Ejecutoria num. 1a./J. 60/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 35493917

Ejecutoria num. 1a./J. 60/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 60/2007
Localizacion:Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Agosto de 2007
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. PRESCRIPCIÓN POSITIVA. PARA ADQUIRIR UN LOTE DE TERRENO A TRAVÉS DE ESTA FIGURA DEBEN SATISFACERSE ÚNICAMENTE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA ELLO EN LA LEGISLACIÓN CIVIL Y NO LOS PREVISTOS EN LAS NORMAS DE DESARROLLO URBANO PARA FRACCIONAR PREDIOS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 28/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafo primero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicci�n suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

SEGUNDO

L.�n del denunciante. La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, de conformidad con lo previsto por los art�culos 107, fracci�n XIII, segundo p�rrafo, constitucional y 197-A, p�rrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, la contradicci�n de tesis fue denunciada por uno de los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimaci�n a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO

Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Para poder resolver la presente denuncia de contradicci�n, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicci�n de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

  1. El Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 570/2006 consider� un asunto con los siguientes antecedentes:

    1. Una persona demand� de otra la prescripci�n positiva de un lote de terreno.

    2. Al resolver, el J. natural consider� que era improcedente la acci�n intentada aduciendo que no hab�a sido posible identificar el inmueble, en tanto que el contrato de compraventa que hab�an celebrado las partes era por un lote mucho m�s grande de terreno, por lo que era evidente que se hab�a fraccionado y en la demanda no se hab�a acreditado su exacta ubicaci�n.

    3. El actor apel� en contra de esa sentencia se�al�ndole al tribunal de alzada que la identidad del inmueble se encontraba acreditada en primera instancia con el contrato de compraventa, la copia certificada de la escritura, el certificado de propiedad y la contestaci�n de demanda, con los cuales se demostraba que el lote de la usucapi�n s� formaba parte del inmueble que amparaba la escritura p�blica y que, por tanto, estaba demostrada la legitimaci�n pasiva del demandado (sucesi�n leg�tima de �ste).

    4. El tribunal de alzada consider� que los agravios eran infundados, porque no se hab�a exhibido alg�n documento que acreditara que el predio a prescribir formaba parte de un fraccionamiento legalmente autorizado por la Secretar�a de Urbanismo y que aunque la ubicaci�n del predio no era un elemento de la acci�n de prescripci�n positiva, s� era necesario que se exhibiera el documento que acreditara la legal constituci�n del fraccionamiento.

    5. Contra esa decisi�n la actora solicit� el amparo de la Justicia de la Uni�n del cual correspondi� conocer al tribunal que nos ocupa, mismo que resolvi� negar el amparo con base en lo siguiente:

    "Es infundado el primer concepto de violaci�n, toda vez que la autoridad se�alada como responsable, al resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por el ahora quejoso, no lo hizo al margen de los agravios sometidos a su decisi�n ni, por ende, introdujo una causa diversa a la que invoc� su a quo para declarar improcedente la acci�n puesta en ejercicio.

    "En efecto, el an�lisis de la sentencia definitiva apelada, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil cinco, pronunciada por el J. Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial (fojas de la 68 a la 73 del expediente de primera instancia), pone de manifiesto que fueron dos los motivos esenciales por los que se declar� improcedente la acci�n de prescripci�n positiva hecha valer, a saber:

    "a) que del escrito inicial de demanda y documentos fundatorios de la misma se desprend�a que la fracci�n del inmueble cuya prescripci�n se pretend�a forma parte de un fraccionamiento ?... sin que en ning�n momento se hubiese exhibido en autos la documentaci�n correspondiente a fin de acreditar la debida constituci�n? (foja 72 vuelta del juicio); y

    "b) que como de la escritura privada que conten�a el contrato de compraventa celebrado entre ... como vendedor y ... en cuanto a comprador, se advert�a que el inmueble sujeto a prescripci�n pertenec�a a una superficie de terreno mucho mayor, era necesario que el accionante demostrara plenamente su ubicaci�n exacta dentro de aquella ?pues no se dijo hacia qu� viento o lado del inmueble al que pertenece, se encuentra ubicado en la propiedad adquirida, no obstante que la identidad del inmueble no es propiamente un elemento de la acci�n de prescripci�n?.

    "Al emitir la sentencia constitutiva del acto reclamado, en el p�rrafo central de su p�gina 5 (foja 11 del toca de apelaci�n), la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aqu� se�alada como responsable, reconoci� que la plena identificaci�n del inmueble no constituye un requisito de la acci�n de prescripci�n positiva; empero, determin� confirmar la sentencia definitiva apelada al converger con su a quo en el primer motivo que expuso para declarar improcedente la acci�n, esto es, porque si del escrito inicial de demanda y documentos fundatorios de la misma se desprend�a que la fracci�n del inmueble sujeto a prescripci�n formaba parte de un fraccionamiento, era necesario que el actor que exhibiera la documentaci�n necesaria tendiente a demostrar su legal constituci�n, en orden a que por encima de la voluntad de las partes contratantes, deb�an respetarse los requisitos establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado para poder fraccionar o lotificar, subdividir y relotificar terrenos, lo que en la especie no se hab�a hecho.

    "De lo anterior se sigue, contra lo afirmado por el peticionario de garant�as, que la Magistrada responsable no vulner� en su perjuicio las garant�as individuales que le asisten, menos a�n las reglas que imperan en la apelaci�n civil previstas en el art�culo 694 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, pues si el J. de primer grado consider� necesario, para la procedencia de la acci�n, justificar la legal constituci�n del fraccionamiento donde se dice est� enclavada la porci�n de terreno que pretende usucapirse y tales razonamientos fueron confirmados por la responsable al tenor de las exigencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, es incontrovertible que su proceder se ajusta a la litis de la segunda instancia, por haber tratado un punto de derecho que fue materia del fallo recurrido y cuestionado en el escrito de expresi�n de agravios.

    "...

    "Si bien es cierto que la aludida autoridad ya no se ocup� de analizar en el acto reclamado si la identificaci�n del inmueble qued� plenamente justificada en el juicio conforme a los razonamientos que quedaron expuestos en el ocurso de inconformidad sometido a su potestad; sin embargo, no menor es ver�dico que ello resultaba inocuo, primero, como se dijo, porque la propia responsable reconoci� que la identidad del inmueble perseguido en prescripci�n no es un requisito de la acci�n hecha valer, pero adem�s, porque si a juicio de aqu�lla no se demostr� en el bien ra�z de que se trata formaba parte de un fraccionamiento legalmente constituido, en t�rminos de la Ley de Desarrollo Urbano en el Estado, es evidente que esa sola raz�n tambi�n expuesta en la sentencia recurrida obligaba a confirmar su sentido.

    "...

    "El aspecto restante del propio punto de disenso a estudio, en conjunci�n con la totalidad del tercero de ellos, cuya estrecha relaci�n autoriza a examinarlos de manera conjunta, resultan infundados.

    "Como se ha dicho, la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por el hoy quejoso frente a la sentencia de primera instancia, coincidi� con su a quo en torno a que la acci�n prescriptiva puesta en ejercicio no pod�a prosperar, debido a que aqu�l no justific� en autos la legal constituci�n del fraccionamiento donde se halla enclavada la fracci�n de terreno en disputa, fundando su determinaci�n en el art�culo 154 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado.

    "A diferencia de lo esgrimido por el quejoso, la disposici�n legal invocada por la ad quem s� cobra aplicaci�n al caso, ya que si los hechos concretos narrados en el libelo actio y las circunstancias espec�ficas que emanan de las pruebas fundatorias de la acci�n ponen de manifiesto que el inmueble que se pretende usucapir forma parte de un fraccionamiento, dado que del contrato de compraventa allegado al juicio se desprende que el lote 13 forma parte de la lotificaci�n de una extensi�n superficial de una hect�rea aproximada de terreno de temporal, con las medidas y colindancias que se indican en la cl�usula segunda de dicho consenso, mientras en su diversa cl�usula quinta ambos contratantes pactaron que la escrituraci�n de todos los lotes se har�a en conjunto una vez que los mismos fueran vendidos, corriendo los gastos de escrituraci�n por cuenta de la parte compradora; de ah� se sigue que fue legal que la autoridad responsable ajustara su proceder a la norma en comento, pues �sta establece como requisitos para la protocolizaci�n de escrituras sobre actos, convenios o contratos relativos a la transmisi�n de la propiedad o posesi�n de bienes inmuebles, contar con la autorizaci�n de la autoridad competente respecto a fraccionamientos, lotificaciones, subdivisiones, relotificaciones y fusiones de �reas y predios.

    "No es �bice lo afirmado por el disconforme en el sentido de que la norma a estudio est� dirigida a los notarios p�blicos y dem�s funcionarios habilitados con funciones notariales, en tanto que el art�culo 69 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M.�n de O., categ�ricamente se�ala en su primera parte que el Poder Judicial no puede ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado, conforme a las garant�as establecidas.

    "As� es porque los preceptos de que se trata no pueden ser interpretados de una manera tan aislada como la que propone el quejoso en el sentido de que los Jueces y Magistrados del Poder Judicial del Estado no se encuentran habilitados para exigir la documentaci�n con la legal lotificaci�n del predio, pues si el propio impetrante reconoce que los art�culos 1073 y 1074 del C�digo Civil del Estado establecen -en su orden- que el que hubiere pose�do bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por ese c�digo para adquirirlos por prescripci�n, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro P�blico a fin de que se declare que la prescripci�n se ha consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad y que la sentencia ejecutoria que declare procedente la acci�n de prescripci�n que se inscribir� en el Registro P�blico y servir� de t�tulo de propiedad al poseedor; de ah� se desprende la facultad a cargo de tales autoridades para negarse a declarar procedente la acci�n de prescripci�n positiva, por falta de cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, ya que si el fallo correspondiente tiene efectos de t�tulo de dominio, una vez inscrito ante el Registro P�blico en el Estado, es inconcuso que el juzgador deba tener presente el cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, tomando en cuenta que el an�lisis de las normas debe ser sistem�tico y arm�nico entre todas ellas, porque al no estar aisladas, sino como parte de un todo, es l�gico que exista complementaci�n, exclusi�n o inclusi�n entre todas ellas, de tal manera que permitan determinar su alcance e interpretaci�n de forma cabal.

    "...

    "En ese sentido, en nada trasciende que el numeral 28 del Reglamento del Registro P�blico de la Propiedad del Estado de M.�n, en su parte inicial, indique que a cualquier documento que se presente para registrarse se le dar� entrada desde luego, el que una vez examinado por el jefe, si �ste resuelve que no puede hacerse la inscripci�n, manifestar� al interesado los requisitos que hayan de llenarse y la manera de cumplirlos, y que el segundo p�rrafo del invocado art�culo 154 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado precise que el Registro P�blico de la Propiedad no har� las inscripciones de las transmisiones inmobiliarias si el promovente no cuenta con las autorizaciones relativas a fraccionamientos, lotificaciones, subdivisiones, relotificaciones y fusiones de �reas y predios, pues si ya se dijo que por imperativo expreso del art�culo 1074 del c�digo sustantivo de la materia, la sentencia ejecutoria que declare procedente la acci�n de prescripci�n se inscribir� en el Registro P�blico y servir� de t�tulo de propiedad al poseedor es incontrovertible que la autoridad judicial encargada de su pronunciamiento debe velar porque la sentencia que decrete la prescripci�n sea legalmente inscribible, por ser esa su consecuencia, a fin de que pueda constituir un verdadero t�tulo legal de dominio y el J. cumpla, por ende, con lo dispuesto por el diverso numeral 2,840, fracciones I y VIII, en relaci�n con los preceptos 7o. 8o., 9o. y 15, todos del C�digo Civil del Estado, que dicen: (se transcribe).

    "Estimarlo de otro modo, traer�a como ineludible consecuencia la inobservancia por parte de los Jueces del Estado de las disposiciones de orden p�blico e inter�s general consagradas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de M.�n de O., en t�rminos de su art�culo 1o., lo cual no ser�a justificado s�lo porque, a decir del quejoso, aqu�llos no est�n habilitados por esa propia ley para ejercer funciones notariales y no lo ser�a porque el aceptar esta postura traer�a consigo el rompimiento del esquema de interpretaci�n integral y congruente entre las normas jur�dicas, el cual -como ya se dijo- se justifica por el hecho de que todas ellas se erigen en el par�metro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jur�dico, de tal manera que es permisible establecer su significado en punto a la coordinaci�n que debe privar entre las diversas reglas de una misma ley o entre las cl�usulas de una ley particularmente considerada y las que aquella otra reguladora de sus bases o cuando le sea af�n, o recoja o contenga los principios informadores de su sustancia teor�tica.

    "...

    "Es infundada, por otra parte, la interpretaci�n que propone el impetrante respecto de los art�culos 6o., 179 y 206 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, en relaci�n con los ar�bigos 1052, 1053, 1068, 1069, fracci�n I, 1073 y 1074 del C�digo Civil Local, en el sentido de que para poder realizar alg�n tr�mite o gesti�n relativa al predio materia de la acci�n prescriptiva, primero es necesario que se presente el t�tulo de propiedad que pretende obtenerse a trav�s de la acci�n ejercitada.

    "Los art�culos 6o., 179 y 206 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado son del tenor literal siguiente: (se transcribe)

    "Como se ve, las disposiciones legales transcritas tienen como destinatarios a los propietarios de predios cuya fusi�n, subdivisi�n o lotificaci�n pretendan realizar, en tanto que la segunda de ellas establece que las solicitudes para el fraccionamiento de predios deben presentarse ante el Ayuntamiento correspondiente por la persona f�sica o moral que tenga la propiedad o posesi�n del predio objeto del fraccionamiento, acompa�ado para el efecto el t�tulo de propiedad inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad en el Estado y plano de la localidad donde se se�ale la ubicaci�n del terreno por el disconforme, tales numerales no est�n dirigidos, ante todo, a quienes pretendan usucapir una parte o porci�n de esos predios ya lotificados, puesto que as� no se desprende de su lectura.

    "Por tanto, si el quejoso pretende usucapir a su favor uno de los lotes del total del terreno fraccionado por su causante fue entonces legal la determinaci�n adoptada por la responsable, en el sentido de que debi� justificar en el juicio que dicho causante cumpli� con las exigencias previstas en los citados preceptos legales al fraccionar, para su venta en diversos lotes, entre ellos el marcado con el n�mero ... m�xime que el art�culo 195 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de M.�n de O. claramente le impon�a la obligaci�n como adquirente del lote disputado, de cerciorarse de que la compra hecha a su causante contaba con las condiciones de urbanizaci�n autorizadas al fraccionamiento, as� como que la compraventa en la que particip� sea en base al da�o de lotificaci�n autorizado por el Ayuntamiento respectivo, cosa que en el caso no acat�, al no demostrar en el juicio que el fraccionador satisfizo los requisitos establecidos en la ley para vender el lote materia de la litis, siendo por ello legal que la responsable confirmara la determinaci�n adoptada por su a quo al declarar improcedente la acci�n hecha valer.

    "Sin que obste lo considerado por el impetrante en una diversa parte de su motivo de inconformidad, en el sentido de que como �l a�n no es leg�timo propietario de la fracci�n de terreno que pretende prescribir a su favor, resulta contrario a derecho que la responsable le hubiese exigido ?un documento expedido por la Secretar�a de Desarrollo Urbano del Estado ... pues el quejoso se encuentra legalmente impedido para gestionar o tramitar ante dicha dependencia si no cuenta con documento alguno que lo acredite como propietario y tal documento puede ser la sentencia dictada en un juicio de prescripci�n positiva, donde se le declare propietario en base al transcurso del tiempo y con los requisitos necesarios para ello ...?

    "Es infundado dicho punto de desacuerdo, pues aun cuando ciertamente el ahora peticionario de garant�as no estar�a en condiciones de realizar ning�n tr�mite ante la secretar�a que menciona, dado que -como se indic�- las disposiciones jur�dicas transcritas tienen como destinatarios a los propietarios de predios cuya fusi�n, subdivisi�n o lotificaci�n pretendan realizar, en tanto que el art�culo 179 de la Ley de Desarrollo Urbano en el Estado establece que las solicitudes para el fraccionamiento de predios deben presentarse ante el Ayuntamiento correspondiente por la persona f�sica o moral que tenga la propiedad y posesi�n del predio objeto del fraccionamiento, acompa�ando para el efecto el t�tulo de propiedad inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad en el Estado y plano de la localidad, donde se se�ale la ubicaci�n del terreno por fraccionar; sin embargo, en t�rminos del invocado art�culo 195 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de M.�n de O., s� pudo cerciorarse (justific�ndolo ante el J. de primera instancia) que la compra hecha a su causante contaba con las condiciones de urbanizaci�n autorizadas al fraccionamiento, as� como que la compraventa en la que particip� se hizo con base al da�o (sic) de lotificaci�n autorizado por el Ayuntamiento respectivo, lo que -como se ha dicho- no hizo y, en ese tenor, no es jur�dicamente posible declarar procedente la acci�n ejercitada a sabiendas de que los litigantes eluden la observancia de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado mediante pactos que, como el fundatorio de la acci�n, pretendan alterarla o modificarla, en t�rminos del invocado art�culo 7o. del C�digo Civil del Estado.

    P., como lo estableci� el ad quem, se concluye que el quejoso ciertamente debi� comprobar el cumplimiento de los requisitos aludidos, de conformidad con la carga probatoria que le impon�a el art�culo 269 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, pues si quer�a obtener �xito en el planteamiento de sus pretensiones, desde el escrito inicial de demanda y con fundamento en los art�culos 328, fracci�n III y 329 del ordenamiento jur�dico en cita, bien pudo designar el archivo o lugar donde se encuentra la documentaci�n original que acredita la legal lotificaci�n del predio donde se halla enclavada la fracci�n de terreno objeto indirecto de la controversia, a fin de que se recaben copias de la misma para que fueran agregadas al expediente, o bien, en su caso, solicitar al J. que requiriese a su contraparte para que en el t�rmino legalmente procedente, exhibiera dicha documentaci�n, nada de lo cual tampoco hizo.

  2. Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 883/89 estudi� un asunto con las siguientes caracter�sticas:

    1. Una persona demand� de otra la prescripci�n adquisitiva de un bien.

    2. El J. natural que conoci� del asunto declar� que era procedente la prescripci�n adquisitiva.

    3. Inconforme con dicha sentencia, el director del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio interpuso recurso de apelaci�n. La Sala responsable resolvi� modificar la sentencia apelada para que el director del Registro P�blico de la Propiedad inscribiera la sentencia de usucapi�n, previa la obtenci�n por parte del usucapiente de la aprobaci�n del Departamento del Distrito Federal.

    4. En contra de esa resoluci�n, el actor solicit� la protecci�n de la Justicia de la Uni�n.

    5. El Tribunal Colegiado, al resolver la controversia, concedi� el amparo al quejoso considerando para ello lo siguiente:

    "... se�ala la parte quejosa, por conducto de su representaci�n legal, que se violan sus garant�as individuales a trav�s de la sentencia reclamada, por la inexacta aplicaci�n de los art�culos 55 y 81 del C�digo de Procedimientos Civiles, 1151 a 1157 del C�digo Civil y 10, 11, 63 y 64 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, porque a trav�s de dicha resoluci�n que combate, se vulneran las normas reguladoras del procedimiento que son de orden p�blico, involucr�ndose preceptos legales de car�cter administrativo que no se contemplan para el ejercicio de su acci�n de prescripci�n adquisitiva en relaci�n con la fracci�n del predio a que se contrae el juicio natural, indicando que la autoridad responsable ordenadora se extralimita a lo planteado por el codemandado y hoy tercero perjudicado, director del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio en su escrito de expresi�n de agravios al apelar contra la sentencia de primer grado.

    Los conceptos de violaci�n son fundados, porque contrariamente a lo que la Sala responsable resuelve en la sentencia reclamada al modificar el punto tercero resolutivo de la resoluci�n de primer grado, el derecho sustantivo de propiedad reconocido a trav�s de la declaraci�n judicial de procedencia de la acci�n de prescripci�n adquisitiva o usucapi�n, no puede quedar condicionada a la obtenci�n por parte del nuevo due�o a la aprobaci�n del Departamento del Distrito Federal a trav�s de la dependencia correspondiente, de la divisi�n o fraccionamiento de la finca registrada, en t�rminos de la Ley de Desarrollo Urbano de esta ciudad, porque el ejercicio de la acci�n de prescripci�n que deriva de lo establecido en los art�culos 1151 y 1157 del C�digo Civil constituye una cuesti�n independiente de los procedimientos de car�cter administrativo para subdividir, fraccionar, fusionar o relotificar cualquier predio o bien inmueble que previenen los art�culos 59 al 72 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda vez que el derecho puesto en ejercicio en el procedimiento natural que dimana de la posesi�n de la parte actora, fincada en concepto de propietaria en forma pac�fica, continua y p�blica, en los t�rminos establecidos en el art�culo 1152 del C�digo Civil debe reconocerse una vez que se acredite, a trav�s de la declaraci�n correspondiente de que el que ha pose�do en esa forma es el nuevo due�o, dejando de serlo el propietario registral, de tal suerte que la sentencia ejecutoria que declare la procedencia de la acci�n de prescripci�n se inscribir� en el Registro P�blico y servir� de t�tulo de propiedad al poseedor, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 1159 del C�digo Civil, sin que tengan que involucrarse preceptos que derivan de una ley secundaria cuya aplicaci�n corresponde a la esfera administrativa, ya que no puede subordinarse la existencia y procedencia de un derecho sustantivo a los requisitos de forma o procedibilidad previstos en los ordenamientos administrativos como lo es en la especie la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, al establecer el tr�mite necesario para la obtenci�n por parte de la autoridad administrativa de un permiso para dividir o fraccionar un inmueble, no pudiendo establecerse en el caso concreto que de la presunci�n que observa la autoridad responsable ordenadora en relaci�n con la aparente pretensi�n de subdividir que entiende tienen las partes en el juicio de origen, inhiba o condicione la consecuencia del reconocimiento del derecho de usucapi�n, porque la ley sustantiva que regula la procedencia de la acci�n no determina en ninguna forma en el particular, la necesidad de obtener previa autorizaci�n del Departamento del Distrito Federal, para subdividir o fraccionar, lo cual constituye en todo caso un procedimiento diverso y ajeno al sustanciado ante la potestad com�n, por lo cual la Sala responsable viola las garant�as individuales de la parte quejosa al involucrar en la sentencia reclamada preceptos legales que no son aplicables al multicitado derecho sustantivo ejercitado, como lo son los art�culos 10, 11, 63 y 64 de la Ley de Desarrollo Urbano de Distrito Federal, yendo m�s all� de la propia pretensi�n de la parte apelante (director del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio), cuya actuaci�n en el juicio natural �nicamente debi� limitarse desde la contestaci�n a la demanda, a la informaci�n sobre la existencia o inexistencia de la anotaci�n registral a nombre de la codemandada.

    Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis siguiente:

    "PRESCRIPCI�N POSITIVA. SU PROCEDENCIA NO EST� CONDICIONADA A PRECEPTOS ADMINISTRATIVOS. El derecho sustantivo de propiedad reconocido a trav�s de la declaraci�n judicial de procedencia de la acci�n de prescripci�n adquisitiva o usucapi�n, no puede quedar condicionado a la obtenci�n por parte del nuevo due�o a la aprobaci�n del Departamento del Distrito Federal a trav�s de la dependencia correspondiente, de la divisi�n o fraccionamiento de la finca registrada, en t�rminos de la Ley de Desarrollo Urbano de esta ciudad, porque el ejercicio de la acci�n de prescripci�n que deriva de lo establecido en los art�culos 1151 a 1157 del C�digo Civil constituye una cuesti�n independiente de los procedimientos de car�cter administrativo para subdividir, fraccionar, fusionar o relotificar cualquier predio o bien inmueble que previenen los art�culos 59 al 72 de la ley mencionada, toda vez que el derecho puesto en ejercicio en el procedimiento natural que dimana de la posesi�n de la parte actora, fincada en concepto de propietaria, en forma pac�fica, continua y p�blica, en los t�rminos establecidos en el art�culo 1152 del citado C�digo Civil, debe reconocerse una vez que se acredite, a trav�s de la declaraci�n correspondiente de que el que ha pose�do en esa forma es el nuevo due�o, dejando de serlo el propietario registral, de tal suerte que la sentencia ejecutoria que declara la procedencia de la acci�n de prescripci�n, que se inscribir� en el Registro P�blico y servir� de t�tulo de propiedad al poseedor, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 1159 del C�digo Civil, sin que tengan que involucrarse preceptos que derivan de una ley secundaria cuya aplicaci�n corresponde a la esfera administrativa."(1)

CUARTO

Existencia de la contradicci�n. Para que haya materia a dilucidar respecto de cu�l criterio es el que debe prevalecer, deben concurrir los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, y

  3. Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 26/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n de rubro: "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(2)

Cabe se�alar que, aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su an�lisis y establecer si existe la contradicci�n planteada y, en su caso, cu�l es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA SU INTEGRACI�N NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.(3)

De la confrontaci�n de las ejecutorias de los tribunales contendientes se advierte que los Tribunales Colegiados analizaron los mismos elementos y la misma cuesti�n jur�dica.

En principio, cabe se�alar que aunque los Tribunales Colegiados interpretaron leyes de entidades federativas diferentes, el contenido de las mismas es esencialmente el mismo y las posibles diferencias que contienen no son relevantes para la resoluci�n de la presente contradicci�n.

En efecto, tanto el C�digo Civil de M.�n como el del Distrito Federal establecen la figura de la prescripci�n positiva, con los mismos requisitos, salvo respecto de la temporalidad necesaria para usucapir; igualmente, las leyes urban�sticas analizadas por los tribunales contendientes son esencialmente iguales en tanto que establecen la obligaci�n de obtener una autorizaci�n previa para quien pretende realizar las subdivisiones, relotificaciones y fraccionamientos de terrenos (art�culos 65 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 206 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de M.�n); asimismo, dichas leyes establecen que cualquier derecho derivado de la tenencia de inmuebles ser� ejercido por sus titulares en forma compatible con las determinaciones de usos, reservas y destinos establecidos en las propias leyes (art�culos 6o. de la ley michoacana y 9o. de la del Distrito Federal).

No pasa inadvertida a esta Primera Sala la circunstancia de que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de enero de mil novecientos setenta y seis) que interpret� el Tribunal Colegiado del Primer Circuito haya sido abrogada por la diversa ley publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y seis. Esa circunstancia no impide que exista la contradicci�n de tesis denunciada, porque debe atenderse a la raz�n de ser de las contradicciones de tesis, consistente en unificar los criterios respecto de la interpretaci�n de normas jur�dicas, evitando as� que por la diversidad de interpretaciones se genere inseguridad jur�dica para los gobernados. En el presente caso, aunque una de las leyes haya sido abrogada, existe la posibilidad de que haya regulado o siga regulando situaciones jur�dicas que ameritan interpretaci�n en la actualidad, por lo que la definici�n del criterio jurisprudencial es indispensable.

Al respecto es aplicable la jurisprudencia 64/2003, emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyo contenido es el siguiente:

"CONTRADICCI�N DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS. Es procedente resolver la denuncia de contradicci�n de tesis propuesta respecto de tesis en pugna referidas a preceptos legales derogados, pues aun cuando el sentido �nico de la resoluci�n que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 197-A de la Ley de Amparo, la definici�n del criterio jurisprudencial es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de normas derogadas, puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por ellas, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicci�n."(4)

Por otra parte, en ambos casos se hizo valer la acci�n de prescripci�n positiva respecto de un inmueble. En ambas situaciones la procedencia de la acci�n de usucapi�n se puso en duda por la existencia de determinadas normas administrativas relativas a la autorizaci�n para fraccionar el terreno pose�do y se cuestion� que esas normas podr�an resultar en un impedimento para que procediera la pretensi�n de usucapir. En otras palabras, ambos tribunales estudiaron si era posible que por el incumplimiento de las normas administrativas sobre fraccionamiento de terrenos no procediera la usucapi�n, pero los dos resolvieron de manera diferente.

En efecto, mientras el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito consider� que para que procediera la acci�n de prescripci�n positiva era necesario que el terreno que pose�a el actor estuviera legalmente fraccionado, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consider� que �nicamente eran necesarios los requisitos establecidos en el C�digo Civil, sin que para ello se requiera el cumplimiento de las disposiciones sobre fraccionamiento establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano.

De esta forma, se concluye que los tribunales contendientes tomaron en cuenta los mismos elementos: juicios de prescripci�n positiva en los que se pone en duda la procedencia de la acci�n por el incumplimiento de las normas sobre fraccionamientos de la Ley de Desarrollo Urbano; se analiz� la misma cuesti�n jur�dica: si era posible que esas normas para fraccionar impidieran que se declarara la procedencia de la acci�n de prescripci�n positiva; pero cada tribunal resolvi� de manera diferente: por un lado, que el cumplimiento de esas disposiciones era necesario para que procediera la prescripci�n positiva y, por otro, que s�lo ten�an que tomarse en cuenta las reglas establecidas en el C�digo Civil.

Lo que se ha expuesto hasta aqu� permite establecer una vez que se ha determinado la existencia de la contradicci�n, que el tema a resolver en el presente conflicto de criterios se puede resumir con la siguiente pregunta: �para que proceda la acci�n de prescripci�n positiva (usucapi�n) de un lote que forma parte de un terreno �nicamente es necesario cumplir con los requisitos establecidos en el C�digo Civil o es necesario, adem�s, que el predio est� fraccionado conforme a las leyes de desarrollo urbano?

QUINTO

Determinaci�n de criterio a prevalecer. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer, con el car�cter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo, de conformidad con los siguientes razonamientos.

El an�lisis de la presente contradicci�n se realizar� a trav�s de las siguientes etapas:

  1. En primer lugar, se realizar� un estudio sobre qu� es la prescripci�n positiva, cu�l es su raz�n de ser y cu�les son los requisitos que establece el C�digo Civil para usucapir bienes inmuebles.

  2. Posteriormente, se hablar� sobre las leyes de desarrollo urbano, pero especialmente sobre las normas relativas a los fraccionamientos de terrenos, para determinar si su inobservancia tiene como consecuencia la imposibilidad de adquirir la propiedad de los bienes inmuebles.

  3. Con los datos anteriores, se proceder� a analizar si las normas de prescripci�n adquisitiva tienen que interpretarse sistem�ticamente con las normas sobre fraccionamientos o si ese tipo de interpretaci�n no puede darse, con lo cual se encontrar� la respuesta a la pregunta que se intenta resolver mediante la presente resoluci�n.

  4. La prescripci�n adquisitiva

    1. La raz�n de ser de la usucapi�n

      �Qu� es lo que justifica que derivado de la posesi�n de un bien inmueble se pueda llegar a ser su due�o?

      En principio, si bien el derecho de propiedad est� reconocido en la Constituci�n y protegido a tal grado que a nadie puede priv�rsele del mismo si no es mediante un juicio ante un tribunal establecido con anterioridad en el cual se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, tambi�n es cierto que ese derecho, a diferencia de lo que suced�a en el derecho romano, no es absoluto.

      De esta manera, el l�mite del ejercicio del derecho de propiedad es el inter�s general. Precisamente por ello, el art�culo 27 constitucional establece que es la naci�n la propietaria originaria de las tierras y aguas dentro del territorio mexicano, pero que puede transmitir el dominio de ellas a particulares, constituyendo la propiedad privada. Esa posibilidad est� siempre limitada en tanto que la naci�n puede "regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiaci�n".

      Entonces, es posible que los gobernados se apropien de los bienes inmuebles y que ejerzan los derechos derivados del dominio, como son el uso y el goce, o que transmitan esos derechos o la propiedad misma a otras personas; sin embargo, el no ejercicio de esos derechos durante un lapso prolongado de tiempo en nada beneficia a la colectividad, por lo cual se ha permitido que quienes s� los ejerzan adquieran el dominio de los inmuebles.

      As�, existen dos tipos de fundamentos para que exista la prescripci�n adquisitiva. Uno es de car�cter subjetivo y atiende a que se justifica la p�rdida de la propiedad por el abandono de un bien de su titular, manifestado a trav�s del no uso de cualquiera de las facultades derivadas de dicho derecho o la negligencia ante la noticia de la existencia de un poseedor ajeno en concepto de due�o, a trav�s de la no realizaci�n de actos para recuperar su posesi�n.

      Adem�s, existen otras razones de car�cter objetivo, entre las cuales se encuentra la protecci�n del inter�s p�blico, lo cual se da a trav�s de la seguridad de las relaciones jur�dicas y la protecci�n a la apariencia creada con la posesi�n en concepto de due�o, evitando as� que la propiedad sobre las cosas no quede en una incertidumbre indefinida y que los bienes inmuebles no sean utilizados.

    2. Los requisitos para usucapir

      La posibilidad de adquirir el dominio por la posesi�n no es inmediata y est� sujeta a determinadas condiciones y reglas. Tanto el C�digo Civil de M.�n como el del Distrito Federal, en sus art�culos 1068 y 1151, respectivamente, establecen que la posesi�n necesaria para prescribir debe ser en concepto de propietario y ser pac�fica, continua y p�blica.

      Adem�s de esos requisitos, cuando se trata de bienes inmuebles, se establece que la posesi�n debe darse durante lapsos de tiempo m�s o menos prolongados. El C�digo Civil del Distrito Federal establece que ese tipo de bienes prescribe en cinco a�os cuando el bien se posee con los requisitos mencionados y de buena fe y en diez a�os cuando la posesi�n es de mala fe. El C�digo Civil de M.�n establece lapsos mayores, pues si la posesi�n es de buena fe se puede adquirir al paso de diez a�os y si es de mala fe al paso de veinte. Tanto el C�digo Civil de M.�n como el del Distrito Federal se�alan que se puede aumentar ese tiempo en unatercera parte si se demuestra que el poseedor de la finca no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo en que ha pose�do o que por no haber hecho el poseedor de la finca urbana las reparaciones necesarias, �sta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aqu�l, lo cual constituye una muestra m�s de lo dicho con anterioridad respecto del inter�s general de que los bienes se utilicen, pues esa situaci�n ampl�a los plazos para prescribir.

      Adem�s de esas posibilidades para prescribir que la doctrina agrupa bajo el nombre de usucapi�n ordinaria, existen disposiciones conforme a las cuales puede adquirirse la propiedad por la posesi�n prolongada incluso en los casos en los que la posesi�n se gener� con violencia o por la comisi�n de un delito. En dichos casos, el tiempo para prescribir se ampl�a permitiendo que los plazos establecidos �nicamente cuenten desde el momento en que la pena o la acci�n penal prescriban o desde que la violencia cese (art�culos 1154 y 1055 del C�digo Civil del Distrito Federal y 1171 y 172 del C�digo Civil de M.�n).

    3. Efectos de la usucapi�n

      Como se ha mencionado ya, el efecto de la prescripci�n positiva o usucapi�n es la adquisici�n del bien que se ha estado poseyendo.

      Los c�digos del Distrito Federal y de M.�n establecen que cuando se re�nen los requisitos a los que se ha hecho referencia, puede promoverse juicio contra quien aparece como propietario de los bienes en el Registro P�blico, con el fin de que se declare la consumaci�n de la prescripci�n y, por tanto, la adquisici�n de la propiedad por parte del actor (art�culos 1156 del C�digo Civil del Distrito Federal y 1073 del c�digo de M.�n). La sentencia se inscribir� en el Registro P�blico y servir� como t�tulo de propiedad al poseedor (art�culos 1157 del C�digo Civil del Distrito Federal y 1074 del c�digo de M.�n).

      As�, los supuestos de esas normas tienen una consecuencia jur�dica concreta: la adquisici�n de la propiedad. �Esas disposiciones tienen que interpretarse sistem�ticamente con las reglas para poder fraccionar establecidas en las leyes de desarrollo urbano? �Es necesario que adem�s de cumplir con los requisitos establecidos por el C�digo Civil, los bienes inmuebles que se pretenden usucapir est�n legalmente fraccionados? Para responder a esa pregunta, debe establecerse cu�les son los prop�sitos de las normas urban�sticas, cu�l es su naturaleza y si son aplicables como reglas que limitan la posibilidad de adquirir la propiedad de los bienes inmuebles.

  5. Las normas de desarrollo urbano

    El derecho de propiedad no es absoluto, como se mencion� con anterioridad. La propia Constituci�n establece tambi�n que la naci�n puede imponer en todo tiempo a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico, as� como el de regular en beneficio social con miras al desarrollo equilibrado del pa�s y al mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci�n tanto rural como urbana. El citado art�culo 27 constitucional establece que se dictar�n las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques a efecto de planear y regular la fundaci�n, conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n.

    Esa base constitucional da a los legisladores de cada entidad federativa la posibilidad de dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y regular o establecer las modalidades que estime convenientes a efecto de que se concilie tanto el derecho a ser propietario como el inter�s general de que exista un desarrollo equilibrado de los centros de poblaci�n. Algunas de esas medidas se encuentran en las llamadas leyes de desarrollo urbano.

    En las leyes de desarrollo urbano de M.�n y del Distrito Federal, siguiendo el texto constitucional, se establece que la determinaci�n de los usos y reservas de tierras, aguas y bosques son inherentes a la utilidad p�blica y al inter�s social, que caracteriza la naturaleza jur�dica del derecho de propiedad de acuerdo con lo previsto en el art�culo 27 constitucional (art�culo 8o. de la ley del Distrito Federal). El art�culo 3o. de la ley de M.�n establece: "En los t�rminos del art�culo 27, p�rrafo tercero de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se considera de inter�s p�blico y de beneficio social la determinaci�n de provisiones, reservas, usos y destinos de �reas y predios de los centros de poblaci�n, de los programas de desarrollo urbano."

    Asimismo, dichas leyes disponen sobre los usos o el destino que se puede dar a la tierra y cu�ndo determinadas �reas se considerar�n como reservas territoriales (que sirven para garantizar el desarrollo equilibrado de los centros de poblaci�n) o provisiones (cuando se establecen con el objetivo de establecer nuevos centros de poblaci�n).

    Las dos normativas establecen que los destinos, usos y reservas del territorio y de las construcciones establecidas en ellas mismas ser�n obligatorias para propietarios y poseedores, independientemente del r�gimen legal que las regule (art�culo 7o. de la ley del Distrito Federal) y que el derecho de propiedad, posesi�n o cualquier otro derecho derivado de la tenencia de predios ser� ejercido conforme con las limitaciones y modalidades previstas en las propias leyes de desarrollo urbano (art�culos 9o. de la ley del Distrito Federal y 6o. de la de M.�n).

    De hecho, cualquier acto que se realice en contravenci�n de esos destinos, usos y reservas, por disposici�n expresa de los art�culos 10 y 11 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, no puede ser objeto de escrituraci�n notarial ni de inscripci�n en el Registro P�blico, disposici�n que se reitera en el art�culo 8o. de la ley de M.�n, estableci�ndose que se negar� el registro de cualquier acto que no se ajuste a los programas de desarrollo urbano y que la omisi�n de las cl�usulas sobre destinos, usos y reservas territoriales en los actos respectivos acarrea su nulidad.

    Entonces, no cabe m�s que concluir que existe una serie de normas que son verdaderas modalidades a la propiedad, derivadas de la facultad que tiene la naci�n de limitar y restringir ese derecho con miras a preservar el inter�s general. Esas normas son de orden p�blico, por lo que no pueden ser variadas por los particulares ni prescribir, ni ser contrariadas por un acto de autoridad que no sea legislativo.

    Adem�s de las normas sobre uso, destino y reserva de los territorios, en las leyes de desarrollo urbano existen otras disposiciones que regulan la forma en que una propiedad puede ser dividida. La raz�n de ser de esas disposiciones radica tambi�n en la intenci�n de que el desarrollo se d� conforme a disposiciones que impiden que la poblaci�n se aglomere en un espacio demasiado peque�o, que el Ayuntamiento o el Estado est�n en posibilidad de llevar los servicios a la poblaci�n correspondiente o que se reserve determinado espacio para la construcci�n de vialidades, instalaciones de servicios o parques p�blicos, entre otros.

    De esta forma se requiere la autorizaci�n de las autoridades municipales, delegacionales o estatales para poder subdividir, fraccionar o relotificar los terrenos (art�culos 65 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 206 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de M.�n), garantizando as� que el desarrollo urbano se lleve a cabo conforme a los planes correspondientes. Por ello, se consideran ilegales las subdivisiones, relotificaciones y fraccionamientos que no est�n autorizados (art�culos 168 de la ley de M.�n y 71 de la abrogada ley del Distrito Federal), pues antes de dividir los terrenos, las autoridades competentes tienen la obligaci�n de verificar qu� clase de fraccionamiento es el que se pretende crear, as� como otros factores, como la posibilidad que se tiene de llevar los servicios b�sicos a los nuevos fraccionamientos o el impacto ecol�gico que su creaci�n pueda ocasionar.

    Ahora bien, si una persona f�sica o moral pretende fraccionar un terreno, de acuerdo a las legislaciones que se analizan debe presentar la solicitud correspondiente a las autoridades competentes, acompa�ando el t�tulo de propiedad correspondiente debidamente inscrito en el Registro P�blico y las pruebas que acrediten su posesi�n (art�culos 179 y siguientes de la ley de M.�n y 68 de la del Distrito Federal ya abrogada), de donde se sigue que esas normas son imperativos dirigidos a las personas que pretendan fraccionar sus terrenos.

    El incumplimiento de dichas normas tiene una serie de consecuencias jur�dicas que la propia ley establece. As�, el art�culo 291 de la ley de M.�n, en su fracci�n VIII establece que el que fusione o lotifique un predio sin solicitar y obtener la autorizaci�n o lo haga en forma distinta de la autorizada, se le impondr� una sanci�n de 600 a 1,200 veces el salario m�nimo diario que rija en la zona donde se cometa la infracci�n; el art�culo 292 de la misma ley establece diversas sanciones en materia de fraccionamientos, de las cuales resalta la fracci�n VII, que establece que quienes sin contar con la autorizaci�n correspondiente celebren cualquier hecho o acto jur�dico que mediata o inmediatamente tenga como finalidad transmitir la propiedad o posesi�n de lotes en forma de fraccionamiento, se le impondr� una sanci�n de 1,500 a 4,000 veces el salario m�nimo diario que rija en la zona donde se cometa la infracci�n, al tiempo que tambi�n se sanciona la publicidad de un fraccionamiento no autorizado; esas sanciones se pueden duplicar por reincidencia o rebeld�a.

    Igualmente, el cap�tulo V de la anterior Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establec�a diversas sanciones para el caso de inobservancia de sus disposiciones (art�culo 92) y dejaba a los reglamentos la determinaci�n de los casos y el procedimiento en que deber�an ser aplicadas, tomando en cuenta la gravedad de la infracci�n, las circunstancias particulares del caso y las reincidencias (art�culo 93).

    Adem�s de las anteriores sanciones, puede actualizarse el tipo penal de fraude establecido en los art�culos 325 del C�digo Penal de M.�n(5) y 389 Bis del C�digo Penal Federal(6) (que era el aplicable antes de que entrara en vigor el c�digo del Distrito Federal).

    De lo anterior se puede concluir que las normas sobre la autorizaci�n de fraccionamientos van dirigidas a quienes teniendo un terreno pretenden dividirlo. Son normas aplicables a esas personas f�sicas o morales y, precisamente por ello, las sanciones administrativas o penales correspondientes se establecen para ellos o para sus representantes, no para quien adquiere los terrenos.

    Por su parte, cabe mencionar que el incumplimiento de las normas para subdividir predios no acarrea la imposibilidad jur�dica de transmitir los lotes correspondientes, sino una sanci�n para quien subdivide sin autorizaci�n. En todo caso, quien adquiere la propiedad de los lotes tiene que someterse a los usos, destinos o reservas territoriales establecidas en la ley, pero ello no impide que la propiedad se transmita y se adquiera el dominio sobre el terreno.

    Dicho en otras palabras, la Ley de Desarrollo Urbano no contiene ninguna norma que proh�ba adquirir los bienes sin la autorizaci�n previa del Ayuntamiento; en todo caso, una norma de esa naturaleza se tornar�a en un elemento constitutivo del derecho de propiedad (sin la autorizaci�n previa, no habr�a derecho), pero ello no acontece en la especie, porque la ley no se�ala que no se pueda adquirir o que no se pueda considerar que se transmite la propiedad o la posesi�n del bien. La ley establece sanciones para cuando ello sucede, pero son sanciones administrativas que no perjudican a los terceros que adquieren los terrenos ni constituyen elementos necesarios para que se pueda transmitir o adquirir la propiedad.

  6. Criterio que debe prevalecer

    Como se se�al� con anterioridad, el problema a resolverse mediante la presente resoluci�n es el consistente en determinar si para que prospere la acci�n de prescripci�n positiva es necesario �nicamente cumplir con los supuestos que para ello establece el C�digo Civil o si es necesario cumplir adem�s con la normativa de desarrollo urbano respecto de fraccionamientos.

    El conflicto se clarifica m�s si tomamos en cuenta que mientras un Tribunal Colegiado consider� que las normas jur�dicas forman un todo y que deben ser interpretadas sistem�ticamente, el otro consider� que la aplicaci�n de las normas sobre usucapi�n era independiente de las dem�s.

    Es verdad que los enunciados normativos no pueden interpretarse aisladamente, incluso si forman parte de leyes o c�digos distintos, pues una norma en realidad se integra por todas las disposiciones aplicables a determinados supuestos de hecho; no obstante, en el caso las disposiciones que obligan a la autorizaci�n previa de los Ayuntamientos para que se puedan fraccionar terrenos no son disposiciones aplicables a las formas de adquirir bienes inmuebles, pues no limitan o restringen la posibilidad de adquirir, sino que tienen otras consecuencias jur�dicas, como la sanci�n a quien fraccion� sin autorizaci�n o las facultades que tienen los Ayuntamientos para garantizar que los terrenos re�nan los requisitos m�nimos para que se puedan llevar los servicios municipales o se garantice la existencia de vialidades o parques, por ejemplo.

    En otras palabras, la falta de fraccionamiento de un terreno no impide que se realice la adquisici�n de una parte del bien, cuesti�n que s� suceder�a en los casos en que se pretendiera adquirir terrenos que formaran parte, por ejemplo, de una reserva ecol�gica, de acuerdo con las propias leyes de desarrollo urbano e incluso de conformidad con la legislaci�n civil, misma que establece que no opera la prescripci�n por tratarse de bienes fuera del comercio. Lo mismo suceder�a si el inmueble a usucapir no estuviera perfectamente identificado y delimitado, ya que en estos casos, no se cumplir�an los requisitos que para ello establece el propio C�digo Civil.

    As�, los l�mites para adquirir cosas est�n establecidos en la legislaci�n civil, en la cual se establece que todo lo que no est� fuera del comercio ser� apropiable (art�culos 677 del C�digo Civil de M.�n y 747 del c�digo del Distrito Federal) y que las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza, cuando no pueden ser pose�das por un individuo exclusivamente, o por disposici�n de la ley, cuando �sta las considera irreductibles a propiedad particular (art�culos 678 y 679 del C�digo Civil de M.�n y 748 y 749 del c�digo del Distrito Federal). Un terreno que se subdivide sin previa autorizaci�n no es un bien que por su naturaleza no pueda pertenecer a una sola persona, ni la imposibilidad de adquirir los lotes o su salida del comercio est�n previstas como consecuencias de la desobediencia a esas normas.

    Por otra parte, no puede exig�rsele a quien pretende adquirir la propiedad por la posesi�n continua que cumpla con los requisitos establecidos en la legislaci�n urban�stica, porque en las leyes que se analizan se establece que para poder obtener la autorizaci�n para fraccionar los terrenos se tiene que acompa�ar el t�tulo de propiedad inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad, lo cual ser�a imposible para el poseedor que no es a�n propietario.

    Todo lo anterior permite concluir que cuando se posee determinado bien a t�tulo de due�o y esa posesi�n es p�blica, pac�fica, continua y por el tiempo y condiciones establecidos en los c�digos civiles s� opera el derecho a adquirir, lo cual no implica que una vez adquiridos dichos bienes no tenga que cumplirse con la legislaci�n de desarrollo urbano, pues el ejercicio del derecho de propiedad sobre el bien que se adquiere tendr�a que someterse a las normas sobre los usos y destinos, cuestiones que constituyen modalidades para el ejercicio del derecho de propiedad y no prohibiciones para adquirirlo.

    De acuerdo con las consideraciones antepuestas, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo, el criterio que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n a continuaci�n:

    PRESCRIPCI�N POSITIVA. PARA ADQUIRIR UN LOTE DE TERRENO A TRAV�S DE ESTA FIGURA DEBEN SATISFACERSE �NICAMENTE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA ELLO EN LA LEGISLACI�N CIVIL Y NO LOS PREVISTOS EN LAS NORMAS DE DESARROLLO URBANO PARA FRACCIONAR PREDIOS. La legislaci�n civil establece que para adquirir por prescripci�n un bien inmueble es necesario que la posesi�n sea a t�tulo de due�o, pac�fica, continua, p�blica y por el tiempo establecido legalmente. Por otra parte, las normas sobre fraccionamientos tienen por objeto que el desarrollo urbano sea conforme a planes en los que se tomen en cuenta cuestiones como la densidad de la poblaci�n o el impacto ecol�gico, y est�n dirigidas a los propietarios de los terrenos que pretenden dividirlos, no a quienes los adquieren o poseen, lo cual se corrobora con el hecho de que las sanciones por el incumplimiento de tal normativa (como las multas administrativas o las penas establecidas para el delito de fraude) son aplicables a quienes transmiten la propiedad sin la autorizaci�n correspondiente y no a los que adquieren los terrenos; de manera que la falta de observancia de esas disposiciones no tiene como consecuencia la imposibilidad de adquirir los terrenos correspondientes pues, en todo caso, los l�mites para adquirir cosas est�n establecidos en la legislaci�n civil, la cual dispone que todo lo que no est� fuera del comercio ser� apropiable y que las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza, cuando no pueden ser pose�das por un individuo exclusivamente, o por disposici�n de la ley, cuando �sta las considera irreductibles a propiedad particular. En ese tenor, si un terreno dividido sin previa autorizaci�n es un bien que por su naturaleza puede pertenecer a una sola persona y la imposibilidad de adquirir los lotes o su salida del comercio no est�n previstas como consecuencias de la desobediencia a las normas de desarrollo urbano para fraccionar predios, resulta inconcuso que cuando un lote que forma parte de aqu�l se posee por el tiempo y en las condiciones establecidas en la legislaci�n civil s� opera el derecho de adquirirlo a trav�s de la prescripci�n positiva, sin que sea necesario acreditar la satisfacci�n de los requisitos previstos en las mencionadas normas, y sin que ello implique que una vez adquirido el bien no deba cumplirse con la legislaci�n de desarrollo urbano respecto de los usos o destinos de los bienes inmuebles, los cuales constituyen modalidades del ejercicio del derecho de propiedad y no prohibiciones para transmitirlo o adquirirlo.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis a que este expediente se refiere, en los t�rminos del considerando cuarto de esta resoluci�n.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala, en los t�rminos de la tesis redactada en el �ltimo considerando del presente fallo.

TERCERO

D�se publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de tres votos de los se�ores Ministros: S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M. y presidente Jos� Ram�n C.�o D�az (ponente) en contra del voto de la se�ora Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V.. Ausente el se�or Ministro Jos� de Jes�s G.�o P..

______________

  1. Publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, p�gina 567. El precedente es:amparo directo 883/89. Mar�a E.M.K.. 16 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: M.E.S.V.. Secretario: M.�.C.�eda Niebla.

  2. Publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., abril de 2001, p�gina 76.

  3. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, N�mero 83, noviembre de 1994, p�gina 35.

  4. Publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., diciembre de 2003, p�gina 23.

  5. "Art�culo 325. Las mismas sanciones se�aladas en el art�culo anterior se impondr�n:

    "...

    "XIX. Al que venda, prometa vender o transfiera, mediante fraccionamiento, lotificaci�n, relotificaci�n o subdivisi�n de un terreno sin autorizaci�n, permiso o licencia de la autoridad competente o teni�ndolo, pero que no se hayan satisfecho los requisitos legales, causando perjuicio a una persona; ..."

  6. "Art�culo 389 Bis. Comete delito de fraude el que por s� o por interp�sita persona, cause perjuicio p�blico o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesi�n o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o r�stico, propio o ajeno, con o sin construcciones sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes, o cuando existiendo �ste no se hayan satisfecho los requisitos en �l se�alados. Este delito se sancionar� aun en el caso de falta de pago total o parcial.

    "Para los efectos penales se entiende por fraccionar la divisi�n de terrenos en lotes.

    Este delito se sancionar� con las penas previstas en el art�culo 386 de este c�digo, con la salvedad de la multa mencionada en la fracci�n tercera de dicho precepto, que se elevar� hasta cincuenta mil pesos.