/2005-I, 136/2006-I y 111/2006-I, porque en tales ejecutorias los Tribunales Colegiados contendientes analizan la misma cuesti�n jur�dica: la procedencia y el alcance de la suplencia de la queja, prevista en el art�culo 949, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, en un juicio de divorcio necesario ubicado en segunda instancia cuando se encuentran involucrados intereses de los menores, y sostienen posiciones distintas.

    En efecto, de la �nica resoluci�n que remite el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito se desprende que su criterio es el siguiente: sostiene, esencialmente, que la segunda instancia de un juicio de divorcio necesario en el Estado de Tamaulipas, s�lo puede abarcar los puntos impugnados por el recurrente, excluy�ndose aquellos que le son favorables en primera instancia y que no pretende atacar, esto es, aquellos que s�lo perjudican a su contraparte y que no son combatidos por esta �ltima en la apelaci�n. Afirma que ello es as�, dado que la facultad de los Jueces de suplir la queja no puede ser discrecional ni absoluta al grado de convertir la suplencia en una revisi�n total y oficiosa del proceso en segunda instancia en todos los supuestos. El ejercicio de esta facultad, estima, se encuentra limitado en cada caso particular para no vulnerar los principios de igualdad y equidad procesal, principios que obligan a las partes a que cumplan las cargas procesales m�nimas que la ley contempla. El cumplimiento de tales cargas permitir� a la autoridad judicial adentrarse en la soluci�n integral del debate y con ello impedir que la suplencia de la queja perjudique a quien se ve en la necesidad de promover un proceso para ejercitar o defender sus derechos. Considera que esto �ltimo se ajusta al principio de non reformatio in peius (imposibilidad de reformar en perjuicio del recurrente), seg�n el cual los juzgadores de instancia superior no pueden agravar la situaci�n jur�dica del apelante en los casos en que no ha mediado recurso de su adversario.

    Por su parte, de sus resoluciones remitidas, se desprende que el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito, es el siguiente: sostiene, esencialmente, que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver la segunda instancia de un juicio de divorcio est� obligado a realizar un estudio oficioso de la resoluci�n de primera instancia con el fin de proteger los derechos de los menores. Para este colegiado pueden ser dos los �mbitos de una decisi�n en los que el tribunal de alzada debe ejercer esta facultad: si en un principio consider� que la mera procedencia de un juicio de divorcio afecta los derechos de los ni�os concebidos durante el matrimonio, por lo que la suplencia de la queja obliga al tribunal de alzada a analizar oficiosamente la determinaci�n del J. a quo respecto del acreditamiento de las causales de divorcio invocadas, llegando incluso a revisar oficiosamente el material probatorio que obra en autos para determinar la correcci�n del juzgador de primera instancia; posteriormente, consider� que la esfera de derechos e intereses de los menores tambi�n puede verse afectada con determinaciones vinculadas directamente con la situaci�n de �stos que deben o suelen tomarse a ra�z de la disoluci�n del v�nculo matrimonial de sus padres: las relacionadas con la patria potestad, la custodia y las obligaciones alimentarias.

    Como se aprecia con claridad, los criterios de ambos colegiados son contradictorios: as�, mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito considera que procede la aplicaci�n de la suplencia de la queja s�lo cuando las partes impugnen (esto es: abran la segunda instancia respecto de) las decisiones sobre las que se pretenda aplicar la suplencia, aunque existan otras que afectan (o que tambi�n afectan) los intereses de menores, el Primer Tribunal Colegiado de las mismas materias y circuito considera que esta figura puede y debe aplicarse siempre en los asuntos en que se encuentran involucrados intereses de los menores, con independencia de que las partes hayan o no impugnado en segunda instancia los puntos sobre los que el J. va a resolver en aplicaci�n de la suplencia.

    Finalmente, como tambi�n se observa con nitidez, las posiciones contradictorias se observan en las interpretaciones jur�dicas de ambos colegiados: la interpretaci�n que los tribunales desarrollan sobre la base de lo dispuesto en los art�culos 1o. y 949, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas.

SEXTO

Estudio de fondo. Como se�alamos en el considerando anterior, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito considera que la segunda instancia de un juicio de divorcio en el Estado de Tamaulipas, s�lo puede abarcar los puntos impugnados por el recurrente, excluy�ndose aquellos que le son favorables y que no ataca en segunda instancia, que s�lo perjudican a su contraparte y no son combatidos por esta �ltima en apelaci�n. Este �rgano colegiado reconoce que, efectivamente, los art�culos 1o. y 949, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, introducen una excepci�n al principio de estricto derecho, pero estima que estas facultades especiales habilitan al juzgador para suplir las deficiencias respecto de las decisiones expl�citamente impugnadas. En otras palabras: si y s�lo si la parte que pueda salir beneficiada de esa suplencia ha impugnado en segunda instancia aquellas determinaciones de primera instancia que le perjudican, resulta viable la suplencia.

A juicio de este �rgano juzgador, el cumplimento de las cargas procesales m�nimas que la ley contempla -traducidas en la necesidad de que cada una de las partes instale la segunda instancia respecto de las determinaciones que le afectan- es, por tanto, un requisito necesario para que, en aplicaci�n de los art�culos 1o. y 949, fracci�n I, del c�digo, el tribunal de alzada pueda suplir la deficiencia en sus respectivas quejas, incluso respecto de cuestiones que inciden en los derechos e intereses de los menores concebidos en el matrimonio.

El Primer Tribunal Colegiado en las mismas materias y circuito, por el contrario, afirma que las facultades atribuidas al tribunal de alzada en los art�culos citados permiten revisar las determinaciones de primera instancia en un juicio de divorcio necesario con independencia de aquello que cada una de las partes ha combatido en segunda instancia, siempre que ello sea necesario para proteger a los intereses de los menores, pues los art�culos legales aplicados except�an los principios generales de los procesos civiles en ese particular tipo de casos.

Esta S. aprecia que la disyuntiva que debe resolverse se divide en dos cuestiones que deben abordarse por separado.

En primer lugar, es necesario resolver una cuesti�n referente al �mbito material de aplicaci�n de la suplencia de la queja prevista en el C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas: en un juicio de divorcio necesario ubicado en segunda instancia �Debe aplicarse la suplencia de la queja para analizar todas las determinaciones que tengan alg�n tipo de conexi�n con los intereses de los menores, o bien s�lo para analizar un subconjunto de las mismas consistente en aquellas que efectivamente afectan los derechos e intereses de los menores? Una vez resuelta esta cuesti�n, debe determinarse, a la luz de las distintas posiciones de los colegiados contendientes, cu�l es el alcance de esta figura.

Los art�culos que atribuyen al juzgador facultades especiales en los juicios del orden civil en el Estado de Tamaulipas, son el 1o. y 949, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles de este Estado, y su tenor literal es el siguiente:

"Art�culo 1o. Las disposiciones de este c�digo regir�n en el Estado de Tamaulipas y el procedimiento ser� de estricto derecho para los asuntos de car�cter civil. En las cuestiones de orden familiar, y sin alterar el principio de igualdad y equidad procesal entre las partes, el J. podr�, de oficio suplir sus deficiencias sobre la base de proteger el inter�s de la familia, mirando siempre por lo que m�s favorezca a los menores e incapaces."

"Art�culo 949. La sentencia de segunda instancia se sujetar� a lo siguiente:

"I. Se limitar� a estudiar y decidir sobre los agravios que haya expresado el apelante, sin que pueda resolver cuestiones que no fueron materia de �stos o consentidos expresamente por las partes:

"Se except�an de lo dispuesto en el p�rrafo anterior los casos en que el Magistrado observe que la resoluci�n combatida, en cuanto al fondo, viola un principio constitucional, si con ella se afecta el inter�s general y no s�lo el particular del apelante en forma concreta."

Como se observa de la anterior transcripci�n, el primero de los art�culos establece la regla general, seg�n la cual los procesos civiles en el Estado de Tamaulipas deben ser resueltos seg�n el principio de estricto derecho. Sin embargo, este mismo art�culo establece una excepci�n a esta regla para los asuntos del orden familiar, seg�n la cual los juzgadores est�n facultados a suplir oficiosamente las deficiencias en los argumentos que le son planteados con el fin de proteger a la familia y favorecer a los menores e incapaces. Seg�n esta disposici�n, el ejercicio de esta facultad no puede llegar al extremo de vulnerar los principios de igualdad y equidad procesal de las partes.

El segundo de los art�culos transcritos reitera la regla general de que los asuntos del orden civil deben ser resueltos en estricto derecho, al disponer que los asuntos llegados a segunda instancia ser�n estudiados y resueltos sobre la base de lo expuesto en los agravios formulados por las partes, sin que las resoluciones que se dicten en los mismos puedan abarcar puntos no abordados por dichos agravios o consentidos por ellas. Este art�culo establece igualmente una excepci�n a dicha regla, pero en t�rminos m�s amplios que el primero de los art�culos citados, porque faculta a los juzgadores de segunda instancia a resolver, sin aplicar el est�ndar de estricto derecho, aquellos asuntos en los que aprecien alguna violaci�n a un principio constitucional, si el impacto de esta violaci�n trasciende al inter�s general y no solamente al particular de la parte apelante.

Como se observa de su mec�nica, la suplencia de la queja prevista en el C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, no s�lo tiene el prop�sito de proteger a los menores, sino tambi�n a la familia y a los incapaces y, m�s all�, tiene el prop�sito general de proteger los principios constitucionales y el inter�s general. Sin embargo, dado los contornos de la presente contradicci�n de tesis, ser� uno de esos objetos de tutela -los menores- el que goce de preponderancia.

  1. Respecto de la primera disyuntiva identificada, esta S. considera que la suplencia de la queja en la segunda instancia de un juicio de divorcio s�lo debe aplicarse para revisar las decisiones que afectan los derechos e intereses de los menores, y no para revisar todas aquellas que puedan tomarse en un juicio de divorcio entre dos personas que tengan hijos, pero cuya repercusi�n en sus intereses y derechos sea muy remota.

    El fin que busca el art�culo 1o. del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, al establecer la figura de la suplencia de la queja, es que los Jueces decidan "mirando siempre por lo que m�s favorezca a los menores"; y en opini�n de esta S., este fin puede satisfacerse si el �mbito de aplicaci�n de la suplencia de la queja se encauza para analizar solamente decisiones que afecten los derechos e intereses de los menores. Ampliar este �mbito y, por consiguiente, la facultad revisora de los Jueces con el argumento de que toda decisi�n en ese �mbito puede comprometer, en �ltima instancia, los intereses de los hijos menores, puede abrir la puerta a la afectaci�n de aspectos que el legislador no quiso alterar con esa facultad, como lo demuestra ese mismo art�culo al prescribir que el ejercicio de esta facultad debe realizarse "sin alterar el principio de igualdad y equidad procesal entre las partes".

    En efecto, limitando la facultad de suplencia de la queja en su modalidad de protecci�n de los derechos e intereses de los menores en la forma indicada se logra el equilibrio que prescribe el art�culo 1o. del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, por un lado, se logra que los derechos de los menores de edad nunca queden desamparados, pues siempre que los Jueces perciban alguna afectaci�n de los mismos, podr�n analizar los fundamentos de las mismas; y, por el otro, se logra que las reglas que aseguran la igualdad procesal de las partes no dejen de tener su fuerza estructuradora en los juicios familiares.

    La determinaci�n o definici�n abstracta de cuando se da una afectaci�n de los derechos e intereses de los menores no es un extremo, en principio, que debamos abordar exhaustivamente, porque esta delimitaci�n debe emerger paulatinamente, al hilo de lo que en uso de una leg�tima capacidad de apreciaci�n y concreci�n normativa consustancial a la labor de aplicaci�n del derecho, vayan decidiendo los tribunales del orden civil.

    Sin embargo, es posible afirmar que, t�picamente, las cuestiones que un tribunal de alzada se puede ver llamado a revisar en el �mbito externo a los agravios de las partes -esto es: en ejercicio de la suplencia de la queja-, tendr�n que ver con determinaciones atinentes al r�gimen de obligaciones alimentarias, custodia y patria potestad, esto es, con determinaciones que se adoptan a ra�z de la disoluci�n del v�nculo matrimonial de los padres que est�n vinculadas directamente con la esfera de derechos e intereses de los menores. S�lo excepcionalmente un tribunal de alzada tendr� que revisar el expediente a los efectos de corregir las determinaciones adoptadas sobre acreditamiento de causales de divorcio u otros extremos conectados s�lo de manera indirecta con los intereses de los menores; s�lo en los casos en que, como establece el precepto legal interpretado, el juzgador observa que "la resoluci�n combatida viola, en cuanto al fondo, un principio constitucional" (en este caso relacionado con los derechos de los menores) podr� resolver cuestiones que trascienden lo expresado en los agravios (la condici�n ulterior de que "se ?afecte? el inter�s general y no s�lo el particular del apelante en forma concreta" no a�ade, en realidad, requisitos adicionales, porque evitar la violaci�n de un principio constitucional ser� siempre algo que trasciende al inter�s general y no s�lo al particular del apelante). Habr� casos -por ejemplo, las prohibiciones a uno de los c�nyuges de volver a contraer matrimonio en un cierto periodo temporal- en los que la imposibilidad de detectar una afectaci�n a los derechos e intereses de los menores har� improcedente el recurso a la suplencia.

  2. Definida esta primera cuesti�n, procedemos a determinar el alcance de esta facultad en la segunda instancia de un juicio de divorcio necesario en el �mbito antes delimitado, esto es, su alcance en los casos en que se percate que los derechos de los menores se encuentran afectados por alguna decisi�n tomada en primera instancia.

    El punto que enfrenta a ambos colegiados en esta cuesti�n se centra en determinar si la aplicaci�n de la suplencia de la queja en segunda instancia en este �mbito material espec�fico procede universalmente -esto es: sin m�s condici�n y respecto de cualquiera de las cuestiones a resolver en un juicio de divorcio necesario en el que los derechos de los menores se ven afectados-, o si debe circunscribirse a revisar las decisiones impugnadas por las partes en segunda instancia.

    La cuesti�n que debemos resolver deriva de la posibilidad de que en la segunda instancia de un juicio de divorcio necesario s�lo se impugnen algunas de las decisiones tomadas en primera instancia y no todas. Ello quiere decir que la cuesti�n que debemos resolver no es si la suplencia de la queja en estos casos debe circunscribirse a los t�rminos y contornos de los agravios propuestos por las partes (esta cuesti�n la resuelven expl�citamente y de modo negativo los art�culos que regulan esta facultad), sino en determinar si esta facultad: 1) tiene un alcance que permite analizar todo el �mbito de decisiones tomadas en primera instancia, importando exclusivamente, en consecuencia, elfactor que delimita el �mbito de aplicaci�n de la suplencia de la queja (la afectaci�n de los derechos o intereses de los menores); y, 2) o bien, s�lo tiene el alcance de permitir analizar las decisiones impugnadas por las partes -aquellas sobre las que se formulan los agravios-.

    El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito estima correcta la segunda opci�n: en su opini�n, la suplencia de la queja s�lo puede aplicarse en segunda instancia para analizar decisiones que fueron expresamente impugnadas; el Primer Tribunal Colegiado, por el contrario, considera correcta la primera opci�n: en su opini�n, esta figura permite al juzgador de segunda instancia analizar todas las decisiones que pudieren afectar los intereses de los menores, con independencia de que se lleguen a afectar por esta v�a cuestiones con las que las partes no se han inconformado en la segunda instancia.

    El Segundo Tribunal Colegiado fundamenta su respuesta en la necesidad de respetar los principios que, en t�rminos de los art�culos legales aplicados, debe respetar la aplicaci�n de dicha figura: los principios de igualdad y equidad procesal de las partes. En su opini�n, estos principios obligan a respetar otro principio caracter�stico de las segundas instancias en la mayor�a de las ramas del derecho: el principio de non reformatio in peius (imposibilidad de reformar en perjuicio del recurrente). Este Tribunal Colegiado considera que aplicar la suplencia de la queja en la apelaci�n para analizar decisiones tomadas en primera instancia y que no fueron impugnadas para, eventualmente, modificarlas, afectando a las partes con independencia de lo que impugnaron o consintieron, viola los principios de igualdad y equidad procesal.

    En opini�n de esta S., y aun reconociendo los m�ritos jur�dicos de esta posici�n, la misma no puede prevalecer, porque soslaya aspectos relevantes del derecho de familia, y en particular del tipo de poderes que el legislador ha querido otorgar a los juzgadores en los casos que involucran intereses de los menores. Se trata de un criterio que cierra de ra�z la puerta a la toma, por parte de los Jueces civiles que conocen de los asuntos en segunda instancia, de decisiones que pueden ser imprescindibles para alcanzar el fin de la norma: maximizar la protecci�n jur�dica de los derechos de los menores.

    Para entender la posici�n por la que se decanta esta Primera S., consideramos �til sacar a colaci�n algunos de los puntos que subrayamos al resolver el diecisiete de enero de dos mil uno, bajo la ponencia de la Ministra S�nchez C., la contradicci�n de tesis 34/99-PS, cuya litis guardaba una semejanza notable con la que estamos analizando el d�a de hoy. En aquella ocasi�n, deb�amos determinar si la disoluci�n del v�nculo matrimonial ca�a dentro del �mbito en el que cabe suplir la queja en el Estado de Puebla. Respecto del sustrato te�rico y valorativo que da sentido a la figura de la suplencia de la queja en la materia familiar, subrayamos lo siguiente (p�gina 52 de la ejecutoria).

    Efectivamente, la doctrina ha considerado, dada la trascendencia social del n�cleo familiar, que en el proceso de familia y el del estado civil de las personas, se conceden al juzgador atribuciones m�s amplias para su conducci�n y la obtenci�n de pruebas, a fin de emitir un fallo m�s apegado a la verdad material y no a la meramente formal, por considerar que la autonom�a de la voluntad y el impulso procesal de las partes, que generalmente rigen las normas de derecho privado, no pueden prevalecer sobre el sano y adecuado desarrollo de la familia, base de la integraci�n de la sociedad. As�, se ha establecido que el proceso familiar debe caracterizarse por: 1. La acci�n e intervenci�n del Ministerio P�blico; 2. Amplios poderes de iniciativa al juzgador; 3. R.�n oficiosa de pruebas; 4. Ineficacia probatoria de la confesi�n espont�nea; y 5. Prohibici�n del arbitraje.

    En aquella ocasi�n, la S. coincidi� con la doctrina especializada en que la introducci�n de suplencia de la queja en los C�digos de Procedimientos Civiles tiene el efecto de sustituir en los procesos del orden familiar el impulso de los particulares (que caracteriza la din�mica general de los procesos civiles) por el impulso oficioso de los juzgadores, quienes se ven atribuidas amplias facultades con el objeto de que los litigios familiares se resuelvan cumpliendo con dos condiciones: resolver de la forma m�s apegada a la verdad material y buscar el mayor beneficio de la familia.

    En t�rminos similares a los que prev� el C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, las normas legales analizadas por la S. en esa ocasi�n -vigentes en el Estado de Puebla- establec�an que la suplencia de la queja en los asuntos del orden familiar debe perseguir el beneficio de los menores. Al respecto, esta S. dijo lo siguiente (p�gina 54 de la ejecutoria).

    "... es indiscutible que la disoluci�n del v�nculo matrimonial, adem�s de ser un problema inherente a la familia, que se considera de orden p�blico, por constituir aqu�lla la base de la integraci�n de la sociedad, por lo que al tratarse de un asunto de orden familiar, los Jueces est�n obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho, atendiendo preferentemente al inter�s de los menores o mayores incapaces, si los hubiere en la familia de que se trate; en caso contrario se atender� al inter�s de la familia misma y por �ltimo al de los mayores de edad capaces que formen parte de ella, tambi�n es un problema que versa sobre derechos familiares y por ello debe suplirse la deficiencia de falta de agravios o la deficiencia de los expresados."

    La introducci�n de la suplencia de la queja para, entre otros fines, proteger los intereses de los menores, tiene un efecto b�sico: sustituir el impulso particular de las partes por el oficioso de los juzgadores como motor en los juicios en que est�n implicados sus intereses y, sobre todo, sustraerles el poder de ser los definidores �nicos y exclusivos de las cuestiones respecto de los cuales el juzgador civil podr� emitir una determinaci�n. De este modo, ofrece una ventana procesal para garantizar los intereses de los menores en un contexto en que las solas pretensiones de las partes del juicio de divorcio pueden no ser suficientes para ello. Sin que ello encierre, claro est�, la prohibici�n de que el juzgador atienda tambi�n a la protecci�n de otros intereses familiares involucrados. Y es porque el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado, soslaya la funci�n y el alcance de esta posibilidad procesal que, en opini�n de esta S., no puede prevalecer.

    A nuestro juicio, es importante tener en cuenta que los menores no son parte formal en los juicios de divorcio necesario. Si, una vez abierta la segunda instancia, los juzgadores que conocen de este tipo de juicio no pudieran recurrir a la suplencia de la queja -al efecto de analizar las determinaciones que trasciendan a la esfera de intereses de los menores-, sino en los casos en que las partes hubieran impugnado las determinaciones que el juzgador puede sentir la necesidad de modificar en inter�s de los menores, el fin buscado por las normas legales interpretadas quedar�a a merced de una circunstancia contingente, no funcionalmente conectada con el mismo (pues las partes en un juicio de divorcio impugnan en segunda instancia las determinaciones que consideran que les perjudican, con independencia de si ello coincide o incluye las que afectan a los intereses de los menores).

    Esta S. considera, por consiguiente, que es condici�n suficiente para la aplicaci�n de la suplencia de la queja prevista en los art�culos 1o. y 949, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles de Tamaulipas, el hecho de que la resoluci�n que contiene las determinaciones que trascienden a la esfera de intereses de los menores sea impugnada en alguna de sus partes o en forma general. El an�lisis de cu�les de ellas ameriten ser revisadas por sus efectos sobre los menores (o por sus efectos sobre otros puntos que caigan bajo el �mbito del "inter�s de la familia", en los t�rminos utilizados por el art�culo 1o. del c�digo analizado), conforma una facultad que cae dentro del radio de acci�n de los �rganos judiciales competentes, cuyo ejercicio se debe al impulso oficioso de �stos.

    Esta conclusi�n no vulnera, contra lo que parece temer el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito, la equidad procesal o la necesaria igualdad entre las partes en cuanto a sus oportunidades procesales, ni puede considerarse siquiera el resultado de un ejercicio de ponderaci�n entre dichos principios y el del mayor inter�s de los menores. El principio de igualdad de las partes en un proceso judicial busca que estas �ltimas tengan el derecho de iniciar un procedimiento con posibilidades efectivas e iguales de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, de forma que ninguna de ellas tenga una ventaja sobre la otra que trascienda en la resoluci�n de sus diferendos.(3)

    Las facultades previstas en las normas legales interpretadas, aplicadas juiciosa y racionalmente por el J. civil como medio procesal imprescindible para atender debidamente los intereses de los menores afectados por el juicio, no representan una amenaza a dicho plano de igualdad, y en la medida que lo sean, estar�n mal usadas. La suplencia de los agravios y la revisi�n oficiosa de determinadas decisiones tomadas en primera instancia que pudieran afectar a los menores de edad procreados o adoptados durante el matrimonio, no pretende beneficiar a una u otra de las partes en los juicios respectivos, sino al contrario: busca proteger que la resoluci�n de los diferendos entre las partes -com�nmente los c�nyuges en un juicio de divorcio necesario- no afecten injustificadamente a quienes no participan en sentido estricto del litigio.

    Si se incide por esa v�a en un punto no impugnado por la parte a quien pudiera perjudicar, ser� simplemente una consecuencia de atender a lo que literalmente dispone la fracci�n I del art�culo 949 del c�digo procesal interpretado: "(limitarse a) estudiar y decidir sobre los agravios que haya expresado el apelante, sin que pueda resolver cuestiones que no fueron materia de �stos o consentidos expresamente por las partes (exceptu�ndose) de lo dispuesto en el p�rrafo anterior los casos en que el Magistrado observe que la resoluci�n combatida, en cuanto al fondo, viola un principio constitucional, si con ella se afecta el inter�s general y no s�lo el particular del apelante en forma concreta."

    Obviamente, debemos hacernos en este punto eco de una advertencia que el Segundo Tribunal vierte en una de sus ejecutorias: el ejercicio de las facultades legales analizadas por parte del tribunal de alzada no puede traducirse en la instauraci�n de una especie de revisi�n total y oficiosa del proceso de segunda instancia en todos los juicios de divorcio necesario. El juzgador de alzada desarrollar� su cometido de conformidad con los agravios de las partes. Sin embargo, existe la posibilidad excepcional (as� la presenta la redacci�n de la fracci�n I del art�culo 949) de que el �mbito de las decisiones adoptadas en esa segunda instancia rebase el �mbito del petitio de las partes, siempre que se den las condiciones apuntadas (en este caso: una afectaci�n a los derechos de los menores, como lo establece el art�culo 1o. del mencionado cuerpo legal), sin que ello implique que la funci�n jurisdiccional se aleja de la debida igualdad procesal.

    Por lo anteriormente sostenido, esta S. considera que el criterio que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, es el siguiente:

    DIVORCIO NECESARIO. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE SUPLIR LA QUEJA E INCLUSO ANALIZAR CUESTIONES DISTINTAS A LAS PLANTEADAS EN LOS AGRAVIOS DE LAS PARTES SI ELLO RESULTA IMPRESCINDIBLE PARA PROTEGER DEBIDAMENTE EL INTER�S DE LA FAMILIA, Y EN PARTICULAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS MENORES (INTERPRETACI�N DE LOS ART�CULOS 1o. Y 949, FRACCI�N I DEL C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).-El art�culo 1o. del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas excepciona el principio de estricto derecho para los asuntos del orden familiar, y permite que el J. supla de oficio las deficiencias de los argumentos de las partes para proteger el inter�s de la familia mirando siempre por lo que m�s favorezca a los menores o incapaces. La fracci�n I del art�culo 949 del mismo cuerpo legal, por su parte, establece que el tribunal de alzada debe limitarse a estudiar y decidir sobre los agravios que haya expresado el apelante, sin que pueda resolver cuestiones que no fueron materia de �stos o consentidos expresamente por las partes exceptu�ndose de lo anterior los casos en que el Magistrado observe que la resoluci�n combatida, en cuanto al fondo, viola un principio constitucional, si con ella se afecta el inter�s general y no s�lo el particular del apelante en forma concreta. Esta previsi�n permite al juzgador de alzada analizar todas las decisiones que pudieren afectar el inter�s de la familia y en particular los derechos e intereses de los menores, aunque se lleguen a modificar por esta v�a cuestiones que no figuran en los agravios de las partes, ofreciendo as� una ventana procesal para garantizar los intereses de los menores en un contexto en que las solas pretensiones de las partes del juicio de divorcio pueden no ser suficientes para ello. T�picamente, las cuestiones que podr�n ser objeto de revisi�n por esta v�a tendr�n que ver con determinaciones de primera instancia atinentes al r�gimen de obligaciones alimentarias, custodia y patria potestad, esto es, con determinaciones que se adoptan a ra�z de la disoluci�n del v�nculo matrimonial de los padres que est�n relacionadas directamente con la esfera de derechos e intereses de los menores. S�lo excepcionalmente tendr� un tribunal de alzada que revisar el expediente a los efectos de corregir las determinaciones adoptadas sobre acreditamiento de causales de divorcio u otros extremos conectados con los intereses de los menores s�lo de modo indirecto. Habr� casos -por ejemplo, las prohibiciones a los c�nyuges de volver a contraer matrimonio en un cierto periodo temporal- en los que la imposibilidad de detectar una afectaci�n a los derechos e intereses de los menores (si no se afectan tampoco otros intereses familiares relevantes) har� improcedente el recurso a la suplencia. Las facultades que las normas legales interpretadas, aplicadas juiciosa y racionalmente por el J. civil como medio procesal imprescindible para atender debidamente los intereses de los menores afectados por el juicio, no representan una amenaza a la igualdad procesal que debe regir el desarrollo del procedimiento.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

Existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito, en los t�rminos se�alados en el considerando sexto de esta resoluci�n.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos del �ltimo considerando de esta resoluci�n.

TERCERO

D�se publicidad a la tesis sustentada en la parte final del �ltimo considerando en los t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese. Env�ese testimonio de la presente ejecutoria a los tribunales mencionados en la misma y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente Jos� Ram�n Coss�o D�az (ponente).

______________

  1. V�ase la tesis plenaria de esta Suprema Corte L/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, tomo 83, p�gina 35, de noviembre de 1994 (Octava �poca), cuyo rubro establece: "CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA SU INTEGRACI�N NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.". Contradicci�n de tesis 8/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del S�ptimo Circuito (en la actualidad Tribunal Colegiado en Materia Penal). 13 de abril de 1994. Unanimidad de veinte votos. Ponente: F.M.F.. Secretario: J.C.C.R..

  2. V�ase la tesis jurisprudencial del Pleno 26/2001, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., p�gina 76 (Novena �poca, abril de 2001), de rubro: "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."

  3. V�ase el amparo directo en revisi�n 92/2006, resuelto por esta Primera S. el 19 de abril de 2006.